La avioneta robada estaba asegurada por la FEMDO en San Quintín, Baja California, luego de que la unidad fue confiscada en abril del 2021 con distintas drogas.
Tijuana, 31 de agosto (Zeta).- Una avioneta que se encontraba en resguardo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), fue robada de los patios de las grúas Nuñéz, en el municipio de San Quintín, la noche del domingo, confirmaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Para llevar a cabo el robo de la aeronave cessna, los sujetos ingresaron al establecimiento y sometieron al velador dentro de la caseta de vigilancia donde quedó amarrado hasta el día lunes 29.
La avioneta duró dos años bajo resguardo en un establecimiento del municipio de San Quintín. Foto: Facebook Bahia San Quintin Noticias
La aeronave fue asegurada por elementos de la FGR el 26 de abril del 2021 cargada con recipientes que contenían diversos tipos de droga, en las inmediaciones de un rancho, ubicado en el Ejido Leandro Valle.
Al lugar acudió personal de la Sedena, de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía quienes localizaron en las alas de la avioneta 28 tuppers y 51 paquetes que contenían cristal, metanfetamina y fentanilo.
El hermano del Presidente López Obrador entregó -de forma voluntaria- una copia de la carpeta de investigación de la FGR en su contra al INE.
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que promovió la Fiscalía General de la República (FGR) con la que se buscaba evitar dar información al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la investigación contra Pío López Obrador por presuntos delitoselectorales.
Con tres votos a favor y dos en contra, la Segunda Sala determinó que, una vez que sea notificada la sentencia, la FGR debe entregar al INE una copia de la carpeta de investigación en contra del hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el 23 de diciembre a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales entregar información al Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, la FGR interpuso este recurso para evitar compartir información sobre el caso.
El TEPJF también ordenó que el INE siguiera con las investigaciones y se pronunciara por la prescripción o no de los hechos, así como sobre la licitud de las pruebas, incluido al video que se hizo público, donde aparecen Pío López Obrador y David León, un operador del Gobierno de Chiapas, a quien se observa entregando el dinero al hermano del mandatario federal.
“La Sala determinó que el medio de control constitucional es improcedente porque se promovió en contra de un órgano depositario del Poder Judicial de la Federación, el cual no se menciona en la fracción I del Artículo 105 de la Constitución Federal; aunado a que ésta prevé que las resoluciones emitidas por ese Tribunal son definitivas e inatacables y, desde luego, corresponden a la materia electoral”, mencionó la Corte.
El consejero del INE Ciro Murayama celebró la decisión de la Suprema Corteen su cuenta de Twitter, donde destacó la “inatacabilidad” de las sentencias del Tribunal Electoral.
Los ministros que votaron para desechar la controversia constitucional son Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortiz; en contra, el Ministro Javier Laynez Potisek y su par, Yasmin Esquivel Mossa.
Esto sucede a unos días de que el INE anunció que la mañana del 26 de agosto, Pío López Obrador, hermano del titular del Ejecutivo, entregó de manera voluntaria una copia de la carpeta de investigación abierta de la FGR en su contra.
La Oficialía Electoral del INE turnó ese documento a la Unidad Técnica de Fiscalización del propio Instituto para su correspondiente análisis, salvaguardando el contenido de información relacionada con investigaciones en curso.
En su momento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un asunto escandaloso” la boda entre Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, y aprovechó para recomendar a los servidores públicos que actuaran con moderación y austeridad.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– Santiago Nieto Castillo revisa hoy, en una entrevista con el diario español El País, su salida del Gobierno federal y el trasfondo, es decir, quiénes y cómo se movilizaron para usar su boda, en noviembre de 2021, para golpearlo y, en tiempo récord, provocar su renuncia. Y tiene una sola sospechosa: la Fiscalía General de la República (FGR).
–Ya han pasado nueve meses de su salida de la UIF, ¿fue una renuncia suya o se la pidieron? –le pregunta Pablo Ferri, periodista de El País.
“Preferí renunciar”, responde Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “No quería generar un conflicto al Presidente [Andrés Manuel López Obrador]. Las cosas escalaron a un nivel… Yo estoy convencido de que hubo gente dentro de los órganos del Estado mexicano que estuvieron generando… Buscando información para poder afectar”.
Santiago Nieto revela luego que “en algún momento, la Fiscal Anticorrupción dijo que le habían planteado a ella, uno de los colaboradores de la Fiscalía General de la República, que estaban dando 80 dólares por foto de la boda a los meseros y las personas que estaban ahí. Así tal cual. Y además se solicitó información de si había aviones privados que iban a la boda. Había gente de Interpol y de la Fiscalía de Guatemala esperando a las personas que llegaban en los aviones privados”.
Pablo Ferri pregunta que aclare lo que infiere: “¿Cree que gente de la FGR, cercana a Gertz, estuvo detrás de esta situación?”.
Santiago Nieto responde: “No había otra forma de justificar la presencia de gente de la Fiscalía de Guatemala en esos momentos”.
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, durante una conferencia de prensa. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
El extitular de la UIF dice que había buena relación con Alejandro Gertz Manero. “Él llegó a ser encargado de despacho de la vieja Fiscalía, trabajamos bastantes asuntos juntos, pero el momento de quiebre tiene que ver con Lozoya. Se obtuvo una orden de detención en su contra y se le congelaron las cuentas. Entonces hubo un conflicto con Altos Hornos de México [que le había vendido al Pemex de Lozoya una empresa con sobreprecio] y se me pidió que aclarara a los medios que no era en contra de Altos Hornos sino contra Lozoya. Y eso empieza a generar tensiones”.
Acota: “Yo respeto al Fiscal General. Es el Fiscal General, y yo no”.
Santiago Nieto Castillo dejó la Unidad de Inteligencia Financiera el 8 de noviembre de 2021, apenas después de su boda con la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey. La boda fue en Antigua, Guatemala y fue criticada por el Presidente López Obrador durante su conferencia matutina del lunes inmediato siguiente. El exdiputado federal Pablo Gómez asumió en su lugar.
El extitular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, fue sustituido por Pablo Gómez Álvarez. Foto: Secretaría de Gobernación
Asimismo, el INM detalló que desde que se instaló la actual administración en diciembre de 2018 se han iniciado cuatro mil 707 carpetas de investigación.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que se han rescatado 77 mil 498 personas de las redes de traficantes desde 2018 a lo que va de 2022, según informó Francisco Garduño Yáñez, titular de la dependencia.
En el marco de la Segunda Conferencia Nacional de Migración, Germán Adolfo Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), precisó que se rescataron 553 en 2018, 22 mil 189 en 2019, seis mil 249 en 2021, 28 mil 804 en 2021 y que hasta el momento, van 19 mil 723 en 2022.
Asimismo, el INM detalló que desde que se instauró la actual administración en diciembre de 2018 se han iniciado cuatro mil 707 carpetas de investigación.
El mayor número se concentran en los estados de Nuevo León con 858; Chiapas, 729; Veracruz, 649; Tabasco, 510; Oaxaca, 315; Tamaulipas, 251; Coahuila, 236; Estado de México, 229; Chihuahua, 224; Baja California, 190; Puebla, 144; Tlaxcala, 59; Sonora, 52; Hidalgo, 38; Zacatecas, 37; Quintana Roo, 35; Ciudad de México, 30.
Nuevo León es el estado donde más rescates de personas se han realizado. Foto: INM.
Le siguen Querétaro con 26 carpetas de investigación; Guanajuato, 23; Durango, 22; Aguascalientes, 20; Campeche, 13; Baja California Sur, 6; Yucatán y Guerrero, 4 respectivamente; Jalisco, 2; y Colima, uno.
Por otro lado, dos mil 286 personas han sido judicializadas por tráfico de personas, se han realizado dos mil 31 detenciones legales, mil 653 han sido vinculadas a proceso, 729 están sujetas a prisión preventiva y 475 personas han sido sentenciadas, de acuerdo con los datos proporcionados por el INM.
Castillo Banuet propuso en su participación reformar la Ley de Migración y expuso los tres retos a los que se enfrenta la Fiscalía General de la República en materia migratoria: justificar debidamente las detenciones; la falta de imputación y colaboración de las víctimas; y la alta exigencia para la comprobación del hecho delictivo.
El periódico Reforma detalló que los ingresos obtenidos por García Luna fueron adicionales a los que percibió como servidor público en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Estados Unidos por tener supuestos vínculos con el narcotráfico, habría poseído ingresos posiblemente ilícitos por al menos 27.3 millones de pesos cuando estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal y de la Secretaría de Seguridad Pública, durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa.
De acuerdo con el periodista Abel Barajas del diario Reforma, dicha información fue documentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en una orden de aprehensión en contra del exmando policiaco por el delito de enriquecimiento ilícito.
El documento reveló que se trata de ingresos adicionales a los 23.4 millones de pesos que percibió como servidor público en los sexenios de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2066-2012).
El expediente sobre García Luna, al cual el periódico Reforma tuvo acceso, detalla que entre 2000 y 2012 el exsecretario de Seguridad Pública de México recibió depósitos bancarios de personas no identificadas por 15 millones de pesos y participó en la compra-venta de al menos cinco inmuebles por 9.7 millones de pesos.
Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública de México, durante el sexenio de Felipe Calderón. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro
Asimismo, García Luna supuestamente habría realizado pagos no identificados por 2.3 millones de pesos a tarjetas de crédito y habría adquirido un vehículo de más de 617 mil pesos, añadió el medio de circulación nacional.
El periodista Abel Barajas mencionó en su texto que en esos años, el exfuncionario nunca tuvo un ingreso legal distinto al que percibía en el servicio público, esto según la acusación de la FGR, basada en las declaraciones patrimoniales registradas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Reforma recordó que el caso de enriquecimiento ilícito es sólo una de las tres órdenes de aprehensión que García Luna tiene en México, ya que las otras están relacionadas con el operativo “Rápido y Furioso”, con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes, y con las concesiones con sobreprecio de los penales federales a empresas inmobiliarias.
En ambos asuntos, añadió, recientemente la FGR “ha sufrido reveses judiciales, al tratar de mantener bajo proceso a otros imputados, pero en el eventual caso de que llegara a ser extraditado a México, la Fiscalía desde ahora ha preparado el terreno para pedir su encarcelamiento preventivo, alegando su facilidad para salir del país”.
#FGRInforma | Se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables de tráfico de armas en la llamada operación “Rápido y furioso”. En breve más información. pic.twitter.com/gOsn871Ve3
Sobre los bienes, el medio nacional explicó que las operaciones inmobiliarias imputadas por la Secretaría de la Función Pública y la FGR corresponden a cinco bienes que García Luna habría adquirido de 2000 a 2012 en la Ciudad de México y en Morelos.
“La imputación de la Fiscalía no cuestiona el valor total de esos inmuebles, el cual ascendió a 15.2 millones de pesos, sino a 9.7 millones, cuyo origen no es claro”.
A detalle, Abel Barajas compartió que la FGR señala que una de las casas ubicada en la calle Montaña de Omoa 17, en la colonia Jardines en la Montaña, en la Alcaldía Tlalpan, tuvo un precio de 7.5 millones de pesos, y para pagarla García Luna consiguió en 2007 un crédito en Inbursa de 5.8 millones.
No obstante, la Fiscalía General de la República acusa que por ahora no hay forma de saber de dónde el exsecretario de Seguridad Pública sacó los 1.7 millones para pagar el monto restante.
Genaro García Luna junto a Felipe Calderón. Foto: Cuartoscuro
Mientras que “las otras operaciones bajo sospecha son la compra que de dos lotes en Valle Amate, Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, en Jiutepec, Morelos, por los que el exfuncionario pagó en 2002 un total de 356 mil pesos y de los que la autoridad federal mencionó que ‘no fue posible identificar contablemente el pago'”.
Lo mismo ocurre con la adquisición de una casa ubicada en el Fraccionamiento Rincón de las Delicias, en Cuernavaca, la cual compró en 2006 en 862 mil 800 pesos y la vendió en 2009 a su hermana Luz María García Luna en 880 mil 800 pesos.
Reforma muestra que García Luna adquirió en 2006, a través de otro crédito hipotecario, un inmueble por 2.3 millones de pesos en la Ciudad de México, del que tampoco se cuenta con información contable del pago, según la FGR.
“La última adquisición que hizo como servidor público y que, según la autoridad ministerial, adolece de la misma deficiencia de comprobación, es la de un terreno en la capital del país por el que desembolsó cuatro millones 87 mil pesos en 2008”, agregó.
Genaro García Luna, el poderoso Secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Foto: Cuartoscuro.
INVESTIGAN CONTRATOS DE LA UIF
De acuerdo con el medio mexicano, la FGR también investiga si fue legal o no el contrato que firmó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuando Santiago Nieto estaba a cargo, con dos despachos estadounidenses que presentaron a nombre del Gobierno de México una demanda por la vía civil contra Genaro García Luna por 250 millones de dólares.
Documentos a los que Reforma ha tenido acceso revelan que la Fiscalía cuestiona si la UIF contaba con la atribución para contratar los servicios legales en el extranjero o si lo debió hacer la Secretaría de Hacienda a través de la Cancillería mexicana.
El medio dio a conocer que dicha demanda incluye a otras siete personas físicas y 39 morales, y que se tramita en una Corte en Florida y cuya audiencia de inicio de juicio será el 8 de mayo de 2023.
Genaro García Luna en diciembre de 2011. Foto: Misale Valtierra, Cuartoscuro.
APLAZAN JUICIO DE GENARO GARCÍA
García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal operara a sus anchas.
Sin embargo, se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades.
El pasado 15 de agosto, un Juez aplazó para enero el inicio del juicio de Genaro García Luna. Mientras, el exsecretario mexicano, de 53 años, permanecerá encarcelado en Nueva York.
Autoridades de los tres niveles de Gobierno trabajan para esclarecer los actos violentos que se registraron sobre la carretera federal de Fresnillo.
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por los bloqueos y vehículos incendiados en carreteras del estado de Zacatecas.
A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la FGR solicitó las investigaciones y dictámenes correspondientes a la Policía Federal Ministerial (PFM), a la Agencia de de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de Personal Pericial de la Institución.
La dependencia aseguró que trabaja de manera coordinada con los tres niveles de Gobierno para esclarescimiento de los hechos ocurridos en diversos puntos de Fresnillo, Zacatecas, durante la madrugada del sábado.
#FGR, a través de #FECOR, en su Delegación @FGR_Zacs, inició carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por los bloqueos e incendios de vehículos automotores en carreteras de #Zacatecas.
El tramo de la carretera federal 45 Zacatecas-Villanueva, que conecta con el municipio de Enrique Estrada, fue escenario de una jornada violenta en la que se reportaron bloqueos y vehículos incendiados y afectados por ponchallantas.
De acuerdo con los primeros reportes de usuarios en redes, hombres armados cerraron la carretera, bajaron al conductor de un tractocamión y luego lo rociaron con combustible y le prendieron fuego, también detuvieron a un camión de pasajeros.
La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad confirmó vehículos incendiados en tres carreteras federales, hechos que atribuyó a una reacción a “importantes golpes que los cuerpos de seguridad dieron a células delincuenciales”. También se reportó, en diferentes puntos del mismo municipio, balaceras sin que provocaran personas lesionadas.
El plan de emergencia que implementó el Gobierno federal en Zacatecas desde noviembre del año pasado no ha logrado frenar la violencia que azota al estado. Se han reportado balaceras, cuerpos hallados sin vida y también desapariciones.
La disputa entre los cárteles de la droga en Zacatecas mantiene en zozobra a una población que vive con miedo y atestigua expectante los 30 a 40 homicidios semanales que se registran en algunos de los 58 municipios de la entidad, sobre todo en aquellos con mayor densidad poblacional como Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas Capital.
El INAI instruyó a la dependencia dar a conocer la información solicitada únicamente por lo que hace a aquellas averiguaciones y/o carpetas de investigación que ya sean de conocimiento previo del imputado, a fin de no entorpecer las investigaciones iniciadas, ello, con motivo de los encargos públicos ocupados y no así aquellas que llegaran a existir en el ámbito de su vida privada.
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó este domingo a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer el número de carpetas de investigación que se han abierto, así como cuántas denuncias han sido presentadas, del 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril de 2022, en contra de los expresidentes y del actual mandatario de México.
Mediante un comunicado, el Instituto detalló que la información debe estar relacionada con Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, y el titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.
Durante la presentación del asunto ante el pleno, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas expuso que “la Fiscalía General de la República le respondió a un solicitante que no podía entregarle la información, ninguna, porque estaba clasificada, porque había que velar por el buen nombre, el derecho al honor y a la presunción de inocencia de los posibles involucrados en esta solicitud”.
Por ello, inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual indicó que la dependencia omitió responder a la información solicitada, al clasificar como confidencial lo requerido.
“En ningún caso podríamos imaginar que las denuncias de las que estamos hablando, según lo que pidió el interesado, pudieran ser una denuncia que hubiera por un particular, por un hecho eminentemente del plano privado con un expresidente […] en este caso están pidiendo posibles denuncias y expedientes o carpetas abiertas por hechos relacionados con su mandato, con el ejercicio de sus potestades”, subrayó Acuña Llamas.
En tanto, la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas advirtió que la clasificación de la información como confidencial o reservada no puede constituir una regla absoluta, pues señaló que existen casos en los cuales la difusión genera mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación. Por ello, añadió, deben estudiarse las posibles excepciones a la regla general, privilegiando la transparencia y el derecho de acceso a la información.
En este contexto, el INAI llevó a cabo una prueba de interés público ponderando los elementos o subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En ese sentido, advirtió que la información solicitada contribuye a que los gobernados tengan pleno conocimiento respecto de las investigaciones que, en su caso, se siguen contra exservidores públicos y actual Presidente. Asimismo, dijo que permitiría a la sociedad conocer y dar seguimiento a las acciones que la autoridad ministerial o judicial decidió.
Sobre la necesidad, indicó que si se negara el derecho de acceso a la información, se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios para el escrutinio del ejercicio de la actividad del sujeto obligado, en cuanto a sus facultades investigadoras, así como respecto del desempeño de los exservidores públicos y actual Presidente; también conocer en qué concluyeron sus imputaciones, lo cual no puede quedar delimitado al ámbito privado de las personas identificadas en la solicitud, en virtud de la relevancia que tiene para la sociedad.
En cuanto a la proporcionalidad, la ponencia determinó que las personas públicas, como las encargadas de dirigir a un país o a un estado, deben soportar un mayor nivel de injerencia en sus derechos de la personalidad, como es su privacidad, protección de datos, honor e imagen, así como el de presunción de inocencia, dado el interés social legítimo de recibir información respecto de dichos personajes, para un libre debate público sobre el seguimiento a las imputaciones y el resultado de las mismas.
Del ejercicio de ponderación realizado, la ponencia concluyó que, si bien la información requerida actualiza en principio la clasificación invocada con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el interés público sobre lo requerido supera la confidencialidad y contribuye a la rendición de cuentas.
Por lo expuesto, el pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la FGR y le instruyó proporcionar la cantidad de denuncias presentadas y carpetas de investigación que se han abierto contra de los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, y el actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
El exprocurador Jesús Murillo Karam es la máxima autoridad hasta el moment0 que ha sido presentada ante el juez y que enfrenta en la cárcel las acusaciones por la “verdad histórica” y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Sentado, con los hombros hacia delante y cabizbajo. Así escuchó el exprocurador Jesús Murillo Karam los intentos de sus defensores, primero, para que no lo vincularan a proceso y, después, para que no le impusieran prisión preventiva como medida cautelar. La derrota se dibujó en el rostro del exfuncionario en la audiencia de ayer en el Reclusorio Norte: se tapó la cara y la dejó caer sobre sus manos, las cuales mantuvo casi todo el tiempo en los bolsillos de su chamarra color beige, que portaba junto con un pantalón cargo del mismo color; el que usan los internos del penal. La defensa no logró ninguna de sus dos cometidos y el padre de la llamada “verdad histórica”, a la que se aferró y defendió ayer, permanecerá en prisión por su papel frente al caso Ayotzinapa.
“Los datos de prueba son razonables. […] Sí es razonable la hipótesis de la Fiscalía”, dijo el Juez Fuerte Tapia al concluir que los indicios presentados por los fiscales y los abogados coadyuvantes fueron pertinentes, idóneos y lícitos y eran suficientes para la vinculación a proceso del exfuncionario.
El exprocurador enfrentará la investigación de su proceso penal dentro del Reclusorio Norte cuando menos tres meses, así lo dice la medida cautelar que este miércoles reafirmó el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia después de casi 12 horas de audiencia en los juzgados federales que se encuentran al lado del penal.
La relación entre Peña Nieto y Murillo es importante y crucial para ambos. Foto: Cuartoscuro.
Inicialmente la Fiscalía había solicitado seis meses como plazo para el cierre de la investigación, pues dijo que necesitaba tiempo suficiente debido a la complejidad del caso y porque debía de allegarse de más pruebas, como solicitar la bitácora de vuelos de Murillo Karam cuando visitó el basurero de Cocula, registros telefónicos de cuando fue Procurador así como el testimonio de personas que señalaron haberlo visto en el lugar de los hechos entre otros.
La defensa argumentó que era excesivo ese tiempo, en vista de que a su representado le habían impuesto privación de la libertad como medida. La Fiscalía no debatió la solicitud de la defensa. Esa fue su única batalla ganada: el juez determinó 90 días naturales como periodo de investigación.
“El justiciable”, así se referían a él como imputado de los delitos de tortura en contra de cuatro personas y desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ambos en calidad de autor material, así como el delito contra la administración de justicia, éste último por ser el que artífice de la llamada “verdad histórica”.
El riesgo de que abandone el país y de que pueda obstaculizar el proceso quedaron sentados desde la primera audiencia y confirmados en la vinculación como la justificación para imponerle prisión.
También se dio a conocer que junto a las cinco propiedades que tiene repartidas en Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero, hay una más que no estaba en el radar de la Fiscalía: un departamento ubicado en la calle Edgar Allan Poe en Polanco, una de las zonas exclusivas de la Ciudad de México.
Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, experto en medidas cautelares citado por la defensa como “prueba de descargo”, trató de disuadir al Juez diciendo que Murillo Karam era un hombre de prestigio, respetable, con arraigo familiar y que quería mucho a sus dos perritos.
Además, dijo que el exprocurador tiene gastos que oscilan entre los 80 mil a 120 mil pesos y que “vive de sus ahorros, de sus rentas e inversiones”. Y aunque esa información fue presentada por la defensa, la Fiscalía la utilizó para reafirmar las condiciones económicas y facilidades que tiene el acusado para huir del país.
El experto citado por la defensa trató de disuadir al Juez diciendo que Murillo Karam era un hombre de prestigio, respetable, con arraigo familiar y que quería mucho a sus dos perritos. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro
El debate de la audiencia se centró, en buena parte, en dos temas: en la pertinencia de considerar las ruedas que ofreció Murillo Karam, notas de prensa donde reconoció que estaba a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa y en la temporalidad de los delitos de desaparición forzada y tortura.
La defensa de Murillo, integrada por los abogados José Javier López García, Antonio López y Alba Vázquez, trató de derrumbar las acusaciones, primero señalando que las conferencias no podían ser utilizadas como indicio, bajo el argumento de que tenía derecho a la no autoincriminación, y segundo, al indicar que el delito de tortura y desaparición forzada habían prescrito.
La parte acusadora, integrada por las fiscales Lidia Bustamante Vargas y Daniela Aguirre, asesoradas por los abogados coadyuvantes, Daniela Aguirre, representante de las víctimas de tortura, y Santiago Aguirre, representante de los padres de los 43, refutó y derrumbó con argumentos sólidos los dichos por los abogados defensores.
El Juez les dio la razón a los fiscales: “Hay indicios que corroboran estos hechos”.
Las ruedas de prensa Jesús Murillo Karam, fue uno de los principales elementos que ahora lo hundieron. Foto; Cuartocscuro
Al lado, en una sala contigua, se encontraba la madre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa acompañada por el abogado de las familias, Vidulfo Rosales. Al final, la mujer confrontó al exfuncionario.
“Necesito exigir a Murillo que se haga justicia. Queremos la verdad y saber dónde están nuestros hijos. ¿A dónde los dejó?”, expresó la madre al final de la audiencia confrontando a Murillo Karam, quien en la sesión de ayer defendió su “verdad histórica”.
“Desde hace siete, ocho años han buscado alternativas, han inventado muchas y todas se caen. Hubo restos encontrados, sí, en la Barranca (de la Carnicería) y en el camino. Podemos aceptar algunos errores, pudo haber fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero no la han podido tirar”, expresó a mitad de la audiencia, tiempo en el que ya tenía su mascarilla en la barbilla.
La defensa ha alegado que el exprocurador padece enfermedades crónico degenerativas y por ello pidió que llevara su proceso en libertad, sólo entregando el pasaporte y con una firma periódica, lo cual fue rechazado.
La “verdad histórica” fue uno de los ejes torales de la Fiscalía, pues eso permitió que Murillo Karam, aunque no haya participado de manera directa en la desaparición de los estudiantes, sí contribuyó a la misma al crear “dolosamente” una versión falsa para cerrar el caso, lo que provocó el ocultamiento del paradero de los jóvenes, porque el desvió de la investigación no permitió otras líneas alternas que permitieran conocer la verdad y dar con el paradero de los estudiantes.
Al salir de los juzgados, José Javier López García, abogado del exprocurador y que también ha representado a Juan Collado, dijo en entrevista que van a analizar “a la luz de la calma” si interponen un recurso de amparo.
Los abogados defensores no se veían contentos con la determinación del Juzgador, pues incluso uno de ellos, Antonio López, fue apercibido por el juez y regañado por la forma en la que expuso su argumentación en la que insistía que Murillo Karam, presuntamente no debía ser juzgado por el delito de desaparición forzada con la nueva Ley General de Desaparición Forzada, pues los hechos que le atribuían se cometieron entre octubre de 2014 a enero de 2015, antes de la expedición de dicha legislación, que fue en 2017, y eso violentaba el principio de retroactividad, que dice que no puede aplicarse en perjuicio de un gobernado.
Ya en la noche de los juzgados una vez concluida la audiencia y con Murillo Karam en prisión preventiva, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, pidió que se procese a los demás funcionarios involucrados.
“Vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, hasta encontrarlos, hasta saber la verdad y que se castigue a los responsables”.
Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto por el departamento que él mismo dirigió de 2012 a 2015 y está acusado por la FGR de Desaparición Forzada, Tortura y Contra la Administración de Justicia de crear una versión falsa sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– El exprocurador Jesús Murillo Karam se queda en prisión, así lo determinó el Juez de Control Marco Antonio Tapia durante la audiencia que se llevó a cabo este día en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y en la que una madre de los 43 normalistas lo confrontó diciéndole: “¿Dónde están? ¿A dónde los dejó?”
Al exfuncionario de Enrique Peña Nieto se le vinculó a proceso por los delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición Forzada —reclasificado con base en el Código Penal Federal— en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014.
Con la cabeza agachada y las manos, a veces en la frente, el exprocurador escuchó la resolución del Juez, quien determinó que por existir riesgo de fuga y de obstaculizar la investigación —circunstancias que no cambiaron desde la audiencia inicial del sábado— tendrá que seguir su proceso en prisión.
Receso de dos horas en la audiencia del extitular de la PGR Jesús Murillo Karam en el Reclusorio Norte, por la imputación por su supuesta responsabilidad en la fabricación de la “verdad histórica” por el caso ayotzinapa. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó en un inicio un plazo de seis meses para el cierre de investigación al señalar lo complejo del caso. No obstante, la defensa de Murillo Karam indicó que le parecía excesivo el tiempo, en vista de que la medida cautelar era privativa de la libertad para su representado. Finalmente se estableció un tiempo de 90 días naturales.
Posteriormente, le dieron la palabra a la madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos forzadamente en septiembre de 2015, quien estuvo presente en la audiencia como una testigo protegida.
“Queremos la verdad y lo que más queremos es saber a dónde están nuestros hijos. ¿A dónde los dejó”, expresó la madre.
Al salir de los juzgados, José Javier López García, abogado del exprocurador y que también ha representado a Juan Collado, dijo en entrevista que van a analizar “a la luz de la calma” si interponen un recurso.
Posteriormente, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, pidió que se procese a los demás funcionarios involucrados. “Vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, hasta encontrarlos, hasta saber la verdad y que se castigue a los responsables”.
El abogado de las familias del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, consideró a su vez que la decisión de que Murillo Karam siga su proceso en prisión es una “resolución objetiva”.
“El Juez valoró de manera objetiva todas las pruebas que presentó el Ministerio Público, pudo establecer razonablemente que se cometió el delito de desaparición forzada en esta modalidad de que a través de una investigación turbia, una investigación irregular se ocultó el paradero de los estudiantes”, comentó Rosales al salir de la audiencia.
Indicó que el mensaje que dio el Juez con esta decisión es que todo aquel funcionario que comete irregularidades tienen que enfrentar una consecuencia jurídica. “Por otra parte tomaron tomaron en cuenta los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, del Relator contra la Tortura (de la ONU), Juan Mendez”.
LA AUDIENCIA
Vestido de chamarra y pantalón beige y con las manos en los bolsillos, Murillo Karam ingresó al Reclusorio Norte, donde a las 9:20 de la mañana se dio inicio a la esperada audiencia. El exprocurador, detenido el 19 de agosto afuera de su casa, es acusado por la Fiscalía General de la República de desaparición forzada, tortura y de delitos contra la administración de justicia al crear una versión falsa sobre la desaparición de los jóvenes.
En 2014, el exfuncionario calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales y que éstos los mataron, los quemaron en un basurero y arrojaron sus restos a un río.
Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, fue detenido por Marinos. Foto: FGR.
Sin embargo, aunque se identificó a tres estudiantes a partir de huesos calcinados, un grupo de expertos internacionales y la actual Fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y de escenarios y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.
Durante la audiencia la defensa del exprocurador se concentró en debilitar las pruebas de la Fiscalía alegando que no tiene “indicios razonables” para abrir el proceso.
En su intervención la defensa solicitó al juez que se excluyan del proceso las conferencias de prensa que ofreció Murillo Karam en las que habló sobre la desaparición de los 43 estudiantes alegando que van contra el derecho a la no autoincriminación del acusado y porque el Ministerio Público “descontextualizó” las declaraciones.
En relación con la controvertida “verdad histórica” que creó Murillo Karam, su defensa afirmó que fue un “concepto jurídico” y no una “confabulación” del exfuncionario.
El exprocurador Murillo Karam arribó el sábado al Reclusorio Varonil Norte para ser presentando ante un Juez tras su detención. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
Al refutar los tres cargos por los que fue detenido el exprocurador, la defensa alegó que el delito de tortura había prescrito y que el cargo por desaparición forzada estaba basado en la ley que entró en vigor después de los hechos. Asimismo, aseguró que no había pruebas suficientes sobre la manipulación de las pruebas.
Más temprano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, durante su conferencia matutina, que espera que todos hablen en el juicio y que “si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden”.
López Obrador se quejó nuevamente del retraso de Israel en la extradición de Tomás Zerón, exjefe de la investigación de la extinta Procuraduría y subalterno de Murillo Karam, quien enfrenta cargos por tortura en el caso de los 43 normalistas y afirmó que las autoridades israelíes “no pueden estar protegiendo a personas así”.
En una primera audiencia un día después de su captura en la Ciudad de México sus abogados intentaron que siguiera el proceso en arresto domiciliario con el argumento de la mala salud del exfuncionario, de 74 años. Pero el Juez se negó alegando que existía riesgo de fuga, argumento que se mantuvo este miércoles.
Un informe presentado la semana pasada por la Comisión de la Verdad calificó lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 —durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto— como un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel” y que se ocultaron los vínculos de las autoridades con los criminales y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
En la primera audiencia, realizada el sábado, los fiscales dejaron en claro que hay pruebas suficientes que acreditan que Murillo Karam inventó su versión para cerrar el caso cuanto antes y dijeron que esa “verdad histórica” se ideó en una reunión con otros altos funcionarios.
Enrique Peña Nieto junto a Murillo Karam. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro.
Entre otras evidencias destacaron que la versión del basurero presentada a la prensa estuvo basada en declaraciones de personas, que fueron torturadas, antes de que éstas rindieran su declaración formal.
La Fiscalía ha emitido 20 órdenes de captura contra militares, entre los que hay mandos y personal de los batallones que están situados en Iguala, donde fueron capturados los jóvenes. Además se busca a otros 62 funcionarios, criminales y policías.
Aunque el móvil del crimen sigue sin estar claro, el informe de la Comisión de la Verdad reactivó la hipótesis de que esté vinculado con el tráfico de heroína en la zona. A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce cuál fue su destino.
El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre los asuntos que resolverá la SCJN referentes a la prisión preventiva oficiosa establecida en el Artículo 19 constitucional desde el 2008.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de México pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la figura de prisión preventiva oficiosa en la Constitución, pues asegura que eliminarla podría tener efectos negativos en el combate a la inseguridad en el país.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra Ley fundamental”, señala un comunicado difundido por la Presidencia de la República.
De acuerdo con la actual Adminsitración, es fundamental la existencia de esta figura jurídica en ciertos delitos de alta gravedad para la sociedad, por lo que “dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica”.
Además, aseguraron que algunos delitos implican que los presuntos criminales, a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal.
El Gobierno federal considera que es necesaria la prisión preventiva en delitos de alta gravedad. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro
“Se trata de evitar que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad”.
En el exhorto también argumentaron la Estrategia Nacional de Seguridad Publica y la política de cero impunidad busca garantizar la paz y la tranquilidad de la población, así como conseguir que las investigaciones por los delitos impliquen la detención por parte del Estado, y la obtención de autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias, “con pleno respeto a los derechos humanos”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en los próximos días dos asuntos de transcendencia nacional referentes a la prisión preventiva oficiosa que el Poder Constituyente Permanente estableció en el Artículo 19 constitucional desde el año 2008. En dicha sesión se resolverá un juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019.
El mandatario destacó que no está de acuerdo con el proyecto de la SCJN. Foto: Gobierno de México
Sobre este proyecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que la eliminación de la obligatoriedad de prisión preventiva oficiosa en delitos graves propiciaría la impunidad y la corrupción.
El mandatario condenó las dos reformas discutidas ante el pleno de la SCJN, como la de “eliminar delitos considerados graves” y la mencionada que involucra la prisión preventiva oficiosa “para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan”, por lo que comisionó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal aclarar el asunto por si los ministros esconden objetivos del proyecto que “no se entienden”.
El Juez Marco Antonio Tapia apercibió al inicio de la audiencia a la defensa de Jesús Murillo Karam luego de que dijera que el exprocurador no puede ser juzgado por el delito de desaparición forzada, por que al hacerlo se aplicaría la Ley de manera retroactiva.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– Jesús Murillo Karam defendió nuevamente su “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa y acusó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de tratar de tumbar su versión, según la cual los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados la misma Noche de Iguala, pero no lo han logrado.
“Desde hace siete, ocho años han buscado alternativas, han inventado muchas y todas se caen. Podemos aceptar algunos errores, pudo haber fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero no la han podido tirar”, dijo el exprocurador durante la audiencia, en la que se determinará si es vinculado o no a proceso.
Luego de escuchar los argumentos de la defensa y los de la Fiscalía General de la República (FGR), Murillo Karam quiso declarar y, después de consultarlo con sus abogados, insistió en defender su versión de la investigación y acusó no sólo al GIEI, sino a los activistas y representantes de los padres de los 43 normalistas de tratar de desacreditarla.
“Me puedo decir orgulloso de que yo pedí la intervención de este Grupo Interamericano (sic) que participó en absolutamente toda la averiguación. Fueron ellos (el GIEI) quienes escogieron el lugar donde hacer el análisis, el que vigiló, trajo restos y escogió llevarlos a (la Universidad de) Innsbruck”, dijo.
Murillo insistió en que se encontraron restos en la Barranca de la Carnicería, localizada en Cocula, Guerrero, “y en otro lugar”, y aunque reconoció que hubo errores y cosas que se hicieron mal, nadie ha podido ” tirar” su investigación.
El extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto es acusado por la Fiscalía General por los delitos de tortura en contra de cuatro personas, contra la administración de justicia y por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al inicio de la audiencia, el Juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapia, regañó e hizo un apercibimiento a la defensa de Murillo Karam, luego de que leyera una tesis que aludía ineptitud del juzgador, en caso de vincular a proceso al exprocurador por el delito de desaparición forzada.
La defensa sostuvo que Murillo Karam no puede ser juzgado por el delito de desaparición forzada con base en la Ley General de Desaparición de Personas porque los hechos que le atribuyen ocurrieron entre octubre de 2014 y enero de 2015, y esta legislación entró en vigor hasta 2017, por lo que no se puede aplicar de manera retroactiva, sino en beneficio del imputado.
En ese sentido, el abogado leyó una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dice que el juzgador que aplique una legislación retroactiva en perjuicio del Gobernador cae en la ineptitud. El planteamiento le valió a la defensa del exprocurador del Gobierno de Enrique Peña Nieto un apercibimiento del Juez.
“Debe moderar su intervención, su actitud al enfrentarme, al levantar la voz y al invocar una tesis tergiversada. Lo apercibo, este no es un debate, ni una charla, y si sigue con esa, lo voy a expulsar de la sala”, le dijo el Juez Marco Antonio Tapia a la defensa, quien siguió con su exposición y pidió desestimar las pruebas de la FGR por ser ilegales.
El exprocurador Murillo Karam al arribar el sábado al Reclusorio Varonil Norte. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
La audiencia de vinculación a proceso en contra del exprocurador Jesús Murillo Karam inició este miércoles alrededor de las 9:30 horas en las salas de los juzgados federales ubicados en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. La defensa sostuvo al arranque de la audiencia que la Fiscalía General de la República, en las más de 20 mil hojas de la carpeta de investigación que presentó, no cuenta con testimonios, ni pruebas contundentes que acrediten la participación directa de Murillo Karam en los delitos de tortura y desaparición forzada.
También refutó que la Fiscalía le impute los delitos con base en las conferencias de prensa que el exprocurador dio en octubre de 2014 y enero de 2015, lo cual, afirmó, no debe tener carácter probatorio porque serían autoincriminatorias.
Explicó que hay un derecho del imputado a que se excluyan declaraciones que lo autoincriminen, sobre todo si son declaraciones que no se realizaron ante un Ministerio Público o ante un Juez, y sin la presencia de un abogado defensor.
De igual forma pidió desestimar las acusaciones de tortura y en contra de las administración de la justicia, pues aseguró que esos delitos ya habían “prescrito”.
La Fiscalía, por su parte, acusó a los abogados defensores de querer confundir con interpretaciones “nebulosas y ociosas”, al decir, que los delitos ya fueron prescritos y que utilizar las conferencias de prensa de él, como autoridad, vulnera su derecho a la no incriminación.
Los fiscales que llevan el caso llegaron con al menos 10 maletas de viaje con el o los expedientes. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.
“QUEREMOS LA VERDAD”
En la audiencia, presidida por el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia se resolverá la situación jurídica de Murillo Karam, toda vez que los fiscales presenten los elementos de prueba. Esta mañana, arribaron a los juzgados con al menos 10 maletas de viaje con el o los expedientes.
“Queremos la verdad”, dijo Cristina Bautista, una de las madres de los 43 estudiantes, al llegar a los juzgados cerca de las 7:30 de la mañana.
Fue en punto de las 7:00 horas cuando arribó un primer grupo de abogados defensores del exfuncionario, encabezado por José Javier López García, quien también ha representado a Juan Collado, el cual no quiso dar declaraciones ante los medios de comunicación.
Media hora después llegó al lugar el otro abogado defensor Antonio López Ramírez, quien dijo brevemente a la prensa: “Vamos a plantear nuestra versión de los hechos”.
Durante la primera audiencia del sábado, que se extendió por 12 horas y donde se le dictó prisión preventiva por riesgo de fuga, los fiscales fueron regañados por el Juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, por “no estar preparados” al grado de que les advirtió “dar parte a sus superiores jerárquicos de la FGR por el desorden”.
La Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero ha sido cuestionada por la conducción que ha tenido en los casos del exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht; contra Rosario Robles Berlanga, por la Estafa Maestra, y por exonerar a Salvador Cienfuegos, señalado por la DEA por supuestos nexos con el narcotráfico.
Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en una conferencia de prensa de diciembre de 2014. Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro
Dentro del mismo caso de los estudiantes de Ayotzinapa, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sigue sin ser extraditado de Israel; a la par que persisten las dudas sobre si la Fiscalía indagará en el algún momento al Presidente Enrique Peña Nieto o al exsecretario General Cienfuegos sobre el caso.
“Está en manos de jueces. Y sí coincido de que tardan mucho, o sea, porque no hay sentencias. Deben de acelerar más los procesos para que haya sentencias”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana.
El abogado de las familias del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró en entrevista con Los Periodistas, en SinEmbargo al Aire, que Murillo Karam tuvo “una intención deliberada” de ocultar el paradero de los jóvenes, por lo que están pendientes de la audiencia de este día y esperan que se avance con las detenciones de los otros responsables –incluyendo militares y al expresidente Enrique Peña Nieto– para que no parezca “un tema de índole política”.
“De parte de los padres, decir que no hay un afán de ajustar cuentas, más bien un afán de que se sepa qué fue lo que ocurrió, ese es el interés”, aseveró. “Que se pase de inmediato a ejercer las acciones penales ya, a procesar a esas personas porque se anuncia nada más que se detiene al señor Murillo Karam, se anuncia la existencia de acciones penales como un tema más político, pero si esto no es seguido de acciones penales, no le vemos mucho sentido”.
La exfuncionaria acudió a cumplir con las nuevas medidas cautelares que fueron ordenadas por un Juez para sustituir su permanencia en la cárcel de Santa Martha Acatitla.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, ingresó este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar su pasaporte y para la apertura del libro de firma de registros de medidas cautelares, esto como parte de las órdenes que dictaminó el Juez que decretó su salida del penal de Santa Martha Acatitla.
La exfuncionaria del Gobierno de Enrique Peña Nieto acudió al mediodía a bordo de un automóvil y, una vez dentro de la sede de la FGR, el abogado de Rosario Robles, Gustavo Rodríguez, declaró que fue al edificio federal para atender a las medidas cautelares que se ordenaron en vez de su retención en la prisión.
“El que nada debe nada teme, aquí estoy yo, cumpliendo como lo ordenó el Juez”, declaró Rosario Robles al salir del edificio de la FGR.
La FGR concedió a Robles la petición que ésta le hizo el 17 de agosto para seguir desde su casa el proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión por el caso de la “Estafa Maestra” y la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero le pidió al Juez el cambio de medidas cautelares y que ya no siga en prisión preventiva, “en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad”.
La propia FGR así lo reconoció durante la noche del viernes pasado: “Esta Institución valoró el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al Juez de Control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada”.
El Juez de Control Ganther Alejandro Villar Ceballos sostuvo que Robles, desde que ingresó al penal de Santa Martha, el 13 de agosto de 2019, debía seguir presa por el alto riesgo de fugarse, pero, dos días después de que la FGR se lo pidió, concedió la libertad de la exsecretaria de Estado de Peña Nieto y ahora sólo deberá ir al juzgado a firmar cada semana.
Luego de tres años presa, Rosario Robles fue liberada. Foto: Édgar Negrete, Cuartoscuro.
Ante las versiones en el sentido de que Robles Berlanga cooperó con la FGR para implicar a altos funcionarios, como el exsecretario Luis Videgaray y Peña Nieto, uno de sus abogados, que pidió no ser identificado, rechazó esa posibilidad. “Si fuera así, se habría apolillado un criterio de oportunidad que nunca cuajó”, subrayó el litigante.
Pero la FGR no sólo concedió a Robles Berlanga la solicitud para irse a su casa por razones de edad y enfermedad, lo que no supone su inocencia, sino que tampoco ejecutó contra la exfuncionaria la orden de aprehensión que obtuvo por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que también le imputa.
El Presidente López Obrador detalló que el Primer Ministro israelí le envió una carta donde expresaba su intención de cooperar; sin embargo, aseguró que “ya pasó mucho tiempo” de ese momento.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador instó al Gobierno deIsrael para que proceda con el proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Invstigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Aprovecho para enviar un recordatorio respetuoso al Gobierno de Israel: no pueden estar protegiendo a personas así. El Primer Ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta de que iban a cooperar, que iban a apoyar, pero ya pasó mucho tiempo”, dijo durante la conferencia matutina de este miércoles.
El día de ayer, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, afirmó que la extradición de Tomás Zerón “va por buen camino”, aunque la decisión final aún depende del Gobierno israelí.
“Ya está integrado todo el expediente, ya la mayor parte de información que solicitó el Gobierno de Israel, según nos ha informado la Fiscalía General de la República, ya se entregó”, dijo al ser cuestionado al respecto.
“Y nosotros, allá está el director jurídico, viendo todo lo que sea apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la República, pero yo diría que vamos por buen camino”, expuso, y reconoció que justo ahora no es posible contar con una fecha de extradición. Lo anterior, debido a que México no tiene un tratado de extradición con dicho país.
Tomás Zerón fue director de la AIC y ha sido señalado como un agente clave detrás de la “verdad histórica” junto al exprocurador Jesús Murillo Karam, recientemente detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.
¿Tomás Zerón será extraditado pronto?
Marcelo Ebrard (@m_ebrard) aseguró que ya se entregó toda la documentación necesaria al gobierno de Israel para que Zerón pueda ser extraditado, pero aún no hay fecha.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó el pasado jueves 18 de agosto que Tomás Zerón rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa para que cooperara en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas.
Dio a conocer que la Comisión de la Verdad sostuvo un encuentro con Zerón de Lucio los días 16 y 17 de febrero pasado, en la cual, le ofrecieron un “criterio de oportunidad que no aceptó”.
El Subsecretario de Gobernación detalló que la comunicación y reunión con el extitular de la AIC, quien se encuentra en Israel desde el 13 de agosto de 2019, se realizó de forma independiente al proceso de extradición que encabeza la Fiscalía General de la República, (FGR) con el acompañamiento de la SRE.
Además, aseguró que se mantenía comunicación con los abogados de Zerón de Lucio con la esperanza de que pronto puedan avanzar y concretar un acuerdo de colaboraciones y no esperar el proceso de extradición.
Con respecto al tema de extradición, Encinas dijo que desconocía los motivos por lo que se ha dilatado tanto el proceso. “Yo también quisiera saber por qué ha tardado tanto. Es un asunto que encabeza la FGR”, dijo.
El Presidente López Obrador también afirmó que existe la posibilidad de que al exprocurador se le otorgue el criterio de oportunidad por la FGR; durante la mañana de este miércoles se reanudará la audiencia inicial de Murillo Karam para saber si finalmente será vinculado a proceso.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El PresidenteAndrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que Jesús Murillo Karam, exprocurador del Gobierno de Enrique Peña Nieto, diga quién o quiénes dieron la orden para llevara cabo la fabricación de la “verdad histórica” del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Es bueno que salga todo. Los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá hablen: que todos hablen. Si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial”, dijo el mandatario durante la conferencia matutina de este miércoles.
Además, el Presidente no descartó la posibilidad de que Murillo Karam pudiera acceder al criterio de oportunidad que le otorgaría la Fiscalía General de la República (FGR).
“Sí, todos, inclusive sin acogerse: este es un asunto de dignidad. Si alguien está siendo acusado injustamente, pues tiene que hablar”, añadió.
Este miércoles a las ocho de la mañana se tiene previsto que reinicie la audiencia del exprocurador Jesús Murillo Karam, donde podría ser vinculado a proceso.
Durante la primera audiencia del sábado, que se extendió por 12 horas y donde se le dictó prisión preventiva por riesgo de fuga, los fiscales fueron regañados por el Juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, por “no estar preparados” al grado de que les advirtió “dar parte a sus superiores jerárquicos de la FGR por el desorden”.
Sin embargo, la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero ha sido cuestionada por la conducción que ha tenido en los casos del exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht; contra Rosario Robles Berlanga, por la Estafa Maestra, y por exonerar a Salvador Cienfuegos, señalado por la DEA por supuestos nexos con el narcotráfico.
Dentro del mismo caso de los estudiantes de Ayotzinapa, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sigue sin ser extraditado de Israel; a la par que persisten las dudas sobre si la Fiscalía indagará en el algún momento al Presidente Enrique Peña Nieto o al exsecretario General Cienfuegos sobre el caso.
El exprocurador Murillo Karam durante su llegada al Reclusorio Varonil Norte para ser presentando ante un Juez tras su detención. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
MURILLO KARAM SE INCULPA POR CASO AYOTZINAPA
El Presidente López Obrador aseguró durante la conferencia matutina de este lunes que Jesús Murillo Karam está preso porque “él mismo se inculpa” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando declaró que él y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, eran los responsables directos de la investigación.
“En el caso del Procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía [General de la República]… Existe la prueba, es pública, existe la conferencia de prensa, está citando lo que dijo el Procurador: ‘Nosotros somos los responsables’”, dijo.
El Jefe del Ejecutivo federal compartió que él quería dar a conocer un fragmento del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, cuando presentó el informe ante familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa “porque existe la prueba, es pública, hubo una conferencia de prensa”. “Lo que está haciendo el Fiscal es citando lo que dijo el Procurador en ese entonces: ‘Nosotros somos responsables’, dice. Y creo que se refiere al otro señor, Tomás Zerón. Son los dos que asumen la responsabilidad de acuerdo al Fiscal”, insistió.
Frente a los representantes de los medios de comunicación, recordó que toda la información sobre el caso fue investigada por la Comisión para la Verdad que se creó y que se tienen todas las pruebas.
“El informe que está en Internet, hay que leerlo, habla de los responsables y hay una relatoría de todo lo que va sucediendo día con día, quiénes intervienen y en ese informe la Comisión menciona los nombres de los responsables y ese informe con todos los anexos se presenta a la Fiscalía y ya es la Fiscalía la que está procediendo, solicitando órdenes de aprehensión al Poder Judicial, a los jueces que son los que van a impartir justicia”, precisó AMLO.
Murillo Karam fue detenido el pasado 19 de agosto al exterior de su domicilio en La Lomas de Chapultepec y después fue trasladado en un convoy de cinco camionetas pertenecientes a la FGR y a la Secretaría de Marina (Semar) desde muy temprano para el inicio de la audiencia.
Un Juez en Materia Penal de la Ciudad de México instó al director del Reclusorio Norte a que existen las condiciones óptimas para que el exprocurador Jesús Murillo Karam tenga garantías de salud y vida, a fin de evitar contraer la COVID-19; el extitular de la PGR también está amparado para no permanecer incomunicado mientras esté preso.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Un Juez de amparo concedió una suspensión de plano a Jesús MurilloKaram, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), para que reciba la atención médica necesaria, se garantice su integridad física y suvida, y se evite que esté incomunicado durante su permanencia en el Reclusorio Norte.
El Juez del Juzgado Segundo de Distrito de Amaro en Material Penal de la Ciudad de México, Antonio González García, fue la autoridad judicial que admitió que se tramitara la demanda de garantías para el exprocurador detenido el pasado viernes.
“Dado el contexto de la pandemia derivada del virus COVID-19, a efecto de garantizar su derecho a la salud y de encontrarse al quejoso en las instalaciones que ocupa el Reclusorio Norte de la Ciudad de México: El director [del Reclusorio Norte de la Ciudad de México] queda obligado a garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica [de Murillo Karam]”, dijo el Juez González García.
El exprocurador Murillo Karam arribó al Reclusorio Varonil Norte para ser presentando ante un Juez tras su detención ayer. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
El Juez de Distrito agregó que la autoridad penitenciaria deberá de ser respetuosa de la dignidad y derechos humanos de Murillo Karam durante su permanencia en el Reclusorio Norte de la capital del país, evitando que haya cualquier tipo de acto que pretenda afectar su esfera personal.
Además, fue Rosa Azucena Vargas Hernández quien presentó en nombre de Jesús Murillo Karam la petición de demanda de garantías de conversación de la vida y no estar incomunicado.
El pasado sábado, el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia determinó la prisión preventiva como medida cautelar contra Jesús Murillo Karam al considerar como válidos los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre que el exfuncionario cuenta con recursos suficientes para fugarse. La dependencia lo acusa de los delitos de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
En una audiencia de más de 12 horas, el Juez consideró que hay elementos suficientes del riesgo de fuga, pues dijo que se trata de una figura de alto perfil y que la Fiscalía entregó indicios objetivos que hacen suponer que puede abandonar el país, porque tiene vigente su pasaporte. Además, hay antecedente de que ha salido del país en vuelos privados y que cuenta con solvencia económica para hacerlo. Las altas penas de los delitos que se le imputan pueden influir en la decisión de querer huir.
Durante la audiencia en el Reclusorio Norte, la Fiscalía acusó al exprocurador Jesús Murillo Karam por delitos de tortura y de administración de la justicia –en calidad de intelectual– y hasta de desaparición forzada –en calidad de autor material– en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Por su parte, la defensa de Murillo Karam solicitó la duplicidad del término de plazo Constitucional para la audiencia de vinculación a proceso, por lo que la siguiente audiencia se realizará el próximo miércoles 24 de agosto a las 8:00 horas. Ahí se decidirá su situación jurídica. Los abogados defensores salieron sin dar declaraciones.
Los representantes legales argumentaron el mal estado de salud del exprocurador, quien tiene enfermedades crónicas como hipertensión arterial, insuficiencias vascular cerebral, y enfermedad pulmonar crónica (por fumar), para pedir que el proceso lo lleve en libertad sólo con una firma periódica y la entrega de su pasaporte para que no pueda huir del país. Pero el Juez no concedió estas medidas.
Murillo Karam fue detenido el pasado viernes al exterior de su domicilio en La Lomas de Chapultepec y después fue trasladado en un convoy de cinco camionetas pertenecientes a la FGR y a la Secretaría de Marina (Semar) desde muy temprano para el inicio de la audiencia.
A lo largo del posicionamiento, la agrupación de expertos reiteró su compromiso con los familiares de los estudiantes normalistas, la sociedad y las autoridades de México para coadyuvar a conocer la verdad completa del caso Ayotzinapa, incluyendo la búsqueda de los que aún se encuentran desaparecidos e insistiendo en la protección del debido proceso.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Después de la presentación del nuevo Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que se llevó a cabo el pasado 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió este lunes que se le permita revisar las pruebas que se integraron, y exigió que las madres y los padres de los jóvenes vean los reportes antes de hacerlos públicos.
“Conocimos el contenido del informe sólo a partir de la exposición del 18 de agosto del 2022, cuando se presentó a los padres y madres, representantes y otros integrantes de la Comisión en presencia del Presidente de México y altas autoridades del Estado. El texto completo nos fue entregado a las 9 de la noche del día 18 de agosto de 2022″, informó en un comunicado.
En el documento, el grupo saludó que “existan eventuales nuevas revelaciones en el esfuerzo de la COVAJ en la investigación del caso, quien ha puesto todo el interés y el trabajo en ello”, sin embargo, insistió en que toda la información debe ser conocida de manera previa por las madres y los padres de los estudiantes.
“Como GIEI, hemos recobrado con la COVAJ muchos de los medios de prueba que quedaron registrados en nuestro informe de marzo de 2022”, señaló. No obstante, acusó que no ha tenido acceso directo al “material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe”, por lo que no ha podido examinarlo.
Asimismo, la agrupación detalló que tampoco ha tenido acceso a los peritajes que se practicaron sobre ese material. Por ello, dio a conocer que desde la presentación de los nuevos hallazgos, solicitó el acceso no sólo a lo que se incluyó en el informe, sino a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información.
“De igual manera hemos pedido que se entreguen cuanto antes a la Fiscalía (UEILICA), tanto los mensajes, como los dispositivos de los cuales fueron extraídos. Todo ello es clave para evaluar las características, fiabilidad y calidad de la información señalada”, subrayó.
El GIEI también confirmó que en cuanto tenga acceso directo a la información y pueda analizar a profundidad el contenido del informe, compartirá sus valoraciones sobre las nuevas revelaciones que se incluyen en el texto.
Además, recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) y los fiscales son autónomos en el ejercicio de sus funciones; que el Poder Judicial es independiente, así como cada uno de los jueces, “a quienes corresponde evaluar y, en su caso, dar curso a las informaciones presentadas”.
Por último, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes aclaró que no ha participado en la redacción del informe de la Comisión para la Verdad y que no ha señalado presuntos responsables.
“Reiteramos la importancia de que estos casos avancen también en su diligencia ante las autoridades judiciales pertinentes y que, con las evidencias que se aporten a dichos procesos, puedan llevar a sentencias condenatorias donde se establezca la responsabilidad penal de los perpetradores respetando el debido proceso”, concluyó.
¿QUÉ DICE EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD?
La Comisión de la Verdad, creada para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, dijo el jueves en un informe que lo ocurrido hace ocho años fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el Ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y sabía lo que estaba ocurriendo.
Reactivó también la hipótesis de que el crimen esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión, confirmó que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida, y anunció que México le ha ofrecido a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso y prófugo en Israel, un acuerdo para que colabore con la justicia proporcionando información que pueda esclarecer los hechos.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino —Cocula— y tiró los restos a un río cercano.
Tanto los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que continúan colaborando con la investigación_, como la actual Fiscalía negaron la versión del basurero e insistieron en que los 43 no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, aunque confirmaron la identificación de tres estudiantes a través de restos óseos calcinados. Aseguraron también que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia.
Encinas subrayó que los miles de nuevos documentos analizados confirman no sólo esos puntos, sino que se trató de un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel del Gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Dijo también que el Ejército es responsable, al menos, “por acción, omisión o negligencia” en el caso porque uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien sus mandos no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación, y esa inacción iba en contra de los protocolos vigentes.
En el pasado, el Ejército ha argumentado que no actuó porque la policía estaba a cargo de la situación y no era su responsabilidad involucrarse.
La Secretaría de la Defensa no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios por parte de la AP.
El Subsecretario ofreció también datos que reavivan la hipótesis de que el tráfico de heroína que se realizaba en esa región del sur de México pudo estar en el epicentro del crimen.
El grupo de expertos internacionales pidió desde 2016 investigar esta posibilidad porque, según sus informes, la Policía Federal había bajado a los estudiantes de uno de los autobuses que los jóvenes pretendían llevarse, y escoltó ese vehículo hasta la salida de la ciudad, lo que les hacía sospechar que podía haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago, y que los estudiantes pudieran haberlo tomado por error.
México pidió información a Estados Unidos sobre este tema, pero apenas ahora se confirmó que ese autobús sin pasaje libró esa noche al menos 16 retenes que habían puesto las fuerzas federales y “nunca fue detenido”, señaló Encinas. Según mensajes interceptados a presuntos criminales posteriormente, ahí se encontraba “la mercancía”, la cual “es o droga o dinero”, agregó.
El Subsecretario anunció que ya se presentaron en la Fiscalía todos los elementos necesarios para que deslinde responsabilidades de 33 personas, entre las que hay funcionarios federales que no especificó. Lamentó también que 26 “personas clave” en la investigación han muerto o fueron “ejecutadas”.
Desde finales de 2020 el Gobierno hizo público que había 25 órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos, entre los que se encontraban militares y policías federales. Aunque hubo algunos arrestos, se desconoce cuántos siguen prófugos.
El funcionario de mayor rango conocido es Zerón, a quien México acusa de tortura y desaparición forzada. Encinas dijo que, cuando se reunieron con él en febrero para ofrecerle colaborar con la justicia, se negó, por lo que siguen los trámites para intentar su captura con fines de extradición. Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, es considerado el artífice de la versión oficial, ya totalmente desacreditada.
Este año, el grupo de expertos internacionales aseguraron en su más reciente informe que la Marina de México formó parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior, y tuvo acceso a videos con interrogatorios a 50 detenidos que confirmaron que la tortura fue una práctica sistemática. Esa información fue puesta a disposición de la Comisión de la Verdad.
Unas 140 personas han sido detenidas desde 2014 por este caso, pero la mayoría fueron excarceladas por irregularidades en sus procesos o cuando se demostró que habían sido torturadas. Sólo unas 50 siguen en prisión.
El Gobierno notificó a las familias de los 43 los hallazgos antes de hacerlos públicos y garantizó que continuarán tanto las búsquedas como el análisis de todos los restos óseos encontrados para intentar hallar información genética.
En un breve mensaje, sus abogados dijeron que, “por la dureza de lo informado” —es la primera vez que este Gobierno da por muertos a los muchachos_, los padres analizarían en profundidad el informe y pedirían la opinión de los expertos internacionales antes de fijar una postura.
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