El Presidente López Obrador detalló que la Comisión de la Verdad investigó sobre quiénes participaron de manera directa, tanto en la desaparición de los jóvenes como en el montaje que se hizo sobre la llamada “verdad histórica”. En ese sentido, confirmó que aparecen militares y otros funcionarios, pero no mencionó sus nombres.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- El informe que presentó la semana pasada la Comisión de la Verdad sobre el caso de los 43 normalistas Ayotzinapa no solicita que se investigue al expresidente Enrique Peña Nieto o al General Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa, el mandatario fue abordado por miembros de la prensa sobre el caso y sobre quiénes habrían sido los funcionarios que supuestamente participaron en los hechos. Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal sólo contestó que en la investigación “se mencionan a muchos”, aunque descartó a Peña Nieto y a Cienfuegos.
“Incluso está en los documentos. Por eso invito a que los conozcan, pero no sólo el informe, sino los anexos, porque ahí vienen las declaraciones y se habla de muchos personajes, pero en el informe la Comisión [de la Verdad] da a conocer quiénes considera que son los responsables, porque se dice, por ejemplo, [Enrique] Peña. Sí, pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros. Sí a Murillo Karam, sí a otros personajes y también a militares”, dijo.
“Lo que investigó la Comisión es acerca de quiénes de manera directa participaron, tanto en la desaparición de los jóvenes como en el montaje que se hizo sobre la llamada ‘verdad histórica’ y sí, en el informe aparecen militares, como otros funcionarios”, añadió.
Durante la conferencia de este lunes, el Presidente López Obrador sostuvo que el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien fue detenido el pasado viernes, está preso porque “él mismo se inculpa” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando declaró que él y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, eran los responsables directos de la investigación.
“En el caso del Procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía [General de la República]… Existe la prueba, es pública, existe la conferencia de prensa, está citando lo que dijo el Procurador: ‘Nosotros somos los responsables’”.
Durante el encuentro con los medios de comunicación, el Presidente compartió un fragmento de una conferencia con el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien cita las declaraciones de Murillo Karam, inculpándose sobre el caso de Ayotzinapa.
Después de reproducir dicho material, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que quiso mostrarlo para demostrar la existencia de pruebas en la investigación por la Comisión de la Verdad.
“El informe que está en Internet, hay que leerlo, habla de los responsables y hay una relatoría de todo lo que va sucediendo día con día, quiénes intervienen y en ese informe la Comisión menciona los nombres de los responsables y ese informe con todos los anexos se presenta a la Fiscalía y ya es la Fiscalía la que está procediendo, solicitando órdenes de aprehensión al Poder Judicial, a los jueces que son los que van a impartir justicia”, precisó AMLO.
Murillo Karam fue acusado de varios delitos por la FGR, sobre todo relacionado durante su desempeño como Procurador durante la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
Murillo Karam estuvo a cargo de investigar uno de los crímenes que más ha conmocionado dentro y fuera de México. Fue quien calificó como “verdad histórica” una versión de los hechos que decía que los 43 jóvenes fueron quemados en una gran hoguera encendida en un basurero, una explicación que después un grupo de expertos internacionales y la actual fiscalía mexicana echaron por tierra.
El pasado 19 de agosto, el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa a petición de la FGR.
Las órdenes de aprehensión involucran a 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México
Todos ellos estarían vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores. Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
En el informe, que fue hecho público este jueves, se observa la lista de las 33 personas que fueron testadas para no violar el debido proceso.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– Dentro de las 33 personas involucradas en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no se encuentra el expresidente Enrique Peña Nieto, reconoció el Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas al presentar el informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
“De las órdenes que está procesando la Fiscalía sí hay personajes de todos los sectores, pero de (Enrique) Peña Nieto no”, aseguró durante la sesión de preguntas y respuestas del informe. “Sigue la investigación por supuesto, se está realizando a partir de quién construyó la verdad histórica y quién ordenó que ésta se haya implementado”.
–“¿Pero el Presidente Peña Nieto?”, se le preguntó.
–“Él no está, en esto no”, respondió.
En el informe, que fue hecho público este jueves, se observa la lista de las 33 personas que fueron testadas para no violar el debido proceso.
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La Comisión de la Verdad, creada para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, también precisó en su informe que lo ocurrido hace ocho años fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y sabía lo que estaba ocurriendo.
Alejandro Encinas confirmó que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida, y anunció que México le ha ofrecido a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso y prófugo en Israel, un acuerdo para que colabore con la justicia proporcionando información que pueda esclarecer los hechos.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino —Cocula— y tiró los restos a un río cercano.
Tanto los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que continúan colaborando con la investigación_, como la actual fiscalía negaron la versión del basurero e insistieron en que los 43 no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, aunque confirmaron la identificación de tres estudiantes a través de restos óseos calcinados. Aseguraron también que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia.
Encinas subrayó que los miles de nuevos documentos analizados confirman no sólo esos puntos, sino que se trató de un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel del gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Dijo también que el Ejército es responsable, al menos, “por acción, omisión o negligencia” en el caso porque uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien sus mandos no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación, y esa inacción iba en contra de los protocolos vigentes.
En el pasado, el ejército ha argumentado que no actuó porque la policía estaba a cargo de la situación y no era su responsabilidad involucrarse.
El Gobierno notificó a las familias de los 43 los hallazgos antes de hacerlos públicos y garantizó que continuarán tanto las búsquedas como el análisis de todos los restos óseos encontrados para intentar hallar información genética.
En un breve mensaje, sus abogados dijeron que, “por la dureza de lo informado” —es la primera vez que este gobierno da por muertos a los muchachos_, los padres analizarían en profundidad el informe y pedirían la opinión de los expertos internacionales antes de fijar una postura.
Tanto autoridades estatales, municipales y federales estuvieron al tanto de las acciones de los estudiantes de las Normal de Ayotzinapa, previo a su viaje a la CdMx para participar en la marcha del 2 de octubre, reveló Encinas esta tarde.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró al soldadoJulio César López Patolzin en la Normal de Ayotzinapa para documentar las acciones de los normalistas en septiembre de 2014, por lo que en todo momento las autoridades estaban al tanto de lo que acontecía en el lugar.
“Desde el momento en que se estaban haciendo los preparativos de la movilización de los estudiantes, de cara al 2 de octubre, todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento y las acciones de los estudiantes. Tan es así que impidieron la toma de los autobuses, pero además la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la Normal al soldado Julio César López, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la Normal”, detalló Encinas en la presentación del informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
“Era el responsable de informar de lo que aconteció en las asambleas de la Normal y de las movilizaciones de los estudiantes e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado estaba bajo el mando del Teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27 Batallón”, agregó.
El Subsecretario de Derechos Humanos explicó que los reportes del soldado terminaron el día de la desaparición de los 43 y la Sedena no actuó para dar con su paradero como lo marca su protocolo de desapariciones militares.
“Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López, lo cual era su obligación. Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia en la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Su último reporte fue al filo de las 10:00 de la mañana de ese día”, indicó.
“Desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, mencionó.
Alejandro Encinas en reunión con padres de los 43 normalistas. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
Encinas aseguró que debido a que la Sedena tenía un soldado infiltrado, todas las autoridades estatales y municipales estaban al tanto del movimiento de los normalistas y pudieron haber impedido su desaparición, pero no fue así.
“Todas las autoridades estatales y municipales estuvieron informados de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada al rancho del cura y en la caseta de Iguala, su llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia del que fueron objeto. Las omisiones en las que incurrió esta autoridad acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción u omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición de los estudiantes”, afirmó.
Luego del informe, los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa emitieron un breve pronunciamiento en el que están analizando la información para posteriormente emitir una postura. Destacaron que en el informe se reconocen los obstáculos militares y ministeriales en la desaparición de los estudiantes.
“FUE UN CRIMEN DE ESTADO”
La desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano”, concluyó este día el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, al presentar las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo Encinas en conferencia de prensa en Palacio Nacional, a la par que indicó que “la creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
Normalistas protestan por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: Obturador Mx.
El Subsecretario Encinas indicó que “la investigación continúa y la búsqueda de los estudiantes continúa” e informó que como parte de las conclusiones preliminares se determinó que las autoridades federales y estatales “del más alto nivel” fueron omisas y negligentes existiendo elementos de presunción respecto de “alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”.
El Subsecretario explicó que se han llevado a cabo 101 acciones de búsqueda en 7 municipios de Guerrero que han representado 675 jornadas de trabajo. “Es decir, de los tres años y medio que llevamos de gobierno, en el 50 por ciento de esos días ha habido búsquedas de campo en la Sierra de Guerrero, en algunos lugares de distintas entidades, donde en estas acciones hemos tenido 17 hallazgos, 27 cuerpos recuperados, 32 indicios balísticos y prendas de vestir y números restos óseos”.
Frente a más militares que familiares de las víctimas, López Obrador sostuvo que la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico podrá consultar archivos de Seguridad Nacional para realizar acciones de reconocimiento y búsqueda en las instalaciones militares del país.
Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– Casi todos los registros históricos sobre los abusos del Ejército mexicano en un siglo han tenido una dirección conocida: el Campo Militar Número 1, en la capital mexicana. Detrás del portón que deja fuera a los ciudadanos se esconden historias que quizás nunca sabremos aunque, a fuerza de la valentía de testigos y víctimas, se han podido medianamente dibujar. Fue un centro de tortura durante la “guerra sucia”. Fue un limbo para violar derechos humanos. Y se mantuvo cerrado décadas y décadas. Hasta ahora.
“¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, retumbó un reclamo que no es nuevo, que se escucha en las calles y que ha sido ignorado por todos los gobiernos. Sin embargo, la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador decidió abrir las instalaciones militares para facilitar las investigaciones sobre las atrocidades cometidas por el Estado mexicano en contra de los luchadores sociales.
“Soy hija de Lucio Cabañas. En noviembre de 1974 fueron aprendidos mis abuelos, mis primos, mis tíos y yo. Fuimos apresados y traídos al Campo Militar Número 1”, dijo Micaela Cabañas.
“A penas cumplía dos meses de edad. Mi madre fue torturada, violada y ultrajada. En algún lugar de este campo militar yo aprendí a caminar, aprendí a correr”, agregó.
En la ceremonia del anuncio de la apertura del Campo Militar #1 y acceso a los archivos de la represión, familiares de víctimas de la “guerra sucia” interrumpieron al titular de Sedena para exigir justicia y la presentación de sus desaparecidos. “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!”.
Al inicio de su discurso, Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, destacó al Campo Marte como “casa de los que portamos con orgullo el uniforme de la Patria”. “Ha constituido parte fundamental de la estructura estratégica militar al servicio del país, para contribuir a la seguridad y al desarrollo del país”, dijo en el arranque de su intervención Sandoval González.
“Los derechos a la memoria histórica, al acceso a la verdad, la reparación integral y la no repetición de los hechos, son derechos que como parte de las instituciones del Estado mexicano debemos hacer valer en estricto cumplimiento con la Constitución”, continuó.
“Es importante mencionar que durante sus más de 100 años de historia, el Ejército y la Fuerza Aérea han permanecido cercanas al pueblo de México. Nuestro origen popular nos motiva a velar principalmente por las personas más vulnerables y desprotegidas”, añadió el General.
En el momento en que Luis Cresencio Sandoval enfatizó que el Ejército “ha permanecido subordinado al poder civil”, se volvieron a escuchar los gritos de reclamo por el accionar durante la “guerra sucia”, puesto que se ha acusado en reiteradas ocasiones a las Fuerzas Armadas de graves violaciones a los derechos humanos de forma arbitraria.
"¡FUE EL EJÉRCITO! ¡VIVOS SE LOS LLEVARON!"
Así le gritaron en la cara a @Luis_C_Sandoval, de la SEDENA, mientras homenajeaba a soldados durante la apertura de archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico.
“Reafirmamos el compromiso que tenemos con el pueblo de México de contribuir a la búsqueda de la verdad sobre los hechos que marcaron un hito en un sector de la sociedad de nuestro país”, declaró al tiempo que subrayóque sólo se afectó a una parte de la ciudadanía.
Al final de su discurso, a pesar de los gritos y los intentos de interrupción, el Secretario continuó con su participación para resaltar que pondrán una placa de honor a los militares caídos y destacar la lealtad de las Fuerzas Armadas con el pueblo de México.
El anuncio del Secretario fue tomado como una provocación por parte de los familiares de las personas desaparecidas, quienes retomaron los gritos de “¡Fue el Ejército!”, “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Queremos a nuestros desaparecidos!”.
Sandoval González es el titular de la Sedena. Foto: Gobierno de México.
Seguido del Secretario de la Sedena, habló el Presidente, quien le agradeció su “lealtad” por cumplir con las instrucciones presidenciales y el decreto. “Nos alivia a todos, es un acto de reconciliación nacional que necesitamos. No se le puede dar vuelta a la hoja así nomás, tenemos que conocer la verdad, toda la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, no vuelva a haber represión, autoritarismo, en nuestro país”.
Frente a más militares que familiares de las víctimas, López Obrador sostuvo que la Comisión podrá consultar archivos de Seguridad Nacional para realizar acciones de reconocimiento y búsqueda en las instalaciones militares del país, en aras de esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Guerra Sucia.
“Espero no en mucho tiempo, tener un relato completo, con acciones y recomendaciones que se deban tomar para que de esa manera honremos la memoria de quienes perdieron la vida, lucharon por un ideal y por quienes lucharon en cumplimiento de un deber”, dijo López Obrador.
Sandoval González fue quien más recibió reclamos durante su discurso. Foto: Gobierno de México.
La Comisión tendrá acceso a las instalaciones militares y archivos documentales, pero con el acompañamiento de algún elemento militar. La Sedena ha entregado apenas mil 653 documentos relacionados con movimientos sociales y políticos de 1965 a 1990, así como más 18 mil evidencias documentales para el caso Ayotzinapa.
El pasado 8 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer los resultados de un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte del Estado mexicano en contra de ciudadanas y ciudadanos debido a su militancia política entre los años 1951 a 1965, las cuales representan “un auténtico genocidio“.
Por medio de un informe, la Comisión dio cuenta que el Estado mexicano reprimió movimientos sociales y violentó los derechos humanos de las personas que formaban parte del Programa de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), el cual sostuvo la candidatura de General Miguel Henríquez Guzmán hace 70 años.
López Obrador firmó el decreto para crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes que tuvieron lugar entre 1965 y 1990. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
Dentro de los resultados del trabajo de la CNDH se dio cuenta de que en los 14 años comprendidos entre 1951 a 1965 se tiene el registro de 217 muertos, 211 heridos, entre 395 y 595 desaparecidos y tres mil 416 detenidos arbitrariamente. La mayoría de los hechos ocurrieron en manifestaciones o en eventos relacionados con su militancia política. En comparación, las cifras de la llamada “Guerra Sucia” de las décadas de 1960 a 1970 arrojaron un saldo hasta 1978 de entre 489 y 532 casos de desaparecidos, y aunque se siguen documentando ambos casos, los números son más bajos.
El pasado 6 de octubre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto presidencial para crear la nueva Comisión para el Acceso a la Verdad, que tiene la tarea de investigar los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1965 y 1990.
En el DOF se detalló que la Comisión para el Acceso a la Verdad tiene el objetivo de que se haga justicia por 25 años en los que cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas, y que se repare a las víctimas por esos crímenes de Estado.
El colectivo tiene contabilizadas 557 personas arrestadas por motivos políticos y que siguen en paradero desconocido a día de hoy.
Por Eduard Ribas i Admetlla
Ciudad de México, 21 noviembre (EFE).- El Gobierno de México ha puesto en marcha una Comisión de la Verdad para esclarecer la represión contra la disidencia emprendida por el Estado mexicano durante la llamada Guerra Sucia entre los años 60 y 80, que supone para las familias de las víctimas la última oportunidad para hacer justicia y saber de sus desaparecidos.
“Se acaba el tiempo, es un momento crítico, llega al límite esta investigación porque muchos han muerto. Pero si hay voluntad de investigar, los muertos hablan”, dijo a Efe Jorge Gálvez, miembro del Comité ¡Eureka!, que desde 1977 busca a personas desaparecidas por el Estado mexicano.
A finales de la década de los 60, el Gobierno autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emprendió en México la llamada guerra sucia – que las víctimas prefieren llamar “terrorismo de Estado”- en contra de disidentes de izquierda, estudiantes, obreros y organizaciones guerrilleras.
El punto de inflexión lo marcó la masacre contra el movimiento estudiantil de 1968 en un mitin en Tlatelolco y siguieron dos décadas de arrestos, torturas y desapariciones perpetradas por la ya extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) con la complicidad del Ejército.
El Gobierno de México ha puesto en marcha una Comisión de la Verdad para esclarecer la represión contra la disidencia emprendida por el Estado mexicano durante la llamada guerra sucia entre los años 60 y 80. Foto: José Méndez, EFE.
Mientras México apoyaba a la Revolución cubana, al Gobierno de Salvador Allende y al sandinismo, en su interior el régimen priista “ocultaba” la persecución a los movimientos de izquierda que pedían la democratización del país.
“Empezó una detención de líderes estudiantiles, obreros, campesinos y una desaparición selectiva [de personas]”, contó Gálvez, quien hoy dirige un museo con el archivo del Comité ¡Eureka!.
Este colectivo tiene contabilizadas 557 personas arrestadas por motivos políticos y que siguen en paradero desconocido a día de hoy.
El comité fue fundado por la reconocida Rosario Ibarra, quien tras el arresto de su hijo Jesús, se organizó con otras madres de desaparecidos, conocidas como “las doñas”, y emprendió históricas huelgas de hambre que lograron liberar a centenares de represaliados.
Pero a sus 94 años, Rosario Ibarra sigue sin conocer el paradero de su hijo.
CONOCER LA VERDAD
Cuatro décadas después, el Gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador formalizó el pasado 6 de octubre la creación de la Comisión de la Verdad que debe investigar las graves violaciones a los derechos humanos entre 1965 y 1990.
Para Gálvez, yerno de Rosario Ibarra, el decreto “se tardó porque tiene que dar frutos en dos años y medio”, cuando concluirá la Presidencia de López Obrador, y “queda corto el período de investigación”, dado que las desapariciones forzadas en México se dispararon con el inicio a la guerra contra el narcotráfico de 2006.
De todos modos, las familias apoyan a la comisión, formada por cinco expertos en derechos humanos con el apoyo técnico de la ONU.
Una de sus miembros, Eugenia Allier, contó a Efe que estudiarán casos de detención forzada, desapariciones, torturas y exilios, y que el fin principal es “dar a conocer lo que pasó”.
“El desconocimiento y la impunidad que rodea esa violencia permite que hoy vivamos una violencia mucho mayor todavía”, opinó la también historiadora.
Para encontrar la verdad, tanto la comisión como las familias consideran fundamental que el Gobierno cumpla su compromiso de abrir los archivos y las instalaciones, sobre todo del Ejército.
Este colectivo tiene contabilizadas 557 personas arrestadas por motivos políticos y que siguen en paradero desconocido a día de hoy. Foto: José Méndez, EFE.
“Tenemos muchas décadas en esto, estamos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer”, dijo a Efe Alicia de los Ríos, del colectivo de familiares de Chihuahua.
EN BUSCA DE JUSTICIA
Prácticamente desde que nació, esta abogada busca a su madre, también llamada Alicia de los Ríos.
Ella fue una integrante de la guerrilla Liga Comunista 23 de Septiembre, que fue arrestada en una emboscada policial en Ciudad de México.
“Desde que tengo memoria, mi abuela y mi tía Marta están en búsqueda de mi mamá. Ellas mueren y yo tomo la estafeta”, contó a Efe.
Según testimonios de otros presos, Alicia de los Ríos fue vista en el campo militar número 1 de la Ciudad de México y posteriormente en un recinto militar de Acapulco, donde se pierde su pista.
Aunque en un inicio buscaba a su madre con vida, con el paso del tiempo llegó a la conclusión de que el “modus operandi” de las autoridades era la “eliminación” de muchos de los disidentes.
“Queremos saber qué pasó con cada uno de ellos y por supuesto queremos acceso a la justicia y que sean juzgados los responsables”, dijo De los Ríos.
El único Presidente mexicano de la época que sigue vivo es Luis Echeverría [1970-1976], de 99 años, aunque los colectivos confían en hallar también a mandos altos, intermedios y bajos.
“Si los perpetradores tendrían entre 30 y 40 años, estamos hablando de personas de unos 80 años. Muchos siguen con vida pero el tiempo corre. Hay que encontrarlos y pedir que hablen”, apremió De los Ríos.
Lo cierto es que enjuiciar no está en las competencias de la comisión, pero sus miembros comparten la necesidad de hacer justicia.
“De nada nos sirve recordar si no hay justicia. Apoyaremos en todo lo que se pueda pero no depende de nosotros”, expresó Allier.
El activista y poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dijo que las expectativas para la recién creada Comisión son nulas y considera que, a la vuelta de dos años y medio, cuando se cumpla su plazo, no dará los resultados previstos. “Por desgracia no habrá nada”, dijo.
Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El poeta y activista Javier Sicilia consideró que la Comisión de Justicia para el esclarecimiento de los crímenes de la Guerra Sucia es un ejercicio de “simulación” que no atiende la profundidad del drama y horror de la desaparición y violencia en México.
“Es otra gran simulación porque no tiene nada que ver con justicia transicional en un sentido serio y profundo de la palabra”, señaló en entrevista con SinEmbargo.
El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que rompió relación con el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador casi al inicio de la administración, criticó la temporalidad de las violaciones que se van a investigar —de 1965 a 1990— y que esté destinada a un sector de víctimas, pues destacó que la crisis que se vive en México requiere de una verdadera justicia transicional que no sólo los casos emblemáticos como la Guerra Sucia, Ayotzinapa o Jojutla.
“¿Por qué desde esa fecha? ¿Qué después de 1990 no tenemos una relación inmensa de crímenes? ¿Qué no hay más de 90 mil desaparecidos desde entonces? ¿Qué no hay más de 4 mil fosas clandestinas? ¿Que no hay más de 30 mil casos de tortura? ¿La verdad y el impulso de la justicia hasta 1990? Ya desde el hecho que daten como si no hubiera pasado nada, como si estuviéramos en un país en paz…. bueno ya es en si misma es una comisión idiota, que no está atendiendo la profundidad del drama y de la tragedia humanitaria”, espetó el activista.
En octubre se creó la Comisión para el Esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia. Foto: Cuartoscuro
El 14 de septiembre de 2018, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad puso sobre la mesa al entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la agenda de la justicia transicional, que es un mecanismo para que las víctimas logren justicia y se lleve a rendir cuentas a los responsables de la violencia en los sexenios pasados.
De acuerdo con el activista, el Jefe del Ejecutivo se comprometió a atender y dar prioridad a la agenda de víctimas y construir una política en función de la justicia transicional. No obstante, ambos rompieron relaciones.
La ruptura que tuvo con Andrés Manuel López Obrador se derivó luego de que no incluyó en los 100 compromisos el atender la agenda integral de las víctimas de la violencia lo cual —aseguró— fue una promesa que el mandatario no cumplió; por ese motivo es que afirma que el Presidente traicionó a las víctimas.
“En esos 100 puntos había una sola Comisión de la Verdad que es absolutamente ineficiente, que es la Comisión de Ayotzinapa. Todo lo demás quedó al margen, lo borraron y no dijo absolutamente nada al respecto, y agregó algo más que no había pactado con nadie (de la sociedad civil): le dio carta de naturalización al Ejército en las calles. El sueño de Calderón lo hizo posible y lo llevó a límites demenciales”, dijo.
Las diferencias aumentaron después de la Marcha que realizó el Movimiento por la Paz en enero de 2020, a unos meses de la matanza de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora.
En esa ocasión Sicilia se reencontró con Julián LeBarón en la caravana que partió rumbo a Palacio Nacional con el objetivo de sentarse en la mesa con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y plantearle un cambio de estrategia en materia de seguridad, algo que no ocurrió debido a que el mandatario federal no los recibió y tildó la protesta como un “show”.
Sobre sus críticas hacia el Gobierno de López Obrador, Javier Sicilia ha aclarado que no es enemigo del Presidente; sin embargo, ha insistido en que no les hará el juego: “yo lavo la cara de la mentira, yo no lavo caras”.
Las víctimas y familiares de personas desaparecidas han exigido por años comisiones de la verdad. Foto: Cuartoscuro
COMISIÓN DE LA VERDAD
La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 nació el pasado 6 de octubre cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que ordenaba su creación.
La Comisión cuenta con cinco mecanismos: para la verdad y esclarecimiento histórico; el Comité para el impulso de la justicia; Plan especial de búsqueda; Plan especial de reparación y compensación, y de Acciones para la memoria y garantía de no repetición.
Además está integrada en su mayoría por funcionarios: el titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien la presidirá”; Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); por Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP); Carlos Enrique Ruiz Abreu, Director del Archivo General de la Nación; Erick Javier Martín Salas, encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
En días pasados fueron elegidos los cinco expertos independientes quienes formarán parte de uno de los cinco mecanismos de la comisión y son quienes realizarán las indagatorias, acopio de información, acceso a los archivos de todas las dependencias, acceso a las instalaciones federales militares o civiles en búsqueda de la verdad.
Consejeras que participarán en uno de los cinco mecanismos de la Comisión de la Verdad explicaron a SinEmbargo que será imperativo que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Estado Mayor Presidencial (EMP), así como otros documentos ocultos para poder avanzar en su cometido del esclarecimiento histórico de los hechos ocurridos de la contrainsurgencia, pues hasta ahora las únicas herramientas y dientes que se le han dado a la Comisión es la promesa del Presidente de abrir los archivos.
“Necesitamos que ese compromiso se vuelva realidad, que de verdad haya voluntad, si no hay voluntad gubernamental no vamos hacer nada, eso es fundamental”, expresó Eugenia Allier Montaño, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una de las cinco integrantes del Mecanismo para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
En México hay al menos 94 mil personas desaparecidas. Foto: Cuartoscuro
En ese sentido, Javier Sicilia consideró que no se va a romper el pacto de silencio con el Ejército, y descartó que se cumpla la promesa de que se vayan abrir los archivos militares.
“No lo habrá, menos con el poder que le han dado al Ejército. El Ejército, por desgracia, ha sido un poder aparte, secreto, lleno de cosas que no sabemos. Por eso no desatoran Ayotzinapa porque el Ejército no quiere dar todo lo que sabe, todas las complicidades que tienen con esa atrocidad. El caso Ayotzinapa no ha podido resolverse en tres años porque el Ejército no está abierto a buscar la verdad, mucho menos con una Comisión que quiere entrar a duras penas a todo el asunto de la Guerra Sucia”, dijo.
El poeta también reprochó que la integración de la Comisión de la Verdad sea en su mayoría por funcionarios del Estado, quienes tienen la mayoría de los votos de las decisiones que tome ese organismo.
“Cinco de los seis son funcionarios que pertenecen al poder. Esa no es una Comisión seria. Cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, se trata de crímenes que cometió el Estado y nunca he visto que un Estado se pueda juzgar a sí mismo en estas condiciones. Tampoco van a hacer algún trabajo, no tienen ni siquiera dinero para echar a andar esa comisión. Es una comisión completamente absurda”, añadió
Destacó que la intensión es de simular frente a la presión que han ejercido las víctimas: “esa es una respuesta que no convence a nadie que tenga tantito sentido de lo que significa justicia transicional y mecanismo de justicia frente una tragedia como la que vive México”.
Javier Sicilia aseguró que se mantendrán vigilantes de la Comisión de la Verdad, pero descartó que tengan resultados. Foto: Cuartoscuro
Los integrantes del mecanismo de esclarecimiento pidieron un voto de confianza a la ciudadanía y activistas y llamaron a no desear el fracaso sino a integrarse y apoyar para llegar a la verdad. Cuestionado que en caso de que le solicitaran ayuda, Sicilia destacó disposición para colaborar.
“No para nada. Mi confianza no la tienen y si quieren que agarramos confianza yo y muchas víctimas de este país. No creo que lo puedan resolver en tres años, por además tienen fecha de caducidad. Simplemente no hay ningún elemento para que les podamos tener confianza”.
Finalmente dijo que está convencido de que la función de los ciudadanos es vigilar que las autoridades cumplan con su deber.
“Mi colaboración va a ser exigirles a que cumplan con lo que se comprometieron y que no estén simulando, esa va ser mi posición. Esa ha sido mi posición desde que rompimos con Encinas y con el Presidente cuando nos maltrató. No le vamos hacer el juego a nadie. Los vamos a denunciar y vamos a estar encima de ellos, hasta que cumplan con lo que deben de cumplir si es que tienen los tamaños, la voluntad política y el corazón para hacerlo, y sino pues nos tendrán encima de ellos. Esa va a ser nuestra colaboración: fastidiarlos”.
El Subsecretario Alejandro Encinas reiteró que la crisis de desapariciones que vive actualmente México, se deriva de la Guerra Sucia y de la “mal llamada guerra contra el narcotráfico”, la cual se declaró en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
Ciudad de México, 15 de noviembre (EFE).- México reconoció ante el grupo de expertos del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU (CED), el cual inicia este lunes una visita en territorio nacional, que el país enfrenta una crisis humanitaria por la desapariciones forzadas, al acumular más de 94 mil personas no localizadas.
“Esta es la herencia más dolorosa que está enfrentando el Gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano”, expresó Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, durante la bienvenida al CED, encabezado por la presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana.
Durante su discurso, Encinas reiteró que la crisis de desapariciones que vive actualmente el país, se deriva de la Guerra Sucia y de la “mal llamada guerra contra el narcotráfico“, la cual se declaró en la gestión del Presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Afirmó que pese a que en noviembre del 2017 se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, estos mecanismos han sido inoperantes.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Foto: Gobierno de México.
“Lo cierto es que no había una implementación; no había registro de personas desaparecidas; no había protocolos para la búsqueda y sólo ocho comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias”, precisó.
Exaltó que tras la llegada al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, se han enviado “señales muy claras” para atender esta problemática.
Afirmó que hasta antes de esa fecha el Estado mexicano “abdicó” de sus responsabilidades en materia de desaparición y delegó la búsqueda de las personas desaparecidas a los familiares de las víctimas.
Sin embargo, destacó que el actual Gobierno ha dado un viraje en el abordaje de la problemática, como la emisión de un decreto para diseñar una estrategia para el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y recientemente la creación de la Comisión de la Verdad relacionada con la Guerra Sucia que hubo en México entre 1965 y 1990.
Además, dijo que se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, con lo cual se han realizado dos mil 300 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas, además de que se crearon protocolos homologados de búsqueda, y protocolos adicionales para niños y adolescentes.
Así mismo, se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas y se han destinado mil 200 millones de pesos (unos 58 millones de dólares) para fortalecer a las comisiones estatales de búsqueda.
Aunado a ello, se instaló la Mesa para migrantes desaparecidos; se crearon centros regionales para la identificación humana en Coahuila y San Luis Potosí; y se dotó de laboratorios forenses móviles en Sonora.
Exaltó el avance en registros de fosas clandestinas que ha permitido cuerpos recuperados y la instalación de las 32 comisiones estatales de búsqueda.
Integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en su primera visita a México. Foto: Gobierno de México.
CELEBRAN APERTURA
Villa Quintana calificó la visita a México las próximas dos semanas como histórica, no sólo porque el país se ha abierto al escrutinio del Comité, sino porque es la primera visita que esa instancia realiza a nivel internacional a 11 años de su creación.
“Acogemos con mucha satisfacción la disposición del Estado mexicano para recibir esta visita solicitada desde 2013. Es una muestra de voluntad del Estado mexicano para abrirse al escrutinio internacional”, apuntó.
Y recordó que en estas dos semanas el grupo visitará 12 estados, donde se reunirá con autoridades y familiares de las víctimas, con lo que se busca colaborar de manera constructiva con el Estado mexicano en aras de avanzar en la prevención de las desapariciones forzadas y la lucha contra la impunidad.
Finalmente, dijo que al final de la visita, el 26 de noviembre, ofrecerán una breve conferencia de prensa, pero el informe de la situación en México se rendirá en el próximo periodo de sesiones del Comité entre marzo y abril del 2022.
Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU. Foto: Gobierno de México.
Integrantes de la Comisión de la Verdad sobre las desapariciones perpetuadas por el Estado durante la Guerra Sucia aseguraron que uno de los objetivos fundamentales será que las violaciones a derechos humanos cometidas durante este periodo se vuelvan tema nacional: “Tenemos que sacarlo de la oscuridad”.
Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- La voluntad política para cumplir el compromiso de abrir los archivos de la Guerra Sucia, las instalaciones militares donde se perpetraron violaciones a derechos humanos y el tiempo con el que cuentan quienes indagarán en este periodo son los principales retos que enfrente la Comisión de la Verdad que buscará el esclarecimiento histórico de los hechos ocurridos de la contrainsurgencia.
Consejeras que participarán en una de los cinco mecanismos de la Comisión de la Verdad explicaron a SinEmbargo que es necesario que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Estado Mayor Presidencial (EMP), así como otros documentos ocultos para poder avanzar en su cometido, pues de lo contrario, el organismo no podrá cumplir con su prometido.
“Necesitamos que ese compromiso se vuelva realidad, que de verdad haya voluntad, si no hay voluntad gubernamental no vamos hacer nada, eso es fundamental. Que no solamente nosotros nos estemos comprometiendo como investigadores, como promotores de derechos humanos que somos para tratar de avanzar en este capítulo oscuro de nuestra historia, sino que necesitamos de todos”, expresó Eugenia Allier Montaño, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una de las cinco integrantes de la Comisión para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
La investigadora e historiadora Aleida García Aguirre, también integrante esta comisión, coincidió en que el desafío está en acceder a los archivos ocultos de este periodo: “Lo que podría marcar un parteaguas es el acceso a los archivos del Ejército, que están divididos dentro de la estructura del Ejército; cada pedacito tiene su propio archivo: el del Estado Mayor, el de los regimientos, el de operaciones, etcétera, etcétera. Acceder al archivo del Ejército es muy complejo y sabe a qué pedacitos de ese archivo vamos podamos acceder, eso es un reto”.
Alicia de los Ríos, hija de una de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Sucia, comentó por su parte que con este esfuerzo gubernamental se conozcan por fin los archivos del Ejército, una de las principales corporaciones que estuvo involucrada en la desaparición de personas. “Con esta comisión esperamos que por fin conozcamos de los archivos militares”, agregó.
El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Presidente se reunió con familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia y prometió la creación de la Comisión de la Verdad. Foto: Twitter @lopezobrador_
A inicios de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para crear una Comisión de la Verdad que investigue los abusos y violaciones graves a los derechos humanos en uno de los periodos más negros de la historia moderna de México: la Guerra Sucia. Fue el 6 de octubre cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que nació la Comisión que indagará sobre estos crímenes y abusos cometidos entre los años 1965 y 1990.
La Comisión para el Acceso a la Verdad estará integrada por el “titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien la presidirá”; Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); por Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP); Carlos Enrique Ruiz Abreu, Director del Archivo General de la Nación; Erick Javier Martín Salas, encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Además de cinco expertos que fueron seleccionados con la “asesoría de técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Eugenia Allier Montaño, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; Abel Barrera Hernández, activista y antropólogo; David de Jesús Fernández Dávalos, activista; Aleida García Aguirre, historiadora, y Carlos A. Pérez Ricart, profesor e investigador del CIDE, son el equipo de especialistas seleccionados para esta Comisión que tiene el objetivo de que se haga justicia por 25 años en los que cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas, y que se repare a las víctimas por esos crímenes de Estado.
En la integración, cada uno de los funcionarios de Gobierno tendrá voz y voto, en tanto que los cinco especialistas conformarán, en su conjunto, sólo un voto, uno de los aspectos que ha generado crítica a la Comisión.
La Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia fue decretada a inicios de octubre. Foto: Ernesto Guzmán Jr., EFE.
NO SERÁ OTRA FEMOSPP
No es la primera vez que en México se hace un intento de “justicia transicional” o al menos de investigar los crímenes en el pasado. Durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) la cual, ha sido considerada como un fracaso.
La historiadora y activista Alicia de los Ríos Merino, quien lleva el mismo nombre de su madre, una integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre que fue desaparecida tras un operativo de la Brigada Blanca, señaló que las expectativas en esta ocasión con más acotadas que hace 20 años cuando se creó la FEMOSPP cuando pensaban que se iban a resolver todas las interrogantes sobre la contrainsurgencia y el destino de las personas que fueron desaparecidas.
“Otra de las expectativas es que sí se logre reconocer a quienes participaron en los circuitos de la represión. Al tener otras fuentes documentales, esperamos que podamos reconocer o poder ubicar a otras personas que formaron parte de la Brigada especial o que participaron cuando la desaparición forzada era utilizada como un método sistemático de represión. De la Brigada Especial muchos de ellos no han pido ser ubicables, y en ese sentido me parece que la comisión si va a poder ubicar a todos esos rema participantes que están fuera de nuestro radar”, explicó.
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Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador del Colegio de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y uno de los integrantes de la Comisión señaló —en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, en el programa Los Periodistas— que la Comisión es la última oportunidad que tiene el Estado mexicano para brindar justicia a las víctimas de violencia perpetrada entre esos años y esclarecer los hechos.
“No va a quedar en nosotros, y a diferencia de lo que pasaba en FEMOSPP (…) [la Comisión] sí cuenta con el apoyo y el respaldo del Gobierno federal para llegar a las últimas consecuencias. Ninguno de estos procesos funciona sin el apoyo del Ejecutivo”, recordó el investigador. “[La Comisión] tiene el apoyo por parte del Presidente, por parte de las instituciones y sobre todo de las víctimas”.
Los colectivos de víctimas han pedido por años la creación de comisiones de la verdad. Foto: Cuartoscuro.
LAS CRÍTICAS
Jacobo Dayán, especialista en derecho internacional y en justicia transicional, aseguró que la recién creada Comisión de la Verdad no se apega a ningún estándar internacional por que sus miembros en su mayoría son funcionarios del Gobierno,
“Es una Comisión de la gubernamental, no es una comisión de la Verdad independiente. Seis de los siete votos de esa comisión están en manos del Gobierno. No es una Comisión de la Verdad que se apegue a ningún estándar de ningún tipo. Las comisiones son integradas por personas independientes; hay algunas comisiones en que se incluyen algunos funcionarios, pero en todo caso estas personas siempre son la minoría”.
El especialista destacó que el hecho de que la mayoría de los integrantes sean funcionarios implicará que la narrativa que surja será desde el Gobierno y no de forma independiente.
“Las decisiones para buscar justicia, buscar reparación, no repetición son las decisiones de un Gobierno y no —de lo que en teoría quisieron hacer— de una comisión independiente; pero queda claro que, así como todos los gobiernos en este país, los estatales, los federales, sin importar el partido, sin importar el sexenio mantienen un control político de la justicia y ante lo que estamos es ante el control político de la verdad”, expresó.
Además, Alicia consideró que la Comisión no entrará desde cero, porque a lo largo de 20 años hay un trabajo avanzado “a la fecha tenemos un informe de la FEMOSP, tenemos muchas investigaciones periodísticas y académicas. Tenemos el informe de la ComVerdad verdad de Guerrero.
Explicó también que la FEMOSPP era solamente una instancia del Ministerio Público, cuyo único mandato era investigar la responsabilidad de los posibles victimario mientras que la nueva Comisión buscará el esclarecimiento.
“No estamos en la misma situación que hace 19 años y la segunda cosa a considerar es que por más que hubiera un informe histórico, su mandato no era el de investigar el esclarecimiento histórico sino que todo tenía que ser vía tribunales; y en este caso de la Comisión no es así: acá la fortaleza es que a través de la comisión puede haber un trabajo de retroalimentación constante con las instancias de Fiscalía, pero son mandatos diferentes”.
Integrantes de la Comisión para la Verdad y Justicia de 1965-1990. Foto: Secretaría de Gobernación.
VAMOS ACTUAR DE FORMA INDEPENDIENTE
Las investigadoras Aleida García Aguirre y Eugenia Allier Montaño insistieron en que el objetivo fundamental será dar esclarecimiento de lo ocurrido en la Guerra Sucia desde un punto de la verdad.
“Hasta ahora en la Comisión tenemos tres grandes objetivos en torno a la Guerra Sucia: revisar lo que ocurrió con los desaparecidos políticos, la desaparición forzada en toda esa época, la tortura, y otra con las ejecuciones extrajudiciales”, dijo Aleida.
Eugenia Allier destacó a su vez que el objetivo es buscar la verdad, sin embargo, recalcó que para eso será necesario que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos militares pues dijo que hasta ahora las únicas herramientas y dientes que se la dado a la Comisión es la promesa del Presidente.
“Por ahora solamente nos han dado (como herramientas) el compromiso, la promesa del Presidente de que se van abrir los archivos y vamos a poder acceder a distintas instalaciones y vamos a poder ir y ver que hay ahí. Por supuesto nosotros, en la medida que logramos configurarnos como un grupo, de trabajo podremos generar cierto tipo de presión, pero no hay muchas más herramientas que nos puedan dar”, dijo.
Finalmente, las especialistas aseguraron que actuarán con total independencia porque existe un compromiso con la sociedad.
“Nosotros, y en eso si voy a insistir, somos una comisión independiente, por supuesto estamos trabajando al amparo del Gobierno, porque ha habido muchas críticas en torno a eso, que no somos independientes porque estamos trabajando al amparo del Gobierno, pero muchas comisiones en América Latina se han creado así, de alguna manera son Gobierno posteriores a los hechos los que crean una comisión”, apuntó Eugenia Aguirre.
Las comisionadas también coincidieron en que otro de los objetivo y pieza clave será que las violaciones y guerra sucia se vuelva tema nacional, que la gente lo conozca: “Tenemos que sacarlo de la oscuridad”.
¿Quiénes son los cinco expertos que formarán parte de la Comisión de la Verdad que indagará las desapariciones y crímenes durante la Guerra Sucia? Conoce su trayectoría y los motivos que expusieron los cinco integrantes cuando se postularon.
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Activistas, académicos, investigadores, un experto en materia de seguridad y un exRector son quienes integrarán la Comisión para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
Este viernes el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que los expertos Allier Montaño, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; Abel Barrera Hernández, activista y antropólogo; David de Jesús Fernández Dávalos, activista; Aleida García Aguirre, historiadora, y Carlos A. Pérez Ricart, profesor e investigador del CIDE, son el equipo de especialistas que integrarán esta Comisión que tiene el objetivo de que se haga justicia por 25 años en los que cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas, y que se repare a las víctimas por esos crímenes de Estado.
Pero, ¿qué experiencia y trayectoria tienen los expertos que fueron elegidos en este proceso que contó con la asesoría técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos?
A continuación, te presentamos los nombres, parte de la carrera de los seleccionados, así como una parte de los motivos que expusieron para postularse a la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente se reunió con familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia y anunció la creación de la Comisión de la Verdad. Foto: Twitter @lopezobrador_
EUGENIA ALLIER MONTAÑO
Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, desde enero de 2007 y actualmente dirige los proyectos “Memorias públicas del movimiento estudiantil de 1968 en México”, “Hacia una historia del presente mexicano: régimen político y movimientos sociales, 1960-2010” y “19-S II. Experiencia, memoria y movilización social”. Antes de ello, dirigió el proyecto “Conmemoraciones de pasados recientes violentos; memoria e identidad. Una comparación México-Uruguay” (2007-2010), y con el Dr. José Carlos Hesles dirigió el proyecto “El carnaval de los héroes, o Crónica de las melancólías.
En su exposición de motivos, explicó que desde su infancia tuvo la oportunidad de crecer en medios sociales vinculados con la militancia del movimiento estudiantil de 1968. Además estudió en escuelas donde también acudieron hijas e hijos de exiliados políticos latinoamericanos que vivían en México.
“Todo esto me sensibilizó frente al mundo que vivía, especialmente a los movimientos sociales y las violaciones de derechos humanos en la región. Estoy segura de que fueron esas circunstancias las que determinaron mis intereses académicos y universitarios, y que me llevaron a optar por historizar el presente histórico, con los retos políticos y éticos que ello implica”, señaló.
La historiadora considera que la Comisión “debería ser plural e independiente, y que en ello la participación de académicas y académicos puede ser decisiva en la búsqueda de la construcción de un país democrático social y político. La verdad es una deuda con las víctimas, pero lo es también con la sociedad en su conjunto.
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ABEL JESÚS BARRERA HERNÁNDEZ
Es antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, y es fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, organización civil creada en 1993 con sede en la ciudad de Tlapa, Guerrero, que desde hace 27 años acompaña a los pueblos Na’Savi, Me’phaa, Naua, Ñomdaa, Afromexicanos y mestizos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
Tlachinollan, explica en su curriculum, forma parte de las organizaciones que acompañan a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, desde septiembre del 2014, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar y Servicios y Asesoría para la Paz A.C.
Además, destaca que han litigado junto con Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), los casos emblemáticos de mujeres del pueblo Me’phaa como el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Entre sus motivos para formar parte de la Comisión expuso que su interés es porque, como defensor de derechos humanos en la Montaña de Guerrero, ha constatado los estragos de la guerra sucia que padecieron familias indígenas y campesinas por las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas de esposos, esposas, hijas e hijos.
“Somos testigos de su lucha incansable, de su peregrinar antes las diferentes instancias de gobierno. En medio de tantas adversidades y peligros no han sucumbido, por el contrario, son ejemplos de dignidad y guardianes de la memoria intangible que preservan de sus seres queridos”, expuso.
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DAVID DE JESÚS FERNÁNDEZ DÁVALOS
Es maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, Sacerdote de la Compañía de Jesús (jesuita) fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también fue rector de rector de la
Universidad Iberoamericana así como del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Actualmente es Secretario Ejecutivo de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina (AUSJAL) que agrupa a 31 universidades en 15 países
El exrector señaló que desde su visión como persona instruida en los temas de derechos humanos y mecanismos de justicia transicional considera que el esclarecimiento de esas violaciones graves a los derechos humanos (tras el conflicto que se vivió entre la insurgencia juvenil y la contrainsurgencia del Estado mexicano a partir del Asalto del Cuartel Madera, en 1965, y hasta la insurrección zapatista de 1994) es fundamental para restañar heridas que, aún ahora impiden la reconciliación cabal en nuestro país, así como para avanzar en la reparación del daño sufrido por numerosos mexicanos y mexicanas, que ponga condiciones eficaces para que estos hechos nunca se repitan.
“Un buen trabajo de esta Comisión de la Verdad podría auxiliar en el rompimiento del pacto de silencio e impunidad que todavía nos agobia. En este período de transición hacia un nuevo régimen más democrático y justo, se hacen necesarios mecanismos extraordinarios de verdad, búsqueda, justicia, reparación y garantía de no repetición de esos lamentables hechos”, destacó en su exposición de motivos.
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ALEIDA GARCÍA AGUIRRE
Es profesora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua con posgrados en investigaciones educativas y acaba de concluir su doctorado en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas, dirigida por la Dra. Alicia Civera Cerecedo, para lo cual presentó como tesis la investigación “Subjetividades [políticas] en movimiento: los caminos de maestros y normalistas hacia la militancia armada en México durante los setenta”.
Se ha especializado en historia social del magisterio y el normalismo rural en México, historia oral, relatos de vida y memoria de militantes de izquierda de los años 60 y 70, historia del pasado reciente con perspectiva de género, archivos de la represión política del pasado reciente en México
La experta destacó, en su exposición de motivos, que considera que sus saberes teóricos-prácticos en historia, derechos humanos y perspectiva de género, así como su experiencia de trabajo en archivos y con relatos testimoniales, son idóneos para abonar al esclarecimiento histórico, diseñar estrategias para el acceso a la justicia y la verdad, y promover la memoria y no repetición.
“El llamado a instalar la Comisión, es un gesto de voluntad política que reconoce a las iniciativas histórico-judiciales previas, y en este sentido, mi trabajo buscará dar continuidad a algunas líneas de investigación previamente dibujadas; pero al mismo tiempo, el Decreto reconoce que el esclarecimiento de la verdad requiere de acervos institucionales que han permanecido cerrados hasta el momento (especialmente Sedena). Es necesario que estos acervos sean leídos de manera interseccional para documentar casos de violaciones graves a derechos humanos y reconstruir los contextos que los habilitaron. que su experiencia en la magisterial, moldeada en Argentina y México, contribuirá a distinguir las condiciones contextuales de las violencias y violaciones graves a derechos humanos en testimonios orales y relatos autobiográficos diversos”, señaló.
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CARLOS ALFONSO PÉREZ RICART
Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y actualmente se desempeña como profesor-investigador titular en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la Ciudad de México.
El experto consideró, durante su exposición de motivos, que su experiencia de más de una década trabajando, analizando y estudiando archivos estatales en México y en Estados Unidos; una comprensión crítica, pero a su vez realista y compleja, de lo que fue (y lo que no fue) el Estado mexicano durante el periodo 1965-1990 y una ética profesional y de trabajo de altísimos estándares, son atributos con los que cuenta y que pueden ser particularmente útiles para el trabajo que llevará acabo la comisión.
“Conozco prácticamente todos los acervos documentales relativos a temas de represión policial y militar en México. Asimismo, conozco — y he pasado meses enteros— trabajando en Washington D.C estudiando temas mexicanos. […]Ofrezco una visión que, sin negar la relevancia del Estado como actor relevante en la ejecución de delitos, matiza la idea de que el Estado fue el único actor que centralizó y dirigió toda la violencia que se experimentó en el país. A esta perspectiva se le conoce como “pluralismo violento” y propone, en términos analíticos, el examen de la multiplicidad de fuentes, estatales y no estatales, desde las cuales fue ejercida la violencia en México”, expuso.
La activista Alicia de los Ríos, en entrevista para “Los Periodistas”, indicó que las desapariciones de jóvenes empezaron hace más de medio siglo, y resaltó la importancia de la creación de la Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos que ocurrieron entre 1965 y 1990.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Alicia de los Ríos, hija de la integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre del mismo nombre que fue desaparecida hace 43 años por cuerpos de contrainsurgencia del Estado mexicano, acusó que en México los jóvenes han sido desaparecidos desde hace más de cincuenta años, y quien implementó esta táctica de represión fue el Estado mexicano.
“Todos los adolescentes tienen miedo de salir de sus casas y no regresar. Ese miedo de desaparecer porque alguien los sube a la camioneta, porque alguien se los lleva de donde tendrían que estar seguros, no empezó ayer, no empezó en 2006, ni empezó en el 94. Empezó como práctica sistemática contra los jóvenes en la década de los 60s, y lo terrible es que lo implementó las autoridades que tendrían que haber brindado esa seguridad a esa generación juvenil, por más rebelde, por más protestas que se hicieran”, denunció la activista e historiadora en el programa “Los Periodistas” de SinEmbargo Al Aire, conducido por Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado.
De los Ríos es una de las integrantes del comité que decidirá qué cinco expertos forman parte de la Comisión de la Verdad para investigar los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1965 y 1990, la que fue creada por decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La relevancia de esta Comisión, a diferencia de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) que fue creada durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006), es que dará a los familiares de víctimas y a sobreviventes la oportunidad de esclarecer históricamente qué pasó con las personas que fueron desaparecidas durante esos años, y quiénes fueron los presuntos responsables, explicó la también docente.
“La relevancia, el significado que tiene esta comisión es que no nada más tendría que responder a las demandas de verdad y de justicia y de no repetición de las víctimas o de los familiares de las víctimas; en este caso es un ejercicio que tiene gran relevancia pero para el resto de la sociedad. Recordemos que si la sociedad no contempla la buena operación, la buena integración de un mecanismo como es el de la Comisión de la Verdad, si no demanda que estas instancias den resultado puede volver a ocurrir lo que ha pasado con otras: resultados muy muy escasos”, lamentó.
La activista recalcó que la FEMOSPP se concentraba principalmente en identificar las responsabilidades jurídicas de quienes estuvieron detrás de las desapariciones, como lo fue el expresidente Luis Echeverría Álvarez, y no en conocer el paradero de los desaparecidos y detenidos. “Nosotros teníamos que escoger entre Fiscalía o Comisión, búsqueda o castigo. Entonces, además tenías que tener eso en tus hombros porque tú no habías elegido pero era lo que había”.
En este sentido, resaltó que la nueva Comisión de la Verdad deberá de estar integrado desde la búsqueda de la justicia, la memoria, la no repetición y la reparación de daños. Igualmente, el organismo tendrá el reto de no sólo retomar los hallazgos que ya se han hecho, sino avanzar para esclarecer quiénes son otras personas que no han rendido su testimonio pero que igualmente estuvieron implicados en las torturas, desapariciones y detenciones.
Como representante de colectivos de sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones graves de derechos humanos por violencia estatal en el periodo contrainsurgente, ayer participé en la instalación del comité para elegir a las cinco personas idóneas comisionadas. https://t.co/LORGo37BDt
“A lo que se está llamando es a la convocatoria de personas que sean idóneas para hacer este esclarecimiento histórico, sobre todo. Este esclarecimiento que ha sido tan complejo porque ha sido un poco más de cinco décadas donde documentos, actores, testigos, también ha transcurrido el tiempo sobre ellos. Todos los archivos de la represión no están disponibles, estamos en el entendido que los testigos no han dado su testimonio, los victimarios -quienes sobreviven a esas cinco décadas- no han hablado lo que deben de decir, las instalaciones nunca han podido ser inspeccionadas”, expresó De los Ríos.
Apenas hace unas semanas, de los Ríos se reunió con un exagente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que acudió a comparecer, el pasado 22 de julio, por la desaparición forzada de su madre, reportó el proyecto A Dónde Van los Desaparecidos. Durante unas ocho horas, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alicia, sus dos abogados y una ministerio público excepcional —si se compara con el resto de agentes que han tomado el caso—, entrevistaron a una persona que formó parte del aparato represor del Estado mexicano durante los años de la contrainsurgencia.
El Gobierno federal creó una Comisión de la Verdad que busca esclarecer y dar justicia sobre las torturas, asesinatos y desapariciones forzadas a manos de elementos policiales y militares entre los años de 1965 y 1990.
Por María Verza
CIUDAD DE MÉXICO (AP).— México pretende hacer justicia sobre uno de los periodos más negros de su historia: 25 años de la segunda mitad del siglo XX en los que los cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el sábado un decreto para crear una Comisión de la Verdad que investigue los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1965 y 1990 con el fin de hacer justicia por esos crímenes, buscar a las personas que todavía siguen desaparecidas de esa época —en torno al millar— y reparar a las víctimas.
Así lo indicó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, durante un acto con motivo del 53er aniversario de la matanza de estudiantes de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968 —una de las acciones represivas más brutales del Gobierno mexicano ocurrida en vísperas de que la capital del país albergara los Juegos Olímpicos.
Donde estuvo la Dirección de Policía de Tránsito de lo que fue el DDF, venimos a reivindicar la memoria y la dignidad de las víctimas y de los sobrevivientes de la tortura y tratos degradantes pic.twitter.com/7Uili40cbu
A más de medio siglo, todavía se desconoce el número real de muertos. La cifra oficial fue de 30, pero pudieron rondar los 350 según una investigación posterior. En los hospitales se reportaron 53 heridos graves y se calcula que dos mil personas fueron detenidas ese día.
Durante el evento también se presentó un proyecto para la reconversión de uno de los principales centros de tortura de la capital, la antigua Dirección General de Policía y Tránsito, en un lugar para la memoria.
Comisión del Comité Pro-Libertad de Presos Políticos, afuera de Los Pinos, solicitando audiencia con el entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez, en noviembre de 1976. Foto: Archivo
Al llegar al poder en diciembre de 2018, el Presidente López Obrador se comprometió a reconvertir los centros de tortura del pasado en memoriales para dar a conocer la historia y evitar que se repitiera. Uno de ellos ya abrió sus puertas con exposiciones y otros están por venir.
Todas esas instalaciones, explicó Felix Hernández, un dirigente estudiantil en 1968, competían para ver dónde el trato era “más eficaz para destruir voluntades y sembrar terror”.
Los sótanos que ahora se quieren recuperar en Tlaxcoaque, al sur de Zócalo capitalino y que significa “lugar donde se miran las serpientes”, fueron en su momento la sede del servicio secreto mexicano, recordó el periodista José Reveles, “que en los años 50 incluso fueron contratados por Batista —el dictador cubano— para matar al entonces líder revolucionario Fidel Castro”.
Por la reivindicación y memoria de las víctimas continúamos trabajando en la creación de la Comisión por la verdad y el esclarecimiento histórico, la justicia y violaciones a los derechos humanos cometidos durante los años 1965-1990#2DeOctubreNoSeOlvidapic.twitter.com/EyQHeSN2qf
Ahora, son habitaciones inundadas con olor a podredumbre donde las autoridades de la capital encontraron incluso una silla con correas que se utilizó para las torturas y harán una recuperación forense de cualquier material que pueda ser utilizado en la búsqueda de justicia, detalló la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
“Yo vi la tortura de los muchachos”, recordaba Ana Ignacia Rodríguez, en un video proyectado por el Gobierno de la ciudad grabado, durante una visita a las tétricas instancias . “Los sacaban del pasillo.. ‘Desnúdense’.., y con la manguera esa horrible contra incendios, que de por sí es dolorosa, los bañaban y luego pasaban con la picana (instrumento de tortura que da toques eléctricos) y yo tenía que verlo”.
Luis Echeverría Álvarez fue acusado de fraguar, junto con Gustavo Díaz Ordaz, la matanza del 2 de octubre de 1968 y la desaparición forzada de personas y disidentes; es el único Presidente en México que ha recibido dos órdenes de aprehensión por presunto genocidio y cumplir prisión domiciliaria. Fue absuelto de toda responsabilidad en 2009. Foto: Archivo
Los intentos por sacar a la luz las atrocidades del pasado que han tenido lugar en México no han lograron condenar a nadie por los abusos, pero avanzaron en el esclarecimiento de la verdad, aseguró Reveles.
El más importante fue el proceso que llegó a sentar en el banquillo a un expresidente.
Cuando Vicente Fox (2000-2006) llegó al poder creó una Fiscalía especial para investigar los movimientos políticos y sociales del pasado gracias a la cual se logró acusar a Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) por dos masacres: la de Tlatelolco en 1968 —en la que él era Secretario de Gobernación— y la de junio de 1971, ya con Echeverría como Presidente.
Comisión del Comité Pro-Libertad de Presos Políticos, afuera de Los Pinos, solicitando audiencia con el entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez, en noviembre de 1976. Foto: Archivo
La justicia federal estimó que el 2 de octubre de 1968 hubo un “genocidio” pero no determinó quiénes lo cometieron. Echeverría no pisó la cárcel y estuvo bajo prisión domiciliaría hasta que al final fue exonerado por los tribunales en 2007 por falta de pruebas.
En 2018, al cumplirse 50 años de la matanza, por primera vez una entidad oficial declaró los hechos como un “crimen de Estado”.
De forma paralela, en octubre de 2014 se presentó el informe de la Comisión de la Verdad del sureño estado de Guerrero, que intentó aclarar los abusos cometidos contra miembros de la guerrilla y sus simpatizantes en la década de 1970.
El informe llegó un mes después de que México reviviera su oscuro pasado con la desaparición también en Guerrero de los 43 estudiantes de magisterio de la escuela normal de Ayotzinapa, un crimen que después de siete años sigue sin esclarecerse y para el que también se creó una comisión de la verdad.
Además de crear una Comisión de la Verdad sobre la “guerra sucia”, el Gobierno federal acordó con familiares de víctimas y sobrevivientes de ese periodo impulsar un plan anti impunidad que contempla el acceso a los “archivos de la represión” y a instalaciones militares; un plan de búsqueda de desaparecidos, judicializar hechos y una Ley de Memoria. El plan está en manos de Presidencia; las víctimas esperan que el Ejército rompa el pacto de silencio.
Por Analy Nuño y Adrián Montiel*
Ciudad de México, 28 de septiembre (A dónde van los desaparecidos).– La creación de una Comisión de la Verdad, anunciada el 30 de agosto por el Presidente, es uno de cinco mecanismos que contempla un ambicioso “Plan para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia” que el Gobierno federal acordó con familiares de víctimas y sobrevivientes de la “guerra sucia”. El plan contempla crear un programa de búsqueda del paradero de las personas desaparecidas, acceder a los “archivos de la represión” y a las cárceles clandestinas, así como abrir procesos judiciales.
El llamado Plan Presidencial —que fue elaborado por sobrevivientes y familiares de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras graves violaciones a derechos humanos, y trabajado junto con funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación— se basa en cinco ejes: verdad, justicia, búsqueda, reparación y memoria y no repetición de esos hechos. Éste es la base de los decretos presidenciales que deberían publicarse en los próximos días.
La investigación, persecución y esclarecimiento de los crímenes del Estado cometidos entre 1965 y 1990, así como la reparación a sus víctimas, y la investigación del paradero de las más de mil personas que se encuentran desaparecidas de ese periodo y de un número desconocido de bebés nacidos en cautiverio, sólo será posible con “voluntad política”, advierten algunas de las personas que participaron en la elaboración del proyecto.
El documento —al que este equipo tuvo acceso— ahora está en manos de la Consejería Jurídica de Presidencia, a la cual le toca redactar los decretos que serán la base para crear los cinco instrumentos contemplados en el plan. Las familias esperan que el Poder Ejecutivo mantenga el compromiso de otorgar acceso pleno a los archivos e instalaciones del ejército para garantizar que este sea un verdadero “plan anti impunidad” y no otro intento fallido de investigar los crímenes del pasado.
“No podemos considerar que haya verdad alrededor de la contrainsurgencia si no se abren los archivos y las instalaciones. Si no pensamos que el Ejército va a participar en el acceso, no va a ser posible el esclarecimiento y, por ende, no va a ser posible la justicia. ¿Y cómo? Pues a través de un mandato presidencial, el Presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no sabemos si lo va a hacer o no. Esperamos que sí, pero si no lo hace está destinado al fracaso”, dice Alicia De los Ríos, quien busca a su madre que fue detenida, presa en el Campo Militar Número 1, y desaparecida hace 43 años.
Enfatiza ese tema de la rendición de cuentas del Ejército que preocupa a algunas personas que durante cinco meses participaron en la elaboración del plan. “La versión (del plan) aprobada y consensuada fue la trabajada por los familiares”, remarca.
La historiadora y quien desde niña formó parte de un comité de búsqueda de familiares desaparecidos de Chihuahua, así como el defensor de derechos humanos, Fabián Sanchez Matus, quienes participaron en la elaboración del plan, señalan que uno de sus objetivos es privilegiar la búsqueda, contar con acceso a los “archivos de la represión” y a las instalaciones militares, así como entrevistar a perpetradores. Pero, sobre todo, conocer el paradero de los desaparecidos. Sólo así, coinciden, se terminaría la impunidad y se evitaría que este plan fracase.
Sánchez Matus, señala: “El alcance todavía está por verse, falta que se emita el decreto presidencial donde se plantea toda está estrategia… habrá que ver, en ese compromiso, cómo es que tendrían que responder las instituciones directamente involucradas”.
El defensor dimensiona el desafío que tiene la actual administración para cumplir su compromiso con los colectivos, familiares y sobrevivientes del periodo de la contrainsurgencia: “Veamos si este Gobierno cuenta con la voluntad política para que, finalmente, todos esos archivos sean públicos y puedan ser consultados por cualquiera. Principalmente por los mecanismos que se estarían generando con el decreto, como por la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Tiene que haber una voluntad enorme para que finalmente se den esos archivos y pueda existir una mayor claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, quiénes fueron los perpetradores y dónde pudieran estar las víctimas desaparecidas”.
Los crímenes a los que el plan contempla echar luz fueron cometidos durante el periodo de contrainsurgencia, conocido también como “guerra sucia”, en el cual el Estado dirigió acciones policiaco-militares, abiertas y encubiertas, además de estrategias político, económicas y sociales legales e ilegales en contra de campesinos, obreros, estudiantes, población civil y grupos disidentes armados que demandaban cambios sociales. Los métodos para reprimirlos fueron la persecución, las detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos.
El término de “guerra sucia” —según el historiador Camilo Vicente Ovalle— se refiere a las prácticas ilegales realizadas por el Estado y que no sólo afectaron “a las organizaciones guerrilleras, sino a un conjunto más amplio de la disidencia política en México” y a todos aquellos “movimientos y organizaciones que buscaban transformar el régimen político”.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente se reunió con familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia y anunció la creación de la Comisión de la Verdad. Foto: Twitter @lopezobrador_.
LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN CONTRA LA IMPUNIDAD
En marzo de 2021, colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia sostuvieron un primer encuentro con personal de la Subsecretaría de Gobernación, la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos (DGEADH), el Archivo General de la Nación y la Comisión Nacional de Búsqueda. En esa reunión, acordaron iniciar los trabajos para desarrollar “un plan contra la impunidad”, tras al menos 30 años sin acciones encaminadas a la justicia y de protección a los perpetradores, miembros del Ejército, de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y policías estatales y municipales.
La asamblea, conformada por 20 colectivos, familiares, víctimas y sobrevivientes, elaboró un primer documento y en junio lo presentó al Presidente López Obrador, explica en entrevista Alicia de los Ríos Merino.
“El Presidente —recuerda la también abogada— nos dijo que se comprometía a impulsar diferentes iniciativas. En ese momento eran reparación, que los militares nos dieran apertura a los archivos y a diferentes cosas; pero pidió que trabajáramos el plan”.
Durante julio y agosto, con asesoría de expertos independientes en verdad, memoria y justicia, los colectivos y sobrevivientes desarrollaron la propuesta que deberá será la base del decreto presidencial para crear la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, así como los otros instrumentos que se incluyeron en el plan.
Hasta la fecha, ninguno de los esfuerzos institucionales ha reconocido oficialmente los crímenes del pasado, tampoco la compensación de las familias, la dignificación de las víctimas ni la garantía de la no repetición. Tampoco ha colaborado para dar con el paradero de las personas detenidas y desaparecidas.
“A las víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas no sólo les fue negado el acceso a la justicia por los crímenes cometidos en su contra, también les fue negado el reconocimiento de sus memorias y de sus historias, sometidas al olvido y la estigmatización institucional”, se lee en las primeras páginas del plan aprobado por las familias.
Encuentro en la Secretaría de Gobernación con más de 20 colectivos de familiares, víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia. Foto: Facebook Félix Santana Ángeles.
A continuación los cinco mecanismos del plan:
1. ACCEDER A LA VERDAD
Uno de los mecanismos contemplados en el plan presidencial y acordados con los colectivos, familiares y sobrevivientes es la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad y al Esclarecimiento Histórico, la cual se conformará por cinco expertos y deberá investigar las graves violaciones de derechos humanos —como desaparición forzada, tortura y tortura sexual, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, persecución política y prisión política— ocurridas durante el periodo del 1 de enero de 1965 al 31 de diciembre de 1990.
Los integrantes de la comisión deberán tener atribuciones para convocar a personas que puedan dar información útil y para entrar a las instalaciones “civiles o militares”, donde presuntamente se hayan cometido graves violaciones de derechos humanos. Además del acceso incondicional a los archivos con información sobre este periodo.
Alicia de los Ríos recuerda que en el país hay diferentes archivos que deberían consultarse, entre ellos los del personal y las operaciones del Estado Mayor Presidencial, así como los relacionados con la base aérea localizada en Pie de la Cuesta, en Acapulco, lugar desde donde salieron los aviones que se usaron para los “vuelos de la muerte”; vuelos que se realizaron para arrojar al mar a los disidentes políticos.
La magnitud de los archivos para analizar es de alrededor de ocho mil cajas con cientos de documentos, de acuerdo con la DGEADH: tres mil cajas del Fondo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), encargada de la inteligencia o el servicio secreto del Estado Mexicano; cuatro mil del Fondo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), policía política de la Secretaría de Gobernación, y 486 cajas de la Sedena.
“Son muchos archivos: los administrativos, los que no dio el Cisen (Centro Nacional de Inteligencia) ni el fondo de la DFS; porque no dio el archivo sobre el personal que transitó de la DFS al Cisen. Todos esos nos interesan, además de los archivos de los estados”, señala la también abogada.
“Nosotros —explica— denominamos archivos de la represión a todos aquellos que se generaron a partir de la contrainsurgencia. Si bien en el Archivo General de la Nación están los Fondos de la Dirección Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales, no son todos… Siempre hemos estado insistiendo en la apertura de los archivos militares y de las instalaciones militares”.
Los integrantes de la comisión —la cual se propone que tenga un periodo de trabajo de dos años y medio, a partir de su creación— tendrán que presentar un informe final con recomendaciones para realizar reformas estructurales para la no repetición e iniciativas para la dignificación de las víctimas, sus familiares y comunidades.
Tita Radilla y María Herrera encabezan marcha de familiares en Chilapa, Guerrero, durante el primer encuentro del Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos en 2019. Foto: Lenin Ocampo Torres/El Sur.
Este no es el primer intento por esclarecer lo sucedido durante el periodo de la contrainsurgencia en el país y evitar que continúen impunes acciones como las desapariciones forzadas que se registraron en ese entonces.
En 1990, a partir de la exigencia de colectivos de familiares, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) creó el Programa Especial de Presuntos Desaparecidos que documentó 532 desapariciones de esa época, pero sólo pudo comprobar la desaparición forzada de 273. No obstante, el número de víctimas puede ser mucho mayor, de acuerdo con colectivos de familiares que han documentado los crímenes del pasado.
Alicia de los Ríos menciona que no existe un “estimado real” del total de las víctimas de ese periodo. “Eso es lo primero que hay que hacer. Las cifras siguen oscilando entre las 532 víctimas de Eureka y las mil de Afadem (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México)”.
En 2001, once años después de creado el Programa Especial de Presuntos Desaparecidos, la CNDH publicó la Recomendación 26/2001, que llevó a la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), al inicio del sexenio de Vicente Fox; esta Fiscalía, disuelta en 2006, abrió cerca de 600 averiguaciones previas relacionadas con desapariciones, y logró la judicialización de 14 averiguaciones previas gracias al acceso a los archivos de la DFS y la DGIPS.
Dos de estas averiguaciones llevaron a juicio al expresidente Luis Echeverría por el delito de genocidio por las masacres estudiantiles de 1968 y 1971. También se documentaron casos de militares por el delito de genocidio y desapariciones durante la “guerra sucia”. Al término de su gestión, la FEMOSSP elaboró un informe que nunca se publicó oficialmente, aunque algunas de sus versiones fueron filtradas a la prensa.
Los lugares con más víctimas son Ciudad de México, Sinaloa, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Michoacán, Sonora, Baja California, Nuevo León, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Puebla, Tamaulipas, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Guerrero. Esta última entidad padeció, como ninguna otra, la fuerza del Estado.
Uno de los esfuerzos más recientes para esclarecer las consecuencias de la contrainsurgencia en Guerrero se dio en 2012, cuando el Congreso del estado creó la Comisión de la Verdad (Comverdad). En su informe final, los integrantes de la comisión concluyeron que en muchas comunidades del estado se vivió una “suspensión de las garantías individuales y un verdadero estado de sitio”.
Mitin afuera del Campo militar No. 1. Foto: Carlos Piedra. Archivo Histórico del Comité ¡Eureka!.
2. IMPULSAR A LA JUSTICIA
Para el Impulso a la Justicia, el plan aprobado por colectivos y sobrevivientes sugiere la creación de una Fiscalía Especial para que elabore planes de investigación integrales. La propuesta es dotarla de atribuciones similares a la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), creada por la Fiscalía General de la República para investigar, perseguir los delitos y concluir los procesos penales por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Esta nueva Unidad o Fiscalía deberá atraer las 13 averiguaciones previas judicializadas por la FEMOSPP, en las que no procesó a perpetradores. Además de las 245 averiguaciones previas no judicializadas y que están pendientes por delitos cometidos contra 514 víctimas directas que, en su mayoría, continúan desaparecidas.
La única sentencia relacionada con este periodo, que se tiene hasta hoy, se logró en 2009 en contra de Esteban Guzmán Salgado, exagente de la DFS, sentenciado a cinco años de prisión por la desaparición forzada de Miguel Ángel Hernández Valerio, estudiante de la Preparatoria Rosales Nocturna de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quien se desapareció en 1977.
Entre sus facultades, la Fiscalía Especial podría otorgar beneficios por la colaboración eficaz y otras figuras que incentiven a personas investigadas o testigos anónimos a proporcionar información sobre los perpetradores.
“Para nosotros queda claro que una Comisión de la Verdad funciona distinto a una Fiscalía; es decir, puede tener la atribución de retomar testimonios anónimos, de que las personas se acerquen y no deban entregar sus datos, etcétera. Estamos conscientes de que se corre el riesgo de que pase esto: que primero se realice el esclarecimiento histórico y, después, la Fiscalía decida si los llama como testigos o como posibles indiciados, según sea el caso”, señala Alicia de los Ríos.
Su experiencia, a partir del proceso judicial que lleva por la desaparición forzada de su madre, le permite decir “son pocos o muy escasos los perpetradores que van a querer hablar, pero sí hay una serie de testigos claves que pueden hablar, es decir, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, un montón de gente”.
Para ella es importante que los perpetradores conozcan cuál será el ejercicio de una Comisión de la Verdad y que se cuente con “espacios de confianza” para hablar con esos testigos. Porque, de otra forma, será difícil que colaboren. “No es su naturaleza, porque justo ellos se escondieron y también desaparecieron de la propia historia de manera consciente”.
Una de las tareas de la Comisión de la Verdad, señala, tendría que ser el realizar un mapa de quiénes son los perpetradores. “Ahí se tendría que concentrar la acción de la Comisión de la Verdad, sobre los posibles responsables”.
Carteles que se exhiben en la Casa de la Memoria Indómita, donde se resguardan documentos, fotografías y objetos relacionados con el periodo de contrainsurgencia. Foto: Thelma Gómez.
3. BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
En el documento aprobado por los familiares también se considera tener un Plan Especial de Búsqueda, para concentrar y sistematizar fuentes documentales y testimoniales que permitan encontrar a las personas desaparecidas durante el periodo de la contrainsurgencia.
“Para nosotros —apunta la entrevistada— la búsqueda es desde la presunción de vida, como principio del derecho internacional. Buscarles con todo lo que implica: testigos, archivos e instalaciones. Lo que nosotros ahora esperamos es que los testigos entren, que haya una inspección real (en los lugares) donde estuvieron nuestros familiares, este es el punto medular”.
El plan contempla realizar acciones de búsqueda en centros de reinserción social, cárceles clandestinas, cuarteles militares y otros escenarios, a partir del último paradero conocido de las personas desaparecidas. Además, del rastreo de pistas en la documentación pública sobre el destino de los niños y niñas nacidos en cautiverio o apropiados por perpetradores.
Para Fabián Sánchez Matus, director ejecutivo del Laboratorio de Litigio Estructural, organización que acompaña a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), uno de los propósitos es determinar los patrones de las instituciones que llevaron a cometer estas violaciones, la responsabilidad y sanción adecuada a los perpetradores: el objetivo primordial es conocer el paradero de las personas desaparecidas durante el periodo de la contrainsurgencia.
“La determinación de un posible paradero de los familiares desaparecidos sería, sin duda, el objetivo más deseado por los familiares. Hay ciertos colectivos que, durante más de cinco décadas, han estado buscando a sus familiares”, señala.
En marzo de 2019, la Comisión Nacional de Búsqueda integró un equipo especializado en la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente durante la “guerra sucia”, el cual trabaja bajo seis líneas de acción, entre las cuales destaca la recolección de testimonios de familiares y sobrevivientes e identificación de potenciales informantes.
El Subsecretario Alejandro Encinas,en reunión con familiares de desaparecidos y víctimas de la contrainsurgencia. Foto: Facebook Alejandra Cartagena.
4. REPARACIÓN Y COMPENSACIÓN
Los sobrevivientes y familiares de víctimas también propusieron la conformación de un Programa Especial de Reparación y Compensación de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, tortura sexual, desaparición forzada permanente y de personas sobrevivientes a la desaparición.
Alicia de los Ríos menciona que en el caso de Guerrero, “donde la contrainsurgencia tuvo las dimensiones de una guerra civil, el Presidente —por lo menos el 10 de junio— fue categórico y dijo: ‘se les va a reparar’. Sabemos que los mecanismos son caros y, justo por eso, este mecanismo tiene que ser súper eficiente, que tenga presupuesto para actuar, pero que no se duplique la burocracia”.
Hasta el momento, en las reuniones que han sostenido colectivos y autoridades no se ha discutido el monto de las compensaciones ni de los recursos necesarios para costear todo el plan de trabajo durante los dos años y medio contemplados.
“La Secretaría de Hacienda tiene que estar en ese compromiso muy decidido para garantizar esos trabajos y que no se estén frenando… tienen que garantizar todas las condiciones para que se tengan los resultados esperados y eso implica, incluso, el financiamiento público, para que funcione un mecanismo de este tipo”, señala Sánchez Matus.
Integrantes de algunos de los colectivos que participaron en la integración del Plan. Foto: Facebook Alicia de los Ríos.
5. UNA NUEVA LEY PARA LA NO REPETICIÓN
El plan propone una Ley de Memoria y No Repetición, con la cual se “garantizará el fomento y preservación de la memoria pública, así como labores de esclarecimiento histórico”, de acuerdo con el documento.
Esta ley permitiría dar continuidad a los trabajos y recomendaciones de la Comisión de Acceso a la Verdad y Esclarecimiento Histórico, los cuales deberán contribuir a procesos de justicia.
También contemplaría un apartado para garantizar la identificación, rescate, conservación y acceso a fondos documentales vinculados con violaciones a derechos humanos y movimientos sociales; y fomentar la creación y conservación de archivos orales para el rescate de testimonios.
Se espera que se tenga un decreto especial para crear el Centro de Memoria, en convenio con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
La idea de tener una legislación sobre el tema, explica Alicia de los Ríos, es que con ella se puedan resguardar los archivos de la represión, los testimonios y todo aquello que realice la Comisión de la Verdad. El contar con una ley, insiste, permitiría evitar que estas acciones queden a la voluntad de los funcionarios públicos que lleguen después.
Desde el pasado 30 de agosto, el Plan Presidencial para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia está en manos de la Consejería Jurídica de Presidencia. Esta instancia adecuará el documento aprobado por familiares, víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia y en un plazo de 30 días —a finales de septiembre— deberá estar listo el primer decreto para su firma y publicación.
Desde el pasado 30 de agosto, el Plan Presidencial para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia está en manos de la Consejería Jurídica de Presidencia. Esta instancia adecuará el documento aprobado por familiares, víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia y en un plazo de 30 días —a finales de septiembre— deberá estar listo el primer decreto para su firma y publicación.
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*Analy Nuño (@AnalyNuno) es periodista mexicana freelance. Se ha especializado en derechos humanos, grupos indígenas, defensa del territorio y víctimas de la violencia.
*Adrian Montiel (@adrianmontiel_g) es reportero mexicano. Investiga y aprende sobre derechos humanos, víctimas de violencia y desaparición.
El mandatario mexicano acordó la creación de la Comisión con los familiares de víctimas, precisamente en el día en que se conmemora a nivel internacional a los que han sufrido desaparición forzada.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que, para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, creará una comisión de la verdad para investigar los crímenes cometidos en el país en la época conocida como la “Guerra Sucia”.
“Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nos reunimos con familiares y sobrevivientes de la guerra sucia. Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición”, expuso el Primer Mandatario en sus redes sociales.
Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nos reunimos con familiares y sobrevivientes de la guerra sucia. Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición. pic.twitter.com/dERsRGlFbd
Esta nueva Comisión de la Verdad partiría de las acciones que en su momento realizaron la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia.
La decisión presidencial de este lunes, llega luego de que en junio de 2019 el Jefe del Ejecutivo federal anunciara que la historia negra de la represión del régimen mexicano durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sería recordada con monumentos y una memoria viva.
Para empezar, dijo el 10 de junio en su tradicional mañanera, se inaugurará un memorial en donde estuvo la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que en su momento dirigieron Miguel Nazar Haro o Fernando Gutiérrez Barrios. Los memoriales recordarán lugares en donde fueron torturados los luchadores sociales, o aquellos en donde fueron desaparecidos y muertos aquellos que se atrevieron a protestar contra el régimen autoritario que tuvo bajo control al país durante más de 80 años.
Ese mismo día, integrantes del Comité Eureka se presentaron en Palacio Nacional para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de una Comisión de la Verdad para investigar la Guerra Sucia.
También, en un comunicado de prensa, criticaron que a pesar de que el Presidente votó en las pasadas elecciones por Rosario Ibarra, fundadora de este colectivo, ahora ni en Presidencia ni en la Secretaría de Gobernación han escuchado los casos documentados y denunciados por dicho Comité. En conmemoración de la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971, refrendaron que desde hace 42 años de que el Comité fue fundado, han luchado para liberar a sus familiares víctimas de la desaparición forzada cometida por policías, políticos, fuerzas armadas y la Marina, que actuaron por órdenes del Estado.
Hoy, esa Comisión de la Verdad fue anunciada en Palacio Nacional.
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS PROTESTAN FRENTE A PALACIO NACIONAL
Varias decenas de familiares de personas desaparecidas protestaron este lunes frente al Palacio Nacional en Ciudad de México en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, exigiendo justicia por las más de 90 mil personas sin encontrar.
“Para nosotros (este día) no es nada que celebrar, es recordar el dolor, el sufrimiento y la tortura que estamos pasando”, dijo a Efe Yoltzin Martínez, que busca a su hermana Yatzil, desaparecida en 2010 en Acapulco, en el sureño estado de Guerrero.
Como ella, muchas otras familiares pintaron en el suelo frente al Palacio Nacional, residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ubicada en el icónico Zócalo, la cifra “+90 mil” ya que, de acuerdo con los datos oficiales, son más de 90 mil las personas desaparecidas y no encontradas en México desde 1964.
Familiares de desaparecidos de toda la República Mexicana se manifestaron en las primeras horas de la mañana, frente a Palacio Nacional. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro
“Mi hermana, el hermano de mi amiga, el esposo de mi amiga, el hijo de mi compañera no son cifras, son personas. (…) Y no las estamos encontrando”, compartió Martínez.
Además, escribieron también en el suelo la frase “¿Dónde están?” con lonas hechas de prendas de ropa de sus seres queridos.
Después, leyeron un comunicado por parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México en el que reconocieron algunos avances en el diálogo con las autoridades y la posibilidad que brinda el nombramiento del nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Si bien la Consulta Popular no alcanzó los votos requeridos para ser vinculante, sí demostró que 6.6 millones de mexicanos que participaron desean una Comisión de la Verdad, y este número se podría ampliar si se suman los que no fueron a votar por la ambigüedad de la pregunta.
Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– No se necesita una Consulta Popular para llevar justicia a las víctimas, sino la voluntad política para crear comisiones de la verdad, consideran especialistas en derechos humanos y las propias víctimas luego del resultado del ejercicio del 1 de agosto, el cual no alcanzó los votos necesarios para ser vinculante.
Diversos centros y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Frente de los Pueblos en Defensa de Atenco, así como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), han exigido, desde antes de la consulta y aún después, la necesidad de comisiones de la verdad para reparar el daño a las víctimas por parte del Estado. Sin embargo, el partido Morena y los promoventes de la Consulta Popular han hablado también de los tribunales de los pueblos, cuyo objetivo sería enjuiciar a los expresidentes.
Promotores de la consulta popular convocan a la creación del Tribunal del Pueblo, para que se juzgue a los políticos y sus acciones del pasado, esto a fin de coadyuvar en las investigaciones que se realicen por la vía judicial.
vía @Revolucion3_0https://t.co/EEqPVVgB2Z
“Para la creación de comisiones de la verdad lo único que se requiere es voluntad política, eso puede surgir desde el Legislativo, es decir, la responsabilidad también puede ser de cualquier partido político en el Congreso, o bien el Presidente podría entregar una iniciativa, no se requiere más que eso”, dijo en entrevista Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos.
En esto coincide Claudia Paz y Paz Bailey, exfiscal de Guatemala en tiempos donde se abrió un proceso en contra de Efraín Ríos Montt, un dictador y Jefe de Estado de Guatemala (1982 y 1983), quien fue juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
“Cuando se quiere se puede, no hay imposibles para la justicia”, dijo en entrevista para el noticiero de Aristegui Noticias. “En aquél momento en Guatemala era una deuda histórica con las víctimas el juzgar a Ríos Montt. Ha habido condenas, pero también procesos penales que aún se encuentran pendientes. Si los exjefes de Estado cometieron crímenes, sea de derechos humanos o casos de macrocorrupción, creo que es indispensable que enfrenten la justicia porque no puede existir esa sensación en la población de que hay personas que están fuera de la ley, que por más graves crímenes que cometan ellos son capaces de evadir las responsabilidades”.
En la Consulta Popular del 1 de agosto, el “Sí” arrasó con el 97.7 por ciento de los votos frente al 1.5 por ciento del “No” y el 0.7 por ciento de sufragios nulos, pero la participación fue sólo del 7.1 por ciento, muy lejos del 40 por ciento necesario para que el resultado del plebiscito fuera vinculante.
Si bien la Consulta Popular no alcanzó los votos requeridos para ser vinculante, sí demostró que 6.6 millones de mexicanos que participaron desea una Comisión de la Verdad. Foto: Cuartoscuro.
La Consulta Popular tenía como objetivo esclarecer las decisiones políticas del pasado para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, un acto que de ganar el “Sí” abriría la posibilidad de crear comisiones de la verdad, que en otros países —de acuerdo con expertos y la propia CIDH— han ayudado a develar la mentira institucionalizada y prevenir violaciones en el futuro.
“México vuelve a perder una oportunidad de hablar en serio de estos temas, en buena medida esto se debe a la pregunta tan mal redactada y tan ambigua hecha por la Suprema Corte, y después por la polarización que siguió, mientras Morena y el Presidente seguían hablando de enjuiciar a los expresidentes, cuando la pregunta no hablaba de eso, por otro lado hubo una campaña por el no voto, dejando de voltear hacia las necesidades urgentes de las víctimas”, consideró Jacobo Dayán.
Para el especialista, la Consulta Popular se desaprovechó porque si el Ministro Arturo Zaldívar pensaba, como señaló en entrevistas, que la pregunta podría abrir la puerta a crear comisiones de la verdad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubiera formulado una pregunta clara como: “¿Estás de acuerdo en que se cree una comisión de la verdad en México? Sí o no”.
En la Consulta Popular del 1 de agosto, el “Sí” arrasó con el 97.7 por ciento de los votos, pero la participación fue sólo del 7.1 por ciento. Foto: Cuartoscuro.
Si bien no se alcanzaron los más de 37 millones de votantes para que el ejercicio fuera vinculante, según el recuento definitivo del Instituto Nacional Electoral (INE) participaron 6.6 millones de mexicanos. Es decir, hay una parte de los mexicanos que sí desea una Comisión de la Verdad y este número se podría ampliar si se suman los que no fueron a votar por la ambigüedad de la pregunta.
“Al menos queda ahí que hay un mandato de 6.6 millones de personas y muchas más que no fueron a votar, pero que se han manifestado a favor de esas comisiones de la verdad, sobre todo los colectivos de víctimas”, mencionó Jacobo Dayán. “Hay una demanda amplia en todo el país, la pregunta es si la clase política está a la altura o no”.
El poeta y activista Javier Sicilia pidió a los mexicanos, en una entrevista previa a la Consulta Popular, no quedarse sólo en la votación de un “Sí”, sino acotar la respuesta y exigir que se cumpla con la agenda de víctimas prometida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Si realmente la ciudadanía empuja y el Gobierno realmente está interesado en la verdad y la justicia y no sólo en simulación, pues ahí están los documentos (las bases para empezar el proceso de la justicia transicional que fueron entregados a Senado), que se hagan públicos estos documentos y resúmenes de los lineamientos que se plantearon y, a partir de ahí, que se hagan foros, que se discute y enrute el asunto. Ahí está todo, falta la voluntad política y falta la claridad en la conciencia ciudadana de esos documentos. Necesitamos voluntad política y necesitamos presión ciudadana”, destacó.
Los colectivos de víctimas plantean la creación de comisiones de la verdad. Foto: Cuartoscuro.
Para los especialistas, México necesita justicia, pero no una que sólo sea simbólica, como se plantea en la creación de los tribunales permanentes de los pueblos, los cuales ya han sesionado en el país durante los años 2011 y 2014, con una sentencia condenatoria para el Estado mexicano.
“La realidad mexicana ya no está para juicios simbólicos, es necesaria verdad y justicia”, dijo Jacobo Dayán al cuestionar el apoyo a esta figura que se promueve desde el partido del Presidente. “Si Morena está a favor de esto está asumiendo que la transformación no incluye la justicia, quiere decir que López Obrador no va a entregar justicia al igual que no lo hicieron Calderón y Peña Nieto”.
No debemos a renunciar a la búsqueda de la justicia, vamos a avanzar en una agenda de justicia transicional y la propuesta del grupo organizador de la consulta de un tribunal del pueblo.
Los tribunales permanentes de los pueblos, explicó Dayán, se crean cuando los gobiernos niegan a la sociedad la justicia y entonces se hace un tribunal simbólico y moral para sancionar al Estado. “Es absurdo que el Estado mismo o el partido del Gobierno impulse un mecanismo simbólico cuando son gobierno, es ridículo”.
LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE LAS CONSULTAS
En los últimos cuarenta años, el número y tipo de comisiones de la verdad en todo el mundo han aumentado y se han establecido en cerca de 30 países.
En México, en el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) hubo un intentó fallido de crear una Comisión de la Verdad que al final quedó sólo en una “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado” (2002). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Derecho a la Verdad en América (2014), calificó a esta fiscalía como “una iniciativa híbrida con el propósito de cumplir con la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
La CIDH define a las comisiones de la verdad como “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”.
En los últimos cuarenta años, el número y tipo de comisiones de la verdad en todo el mundo han aumentado y se han establecido en cerca de 30 países. Foto: Cuartoscuro.
Por ello, el organismo internacional ha resaltado la importancia de las comisiones de las verdad como “un mecanismo extrajudicial de justicia transicional, orientado al esclarecimiento de situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos”.
Es decir, estas comisiones recolectan datos, no declaraciones jurídicas; emiten recomendaciones, pero no tienen el poder de enjuiciar, aunque muchas recomiendan la realización de juicios y en algunos casos han compartido sus archivos con las fiscalías y otras han optado por dar a conocer públicamente los nombres de las personas que, según sus investigaciones, fueron responsables de violaciones específicas.
Para los especialistas, México necesita justicia, pero no una que sólo sea simbólica. Foto: Cuartoscuro.
El informe de la CIDH explica que las comisiones de la verdad se establecen por un periodo de tiempo que puede variar entre uno y tres años en promedio y pueden emplear a cientos de personas para recoger testimonios individuales, organizar audiencias públicas y efectuar investigaciones de casos y estudios temáticos.
Una característica importante de las comisiones de la verdad es formar los primeros cimientos para la reconciliación, como lo señalan los académicos Ivonne Leadith Díaz Pérez (de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia) y Nelson Molina Valencia (de la Universidad del Valle, Colombia) en un artículo publicado en la Revista Logos, Ciencia & Tecnología, (vol. 8, núm. 2, pp. 5-23, 2017).
En los últimos cuarenta años, el número y tipo de comisiones de la verdad en todo el mundo han aumentado y se han establecido en cerca de 30 países. En México, la Consulta Popular del 1 de agosto podría derivar en la creación de estos mecanismos que marquen el camino para la reconstrucción de la paz y reparación del daño a las víctimas.
Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– La Consulta Popular que se realizará este 1 de agosto tiene como objetivo esclarecer las decisiones políticas del pasado para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, un acto que de ganar el “Sí” abriría la posibilidad de crear comisiones de la verdad, como lo han exigido las víctimas desde hace años y que en otros países —de acuerdo con expertos y la propia CIDH— han ayudado a develar la mentira institucionalizada y prevenir violaciones en el futuro.
Diversos centros y organizaciones, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Justicia Transicional en México y el Frente de los Pueblos en Defensa de Atenco, así como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), han promovido una campaña para visibilizar la importancia del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general, en el contexto de la Consulta Popular.
La Consulta Popular se realizará este 1 de agosto. Foto: Cuartoscuro.
“#LAVERDADTRASLACONSULTA es una invitación a la población en general para conocer el importante papel que ocupan las víctimas al hablar de la Consulta Popular, y así sumarse al llamado de exigencia para que se garanticen sus derechos, con independencia del resultado”, señalaron las organizaciones en un comunicado en el que llamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer efectivos sus compromisos adquiridos hace más de tres años —frente a víctimas y a la sociedad en general— de implementar mecanismos que garanticen la verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición.
En la experiencia internacional, las #ComisionesDeLaVerdad han probado tener un impacto favorable en los procesos de #Verdad y #Memoria, promoviendo la reconstrucción de las sociedades.
— Justicia Transicional en México (@JTenMexico) July 27, 2021
Las organizaciones también recordaron que si bien la Consulta del 1 de agosto cumplirá con el objetivo de conocer la postura de la ciudadanía respecto a un tema determinado, el resultado no evade la obligación del Estado mexicano para garantizar los derechos humanos, ya que éstos se garantizan y no se consultan.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que se hará a los mexicanos este 1 de agosto y sólo será vinculante para las autoridades si participa el 40 por ciento de la lista nominal, que a nivel nacional es el equivalente a 37 millones de votantes.
Aunque para los expertos esta pregunta —redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 1 de octubre de 2020— es confusa y ambigua porque no incluye el nombre de ningún expresidente, sí apunta a la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer hechos, causas y consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos de todas las posibles víctimas, como lo han señalado el Ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La Consulta Popular del 1 de agosto podría derivar en la creación de estos mecanismos que marquen el camino para la reconstrucción de la paz y reparación del daño a las víctimas. Foto: Cuartoscuro.
“Creemos que las consultas que se han aplicado en Guatemala y Argentina han tenido éxito y no hay duda de que éste es el momento que estábamos esperando para impulsar mecanismos como las comisiones de la verdad a través de un pueblo informado y organizado”, dijo en entrevista Alina Duarte, periodista independiente e integrante del Comité promovente de la Consulta Popular.
En México, en el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) hubo un intentó fallido de crear una Comisión de la Verdad que al final quedó sólo en una “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado” (2002). La CIDH en su informe Derecho a la Verdad en América, calificó a esta fiscalía como “una iniciativa híbrida con el propósito de cumplir con la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
En el sexenio de Vicente Fox hubo un intentó fallido de crear una Comisión de la Verdad que al final quedó sólo en una fiscalía. Foto: Cuartoscuro.
CARACTERÍSTICAS DE LAS COMISIONES DE LA VERDAD
¿Qué es una Comisión de la Verdad?, ¿para qué sirve?, ¿cuántas han habido en México y el mundo? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Derecho a la Verdad en América –publicado el 13 de agosto de 2014– define a las comisiones de la verdad como “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”.
La CIDH ha resaltado la importancia de las comisiones de las verdad como “un mecanismo extrajudicial de justicia transicional, orientado al esclarecimiento de situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos”.
Es decir, estas comisiones recolectan datos, no declaraciones jurídicas; emiten recomendaciones, pero no tienen el poder de enjuiciar, aunque muchas recomiendan la realización de juicios y en algunos casos han compartido sus archivos con las fiscalías y otras han optado por dar a conocer públicamente los nombres de las personas que, según sus investigaciones, fueron responsables de violaciones específicas.
Organizaciones han promovido una campaña para visibilizar la importancia del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general, en el contexto de la Consulta Popular. Foto: Cuartoscuro.
El informe de la CIDH explica que las comisiones de la verdad se establecen por un periodo de tiempo que puede variar entre uno y tres años en promedio y pueden emplear a cientos de personas para recoger testimonios individuales, organizar audiencias públicas y efectuar investigaciones de casos y estudios temáticos.
Una característica importante de las comisiones de la verdad es formar los primeros cimientos para la reconciliación, como lo señalan los académicos Ivonne Leadith Díaz Pérez (de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia) y Nelson Molina Valencia (de la Universidad del Valle, Colombia) en un artículo publicado en la Revista Logos, Ciencia & Tecnología, (vol. 8, núm. 2, pp. 5-23, 2017).
“La verdad que se construye a través de la recolección de datos en las Comisiones de la Verdad se puede convertir en un factor restaurador que devuelve la dignidad a las víctimas y a su familia, transforman su dolor, ayuda a la elaboración del duelo y a la superación de la situación traumática, así como a restablecer la conciencia moral de la sociedad, la convivencia y los primeros cimientos de la reconciliación”, señala la publicación.
Organizaciones llamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer efectivos sus compromisos adquiridos e implementar mecanismos que garanticen la verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición. Foto: Cuartoscuro.
En el año 2007, Priscilla B. Hayner, directora de la Unidad de Desarrollo de políticas del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Nueva York, señalaba que en los últimos treinta años el número y tipo de Comisiones de la Verdad en todo el mundo había aumentado significativamente y se habían establecido en cerca de 30 países. Han pasado 14 años desde su registro y las comisiones de la verdad en el mundo han crecido sin que se tenga un número exacto de todas.
SinEmbargo presenta una selección de cinco comisiones de la verdad creadas en América Latina y los resultados que han tenido.
1. EL SALVADOR
Nombre: De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador: Reporte de la Comisión de la Verdad para El Salvador. Periodo de la comisión: Se creó el 15 de julio de 1992 y terminó sus actividades el 15 de marzo de 1993. Conflicto: Guerra civil en El Salvador.
De acuerdo con el informe publicado en 1993 por la ONU, la Comisión de la Verdad para El Salvador fue un organismo establecido por los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que pusieron fin a la Guerra civil de El Salvador, para investigar las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante este conflicto bélico.
Mujeres llevan una pancarta con fotografías de personas desaparecidas, en una fecha dedicada a los niños y las niñas que desaparecieron durante el conflicto armado en El Salvador. Foto: Luis Romero, AP.
La guerra en El Salvador incluyó violaciones masivas de los derechos humanos. Hubo muchos casos bien conocidos, incluyendo al asesinato del Arzobispo Óscar Romero, el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija adolescente, la masacre de El Mozote y miles de otros casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y otros abusos de los derechos humanos, refiere el reporte de 1993. La Comisión fue liderada por figuras internacionales como Belisario Betancurt, Reinaldo Figueredo y Thomas Buergenthal y fue establecida para investigar “actos serios de violencia cuyo impacto en la sociedad exige urgentemente que el público conozca la verdad” de estos actos; esta tarea incluyó el nombrar a los responsables, cuando fuese posible.
En el reporte final de la Comisión resaltó los casos específicos que ilustraron los patrones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres y asesinatos por escuadrones de la muerte que llevaron a El Salvador a lo que el reporte describió como un período de “locura”. En la mayoría de los casos, la Comisión nombró a personas que se creía que habían perpetrado, ordenado o encubierto la investigación de esos casos. Para terminar con la impunidad que permitió a individuos realizar estos abusos, la Comisión recomendó la destitución de cualquier funcionario militar o del gobierno nombrado en su reporte y propuso una serie de cambios en el sistema judicial y policial.
2. ARGENTINA
Nombre: Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas (CONADEP). Periodo de la comisión: Se instauró el 16 de diciembre de 1983 y concluyó el 20 de septiembre de 1984. Conflicto: Violaciones contra los derechos humanos ocurridos entre 1976 y 1983 durante la dictadura.
El 10 de diciembre de 1983, Raúl Ricardo Alfonsín asumió a la presidencia de Argentina tras siete años y meses de dictadura militar. Cinco días después del regreso de la democracia, el 15 de diciembre de 1983, con el fin de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, Alfonsín creó, a través del decreto de ley 187/83, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, mejor conocida como la CONADEP.
La CONADEP fue un órgano descentralizado creado con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas producidas durante la dictadura militar en la Argentina, que dio origen al informe “Nunca Más”, también conocido como “Informe Sábato”, publicado por primera vez en 1984. Fue presidida por Ernesto Sábato, miembros de las iglesias (católica, judía y metodista) y tres diputados elegidos por el Presidente de la República.
Ernesto Sabato hace entrega del informe “Nunca Más” a Raúl Alfonsín. Foto: AP.
La Conadep concluyó que, entre otras cosas, el número de personas en situación de desaparición forzada ascendía a 8 mil 960 y el modus operandi usado durante la dictadura para desaparecer era secuestrar a las víctimas a través de las fuerzas de seguridad que ocultaban su identidad; el secuestrado era conducido a centros clandestinos donde eran sometidos a tormentos y humillaciones.
3. CHILE
Nombre: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación Chilena (CNVR). Periodo de la comisión: 25 de Abril de 1990 al 8 de febrero de 1991. Conflicto: Violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La CNVR fue un organismo creado por el Presidente Patricio Aylwin Azócar a través del Decreto Supremo No 355 del 25 de Abril de 1990 con el fin de realizar un Informe en el cual se preservara la memoria histórica sobre los acontecimientos de graves violaciones de derechos humanos y de la violencia política que se dio en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, periodo que duró el régimen militar de Augusto Pinochet, según se consigna en el informe final.
En esta foto de archivo del 10 de marzo de 1998, se observa al exgeneral Augusto Pinochet en Santiago de Chile. Foto: Santiago Llanquin, AP.
El informe final, o Informe Rettig, fue entregado por la Comisión al Presidente de la República, después de nueve meses de trabajo. Se redactaron relatos sobre violaciones a los derechos humanos en los que se señalan los métodos empleados en dichas violaciones, la selección de las víctimas, los métodos de represión, la forma de garantizar la impunidad y las instituciones responsables. La Comisión recibió poco más de 3 mil 400 denuncias y clasificaron como víctimas de la violencia política a 2 mil 279 personas.
La comisión estuvo presidida por el abogado Raúl Rattig e integrada por abogados de tendencia democristiana, centro derecha, izquierda, exparlamentarios y dos exfuncionarios de la dictadura de Pinochet.
4. COLOMBIA
Nombre: Comisión de la verdad sobre los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia. Periodo de la comisión: De 2005 a 2013. Conflicto: Hechos ocurridos en el Palacio de Justicia en 1985.
De acuerdo con el artículo “Comisiones de la Verdad en América Latina. La esperanza de un nuevo porvenir”, escrito por los académicos Ivonne Leadith Díaz Pérez y Nelson Molina Valencia, en la Revista Logos, Ciencia & Tecnología, los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985) se caracterizaron por una desproporcionada acción militar desatada en respuesta al ataque del Movimiento guerrillero M-19, episodio ocurrido durante la presidencia de Belisario Betancur.
El edificio del Palacio de Justicia en Colombia quedó destruido tras los enfrentamientos del 6 y 7 de noviembre de 1985. Foto: AP.
La Comisión fue creada por la Corte Suprema de Justicia en el vigésimo aniversario de los hechos del Palacio de Justicia y tuvo una duración de ocho años (2005-2013). Estuvo compuesta por tres comisionados: Nelson Pinilla, Jorge Aníbal Gómez Gallego y José Roberto Herrera. Esta comisión, refiere el artículo, “no tuvo atribuciones jurisdiccionales, ni facultades para señalar responsabilidades individuales. Y se le presentaron muchas dificultades para esclarecer la verdad, dado que no contó con información que se suponía iba a brindar las Fuerzas Armadas, tampoco tenían financiación de ninguna instancia estatal”.
Ivonne Leadith Díaz y Nelsol Molina refieren que ésta no ha sido la única comisión que ha existido en Colombia, también se tiene registro de tres más: la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), la Comisión de la verdad desde las mujeres, liderada por la Ruta Pacífica de las Mujeres, como colectivo afectado por el conflicto político armado del país y la nueva Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, creada en el marco del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Gobierno del Presidente Santos y la Guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).
5. PARAGUAY
Nombre: Comisión de Verdad y Justicia. Periodo de la comisión: De 2002 a 2008. Conflicto: Violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989.
La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, creada por Ley de la Nación No 2225/03, surgió como consecuencia de la solicitud de las víctimas y del pueblo de Paraguay por esclarecer lo sucedido durante la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, cuando se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos, consigna el artículo “Comisiones de la Verdad en América Latina. La esperanza de un nuevo porvenir”.
La Comisión estuvo integrada por representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y de víctimas de la dictadura: Monseñor Mario Melanio Medina, Juan Manuel Benítez, Yudith Rolón, Miguel Ángel Aquino, Heriberto Matías Alegre, Carlos Luís Casabianca, Carlos Portillo, Mario Sandoval y Víctor Jacinto. También fueron comisionados en una primera etapa la Canciller Leila Rachid Lichi, Margarita Durán Estragó, Jorge Domingo Rolón Luna, Juan Enrique Díaz Bordenave y Ausberto Valentín Rodríguez Jara.
El dictador paraguayo Alfredo Stroessner (gobernó entre 1954-1989) se tradujo en una feroz represión sobre sus opositores, fueran o no comunistas. Foto: AP.
De acuerdo con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos Mercosur, la Comisión Verdad y Justicia constituyó un logro de la Sociedad Civil y del Estado paraguayo. Su creación respondió a una fuerza de voluntades que se inició con la petición de la sociedad civil al Parlamento Nacional –en particular de las asociaciones de víctimas de la dictadura y los organismos de derechos humanos, agrupados en la Mesa de la Memoria y archivos de la represión– cuando cayó el dictador Alfredo Stroessner y se concretó con el acuerdo del Parlamento Nacional y del Poder Ejecutivo, que derivó en la sanción de la Ley Nº 2225/03.
Delgado Carrillo señaló que la consulta popular debe enmarcarse para la democracia participativa, donde los ciudadanos serán tomados en cuenta de manera directa.
Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) buscará la instalación de comisiones de la verdad a fin de que los expresidentes de México rindan cuentas, independientemente de los resultados de la consulta del próximo domingo 1 de agosto.
“Independientemente del resultado de la consulta popular, en Morena vamos a buscar la ruta para que se cree una comisión de la verdad y los expresidentes paguen por los crímenes que cometieron. No vamos a descansar hasta que se haga justicia. Adicionalmente, vamos a buscar reformar la Ley para que los próximos ejercicios de consulta se lleven a cabo el mismo día que haya elecciones”, afirmó Mario Delgado, dirigente nacional del partido.
Para transformar a México tenemos que terminar con la impunidad. Este domingo vamos a pedir justicia con la Consulta Popular. Ejerzamos nuestro derecho a participar #JuicioSíhttps://t.co/BN23M9sxwm
Durante su gira en Chiapas, Delgado Carrillo señaló que la consulta popular debe enmarcarse para la democracia participativa, donde los ciudadanos serán tomados en cuenta de manera directa.
“Si la gente dice sí queremos justicia, vamos a empezar a trabajar para establecer una Comisión de la Verdad; vamos a seguir insistiendo hasta que haya justicia, hasta que los expresidentes responden por los crímenes que cometieron, incluyendo los crímenes económicos del neoliberalismo”, dijo.
La consulta popular se realizará el próximo domingo 1 de agosto con la instalación de 57 mil 92 mesas receptoras de opinión distribuidas en los 32 estados del país.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
