José Luis Abarca fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. El Subsecretario Alejandro Encinas aclaró este día que el exalcalde de Iguala está detenido por el asesinato de Arturo Hernández Cardona y no por el delito de desaparición.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– José Luis Abarca, el excalde de Iguala identificado como “A1” en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, junto a los dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos “en coalición con algunas otras autoridades”, dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, informó esta mañana el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
“Estamos diciendo quiénes dieron la orden (de desaparecer a los normalistas). Participa ‘A1’, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación”, comentó Encinas Rodríguez en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El informe de la Comisión del caso Ayotzinapa identifica que durante la Noche de Iguala “A1”, o a Abarca, como lo identificó Encinas, ordenó en un inicio “darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque […] no quería disturbios, además de recuperar el material (el cual aparentemente venía en uno de los autobuses)”.
Ese “material” al que se refieren, de acuerdo con distintos reportes era aparentemente droga, ya que se pensaba que entre los normalistas había supuestamente integrantes de Los Rojos, agrupación criminal en disputa con Guerreros Unidos, el grupo responsable de los hechos de violencia durante la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014.
Alejandro Encinas presentó un resumen del Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa. Foto: Gobierno de México
De acuerdo con la Comisión, “‘A1’ dio la orden de recuperar la mercancía” e instruyó: “me chingan a todos a discreción”. Posteriormente, según el mismo informe, “A1”, o a Abarca, como lo identificó Encinas, “ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben ‘quién es quién’ y se está calentando la plaza demasiado”.
“Mátalos a todos, Iguala es mío”, se lee en el informe que contrasta la información actual, con la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien enfrenta un proceso por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
José Luis Abarca, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exalcalde de Iguala, fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en relación con la desaparición de los normalistas. Actualmente se encuentra preso en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El Subsecretario Alejandro Encinas aclaró este día que José Luis Abarca está detenido por el asesinato de Arturo Hernández Cardona cometido el 3 de junio de 2013, cuya desaparición, reportada en un primer momento, propició que “la movilización de los estudiantes de la Normal de Ayotizinapa, que tomaron las oficinas del ayuntamiento de Iguala e incendiaron documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien finalmente apareció asesinado”.
“Ese homicidio se le atribuye al entonces presidente municipal José Luis Abarca, que está detenido justamente por este delito, no por el delito de desaparición, sino por el homicidio de Hernández Cardona. Y a partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el Alcalde y por Guerreros Unidos, de que no regresaran a esta ciudad; si no, se iban a atender a las consecuencias”, comentó Encinas Rodríguez en la conferencia de prensa de este día.
Los Abarca. Fotos: Cuartoscuro.
Abarca fue capturado junto a su esposa María de los Ángeles Pineda, quien fue ligada a los Guerreros Unidos, agrupación criminal a la que, según informaron las autoridades, pertenecían dos de sus hermanos, uno de ellos, Salomón Pineda Villa, detenido en octubre de 2014. Su otro hermano, Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, ha sido identificado como un exoperador de Arturo Beltrán Leyva, abatido en diciembre de 2009, y de cuyo cártel nació Guerreros Unidos.
Tanto José Luis Abarca como María de los Ángeles Pineda, presa en el Penal Federal Femenil de Amacuzac, han negado su participación en los hechos.
LA DESAPARICIÓN DE LOS NORMALISTAS
El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa señala que en la Noche de Iguala el grupo delictivo de Guerrero Unidos “actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado”.
En la conferencia de este viernes, el Subsecretario Alejandro Encinas destacó como parte “del análisis de contexto” del caso Ayotzinapa cómo la desaparición de los normalistas se dio “en el contexto de una disputa por la plaza para el trasiego de drogas entre el grupo de los Rojos y el grupo de Guerreros Unidos”.
Mencionó “un antecedente importante” de cómo el 10 de junio del 2014 en un retén del Ejército Mexicano la Procuraduría General de la República decomisó 107 kilogramos de heroína pura, de los cuales los elementos de la Procuraduría General de la República que hicieron este operativo sólo entregaron 24 kilogramos.
“Este dato está acreditado, incluso en un documento de la Secretaría de Gobernación que da cuenta de que la disputa por el territorio también era de disputa por el control de la droga y el robo entre estos grupos, asociado a la protección de autoridades, particularmente de la Procuraduría”, indicó.
Alejandro Encinas destacó como parte de “del análisis de contexto” del caso Ayotzinapa cómo la desaparición de los normalistas se dio “en el contexto de una disputa por la plaza para el trasiego de drogas entre el grupo de los Rojos y el grupo de Guerreros Unidos”. Foto: Gobierno de México
Por otra parte mencionó que la Normal de Ayotzinapa fue la sede de delegaciones de otras escuelas normales del país para desde ahí trasladarse a las movilizaciones con motivo del 2 de octubre a la Ciudad de México. Explicó que por ello partieron de este plantel a Chilpancingo y Tierra Colorada donde la policía federal, la policía estatal, les impidieron la toma de camiones, motivo por el cual se trasladaron Iguala para tomar otros camiones y en donde —según el testimonio de una testigo protegida— se creía que entre ellos venían personas pertenecientes al grupo delictivo de los Rojos, lo cual derivó en la agresión.
El informe de la Comisión indica que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Como parte de la información a la que se ha allegado esta comisión —la cual contradice lo dispuesto en la “verdad histórica— “las instrucciones original eran de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos (los integrantes de Guerreros Unidos) decidieron repartírselos”.
Entre los operadores de los Guerreros Unidos responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el reporte identifica a: “El Gil”, “El Negro”, “El Tilo”, “El Chino”, “El Pato” Landa y su gente, “El Chucky” y su gente, “El Cholo”, “El Chango”, “La Gorda”, “El Duvalín o “Duva”, “El Tony”, “El Pollo”, “El Cuca”, “El Feo”, “El Wasako”, “Memo”, El Moreno (cocinero de Guerreros Unidos, y “H1”, mando policial de Huitzuco.
También se da cuenta de que el día de los hechos, “seis estudiantes permanecían vivos y estaban retenidos en ‘la Bodega vieja’”. No obstante, “el 30 de septiembre ‘El Coronel’ comenta que ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes que habían quedado vivos”.
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A quien se refiere el informe, indicó esta mañana Encinas, era al entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
José Rodríguez Pérez tenía el grado de Coronel cuando era el comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala y al año siguiente de los hechos fue ascendido a General Brigadier, contra quien un juez libró una de las 20 órdenes de aprehensión contra militares obtenidas por la Fiscalía General de la República (FGR).
El informe ahonda que en días posteriores a la desaparición de los normalistas, “hubo una reunión con Abarca y ‘los asesores de México’ para que ellos pudieran limpiar”.
“Van a borrar evidencia… los van a mover para que no los hallen […] los licenciados y la gente de México ya tiene el circo armado”, se lee en el reporte de la Comisión, según el cual Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), detenido en Israel a la espera de ser extraditado a México, “era el que andaba mandando a limpiar”.
Sally Denton, autora del libro The Colony: Faith and Blood In A Promised Land, que detrás de la masacre en Bavispe, Sonora, hubo “un gran mensaje, no para las mujeres y los niños, sino para sus esposos y padres”. En su libro además añade que es mucho más que una familia mormona perversa, corrupta y violenta y su relación con los cárteles de la droga. “Es, de hecho, una fascinante inmersión profunda en el fanatismo, la violencia, el engaño, la enfermedad mental y la misoginia de los mormones, que se remonta a la fundación de la religión a mediados del siglo XIX por Joseph Smith”.
Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– Un nuevo libro y su autora, la estadounidense Sally Denton, afirman que la familia LeBarón tuvo tratos con el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera antes de la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019, cuando sicarios atacaron y dieron muerte a mujeres y menores de edad en un camino rural de la Sierra Madre Occidental, en las inmediaciones de la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora.
“Todo esto se vino abajo cuando ‘El Chapo’ fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua, después de lo cual grupos rivales comenzaron a pelear por el imperio de las drogas de Sinaloa, lo que puso en peligro la vida de los mormones”, dijo la autora en una entrevista para Daily Beast.
En ese entonces, el Presidente Donald Trump condenó la matanza y presionó a México. “Si necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”, dijo. La matanza significó una enorme presión para el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 4 de noviembre, 9 integrantes de la familia LeBarón fueron asesinados en Sonora. Foto: Cuartoscuro.
En un texto publicado por el periodista Lewis Beale en Daily Beast se dan detalles del nuevo y revelador libro y se hace ver a los LeBarón como un grupo familiar que lleva años involucrado en distintos eventos violentos. De hecho, el texto de Beale inicia así:
“Ha sido llamado el ‘Manson mormón’ [en referencia a Charles Milles Manson, un asesino serial fundador de un culto], pero el polígamo Ervil LeBarón y su familia mexicana lograron que Charlie y su pandilla parecieran casi dóciles. Un supremacista blanco de dos metros y fundamentalista religioso al que le encantaba seducir niñas menores de edad, LeBarón entrenó a las mujeres para matar por él y ordenó ataques contra los polígamos rivales y los ‘apóstatas’ de su iglesia”.
“Y mataron –agrega–: los miembros de la familia de LeBarón fueron responsables de hasta 50 asesinatos, así como robos a bancos, robos de automóviles, tráfico de drogas y venta de armas a narcotraficantes”.
The Colony: Faith and Blood In A Promised Land, de Sally Denton.
Lewis Beale es un ex reportero de Los Angeles Daily News, Detroit Free Press y New York Daily News. Este texto ahora es publicado en Daily Beast.
“Ervil finalmente fue arrestado por sus crímenes y extraditado a Estados Unidos donde murió en prisión en 1981”, agrega. “Pero sus esposas, hijos y seguidores espirituales continuaron con su orgía de asesinatos hasta bien entrados los años 90. Como dijo un miembro de la familia LeBarón: ‘Todos son incrédulos si no creen lo que tú crees’”.
El texto de Lewis Beale afirma que “los LeBarón parecían ser solo un clan de granjeros ricos con prácticas sexuales extrañas que habían hecho un pacto de ‘no te molesto si no me molestas’ con [Joaquín Guzmán Loera] ‘El Chapo’ y con el notorio cártel de Sinaloa, que tenía rutas de contrabando de drogas cerca de la colonia mormona. Pero, dice Sally Denton, autora del libro The Colony: Faith and Blood In A Promised Land, ‘creo que es ingenuo que el público crea que solo eran vecinos amistosos que saludaban en los puestos de control de los sicarios. No creo que no vivas con algunas de las personas más violentas del mundo sin tener acuerdos. Creo que estaban ayudando con armas’”.
Ervil LeBaron.
Enseguida, Lewis Beale sostiene:
“Todo esto se vino abajo cuando ‘El Chapo’ fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua, después de lo cual grupos rivales comenzaron a pelear por el imperio de las drogas de Sinaloa, lo que puso en peligro la vida de los mormones. Y el 12 de noviembre de 2019, sucedió lo peor que podía pasar: en un tramo de 12 millas [25 kilómetros] de una carretera estéril, una ruta favorita de los cárteles de la droga que unía dos enclaves mormones, hasta 100 sicarios descendieron en un convoy de tres autos que contenía madres mormonas y sus hijos y asesinó a nueve personas, algunas de las cuales fueron quemadas vivas”.
Lewis Beale dice que algunos dijeron que las víctimas fueron atacadas deliberadamente para iniciar una guerra entre los cárteles de Sinaloa y Juárez. “Otros dijeron que era un caso de identidad equivocada. Y otros dijeron que era una consecuencia de una lucha por los derechos de agua entre los mormones y sus vecinos mexicanos”.
Sally Denton discrepa, dice Neale, y la cita:
“Creo que alguien le debía algo a alguien. Creo que hubo un gran mensaje, no para las mujeres y los niños, sino para sus esposos y padres. No fue un caso de identidad equivocada; les apuntaron. Se trataba de dinero. Alguien incumplió algún tipo de trato”.
En esta foto del 19 de enero de 2017 proporcionada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, las autoridades escoltan a Joaquín “El Chapo” Guzmán, al centro, desde un avión hasta una caravana de camionetas todoterreno en el Aeropuerto Long Island MacArthur en Ronkonkoma, Nueva York. Foto: DEA vía AP
Pero el libro The Colony, agrega el autor, es mucho más que una familia mormona perversa, corrupta y violenta y su relación con los cárteles de la droga. “Es, de hecho, una fascinante inmersión profunda en el fanatismo, la violencia, el engaño, la enfermedad mental y la misoginia de los mormones, que se remonta a la fundación de la religión a mediados del siglo XIX por Joseph Smith”.
El libro cuenta de varias masacres ocurridas en Estados Unidos y vinculadas con el mismo grupo religioso. Denton dice en entrevista con Daily Beast: “Hay referencias a una variedad de locuras en la familia LeBarón y de los líderes de la Iglesia Mormona, históricamente. Creo que es el hecho de que toda la Iglesia se basa en esta comunión con Dios que cualquier hombre puede hacer, y la configura con aspectos ilusorios. Tienes que mirar las visiones de Smith y Young, hasta los LeBaróns, y preguntarte cuál es el impulso aquí. Creo que con los LeBarón, mucho se puede explicar por el incesto”.
Lewis Beale agrega:
“Y luego está la poligamia. La práctica fue parte de la Iglesia desde sus inicios, pero cuando el liderazgo mormón se dio cuenta de que Utah nunca se convertiría en un estado debido a su existencia, la poligamia fue prohibida en 1890. Eso obligó a los fundamentalistas recalcitrantes a irse al sur, a México, donde el entonces Presidente Porfirio Díaz los alentó para establecerse en los estados del norte de Sonora y Chihuahua, que pronto se convirtieron en un semillero de fanatismo religioso. México ahora tiene la población mormona más grande fuera de los Estados Unidos”.
Durante la Revolución Mexicana, Pancho Villa los obligó a regresar a los Estados Unidos y la mayoría nunca regresó. “Pero los LeBarón lo hicieron y establecieron Colonia LeBarón en 1944. Pronto se convirtió en un centro de desviación sexual, algo que también ha sido parte de la historia mormona desde sus comienzos”, detalla Lewis Beale.
“Cuando José Smith introdujo por primera vez [la poligamia] no fue sin cierta desviación sexual”, dice por su parte Denton en la entrevista con Daily Beast. “Entrevisté a esposas e hijas que se criaron en la poligamia, y una de ellas dijo que se convirtieron por debajo del cinturón. Promueve la desviación sexual, mucha supresión y represión, incluso en personas que no tienen esa propensión. Los verdaderos creyentes creen que están creando el reino de Dios en la Tierra, y la meta es esparcir la semilla del hombre, y para las mujeres, es tener tantos hijos como sea posible, y en la colonia LeBarón, comenzaron a tener bebés tan pronto como desde los 13 años”.
Juan Collado Mocelo, acusado de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión y lavado de dinero a este grupo de abogados presuntamente allegados al exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) podría pedir hasta 40 años de cárcel contra los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau, financiero y representante de Grupo Afirme, todos presuntamente vinculados al exconsejero Jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra y acusados por JuanCollado Mocelo por extorsión, asociación delictuosa, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.
La audiencia inicial de los cuatro abogados denunciados por Juan Collado Mocelo fue diferida para el 8 de marzo para que comparezcan de manera presencial, determinó esta tarde el Juez federal José Rivas González.
El Fiscal Manuel Granados insistió a su vez en que la audiencia tendría que realizarse de manera presencial “ante el elevado riesgo de sustracción de la justicia”, pues adelantó que si el Juez encuentra elementos suficientes para vincular a proceso a los cuatro abogados la FGR podría buscar sanciones de más de 40 años de prisión.
“¿Cuál es el temor de no venir a este Centro de justicia? Se trata de igualdad procesal. Hay que dar la cara y estar presentes”, insistió el Fiscal Granados en la audiencia a la que sí asistió el abogado Juan Collado, quien se encuentra detenido desde 2019, como la parte denunciante.
El Juez Rivas González tomó la decisión de posponer la audiencia y hacerla de forma presencial luego de que el Ministerio Público argumentó fallas técnicas y los defensores de los imputados denunciaron que no han tenido acceso completo a la carpeta de investigación.
Collado denunció desde octubre a Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau, identificados en medios como cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, porque lo habrían extorsionado con el pago de millones de pesos y acciones de la empresa Caja Libertad a cambio de su libertad y de frenar una investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenía en su contra.
Mauricio Flores, abogado de Juan Collado, aseguró al término de la audiencia que su cliente confía en que habrá justicia.
“Él está muy seguro de su dicho porque narró la verdad de los hechos y confía en la justicia mexicana de que esto va a llegar a donde tenga que llegar”, dijo afuera del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte.
El expresidente Carlos Salinas junto al abogado Juan Collado. Foto: Cuartoscuro
Juan Collado Mocelo, acusado de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, negocia un acuerdo con la Fiscalía General para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión y lavado de dinero a este grupo de abogados presuntamente allegados a Julio Scherer Ibarra.
Collado Mocelo, abogado de prominentes figuras como Salinas, Peña Nieto y Carlos Romero Deschamps, acusó en su denuncia —dada a conocer por Reforma— que Scherer Ibarra supuestamente le ofreció excarcelarlo a través de un acuerdo reparatorio y simultáneamente dijo que este grupo de abogados, quienes fueron socios del exfuncionario en un despacho, le pedía vender Caja Libertad a Banco Afirme, de Julio César Villarreal Guajardo, empresario que según el testimonio de Collado es amigo de Scherer, de acuerdo con lo que le aseguraron esos mismos abogados.
De acuerdo con Reforma, la denuncia es la base del caso con el que la FGR pretende que sean vinculados a proceso, aunque precisa que Scherer Ibarra es el único contra quien la FGR no judicializó el caso, pese a que, según su relato, éste ofreció a Collado promover su excarcelación a cambio de dos mil millones de pesos como reparación de daño, lo que cancelaría las acusaciones de delincuencia organizada y lavado que lo llevaron a la cárcel.
Según la denuncia de Collado, pagó a los abogados encabezados por Araujo 10 millones de pesos a cambio de que la UIF cerrara una investigación en su contra.
Además, los abogados le pidieron tres millones de dólares, de los cuales, pagó la mitad para defenderlo desde su captura en julio de 2019. “Me dijeron que el pago era el único camino a la libertad”.
Sin embargo, Julio Scherer Ibarra desmintió ayer que haya participado en una supuesta extorsión al abogado de destacados políticos. “En relación al reportaje publicado el día de hoy en el periódico Reforma, en el que se hacen señalamientos sobre mi persona, hago las siguientes aclaraciones […]. En efecto, recibí a los hijos del señor Collado a solicitud expresa de ellos”, confirmó.
En relación al reportaje publicado el día de hoy en el periódico Reforma, en el que se hacen señalamientos sobre mi persona, hago las siguientes aclaraciones:
Pero aclaró que turnó el asunto “a la Fiscalía General de la República, por ser de su competencia”. En un hilo a través de su cuenta de Twitter, señaló: “No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados”. “Todo lo demás, son inferencias de mala fe”, concluyó.
La denuncia de Collado, que busca un “criterio de oportunidad” para salir libre, la presentó el 19 de octubre del año pasado y Scherer Ibarra renunció como consejero jurídico 10 días después, el 2 de septiembre.
Alberto Baillères González tuvo una estrecha relación con los gobiernos del PRI y PAN. Con Peña Nieto incursionó en el sector energético, a Vicente Fox le dio dinero para su campaña y en su Gobierno se le concesionaron millones de hectáreas para explotar minas, lo que también hizo Felipe Calderón a cambio de millonarios financiamientos de su campaña, en 2006, la de su esposa, Margarita Zavala, en 2018 y hasta su partido México Libre.
Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).– Alberto Baillères González, quien falleció este jueves siendo el cuarto hombre más rico de México, acumuló su fortuna con las 15 empresas que le dejó su padre de herencia, que integró en el Grupo Bal, pero sobre todo por su estrecha relación con los gobiernos del PRI y PAN que le otorgaron todo tipo de concesiones, incluidas las minas y el petróleo.
Propietario de la tienda departamental El Palacio de Hierro, de la aseguradora GNP y de la minera Grupo Peñoles, Baillères González tuvo una enorme influencia en México a través del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), del cual fue fundador, que se convirtió en semillero de los gobiernos del periodo neoliberal y que nació “con el propósito de hacer de la educación superior el motor del cambio industrial y económico de México”.
Por las aulas de esta institución ha desfilado toda una camada de políticos neoliberales, algunos de ellos señalados por corrupción y desvío de recursos. Por ejemplo: los exsecretarios de Hacienda Pedro Aspe Armella y Francisco Gil Díaz, el Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz; los exdirectores de Pemex, Emilio Lozoya Austin y Enrique Ochoa Reza; el exsecretario Luis Videgaray Caso, el excandidato presidencial priista José Antonio Meade Kuribreña, el exsecretario de la Función Pública Virgilio Andrade Martínez, el exsecretario Ernesto Cordero Arroyo, el exgobernador del Banco de México Agustín Carstens Carstens, así como el exconsejero electoral Luis Carlos Ugalde, entre otros.
Tras la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, incursionó en el sector energético con Energía Eléctrica BAL y Petrobal, cuya firma fue la única mexicana que ganó uno de los campos concesionados por el Gobierno y cuyo director es Carlos Arnoldo Morales Gil, exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En la imagen del 12 de noviembre de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto y Roberto Gil Zuarth, entonces presidente del Senado, aplauden al empresario Alberto Baillères González, quien ese día recibió la Medalla Belisario Domínguez. Foto: Enrique Ordoñez, Cuartoscuro
Baillères González coronó su vida empresarial cuando, en noviembre de 2015, el Senado le otorgó la medalla Belisario Domínguez por instrucción de Peña Nieto, a la que se sumaron legisladores de PRI y PAN, que operaron una ceremonia muy deslucida.
Y lo fue porque, por primera vez desde que el Senado creó la presea —hace seis décadas—, se rompió la unanimidad, sólo un voto evitó el rechazo y la ceremonia de la entrega fue desairada por la mitad de los legisladores. Algo peor: Se maquinó un fraude para alterar la votación y aumentar el número de quienes se pronunciaron por honrarlo.
El homenaje que le rindió el Senado a Baillères González, presidido por el panista Roberto Gil Zuarth —secretario particular de Felipe Calderón y egresado del ITAM—, no fue fortuito: Fue un personaje que financió a políticos de PRI y PAN desde hace décadas.
Alberto Baillères González tuvo una estrecha relación con los gobiernos de PRI y PAN. Foto: Cuartoscuro.
Baillères González fue uno de los asistentes al memorable “pase de charola” del 23 de febrero de 1993, en la mansión de Antonio Ortiz Mena, en Polanco, donde 29 magnates se reunieron con el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari para juntar recursos para la campaña del PRI de 1994, cuyo dirigente era Genaro Borrego y el secretario de finanzas era Miguel Alemán.
Vicente Fox también recibió dinero de Baillères en su campaña por la Presidencia de la República y en su Gobierno se le concesionaron millones de hectáreas para explotar minas, lo que también hizo Felipe Calderón a cambio de millonarios financiamientos de su campaña, en 2006, la de su esposa, Margarita Zavala, en 2018 y hasta su partido México Libre.
Juan Bordes Aznar, director corporativo y tesorero corporativo del Grupo Bal, fue el directivo mediante el cual Baillères entregaba recursos económicos a Calderón desde el 2006 y después a Zavala, en su campaña de 2018.
Para las elecciones de 2018, un grupo de magnates que se han opuesto al Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron a principios de mayo de ese año, con el propósito de unificar la candidatura presidencial entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade.
En la imagen, Felipe Calderón y Alberto Baillères. Foto: Cuartoscuro.
Uno de los asistentes a la reunión a la que asistió Anaya era Alberto Baillères y los otros Claudio X. González, Germán Larrea, Eduardo Tricio y Alejandro Ramírez, presidente entonces del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).
En informes del Instituto Nacional Electoral (INE) constan los recursos que Alberto Baillères González y su hijo, Alejandro Baillères Gual, así como Juan Bornes Aznar, entregaron a los Calderón-Zavala para la campaña presidencial de ella: un millón 600 mil pesos cada uno.
Apenas el año pasado, Alejandro Baillères Gual, el hijo del magnate fallecido, se hizo cargo del emporio y tiene también estrechas relaciones con políticos del PRI y del PAN, ahora legalmente unidos, así como con el matrimonio Zavala-Calderón y José Antonio Meade.
Calderón fue uno de los primeros políticos que el jueves se dolió de la muerte de su patrocinador:
“Con profundo pesar me entero del fallecimiento de don Alberto Baillères. Mis más sentidas condolencias a su esposa, hijos y nietos. Un abrazo a quienes participaron de una u otra forma en sus muchas obras, en especial a maestros, alumnos y exalumnos del ITAM”.
Lo mismo hizo Meade: La vida extraordinaria de don Alberto Baillères dejó profunda marca en el país que tanto quiso. Transformó cada uno de los sectores y vidas que tocó. Su legado académico en el ITAM es invaluable. Se le extrañará mucho”.
Y, por supuesto, Zavala: “Despedimos a este buen mexicano con gratitud por su legado. Un abrazo a su esposa y a su familia”.
La vida extraordinaria de Don Alberto Bailleres dejó profunda marca en el país que tanto quiso. Transformó cada uno de los sectores y vidas que tocó. Su legado académico en el @ITAM_mx es invaluable. Se le extrañará mucho. Ofrezco mis oraciones a su querida familia y amigos. pic.twitter.com/WUhocWTUn0
Ricardo Anaya pasó de un año en el que buscó apuntalar su candidatura presidencial con un recorrido en mil municipios a iniciar este 2022 fuera del país y con una cita pendiente con la justicia mexicana para enfrentar los señalamientos de la FGR que lo involucran con el caso Odebrecht.
Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– Ricardo Anaya, excandidato presidencial y uno de los aspirantes de la oposición para 2024, arranca el año lejos de los primeros lugares en las encuestas presidenciales y fuera del país, del cual salió en medio de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Odebrecht, que él ha atribuido a una persecución política.
Hace tan sólo un año el panorama era distinto para Anaya, quien rechazó una diputación plurinominal del Partido Acción Nacional —del cual fue dirigente y candidato en coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano en 2018— y en cambio inició un recorrido por mil municipios del país, una estrategia que en su momento le fue cuestionada debido a la similitud de la emprendida por Andrés Manuel López Obrador, antes de llegar a la Presidencia.
Agradezco la invitación para ser diputado plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro para ayudar. Apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 2024. ¡Vendrán tiempos mejores! pic.twitter.com/YOK1s0W2fp
El proyecto de Anaya consistió, en un principio, en difundir videos de sus visitas y mostrarse cercano a la gente, lo cual le valió críticas y burlas al igual por parte de los mexicanos que cuestionaron su poco conocimiento de las condiciones en las que vive la mayoría de la población. Pese a ello, el panista aprovechó esta plataforma para apuntalar su candidatura rumbo a 2024 y por medio de estas grabaciones criticar la gestión de López Obrador para intentar colocarse como el principal líder opositor.
Viajé con Yadira en combi y metro para mostrar y reconocer su esfuerzo y el de miles de integrantes del personal médico.
Me dio gusto ver que NADIE hace caso a AMLO en su locura de no usar cubrebocas.
Para febrero, una encuesta de Massive Caller —encuestadora que Anaya contrató durante su campaña de 2018— lo colocaba como el principal aspirante opositor con 42.6 por ciento de las preferencias electorales. La misma medición situaba al Canciller Marcelo Ebrard con 42.3 por ciento y a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con un 37.4 por ciento.
Para mayo, un estudio de SIMO Consulting realizado para El País mencionaba que un 23 por ciento de la población prefería como candidata a la Presidencia de la República a Sheinbaum frente a un 20 por ciento que se decantaba por el Canciller Ebrard. Sobre Anaya indicaba que tenía una opinión negativa de 17 puntos para el conjunto de la ciudadanía, pero “aun así, es la figura de la oposición que más opciones tiene”.
Dos meses después, en julio, Massive Caller sostenía a Anaya como el principal aspirante de la oposición por encima de Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Enrique Alfaro (MC) y Mauricio Vila (PAN), mientras que colocaba como los principales presidenciables de Morena Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, quienes se sostienen en esa oposición salvo con la diferencia de que la Jefa de Gobierno ahora encabeza las preferencias.
El panorama dio un vuelco, cuando en agosto Anaya informó que se había exiliado en Estados Unidos para poder “seguir luchando”. No obstante, su salida del país se debió en respuesta a la investigación que la Fiscalía ha emprendido en su contra por su supuesta participación en la trama de corrupción de Odebrecht. Anaya dijo desde el 26 de agosto que recibió un citatorio de la FGR para acudir a declarar y desde entonces ha insistido que es un “perseguido político” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor. pic.twitter.com/QBSOYxnXOZ
Posteriormente se daría a conocer que pese a haber anunciado su anuncio en agosto, el panista habría salido del país en julio, fecha en la cual era visto como el principal aspirante presidencial de la oposición, medición que Massive Caller mantuvo en 2021 y que a inicios de 2022 ha mostrado como sus niveles de aceptación han ido a la baja luego de que pasara de un 40 por ciento que lo veía como candidato a un 31 por ciento.
En tanto otras mediciones ya no colocan al excandidato presidencial como el principal presidenciable de una oposición —integrada por el PAN, PRI y PRD— que aún sopesa la posibilidad de ir en alianza en la elección de 2024, una aduana para la cual aún faltan dos años y una serie de procesos políticos —como la discusión de la Reforma Eléctrica y la realización de las mesas de diálogo entre el Gobierno y Acción Nacional— que podrían impactar a esta coalición.
Para agosto, la agencia Enkoll publicó una medición en la cual entre los personajes del PAN, Margarita Zavala era la aspirante mejor posicionada con 23 por ciento de preferencia bruta, seguida por Ricardo Anaya con 17 por ciento.
El diario Reforma, en tanto, colocó a inicios de diciembre —en su encuesta presidencial— al Alcalde de Monterrey, el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato presidencial del PRI asesinado en 1994 del mismo nombre, en el tercer lugar de las preferencias con un 27 por ciento de los respaldos, debajo del Canciller Marcelo Ebrard (31 por ciento) y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum (30 por ciento), mientras que a Anaya lo situó en cuarto lugar con un 16 por ciento.
En esta medición, el 52 por ciento de los encuestados considera que las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra el panista Ricardo Anaya tienen sustento y sólo el 31 por ciento cree que se deben a su oposición frontal al Presidente.
El diario El Universal a su vez, en su medición de diciembre, también puso a Anaya en la cuarta posición de lo aspirantes por los cuales la ciudadanía podría votar en el próximo proceso electoral con un 36 por ciento de los respaldos, debajo de Claudia Sheinbaum (54 por ciento), Marcelo Ebrard (49 por ciento) y Margarita Zavala (49 por ciento), quien luego de contender en 2018 por la vía independiente, y de tratar de formar junto a su esposo, el expresidente Felipe Calderón, su propio partido regresó al PAN con una diputación en el Congreso.
Junto a esta caída en las preferencias, Ricardo Anaya enfrentará, además, otro episodio que puede impactar sus aspiraciones presidenciales. El próximo 31 de enero tiene una cita presencial con la justicia mexicana, por lo que tendría que regresar al país, para hacer frente a la imputación de la FGR por presuntamente recibir un soborno de 6.8 millones de pesos para la aprobación de la Reforma Energética en el sexenio pasado. Algunos reportes señalan que en esta audiencia se puede pedir prisión preventiva justificada contra el panista. El propio Anaya, al dejar el país, dijo que el Gobierno buscaba encarcelarlo y que el proceso en su contra se trata de una venganza política del Presidente López Obrador.
El pasado 13 de diciembre, por medio de un mensaje en sus redes sociales, Anaya insistió en que en 2024 Morena se tiene que ir y cuestionó el manejo que han tenido las autoridades de la pandemia de COVID-19, de la inseguridad y de la economía.
Difícil de creer la cantidad de torpezas, engaños y promesas incumplidas que acumula López Obrador. En 2024 Morena se tiene que ir. ¡Sí hay de otra! pic.twitter.com/mRMIvGug1k
Posteriormente, en otro mensaje, éste con motivo del inicio de año, indicó “que la crítica es necesaria y muy valiosa cuando sirve para encontrar soluciones, por eso he publicado un video semanal durante todo este año”. No obstante, el impacto que el panista había tenido en la agenda pública ha sido mínimo y proporcional a la baja que ha tenido en las últimas mediciones sobre la carrera presidencial.
Aunque la Revocación de Mandato logró la cohesión del Consejo de este organismo electoral para pronunciarse contra la demanda de la que fueron blanco varios de sus integrantes, también avivó los cuestionamientos contra este organismo electoral, al que han señalado de buscar protagonismo frente a los próximos comicios, y de no apegarse a la austeridad que promueve la 4T.
Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancará el 2022, año en el que tiene que organizar la renovación de seis gubernaturas y la Revocación de Mandato, en medio de reclamos por la falta de presupuesto para organizar estos dos procesos y en una disputa con el Gobierno que ha cuestionado su protagonismo y la falta de austeridad.
Este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el órgano electoral sí tiene los recursos suficientes para organizar la consulta de Revocación de Mandato, ya que, detalló, son diversas las partidas con las que cuentan los funcionarios del INE, de los que varios perciben salarios incluso más altos que el suyo por lo que llamó a los consejeros implementar un plan de austeridad y con lo que se recupere realizar el ejercicio de participación ciudadana.
“El INE para hacer la consulta tiene que hacer un ajuste a su presupuesto para financiarlo (…) liberar fondos de su presupuesto (…) y, si se actúa con austeridad, se puede también hacer una reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos”, sostuvo el Presidente López Obrador.
El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que habrá consulta de Revocación de Mandato, pese o la postura del INE, que alega insuficiencia de recursos para la organización de la misma. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Agregó que luego de este ajuste presupuestal, y en caso de ser necesario, el INE podrá solicitarle más recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), para que se realice la Revocación de Mandato, dependencia analizará si es posible contribuir con más recursos, pero, enfatizó, sin afectar los programas que tiene contemplada su Administración.
“Si ellos ofrecen… Primero, también tienen que decir cuánto va a costar y cuánto van a aportar, cuánto pueden liberar de esos fondos, y ya que Hacienda vea si puede, si tiene posibilidad, de acuerdo también a las prioridades, porque hay que seguir apoyando a los que lo necesitan, cuánto podría ayudar si es que tiene posibilidad de hacerlo sin afectar ningún programa”, dijo.
Mario Llergo, representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el INE, no sólo coincidió con el mandatario federal sobre el presupuesto del INE, también señaló a éste organismo de mantener un “protagonismo exacerbado” de cara a los comicios electorales de 2022.
En entrevista con SinEmbargo, el Diputado morenista declaró que el Instituto “no ha hecho un ejercicio de exhaustividad, un ejercicio de apretarse el cinturón, un ejercicio auténtico de austeridad republicana”, y se ha limitado a solicitar que se revise el presupuesto que le fue asignado para el próximo, en lugar de echar mano de algunos fondos con los que cuentan.
Comentó que el INE tiene un “fondo para atender el pasivo laboral, que anda por el orden de los 500 millones de pesos. Hay otro fondo para atender el tema de infraestructura inmobiliaria, que anda también por el orden de los 800 millones de pesos. El fondo de gastos médicos mayores, que anda por el orden de los 50 millones de pesos. Otro fondo de retiro por el mismo monto”.
“Si ellos realmente se aplicaran en un ejercicio de austeridad republicana, y hubiese la voluntad de echar mano de esos recursos, por supuesto que alcanzaría para llevar a cabo la organización de la consulta de revocación de mandato”, consideró el representante de Morena ante el INE.
Desde que se dio a conocer la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el INE advirtió que se pondría en peligró la organización y ejecución de este ejercicio ciudadano, debido a que se planteó un recorte de cuatro mil 913 millones de pesos a los recursos que organismo electoral propuso, lo que, tras la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, se concretó el pasado mes de noviembre.
Mario Rafael Llergo durante su rendición de protesta como representante de Morena ante el INE. Foto: Cuartoscuro
EL CAMINO DEL INE EN LA CORTE
El Instituto interpuso una controversia constitucional ante a la Corte para impugnar el recorte presupuestal, pues aseguró que la disminución de los recursos que se le destinarán el próximo año no son suficientes para cubrir la totalidad de los compromisos electorales que tiene programados para 2022, particularmente la consulta de Revocación de Mandato.
En el documento 209/2021, el INE alegó que le fueron recortados cuatro mil 913 millones de pesos de su presupuesto, lo que, indicó, representaría reducir los salarios de sus consejeros y altos funcionarios, sí como una falta de recursos para organizar este proceso de Revocación de Mandato.
En su resolución, la Corte indicó que no se puede otorgar una medida cautelar “ante hechos futuros de realización incierta”. El acuerdo, la SCJN negó al INE “la suspensión relativa a la adecuación presupuestal para la Revocación de Mandato”.
El documento detalló que una suspensión se otorga sólo cuando se presenta una afectación real y cierta, presente y actual, pero que en este caso el hecho no se ha concretado, ya que la Revocación de Mandato es un proceso aún no inicia, ya que sólo concluyó la fase de recolección de firmas, pero falta la presentación de la solicitud, la verificación de los apoyos recabados y la emisión de la respectiva convocatoria.
“Es por esa situación incierta que, en modo alguno es posible otorgar la medida cautelar solicitada por el Instituto Nacional Electoral, porque la necesidad de realizar ajustes a su presupuesto y, con ello la actualización de una probable afectación a su ámbito de atribuciones constitucionales, sólo se revelará si se emite la convocatoria para votar en la jornada de revocación de mandato, para lo cual se deben cumplir diversos requisitos y fases que aún están en curso”, indicó el acuerdo.
En la legislación en la materia está estipulado que el inicio del proceso sólo será a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos 17 entidades federativas. Es decir, se requerirían 2.7 millones de firmas. Y hasta el momento la autoridad electoral sólo ha validado un millón 308 mil 375 firmas, según el reporte que brindó el lunes pasado.
La asociación denominada Que Siga la Democracia entregó tres millones de firmas al INE en apoyo de la Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro
LOS SUELDOS Y ASESORES DEL INSTITUTO
Un reportaje de Daniela Barragán, publicado por SinEmbargo, evidenció que el salario de Lorenzo Córdova, Consejero presidente del INE, para el próximo año no sólo no se redujo, sino que aumentará nueve mil 665 pesos en 2022, respecto a lo que percibía en este 2021, por lo que ganará dos millones 487 mil pesos anualmente.
Entre las prestaciones a las que tiene derecho se encuentran: seguridad social, ahorro solidario, prima vacacional, prima quinquenal, seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores y aguinaldo, precisamente este último es la más alta, pues este año recibió 340 mil 174 pesos.
En otra investigación periodística, Barragán también dio a conocer que en el organismo electoral hay 262 asesores, quienes laboran para los consejeros electorales, así como para los representantes de los partidos políticos, del Poder Legislativo.
El Consejero Presidente Córdova cuenta con 11, de los que cuatro reciben un sueldo mensual de 104 mil 885 pesos, sólo 10 mil 854 pesos menos del salario que percibe el Presidente López Obrador.
Otros tres asesores del funcionario ganan 96 mil 456 pesos; tres más, 70 mil 485 pesos y el que tiene la remuneración más baja, que es de 35 mil 386 pesos netos mensuales, y todos gozan de prestaciones como prima vacacional, quinquenal, aguinaldo, seguro de vida y apoyo de gastos funerarios.
De acuerdo con el Directorio del INE, los 262 asesores fueron clasificados de manera diferente y que trabajan en distintas áreas, pero se destaca que cada uno de los consejeros se le asignaron entre 10 y 15 asesores, con salarios netos que van desde los 88 mil 115 pesos hasta los 15 mil 476.
EL CIERRE DE FILAS DE LOS CONSEJEROS
A mediados de diciembre, el Consejo General del INE aprobó un Acuerdo, con seis votos a favor, incluido el de Córdova, el que determinaron aplazar la consulta de Revocación de Mandato, argumentando la falta de recursos. Sin embargo, el mismo fue derrumbado por el Máximo Tribunal de México, que ordenó al organismo electoral llevarlo a cabo como se estableció de manera constitucional.
Días después Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los cinco consejeros que votaron en favor de aplazar la consulta: Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez.
En la denuncia del legislador por Morena se acusó a los funcionarios electorales, en conjunto con su presidente, de presunta coalición de servidores públicos y abuso de autoridad. Aunque días después el propio Gutiérrez Luna anunció que desistiría del proceso penal.
“Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las consejeras y consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”, destacaron.
No obstante, las acciones del morenista hicieron que todos los integrantes del Consejo General del INE emitieran un posicionamiento público en contra de la denuncia, a la que calificaron como un acto intimidatorio contra los funcionarios, injustificado y sin sustento jurídico, que tendría el propósito de inhibir la independencia de quienes “valoran y votan los asuntos que le compete al organismo electoral”.
“Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”, agregaron.
Las Consejeras y Consejeros del @INEMexico rechazamos las denuncias penales y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. En democracia, las diferencias de criterio no deben ameritar la persecución política. https://t.co/fg8NTZUh2M
Esta cohesión se dio pese a que en anteriores ocasiones se presentaron posturas encontradas al interior del Consejo General del INE, como el consejero José Roberto Ruiz Saldaña declaró que la sugerencia de Lorenzo Córdova, presidente del organismo, de suspender las conferencias matutinas del Presidente López Obrador por dos meses eran a título personal y no representaban una postura institucional.
En enero del presente año, durante una entrevista para el portal Astillero Informa en enero del presente año, Ruiz Saldaña aclaró que lo que se puso a discusión era si las también denominadas “mañaneras” podrían transmitirse de manera íntegra en las entidades que atravesaban por un proceso electoral.
Explicó que en 2019 se presentó una situación similar, que se resolvió luego de determinar que las conferencias del Presidente se emitirían sólo de manera parcial, debido a que fueron consideradas como propaganda gubernamental en los estados que mantenían campañas locales. También admitió que el área de comunicación social del INE era deficiente, ya que sólo publicaba las opiniones de algunos consejeros, y las hacía pasar como una postura consensuada y oficial.
Ésta sería la segunda vez que Ruiz Saldaña se opuso a Córdova Villanelo, pues en febrero de 2020 protestó contra el Consejero Presidente por la imposición de Edmundo Jacobo Molina para el cargo de Secretario Ejecutivo, quien estaba a dos meses de concluir su periodo, con lo que sería reelegido antes del nombramiento de cuatro nuevos consejeros.
Han sido dos veces las que el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña se ha confrontado con el presidente del INE. Foto: INE/Cuartoscuro
Sobre la cohesión por parte de los consejeros electorales, Llergo opinó que respondió a la denuncia que presentó Gutiérrez Luna. “Cerraron filas en cuanto a la denuncia, a penalizar la conducta de ellos, específicamente en cuanto a los seis de los 11 consejeros, que fueron los que finalmente aprobaron este acuerdo propuesto por el presidente Lorenzo Córdova para posponer el ejercicio de Revocación de Mandato”.
También señaló que el INE mantiene “un protagonismo exacerbado”, particularmente del Consejero presidente Lorenzo Córdova, quien, junto con el Consejero Ciro Murayama han intentado impedir de manera “permanente y sistemática” que se lleve a cabo este ejercicio de participación ciudadana. Éste último, incluso, “en una actitud, no propia del árbitro electoral, calificó el ejercicio de Revocación de Mandato como una pantomima”, acusó.
Afirmó que desdeñaron el hecho de que serían los ciudadanos serían los que tendrían la la decisión de elegir entre el formato físico o la herramienta tecnológica para emitir su opinión en la consulta de Revocación de Mandato, como se estableció en la Ley Federal de Revocación de Mandato, pese a lo cual, el INE aprobó un acuerdo para utilizar formatos impresos con el que recabarán firmas en sólo en 204 municipios del territorio nacional.
En este sentido, Llergo se dijo a favor de que sean los propios ciudadanos quienes asuman la organización de este proceso, como lo propuso el propio Presidente López Obrador y que implicaría la contratación de 10 empresas. Pero advirtió que en caso de que esta situación ocurriera, el INE quedaría “exhibido ante la opinión pública”.
El jefe de El Yunque en Chile, Eduardo Guerrero Núñez, coordina el programa económico del candidato presidencial de la ultraderecha, José Antonio Kast Rist, y se ufana de tener tanta influencia en Kast como la tuvo con Vicente Fox el sicólogo industrial Ramón Muñoz Gutiérrez, “Julio Vértiz”, jefe de la Oficina de la Presidencia en ese Gobierno.
Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).– La organización secreta El Yunque, creada en México para formar políticos católicos “mitad monjes, mitad guerreros” y extendida a países como España con el partido extremista Vox, está a las puertas del poder en Chile: El jefe en esa nación, Eduardo Guerrero Núñez, es el coordinador del programa económico del candidato presidencial de la ultraderecha, José Antonio Kast Rist, simpatizante del dictador Augusto Pinochet.
Toda la estructura de El Yunque en Chile, fundada en ese país hace tres lustros y encabezada por Guerrero Núñez, está movilizada para que la segunda vuelta de la elección del domingo 19 sea ganada por Kast, a quien manipulan como candidato y pretenden seguirlo hacerlo como Presidente de ese país, igual que lo hicieron los jefes de esa organización extremista en México con Vicente Fox y Felipe Calderón.
El economista neoliberal Guerrero Núñez, cuyo seudónimo en El Yunque es “Jaime Moro”, se ufana de tener tanta influencia en Kast como la tuvo con Fox el sicólogo industrial Ramón Muñoz Gutiérrez, “Julio Vértiz”, jefe de la Oficina de la Presidencia en ese Gobierno y actual jefe de la planeación estratégica del Partido Acción Nacional (PAN) de México.
Kast, fundador y líder del Partido Republicano de Chile, ha articulado a todo el espectro de la derecha para enfrentar en la segunda vuelta de la elección presidencial al candidato de la coalición de izquierda que incluye al Partido Comunista (PC), Gabriel Boric Font, acusado de marxista por formaciones políticas como El Yunque que tienen abierta simpatía por Pinochet.
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Foto: AP /Esteban Felix.
La jerarquía de El Yunque en Chile es liderada por el ingeniero comercial Guerrero Núñez, de 38 años de edad, quien como coordinador del equipo económico de Kast defiende el modelo neoliberal, asegura que el crecimiento económico se logra bajando los impuestos a los corporativos y afirma que la desigualdad no es el principal problema en Chile, sino el descontento ciudadano es por el abuso.
“Nuestro voto será por la libertad, paz social, respeto a nuestras instituciones, libertad de culto, libertad de enseñanza, salvaguardar derechos políticos y sociales… hacemos llamado a defender estas ideas amenazadas por el candidato del PC”, afirma Guerrero Muñoz, quien mantiene fluida comunicación de lo que pasa en Chile con los máximos jefes de El Yunque en México, a donde viaja con frecuencia: José Antonio Quintana, Bernardo Ardavín y Guillermo Velasco Arzac…
Antes de Guerrero, otro personaje de El Yunque ha sido colaborador clave de Kast: Juan Carlos Aguilera fue su coordinador de la campaña presidencial de 2017 y ha sido conferencista de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), fundada por la organización secreta.
Fue precisamente en Puebla donde se fundó, en 1955, El Yunque —que se hace llamar también Organización del Bien Común, como legalmente está registrada en España—, con el objetivo de formar líderes políticos para combatir a la “conspiración judeo-masónica-comunista” e instaurar en México un régimen subordinado a la iglesia católica.
Esta organización logró controlar al PAN en México y a sus gobiernos, debido en buena medida a su carácter “reservado”, y se extendió a otros países, como España, donde sus integrantes han infiltrado al Partido Popular, a Vox y a organismos civiles, según investigaciones impulsadas por obispos y laicos católicos.
Gabriel Boric del partido de coalición Apruebo Dignidad. Foto: AP/Esteban Felix.
A diferencia de México, donde la jerarquía de la Iglesia católica encubre la operación de El Yunque, en España y en Chile muchos obispos ven como indeseable una organización que actúa amparada en el secreto y con fines inconfesables, por lo que han identificado a sus líderes y han tomado distancia de ellos.
La iglesia y laicos católicos de Chile tienen conocimiento de la red de El Yunque en el país y su vinculación a Kast, como Guerrero y Juan Carlos Aguilera, quien visitó la UPAEP, en noviembre, donde atribuyó las protestas juveniles en Chile a la “polarización” y aseguró que fueron organizadas por terroristas, anarquistas, jóvenes desencantados y hasta por el divorcio. También alertó, desde 2020, que el Grupo Puebla de izquierda tiene en la mira a su país.
Una propuesta de Kast va en el sentido de crear una “Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda”, con el fin enviarlos a la cárcel: “Nos coordinaremos con otros gobiernos latinoamericanos para identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados”.
En la campaña de 2017, la vocera de la campaña de Kast fue Nora Cuevas, exalcaldesa de San Bernardo, política también de la organización de El Yunque que es acusada por los delitos de fraude al fisco, malversación de recursos públicos y desfalco por su sucesor en el Gobierno, Christopher White.
PINOCHETISMO Y YUNQUE
Al igual que en México y en España, en Chile El Yunque controla numerosas plataformas de extrema derecha que operan públicamente para impulsar su agenda, como CiticenGo y HazteOir.
Por ejemplo, el fundador y primer presidente de HazteOir en Chile es Felipe Ross, actualmente consejal de Vitacura —una especie de alcaldía de Santiago, la capital del país—, un enclave electoral de Kast, porque es habitada por familias de ingresos altos.
Otros dos miembros de El Yunque en Chile que tienen como proyecto apoderarse del Gobierno de Kast son Henry Boys, Rodrigo Esteban Donoso Baeza y Benjamín Lagos, miembros del Observatorio de la Cultura San Juan Pablo II, un “centro de estudio” para la formación de nuevos liderazgos católicos, que en realidad sirve para reclutar militantes para esa organización.
En 2017, Javier Ortega Smith, secretario general del partido Vox de España, difundió en su cuenta de Twitter una fotografía con Henry Boys, celebrando un “encuentro” en Madrid, al que asistió también Donoso Baeza.
Rodrigo Esteban Donoso, por su parte, es habitual promotor de las acciones de HazteOir de España —él ha sido dirigente de esa plataforma en Chile—, de CitizenGo y de Leader Ship Institute, sobre todo cuando el “Bus de la libertad” se hizo circular en España y países de América Latina para defender la agenda conservadora, principalmente el derecho de los padres a educar a sus hijos.
Una de las fotografías que ha compartido es con Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir de España, uno de los jerarcas de El Yunque en ese país —como han acreditado hasta en juicio judicial obispos y laicos—, donde también existe estrecha relación con Vox.
— Rodrigo Esteban Donoso ن (@redonoso) July 21, 2017
Boys, quien se autodenomina intelectual, generó polémica cuando, en 2017, lanzó una campaña como director nacional del Observatorio de la Cultura San Juan Pablo II para invitar a inscribirse en el diplomado en Liderazgo Cultural.
“Conservadores, salgamos del clóset en el cual nos han querido confinar, y alcemos la voz en la defensa de los valores y los principios que le hacen bien a la sociedad”, exhortó el miembro de El Yunque. “Desde hace años el marxismo nos ha querido silenciar, porque saben que la verdad está de nuestro lado”.
La retórica anticomunista y la admiración a la dictadura de Pinochet es característica de El Yunque en Chile que posee también una editorial para publicar libros propagandísticos.
Se trata de la Editorial Conservadora, cuyos socios son precisamente Henry Boys, Rodrigo Esteban Donoso Baeza y Benjamín Lagos, que apenas en el año pasado editó “Miserias morales de la chilenidad”, del pinochetista Hermógenes Pérez de Arce, cuya presentación establece:
“Bajo la aguda pluma del incombustible líder intelectual de la derecha criolla se destacan los hitos por los cuales él considera que Augusto Pinochet refundó la patria, sin perder ocasión de criticar a la Democracia Cristiana y a Chile Vamos por su olvido selectivo al desconocer el apoyo que brindaron a su gestión en otro tiempo. Cuestiona también la ‘dictadura judicial’ chilena, señalando el hostigamiento que los tribunales de justicia han realizado sobre militares en retiro, quienes contribuyeron a vencer el desafío subversivo y terrorista armado que asoló Chile en los años 1970”.
No es fortuita esta apología de Pinochet en una organización como El Yunque que tiene un expediente de uso de la violencia contra sus adversarios, sobre todo en sus orígenes en México, y que sigue adiestrando a sus integrantes en la defensa personal.
“SOÑADO CHILE”
Precisamente Rodrigo Esteban Donoso Baeza aparece en una fotografía siendo adiestrado en defensa personal por Klaus Feldmann, uno de los fundadores de El Yunque en Puebla, que actualmente tiene 87 años de edad y quien en sus colaboraciones periodísticas se presenta como quien “lucha contra el comunismo y la masonería en importantes asociaciones”.
SinEmbargo obtuvo esta fotografía en la que Feldmann Petersen, de origen alemán como Kast, viste ropa deportiva para adiestrar en un jardín a por lo menos cinco personas, entre ellas Donoso Baeza, que porta playera color naranja.
Feldmann Petersen, de origen alemán como Kast, adiestra en un jardín a por lo menos cinco personas, entre ellas Donoso Baeza, que porta playera color naranja.
El Yunque también controla la Fundación Soñando Chile, que preside Henry Boys, su director de “Formación” es Donoso Baeza y el responsable de “Alianzas” es Benjamín Lagos, exactamente los mismos socios de la Editorial Conservadora que editó el libro que enaltece a Pinchet.
El propio Henry Boys Loeb ha dicho que él prohibiría “absolutamente” a quienes forman parte del Partido Comunista: “No se puede permitir que ellos participen en los procesos democráticos porque aniquilan la democracia”.
En 2016, la revista The Clinic publicó un reportaje que vinculaba a la Academia de Líderes Católicos de Latinoamérica con El Yunque, sobre todo porque era y es presidida por el mexicano José Antonio Rosas Amor, quien rechazó ese nexo y aseguró que él había dejado de ser miembro de la organización secreta.
“La Academia de Líderes Católicos es un centro de formación autónomo, con sus propios órganos de gobierno independiente a cualquier movimiento y organización política o religiosa. Por lo tanto, niego tajantemente mi pertenencia a El Yunque”, respondió Rosas Amor a The Clinic.
En otra entrevista, para el medio Vida nueva digital, en agosto de este año, el politólogo egresado de la UPAEP insistió en que él fundó la Academia de Líderes Católicos, en 2014, para apoyar y promover la vocación política cristiana.
—¿Cómo pasa uno de pertenecer a una entidad como El Yunque a liderar una iniciativa política al estilo ‘Fratelli tutti’?
—Mi historia de vida está marcada por una conversión pastoral fruto del papa Francisco. En lo personal, me ayudó a salir de trampas ideológicas en las que yo vivía con la mejor intención, pero ideologizando la fe. Siguiendo sus enseñanzas ya como cardenal de Buenos Aires, entendí que era muy peligroso participar en organizaciones anacrónicas que confunden la religión con formas políticas que actúan de manera oculta, secreta y reservada.
“Con el tiempo, me distancié de esta entidad extremista conocida como El Yunque, para desarrollar una experiencia de comunión con los obispos y la Iglesia que es esta Academia”.
Ella están siendo cada vez más visibles en la escena cómica, pero a costa de acosos y falta de espacios seguros. Estas son las propuestas de las standuperas Blanca Salces, Itzel Arcos y Adriana Chávez, alejadas del humor masculino que ha reinado.
Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– Las carcajadas de aquellas mujeres en el público antes fueron miedo. Y la presencia en el escenario de esas otras sigue siendo como una intrusión.
“El otro día iba caminando en la calle, así como caminamos las feministas, ‘la-lará-lará’, y vi a un hombre con unos pantalones pegaditos y la camisa medio abierta, ya saben, provocando. No, pero no le hice nada, yo tengo hermanos, papá, amigos y no me gustaría que les hicieran lo mismo”.
La concurrencia que convocó Itzel Arcos entiende perfectamente el sarcasmo. La risa cambió de bando.
La noche comenzó hace rato y han salido para reírse y hacer reír. Para hacer sátira de la clase política y poner un espejo de ironía frente al acoso sexual y las violaciones. Para hablar con humor de la maternidad, el amor romántico, ser lesbiana, ser trans, ser feminista y sus incongruencias o cualquier otro tema doméstico e íntimo y por ello, importante. Han salido a deshoras para expresar lo callado por mucho tiempo.
¿Qué pasa cuando las mujeres en México hacen stand up?
“Al principio lloraba. Llegaba a la casa después de dar shows y lloraba porque me sentía sola, era como pegar al aire. Cuando me decían ‘te toca show en Polanco’, yo pensaba: ‘uy, ya valió’, porque no les interesa escuchar a una marimacha, prieta, chaparra, gorda, enojada con la vida. No les interesa escucharte. Para mí era súper frustrante”, dice Andriana Chávez, la primera mujer en el stand up mexicano que habló de su identidad lésbica desde el escenario.
Itzel, Itzeguanita Pitumayo, ha sido de las iniciadoras de otra corriente del género. Foto: Standup FeministaMx
“De las personas que se entrenaron conmigo, las mejores standuperas han sido las mujeres”, sostiene Blanca Salces, quien trajo a México la escuela gringa del stand up apegado a la protesta social y con bases teatrales. “Es un género de lucha, de denuncia, de toma de conciencia y las mujeres estamos en una lucha constante”. Una de sus mejores alumnas, dice, ha sido Itzel Arcos.
Itzel, Itzeguanita Pitumayo, ha sido de las iniciadoras de otra corriente del género. Desde hace cuatro años imparte un taller de stand up feminista, el primero de su tipo en el país. Otra pionera. Su propuesta es crear una pedagogía del humor, explica. “Hacer una rutina feminista no implica solamente hablar de feminismo o usar los términos feministas, sino cambiar las historias. Por ejemplo, yo no me voy a burlar de mi cuerpo, tampoco me interesa hacer chistes sobre estar soltera”.
EL STAND UP TAMBIÉN TIENE MADRE
El teatro de variedades del siglo XVIII en Inglaterra o del teatro popular parisino, que derivó en el vodevil en Estados Unidos en el siglo XX, son algunos de los antecedentes señalados del stand up. De esas puestas en escena surgieron los monólogos de comedia. Y su sentido político se lo dieron quizá principalmente las poblaciones discriminadas para hablar de su condición oprimida.
En Estados Unidos, la legendaria Moms Mabley (1897-1975), actriz y comediante negra, hablaba en sus rutinas sobre el racismo y la pobreza desde los años 20. Fue una de las primeras y más importantes humoristas del Chitlin’ Circuit, el espacio reservado, o apartado, para el vodevil afroamericano.
Mujer negra, pobre, humorista y sobreviviente de la violencia sexual, rompió varias fronteras impuestas: se presentó en el Carnegie Hall de Nueva York, fue parte del elenco estelar de programas de televisión y, un año antes de su muerte, protagonizó la película Amazing Grace.
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También en aquel país, pero en los años 60, destacó Lenny Bruce, reconocido como una de las más importantes figuras del stand up político por abordar el abuso policial, la religión o el aborto, entre otros temas. Varias veces, las autoridades lo acusaron de obscenidad, hasta que en 1964 lograron que fuera condenado a cuatro meses de trabajo. Esa sentencia marcó una fuerte defensa social contra la censura y por la libertad de expresión.
En México, los orígenes se ubican en el teatro de carpa y, quizá, específicamente en Jesús Martínez, Palillo. Su carrera teatral se desarrolló desde los años 30 y hasta comienzos de la década de los 60. En sus puestas en escena unipersonales criticaba el régimen priista, por lo que fue varias veces detenido y censurado.
Posteriormente en este país, sobre todo a partir de los años 80, hubo varios cómicos que hacían monólogos, “pero contaban chistes, o hacían lo que ahora podemos llamar slam”, recapitula Itzel Arcos. “El stand up llegó aquí como traducción de lo que se hace en Estados Unidos cuando lo trajo Blanca Salces. Ella generó el equivalente mexicano desde la escena teatral”.
Blanca Salces se formó en la escuela de la actriz Stella Adler, en Los Ángeles. “Ya conocía el stand up porque tuve acceso a HBO, el primer canal que transmitió los shows (en los años 80). Veía a George Carlin, por ejemplo, con quien me identifico ideológicamente, y conocí el género conforme se hacía popular en Estados Unidos. Pero nunca pensé en dedicarme a eso”. La materia de improvisación la condujo a ese camino.
Jesús Martinez Palillo mirandose en un espejo. Foto: Casasola/Mediateca INAH.
Al terminar la escuela, Salces se presentó en Disneyland por una temporada. “Hacía un monólogo tipo stand up, bastante genérico, en realidad, que cualquiera podría interpretar”. En 2001, “se me acaba la visa de trabajo, se caen las torres gemelas, Estados Unidos declara la guerra a Afganistán y yo me pregunté qué chingados hacía ahí. Yo tengo mi país y al menos allá sí puedo luchar por las cosas con las que no estoy de acuerdo”. Así que volvió.
En 2005, con su pareja el actor Jorge Zárate, a quien le compartió la técnica que había aprendido, montó un show en el Café Quimia, en la colonia Condesa. En 2006 lo llevaron al Foro Shakespeare, uno de los primeros y pocos lugares que abrieron sus puertas al stand up en México.
“A la gente le gustó, pero no tenía ningún chiste ser los únicos. La realidad se construye de una suma de percepciones”. Entonces, en 2008, comenzó a dar talleres en el centro de formación Cinefilias y en 2009 sus egresadas y egresados empezaron a dar funciones en el DramaLab también del Foro Shakespeare. Los shows continuaron por casi una década.
“Dicen que el padre del stand up es Héctor Suárez Gomís, o Jorge Zárate o Felipe Nájera. Mucho padre, mucho padre, pero lo que no tiene el stand up es madre. Yo jamás he aparecido en las crónicas. Bah, no soy ni la primera ni la última, si supiéramos quién es Lotte Lenya, Bertolt Brecht no sería nadie”.
STAND UP ES POSICIONARTE
“El stand up es una disciplina escénica literaria donde se expresan los puntos de vista del autor por el autor, a través del sentido del humor. Es adoptar una postura, su nombre lo dice: levantarse, definirse. Por eso se requiere tener algo que decir y expresarlo a través del sentido del humor”, explica Salces.
“Me inicié en esto porque tenía una necesidad urgente de vomitar algo, de decir algo, de ser escuchada y mirada”, cuenta Adriana Chávez. Estudió artes plásticas, pero la comedia ha sido el mejor vehículo que encontró para expresarse. Para ella, antes de pronunciar un discurso, su sola presencia en el escenario ya es un discurso.
“Yo subo diciendo que soy lesbiana. Con pararme ahí, chaparrita, manflora, morena, ya estoy diciendo un chingo de cosas. La gente escucha a una persona a la que antes nunca le hubieran dado la palabra. Ahí ya hay una postura política, una vulnerabilidad emocional, porque mi sola existencia les incomoda a muchos”. Hace unos 30 años, comiendo en un restaurante con su novia, intentaron sacarlas porque un cliente se quejó.
Cada vez más standuperas lesbianas o no binarias están llegando a más escenarios en México. Karla León, la Kikis, es una de ellas. Aunque la disidencia sexual es uno de los temas que aborda, no es de los principales en su rutina, quizá lo fue en sus inicios, en 2010. Al igual que Adriana Chávez, para la Kikis antes era más importante ser referencia, desnormalizar la heterosexualidad. Ahora, hay que normalizar que son más que una identidad o expresión de género.
Blanca Salces se formó en la escuela de la actriz Stella Adler, en Los Ángeles. Foto: Cortesía.
Adriana Chávez estudió en 2008 con la actriz y comediante feminista Ana Carolina radicada en Nueva York, durante una estancia que la humorista tuvo en México. Se inició en 2009 en el Café 22, un espacio del productor teatral y activista Jaime Morales. En ese lugar se presentaba Felipe Nájera. También Héctor Suárez Gomís, con su show de stand up comedy “El pelón en los tiempos del cólera”, el cual duró de 2008 a 2016.
“Me gusta haber vivido los comienzos, cuando íbamos a las pizzerías o a las cafeterías a ofrecer las presentaciones y teníamos que explicar qué es stand up. Luego, cuando bajábamos del escenario, los dueños nos sugerían que mejor contáramos chistes”, recuerda Adriana Chávez.
El momento político y social actual ha permitido “que lo que dice un individuo sea importante. Por supuesto, también las redes sociales y el hecho de que ya no está el PRI y que Televisa dejó de tener tanta influencia”, opina.
Pero fue la llegada del canal Comedy Central a México en 2014 lo que generó un boom del stand up en este país. Sin embargo, le restó fuerza a los discursos políticos y, aunque se graban con público, los shows son concebidos para la televisión y de esa manera se alejan de su esencia teatral.
Además, “surgió mucha gente que no sabe lo que significa un adjetivo, un adverbio o una figura retórica. No saben hacer esos ejercicios, que es de donde sale la técnica”, lamenta Blanca Salces.
Y lo peor: “el stand up se empezó a hacerse muy agresivo, misógino y comercial. Muchas seguimos tratando de mantenernos dentro de un humor ético y combativo”, pero nuevamente las mujeres y sus propuestas fueron dejadas a un lado.
Adriana Chávez estudió en 2008 con la actriz y comediante feminista Ana Carolina radicada en Nueva York. Foto: Ray Contreras.
LA MUJER CÓMICA ES UNA MUJER LIBRE
Antes de los últimos movimientos feministas, “las mujeres que hacían stand up, como Gloria Rodríguez, Blanca Salces o incluso Sofía Niño de Rivera, tenían de dos: o se adecuaban masculinizando su discurso y haciendo uso de los tópicos que ‘les tocaban’, o eran olvidadas”, reflexiona Itzel Arcos.
El humor en las artes escénicas ha sido menospreciado. Si un actor o una actriz no contaba con las características físicas hegemónicas para protagonizar obras, películas o telenovelas, lo que les quedaba era la comicidad. Sin embargo, esto ha sido peor para las mujeres.
Itzel Arcos dice que “el arquetipo del cómico es un vato que no está de acuerdo con la sociedad, no es guapo y es poco hábil para ciertas cosas, pero tiene personalidad. Es como una persona errada en el mundo, pero con genialidad”.
Con las mujeres es parecido, las cómicas no coinciden con el estándar colonial de belleza. “Pero es todavía más enfático o más cruel. Si es gorda, si es chaparra, lo que le queda es ser chistosita y hacer mofa de ser solterona. Confirmar su estado de derrota”.
Ellas difícilmente podrán ser vistas como intelectuales, un grado al que se ha elevado a algunos cómicos. Tampoco tienen las mismas oportunidades para desarrollar y mostrar esa personalidad genial que es alabada a los hombres, al contrario, se enfrentan a varios obstáculos. Hay pocas referencias de mujeres cómicas y las que conocemos no han sido valoradas, apunta.
Itzeguanita Pitumayo menciona a las humoristas Blanca Castrejón y Fanny Kaufman, La Vitola. Pero sus papeles en el cine mexicano siempre fueron secundarios, nunca protagonizaron películas como sí lo hicieron Cantinflas o Tin Tan. “La primera, aunque sea problemático, fue (María Elena Velasco) La India María, ella sólo se dedicaba a hacer comedia”.
Así que a las primera standuperas en México les tocó tiempos difíciles. Todavía muchas siguen replicando discursos misóginos, de burla hacia ellas mismas “y también es un asunto generacional. Pero al final, sus luchas para abrir espacios han sido loables. A ellas les costó sangre. Valoro mucho que llegaron a un mundo triplemente más misógino, donde no había otra cosa. Ahora al menos hay un cuestionamiento, pero en ese momento ni eso”.
—¿Cómo sería el arquetipo de la mujer cómica una vez que muchas han tomado conciencia de la importancia de su presencia y otras han encontrado en el stand up un espacio de lucha feminista?
—Me la imagino con libertad. Una mujer cómica es libre, es una sobreviviente, lo he visto en las buenas cómicas, por ejemplo, Hannah Gadsby es una sobreviviente. El humor es una manera de mostrarse al mundo y sobrevivir. La mujer cómica tiene una gran agudeza, al menos eso es lo que estamos formando.
Si yo tuviera un deseo sería que pudiera alcanzar un estatus de seriedad, de la seriedad que el humor merece. Que deje de ser la defectuosa y que por eso tenga que ser chistosita. Que se reconozca su lugar, ser comedianta es importante y es muy difícil.
LA PERSONALIDAD Y LA VERDAD ESCÉNICA
En sus inicios, “el stand up fue un parteaguas en la libertad de expresión en Estados Unidos. Al hacer reír, ayudó a avanzar la lucha por los derechos civiles y humanos porque se hablaba de cosas importantes”, señala Blanca Salces. Y luego pondera: “no es para aleccionar ni para dar conferencias. En mis rutinas, yo no les voy a decir la verdad. Les voy a dar mi humilde opinión, voy a compartir lo que pienso”.
El género, continúa, es una herramienta de reflexión social. Pero tiene un doble filo y por ello hay que tener cuidado, advierte: al hacer humor de un problema social éste se puede banalizar, o la gente puede restarle peso y dejar de inconformarse o exigir un cambio.
El stand up que hace Blanca Salces es claramente político. No es precisamente feminista, puntualiza. Los temas que aborda en sus rutinas son: justicia social, igualdad, denuncia de la corrupción y derechos de las mujeres. “Soy anticapitalista y antineoliberalista”, se define.
“Para escribir un guion de stand up se requiere mucha investigación de fondo. Más que documentación académica, es buscar lo que se equipara a lo que quieres decir desde la parte vivencial, empírica y espiritual hasta la parte técnica de los nombres. Por eso es tan fácil detectar cuando alguien está plagiando, porque el origen de la creación es muy detectable”.
Quizá no requiere el mismo nivel que la actuación, “pero es una disciplina escénica literaria. Si tienes la preparación actoral ya tienes la presencia escénica trabajada, ahora debes desarrollar tu personalidad”. Sin embargo, “a los actores nos asusta presentarnos como nosotros mismos”, sin la protección de un personaje evidentemente ficticio.
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Su personalidad en el stand up, dice, es muy parecida a quien le gustaría ser y la que intenta ser la mayor parte del tiempo: “amable, receptiva y empática. Alguien que sospecha que no está sola en el mundo, que lo que piensa quizá es absurdo, pero le puede interesar a alguien más. No intento imponer mis puntos de vista”.
El stand up “es también una verdad escénica”, dice Adriana Chávez. “Aunque sea la vez 100 en la que repites la rutina, la sientes como la primera. A un actor le debe algo así en una obra de teatro, pero es distinto porque representan un personaje. Aquí eres tú, es tu vulnerabilidad”.
La primera vez que subió a un escenario para decir que era lesbiana sintió claramente esa vulnerabilidad, pero también la fuerza de la verdad escénica. “A estas alturas, si una mujer dice ‘hola, soy lesbiana’ ya no pega igual. Hace 12 años era diferente, la banda se sacaba de onda”.
En 2020 Adriana Chávez fue diagnosticada con diabetes y en este 2021 decidido llevar su vivencia al escenario. “Fue muy fuerte, de repente hacía una mención sobre eso y se me quebraba la voz”.
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Blanca Salces considera que quienes hacen stand up son “el filtro para tratar un tema. No es hablar sobre qué me ha pasado en la vida, porque eso dura muy poquito. Es un error típico de principiante en el que muchos se quedan instalados. No se viene al stand up a hablar de tus problemas. Se puede, pero cuando ya los tienes elaborados y es para expresar algo. La anécdota no se cuenta para decir cómo manejo las situaciones, sino porque quiero ilustrar el punto del que quiero hablar”.
Hace unas semanas, Adriana Chávez se topó en Netflix con el documental de la standupera estadounidense Tig Notaro y le voló la cabeza. “Hola, ¿cómo están? Yo tengo cáncer”, dijo la humorista al salir a escena apenas a unas horas de haber sido diagnosticada. Elshow fue épico, llevó al público de la risa a la empatía, al dolor y de nuevo a la risa.
Tiempo después Tig Notaro fue más allá. “Empezó a hablar sobre la incomodidad, porque tiene una doble mastectomía, y un día en un show se quitó la camisa y terminó su rutina con el torso desnudo. ¡Qué manera de vulnerarte! O sea, eso se volvió un happening (manifestación artística)”, considera.
“¿Cómo estoy abordando yo mi enfermedad en el discurso del stand up? Desde mi miedo, desde la tristeza, la culpa, el juicio, porque así es como me siento y como me hace sentir la sociedad también”.
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ALUMNAS Y MAESTRAS
“Yo venía del método de Blanca Salces, que se basa en el discurso político”, rememora Itzel Arcos. En ese momento también estaba entrando de lleno al activismo. “La primera rutina que hice fue feminista. No había entonces mujeres que hicieran una rutina desde la perspectiva que yo la hacía, politizándola directamente. Había mujeres feministas, pero no lo decían, no lo usaban en sus tópicos o lo hacían bastante escondido”.
La Mala Marquina es otra de las primeras standuperas feministas. “Pero veníamos de líneas diferentes, ella fue alumna de Gloria Rodríguez y más bien mezclaba un poco de lo que vivía y yo investigaba para generar un método”, explica Itzel. Por ejemplo, una de sus rutinas es sobre las princesas de Disney. “Las cuestiono y cambio las historias. Es meterse a las narrativas y modificarlas, dejar de hacer chistes donde las mujeres siempre pierden. Dejar de hacer chistes donde hay una pauta de fracaso”.
En el 2017 comenzó a dar talleres, “fue el primero de stand up feminista”. En ese año el Paro Internacional de Mujeres convocó a más de 50 países, entre ellos, México. El país llevaba más de una década en una supuesta guerra contra el narcotráfico, declarada por el presidente Felipe Calderón en 2006, y eso expandido y profundizó la violencia contra las mujeres. El alto número de feminicidios y desapariciones ya no sólo se reportaba en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino en todo el territorio mexicano.
Itzel arcos comenzó a dar talleres en 2017. Foto: Standup FeministaMx
En la Ciudad de México “vino una gran ola de inconformidad. El impulso del taller y la búsqueda de otras formas de lucha detonaron el stand up feminista”. Ahora hay otras standuperas que se asumen feministas y que están replicando lo aprendido con Itzel o con otras cómicas. Quizá esta sea otra característica de las mujeres en el stand up: están compartiendo lo que saben.
“Pronto daré un taller, nunca lo he hecho. Será más bien como un laboratorio para tomar conciencia de lo que hacemos en el escenario”, dice Adriana Chávez. Prepararlo es un proceso creativo y de reflexión que por sí mismo ya vale la pena.
En la elección de temas una amiga suya le dijo: “hacia donde te cueste trabajo ir, es a donde tienes que ir. Esa podría ser una pinche frase de poder mía y de muchas. ¿Cuántas hemos caminado hacia donde nos dicen que no vayamos? No digas que eres lesbiana porque te van a vetar, no estudies ballet porque te dirán que eres maricón”.
LA PEDAGOGÍA DEL HUMOR
En los talleres de Itzel Arcos hay una búsqueda de la voz propia o de la recuperación de ésta. Su voz como mujeres, como autoras e intérpretes de sus creaciones y como transmisoras de su visión del mundo. Lo que para ella ha sido innato lo ha querido compartir. “Siempre he sido una persona muy cercana a mí y eso ha sido fundamental para sobrevivir a mi historia” de abusos. “He estado ahí para mí”.
Desde niña, “tuve la fortuna, el privilegio, el don de estar cercana a mí y escuchar mi voz. Nos salvaguardamos a pesar de la tormenta”. Es parte de lo que quiere transmitir con su taller, pero también quiere que nos riamos de lo que antes nos asustaba y que rechacemos lo que antes nos causaba gracia, como el más simplón chiste misógino de la suegra o la esposa celosa y fodonga. “Sería como empezar una pedagogía del humor”.
No es poco ambicioso su proyecto. “Sigo pensando hacia dónde llevarlo, cómo nombrarlo. Justamente como es feminista, avanza con el movimiento y la coyuntura”. Pero la pandemia de covid-19 desaceleró la inercia lograda. “Siento que estamos en un momento de calma antes del huracán de un gran cambio”.
Sin embargo, a su pedagogía del humor en ciernes se opone la pedagogía de la inmediatez que imponen las redes sociales. “Estamos en un momento en el que los procesos largos y profundos que puede brindar el arte lucha mucho con esto. Y no quiero que sea una actividad que se quede en el espectáculo, en el show, en el objeto, sino que vaya a otro nivel, que sea arte y al serlo, provoque a transmutar”.
EL MACHISMO, EL PINCHE METEORITO
El humor te desnuda en todo sentido. El chistorete que te avientas y de lo que te ríes habla muchísimo de ti, de tus prejuicios o tu deconstrucción, dice Itzel Arcos. Y el humor en el stand up está plagado de misoginia, “pero no sólo en los contenidos, sino también en quien produce los shows” y en los compañeros.
Las mujeres han ido ganando presencia en la escena del stand up mexicano con mucho trabajo y cuando comenzaron a ser visibles, algunos hombres se negaron a ceder los espacios que monopolizaban.
“El stand up se masculinizó demasiado, aun cuando yo formé más standuperas y en realidad hay más mujeres haciendo esto”, dice Blanca Salces. “Empezaron a tomar casi todos los espacios y hasta para tomarlos lo hicieron desplegando esa forma agresiva de la masculinidad tradicional”.
Un grupo llegó “al extremo de plantarse con un show que se llamaba ‘7 machos’, con el que legitimaban su derecho a machinear y volver a inundar la escena desde la perspectiva del macho”. El humor de muchos de los hombres famosos, y que más ganan, no es ético, subraya Salces. “Para ellos todavía rifa burlarse de las mujeres o de las personas con discapacidad, por ejemplo”.
Y no es que deban ser políticamente correctos, “no hay problema con burlarse de Marcial Maciel, de Emilio Lozoya, de Genaro García Luna, porque ahí estás siendo irreverente. La irreverencia va para quien el sistema dicta que debe ser reverenciable porque detenta poder. No puedes serlo con los grupos que históricamente han sido oprimidos, porque ellos evidentemente no reciben reverencias”, explica.
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Las mujeres “somos quienes hemos hecho todas estas reflexiones y con base en ellas hemos creados otros discursos. Pero para la industria somos las chairas, las feministas, las rebeldes”, y por ello, han quedado excluidas de la mayoría de los espacios. O agredidas de muchas formas. “Me han llegado a mandar a gente del PRI a mis shows”, dice Blanca Salces.
“En los talleres cuidé mucho que hubiera una formación responsable y que eso se reprodujera. Pero pudieron más los Ricardo O’Farrill y su familia, y las Sofia Niño de Rivera y los millones de su padre, que dirigió Banco Azteca y ahora preside la Asociación de Bancos de México (ABM). Pero esos nichos de la oligarquía no son eternos, querían ser famosos y lo lograron en un momento en el que los Chumel Torres rifaban”.
En 2017, la standupera Myr Ramírez denunció en sus redes sociales que el comediante Fredy El Regio la encerró en el baño del bar El Woko, poco antes le había enviado la foto de su pene sin el consentimiento de ella. “Mi error fue insistir”, dijo él después en una entrevista.
Poco después, 76 standuperas agrupadas en la colectiva Precaución Mujeres Sobreviviendo (PMS) apoyaron a su colega y señalaron que las agresiones sexuales contra las mujeres son comunes en el stand up mexicano, pero muchas no se atreven a denunciar. Ahora Myr Ramírez es una de las humoristas más conocidas y también está impartiendo talleres.
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Para muchas personas, las mujeres han sido como intrusas en el stand up y todo el ambiente alrededor: la noche no les pertenece, no deberían estar trabajando en los bares, no deberían tomar la palabra y triunfar.
Y si para el stand up en general hay pocos lugares para las presentaciones, hay mucho menos para las standuperas en resistencia con discursos políticos. La falta de lugares seguros para las mujeres es otro problema.
“El Woko es donde han ocurrido la mayoría de las agresiones. Ahí se hicieron los castings para Comedy Central”, es un lugar “acreditado”, al que algunas standuperas han decidido no regresar, señala Adriana Chávez. Pero quizá a los dueños del lugar no les interese mucho, pues su taquilla se agota con Franco Escamilla o Ricardo O’Farrill, quien fue exhibido en redes sociales por hacer un chiste sobre cómo se excitó por ver a un niño.
“Sí, el humor te desnuda, pero desnuda más al público. Indigna más que vayan a ver a siete machos que hacen pura cochinada, que además es plagiada. Al que encuera más es el que se ríe”, opina Blanca Salces. “El stand up puede llegar a ser arte. Es una herramienta para liberar a marginados, no para empoderar a violentadores”.
“A mí no me interesa censurarlos”, dice Adriana Chávez. “Lo único que quisiera es que se abrieran otros espacios para nosotras. Ellos poco a poco se van a extinguir, como los dinosaurios, porque el mundo sigue cambiando y desde sus privilegios no se quieren dar cuenta. Pero eso será el pinche meteorito que los extinga”, vaticina.
Ha pasado 15 años desde el primer show de stand up que dio Blanca Salces y más de 13 años de su primer taller. Itzel Arcos recibió rosas en el escenario hace unas semanas al cumplir cuatro años con su taller feminista y sigue replanteando en qué irá a parar. “He pensado en cambiarle el nombre, porque los términos importan y porque, además, yo que me nombro feminista decolonial, me da mucha risa que hago stand up”, dice.
Adriana Chávez está preparando su primer taller-laboratorio. “Me gusta el momento”, suspira. “Sigo sintiéndome poco valorada, yo y muchas deberíamos estar ganando esos premios que les dan a ellos, teniendo esos reconocimientos y ganando esos millones. Pero la soledad que sentía, esa sensación de dar golpes al aire ya se me quitó”.
El reportero Jason Buch tuvo acceso a documentos judiciales del caso en Estados Unidos contra Héctor Javier Villarreal Hernández, extesorero del estado de Coahuila, funcionario acusado de lavar millones de dólares en bancos estadounidenses que no parecen haber hecho lo suficiente para evitar el blanqueo del dinero
Esta historia es parte de Reporting the Border, un proyecto del Centro Internacional para Periodistas en asociación con el Border Center for Journalists and Bloggers. Los reporteros y editores de investigación independientes (FIRE) brindaron asistencia en la elaboración de informes para esta historia.
Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).–Cada vez que los empleados del Chase Bank en Texas le preguntaban a Héctor Javier Villarreal Hernández cómo ganaba su dinero, él daba una respuesta diferente.
Decía que provenía de los negocios de restaurantes de su familia en México, o de una concesionaria de Mercedes Benz que poseía, o de la venta de aviones que entregó al estado de Coahuila, que limita con Texas desde Laredo hasta el parque nacional Big Bend.
Los empleados del Chase investigaron a Villarreal Hernández una y otra vez entre 2008 y 2010, según los registros judiciales presentados en San Antonio y Corpus Christi. La cantidad de dinero aumentó de varios miles de dólares en depósitos en efectivo a decenas de millones de dólares en transferencias electrónicas desde México.
Los documentos judiciales detallan lo que expertos en lavado de dinero consideraron una serie de señales de alerta: Villarreal Hernández dio explicaciones contradictorias y siempre cambiantes sobre su riqueza.
Trató de ocultar al Chase que, de hecho, era uno de los funcionarios públicos más poderosos de Coahuila.
Fue arrestado por autoridades mexicanas en 2011 acusado de defraudar al Gobierno de Coahuila. Pero, a pesar de todo eso, el banco siguió haciendo negocios con él hasta febrero de 2012, es decir, cuando un investigador de la Procuraduría General de Texas entró en una sucursal del Chase en la zona norte de San Antonio con una orden de registro en busca de información sobre las cuentas de Villarreal Hernández.
Héctor Javier Villarreal Hernández está preso en Estados Unidos.
El investigador encontró 6.5 millones de dólares que, según acusaciones en los documentos judiciales, el Chase sabía que pertenecían al extesorero del estado de Coahuila, distribuidos en ocho cuentas diferentes.
No hay indicios en los registros de la corte federal ni en disposiciones regulatorias de que el banco, o cualquier persona asociada con él, haya enfrentado alguna vez repercusiones por las decenas de millones de dólares que Villarreal Hernández y otros les robaron a los contribuyentes mexicanos que pasaron por sus cuentas durante cuatro años, según entrevistas y revisiones de registros de tribunales federales.
El dinero que pasó por las cuentas del Chase se utilizó para comprar un condominio en la Isla del Padre, una casa en San Antonio, un centro comercial, dos complejos de apartamentos, un lavado de autos, una gasolinera en Brownsville y una farmacia al otro lado de la calle de la sucursal del Chase en el exclusivo vecindario Stone Oak de San Antonio, donde los funcionarios confiscaron los 6.5 millones de dólares de Villarreal Hernández.
Una portavoz corporativa del banco Chase, Trish Wexler, se negó a hacer comentarios para esta historia.
Como el Texas Observer informó en mayo, Estados Unidos ha acusado a cleptócratas de cuatro estados mexicanos de lavar dinero a través del Chase y otros bancos estadounidenses en la última década. Funcionarios corruptos aceptaron sobornos por contratos inflados en México y luego usaron el dinero de los sobornos para comprar bienes raíces en Texas.
Después de que autoridades estadounidenses confiscaron decenas de millones de dólares en propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias, abandonaron sus investigaciones. Las acusaciones se detallan en cientos de documentos que se hicieron públicos durante un par de investigaciones de lavado de dinero realizadas por autoridades federales, estatales y locales en Texas.
Pero una operación federal llamada Politico Junction, y una operación similar denominada Green Tide, también ofrecen una descripción detallada de las transacciones bancarias y detalles de las investigaciones internas secretas que las instituciones financieras realizan de sus clientes.
Los registros judiciales que se filtraron durante la última década brindan información adicional sobre cuán dispuestos estaban los bancos a hacer negocios con funcionarios extranjeros como Villarreal Hernández, incluso cuando su actividad tropezó internamente.
El Texas Observer y el Anti-Corruption Data Collective, un grupo de investigadores y periodistas que abogan por políticas públicas y leyes para frenar la corrupción transnacional, revisaron las acciones tomadas por los reguladores federales contra los bancos mencionados en los documentos judiciales y encontraron que los bancos estadounidenses rara vez enfrentaron repercusiones graves por su implicación en el lavado de dinero.
Villarreal Hernández fue acusado formalmente en 2013 por un gran jurado en Corpus Christi como resultado de la Operación Politico Junction. En 2014, se entregó a agentes federales en la frontera de El Paso y fue trasladado a San Antonio, donde los fiscales federales revelaron una acusación adicional en su contra. Se declaró culpable de delitos de lavado de dinero y acordó entregar millones de dólares que los fiscales habían incautado de sus cuentas bancarias.
En los registros judiciales se mencionan más de una docena de bancos, pero los documentos ofrecen diversos grados de detalle y parte de la información permanece sellada. Los documentos publicados relacionados con demandas de decomiso de activos y juicios penales en San Antonio y Corpus Christi pintan una imagen particularmente detallada de la relación de Villarreal Hernández con el Chase, uno de los tres bancos que continuó haciendo negocios con personas que luego admitieron haber lavado dinero después de investigar la actividad sospechosa de esos clientes, según muestran los registros judiciales.
Al menos cinco bancos aceptaron nuevos clientes que recientemente se vieron obligados a abandonar otras instituciones financieras debido a actividades sospechosas, según los documentos.
Fiscales locales y federales consideraron a los bancos como víctimas de fraude. Dijeron que Villarreal Hernández y otros funcionarios estatales y municipales de todo México mintieron repetidamente a los empleados del banco para ocultar el hecho de que eran servidores públicos. Tenían buenas razones para mentir.
Según los fiscales, los funcionarios de cuatro estados mexicanos estaban operando un complejo esquema de sobornos y lavado de dinero, aceptando sobornos de contratistas del Gobierno y lavándolos en EU. Cientos de millones fueron estafados a los contribuyentes mexicanos; sólo la deuda de Coahuila ahora asciende a más de mil millones de dólares, de los que, al menos 100 millones, se lavaron a través de bancos y transacciones inmobiliarias en Texas.
Según la ley estadounidense, esos funcionarios eran personas políticamente expuestas, o PEP, un término que generalmente incluye a funcionarios extranjeros actuales y anteriores y a sus familias. Se espera que los bancos estadounidenses tomen medidas para saber si sus clientes extranjeros son PEP y establezcan políticas para garantizar que no estén lavando dinero a través del sistema financiero del país.
En la corte a principios de este año, Villarreal Hernández testificó que los banqueros estadounidenses sabían que sus clientes eran servidores públicos mexicanos. “Nunca nos preguntaron si trabajábamos para el Gobierno porque ya lo sabían”, le dijo a un juez en mayo.
Al menos cinco bancos aceptaron nuevos clientes que recientemente se vieron obligados a abandonar otras instituciones financieras debido a actividades sospechosas.
Funcionarios de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas procesaron a los cleptócratas mexicanos que lavaron dinero a través del Chase y varios bancos del sur de Texas, pero no respondieron preguntas para esta historia.
La ley de EU exige que los bancos tomen medidas para frenar el lavado de dinero, incluida la emisión de informes sobre transacciones sospechosas a la Financial Crimes Enforcement Network, una sucursal del Departamento del Tesoro conocida como FinCEN.
Las regulaciones requieren que los bancos averigüen cómo ganan su dinero sus clientes. Pero los documentos judiciales en esos casos recientes de cleptocracia en Texas plantean preguntas sobre si los bancos estadounidenses se toman en serio la eliminación del lavado de dinero, o si solo están marcando casillas y avanzando, dijeron los expertos en lavado de dinero.
“Los bancos se dan cuenta de que es el costo de hacer negocios”, dijo Alvan Romero, exagente especial de la división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos. “Ganan mucho dinero haciendo negocios con personas corruptas. Pero si los atrapan, hacen una evaluación de riesgos. Tienen que pagar a los abogados y tienen que pagar multas, pero creo que lo han incorporado a su modelo de evaluación de riesgos”.
En algunos casos, los bancos cerraron las cuentas de clientes sospechosos, demostrando que tenían la capacidad de investigar y actuar si así lo deseaban.
En 2008, después de que no respondió a sus preguntas, el Chase terminó su relación con Jorge Juan Torres López, otro alto funcionario de Coahuila.
Las interacciones de Torres López con el banco habían sido sospechosas desde el principio, aseguraron los fiscales posteriormente. Después de que Villarreal Hernández lo presentara con los banqueros, Torres López transfirió millones de dólares desde México a cuentas bancarias del Chase en Estados Unidos, luego a una cuenta de inversión de Bermuda que un asesor financiero del Chase le había vendido.
Según los registros judiciales, Torres López pidió a los banqueros que borraran los registros de sus transferencias electrónicas y luego exigió que sus declaraciones fueran enviadas a la casa de un banquero en Estados Unidos, no a su propia dirección en México. El nombre del banquero no figura en los registros judiciales.
Jorge Juan Torres López fue Gobernador interino de Coahuila. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.
Paul Pelletier, profesor de derecho y exfiscal de delitos financieros del Departamento de Justicia de EU, revisó extractos de los documentos judiciales y calificó la solicitud de un funcionario extranjero de enviar las declaraciones a la dirección personal de un banquero como “la mayor alerta roja que vi allí “.
“¿Cómo podría estar bien?”, se preguntó Pelletier. En ese momento, el banquero debió rechazar inmediatamente al cliente, dijo. “Estás hablando de una PEP. Cierra el libro, apaga la vela, toca la campaña. El experimento ha terminado. Esa cuenta definitivamente no está abierta”. Dijo que los años de actividad sospechosa detallados en los registros judiciales de las operaciones Green Tide and Political Junction y la naturaleza fortuita de la investigación de Villarreal Hernández —una fuerza de tarea contra delitos financieros con sede en Texas comenzó a investigarlo después de que lo detuvieran en el este de Texas con 67 mil dólares en efectivo— muestran las deficiencias en los procedimientos bancarios y en la forma en que EU procesa los delitos financieros.
Algunas de las transferencias bancarias sospechosas que desencadenaron la investigación del banco sobre Torres López involucraron a Villarreal Hernández. Pero el banco aceptó las explicaciones de Villarreal Hernández y siguió haciendo negocios con él, según muestran los registros. “Está muy claro que ninguna de sus respuestas es satisfactoria, y no hay nada que esté diciendo allí que realmente genere ese tipo de dinero rápido”, dijo Pelletier. “Es una tontería”.
Sólo dos bancos mencionados en los documentos judiciales enfrentaron el castigo de los reguladores en los casos de Operation Politico Junction, ambos por no informar sobre actividades financieras sospechosas al FinCEN. Sólo el Lone Star National Bank de la localidad de Pharr, Texas, enfrentó sanciones graves: 2 millones de dólares en multas civiles por no implementar repetidamente protocolos suficientes contra el lavado de dinero.
Las revisiones del Observer y del Anti-Corruption Data Collective de las acciones tomadas para hacer cumplir la ley por parte de los reguladores federales durante los últimos 10 años encontraron solo otro banco que fue castigado por su papel en el lavado de dinero descubierto por Green Tide y Politico Junction.
Villarreal Hernández, quien está libre bajo fianza esperando sentencia por cargos de conspiración para lavar dinero, no quiso hacer comentarios para esta historia. Su abogado, Michael Wynne, dijo que no podía discutir los detalles de la Operation Politico Junction, pero sugirió tener cuidado para no sacar conclusiones sobre banqueros individuales con base en los registros judiciales.
Wynne, un exfiscal federal que ha estado involucrado como abogado privado en litigios civiles contra varias instituciones financieras importantes, dijo que los empleados bancarios a menudo simplemente siguen políticas internas y no es probable que tomen medidas que alejen a los clientes.
Estados Unidos tiene una de las leyes bancarias más estrictas del mundo, pero las regulaciones en sí son intencionalmente vagas, dijo William Watkins, un antiguo banquero de Texas y exregulador federal.
La idea es permitir que los bancos desarrollen políticas contra el lavado de dinero en función de su tamaño y base de clientes, que luego estén sujetas a revisión por parte de los reguladores.
Las leyes bancarias requieren que las instituciones financieras emitan lo que se denominan “informes de actividades sospechosas” cuando les preocupen las transacciones de sus clientes.
Estos informes, conocidos como SAR, se envían al FinCEN, que los analiza en busca de tendencias; las unidades regionales de SAR los analizan en busca de pistas criminales.
Los bancos pueden cerrar cuentas y exigir que los clientes se vayan a otra parte, pero esto suele estar motivado por consideraciones comerciales, no por leyes, dijo Watkins. Establecer un estándar en toda la industria para el cierre de cuentas sería “demasiado oneroso”, dijo Watkins.
Estados Unidos tiene una de las leyes bancarias más estrictas del mundo, pero las regulaciones en sí son intencionalmente vagas, dijo William Watkins, un antiguo banquero de Texas.
No está claro en los registros judiciales si el Chase emitió informes SAR después de que investigó a Villarreal Hernández y a Torres López. Los informes son tan secretos que los agentes federales no pueden hacer referencia a ellos en sus declaraciones juradas. Si el Chase emitió informes SAR sobre las transacciones sospechosas de Villarreal Hernández, esa puede ser la razón por la que el banco nunca se enfrentó a un castigo.
Los reguladores federales pueden cerrar los bancos que no cumplan con las leyes contra el lavado de dinero y los fiscales pueden acusar a los empleados de los bancos, pero ambas acciones son raras.
Cuando los bancos son castigados, las multas rara vez son lo suficientemente importantes como para desincentivar los negocios con clientes de alto valor involucrados en actividades sospechosas, dijeron expertos en la lucha contra el lavado de dinero. Tan pronto los bancos advierten sobre actividades sospechosas, generalmente quedan vacunados contra el castigo. Pero el secreto y el gran volumen de informes SAR hacen que sea difícil para las fuerzas del orden tomar acciones: el FinCEN recibe más de 2 millones de informes SAR al año.
Pelletier ha pedido un “zar del crimen de cuello blanco” para coordinar las investigaciones financieras y capacitar a los fiscales federales. El esquema de lavado de dinero poco sofisticado que empleó Villarreal Hernández podría haberse identificado fácilmente mediante un análisis integral de los informes SAR, dijo Pelletier. “Esto es algo tan burdo que si alguien tiene los sistemas correctos de datos correctos… sería capturado en un minuto de Nueva York”, dijo. “Necesitamos comenzar a descubrir cómo abordar los delitos financieros en el siglo XXI”.
Después de que el Chase cerró su cuenta, Torres López recurrió a una de las personas que le pagaban sobornos, un residente de Mission, Texas, y magnate de la pavimentación llamado Luis Carlos Castillo Cervantes, para que lo ayudara a lavar dinero. Para obtener contratos de pavimentación en Coahuila, Castillo Cervantes testificó en mayo, pagó sobornos a Torres López y a Villarreal Hernández, quienes luego lavaron una parte de ese dinero en EU.
Castillo Cervantes testificó que, a finales de los 90 o principios de los 2000, compró alrededor del 7 por ciento del Inter National Bank de McAllen por entre 3 millones y 4 millones de dólares.
Los fiscales alegaron que Castillo Cervantes, quien no quiso hacer comentarios para esta historia, usó su propiedad de Inter National para ayudar a los funcionarios a lavar los sobornos que les pagó.
En algún momento, según los fiscales, incluso organizó una reunión entre un lavador de dinero profesional llamado Guillermo Flores Cordero y un PEP llamado Óscar Gómez Guerra con funcionarios bancarios. (Gómez Guerra fue acusado en 2014 de cargos de conspiración para lavar dinero y por operar un negocio de transferencias de dinero sin licencia. Actualmente está prófugo).
Las cuentas que abrió Flores Cordero se utilizaron para lavar alrededor de 30 millones de dólares a través del Inter National Bank, según registros judiciales. Al menos otro banco se dio cuenta de su plan: en 2011, Wells Fargo cerró sus cuentas.
Pero cuando se declaró culpable de conspiración para lavar dinero en 2014, entre los activos que Flores Cordero acordó entregar estaba un certificado de depósito de 3.87 millones de dólares en certificados de depósito del Inter National. Flores Cordero también acordó entregar casi 350 mil dólares en cuentas que él y su esposa tenían en HSBC y casi 1 millón de dólares que tenían en UBS, ambos bancos que, según los fiscales, investigaron su actividad sospechosa en 2011 y 2013, respectivamente.
En al menos cuatro ocasiones entre 2008 y 2012, según muestran los registros judiciales de Green Tide y Political Junction, cuando un banco decidió terminar su relación con un presunto blanqueador de dinero, otro banco estuvo listo para hacer negocios con ellos, a sólo 24 horas después.
Edward Rodríguez, un ex agente del IRS (el servicio de impuestos de EU), dijo que no existe una vía formal para que los bancos compartan información sobre clientes sospechosos.
Cuando trabajaba en las oficinas centrales del Departamento del Tesoro en 2007 y 2008, dijo Rodríguez, algunos bancos propusieron crear una base de datos centralizada de clientes que fueron obligados a irse debido a actividades sospechosas.
“Fue una buena idea, pero nunca sucedió realmente”, dijo Rodríguez. “El problema es que básicamente se están pasando la pelota”.
Ningún empleado del Inter National o de Banorte, el gigante bancario mexicano que era propietario mayoritario del primero en ese momento, fue acusado como parte de ese caso de lavado de dinero. Pero los reguladores financieros estadounidenses sí tomaron medidas en contra de Banorte. Brian Anthony Simmons, en ese momento el director de cumplimiento de Banorte, fue suspendido por 30 días. Los reguladores financieros de EU encontraron que Banorte había sido lo suficientemente negligente como para garantizar una multa de 475 mil dólares, aproximadamente el 1.7 por ciento del dinero que Flores Cordero y otros lavaron en el banco.
Castillo Cervantes se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero en 2017 y fue sentenciado a libertad condicional a principios de este año. Como parte del arreglo que hizo con las autoridades, acordó entregar 5 millones de dólares, así como autos y joyas incautados en su casa. Testificó en mayo que cuando vendió sus acciones del Inter National (una familia de Texas las compró en 2017) ganó entre 25 y 28 millones de dólares.
Rodríguez, el exagente del IRS que trabajó en casos de lavado de dinero y fraude, dijo que la multa impuesta a Banorte no es suficiente para disuadir a los bancos de hacer negocios con figuras como Castillo Cervantes y Flores Cordero. “Estos bancos tienen tanto dinero que pueden sobrevivir a cualquier sanción que se les vaya a cobrar”, dijo Rodríguez. “Pagan la multa y siguen adelante”.
El Ayuntamiento de Tecamachalco dijo en un primer momento que el ataque de sus elementos de seguridad se debió a una confusión, pero tanto el Gobierno de Puebla como la Fiscalía han atribuido lo sucedido a una ejecución.
Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).– El Secretario de Seguridad Pública de Tecamachalco, Alejandro Santizo Méndez, su escolta Hipólito González, así como 12 agentes municipales han sido detenidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Puebla acusados del asesinato de tres agentes estatales de investigación, en un caso que ha generado dudas sobre la actuación de la corporación de seguridad del municipio poblano y, sobre todo, de su titular.
El Jefe de Policía Santizo Méndez es vinculado al grupo del exsecretario de Seguridad de Puebla durante el Gobierno de Rafael Moreno Valle, Facundo Rosas, quien también fuera colaborador en la Policía Federal de Genaro García Luna, actualmente preso por narcotráfico en Estados Unidos. Además ha sido relacionado con la supuesta protección de grupos huachicoleros, situación que en el pasado le ha valido cuestionamientos por parte de la industria privada.
Alejandro Santizo llegó a Puebla por invitación, precisamente, de Facundo Rosas, según consigna la prensa local, primero al frente de la Seguridad en el municipio de Puebla, durante el Gobierno de Antonio Gali Fayad y luego con Luis Banck, es decir de 2014 a 2018. Ese cargo lo dejó, de acuerdo con los mismos reportes, por la falta de resultados.
Alejandro Santizo es parte del grupo de Facundo Rosas. Foto: Twitter @ASM761025
La @FiscaliaPuebla detiene al Secretario de Seguridad Pública de Tecamachalco y a su escolta,quienes de acuerdo a información preliminar habrían asesinado a 3 Agentes Estatales de Investigación. También se detuvo a 12 policías municipales para determinar su posible participación. pic.twitter.com/H9vj6wwFtu
Su mentor Facundo Rosas dejó en 2015 la Secretaría de Seguridad de Puebla luego que gente a su cargo fuera detenida por su colusión en el robo de combustible. Uno de esos hombres, el director general de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López, fue llevado por Santizo, quien además fue mencionado en aquel entonces como perteneciente a una red de policías que protegían a huachicoleros.
“Lo primero es que no contraten, que no encarguen la Seguridad Pública a quienes fueron responsables de una época negra de la Seguridad Pública en el pasado reciente”, dijo este lunes en conferencia de prensa el Gobernador Miguel Ángel Barbosa Huerta sobre la trayectoria de Alejandro Santizo Méndez e incluso aseguró que si el Alcalde de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos —hijo de Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena— lo hubiera consultado sobre el mando policial, “le hubiera dicho que no lo contratara”.
Ahora, Alejandro Santizo Méndez vuelve a estar en el centro de la controversia como ha sucedido con las versiones sobre lo sucedido el viernes con la corporación que entonces encabezaba. El Ayuntamiento dijo en un primer momento que todo se debió a una confusión, pero tanto el Gobierno de Puebla como la Fiscalía han atribuido lo sucedido a una ejecución.
La misma noche de los sucesos, el Alcalde Ignacio Mier Bañuelos apareció en un video que circuló en sus redes sociales para asegurar que Santizo Méndez y su escolta Hipólito González “en cumplimiento de su deber, en cumplimiento de sus funciones como servidores públicos actuaron en esta confusión que lamentablemente por falta de coordinación, por falta de seguir los protocolos se suscitaron y que desembocaron en la pérdida de vidas humanas”.
La versión del Edil, que alegaba una supuesta confusión, fue desmentida horas después por el Fiscal del Estado, Gilberto Hilguera, cuando el sábado indicó en entrevista con medios que los elementos de la Agencia Estatal de Investigación atendían un “hecho delictuoso y elementos de la Policía Municipal de Tecamachalco acudieron a ese evento y dispararon”, asesinando a los agentes José Adrián Muñoz Huerta, José Guillermo Méndez Arellano y Miguel Sánchez Rosas.
El Fiscal poblano señaló que los tres agentes estatales de investigación que fueron asesinados tenían disparos en la cabeza.
“Es evidente que hubo posición de tiro, específica, para dispararle a nuestro personal, que en ningún momento dispararon”.
El lugar donde fueron asesinados los tres agentes estatales de investigación. Foto: Mireya Novo, Cuartoscuro.
Gilberto Hilguera aclaró que uno de los agentes de la Fiscalía que estuvo en el lugar del ataque quedó lesionado y “conoce perfectamente lo ocurrido”. Aclaró que una vez que tuvieron conocimiento de lo ocurrido se comunicó con el Alcalde Ignacio Mier Bañuelos para informarle que iban a detener a su personal.
“No opusieron resistencia y, por supuesto, si la hubieran opuesto los hubiéramos detenido de cualquier manera”, expresó el Fiscal.
Familiares, amigos y autoridades como el Gobernador Miguel Barbosa y el Fiscal Gilberto Higuera Bernal, rindieron un homenaje de cuerpo presente a los tres agentes ministeriales asesinados por policías municipales de Tecamachalco. Foto: Cuartoscuro.
Un día después, el domingo 21 de noviembre, durante la ceremonia luctuosa en honor a los tres agentes estatales de investigación, el Gobernador Barbosa Huerta atribuyó el ataque a un “hecho criminal”.
“Se trató de una ejecución, nunca el uso de la fuerza puede ser llevado a cabo a los extremos de hacer perder la vida a una contraparte, pero en este caso, no era contraparte, era parte de las instituciones que están comprometidas para mantener la seguridad pública, la investigación de delitos, allá en el municipio de Tecamachalco”, expresó el mandatario estatal.
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El sábado, el Alcalde Ignacio Mier Bañuelos indicó que pediría al Gobierno de Puebla que se encargue de la Seguridad Pública del Ayuntamiento. “Su servidor no puede permitir que derivado de esto entremos en una crisis de inseguridad, es por ello que solicitare, en las próximas horas, de manera muy respetuosa, al señor Goberbador, Luis Miguel Barbosa Huerta, para que asuma el control de la fuerza pública municipal”.
No obstante, este lunes el Gobernador Barbosa Huerta dijo que no existe ninguna petición formal del Gobierno de Tecamachalco para que sea el estado el que se haga cargo de la Seguridad Pública.
Ramón Muñoz Gutiérrez ha cobrado millones de pesos para capacitar a los liderazgos del panismo rumbo a los procesos electores de aquí hasta 2024, de acuerdo con contratos a los que tuvo acceso SinEmbargo.
Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).– El Partido Acción Nacional (PAN) puso su futuro en manos de Ramón Muñoz Gutiérrez, jefe de la Oficina de la Presidencia de Vicente Fox y miembro juramentado de la organización secreta El Yunque, quien cobra millones de pesos como responsable de la “planeación estratégica” y la capacitación de los liderazgos para ganar las elecciones estatales y federales hasta el 2024.
Muñoz Gutiérrez, cuyo seudónimo en El Yunque es “Julio Vértiz”, imparte cursos y conferencias motivacionales a militantes y dirigentes del PAN, como consta en documentos que obtuvo SinEmbargo, y que cobra a través del Centro de Innovación y Paradigmas, empresa que creó en 2012, después de ser Senador de ese partido.
Según las cláusulas de los contratos, este personaje, que fue mano derecha de Fox desde que fue Gobernador de Guanajuato, es la mente estratégica detrás de los dirigentes y gobernantes del PAN, a quienes imparte desde “coaching sobre ‘liderazgo con valores’”, “modelos de buen gobierno, creatividad e innovación”, hasta “ideas y acciones para contrarrestar las consecuencias políticas, sociales y económicas provocadas por el COVID-19”.
Muñoz Gutiérrez ha sido consejero personal del presidente del PAN, Marko Cortés, y el 7 de noviembre expuso en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) su plan “para establecer los objetivos estratégicos de las diferentes áreas con miras a consolidar a Acción Nacional como la verdadera alternativa de México”.
Ramón Muñoz en la reunión del CEN del pasado 7 de noviembre.
Ese día Muñoz Gutiérrez, quien se hace llamar “CEO del Centro de Innovación y Paradigmas”, detalló el plan estratégico para que el PAN gane las seis elecciones estatales en 2022, las dos de 2023 y la Presidencia de la República y el Congreso en 2024.
Además de los secretarios y coordinadores del CEN, así como las fundaciones Rafael Preciado y Konrad Adenauer, participaron en la reunión de planeación estratégica los coordinadores parlamentarios Jorge Romero y Julen Rementería, así como los responsables de alcaldes, Alejandra Gutiérrez; de diputados locales, Enrique Vargas del Villar; de síndicos y regidores, Luis Alberto Aguilera Orta, y jurídico, Raymundo Bolaños Azocar.
La reunión se produjo después de la filtración de un audio en el que Cortés reconoce que de las seis gubernaturas que se disputarán en las elecciones de 2022 sólo en Aguascalientes tienen posibilidades de ganar, un escándalo al que se sumó el Gobernador de esta entidad, Martín Orozco Sandoval, quien aseguró que a él personalmente le confesó que también es difícil ganar en 2024.
En la reunión de planeación estratégica, Cortés convocó a los asistentes “a dejar de lado las polarizaciones y mantenerse unidos para alcanzar el principal objetivo que la sociedad nos confiere: mejorar la calidad de vida de los mexicanos”.
En la reunión asistieron los coordinadores parlamentarios Jorge Romero y Julen Rementería, así como los responsables de alcaldes, Alejandra Gutiérrez; de diputados locales, Enrique Vargas del Villar; de síndicos y regidores, Luis Alberto Aguilera Orta, y jurídico, Raymundo Bolaños Azocar.
Según la información difundida por el CEN, “durante la reunión se dieron a conocer encuestas, en las que se confirma que Acción Nacional es la principal fuerza de oposición en México y la mejor alternativa de la sociedad para corregir el rumbo en el 2024”.
Estas encuestas las presentó como parte de su exposición sobre planeación estratégica Muñoz Gutiérrez, quien aconsejó a Cortés la coalición con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), con el fin de quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados y obligar al presidente Andrés Manuel López Obrador a pactar con ellos.
“LIDERAZGO CON VALORES”
Muñoz Gutiérrez, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, pero cuya carrera política la hizo en Guanajuato, donde también inició su militancia en la organización secreta y ultraderechista El Yunque, se promueve como “líder” en innovación gubernamental y motivación de cuadros políticos.
Y como tal se convirtió en contratista del PAN, cuyo presidente de la Comisión Política Nacional, Santiago Creel, fue su compañero en el Gabinete de Fox, entre 2000 y 2006, como Secretario de Gobernación.
Santiago Creel Miranda, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN y Ramón Muñoz Gutiérrez conversan durante una sesión en el Senado de la República en septiembre de 2006. Foto: Nelly Salas, Cuartoscuro.
Al menos desde 2019, cobra como asesor del PAN, según los contratos que obtuvo el reportero y que consignan el cobro de más de 2 millones de pesos al año.
Por ejemplo, el 1 de julio de 2019 el representantes legal de la empresa Centro de Innovación y Paradigmas, Ricardo Martín Rojero Rodríguez, firmó con el representantes del PAN, Omar Francisco Gudiño Magaña, un contrato por seis meses por el que cobró un millón 44 mil pesos, a razón de 174 mil pesos mensuales.
El objeto de la prestación del servicio de Muñoz Gutiérrez fue “para la capacitación de un programa de formación o coaching sobre ‘Liderazgo con valores’ mediante el cual los participantes aprenderán los conceptos que sostienen este modelo de formación y practicarán diferentes ejercicios para su aplicación práctica en el ejercicio de sus funciones, sobre todo en el ejercicio de su liderazgo, independientemente de su puesto o ubicación en la institución”.
Medio año después, el 2 de enero de 2020, la empresa de Ramón Muñoz firmó otro contrato por seis meses, por la misma cantidad de un millón 44 mil pesos, con una vigencia hasta junio del mismo año.
La cláusula uno dice: “El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de asesorías personalizadas y grupales en materia de creatividad, mejora e innovación que contribuyan al logro de objetivos y metas de los líderes y directivos de las estructuras del Partido Acción Nacional, así como conferencias que se reportaran durante la vigencia del presente contrato”.
El 1 de julio de 2020, otra vez Muñoz Gutiérrez firmó, a través del representante legal de su empresa, Ramón Muñoz Martínez, otro contrato por un millón 44 mil pesos.
Este fue el objeto, según la primera cláusula: “Asesorías y capacitación a través de la plataformas digitales a nivel nacional en materia de generación y puestas de ideas y acciones para contrarrestar las consecuencias políticas, sociales y económicas provocadas por el COVID-19, dirigido a los líderes, cuadros de mando, legisladores y gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, así como conferencias que se reportarán durante la vigencia del presente contrato”.
Otro contrato que firmó la empresa Centro de Innovación y Paradigmas con el PAN fue el 13 de marzo de 2019, con el fin de que Muñoz Gutiérrez impartiera dos días después la conferencia “Liderando la reinvención”, en la sede nacional de ese partido, por la que cobró 75 mil 168 pesos.
El 4 de enero de este año de 2021, José Muñoz Muñoz Martínez, hijo del exfuncionario de Fox, firmó como representante legal de la empresa Centro de Innovación y Paradigmas un contrato con el PAN por “asesoría y capacitación de modelos de buen gobierno, creatividad e innovación”, por el que cobró también un millón 44 mil pesos por seis meses.
Integrantes de la Comisión de la Verdad sobre las desapariciones perpetuadas por el Estado durante la Guerra Sucia aseguraron que uno de los objetivos fundamentales será que las violaciones a derechos humanos cometidas durante este periodo se vuelvan tema nacional: “Tenemos que sacarlo de la oscuridad”.
Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- La voluntad política para cumplir el compromiso de abrir los archivos de la Guerra Sucia, las instalaciones militares donde se perpetraron violaciones a derechos humanos y el tiempo con el que cuentan quienes indagarán en este periodo son los principales retos que enfrente la Comisión de la Verdad que buscará el esclarecimiento histórico de los hechos ocurridos de la contrainsurgencia.
Consejeras que participarán en una de los cinco mecanismos de la Comisión de la Verdad explicaron a SinEmbargo que es necesario que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Estado Mayor Presidencial (EMP), así como otros documentos ocultos para poder avanzar en su cometido, pues de lo contrario, el organismo no podrá cumplir con su prometido.
“Necesitamos que ese compromiso se vuelva realidad, que de verdad haya voluntad, si no hay voluntad gubernamental no vamos hacer nada, eso es fundamental. Que no solamente nosotros nos estemos comprometiendo como investigadores, como promotores de derechos humanos que somos para tratar de avanzar en este capítulo oscuro de nuestra historia, sino que necesitamos de todos”, expresó Eugenia Allier Montaño, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una de las cinco integrantes de la Comisión para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
La investigadora e historiadora Aleida García Aguirre, también integrante esta comisión, coincidió en que el desafío está en acceder a los archivos ocultos de este periodo: “Lo que podría marcar un parteaguas es el acceso a los archivos del Ejército, que están divididos dentro de la estructura del Ejército; cada pedacito tiene su propio archivo: el del Estado Mayor, el de los regimientos, el de operaciones, etcétera, etcétera. Acceder al archivo del Ejército es muy complejo y sabe a qué pedacitos de ese archivo vamos podamos acceder, eso es un reto”.
Alicia de los Ríos, hija de una de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Sucia, comentó por su parte que con este esfuerzo gubernamental se conozcan por fin los archivos del Ejército, una de las principales corporaciones que estuvo involucrada en la desaparición de personas. “Con esta comisión esperamos que por fin conozcamos de los archivos militares”, agregó.
El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Presidente se reunió con familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia y prometió la creación de la Comisión de la Verdad. Foto: Twitter @lopezobrador_
A inicios de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para crear una Comisión de la Verdad que investigue los abusos y violaciones graves a los derechos humanos en uno de los periodos más negros de la historia moderna de México: la Guerra Sucia. Fue el 6 de octubre cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que nació la Comisión que indagará sobre estos crímenes y abusos cometidos entre los años 1965 y 1990.
La Comisión para el Acceso a la Verdad estará integrada por el “titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien la presidirá”; Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); por Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP); Carlos Enrique Ruiz Abreu, Director del Archivo General de la Nación; Erick Javier Martín Salas, encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Además de cinco expertos que fueron seleccionados con la “asesoría de técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Eugenia Allier Montaño, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; Abel Barrera Hernández, activista y antropólogo; David de Jesús Fernández Dávalos, activista; Aleida García Aguirre, historiadora, y Carlos A. Pérez Ricart, profesor e investigador del CIDE, son el equipo de especialistas seleccionados para esta Comisión que tiene el objetivo de que se haga justicia por 25 años en los que cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas, y que se repare a las víctimas por esos crímenes de Estado.
En la integración, cada uno de los funcionarios de Gobierno tendrá voz y voto, en tanto que los cinco especialistas conformarán, en su conjunto, sólo un voto, uno de los aspectos que ha generado crítica a la Comisión.
La Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia fue decretada a inicios de octubre. Foto: Ernesto Guzmán Jr., EFE.
NO SERÁ OTRA FEMOSPP
No es la primera vez que en México se hace un intento de “justicia transicional” o al menos de investigar los crímenes en el pasado. Durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) la cual, ha sido considerada como un fracaso.
La historiadora y activista Alicia de los Ríos Merino, quien lleva el mismo nombre de su madre, una integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre que fue desaparecida tras un operativo de la Brigada Blanca, señaló que las expectativas en esta ocasión con más acotadas que hace 20 años cuando se creó la FEMOSPP cuando pensaban que se iban a resolver todas las interrogantes sobre la contrainsurgencia y el destino de las personas que fueron desaparecidas.
“Otra de las expectativas es que sí se logre reconocer a quienes participaron en los circuitos de la represión. Al tener otras fuentes documentales, esperamos que podamos reconocer o poder ubicar a otras personas que formaron parte de la Brigada especial o que participaron cuando la desaparición forzada era utilizada como un método sistemático de represión. De la Brigada Especial muchos de ellos no han pido ser ubicables, y en ese sentido me parece que la comisión si va a poder ubicar a todos esos rema participantes que están fuera de nuestro radar”, explicó.
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Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador del Colegio de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y uno de los integrantes de la Comisión señaló —en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, en el programa Los Periodistas— que la Comisión es la última oportunidad que tiene el Estado mexicano para brindar justicia a las víctimas de violencia perpetrada entre esos años y esclarecer los hechos.
“No va a quedar en nosotros, y a diferencia de lo que pasaba en FEMOSPP (…) [la Comisión] sí cuenta con el apoyo y el respaldo del Gobierno federal para llegar a las últimas consecuencias. Ninguno de estos procesos funciona sin el apoyo del Ejecutivo”, recordó el investigador. “[La Comisión] tiene el apoyo por parte del Presidente, por parte de las instituciones y sobre todo de las víctimas”.
Los colectivos de víctimas han pedido por años la creación de comisiones de la verdad. Foto: Cuartoscuro.
LAS CRÍTICAS
Jacobo Dayán, especialista en derecho internacional y en justicia transicional, aseguró que la recién creada Comisión de la Verdad no se apega a ningún estándar internacional por que sus miembros en su mayoría son funcionarios del Gobierno,
“Es una Comisión de la gubernamental, no es una comisión de la Verdad independiente. Seis de los siete votos de esa comisión están en manos del Gobierno. No es una Comisión de la Verdad que se apegue a ningún estándar de ningún tipo. Las comisiones son integradas por personas independientes; hay algunas comisiones en que se incluyen algunos funcionarios, pero en todo caso estas personas siempre son la minoría”.
El especialista destacó que el hecho de que la mayoría de los integrantes sean funcionarios implicará que la narrativa que surja será desde el Gobierno y no de forma independiente.
“Las decisiones para buscar justicia, buscar reparación, no repetición son las decisiones de un Gobierno y no —de lo que en teoría quisieron hacer— de una comisión independiente; pero queda claro que, así como todos los gobiernos en este país, los estatales, los federales, sin importar el partido, sin importar el sexenio mantienen un control político de la justicia y ante lo que estamos es ante el control político de la verdad”, expresó.
Además, Alicia consideró que la Comisión no entrará desde cero, porque a lo largo de 20 años hay un trabajo avanzado “a la fecha tenemos un informe de la FEMOSP, tenemos muchas investigaciones periodísticas y académicas. Tenemos el informe de la ComVerdad verdad de Guerrero.
Explicó también que la FEMOSPP era solamente una instancia del Ministerio Público, cuyo único mandato era investigar la responsabilidad de los posibles victimario mientras que la nueva Comisión buscará el esclarecimiento.
“No estamos en la misma situación que hace 19 años y la segunda cosa a considerar es que por más que hubiera un informe histórico, su mandato no era el de investigar el esclarecimiento histórico sino que todo tenía que ser vía tribunales; y en este caso de la Comisión no es así: acá la fortaleza es que a través de la comisión puede haber un trabajo de retroalimentación constante con las instancias de Fiscalía, pero son mandatos diferentes”.
Integrantes de la Comisión para la Verdad y Justicia de 1965-1990. Foto: Secretaría de Gobernación.
VAMOS ACTUAR DE FORMA INDEPENDIENTE
Las investigadoras Aleida García Aguirre y Eugenia Allier Montaño insistieron en que el objetivo fundamental será dar esclarecimiento de lo ocurrido en la Guerra Sucia desde un punto de la verdad.
“Hasta ahora en la Comisión tenemos tres grandes objetivos en torno a la Guerra Sucia: revisar lo que ocurrió con los desaparecidos políticos, la desaparición forzada en toda esa época, la tortura, y otra con las ejecuciones extrajudiciales”, dijo Aleida.
Eugenia Allier destacó a su vez que el objetivo es buscar la verdad, sin embargo, recalcó que para eso será necesario que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos militares pues dijo que hasta ahora las únicas herramientas y dientes que se la dado a la Comisión es la promesa del Presidente.
“Por ahora solamente nos han dado (como herramientas) el compromiso, la promesa del Presidente de que se van abrir los archivos y vamos a poder acceder a distintas instalaciones y vamos a poder ir y ver que hay ahí. Por supuesto nosotros, en la medida que logramos configurarnos como un grupo, de trabajo podremos generar cierto tipo de presión, pero no hay muchas más herramientas que nos puedan dar”, dijo.
Finalmente, las especialistas aseguraron que actuarán con total independencia porque existe un compromiso con la sociedad.
“Nosotros, y en eso si voy a insistir, somos una comisión independiente, por supuesto estamos trabajando al amparo del Gobierno, porque ha habido muchas críticas en torno a eso, que no somos independientes porque estamos trabajando al amparo del Gobierno, pero muchas comisiones en América Latina se han creado así, de alguna manera son Gobierno posteriores a los hechos los que crean una comisión”, apuntó Eugenia Aguirre.
Las comisionadas también coincidieron en que otro de los objetivo y pieza clave será que las violaciones y guerra sucia se vuelva tema nacional, que la gente lo conozca: “Tenemos que sacarlo de la oscuridad”.
Con el nombramiento de las cinco personas expertas que la integrarán, la Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos del periodo conocido como la guerra sucia arranca sus trabajos y lo hace en medio de voces escépticas sobre los resultados que pueda tener al carecer de presupuesto y no ser un órgano independiente del Gobierno.
Ciudad de México, 5 de noviembre (A dónde van los desaparecidos).–Las cinco personas expertas seleccionadas hace unos días para formar parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia por las violaciones graves a los derechos humanos cometidos durante la guerra sucia (1965-1990) comenzarán sus trabajos sin contar con un presupuesto claro y con el escepticismo de algunos sectores que consideran que su alcance será limitado.
Para los familiares de víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia, quienes impulsaron su creación, la Comisión es un paso importante en la búsqueda de verdad y justicia. Sin embargo, también hay quienes plantean que existe una amplia posibilidad de que no logre sus objetivos, al depender de la voluntad política, carecer de un presupuesto establecido y haberse creado como decreto y no como Ley.
El pasado 29 de octubre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas dio a conocer el grupo de cinco personas expertas que conformará esta Comisión de forma honorífica: la historiadora Eugenia Allier Montaño, estudiosa teórica de los archivos de la represión; el antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; el sociólogo David de Jesús Fernández Dávalos, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la investigadora Aleida García Aguirre, especializada en relatos de vida y memoria de militantes de la izquierda de los años 60 y 70; y el investigador Carlos Pérez Ricart, especializado en archivos de las fuerzas armadas en Estados Unidos y México.
Integrantes de la Comisión para la Verdad y Justicia de 1965-1990. Foto: Secretaría de Gobernación.
Durante las entrevistas que tuvieron en el proceso de selección, las cinco personas expertas señalaron algunos de los retos que tiene esta Comisión de la Verdad; entre ellos, el crear un mecanismo eficiente de comunicación para la judicialización de casos; que como centro de su trabajo estén las víctimas, que el ejercicio sea entendido como un proceso histórico crucial que no repita los errores de experiencias anteriores y que sus resultados sean la verdad y la justicia.
“Hacer de está comisión no solamente una comisión testimonial sino verdaderamente un parteaguas en la historia política del presente de México”, señaló en su entrevista el investigador Pérez Ricart.
Además, las cinco personas expertas coincidieron en que no se va a empezar de cero sino que harán un diagnóstico de ejercicios similares que se han realizado en el mundo y en el país, para detectar qué falló y qué se hizo bien, tomar las buenas prácticas y apoyarse en los avances que dejaron la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP, 2004-2006) y la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero (ComVerdad, 2011-2014).
“La finalidad no es teórica, no venimos a hacer una investigación académica, sino con finalidades prácticas, operativas. Al final tendría que conducirnos a una reflexión nacional que garantice que en ninguna circunstancia se pueda volver a recurrir a violaciones graves a los derechos humanos”, señaló el jesuita Fernández Dávalos.
Para conocer más los retos que enfrentarán cinco personas expertas, enumeramos cinco puntos claves sobre esta Comisión de la Verdad:
1. DOS AÑOS Y MEDIO PARA ECHAR ANDAR CINCO INSTRUMENTOS
El decreto, publicado el pasado 6 de octubre en el Diario Oficial, establece que la Comisión de la Verdad tendrá funciones de “investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con hechos” ocurridos entre enero de 1965 y diciembre de 1990, para ello funcionará bajo cinco instrumentos durante dos años y medio, a partir de su creación.
El primer instrumento es el acceso a la verdad, a través de una comisión conformada por cinco personas expertas que investigarán las graves violaciones de derechos humanos, además de que tendrán atribuciones para convocar a testigos que puedan dar información útil para entrar a las instalaciones “civiles o militares”, donde presuntamente se hayan cometido éstas violaciones.
El impulso a la justicia, segundo instrumento, se prevé mediante la creación de una Fiscalía Especial con capacidad de otorgar beneficios por colaboración eficaz a personas investigadas o testigos anónimos que proporcionen información sobre los perpetradores. También se contempla tener un Plan de Búsqueda, tercer mecanismo, para realizar acciones de búsqueda en centros de reinserción social, cárceles clandestinas, cuarteles militares y otros escenarios, a partir del último paradero conocido de las personas desaparecidas durante ese periodo.
El cuarto instrumento contempla la reparación y compensación económica a las víctimas y sobrevivientes. Sin embargo, el decreto no establece ni siquiera el monto total de los recursos necesarios para costear todo el plan. Como último, se prevé tener una Ley de Memoria y No Repetición encaminada a la preservación de la memoria pública, labores de esclarecimiento histórico y para dar continuidad a los trabajos y recomendaciones de la Comisión.
Familiares de desaparecidos de la guerra sucia en reunión con el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas. Foto: Facebook Alejandra Cartagena.
2. ¿POR QUÉ SÓLO INVESTIGAR HASTA 1990?
Uno de los aspectos de la comisión más cuestionados por investigadores y colectivos de familiares de personas desaparecidas ha sido el periodo histórico a esclarecer. Las posturas son encontradas, por un lado se critica que no se extienda la revisión de las lógicas de actuación del Estado a la violencia criminal del presente, y por el otro se defiende delimitar el periodo hasta 1990, debido a que la respuesta represiva del Estado fue distinta con los movimientos que surgieron después de ese año, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El experto en derechos humanos Luis Daniel Vázquez Valencia advierte que si bien el mecanismo va por buen camino, es limitado. “Decidieron analizar las graves violaciones cometidas entre 1965 y 1990, cuando en realidad tenemos grandes problemas de detenciones arbitrarias, tortura, desparición y ejecuciones extrajudiciales todavía hoy y no se van a analizar estos procesos”, señaló el pasado 21 de octubre en su columna En Contexto para IMER Noticias.
Alicia de los Ríos —quien busca a su madre que fue detenida, presa en el Campo Militar Número 1 y desaparecida hace 43 años—, explica que abarcar sólo este lapso ayudará a observar a detalle las lógicas de la política de Estado contrainsurgente y la actuación de miembros del Ejército, de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y policías estatales y municipales.
“¿Por qué hasta 1990? Ahí se puede encontrar una continuidad visible, sólida, de las lógicas de violencia estatal, es decir, desde el 1965 podemos ir armando estos rompecabezas que siguen inconclusos sobre la contrainsurgencia y el 1990 nos da la delimitación para encontrar estás lógicas, estos circuitos de represión donde actuaron determinados grupos contrainsurgentes, que parece que se evaporaron”.
Alicia de los Ríos Merino. Foto: Dirección Federal de Seguridad (Institución sede). Archivo Histórico del Comité ¡Eureka!, Museo Casa de la Memoria Indómita.
3. ROMPER EL PACTO DE IMPUNIDAD
El gran reto de las autoridades mexicanas será romper el pacto de impunidad y silencio con las autoridades militares y fuerzas policíacas que, por más de cinco décadas, han encubierto a los perpetradores y no han permitido que se tenga un acceso total a los archivos que se generaron desde la contrainsurgencia (denominados por algunos como “archivos de la represión”) ni a las instalaciones donde se cometieron las violaciones graves a derechos humanos.
El acuerdo del Presidente Andrés Manuel López Obrador con los familiares de víctimas y sobrevivientes de ese periodo es que se tendrá acceso a instalaciones militares como el Campo Militar Número 1, así como la apertura de más de 8 mil cajas con cientos de documentos que se encuentran en el Fondo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), encargada de la inteligencia o el servicio secreto del Estado Mexicano; el Fondo de la DFS —policía política de la Secretaría de Gobernación— y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Con nuestros familiares desaparecieron también los rastros de los perpetradores, y eso es justo lo que tiene que retomar la comisión”, advierte Alicia de los Ríos, quién participa en el proceso de creación y conformación de la Comisión como representante de la Asamblea de colectivos y familiares de personas detenidas-desaparecidas y sobrevivientes de la contrainsurgencia.
Durante un conversatorio sobre la Comisión de la Verdad, realizado el pasado 22 de octubre, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, aseguró que “toda investigación que se desarrolle, en la medida que vaya arrojando resultados y se acrediten responsabilidades de instituciones o de personas en la violacion de los derechos humanos, irá a procesos de judicialización”.
Y advirtió: “hay una instrucción puntual, directa y concreta del Presidente de la República a las fuerzas armadas del país de aportar toda la información que esté en sus manos y dar todas las condiciones para que se lleven a cabo las investigaciones de la Comisión. No es un planteamiento que esté sujeto a su decisión, es una instrucción presidencial que debe cumplir el Ejército y la Marina”.
No obstante, el decreto no menciona a las instituciones involucradas en las graves violaciones de derechos humanos, como la Sedena, y no está clara la forma en la que las obligará a abrir sus archivos e instalaciones ni es vinculante jurídicamente.
Marcha en memoria de los desaparecidos. Foto: Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura, Grupo Germinal (Fotógrafo). Acervo Cristina Híjar Arte y Movimiento Social, CENidIAP/INBA.
4. EL DESAFÍO DE NO REPLICAR ERRORES DEL PASADO
Este no es el primer intento por esclarecer lo sucedido durante el periodo de la contrainsurgencia en México. En 1990, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) creó el Programa Especial de Presuntos Desaparecidos que, 11 años después, derivó en la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Con 600 averiguaciones previas relacionadas con desapariciones y solo 14 judicializadas, gracias al acceso a los archivos de la DFS y la DGIPS, en 2006 fue disuelta.
Al término de su gestión, la FEMOSPP elaboró un informe que nunca se publicó oficialmente, aunque algunas de sus versiones fueron filtradas a la prensa.
Para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Comisión de la Verdad no puede permitirse repetir el fracaso de la FEMOSPP:
“Si bien este decreto establece una vía para esclarecer los hechos, impulsar la justicia y reparar a las víctimas de atrocidades masivas cometidas en México durante un período de terrorismo de Estado, no deben replicarse los errores cometidos por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). La FEMOSPP, creada en 2002, carecía de independencia, personal y presupuesto suficientes; no contó con la cooperación de las Fuerzas Armadas Mexicanas, y finalmente se extinguió en 2007 sin lograr éxitos considerables y sin enjuiciar a los responsables”, señaló en una columna para Animal Políticopublicada el 1 de noviembre.
“Aquí no vamos a esconder ningún informe como sucedió con la FEMOSPP, no vamos a cumplir con un expediente para salir al paso. Venimos en serio a buscar la verdad de los hechos y buscar justicia”, dijo el Subsecretario de Derechos Humanos durante el conversatorio del pasado 22 de octubre.
El esfuerzo más reciente para esclarecer las consecuencias de la guerra sucia en Guerrero se dio en 2012, cuando el congreso del estado creó la Comisión de la Verdad (Comverdad). En su informe final, los integrantes de la comisión concluyen que en muchas comunidades del estado se vivió una “suspensión de las garantías individuales y un verdadero estado de sitio”.
Protesta con crucifixión y mitin de familiares de desaparecidos. Foto: Carlos Piedra/Archivo Histórico del Comité ¡Eureka!, Museo Casa de la Memoria Indómita.
5. VOCES ESCÉPTICAS
Las voces críticas a la comisión han señalado distintos aspectos que podrían llevar a su fracaso como el haberla creado por decreto y no por Ley, el que sólo tenga un periodo de trabajo de dos años y medio, así como la falta de autonomía desde su conformación, ya qué estará integrada por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, así como de los responsables del Archivo General de la Nación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
“El primer problema es que se crea a través de un decreto y no de una Ley, y esto no es menor, es relevante porque sigue siendo un órgano que pertenece a una política gubernamental y no una política del estado que fuera más allá del periodo del Presidente López Obrador”, señaló el investigador Luis Daniel Vázquez Valencia.
Aunque la comisión también la conformarán el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña y el grupo de las cinco personas expertas; la integración de autoridades podría sugerir una imparcialidad, ya que de los siete votos en la comisión, solo uno será independiente.
“Así, en lugar de ser un órgano preponderantemente ciudadano, la comisión se asemejará a una institución del gobierno, que será juez y parte a la hora de investigar y enjuiciar los crímenes del propio Estado”, señaló la CMDPDH en la columna publicada en Animal Político.
El profesor-investigador de la Flacso-México también mencionó este punto: “si el grueso de la gente que integra el órgano son servidores públicos, se limita la posibilidad de confianza en el órgano”.
Otro aspecto cuestionado es la fecha de culminación de los trabajos establecida al 30 de septiembre de 2024, lo que sugiere que el informe estaría marcado por el proceso electoral que se tendrá ese año y deja en duda el seguimiento transexenal.
Emilio Lozoya gozó durante 15 meses del privilegio de llevar su proceso en libertad con la condición de portar un brazalete electrónico, entregar su pasaporte y visa, y acudir a firmar periódicamente. Ayer esa condición cambió. El exdirector de Pemex ya no salió del Reclusorio Norte.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– Luego de meses en que se cuestionó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos fue encarcelado en el Reclusorio Norte, después de un año en el que el caso Odebrecht no ha avanzado pese a que él ha señalado ante las autoridades a más de 70 políticos en esta trama de corrupción, entre ellos al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario Luis Videgaray Caso.
El rol de Lozoya como testigo colaborador le valió múltiples críticas a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, sobre todo porque se le permitieron al exfuncionario una serie de comodidades como pasearse en restaurantes de lujo, mientras que del caso Odebrecht no se conocían mayores avances. El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “inmoral y provocador” que el extitular de la petrolera departiera en un establecimiento en las Lomas.
Este miércoles el panorama cambió para Emilio Lozoya, hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien fue funcionario durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El Juez federal José Artemio Zúñiga le dictó prisión preventiva a petición de la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex. La Fiscalía dijo que el imputado no había cumplido con ningún requisito para obtener un criterio de oportunidad por lo que solicitó el cambio de la medida cautelar.
Emilio Lozoya pisó por primera vez una sala de audiencias dentro del reclusorio desde que llegó extraditado de España, en julio de 2020. Foto: Cuartoscuro.
Por su parte, la UIF dio a conocer que hay varias investigaciones abiertas en su contra, las cuales en su momento pudieran ser judicializadas. Por lo mismo se insistió en que existía un riesgo de fuga, ya que ha demostrado tener los recursos necesarios para hacerlo.
Pese a ello, Lozoya se dijo inocente y aseguró que se está llegando a un acuerdo para reparar el daño e insistió en que él no ha tenido responsabilidad en el caso. En el pasado, ha insistido que todo el entramado de sobornos que operó fue por órdenes del expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray.
De esta manera, el exdirector de Pemex se convirtió en el segundo implicado en ser detenido por el caso Odebrecht, empresa brasileña que —de acuerdo con la acusación— le pagó sobornos millonarios cuando estaba en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en una apuesta para obtener contratos de Gobierno.
“Es muy claro que Emilio Lozoya sí es una persona que tiene riesgo de fuga porque de entrada estaba prófugo de la justicia, se había escapado ya del país, es una persona con una enorme capacidad económica incluso desde antes de estar en Pemex. Incluso el Juez lo dijo hace un año en la primera audiencia, de que le había sorprendido que no se hubiera solicitado prisión preventiva contra Lozoya. Sin embargo, la Fiscalía le da un trato privilegiado con un brazalete que le permitió ir a restaurantes de lujo a comer”, señaló en entrevista Javier Martín Reyes, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y politólogo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Hasta antes de este miércoles, la FGR sólo había procedido penalmente contra el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maur, quien desde abril está encarcelado.
Emilio Lozoya acudió la mañana de ayer a su audiencia en el Reclusorio Norte, centro penitenciario en el que fue recluido. Foto: Cuartoscuro.
Lozoya ha señalado a 70 políticos en la denuncia que presentó a su regreso a México, en julio de 2020, lo cual le permitió, mediante un criterio de oportunidad pactado con Gertz Manero, no pisar la cárcel durante 15 meses. Hasta ahora.
“Es una respuesta política porque no me parece que vaya a cambiar en mucho, por lo menos, el estatus que tenía como colaborador en un marco de oportunidad, en realidad eso no se modificó por eso más bien es una respuesta política más que un problema técnico”, expuso Luis Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales por la FLACSO México.
El especialista en investigación de la corrupción consideró que el hecho de que Lozoya vaya a prisión preventiva tampoco va a cambiar sustancialmente el panorama en el caso Odebrecht en México, porque el problema en el país es que tenemos fiscalías —la nacional como las estatales— que no investigan.
Martín Reyes agregó a su vez que de entrada hay 30 días para finalizar la investigación complementaria y ahí observa dos cosas: una, que la Fiscalía insista con seguir la acusación contra Lozoya, donde tendrá que demostrar más allá de cualquier duda razonable que Lozoya cometió alguno de los delitos que le están señalando. “Habrá qué ver si la Fiscalía tiene la capacidad para presentar un caso al Juez del proceso para que se sostenga”.
La otra, añadió, es lo que señalan los abogados de Lozoya, de que van a continuar intentando la colaboración con la Fiscalía para la aplicación del famoso criterio de oportunidad, pero para que proceda, el exfuncionario tendrá que aportar información que sea esencial y eficaz para perseguir delitos que sean más graves que los que se le imputan a él; que se comprometa a comparecer en esos otros juicios de otros exfuncionarios y a además que se repare el daño.
“Para cualquiera de esas dos cosas lo que se necesita son datos de prueba que eventualmente puedan ser presentados, de tal manera que haya pruebas para que se condene a Lozoya o a las otras personas que presuntamente participaron. Hay que decirlo: esta Fiscalía ha sido particularmente ineficaz cuando quiere perseguir este tipo de delitos. Entonces no es menor el reto que tiene la Fiscalía en frente y lo que sí parece es que perdimos mucho tiempo con un trato privilegiado a Lozoya con este primer intento de aplicar el criterio de oportunidad y hasta el momento y por lo que hemos visto, al parecer ese fue un intento o una apuesta poco exitosa”, expresó.
EL FACTOR PEÑA Y VIDEGARAY
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos. Foto: Cuartoscuro.
En agosto de 2020, Emilio Lozoya acusó ante la FGR al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray, su jefe directo, de organizar los sobornos que fueron utilizados para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de reformas estructurales.
En concreto, Lozoya aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray le instruyeron reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña de 2012.
“Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente”, afirmó en su denuncia.
Además, acusó a ambos, a Peña Nieto y a Videgaray, de pedirle usar parte del dinero para comprar votos de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) a favor de la Reforma Energética de 2013. En total, afirmó Lozoya, el grupo de legisladores de ese partido recibió 80 millones de pesos entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo.
También acusó a Ricardo Anaya, exdiputado federal, exdirigente del PAN y excandidato presidencial en 2018 de recibir 6.8 millones de pesos por instrucciones de Luis Videgaray.
“Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”, aseveró Lozoya.
Hasta el momento el Presidente Peña Nieto, quien ha sido captado fuera del país, no se ha posicionado sobre el caso.
En tanto, Luis Videgaray se ha deslindado de los señalamientos hechos por Lozoya. No obstante, la FGR ha intentado llevarlo ante un Juez sin éxito aún. El 3 noviembre del año pasado, la Fiscalía confirmó que solicitó una orden de aprehensión en su contra. Aunque dos días después, la institución dio a conocer que desistió de la demanda para presentar una nueva, en la cual serían incluidos nuevos elementos para perfeccionar la acusación y así volver a requerir una orden de captura contra el también excanciller que es señalado de cohecho, asociación delictuosa, traición a la patria y delitos electorales.
A la fecha, no se han dado a conocer públicamente más avances sobre el caso de Luis Videgaray, aunque a inicios de septiembre pasado el diario Reforma dio a conocer que la Fiscalía ha señalado un monto preciso por la llamada Reforma Energética, con el que Enrique Peña y Luis Videgaray serían acusados.
“Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, recibieron de constructora Odebrecht, sobornos por más de seis millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso”, reportó el medio que tuvo acceso a la imputación de la FGR, luego de que se diera a conocer en un amparo promovido por el exsenador panista Jorge Luis Lavalle.
El Senador Jorge Luis Lavalle era hasta ayer el único preso por el caso Odebrecht. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro.
“Peña Nieto y Luis Videgaray ¿que sean llamados a declarar?, tal vez, pero de ahí a que avance no. No veo al Presidente metiendose a esa bronca”, comentó en ese sentido Vázquez Valencia, autor del libro Corrupción y Derechos Humanos: ¿Por Dónde Comenzar La Estrategia Anticorrupción?
La denuncia de Lozoya abarcó, además, los hechos de Odebrecht durante la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa en específico, los privilegios del contrato de Etileno XXI y a Carlos Salinas de Gortari, quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.
La Fiscalía, por su parte, ha procedido contra Carlos Treviño Medina, el exdirector de Pemex con Enrique Peña Nieto, quien aseguró que la dependencia pretende que involucre a Felipe Calderón. El exfuncionario no se presentó a la audiencia, porque alegó que sería encarcelado.
Al igual que Treviño Medina, otro personaje que no acudió a su audiencia, por las mismas razones, fue Ricardo Anaya Cortés. A través de una serie de videos difundidos en sus redes sociales, el panista aseguró que el Gobierno de López Obrador busca encarcelarlo por ser un opositor, pese a que los señalamientos por presunta corrupción que lo han acompañado han provenido de sus mismos correligionarios.
LA OPACIDAD DEL CASO LOZOYA
La forma en la que autoridades habían manejado el caso de Lozoya generó incertidumbre sobre la actuación del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la República, y puso en duda si las autoridades buscaban proteger ciertos intereses.
Uno de los episodios que abonaron a las críticas en el caso fue cuando la columnista Lourdes Mendoza narró cómo Lozoya, despreocupado y en plena fiesta, comía y convivía con amigos en un lujoso restaurante.
Con estas imágenes queda en evidencia el pacto de impunidad entre @EmilioLozoyaAus y la @FGRMexico Señala a gente inocente mientras el goza de la gran vida a la q está acostumbrado. El colmo del cinismo. Con fecha y hora para que no quepa duda alguna . pic.twitter.com/8wedAWNsYd
Lourdes Mendoza contó en El Financiero que el día 9 de octubre a las 19:38 horas una fuente la contactó vía WhatsApp para informarle lo que estaba pasando en aquel restaurante: aún vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y supuestamente vigilado mediante un brazalete electrónico, Emilio Lozoya estaba comiendo el afamado pekin duck de la cocina cantonesa china.
“El problema con la salida de Lozoya a un restaurante no está en lo moral, el problema está en el uso arbitrario de este beneficio legal“, consideró en entrevista el doctor Daniel Vázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Por un lado tienes a Lozoya en una investigación que no avanza, donde no hay ninguna red desmantelada, ninguna acusación abierta y ahí lo que genera ruido es que él no está dando información útil para armar una buena carpeta de investigación. Por otro lado tenemos los casos de Rosario Robles y los académicos del Conacyt, donde la FGR usa recursos para tratar de imputarles delitos”.
Lozoya quedó preso en el Reclusorio Norte. Foto: Cuartoscuro.
Para los expertos, la indignación que generó la salida de Lozoya a un restaurante de lujo tiene que ver con el tema de la impunidad en los casos de corrupción, donde la víctima directa es la sociedad.
“Más allá de que le cambiaran el trato a Lozoya la Fiscalía tendría que analizar si esa medida cautelar fue adecuada y pertinente, porque cada vez que la FGR solicita una medida cautelar tiene que prever dos cosas: que esa medida sea idónea y adecuada. Es decir, que no generen actos de violencia para las víctimas, que en este caso es la sociedad, y que la persona imputada no se dé a la fuga”, explicó Leslie Jiménez Urzúa, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero.
Los analistas consideraron que el trabajo de la Fiscalía en este caso evidencia que en México la justicia es clasista y racista, además de la falta de rendición de cuentas.
-Con información de Daniela Barragán, Guadalupe Fuentes y Romina Gándara
La inteligencia estadounidense lo ubica como otro de los líderes del Cártel de Sinaloa junto con sus hermanos Iván, Jesús Alfredo y Ovidio, pero hasta ahora es poco lo que se sabe de él, incluso, ni siquiera hay una foto que confirme al 100 por ciento su identidad.
Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Hasta el 21 de febrero de 2019, las referencias sobre los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera que también se dedicaban al negocio eran Iván, Jesús Alfredo y Ovidio, pero ese día las autoridades estadounidenses revelaron un nuevo nombre: Joaquín Guzmán López.
Ese día, el Gobierno de EU acusó al otro Joaquín Guzmán de conspiración para la distribución de cocaína, marihuana y metanfetamina de México a Estados Unidos entre los años 2008 y 2018.
Guzmán López, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tiene los alias de “El Güero”, “Moreno” o “Güero Moreno”, pero más allá de eso y que es hijo del Chapo Guzmán y Griselda Guadalupe López Pérez, la segunda esposa del narcotraficante, existen muchas cuestionados sobre Joaquín López junior como su posición dentro del Cártel de Sinaloa o las plazas que tiene a su cargo.
A mediados de octubre de 2019, el Cártel de Sinaloa mostró su poderío en Culiacán, Sinaloa. Derivado de la detención del hijo de “El Chapo”, Ovidio Guzmán López, que después fue liberado. Foto: Captura de pantalla.
En una conversación vía telefónica con SinEmbargo, Mike Vigil, ex director de Operaciones Especiales de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), señaló que la ventaja de Joaquín junior es su discreción, al ser menos mediático y estridente que sus hermanos, por eso, desde hace al menos 15 años, es muy poco lo que se sabe de él.
No obstante, Vigil reveló que “El Güero Moreno”, quien se estima que tiene 36 años, sería uno de los encargados de los negocios del Cártel de Sinaloa con narcos colombianos para la exportación y venta de drogas en Estados Unidos.
“Él está involucrado en la logística de lo que se compra en Colombia y controla plazas en la frontera entre México y Estados Unidos. Su ventaja es que es más ‘oscuro’, menos visible que los hermanos, a él no le gusta andar presumiendo carros o que suban fotos de él a las redes sociales, como sí lo hacen los hermanos, por eso muy poca gente conoce su rostro”, dijo Vigil.
Cuatro de los hijos del Chapo Guzmán, preso en EU, estarían entre los mandos del Cártel de Sinaloa. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro
LA GUERRA EN SINALOA Y LA CACERÍA DEL MAYO
Joaquín Guzmán López estaría integrado con “Los Chapitos” como se le conoce a la célula del Cártel de Sinaloa conformada por los hijos de Guzmán Loera y que actualmente le disputan el liderazgo a Ismael “El Mayo” Zambada, que junto con su padre fundó la organización criminal.
El Departamento de Estado de EU anunció este miércoles que aumentaba de 5 a 15 millones de dólares la recompensa a quien proporcione información que lleve a la captura de Zambada García, que junto con Rafael Caro Quintero y el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”), es uno de los narcotraficantes más buscados en ese país.
Zambada García es considerado por muchos especialistas en narcotráfico como el último capo poderoso de la vieja guardia. De acuerdo con el periodista Ricardo Ravelo, todos sus contemporáneos han muerto o están presos.
Sobre El Mayo Zambada pesa una recompensa de 15 millones de dólares. Foto: Especial
“El Mayo” se inició en el negocio del narcotráfico en los años setenta. Antes era empleado de una mueblería. Más tarde se metió al negocio –“así nomás”, según le relató al periodista Julio Scherer García cuando se encontró con él en la sierra de Sinaloa –y es el más longevo en esa actividad. Por más de cuatro décadas se ha mantenido en el negocio, intocable e impune.
En uno de los videos que fue tomado desde la parte de afuera de la sala donde se realizaba el juicio muestra cómo algunas personas huyen de los disparos mientras la policía intenta evitar que huyan los atacantes.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El video de un periodista de la India de nombre Aditya Raj Kaul muestra los momentos de pánico que vivieron quienes asistían a una de las audiencias del juicio a Jitender Gogi, un líder criminal.
De acuerdo con el diario The Indian Express, los dos sicarios iban vestidos como abogados, usando sacos, zapatos y pantalones negros, al entrar a la sala con el número 207 del Tribunal de Distrito de Rohini, en lugar de presentarse ante el juez, tomaron cajas de archivo vacías y se llevaron las manos a los bolsillos, según describe el diario.
Cuando Gogi entró a la sala, los hombres empezaron a disparar. “El personal del tribunal se agachó para cubrirse, el Juez corrió hacia su habitación. Todos salimos corriendo de la sala del tribunal. Fue un caos”, narró a la publicación el abogado Tushar Mann, quien se encontraba en la audiencia.
El video del tiroteo entre policías y sicarios se hizo viral en redes sociales. Foto: Twitter @AdityaRajKaul
Testigos presenciales recordaron que mientras unos se escondían detrás de un mueble que contenía archivos, otros quedaron prácticamente congelados en su lugar ante el inesperado enfrentamiento. Mientras tanto, algunos litigantes se apresuraron a salir con sus hijos.
Afuera había una multitud de litigantes y abogados. Entre ellos se encontraba el abogado Yogesh Pandey, que había visto a Gogi antes de entrar en la sala del tribunal.
Scary: Gang war breaks out inside Rohini district Court in Delhi. Four killed in a shootout including Gangster Jeetendra Gogi. This is really insane. How did gangsters with arms enter a court premises in India’s national capital? pic.twitter.com/Sr23dY95y5
“Escuchamos el sonido de las balas. Traté de huir del área con jóvenes que me acompañaban. Fue solo cuando se puso en silencio que supimos que todo había terminado. Es impactante que los asaltantes vinieran vestidos de abogados ”, dijo el litigante a la publicación.
Los asistentes a juzgado corrieron a ocultarse durante el tiroteo. Foto: Twitter @AdityaRajKaul
En cuanto empezaron a escucharse los disparos, los policías respondieron al fuego abatiendo a los sicarios quienes antes de morir lograron herir tres veces a Jitender Gogi quien fue trasladado de emergencia a un hospital, pero no logró sobrevivir.
Uno de los socios de Gogi, que también era enjuiciado en el lugar obtuvo su libertad meses antes, beneficios al que aspiraba el ahora occiso quien además de haber estado en su momento en la lista de “Los más buscados”, fue acusado de una docena de delitos, como secuestro, extorsión, asesinato y fraude.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
