También ha pedido el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en México, así como la dotación de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes.
MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) – La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha reconocido los esfuerzos de México para lograr “el pleno acceso a la verdad y la justicia” en el caso Ayotzinapa, por el que se acusa al anterior Ejecutivo de mentir y encubrir la desaparición de 43 estudiantes en 2014.
Así lo ha anunciado este lunes en un comunicado el organismo, en el que ha resaltado que el informe presentado recientemente por el presidente de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa es una muestra del “más alto nivel” del intento del Ejecutivo de López Obrador por conocer la verdad acerca de lo ocurrido.
“La información hecha pública por el presidente de la comisión es un paso importante para apuntalar el actuar diligente, coordinado y responsable de todas las autoridades del Estado mexicano hacia el objetivo compartido de llegar a la verdad de lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, ha expresado el representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado.
“En línea con los estándares internacionales, es fundamental que en este proceso las autoridades mantengan un diálogo permanente con las familias y las personas defensoras de Derechos Humanos que las acompañan y se garantice el acceso a toda la información generada y la que se pueda obtener en el futuro”, ha añadido.
En este sentido, la ONU-DH ha resaltado la nueva información aportada sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque a los estudiantes, la participación de agentes estatales y no estatales, las omisiones y falta de reacción de las autoridades y las irregularidades de la investigación inicial, “corrobora y amplifica lo que previamente habían comenzado a delinear padres y madres, organizaciones acompañantes y expertos internacionales”.
La ONU-DH ha subrayado la importancia de que ahora sea el Gobierno el que lo ratifique de manera oficial en un informe público.
Asimismo, la organización ha señalado que “es fundamental” que la Fiscalía asegure, en el desarrollo de las nuevas judicializaciones, “una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas, observe el debido proceso y la independencia judicial”.
Por último, ha resaltado la importancia de que la información dada a conocer lleve a las autoridades a adoptar medidas inmediatas “acordes con la gravedad del caso”, entre las que se encuentran, “como mínimo, una depuración inmediata del funcionariado que haya participado activa o pasivamente en los hechos de septiembre del 2014”.
También ha pedido el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en México, así como la dotación de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes.
“Estamos ante un momento crucial para llegar a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa”, ha mencionado Fernández-Maldonado.
“La llamada verdad histórica resulta hoy aún más insostenible. Se debe seguir avanzando hacia el derecho a la verdad, que comprende conocer las circunstancias que permitieron el ataque contra los estudiantes, la secuencia de los hechos, el rol del Estado y los grupos delincuenciales en la confabulación criminal y el destino final de los estudiantes con base en pruebas fehacientes” ha agregado.
Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, estado de Guerrero, desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.
La primera versión oficial (la “verdad histórica”) fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos ahora refutados por una nueva investigación.
La detención del exprocurador Jesús Murillo Karam representa para los padres un avance en el camino del acceso a la justicia porque reconoce lo que ellos dijeron desde un principio y les dio la razón: que la versión ofrecida por el Gobierno de Peña Nieto era una gran mentira.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La oscuridad aún continúa para los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos a casi ocho años y a pesar del nuevo informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CoVAJ), mismo que aceptaron, pero bajo reserva, pues indicaron que no aceptarán indicios o la hipótesis de que sus hijos fueron asesinados, si no les muestran pruebas irrefutables.
“A pesar de las inclemencias del tiempo, nosotros los padres, mientras no tengamos verdad saldremos a las calles. […] A casi ocho años hemos sufrido tragos amargos y llorado lágrimas de sangre por la desaparición de nuestros hijos. La oscuridad continúa, el alba no aparece en el horizonte. Es como si se hubiese detenido esa noche lluviosa y oscura del 26 de septiembre”, indicó la señora Hilda Legideño Vargas, mamá de Jorge Antonio Tizapa Legideño, al leer el posicionamiento conjunto.
La lluvia arreció esta tarde de viernes mientras se desarrollaba la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa sobre el Paseo de la Reforma. El contingente caminó con pancartas y consignas de exigencia para el esclarecimiento del caso, justicia y que todos los implicados —no sólo en la desaparición forzada, sino en la construcción de la mal llamada “verdad histórica”— sean llamados a rendir cuentas.
Este viernes, a un mes de que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 normalistas, los padres de los jóvenes salieron a marchar en la Ciudad de México. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.
Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa reiteraron su postura de que no aceptarán sólo indicios de que sus hijos están muertos si el Gobierno no les presenta pruebas científicas e irrefutables del paradero de los normalistas.
“Las madres y los padres necesitamos pruebas científicas indudables del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con los indicios preliminares que no aclaran a cabalidad donde están y qué pasó con ellos”, señalaron.
El reciente informe de la CoVAJ ha sido relevante para los padres, indicaron, pues tiene elementos positivos que ayudarán al conocimiento de la verdad y a obtener justicia.
Entre los aspectos que reconocieron y aplaudieron está el reconocimiento por parte de Gobierno de que los hechos acontecidos la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre de 2017 se trataron de un crimen de Estado.
“El reconocimiento es significativo ya que evidencia que diversas entidades estatales participaron en la desaparición de nuestros hijos y que deberán ser investigadas y sancionadas […] Los hechos de Ayotzinapa fueron complejos. Se desarrollaron en varios lugares porque fue una agresión de gran magnitud que implicó la participación de diversas corporaciones estatales y grupos delictivos que les permitieron controlar y dirigir la agresión cobarde contra nuestros hijos”, dijeron.
Hoy marcharon para pedir el esclarecimiento del caso. Foto: Romina Gándara
No obstante, no todo está dicho, ni aclarado y aún falta un largo camino por recorrer para los padres, aclararon.
Emiliano Navarrete, padre de José Ángel destacó que mientras no haya evidencias sólidas, mientras no les pongan en la mesa a ellos las pruebas científicas e irrefutables de los hechos, ellos no pueden aceptar una versión preliminar.
El padre también cuestionó que hasta el momento solo el exprocurador Jesús Murillo Karam sea el único enjuiciado y demandó que los demás involucrados, principalmente altos mandos del Ejército y el expresidente Enrique Peña Nieto, rindan cuentas ante la justicia.
“¿Por qué no han tocado a Enrique Peña Nieto a Salvador Cienfuegos? Tantos personajes políticos de alto nivel involucrados, pero ¿Y Peña Nieto? Claro que él también fue partícipe y colaboró por acción u omisión”, dijo el hombre.
Emiliano recordó que Peña Nieto se burló de los padres al decir que los jóvenes estaban muertos. “A mí me sigue dando coraje este tipo tan despreciable que se burló de nuestro dolor y miren donde está viviendo ahora. ¿Vive en México? No. Roban y se van; y son aceptados en otro país”
Emiliano Navarrete, padre de José Ángel. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.
El padre de José Ángel Navarrete insistió en entrevista con medios de comunicación que ellos seguirán en la lucha social y que no descansarán hasta saber qué pasó exactamente con sus hijos y, sobre todo, dónde están.
—Pero, ¿está consciente que al ser algo tan difícil podrían quizá nunca saberlo? —le preguntó un periodista.
—Si no hay paz para nosotros, no habrá paz para el Gobierno —dijo el hombre.
Por su parte, Clemente Rodríguez Morena, papá de Cristian Rodríguez Telumbre, también destacó que él necesita respuestas concretas y claras para saber qué ocurrió con su hijo y dónde está. Su hijo es uno de los tres estudiantes de los cuales ya encontraron un resto y este fue identificado con el estudio de ADN realizado en la Universidad de Innsbruck.
Sin embargo, para Clemente eso no es prueba suficiente y pidió que su hijo sea entregado completo, es decir, todo su cuerpo.
“Ese día que me dan la noticia de mi hijo Cristian, del fragmentito, ellos hablaban de restos. Pero yo les digo ‘dónde están los restos?’ Yo no me puedo quedar satisfecho con un fragmentito, yo para poder aceptar, quiero el cuerpo completo porque a mi hijo le pueden cortar una pierna, me pueden cortar un brazo y la esperanza no me la pueden quitar”, recordó.
Don Clemente coincidió con los demás padres que el reciente informe de la CoVAJ es un avance porque el Gobierno mexicano ya aceptó que participó el Estado.
“A mí parecer, desde mi punto de vista, queda uno satisfecho que el caso no diera carpetazo, que las investigaciones siguen, entonces esperemos que pronto las investigaciones avancen porque ya se van a cumplir 8 años y más que nada el Gobierno mexicano ya va de salida”, dijo.
Uno de los contingentes alistándose para la marcha. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.
Sin embargo, el padre coincidió en que aún faltan investigaciones y procesar a más culpables.
“Se habla de ciertos funcionarios que van a detener, pero que aporten más información, a lo que nosotros nos importa es dónde están los jóvenes y lo dije yo como padre de familia y la consigna va a ser esa, que, así como se los llevaron vivos así los queremos, la fe mueve montañas y pues el Gobierno mexicano debe de seguir todas las líneas de investigación”, expresó.
La detención del exprocurador Jesús Murillo Karam representa para los padres un avance en el camino del acceso a la justicia porque reconoce lo que ellos dijeron desde un principio y les dio la razón: que la versión ofrecida por el Gobierno de Peña Nieto era una gran mentira.
“Murillo Karam condujo una investigación turbia, irregular, plagada de tortura, manipulación y siembra de pruebas construyendo así una mentira que impidió saber el paradero de nuestros hijos. De haberse explorado otras líneas de investigación a escasos días de la desaparición el éxito de saber su paradero pudo haber sido más objetivo, sin embargo, la acción criminal y humana de este señor y otros funcionarios lo impidieron. Por ello, es importante no dejar impune la actuación ilegal de tales funcionarios, por lo que estamos pendientes del proceso penal que se le sigue a esta persona”, señalaron en su posicionamiento.
Finalmente reiteraron que seguirán “la exigencia de presentación con vida de los 43. No podemos claudicar en la lucha hasta no tener prueba plena que indique su paradero”.
Los padres de los 43 estudiantes, hasta el momento, han señalado que lo que ellos quieren saber es dónde están sus hijos. Este viernes, junto a activistas y ciudadanos, marchan una vez más para pedir que se esclarezca la desaparición de los normalistas.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- A un mes de que se cumplan los ocho años de la desaparición de los 43 normalistas, familiares, activistas y ciudadanos se congregaron en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México para la XCV Acción Global por Ayotzinapa y México con la demanda de que se castigue a todos los responsables de este caso.
La principal exigencia es la misma que ha resonado en todos estos hechos: el esclarecimiento del caso y la impartición de justicia a las familias, quienes han pedido que se juzgue a todos los involucrados, incluidos los altos mandos, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto, por este “crimen de Estado”, como lo ha reconocido la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El contingente se empezó a formar minutos antes de las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia para marchar, por el Paseo de la Reforma, hasta el Hemiciclo a Juárez. Aunque en un inicio había pocas personas, a los pocos minutos empezaron a llegar los camiones estrellas de oro con otros contingentes.
Uno de los contingentes alistándose para la marcha. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.
Al grito de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, inició la Marcha.
Carmen, abuelita de Alex, un niño vestido de soldado, narró que viene de Tixtla, en donde está la normal de Ayotzinapa, y aunque no es familiar de los 43 estudiantes, han apoyado desde hace 8 años porque para ella son como sus hijos y lamenta todo lo que sufrieron.
“Todos deben ser enjuiciados, sobre todo (el General) Alejandro Saavedra, es indignante que lo hayan premiado subiéndolo de rango. (Ángel) Aguirre (exgobernador de Guerrero), Iñaki Blanco, entonces Procurador de Guerrero, (Omar García) Harfuch. Jesús Martínez Garnelo, Secretario de Gobierno de Aguirre, protegió a (José Luis) Abarca cuando supo que lo iban a detener. Todos ellos deben ser enjuiciados”, dijo la mujer.
Alex y su abuelita Carmen participan en la marcha. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.
Alrededor de las 5 de la tarde la lluvia arreció, pero eso no detuvo la marcha. Utilizando las pancartas como sombrilla, con bolsas y algunos con paraguas gritaban al unísono: “Ayotzi, Ayotzi no se olvida”.
Los padres de los 43 estudiantes, hasta el momento, han señalado que lo que ellos quieren saber es dónde están sus hijos. Se espera que al final de la marcha, den un posicionamiento conjunto con respecto al informe de la Comisión de la Verdad por el Caso Aytozinapa (CoVAJ).
Vidulfo Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y abogado de las familias, ha señalado que los padres y madres de los normalistas no desestiman el informe presentado en días pasados por la Comisión de la Verdad, pero piden pruebas contundentes e irrefutables de que los estudiantes no están vivos, así lo informó
“Las familias de las y los 43 merecen pruebas contundentes, irrefutables de que los estudiantes ya no están vivos. Necesitan certezas indubitables, certezas de que sus hijos están sin vida”, dijo Rosales en entrevista con el noticiero del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de México.
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario, todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo el pasado 18 de agosto el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encina al presentar el informe de la Comisión de la Verdad por el Caso Aytozinapa.
Los padres de los 43 estudiantes, hasta el momento, han señalado que lo que ellos quieren saber es dónde están sus hijos. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.
La marcha salió del Ángel de la Independencia. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.
Familias en apoyo a los padres de los 43. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.
Las conclusiones del informe establecen, entre varios puntos, que la desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano”.
El Subsecretario Encinas se presentó este viernes en la conferencia matutina para explicar el informe y reiteró que no hay indicios de que los estudiantes estén con vida, pues explicó que la orden de los autores del crimen, según testimonios, fue de desaparecerlos y asesinarlos.
El Subsecretario Alejandro Encinas presentó el informe de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa. Foto: Gobierno de México
Esta orden, indicó, provino del exalcalde de Igual, hoy detenido, José Luis Abarca, identificado en el informe como “A1”.
“A1” o Abarca, es quien ordenó en un inicio “darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque […] no quería disturbios, además de recuperar el material (el cual aparentemente venía en uno de los autobuses)”, se lee en el reporte.
Ese “material” al que se refieren, de acuerdo con distintos reportes era aparentemente droga, ya que se pensaba que entre los normalistas había supuestamente integrantes de Los Rojos, agrupación criminal en disputa con Guerreros Unidos, el grupo responsable de los hechos de violencia durante la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014.
Encinas Rodríguez también detalló hoy que, contrario a lo que dice la “verdad histórica” –que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula y esparcidos sus restos en el río San Juan–, debido a la magnitud de la movilización de sicarios y el número de muchachos que pretendían desaparecer, éstos fueron reubicados en distintos puntos, entre ellos y de acuerdo con los testimonios, serían en el río Balsas, es el pozo de Pueblo Viejo, la mina hacia Taxco.
La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa destacó en su informe que es necesario continuar con la búsqueda en la ribera del río Balsa y en la laguna del nuevo Balsa, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; así como en la Barranca Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en la brecha Lobos y en el paraje Suriana en Igual, así como en las inmediaciones de Tepehuaje”, en la búsqueda de los 40 estudiantes de Ayotzinapa que aún siguen desaparecidos.
José Luis Abarca fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. El Subsecretario Alejandro Encinas aclaró este día que el exalcalde de Iguala está detenido por el asesinato de Arturo Hernández Cardona y no por el delito de desaparición.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– José Luis Abarca, el excalde de Iguala identificado como “A1” en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, junto a los dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos “en coalición con algunas otras autoridades”, dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, informó esta mañana el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
“Estamos diciendo quiénes dieron la orden (de desaparecer a los normalistas). Participa ‘A1’, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación”, comentó Encinas Rodríguez en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El informe de la Comisión del caso Ayotzinapa identifica que durante la Noche de Iguala “A1”, o a Abarca, como lo identificó Encinas, ordenó en un inicio “darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque […] no quería disturbios, además de recuperar el material (el cual aparentemente venía en uno de los autobuses)”.
Ese “material” al que se refieren, de acuerdo con distintos reportes era aparentemente droga, ya que se pensaba que entre los normalistas había supuestamente integrantes de Los Rojos, agrupación criminal en disputa con Guerreros Unidos, el grupo responsable de los hechos de violencia durante la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014.
Alejandro Encinas presentó un resumen del Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa. Foto: Gobierno de México
De acuerdo con la Comisión, “‘A1’ dio la orden de recuperar la mercancía” e instruyó: “me chingan a todos a discreción”. Posteriormente, según el mismo informe, “A1”, o a Abarca, como lo identificó Encinas, “ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben ‘quién es quién’ y se está calentando la plaza demasiado”.
“Mátalos a todos, Iguala es mío”, se lee en el informe que contrasta la información actual, con la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien enfrenta un proceso por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
José Luis Abarca, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exalcalde de Iguala, fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en relación con la desaparición de los normalistas. Actualmente se encuentra preso en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El Subsecretario Alejandro Encinas aclaró este día que José Luis Abarca está detenido por el asesinato de Arturo Hernández Cardona cometido el 3 de junio de 2013, cuya desaparición, reportada en un primer momento, propició que “la movilización de los estudiantes de la Normal de Ayotizinapa, que tomaron las oficinas del ayuntamiento de Iguala e incendiaron documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien finalmente apareció asesinado”.
“Ese homicidio se le atribuye al entonces presidente municipal José Luis Abarca, que está detenido justamente por este delito, no por el delito de desaparición, sino por el homicidio de Hernández Cardona. Y a partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el Alcalde y por Guerreros Unidos, de que no regresaran a esta ciudad; si no, se iban a atender a las consecuencias”, comentó Encinas Rodríguez en la conferencia de prensa de este día.
Los Abarca. Fotos: Cuartoscuro.
Abarca fue capturado junto a su esposa María de los Ángeles Pineda, quien fue ligada a los Guerreros Unidos, agrupación criminal a la que, según informaron las autoridades, pertenecían dos de sus hermanos, uno de ellos, Salomón Pineda Villa, detenido en octubre de 2014. Su otro hermano, Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, ha sido identificado como un exoperador de Arturo Beltrán Leyva, abatido en diciembre de 2009, y de cuyo cártel nació Guerreros Unidos.
Tanto José Luis Abarca como María de los Ángeles Pineda, presa en el Penal Federal Femenil de Amacuzac, han negado su participación en los hechos.
LA DESAPARICIÓN DE LOS NORMALISTAS
El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa señala que en la Noche de Iguala el grupo delictivo de Guerrero Unidos “actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado”.
En la conferencia de este viernes, el Subsecretario Alejandro Encinas destacó como parte “del análisis de contexto” del caso Ayotzinapa cómo la desaparición de los normalistas se dio “en el contexto de una disputa por la plaza para el trasiego de drogas entre el grupo de los Rojos y el grupo de Guerreros Unidos”.
Mencionó “un antecedente importante” de cómo el 10 de junio del 2014 en un retén del Ejército Mexicano la Procuraduría General de la República decomisó 107 kilogramos de heroína pura, de los cuales los elementos de la Procuraduría General de la República que hicieron este operativo sólo entregaron 24 kilogramos.
“Este dato está acreditado, incluso en un documento de la Secretaría de Gobernación que da cuenta de que la disputa por el territorio también era de disputa por el control de la droga y el robo entre estos grupos, asociado a la protección de autoridades, particularmente de la Procuraduría”, indicó.
Alejandro Encinas destacó como parte de “del análisis de contexto” del caso Ayotzinapa cómo la desaparición de los normalistas se dio “en el contexto de una disputa por la plaza para el trasiego de drogas entre el grupo de los Rojos y el grupo de Guerreros Unidos”. Foto: Gobierno de México
Por otra parte mencionó que la Normal de Ayotzinapa fue la sede de delegaciones de otras escuelas normales del país para desde ahí trasladarse a las movilizaciones con motivo del 2 de octubre a la Ciudad de México. Explicó que por ello partieron de este plantel a Chilpancingo y Tierra Colorada donde la policía federal, la policía estatal, les impidieron la toma de camiones, motivo por el cual se trasladaron Iguala para tomar otros camiones y en donde —según el testimonio de una testigo protegida— se creía que entre ellos venían personas pertenecientes al grupo delictivo de los Rojos, lo cual derivó en la agresión.
El informe de la Comisión indica que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Como parte de la información a la que se ha allegado esta comisión —la cual contradice lo dispuesto en la “verdad histórica— “las instrucciones original eran de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos (los integrantes de Guerreros Unidos) decidieron repartírselos”.
Entre los operadores de los Guerreros Unidos responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el reporte identifica a: “El Gil”, “El Negro”, “El Tilo”, “El Chino”, “El Pato” Landa y su gente, “El Chucky” y su gente, “El Cholo”, “El Chango”, “La Gorda”, “El Duvalín o “Duva”, “El Tony”, “El Pollo”, “El Cuca”, “El Feo”, “El Wasako”, “Memo”, El Moreno (cocinero de Guerreros Unidos, y “H1”, mando policial de Huitzuco.
También se da cuenta de que el día de los hechos, “seis estudiantes permanecían vivos y estaban retenidos en ‘la Bodega vieja’”. No obstante, “el 30 de septiembre ‘El Coronel’ comenta que ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes que habían quedado vivos”.
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A quien se refiere el informe, indicó esta mañana Encinas, era al entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
José Rodríguez Pérez tenía el grado de Coronel cuando era el comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala y al año siguiente de los hechos fue ascendido a General Brigadier, contra quien un juez libró una de las 20 órdenes de aprehensión contra militares obtenidas por la Fiscalía General de la República (FGR).
El informe ahonda que en días posteriores a la desaparición de los normalistas, “hubo una reunión con Abarca y ‘los asesores de México’ para que ellos pudieran limpiar”.
“Van a borrar evidencia… los van a mover para que no los hallen […] los licenciados y la gente de México ya tiene el circo armado”, se lee en el reporte de la Comisión, según el cual Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), detenido en Israel a la espera de ser extraditado a México, “era el que andaba mandando a limpiar”.
El Secretario de Seguridad capitalino, de amplio pasado en el sector policiaco, ha esquivado varias acusaciones que lo ligan con el caso Ayotzinapa, desde su ausencia la noche de la desaparición de los estudiantes hasta otras acusaciones como la del supuesto “cónclave” de Murillo Karam para orquestar la “verdad histórica”.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, enfrenta de nueva cuenta cuestionamientos por su pasado, en esta ocasión al ser señalado como uno de los “enlaces operativos para desarrollar la investigación” de la denominada “verdad histórica”, de acuerdo con lo contenido en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
El Jefe de Policía de la capital no ha titubeado en defender su carrera ante cada uno de estos señalamientos. “Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica’; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días”, escribió este lunes.
Cuando sucedió la desaparición forzada de los 43 normalistas, García Harfuch tenía 32 años y era delegado de la —ahora extinta— Policía Federal en Guerrero. Ocupó el puesto oficialmente entre diciembre del 2012 y octubre de 2014. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre del 2014, según su propia versión, él no se encontraba en la entidad.
“Es importante precisar que cuando suceden esos hechos, es importante decir dónde estaba yo. Yo estaba en Michoacán, exactamente en Buenavista, Tomatlán y en Nueva Italia, Michoacán […] Yo no estaba en Guerrero, si hubiera estado en Guerrero, por supuesto salir a asumir y dices ‘me hago responsable de la Policía Federal’”, dijo García Harfuch en julio de 2022 durante una entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de Sin Embargo Al Aire .
Omar García Harfuch explico que él ya había sido designado a cumplir con una serie de labores en el estado de Michoacán en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon desde el Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
En todas las ocasiones, que García Harfuch ha sido ligado al caso Ayotzinapa no ha tardado en rechazar las acusaciones. Incluso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se ha sumado a su defensa. Tuvo que hacerlo, por ejemplo, en octubre de 2019, cuando lo nombró Jefe de Policía de la capital.
“Para todos los funcionarios que tienen que ver con temas de seguridad (…) se hizo una consulta a la Fiscalía General, si es que estaba implicado en alguna investigación y no está implicado en ninguna investigación”, aseveró la Jefa de Gobierno el 4 de octubre de 2019. “Hicimos las consultas a las diferentes instancias del Gobierno federal y a la propia Fiscalía General [de la República] y no está implicado en ninguna investigación de este tipo, no lo haríamos si estuviera involucrado”, zanjó Sheinbaum.
LA PF, GUERRERO Y LA NOCHE DE AYOTZINAPA
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García Harfuch comenzó su carrera en el brazo policiaco a los 26 años, cuando ingresó a la Policía Federal como jefe de departamento para coordinar la inteligencia para la prevención de delitos, un puesto que delinearía su formación al interior de la institución y en sus futuros ascensos.
García Harfuch pasó a Guerrero, coordinando a la PF, en diciembre de 2012. Desde este puesto surgieron los señalamientos que lo ligan al caso Ayotzinapa. Uno de ellas surgió en 2014, pero no se reveló sino hasta 2016.
A mediados de octubre de 2014, las autoridades mexicanas detuvieron a Sidronio Casarrubias, supuesto líder de Guerreros Unidos, la banda criminal que habría orquestado la desaparición de los normalistas. Entre sus cosas, recuperaron una agenda donde, entre otros, se habría encontrado el nombre de García Harfuch, con nombre y celular.
Sin embargo, las autoridades nunca encontraron una relación entre ambos, ni registros telefónicos, de acuerdo con el diario La Jornada. La información de la agenda se dio a conocer recién en 2016 –cuando Harfuch ya era Comisionado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)– debido a que la evidencia nunca se presentó ante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa ni ante el Ministerio Público previamente.
En 2017, la entonces Procuraduría General de la República aseguró a Animal Político que “hasta ahora no existen elementos para confirmar que las autoridades que aparecen en esa libreta realmente tengan un nexo con el grupo criminal, o si simplemente se trataba de una relación de autoridades recolectada por Sidronio Casarrubias, sin que hubiera contacto con ellos”.
ACUSACIONES DE UN TESTIGO PROTEGIDO
Sheinbaum ha defendido en reiteradas ocasiones a García Harfuch. Foto: Gobierno CdMx
García Harfuch, que se mantuvo en la AIC hasta 2019, enfrentó un señalamiento más, en enero de 2021. En aquel momento, el diario Reforma, y antes el semanario Proceso, publicaron información de un supuesto “testigo protegido” bajo el alias de “Juan” que afirmaba que el funcionario había recibido 200 mil dólares mensuales por parte del Cártel Guerreros Unidos.
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario de seguridad aseguró que no tiene nada que ocultar y que su trayectoria laboral es la que “habla por sí misma”.
“Niego categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy ‘testigo protegido’, publicadas por Reforma. Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por sí misma. No tengo nada que ocultar”, tuiteó Harfuch, en respuesta a la nota: “Salpican a Harfuch en pagos del narco” del 21 de enero de 2021.
Niego categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy “testigo protegido”, publicadas por @reforma. Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por si misma. No tengo nada que ocultar.
De acuerdo con la versión del supuesto testigo de “Juan”, el ahora titular de la SSC-CdMx daba información sobre posibles operativos “y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas”. Harfuch negó todo. En aquel momento, Sheinbaum también salió a defender a su Secretario de Seguridad.
“Leí la nota de Reforma con cuidado. Ahí lo que hablan es que hay una persona, un ‘testigo’, que está diciendo esto (…) Lo que entiendo por la nota es que había un testigo que menciona esto, hoy el Presidente en la mañanera dijo que es una filtración, que en efecto hay esta información por parte de la FGR; eso no quiere decir que haya una investigación al secretario de Seguridad Ciudadana, sino un testigo que está diciendo esto”, expresó la mandataria capitalina en videoconferencia de prensa.
El año pasado, Claudia Sheinbaum también sostuvo que cuando invitó a García Harfuch para ser parte del Gobierno, “se llevaron a cabo todas las consultas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)”, así como a distintas personas tanto de la sociedad civil como de instituciones de seguridad.
“Siempre tuvimos la información de que su trabajo hablaba por sí mismo y que no había absolutamente nada contra él. Lo hicimos así y confiamos en el trabajo que está haciendo porque lo ha demostrado durante este tiempo que ha estado en el Gobierno”, agregó Sheinbaum en aquel momento.
EL “CÓNCLAVE” DE LA “VERDAD HISTÓRICA”
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La detención de Jesús Murillo Karam, el exprocurador del sexenio de Peña Nieto que orquestó la “verdad histórica” de Ayotzinapa, la cual postulaba que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula, volvió a colocar sobre García Harfuch la sombra del caso.
El sábado, durante la presentación de pruebas contra Murillo Karam, los representantes de la FGR argumentaron que el exprocurador, junto a García Harfuch y otras figuras de alto nivel –el entonces Gobernador guerrerense, Ángel Aguirre; Tomás Zerón, titular de la Agencia Federal de Investigación y hoy prófugo del Gobierno mexicano en Israel; así como de Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces Fiscal especializado en delitos de secuestro– habrían participado en un “cónclave” para “fraguar” dicha “verdad histórica”.
Una vez más, Harfuch negó haber participado en la reunión supuestamente organizada por Murillo Karam. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario capitalino calificó de “absurda” la versión que lo nombra a él como uno de los que participó en la reunión realizada el 7 de octubre de 2014, en Iguala, Guerrero, entidad en la que entonces había estado a cargo de la Policía Federal.
Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para “fraguar la verdad histórica”;ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días
Antes, el domingo, Ángel Aguirre, entonces Gobernador guerrerense, también descartó haber participado en una reunión así.
Sheinbaum, más tarde el lunes, reiteró la defensa que una y otra vez ha asumido desde aquel 2019 en que lo llevó a su gabinete:
“Omar García desde que se integró al Gobierno de la Ciudad de México ha desempeñado un papel excepcional, y varias veces ha dado la explicación de que él en ese momento no estaba en el estado de Guerrero, lo ha dicho públicamente en distintos momentos”, expuso la mandataria durante una entrega de patrullas en la Alcaldía Cuajimalpa.
De igual forma, Sheinbaum explicó que no peligra el puesto de García Harfuch y destacó su integridad al frente de la Secretaría y su labor en torno al respeto de los derechos humanos. “Al frente de la CdMx ha desempeñado un papel sumamente importante para beneficio de las familias”, agregó.
El Juez Marco Antonio Tapia apercibió al inicio de la audiencia a la defensa de Jesús Murillo Karam luego de que dijera que el exprocurador no puede ser juzgado por el delito de desaparición forzada, por que al hacerlo se aplicaría la Ley de manera retroactiva.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– Jesús Murillo Karam defendió nuevamente su “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa y acusó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de tratar de tumbar su versión, según la cual los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados la misma Noche de Iguala, pero no lo han logrado.
“Desde hace siete, ocho años han buscado alternativas, han inventado muchas y todas se caen. Podemos aceptar algunos errores, pudo haber fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero no la han podido tirar”, dijo el exprocurador durante la audiencia, en la que se determinará si es vinculado o no a proceso.
Luego de escuchar los argumentos de la defensa y los de la Fiscalía General de la República (FGR), Murillo Karam quiso declarar y, después de consultarlo con sus abogados, insistió en defender su versión de la investigación y acusó no sólo al GIEI, sino a los activistas y representantes de los padres de los 43 normalistas de tratar de desacreditarla.
“Me puedo decir orgulloso de que yo pedí la intervención de este Grupo Interamericano (sic) que participó en absolutamente toda la averiguación. Fueron ellos (el GIEI) quienes escogieron el lugar donde hacer el análisis, el que vigiló, trajo restos y escogió llevarlos a (la Universidad de) Innsbruck”, dijo.
Murillo insistió en que se encontraron restos en la Barranca de la Carnicería, localizada en Cocula, Guerrero, “y en otro lugar”, y aunque reconoció que hubo errores y cosas que se hicieron mal, nadie ha podido ” tirar” su investigación.
El extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto es acusado por la Fiscalía General por los delitos de tortura en contra de cuatro personas, contra la administración de justicia y por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al inicio de la audiencia, el Juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapia, regañó e hizo un apercibimiento a la defensa de Murillo Karam, luego de que leyera una tesis que aludía ineptitud del juzgador, en caso de vincular a proceso al exprocurador por el delito de desaparición forzada.
La defensa sostuvo que Murillo Karam no puede ser juzgado por el delito de desaparición forzada con base en la Ley General de Desaparición de Personas porque los hechos que le atribuyen ocurrieron entre octubre de 2014 y enero de 2015, y esta legislación entró en vigor hasta 2017, por lo que no se puede aplicar de manera retroactiva, sino en beneficio del imputado.
En ese sentido, el abogado leyó una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dice que el juzgador que aplique una legislación retroactiva en perjuicio del Gobernador cae en la ineptitud. El planteamiento le valió a la defensa del exprocurador del Gobierno de Enrique Peña Nieto un apercibimiento del Juez.
“Debe moderar su intervención, su actitud al enfrentarme, al levantar la voz y al invocar una tesis tergiversada. Lo apercibo, este no es un debate, ni una charla, y si sigue con esa, lo voy a expulsar de la sala”, le dijo el Juez Marco Antonio Tapia a la defensa, quien siguió con su exposición y pidió desestimar las pruebas de la FGR por ser ilegales.
El exprocurador Murillo Karam al arribar el sábado al Reclusorio Varonil Norte. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
La audiencia de vinculación a proceso en contra del exprocurador Jesús Murillo Karam inició este miércoles alrededor de las 9:30 horas en las salas de los juzgados federales ubicados en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. La defensa sostuvo al arranque de la audiencia que la Fiscalía General de la República, en las más de 20 mil hojas de la carpeta de investigación que presentó, no cuenta con testimonios, ni pruebas contundentes que acrediten la participación directa de Murillo Karam en los delitos de tortura y desaparición forzada.
También refutó que la Fiscalía le impute los delitos con base en las conferencias de prensa que el exprocurador dio en octubre de 2014 y enero de 2015, lo cual, afirmó, no debe tener carácter probatorio porque serían autoincriminatorias.
Explicó que hay un derecho del imputado a que se excluyan declaraciones que lo autoincriminen, sobre todo si son declaraciones que no se realizaron ante un Ministerio Público o ante un Juez, y sin la presencia de un abogado defensor.
De igual forma pidió desestimar las acusaciones de tortura y en contra de las administración de la justicia, pues aseguró que esos delitos ya habían “prescrito”.
La Fiscalía, por su parte, acusó a los abogados defensores de querer confundir con interpretaciones “nebulosas y ociosas”, al decir, que los delitos ya fueron prescritos y que utilizar las conferencias de prensa de él, como autoridad, vulnera su derecho a la no incriminación.
Los fiscales que llevan el caso llegaron con al menos 10 maletas de viaje con el o los expedientes. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.
“QUEREMOS LA VERDAD”
En la audiencia, presidida por el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia se resolverá la situación jurídica de Murillo Karam, toda vez que los fiscales presenten los elementos de prueba. Esta mañana, arribaron a los juzgados con al menos 10 maletas de viaje con el o los expedientes.
“Queremos la verdad”, dijo Cristina Bautista, una de las madres de los 43 estudiantes, al llegar a los juzgados cerca de las 7:30 de la mañana.
Fue en punto de las 7:00 horas cuando arribó un primer grupo de abogados defensores del exfuncionario, encabezado por José Javier López García, quien también ha representado a Juan Collado, el cual no quiso dar declaraciones ante los medios de comunicación.
Media hora después llegó al lugar el otro abogado defensor Antonio López Ramírez, quien dijo brevemente a la prensa: “Vamos a plantear nuestra versión de los hechos”.
Durante la primera audiencia del sábado, que se extendió por 12 horas y donde se le dictó prisión preventiva por riesgo de fuga, los fiscales fueron regañados por el Juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, por “no estar preparados” al grado de que les advirtió “dar parte a sus superiores jerárquicos de la FGR por el desorden”.
La Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero ha sido cuestionada por la conducción que ha tenido en los casos del exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht; contra Rosario Robles Berlanga, por la Estafa Maestra, y por exonerar a Salvador Cienfuegos, señalado por la DEA por supuestos nexos con el narcotráfico.
Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en una conferencia de prensa de diciembre de 2014. Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro
Dentro del mismo caso de los estudiantes de Ayotzinapa, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sigue sin ser extraditado de Israel; a la par que persisten las dudas sobre si la Fiscalía indagará en el algún momento al Presidente Enrique Peña Nieto o al exsecretario General Cienfuegos sobre el caso.
“Está en manos de jueces. Y sí coincido de que tardan mucho, o sea, porque no hay sentencias. Deben de acelerar más los procesos para que haya sentencias”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana.
El abogado de las familias del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró en entrevista con Los Periodistas, en SinEmbargo al Aire, que Murillo Karam tuvo “una intención deliberada” de ocultar el paradero de los jóvenes, por lo que están pendientes de la audiencia de este día y esperan que se avance con las detenciones de los otros responsables –incluyendo militares y al expresidente Enrique Peña Nieto– para que no parezca “un tema de índole política”.
“De parte de los padres, decir que no hay un afán de ajustar cuentas, más bien un afán de que se sepa qué fue lo que ocurrió, ese es el interés”, aseveró. “Que se pase de inmediato a ejercer las acciones penales ya, a procesar a esas personas porque se anuncia nada más que se detiene al señor Murillo Karam, se anuncia la existencia de acciones penales como un tema más político, pero si esto no es seguido de acciones penales, no le vemos mucho sentido”.
Este miércoles a las ocho de la mañana se tiene previsto que reinicie la audiencia del exprocurador Jesús Murillo Karam, donde podría ser vinculado a proceso. Sin embargo, la Fiscalía General de la República que lo acusa por fabricar una “verdad histórica” entorno al caso Ayotzinapa arrastra un historial de cero sentencias contra exfuncionarios de alto nivel.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– Jesús Murillo Karam, el primer Procurador detenido en la historia reciente de México, enfrenta este miércoles una audiencia donde podría ser vinculado a proceso, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presunta tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia por su conducción en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
Durante la primera audiencia del sábado, que se extendió por 12 horas y donde se le dictó prisión preventiva por riesgo de fuga, los fiscales fueron regañados por el Juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, por “no estar preparados” al grado de que les advirtió “dar parte a sus superiores jerárquicos de la FGR por el desorden”.
El exprocurador Murillo Karam al arribar el sábado al Reclusorio Varonil Norte. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
La Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero ha sido cuestionada por la conducción que ha tenido en los casos del exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht; contra Rosario Robles Berlanga, por la Estafa Maestra, y por exonerar a Salvador Cienfuegos, señalado por la DEA por supuestos nexos con el narcotráfico.
Dentro del mismo caso de los estudiantes de Ayotzinapa, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sigue sin ser extraditado de Israel; a la par que persisten las dudas sobre si la Fiscalía indagará en el algún momento al Presidente Enrique Peña Nieto o al exsecretario General Cienfuegos sobre el caso.
“Está en manos de jueces. Y sí coincido de que tardan mucho, o sea, porque no hay sentencias. Deben de acelerar más los procesos para que haya sentencias”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana.
Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en un mensaje a medios en 2015. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.
El abogado de las familias del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró en entrevista con Los Periodistas, en SinEmbargo al Aire, que Murillo Karam tuvo “una intención deliberada” de ocultar el paradero de los jóvenes, por lo que están pendientes de la audiencia de este día y esperan que se avance con las detenciones de los otros responsables –incluyendo militares y al expresidente Enrique Peña Nieto– para que no parezca “un tema de índole política”.
“De parte de los padres, decir que no hay un afán de ajustar cuentas, más bien un afán de que se sepa qué fue lo que ocurrió, ese es el interés”, aseveró. “Que se pase de inmediato a ejercer las acciones penales ya, a procesar a esas personas porque se anuncia nada más que se detiene al señor Murillo Karam, se anuncia la existencia de acciones penales como un tema más político, pero si esto no es seguido de acciones penales, no le vemos mucho sentido”.
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TORTURAS Y PRESIONES
El Fiscal Alejandro Gertz Manero expuso la semana pasada que pudieron demostrar con “pruebas judicializadas” que el propósito del Procurador Jesús Murillo Karam y del director de la Agencia de Inteligencia, Tomás Zerón, era el de “engañar a la población” para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, “adjudicando la brutalidad sucedida sólo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los cárteles [Guerreros Unidos] que se disputaban el control de las drogas en esa ciudad”.
Para lograr lo anterior, planteó el Fiscal, ambos funcionarios cometieron “un número incalculable de abusos, torturas y presiones” para obtener las confesiones de dichos policías e “inventar la supuesta verdad histórica”, que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente. Existe un video donde se observa a Zerón cerca del basurero de Cocula, donde habría sembrado pruebas. El Canciller Marcelo Ebrard Causabón dijo el martes que su extradición de Israel está avanzando y ya se entregó todo el expediente.
No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz no sólo ha sido señalado por el lento avance de las investigaciones contra exfuncionarios federales del peñismo, sino él mismo fue denunciado por torturar a Lozoya y familiares para obtener declaraciones falsas sobre el caso Odebrecht. La denuncia la presentó el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño.
“Hace mucho que la figura del Fiscal está en duda y es poco legítimo. Es un misterio el cómo y el por qué sigue siendo apoyado desde la federación, por qué se le sigue solapando”, dijo Carlos Pérez Ricart, investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE). “La Fiscalía es probablemente la institución que más ha dejado a desear en esta nueva Administración. Ha sido una Fiscalía ineficiente que se sigue mostrando opaca”.
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Pero el académico reconoció que, como lo han solicitado las familias de los jóvenes, se está llegando a altos mandos. “No están siendo solamente los subordinados, sino que en el caso de Murillo Karam y el General Alejandro Saavedra (contra quien pesa una orden de aprehensión), se está llegando a las cúpulas, lo que es una buena noticia porque así se rompen los circuitos de impunidad”, afirmó Pérez Ricart.
La detención del exprocurador se dio un día después de la presentación del informe preliminar sobre el caso Ayotzinapa por parte de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, en el cual se reconoce que se trató de un crimen de Estado, que se fabricó una “verdad”, que había un militar infiltrado y, según un testigo, seis de los normalistas habrían sido mantenidos con vida cuatro días después de la noche de Iguala. Este miércoles el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas estará en Palacio Nacional para dar más detalles, como pidió el Presidente López Obrador.
Al respecto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) marcó distancia del informe y solicitó en un comunicado tener acceso no sólo a lo que se incluyó en el documento público, sino a todo lo que se extrajo (capturas de pantalla censuradas) y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información para conocer la verdad completa del caso con un debido proceso. Hasta entonces, dijo, sus miembros emitirán un comentario.
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en avenida Reforma. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
Por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia, la Fiscalía también obtuvo 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Entre los militares en la mira, resalta el General Alejandro Saavedra Hernández, el militar de más alto rango de esa lista. En septiembre de 2014 era el titular de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, y tuvo acceso directo a las comunicaciones de inteligencia que en tiempo real tuvo el C-4 de todas las actividades de los estudiantes, de acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad.
“Lo de Ayotzinapa y lo del señor Murillo Karam, lamento mucho, pero esas injusticias no pueden quedar impunes. ¿Cómo veo yo a las madres, a los padres de los muchachos? Llevo tres años reuniéndome con ellos, informándoles en reuniones, algunas ríspidas, porque imagínense el dolor de las madres, de los padres de no ver a sus hijos y todo esto que se está conociendo”, comentó el Presidente López Obrador. “Ya habían cometido esta atrocidad. ¿Por qué ocultar los hechos?, ¿a quién protegieron?”, cuestionó.
ROBLES EN PROCESO LIBRE
El Fiscal Alejandro Gertz también ha sido señalado por presionar a Rosario Robles para que, en prisión preventiva por presunto ejercicio indebido de la función pública, accediera al criterio de oportunidad respecto al desvío de más de 7 mil millones de pesos a través de diversas dependencias y universidad públicas.
Tres años después, por cuestiones de salud, un juez le cambió la medida cautelar para que siga enfrentando su proceso desde casa sin poder salir del país y presentándose ante la autoridad cada 15 días. A la fecha, el Oficial Mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, sigue libre pese a haber presidido el comité que firmó los convenios y no haberse presentado a comparecer.
“Sobre estas observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en el caso concreto de Rosario, no se le acusa de haber dispuesto de alguna cantidad de dinero ni tampoco haberse quedado con alguna cantidad, estaríamos en presencia de peculado. Lo que a ella se le atribuye es un ejercicio indebido de la función pública en su modalidad de omisión, es decir, supuestamente no haber supervisado que con la firma de estos convenios supuestamente se podía crear una afectación al patrimonio de la nación”, dijo el abogado de Robles, Epigmenio Mendieta, en entrevista radiofónica con MVS.
Luego de tres años presa, Rosario Robles seguirá su proceso penal en libertad. Foto: Édgar Negrete, Cuartoscuro.
La Fiscalía no sólo pidió al juez que, por razones de edad y enfermedad, lleve su proceso por el delito de omisión desde su casa, sino que no ejecutó, en dos años, la orden de aprehensión para procesarla por delincuencia organizada y lavado de dinero.
“En contra de esa orden se promovió un amparo, mediante el cual hubo una suspensión definitiva. El juez de amparo analizará el fondo del asunto planteado y una vez que lo haya analizado llegará a la determinación sobre si esta orden de aprehensión sigue vigente o queda suspendida”, afirmó el abogado Mendieta.
En sólo dos días, la FGR concedió a Robles la petición que ésta le hizo el miércoles 17 de agosto para seguir desde su domicilio el proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión por el caso de la “Estafa Maestra”, por el que se le ordenó prisión preventiva en agosto de 2019. La institución que encabeza Alejandro Gertz Manero le pidió al juez el cambio de medidas cautelares y que ya no siga en prisión preventiva, “en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad”.
Ante las versiones en el sentido de que Robles Berlanga cooperó con la FGR para implicar a altos funcionarios, como el exsecretario Luis Videgaray y Peña Nieto, uno de sus abogados, que pidió no ser identificado, rechazó esa posibilidad. “Si fuera así, se habría apolillado un criterio de oportunidad que nunca cuajó”, subrayó el litigante el sábado pasado a SinEmbargo.
En un artículo de opinión en El Universal, Robles expuso que se necesita reformar el sistema penal acusatorio y el “punitivo” sistema penitenciario porque “Rosarios hay muchas y hay que conseguir su libertad”.
LOZOYA, EN PRISIÓN PREVENTIVA
Emilio Lozoya Austin, extitular de Pemex con Enrique Peña Nieto, es señalado por recibir un soborno de 10 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de contratos, dinero que habría sido destinado para las elecciones presidenciales de 2012. También se le involucra con el caso Agronitrogenados que generó un daño al erario.
Sin embargo, a dos años de su detención y extradición desde Málaga, España, no ha sido sentenciado y sus audiencias se pospusieron hasta noviembre en búsqueda de un nuevo acuerdo entre la Fiscalía y la defensa legal.
Hace unas semanas se filtraron audios de 2019 donde se oye al Fiscal Alejandro Gertz presionar al padre, Emilio Lozoya Thalmann, para que él y su otro hijo no se amparara contra cualquier orden de aprehensión, a la par de que la madre y la hermana de Lozoya también eran acechadas.
Acto seguido de las llamadas, su hijo fue aprehendido, razón por la que el extitular de Pemex, Carlos Treviño, denunció al Fiscal por presunta tortura psicológica a Lozoya para que aceptara el criterio de oportunidad y diera supuestamente declaraciones falsas. Pese a haber enlistado a diversos funcionarios en la denuncia, entre ellos el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, legisladores panistas y a Treviño, el exdirector de Pemex no aportó mayores pruebas.
Emilio Lozoya Austin fue captado en octubre de 2021 en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Foto: Lourdes Mendoza
Luego de ser fotografiado por la periodista Lourdes Mendoza en un restaurante de lujo de la Ciudad de México durante su prisión domiciliaria, Lozoya quedó en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, donde este miércoles el exprocurador Jesús Murillo Karam podría ser vinculado a proceso.
Su situación se aclarará hasta el 4 y 7 de noviembre, cuando se lleven a cabo nuevas audiencias. Estos encuentros estaban originalmente agendados para abril pasado, pero la Fiscalía General y los representantes legales de Emilio Lozoya solicitaron posponer las fechas con el fin de establecer un posible arreglo entre ambas partes.
El extitular de Pemex está dispuesto a pagar la cantidad de 10.7 millones de dólares bajo el concepto de reparación del daño para obtener un acuerdo reparatorio y criterio de oportunidad para que, en consecuencia, se suspendan los procesos penales en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.
A lo largo del posicionamiento, la agrupación de expertos reiteró su compromiso con los familiares de los estudiantes normalistas, la sociedad y las autoridades de México para coadyuvar a conocer la verdad completa del caso Ayotzinapa, incluyendo la búsqueda de los que aún se encuentran desaparecidos e insistiendo en la protección del debido proceso.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Después de la presentación del nuevo Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que se llevó a cabo el pasado 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió este lunes que se le permita revisar las pruebas que se integraron, y exigió que las madres y los padres de los jóvenes vean los reportes antes de hacerlos públicos.
“Conocimos el contenido del informe sólo a partir de la exposición del 18 de agosto del 2022, cuando se presentó a los padres y madres, representantes y otros integrantes de la Comisión en presencia del Presidente de México y altas autoridades del Estado. El texto completo nos fue entregado a las 9 de la noche del día 18 de agosto de 2022″, informó en un comunicado.
En el documento, el grupo saludó que “existan eventuales nuevas revelaciones en el esfuerzo de la COVAJ en la investigación del caso, quien ha puesto todo el interés y el trabajo en ello”, sin embargo, insistió en que toda la información debe ser conocida de manera previa por las madres y los padres de los estudiantes.
“Como GIEI, hemos recobrado con la COVAJ muchos de los medios de prueba que quedaron registrados en nuestro informe de marzo de 2022”, señaló. No obstante, acusó que no ha tenido acceso directo al “material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe”, por lo que no ha podido examinarlo.
Asimismo, la agrupación detalló que tampoco ha tenido acceso a los peritajes que se practicaron sobre ese material. Por ello, dio a conocer que desde la presentación de los nuevos hallazgos, solicitó el acceso no sólo a lo que se incluyó en el informe, sino a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información.
“De igual manera hemos pedido que se entreguen cuanto antes a la Fiscalía (UEILICA), tanto los mensajes, como los dispositivos de los cuales fueron extraídos. Todo ello es clave para evaluar las características, fiabilidad y calidad de la información señalada”, subrayó.
El GIEI también confirmó que en cuanto tenga acceso directo a la información y pueda analizar a profundidad el contenido del informe, compartirá sus valoraciones sobre las nuevas revelaciones que se incluyen en el texto.
Además, recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) y los fiscales son autónomos en el ejercicio de sus funciones; que el Poder Judicial es independiente, así como cada uno de los jueces, “a quienes corresponde evaluar y, en su caso, dar curso a las informaciones presentadas”.
Por último, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes aclaró que no ha participado en la redacción del informe de la Comisión para la Verdad y que no ha señalado presuntos responsables.
“Reiteramos la importancia de que estos casos avancen también en su diligencia ante las autoridades judiciales pertinentes y que, con las evidencias que se aporten a dichos procesos, puedan llevar a sentencias condenatorias donde se establezca la responsabilidad penal de los perpetradores respetando el debido proceso”, concluyó.
¿QUÉ DICE EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD?
La Comisión de la Verdad, creada para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, dijo el jueves en un informe que lo ocurrido hace ocho años fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el Ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y sabía lo que estaba ocurriendo.
Reactivó también la hipótesis de que el crimen esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión, confirmó que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida, y anunció que México le ha ofrecido a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso y prófugo en Israel, un acuerdo para que colabore con la justicia proporcionando información que pueda esclarecer los hechos.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino —Cocula— y tiró los restos a un río cercano.
Tanto los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que continúan colaborando con la investigación_, como la actual Fiscalía negaron la versión del basurero e insistieron en que los 43 no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, aunque confirmaron la identificación de tres estudiantes a través de restos óseos calcinados. Aseguraron también que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia.
Encinas subrayó que los miles de nuevos documentos analizados confirman no sólo esos puntos, sino que se trató de un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel del Gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Dijo también que el Ejército es responsable, al menos, “por acción, omisión o negligencia” en el caso porque uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien sus mandos no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación, y esa inacción iba en contra de los protocolos vigentes.
En el pasado, el Ejército ha argumentado que no actuó porque la policía estaba a cargo de la situación y no era su responsabilidad involucrarse.
La Secretaría de la Defensa no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios por parte de la AP.
El Subsecretario ofreció también datos que reavivan la hipótesis de que el tráfico de heroína que se realizaba en esa región del sur de México pudo estar en el epicentro del crimen.
El grupo de expertos internacionales pidió desde 2016 investigar esta posibilidad porque, según sus informes, la Policía Federal había bajado a los estudiantes de uno de los autobuses que los jóvenes pretendían llevarse, y escoltó ese vehículo hasta la salida de la ciudad, lo que les hacía sospechar que podía haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago, y que los estudiantes pudieran haberlo tomado por error.
México pidió información a Estados Unidos sobre este tema, pero apenas ahora se confirmó que ese autobús sin pasaje libró esa noche al menos 16 retenes que habían puesto las fuerzas federales y “nunca fue detenido”, señaló Encinas. Según mensajes interceptados a presuntos criminales posteriormente, ahí se encontraba “la mercancía”, la cual “es o droga o dinero”, agregó.
El Subsecretario anunció que ya se presentaron en la Fiscalía todos los elementos necesarios para que deslinde responsabilidades de 33 personas, entre las que hay funcionarios federales que no especificó. Lamentó también que 26 “personas clave” en la investigación han muerto o fueron “ejecutadas”.
Desde finales de 2020 el Gobierno hizo público que había 25 órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos, entre los que se encontraban militares y policías federales. Aunque hubo algunos arrestos, se desconoce cuántos siguen prófugos.
El funcionario de mayor rango conocido es Zerón, a quien México acusa de tortura y desaparición forzada. Encinas dijo que, cuando se reunieron con él en febrero para ofrecerle colaborar con la justicia, se negó, por lo que siguen los trámites para intentar su captura con fines de extradición. Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, es considerado el artífice de la versión oficial, ya totalmente desacreditada.
Este año, el grupo de expertos internacionales aseguraron en su más reciente informe que la Marina de México formó parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior, y tuvo acceso a videos con interrogatorios a 50 detenidos que confirmaron que la tortura fue una práctica sistemática. Esa información fue puesta a disposición de la Comisión de la Verdad.
Unas 140 personas han sido detenidas desde 2014 por este caso, pero la mayoría fueron excarceladas por irregularidades en sus procesos o cuando se demostró que habían sido torturadas. Sólo unas 50 siguen en prisión.
El Gobierno notificó a las familias de los 43 los hallazgos antes de hacerlos públicos y garantizó que continuarán tanto las búsquedas como el análisis de todos los restos óseos encontrados para intentar hallar información genética.
En un breve mensaje, sus abogados dijeron que, “por la dureza de lo informado” —es la primera vez que este Gobierno da por muertos a los muchachos_, los padres analizarían en profundidad el informe y pedirían la opinión de los expertos internacionales antes de fijar una postura.
En la audiencia de este sábado, el Juez determinará si fue legal la detención que realizó la FGR, con base en una orden de aprehensión por presunta responsabilidades en los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– El exprocurador Jesús Murillo Karam comparece desde esta mañana ante un Juez de Control en el Centro de Justicia Federal para ser imputado por presuntos delitos cometidos en el caso Ayotzinapa, en especial de la tortura en contra de seis integrantes de Guerreros Unidos, la organización criminal que desapareció a los 43 normalistas.
Los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron durante la audiencia que Murillo Karam había organizado una reunión, o “cónclave”, para fraguar la entonces llamada “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, que postulaba la incineración de todos los normalistas en el basurero de Cocula.
En la reunión, realizada en Iguala, habrían participado, entre otros, Omar García Harfuch, hoy Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en aquel momento delegado de la extinta Policía Federal en Guerrero.
Las autoridades federales detallaron que el cónclave habría ocurrido el 7 de octubre de 2014, una semana y media después de la desaparición de los estudiantes. Otros participantes incluyen al entonces Gobernador guerrerense, Ángel Aguirre; Tomás Zerón, titular de la Agencia Federal de Investigación y hoy prófugo del Gobierno mexicano en Israel; así como de Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces Fiscal especializado en delitos de secuestro.
Murillo Karam fue acusado por la FGR de fraguar la “verdad histórica” de manera dolosa y de organizar un “cónclave” con figuras clave. Foto: FGR.
Explicó que él ya había sido designado a cumplir con una serie de labores en el estado de Michoacán en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Es importante precisar que cuando suceden esos hechos, es importante decir donde estaba yo. Yo estaba en Michoacán, exactamente en Buenavista, Tomatlán y en Nueva Italia, Michoacán […] Yo no estaba en Guerrero, si hubiera estado en Guerrero, por supuesto salir a asumir y dices ‘me hago responsable de la Policía Federal’”, indicó en entrevista.
Los familiares de Murillo Karam no dieron declaraciones a la prensa. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo
Por otra parte, este sábado, Murillo Karam, quien fue detenido ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) al exterior de su domicilio en La Lomas de Chapultepec, fue trasladado en un convoy de cinco camionetas pertenecientes a la dependencia y a la Secretaría de Marina (Semar).
La defensa de Murillo Karam pidió un receso argumentando que la Fiscalía General de la República apenas le entregó esta mañana la carpeta de investigación, petición a la que accedió el Juez. Luego se volvió a decretar un receso, pero para tomar alimentos y para que un médico revisara al exprocurador.
En la audiencia de este sábado, el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia determinará si fue legal la detención que realizó la FGR, con base en una orden de aprehensión por presunta responsabilidades en los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. La defensa de Murillo Karam pidió un receso argumentando que la Fiscalía General de la República apenas le entregó esta mañana la carpeta de investigación, petición a la que accedió el Juez.
Murillo Karam será presentando ante un juez tras su detención el día de ayer. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
Entre el grupo de cuatro abogados que conforman la defensa del exprocurador están José Javier López García, abogado de Juan Collado, y Antonio López Ramírez, quien también defiende a Raúl Beyruti, “El Rey del outsourcing”.
Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también acudió a la audiencia, al igual que una representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y cuatro fiscales del Caso Iguala que formularán la imputación contra Murillo Karam.
El convoy que trasladó a Murillo al Reclusorio Norte. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
Murillo Karam comparecerá en audiencia. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
INFORME DERRIBA VERSIÓN DE MURILLO KARAM
Ante la presión pública para que se aclarara un crimen que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales, y que éstos los mataron, los quemaron a todos en una gran hoguera en un basurero y arrojaron los restos a un río.
Sin embargo, un grupo de expertos internacionales y la actual Fiscalía General de la República echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron distintas autoridades, fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.
En 2020, el actual Fiscal general, Alejandro Gertz Manero, acusó a Murillo Karam de “orquestar un engaño mediático masivo”. Dos años después fue detenido en su casa en la Ciudad de México y, según el comunicado oficial, sin que opusiera resistencia. Se convertía en el primer exprocurador general mexicano en ser capturado por la institución que él mismo dirigió.
Jesús Murillo Karam fue detenido por Marinos a petición de la FGR por el caso Ayotzinapa. El político priista fue detenido cuando salía de su casa en Lomas de Chapultepec. Foto: FGR.
Horas después de la captura de Murillo Karam, la Fiscalía informó en un comunicado de la emisión de 83 órdenes de captura, 20 de ellas de militares y el resto de policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Murillo Karam exlegislador y exgobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 74 años, dirigió la entonces Procuraduría General de la República de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Dejó el cargo cinco meses después del crimen, tras haberse convertido en una de las personas más criticadas por los padres de los estudiantes, que desde hace años habían pedido su arresto. En una ocasión dio por terminada una conferencia de prensa con el argumento de que ya se había cansado de dar explicaciones.
Casi a media noche del viernes, sus abogados emitieron un breve comunicado en el que dijeron que “de ser sólido y apegado a derecho, el proceso que inicia podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas” y dejaron claro que a los padres no les mueve la venganza sino “la esperanza de que se sepa la verdad”.
El PRI indicó en su cuenta de Twitter que la detención de Murillo Karam “responde más a un tema político, que de justicia” y le ofreció todo el respaldo del partido.
El arresto se realizó un día después de que el caso fuera calificado como “crimen de Estado” por la Comisión de la Verdad, creada por la actual administración.
En un informe, dicha entidad consideró probado que tanto el crimen como la ocultación de la verdad sobre lo ocurrido fueron hechos organizados “desde el más alto nivel del gobierno”, donde se alteraron escenas del delito y se ocultaron no solamente los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Enrique Peña Nieto junto a Jesús Murillo Karam. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro.
Hasta ahora, el más alto funcionario acusado en el caso, también por torturas y desaparición forzada, era Tomás Zerón, el jefe de la investigación y subalterno de Murillo Karam. Zerón se encuentra oculto en Israel. México le ofreció un acuerdo para que colabore con la justicia, pero Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, dijo que no aceptó.
La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, trascendió a nivel nacional e internacional porque, pese a la violencia en la que ha estado sumido el país desde hace años, este caso resumía muchos de sus males: víctimas jóvenes, la acción del narcotráfico, la corrupción de las autoridades, la impunidad y el fenómeno de los desaparecidos.
Murillo Karam ofreció innumerables detalles sobre cómo los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados por criminales en una inmensa hoguera en un basurero y de cómo se encontró una bolsa con algunos restos óseos en un río cercano. Sus explicaciones estaban sustentadas en testimonios de detenidos, que posteriormente se confirmó que fueron torturados.
Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República. Foto: Cuartoscuro.
Aunque se identificó a tres estudiantes con restos óseos calcinados recuperados en ambas administraciones, la versión del basurero quedó finalmente descartada. En su informe presentado el jueves, la Comisión corroboró que los 43 jóvenes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, y también denunció la manipulación de pruebas y la alteración de escenarios, así como torturas y obstrucción de la justicia.
En su último informe este año, el grupo de expertos internacionales indicó que la Marina también formó parte activa de la manipulación y ocultamiento de pruebas y presentó a la Fiscalía videos que lo confirmaban —en alguno de ellos aparecía Murillo Karam—, así como grabaciones de interrogatorios que confirmaron que la tortura fue una práctica sistemática cuando él estuvo al mando de la Procuraduría.
A finales de 2020, el Gobierno anunció por primera vez que había órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos, y entre ellos se incluía a militares, un anuncio de especial simbolismo dado que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los más férreos defensores de las fuerzas armadas, a las que les ha asignado gran cantidad de tareas que solían ser realizadas por civiles.
Meses después se detenía a un primer miembro del Ejército. Posteriormente, no se ha informado de nuevos arrestos de militares. El viernes, el comunicado de la Fiscalía decía que entre los buscados hay mandos y personal de los batallones que están situados en Iguala.
Reportes pasados del GIEI y otras instituciones, así como algunos testigos, ya habían señalado en el pasado la participación de las Fuerzas Armadas en el caso. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
En el informe de la Comisión, Encinas subrayó la responsabilidad del Ejército “por acción, omisión o negligencia” por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado y los militares tenían información de lo que ocurría en tiempo real.
Aunque el móvil del crimen sigue sin estar claro, el documento reactivó la hipótesis de que esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.
López Obrador se ha mostrado dispuesto a investigar a todos los involucrados, incluso si eran miembros del Ejército o la Marina, y el viernes indicó que dar a conocer la verdad y castigar a los culpables “fortalece a las instituciones”.
A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce dónde se encontrarían la mayor parte de sus restos.
Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido el viernes en la Ciudad de México, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– Fue el 7 de noviembre de 2014. Habían transcurrido más de 40 días desde que los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero, en una acción concertada entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y autoridades municipales. También habían pasado 33 días desde que la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía, había atraído el caso. El entonces Procurador Jesús Murillo Karam —detenido ayer en la Ciudad de México— aseguró en esa ocasión que no se había dejado “un día sin que haya habido una acción de búsqueda sin que haya habido una acción con el propósito de encontrar a los desaparecidos por parte del Gobierno de la República”.
Mentía, ahora se sabe. La conferencia de ese día, ya hace casi 8 años, marcó el rumbo que tomaría el discurso oficial en el sexenio de Enrique Peña Nieto sobre este caso, que ha sido reconocido por el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como “un crimen de Estado”. Esa rueda de prensa la remataría, todavía, con su famoso “ya me cansé”, frase con la cual respondió a las presiones de la prensa sobre su “verdad”. Murillo Karam pronunciaría semanas después, en su mensaje a medios del 27 de enero de 2015, la llamada “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas habían sido privados de su libertad para ser llevados al basurero de Cocula, donde, de acuerdo con sus palabras, fueron asesinados y sus cuerpos calcinados.
“Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan, en ese orden. Esa es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, dijo Murillo Karam en esa ocasión.
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Esta versión ha sido señalada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa como una “acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
“La verdad histórica es resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder en la que participaron en su implementación: el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el Subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el director de la AIC, Tomás Zerón (quien está en Israel en espera de ser extraditado a México por su actuar en el caso), quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno federal”, señala el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
El documento precisa que la desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano” y que no hay “indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida; por el contrario todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
En una imagen del 27 de enero de 2015, Tomás Zerón y el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro
Además refiere que las detenciones que dieron sustento a esta versión anunciada por el entonces Procurador Murillo Karam estuvieron a cargo de policías federales ministeriales, policías federales, elementos de la Semar y Sedena, “quienes permitieron o participaron en los actos de tortura para obtener las declaraciones”.
“En sus declaraciones los detenidos Agustín N, ‘El Chereje’; Jonathan N, ‘El Jonás’; Patricio N, ‘El Pato’; Miguel Ángel N ‘El Duva’ o ‘El Duvalin’, y Felipe N ‘El Cepillo o El Terco’, hacen referencia al basurero de Cocula como el lugar de ejecución de los estudiantes. En estas declaraciones, los detenidos señalan que después de la ejecución de los estudiantes, los restos y las cenizas fueron recogidas en bolsas negras de basura y aventadas al río San Juan”, se lee en el informe.
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Ayer, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, le concedió una orden de arresto contra Murillo Karam “por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa”, la cual permitió que el exprocurador fuera detenido a fuera de su domicilio en la Ciudad de México. El Subsecretario de Gobernación y presidente de esa comisión, Alejandro Encinas, ya había adelantado en 2019 que Murillo Karam era uno de los altos funcionarios que estaba en la mira de las autoridades.
“Si hubo violaciones al procedimiento, pues adelante, que se castigue a quien las haya hecho. No tengo ningún inconveniente en eso, estoy en la mejor disposición, estoy aquí a la hora que gusten, estoy a sus órdenes, a mí nadie me ha buscado, nadie me ha llamado, y estoy a sus órdenes para que esta investigación se haga correcta y debidamente“, dijo Murillo Karam el pasado 17 de septiembre 2019 a Imagen Televisión, luego de que aumentó la presión y cuestionamientos en el presente Gobierno sobre su versión con la cual la Procuraduría, entonces a su cargo, condujo el caso.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia señala en su reporte que en la “verdad histórica”, término que adoptó el Procurador Murillo Karam, “prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones, generando vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso al derecho a la verdad y la justicia”.
Peña Nieto y Jesús Murillo Karam. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
“[La detención] es importante porque fue el constructor de la verdad oficial, la verdad histórica, donde se aseguraba que mis compañeros, se los había llevado el narco y los habían calcinado en un basurero además de que el trato que tenía hacia las familias y los sobrevivientes, esas ganas de encontrar vínculos con la delincuencia organizada por parte de los estudiantes eran de él, entonces la emoción es mucha, pero que no sea demás, esperemos que se hagan efectivos estos señalamientos de tortura y desaparición forzada”, señaló Omar García, uno de los sobrevivientes de la Noche de Iguala, a Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.
La información de la Comisión indica que se configuran al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada de personas: 1) Privación de la libertad, 2) Homicidio, 3) Participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado, y 4) Negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales.
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Desde marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) exhibió en su Tercer Informe sobre el caso cómo peritos de la PGR, acompañados por elementos de la Marina y la Policía Federal, manipularon el basurero de Cocula en presencia de Murillo Karam y de Tomás Zerón, la madrugada del 27 de octubre de 2014, once días antes de la conferencia en la que el Procurador dijera que en ese lugar habían sido ejecutados y calcinados los estudiantes.
En esa ocasión el Grupo de Expertos difundió una grabación inédita en la que se aprecian al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que manipularon el basurero de Cocula, y en la que aparece el exprocurador Murilló Karam, quien arribó al lugar de las diligencias horas después de la alteración de la escena.
“De todas estas ilegalidades se tuvo conocimiento dentro de la PGR al más alto nivel en esa época. El 27 de octubre de 2014 a las 16.00 horas, Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República y Tomás Zerón de Lucio, entonces Director en Jefe de la AIC, realizaron una conferencia de prensa informando que habían detenido a 4 integrantes del grupo Guerreros Unidos y que eran las primeras detenciones que realizaban de quienes habían confesado que participaron en la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos, incluyendo la historia del basurero de Cocula y el Río San Juan. En ese momento, los detenidos ni siquiera habían sido puestos a disposición de la PGR, ni habían declarado, por lo que estaban informando sobre hechos que, al menos en el expediente, aún no habían ocurrido”, dice el informe del GIEI.
Camino rumbo al basurero de Cocula. Foto: Cuartoscuro.
Un día después de esta acción “de la que no existe registro alguno” en la investigación del caso, se llevó a cabo otra diligencia —de la cual sí se tiene constancia—, el 28 de octubre, la cual fue instruida por Murillo Karam y operada por Tomás Zerón de Lucio, quien fue visto “junto a uno de los detenidos que tenía evidentes signos de tortura, y posteriormente algunos peritos de medicina legal, en una diligencia que no constaba en ninguna actuación en el expediente”, señala el informe del Grupo de Expertos.
En ese sentido, el reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia señala que con “las investigaciones del caso Ayotzinapa, se generó una narrativa a conveniencia fundada en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, donde las víctimas —los estudiantes— fueron revictimizadas y estigmatizadas”.
“La verdad histórica privilegió la lógica jurídica con un enfoque penal por encima de la salvaguarda de los derechos humanos y derechos al acceso a la verdad. Así se construyó una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia a fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos, orientando la investigación al tema de secuestro y crimen organizado de autoridades y grupos delictivos locales”, se puntualiza en el informe de la Comisión
Tomás Zerón de Lucio fue uno de los artífices de la famosa “verdad histórica”, según la cual, los 43 normalistas fueron llevados al basurero de Cocula, en donde fueron asesinados y sus restos quemados. Esa versión, dijo hoy el Gobierno, “fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos”.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa, rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa para que cooperara en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, informó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
Encinas dio a conocer este jueves en conferencia de prensa que la Comisión de la Verdad sostuvo un encuentro con Zerón de Lucio los días 16 y 17 de febrero pasado, en la cual, le ofrecieron un “criterio de oportunidad que no aceptó”.
El Subsecretario de Gobernación detalló que la comunicación y reunión con el extitular de la AIC, quien se encuentra en Israel desde el 13 de agosto de 2019, se realizó de forma independiente al proceso de extradición que encabeza la Fiscalía General de la República, (FGR) con el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en un mensaje a medios en 2015. Foto: Saúl López, Cuartoscuro
Encinas no dio más detalles sobre el ofrecimiento que se le realizó al exfuncionario de la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, uno de los artífices de la famosa “verdad histórica”, según la cual, los 43 normalistas fueron llevados al basurero de Cocula, en donde fueron asesinados y sus restos quemados.
El funcionario federal dijo este día que esa versión “fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
La Comisión de la Verdad, abundó, mantiene comunicación con los abogados de Zerón de Lucio con la esperanza de que pronto puedan avanzar y concretar un acuerdo de colaboraciones y no esperar el proceso de extradición.
Con respecto al tema de extradición, Encinas dijo que desconocía los motivos por lo que se ha dilatado tanto el proceso. “Yo también quisiera saber por qué ha tardado tanto. Es un asunto que encabeza la FGR”, dijo.
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El pasado 28 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que se sustentaron las investigaciones durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, al dar a conocer que al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) manipularon el basurero de Cocula, en Guerrero, durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014.
De acuerdo con la desmantelada versión del Procurador Jesús Murillo Karam, el basurero de Cocula fue el sitio en donde integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos llevaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa para arrebatarles la vida y después incinerar sus cuerpos. Esta “verdad histórica” del Gobierno de Enrique Peña Nieto fue cuestionada por el GIEI y el EAAF, así como por otros expertos, pese a ello, las autoridades de la administración anterior insistieron en su veracidad.
En ese tercer informe del GIEI se dio a conocer sobre la presencia de distintos funcionarios en la zona, en donde se alteró evidencia. El Grupo de Expertos confirmó que entre esas personas estuvieron el exprocurador de Justicia Murillo Karam y Tomá Zerón.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este jueves con los padres de los 43 normalistas, desaparecidos forzadamente el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, “una reunión difícil, dolorosa”, informó el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien presentó este día las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– La desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano”, dijo este día el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, al presentar las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo Encinas en conferencia de prensa en Palacio Nacional, a la par que indicó que “la creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
El Subsecretario Encinas indicó que “la investigación continúa y la búsqueda de los estudiantes continúa” e informó que como parte de las conclusiones preliminares se determinó que las autoridades federales y estatales “del más alto nivel” fueron omisas y negligentes existiendo elementos de presunción respecto de “alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”.
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Encinas añadió que “en todo momento” las autoridades federales, estatales y municipales “tuvieron conocimiento de la movilidad de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes así como el homicidio de otras seis personas”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este jueves con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos forzadamente el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, “una reunión difícil, dolorosa”, informó Alejandro Encinas.
El Subsecretario explicó que se han llevado a cabo 101 acciones de búsqueda en 7 municipios de Guerrero que han representado 675 jornadas de trabajo. “Es decir, de los tres años y medio que llevamos de gobierno, en el 50 por ciento de esos días ha habido búsquedas de campo en la Sierra de Guerrero, en algunos lugares de distintas entidades, donde en estas acciones hemos tenido 17 hallazgos, 27 cuerpos recuperados, 32 indicios balísticos y prendas de vestir y números restos óseos”.
El funcionario federal abundó que del total de restos óseos, son más de mil los que han recuperado en campo, 32 por sus condiciones favorables fueron remitidos al Laboratorio de Investigación e Identificación Genética de la Universidad Innsbruck, en Austria, los cuales nos han podido confirmar científicamente, con una efectividad del 99.99 por ciento la identidad de tres de los estudiantes […] se han enviado más restos, pero no se ha encontrado con el material genético suficiente para lograr su identificación”.
Normalistas protestan por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: Obturador Mx.
Encinas dijo que “han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información”, 14 integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de Guerreros Unidos, dos integrantes del grupo delictivo gente nueva, 7 testigos o involucrados que fueron activistas, funcionarios y policías entre ellos Mario Salgado Casarrubias, ex líder de los Guerreros Unidos.
Abundó que se ha mantenido todo el proceso de extradición de Tomás Zerón, quien en ese entonces era titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, con quien se tuvo el 16 y 17 de febrero en una reunión en Tel Aviv, con el conocimiento y aprobación de los padres de los normalistas, en el que se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó.
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El pasado 28 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que se sustentaron las investigaciones durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, al dar a conocer que al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) manipularon el basurero de Cocula, en Guerrero, durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014.
De acuerdo con la desmantelada versión del Procurador Jesús Murillo Karam, el basurero de Cocula fue el sitio en donde integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos llevaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa para arrebatarles la vida y después incinerar sus cuerpos. Esta “verdad histórica” del Gobierno de Enrique Peña Nieto fue cuestionada por el GIEI y el EAAF, así como por otros expertos, pese a ello, las autoridades de la administración anterior insistieron en su veracidad.
De acuerdo con la desmantelada versión del entonces Procurador Jesús Murillo Karam, el basurero de Cocula fue el sitio en donde integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos llevaron a los 43. Foto: Cuartoscuro.
El GIEI también reveló en aquella ocasión que hubo dos operaciones de inteligencia por parte del Ejército Mexicano cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que ellos dieron un seguimiento casi contrainsurgente a los estudiantes, operaciones en las que incluso, tenían a elementos de inteligencia infiltrados.
En este tercer informe, presentado en marzo pasado, el Grupo Interdisciplinario lanzó 26 recomendaciones como llevar a cabo la desclasificación y acceso a la información completa; utilizar criterios que permitan imputar responsabilidad por cadena de mando en cada dependencia; evidenciar los lazos que tuvieron algunos funcionarios públicos con organizaciones criminales; guardar todos los documentos de todas las instituciones públicas y privadas y evitar su destrucción; definir la utilización de delitos como desaparición forzada y muertes ilegítimas o ejecuciones extrajudiciales en los casos acontecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 y considerar todos los hechos delictivos cometidos dentro de un sólo caso; recoger toda la información de las fosas que se encontraron en octubre en los sectores cercanos a Iguala y camino a los puntos señalados, e investigar torturas y judicializar a quien haya sido responsable de cometerlas.
El Ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que el Poder Judicial no ha sido obstáculo “en lo más mínimo” para las investigaciones del caso Ayotzinapa, después de que el Subsecretario de Gobernación afirmara lo contrario.
Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).– El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que el Poder Judicial no ha sido obstáculo en el caso Ayotzinapa, como señaló el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
“El Poder Judicial Federal no ha sido obstáculo en lo más mínimo en el caso Ayotzinapa, el Poder Judicial ha estado a lo largo del tiempo en varias reuniones en donde estuvieron los padres de los jóvenes desaparecidos y con sus decisiones está cumpliendo su responsabilidad”, dijo en conferencia de prensa el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El Ministro sostuvo que él mismo ha participado en reuniones con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y mencionó que hay una resolución de un tribunal colegiado que indica que hubo tortura en los interrogatorios a algunos procesados, además que la investigación de la entonces PGR era sesgada y parcial.
La tarde de este miércoles, el presidente de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), Alejandro Encinas Rodríguez, lamentó que los esfuerzos de ésta, así como de la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar la justicia por la desaparición de los 43 normalistas, sean entorpecidos por jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La declaración de Encinas se dio después de conocer el auto de conclusión del asunto que exime a dos integrantes del grupo delincuencial “Los Tilos” del delito de delincuencia organizada, aunque continuarán detenidos porque también son investigados por su participación en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
El Juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, consideró que los imputados ya habían sido juzgados por este delito, por lo tanto, no podrían ser procesados nuevamente, sin embargo, el juzgador no considera que en su momento su puesta en libertad ocurrió por falta de elementos, no porque se resolvió en definitiva el asunto.
Para la judicialización de este caso, la Unidad Especial en la FGR presentó un trabajo de investigación con pruebas obtenidas de manera legal y éstas fueron desechadas por el Juez Beltrán Santes.
La acusación contra “Los Tilos” está sustentada en evidencia sólida, dijo Encinas y aseguró que el Poder Judicial de la Federación impide el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas.
“Continúa frenando los resultados de una investigación cuya línea es resolver la desaparición de los 43 normalistas, ubicar su paradero y llevar ante la justicia a los perpetradores”, indicó.
Durante su conferencia, mejor conocida como “mañanera”, López Obrador fue cuestionado sobre los avances que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa, así como por la reacción de padres y familiares de los normalistas desaparecidos ante las nuevas revelaciones de la investigación.
Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que “es muy difícil que el Presidente [Enrique Peña Nieto] no se enterara” de la operación en el basurero de Cocula donde participó la Marina, como fue revelado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el lunes pasado.
El GIEI dio a conocer en un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, en el que reveló un video donde se observa a integrantes de la Marina manipulando evidencia en el basurero de Cocula, uno de los sitios clave en la investigación donde supuestamente se incineró a los 43 estudiantes.
Los integrantes del GIEI aseguraron que el Ejército diseñó una estrategia de contrainsurgencia para infiltrar la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para espiar sus actividades y movimientos. Militares, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y corporaciones policiacas federal y estatal reportaban en tiempo real.
En su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario informó hoy que un oficial de la Marina Armada de México ya declaró ante la Fiscalía Especializada.
“Se está llevando a cabo la investigación, no termina todavía. Esto fue un informe que entregaron los expertos independientes que están ayudando en toda la investigación. Todavía falta seguir avanzando. Apenas si están declarando o acaban de hacerlo, los marinos que se ven que están en el basurero y también los mandos superiores, pero hace poco tiempo”, afirmó.
El Jefe del Ejecutivo federal detalló que los presuntos responsables ya se encuentran rindiendo sus declaraciones, ya que “en efecto, en la madrugada, todavía no era de día y llegan unas camionetas al basurero y empiezan a poner unos bultos. Y ese mismo día, al poco tiempo, llega la comitiva encabezada por el Procurador [Jesús Murillo Karam] y creo que ese mismo día por la tarde o al día siguiente es cuando se da a conocer la supuesta verdad histórica”.
“Entonces por eso lo del video, pero tan es importante lo que estamos haciendo para conocer la verdad, que todo ese material se ha obtenido en este tiempo en que nosotros estamos gobernando. Si hubiese ganado otro candidato, pues eso no se hubiese conocido. Es más, ya hubiesen cerrado el caso. Esto es para hablar en plata, con claridad”, subrayó.
Desde Palacio Nacional, López Obrador insistió en que su Gobierno tiene “por convicción el compromiso de que se aclare este asunto”. Asimismo, recordó que “la instrucción también que tienen todos los servidores públicos es contribuir con información, entregar toda la información”.
“Decirles que la Secretaría de la Defensa está contribuyendo, entregando toda la información y también en nuevos hallazgos ha contribuido la Secretaría de la Defensa con documentos y otros datos”, destacó frente a los medios de comunicación.
AMLO DESCARTA QUE SECRETARIO DE MARINA DECLARE POR CASO AYOTZINAPA
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó también que el actual Secretario de Marina, José Rafael Ojeda, sea citado a declarar por el caso Ayotzinapa, mientras que señaló que el exmandatario Enrique Peña Nieto sí debía estar enterado del suceso.
“No, porque él no tiene ningún involucramiento”, señaló el mandatario al ser cuestionado al respecto durante su rueda de prensa matutina.
López Obrador descartó así que el actual titular de la Marina tenga alguna responsabilidad en el caso, tal y como ocurrió con otros integrantes de la dependencia que, de acuerdo con un informe presentado el lunes por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), participaron en la manipulación de la investigación y de evidencia.
Los especialistas señalaron que un mes después de la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014, los efectivos acudieron en dos vehículos de la Marina al basurero de Cocula -lugar donde según el Gobierno de Peña Nieto (2012-2018) fueron asesinados e incinerados los normalistas-, y manipularon el lugar quemando varios objetos.
El mandatario recordó que Ojeda era, en el momento que ocurrió la desaparición de los estudiantes, jefe de la zona naval de Acapulco y acusó a sus adversarios de querer “forzar” la responsabilidad del Secretario.
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa durante la presentación del tercer informe del GIEI. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
“Quieren hacernos quedar mal a nosotros, incluso si pudieran echarnos la culpa a nosotros de la desaparición de los jóvenes, lo harían”, ironizó.
Varios medios nacionales han publicado este miércoles la información de que Ojeda era Comandante en la Octava Región Naval Militar en Acapulco, Guerrero.
López Obrador sostuvo que el operativo de las fuerzas federales se coordinó desde la Ciudad de México.
“Está demostrado que los que participaron en lo del basurero, los marinos que están actuando que aparecen en las tomas y quienes dieron las órdenes están actuando desde oficinas centrales, desde aquí (Ciudad de México)”, aseveró.
Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos ofrecieron su postura sobre el tercer informe Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
SOBRE PEÑA NIETO
López Obrador dijo que será la Fiscalía Especializada en el caso quien deberá decir si finalmente Peña Nieto debe declarar por el caso Ayotzinapa.
“Eso la Fiscalía lo va a decir [si Enrique Peña Nieto es llamado a declarar], la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa, no la Fiscalía General de la República (…). La instrucción que tienen todos los servidores públicos es entregar toda la información, la Secretaría de la Defensa está entregando toda la información”, sostuvo.
Sin embargo, dijo creer que el expresidente Peña Nieto sabía del caso Ayotzinapa, en particular, del operativo en el basurero de Cocula del 27 de octubre de 2014.
“Los presidentes están enterados siempre”, dijo, aunque recordó que, por ejemplo, él no supo del fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Yo no me enteré del operativo que echaron a andar para detener al hijo de Guzmán Loera, no me avisaron, no supe antes porque se considera que son tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, los encargados de garantizar la paz”, justificó.
Sin embargo, no culpó a Peña Nieto de la desaparición de los estudiantes. “Una cosa es ser responsable y otra culpable”, agregó.
El equipo de expertos pidió al Gobierno federal de México que se investigue a los implicados en la presunta manipulación del basurero de Cocula, relacionado al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pidió al Gobierno mexicano que se abra una investigación exhaustiva sobre los videos revelados en el Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, presentado este lunes, donde se ve a elementos de la Secretaría de Marina (Semar) manipular el basurero de Colula durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014 con motivo de la búsqueda de los 43 normalistas.
“Los videos hechos públicos por el GIEI son un aspecto de la intervención sobre el basurero de Cocula que hasta ahora se desconocían. Por eso, el EAAF solicita una investigación exhaustiva por parte de las autoridades pertinentes sobre este material y los responsables de esta intervención por fuera del expediente”, remarcó el equipo en un comunicado.
— Equipo Argentino de Antropología Forense (@eaafoficial) March 29, 2022
El tercer informe, indicó EAAF, también muestra una serie de ilegalidades que crearon un “escenario de graves irregularidades ocurridas durante la administración del Gobierno anterior” de Enrique Peña Nieto (2012-2018), tales como la falsificación de constancias procesales, detenciones ilegales y torturas, alteración de posibles escenas del crimen.
Asimismo, recalcaron la importancia de conocer las circunstancias en las que se llegó a la evidencia del resto óseo de Alexander Mora Venancio –cuya identidad es verídica y no está científicamente en duda, recalcaron–, pues el lugar oficial de hallazgo en el Rio San Juan “ya ha sido fuertemente cuestionado”. “El origen verdadero de ese fragmento continúa siendo desconocido y es clave para esta investigación”, enfatizó el EAAF.
VIDEOS DEMUESTRAN ALTERACIÓN DE ESCENA DEL CRIMEN
Los videos dados a conocer este lunes por el GIEI en su tercer informe revelan la presencia de al menos 13 personas, presuntamente adscritas a la Marina, moviéndose en una escena del crimen antes de que ésta se declare oficialmente como tal.
El Grupo de Expertos difundió la grabación y dio a conocer que estas diligencias realizadas por la Marina eran “hasta ahora desconocidas” además de no existir constancia de ellas “en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR”. También indicó que los elementos de la Semar estuvieron en este lugar, clave para la “verdad histórica” del Gobierno de Enrique Peña Nieto, horas antes de que llegara personal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del EAAF.
Las imágenes tomadas por un dron registran una fogata que dura aproximadamente 10 minutos en la zona alta del basurero, zona también considerada relevante para la investigación, notó el EAAF.
Respecto a la participación que habrían tenido elementos del Ejército mexicano en estos hechos, la integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes destacó que el personal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) “supo más de lo que compartió en su momento [sobre la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa]”.
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que aún hay ocultos archivos de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Sedena) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los cuales son clave para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
En entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, habló sobre el III informe del caso Ayotzinapa que se presentó este lunes 28 de marzo.
La investigadora destacó que aunque han tenido “acceso a mucha información [sobre el caso], aún no hemos recibido los archivos de inteligencia plenamente, sabemos que hay otros archivos de inteligencia tanto del Cisen como de la Sedena que todavía les estamos solicitando”, dijo la experta, quien subrayó que tras varios años finalmente tuvieron “acceso a los archivos de autoridades militares y otras autoridades de seguridad”.
“Creemos que es fundamental que se puedan entregar a nosotros, pero sobre todo a las autoridades ministeriales, a las autoridades de la Fiscalía, porque es una tarea de todos que estos hechos se investiguen, que los hechos se esclarezcan plenamente, y que los responsables sean judicializados”, añadió la experta.
Respecto a la participación que habrían tenido elementos del Ejército mexicano en estos hechos, Paz y Paz destacó que el personal de la Secretaría de Defensa Nacional “supo más de lo que compartió en su momento [sobre la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa]”. “Sí es claro que tenía más información [referente a este caso]”, reiteró.
Este lunes, en el marco de su Tercer Informe por este caso, el GIEI dio a conocer que al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) manipularon el basurero de Cocula, en Guerrero, durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014 con motivo de la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos un mes antes en Iguala, según consta en videos de inteligencia obtenidos por el Grupo de Expertos.
El Grupo de Expertos difundió la grabación y dio a conocer que estas diligencias realizadas por la Marina eran “hasta ahora desconocidas” además de no existir constancia de ellas “en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR”. También indicó que los elementos de la Semar estuvieron en este lugar, clave para la “verdad histórica” del Gobierno de Enrique Peña Nieto, horas antes de que llegara personal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Sobre estos hallazgos, Paz y Paz subrayó que esta nueva información les “da luces de distintos aspectos, uno, que los estudiantes tuvieron un seguimiento cercano desde la mañana del día 26, seguimiento de carácter contrasubversivo, que se venía haciendo 10 años atrás”.
Por ello, solicitó que el Gobierno federal le proporcione al GIEI acceso al resto de los archivos de inteligencia, debido a que esta información sería de gran utilidad para conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos. “Dennos acceso a todos estos otros archivos de inteligencia para asegurarnos que no haya más información,que nos puedan dar más luz, más momentos después de la desaparición que ayuden a saber sobre el destino de los estudiantes”, enfatizó la experta.
El Grupo de Expertos exhibió a la Marina manipulando evidencia en el basurero de Cocula durante diligencias por el caso Ayotzinapa. Fotos: Capturas de pantalla.
Asimismo, sostuvo que el nuevo informe “nos arroja muchísima más luz de cómo se simuló esa verdad histórica”, versión del entonces Procurador Jesús Murillo Karam, en la que se aseguró que el basurero de Cocula, Guerrero, fue el sitio en donde integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos llevaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa para arrebatarles la vida y después incinerar sus cuerpos. Esta “verdad histórica” del Gobierno de Enrique Peña Nieto fue cuestionada por el GIEI y el EAAF, así como por otros expertos, pese a ello, las autoridades de la administración anterior insistieron en su veracidad.
La experta señaló que el principal impacto de este Tercer informe del GIEI radica en que se logró comprobar que “toda la información que existía en la investigación, en la averiguación previa, que lleva hacia el basurero desde el río San Juan, es falsa. La supuesta llamada informando de lo que había ocurrido, nunca existió, eso está comprobado ministerialmente”, dijo.
“Las supuestas investigaciones en Cocula por la Policía Ministerial nunca existieron, el acta del rió San Juan es falsa. Toda esta información nos dice que se estaba haciendo un montaje, mientras que el averiguación previa era únicamente para justificar todo el resto de actuaciones, incluyendo la detención de personas que fueron torturadas”, añadió Paz y Paz.
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El material inédito dado a conocer este lunes fue captado por un vehículo aéreo no tripulado el 27 de octubre de 2014. También se difundieron imágenes en 3D para explicar el minuto a minuto de estas diligencias, agrupadas en seis eventos que inician alrededor de las 6:30 horas y que se extienden hasta las 12:00 horas con la llegada de peritos de la PGR y la EAAF, cuyas investigaciones se alargaron ese día hasta las 17:30 horas.
El video da cuenta de cómo entre las 6:39 horas y las 6:52 tres camionetas blancas de la Marina llegan al basurero, “lo que sería la escena del crimen principal” y en donde en un primer momento se aprecian tres bultos blancos. Minutos después, una de las camionetas retrocede para bloquear el acceso al lugar. Posteriormente, según estos videos, se ve una fogata a unos metros de las camionetas que permanecen cerca de la pendiente. Para ese entonces los tres bultos blancos desaparecen. A las 7:37, el fuego cesa y minutos más tarde, se ve a un grupo marinos regresar a las camionetas, subir algo y salir del basurero.
Hacia las 8:13 horas se ve la llegada de una camioneta de la Policía Federal a la que se le impide el acceso y 17 minutos después arriban elementos de la PGR, entre ellos el Procurador Jesús Murillo Karam, y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A las 8:31 comienza el descenso de un grupo de personas a la parte baja del basurero.
“Minutos antes de las 10:00 horas, se ve sobrevolando tres helicópteros, uno de éstos hace un intento de aterrizar en la zona A del basurero (la parte alta). Se ven objetos volando en todas direcciones por el aire impulsado por la aeronave cuando queda a pocos metros del suelo”, se lee en la narrativa de hechos.
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