De acuerdo con Reforma, un Tribunal Colegiado estableció en definitiva que los recursos eran federales, por lo que determinó que la única víctima fue la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende cerrar la acusación contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el presunto desvío de 250 millones de pesos, informó este martes el periódico Reforma.
De acuerdo con el reportero Víctor Fuentes, será el miércoles 17 de noviembre cuando el proyecto sea votado, el cual desecha por improcedente el amparo que el Gobierno de Javier Corral Jurado promovió para que se le reconociera como víctima.
En tanto, un Tribunal Colegiado estableció en definitiva que los recursos eran federales, por lo que determinó que la única víctima fue la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, detalló el Reforma.
Víctor Fuentes añadió en su texto que la Corte sólo revocará la sentencia de 2019, cuando en una audiencia un Juez federal permitió a la autoridad estatal argumentar su derecho a ser reconocida como víctima.
Manlio Fabio Beltrones y Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Foto: Cuartoscuro, Archivo
El reportero de Reforma agregó que con la decisión de la Corte también quedará cerrada la posibilidad de que Luis Videgaray, Secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, sean perseguidos por ese caso.
El 28 de septiembre de 2018, después de nueve meses, el exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI abandonó el estatal de Aquiles Serdán, en Chihuahua, donde estuvo preso por el presunto desvío de 250 millones de pesos a través de una triangulación desde la Secretaría de Hacienda hacia la Administración del exgobernador César Duarte y posteriormente hacia las campañas del partido tricolor en 2016.
Al ser encontrado culpable del delito de peculado, el 19 de mayo de 2020, autoridades impusieron una pena de tres años de prisión al priista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, de la cual se le iban a restar ocho meses y 25 días, que corresponden al tiempo en el que permaneció encerrado con medida cautelar.
Además, Gutiérrez fue multado por 35 mil pesos y sin monto para reparación del daño, ya que el recurso fue regresado a las arcas de la Secretaría de Hacienda estatal.
Luis Videgaray, excolaborador de Enrique Peña Nieto, en una conferencia de prensa celebrada en 2017. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro
CULPABLE DE PECULADO
El 7 de mayo de ese año, el Tribunal de Enjuiciamiento encontró los elementos para declarar al político coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez culpable del delito de peculado.
Una noche anterior, los tres jueces que integran este órgano colegiado ofrecieron sus razonamientos, y dos de ellos fallaron en contra del exsecretario.
El proceso se llevó a cabo dentro del juicio oral 22/2019 correspondiente a la causa penal 4094/2017.
El coahuilense, tras el fallo, dijo sentirse tranquilo, y adelantó que apelaría la decisión en la misma instancia local, y en su caso, recurriría posteriormente a la instancia federal en un Tribunal Colegiado.
Un Tribunal de Enjuiciamiento encontró los elementos para declarar Alejandro Gutiérrez Gutiérrez culpable del delito de peculado. Foto: Especial
Rosario Robles Berlanga, la única presa de primer nivel que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta corrupción, sigue en Santa Martha Acatitla, penal de la Ciudad de México que ha sido su hogar desde agosto de 2019.
Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Durante una entrevista telefónica con el diario español El País, María del Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, dijo que no está dispuesta a mentir para poder salir de la cárcel.
“Ha hablado de que la Fiscalía le hizo una oferta para implicar al expresidente Peña Nieto y al exsecretario Videgaray. ¿Cómo ocurrió?”, preguntó Sonia Corona, de El País, a la exfuncionaria. “El abogado me lo dijo, que si yo aportaba información que los vinculara, podía tener beneficios. Sin embargo, como yo he señalado, no estoy dispuesta a mentir para poder salir de aquí, porque al final de cuentas tienes que presentar pruebas y yo no tengo ninguna prueba que involucre a nadie. Voy a salir de aquí como soy, inocente”, le respondió.
“Era que yo informara lo relacionado con ellos y que había recibido órdenes de ellos. Y de ninguna manera fue así. No podía implicar a nadie. Porque además, insisto, no se ha logrado demostrar que exista una red de esa naturaleza”, añadió Rosario Robles, quien también estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Peña Nieto.
Rosario Robles. Foto: Cuartoscuro.
“La situación para el exdirector de Pemex Emilio Lozoya ha cambiado drásticamente en la última semana. ¿Qué opina de esto?”, preguntó la periodista a Rosario Robles. “No son casos comparables. Se comparaba por el hecho de que él, habiendo sido prófugo y una persona que había confesado estar involucrado en determinadas situaciones, al que le habían encontrado cuentas millonarias a él y a su familia en México y en el extranjero, pues evidentemente que la gente se preguntaba por qué estaba en libertad y no en la cárcel. Mi caso es totalmente distinto. Estoy acusada de una omisión. Yo no estoy acusada de haber robado nada. A mí no me han encontrado nada más. Vivo en la misma casa, no tengo propiedades, no tengo recursos. Ni aquí ni en el extranjero. No he aparecido, ni aparecí, ni apareceré en los Pandora Papers. Me regresé del extranjero para presentarme voluntariamente sin que conociera a fondo la carpeta, porque no me dieron oportunidad. Evidentemente jugó un papel central que el juez que conoció de mi caso en primera instancia era el sobrino de Dolores Padierna y actuó ahí con una venganza personal”, contestó.
SE QUEDA PRESA
Rosario Robles Berlanga, la única presa de primer nivel que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta corrupción, sigue en Santa Martha Acatitla, penal de la Ciudad de México que ha sido su hogar desde agosto de 2019. El Ministerio Público presentó nuevos alegatos en octubre para evitar su salida. Pero hoy, como ayer, la exfuncionaria federal parece retenida con alfileres.
El Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, determinó el 20 de octubre que persiste un “elevado” riesgo de que Rosario Robles se fugue, por lo que decidió que debe continuar en prisión preventiva.
La audiencia en la que se tomó esta determinación arrancó a las 5:15, luego de que la exfuncionaria fuera llevada en medio de un dispositivo de seguridad de su celda en Santa Marta a su audiencia en el Reclusorio Sur. Para la familia era el día en que ella volvería a casa. Sin embargo, el fallo no fue como lo esperaban.
Rosario Robles. Foto: Cuartoscuro.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a la prensa vía WhatssApp —debido a que la audiencia fue a puerta cerrada— cómo el Juez explicó que la revisión de medida cautelar se haría en términos del artículo 161 del Código nacional de Procedimientos Penales (CNPP), así como la “necesidad de cautela”. Ese artículo menciona que si hay una variación de las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma.
Pero hubo un cambio, y el Juez determinó que el riesgo de fuga, que se sostuvo desde agosto de 2019, continúa.
En la argumentación, el letrado dijo que el resguardo domiciliario, que es la alternativa que ofrece la defensa, le facilitaría a Rosario “los medios para abandonar el territorio”. Agregó que las cuestiones de salud no son obstáculo para que la exfuncionario permanezca en prisión, pero que cada que ella necesite alguna atención médica, puede acudir al Juez de Ejecución para solicitar medidas que ella y su defensa consideren pertinentes.
La exsecretaria de Estado de la administración de Enrique Peña Nieto se mantiene en prisión por el supuesto temor de que se dé a la fuga. La Fiscalía presentó al Juez una licencia de conducir con la que argumentaba sus temores de que escapara de su alcance. Pero en el camino, la defensa pudo comprobar que se trataba de un documento falso.
Esa licencia era lo único que mantenía a Robles Berlanga, también exjefa de Gobierno de la capital mexicana, en prisión. Y este miércoles al menos ese argumento iba a derrumbarse. Pero de última hora, nuevos alegatos de la Fiscalía brincaron temporalmente ese escollo y lograron evitar lo que habría sido una gran vergüenza para una administración que prometió combatir, como prioridad, la corrupción.
Es decir, la prisión preventiva que le fue dictada en agosto de 2019 a Robles no fue por su participación en la “Estafa Maestra”, sino por esta licencia de conducir que la FGR presentó ante un Juez para argumentar que existía un riesgo latente de fuga debido a que tenía una dirección diferente a su domicilio en Coyoacán.
Rosario Robles. Foto: Cuartoscuro.
A Robles Berlanga, titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se le acusa de uso indebido del servicio público al emplear universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos. Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace más de dos años en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.
La abogada Adriana Greaves Muñoz, de la organización TOJIL, dijo en una entrevista previa con SinEmbargo que el caso de Robles es una “simulación de justicia” al no imputarle los supuestos desvíos de recursos. “No se investigó la totalidad y se redujo a una investigación bastante sencilla de una consecuencia jurídica no relevante”, planteó.
Robles ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitó negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado. No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex imputado por el caso Odebrecht, es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa González, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, y a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos.
En meses recientes recurrió a la vía del amparo para dejar la prisión. En ese sentido, la exfuncionaria logró que un Tribunal ratificara el recurso que un juez le había concedido bajo los argumentos de que la licencia para justificar la existencia de diversos domicilios es falsa; que no existen recursos económicos ni de la inculpada ni de sus familiares, para que ésta pudiera evadir la acción de la justicia, y que está comprobado el asiento de Rosario Robles en la Ciudad de México.
El expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, quienes actualmente viven fuera de México, son mencionados en la denuncia de Emilio Lozoya por encabezar la operación de sobornos para financiar campañas y aprobar reformas en el marco del caso Odebrecht.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– El documento de 63 páginas que integra la denuncia de Emilio Lozoya Austin, preso en el Reclusorio Norte, describe presuntos actos de corrupción en torno al caso Odebrecht que fueron fraguados y ejecutados por políticos y expresidentes en los dos últimos sexenios, entre ellos dos piezas clave: Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, ambos libres y radicando fuera de México.
La denuncia, fechada el 11 de agosto de 2020, que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) baña de suciedad a varias generaciones de políticos que participaron en sobornos para avalar las reformas estructurales del sexenio de Peña Nieto y favorecer con supuestos contratos ventajosos a empresas como Grupo Higa (de Juan Armando Hinojosa Cantú), Braskem (filial de Odebrecht) y Altos Hornos de México (AHMSA), esta última del empresario Alonso Ancira, quien goza de un amparo contra la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero.
El expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, son mencionados en practicamente todo el documento por encabezar la operación de sobornos para financiar campañas y aprobar reformas.
Luis Videgaray fue Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro.
[youtube FPhfyuZCg4k]
En el documento, quien fuera director de Pemex del 4 de diciembre de 2012 al 8 de febrero de 2016, asegura que Peña Nieto y Luis Videgaray le instruyeron reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña presidencial de 2012.
“Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente”, afirma.
Además, Lozoya acusa a Peña Nieto y Luis Videgaray de pedirle usar parte del dinero para comprar votos de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) a favor de la Reforma Energética de 2013, que abrió el sector a la iniciativa privada.
En la denuncia, Lozoya nombró a los entonces senadores Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega (presidente de la Comisión de Energía), Francisco Domínguez (actual Gobernador de Querétaro) y Francisco García Cabeza de Vaca (actual Gobernador de Tamaulipas).
El expresidente Peña y Luis Videgaray son señalados por Lozoya, además de un grupo de senadores. Foto: Cuartoscuro.
También acusó a Ricardo Anaya Cortés, exdiputado federal, exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN) y excandidato presidencial en 2018.
“Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”, aseveró Lozoya.
El exjefe de Pemex indicó que Videgaray le instruyó darle 6.8 millones de pesos a Anaya para sus aspiraciones políticas en Querétaro.
Sobre estas acusaciones, Luis Videgaray Caso rompió el largo silencio durante su retiro político en Estados Unidos, donde es académico en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y en agosto de 2020 se dijo listo para atender el llamado de la autoridad para esclarecer la verdad porque no permitirá que por “venganza política” se le difame.
Ante la divulgación de un texto que, al parecer, es la denuncia que Emilio Lozoya presentó en contra mía y de otras personas, expreso aquí mis comentarios. pic.twitter.com/V9LxKBHzVE
“Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos”, escribió en una carta publicada en su cuenta de Twitter el 20 de agosto de 2020. “Es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la Reforma Energética y de su conducta como servidor público”.
EL “EXVICEPRESIDENTE” QUE RADICA EN EU
Señalado de ser uno de los artífices en casos como la desventajosa compra de plantas chatarra de Pemex, desvíos y presunta triangulación de recursos públicos, Luis Videgaray Caso (Ciudad de México, 1968), el hombre más cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, mantiene un bajo perfil desde 2019 viviendo en Cambridge, Massachusetts, donde trabaja como académico y director del Proyecto Mundial de Políticas de Inteligencia Artificial en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).
La última vez que Luis Videgaray utilizó su cuenta de Twitter fue en junio pasado, cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó para ocupar cargos públicos en los próximos 10 años por la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos.
La SFP inhabilitó por 10 años a Luis Videgaray por mentir en su declaración patrimonial. Foto: Cuartoscuro.
De acuerdo con la dependencia federal, “se ordenó en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial sobre quien fuera Secretario de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados”, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado.
Sobre este tema, Luis Videgaray aclaró que las cuentas bancarias a las que se refería la SFP eran en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha del reporte de la declaración, por lo que no se incluyeron en el apartado de “pasivos” sino en el de “observaciones y declaraciones”.
Informo sobre el comunicado emitido por la Secretaría de la Función Pública el día de hoy respecto a mi persona. pic.twitter.com/kFw5ctk9IG
Sin embargo, la SFP rebatió su explicación y aseguró que su sanción es “sólida”, pues las cuentas bancarias sí tenían saldo.
Quien fuera considerado por analistas políticos como un “vicepresidente” en los años del peñismo, también es indagado por parte de la Fiscalía General de la República, la cual informó en noviembre de 2020 que “perfecciona” la carpeta de investigación para conseguir una orden de aprehensión en su contra.
Los demás señalamientos que pesan sobre quien fuera Secretario de Hacienda (2012-2016) y de Relaciones Exteriores (2017-2018) en el sexenio de Peña Nieto no han llegado a denuncias formales y hasta el momento la única sanción que se le ha impuesto es la de la inhabilitación por 10 años por parte de la Función Pública.
PEÑA VIAJANDO POR EUROPA
El expresidente de México, Enrique Peña nieto fue expuesto en un video mientras salía con su novia de un lujoso hotel en Roma. Foto: @karenytv3, Twitter.
Desde que Enrique Peña Nieto dejó la Presidencia de México, su vida personal se hizo pública gracias a sus hijos y su novia, la modelo Tania Ruiz. El último episodio que se hizo público fue el 24 de octubre cuando una usuaria de Twitter lo grabó saliendo de un lujoso hotel en Roma, Italia.
El video causó polémica debido a que el hotel de La Ville, donde fue captado, tiene costos que van desde los 50 mil pesos por noche, de acuerdo con información de su página oficial. Cuenta con bar o lounge, estacionamiento, ofrece desayuno buffet incluido y wifi gratis en las áreas comunes, entre otras cosas.
La grabación también se viralizó porque le gritaron “ratero”.
“El ratero ya se va (…) para ser Presidente qué poco, en un taxi. Cada quien tiene lo que se merece y va ir a la cárcel, va a pagar todo”, le gritó una mujer cuando Peña Nieto abordó el taxi junto con su pareja.
Aquí está el primer video. Él estaba parado esperando su taxi cuando lo reconocí y ya no sabia cómo esconderse… solo asomaba la cabeza a mirarme que yo le decía a toda la gente que él era el expresidente de México y que es un ratero. #EnriquePeñaNieto@gabyserrarpic.twitter.com/Uyd3rM9wKZ
Pero esta no es la única vez que a Peña, quien hoy se encuentra en la mira por el caso Lozoya, se le ha visto en lugares costosos. En agosto de 2019 la revista Quién publicó imágenes del expresidente y su novia caminando de la mano por la calle principal que lleva a la Gran-Place de Bruselas.
Estos viajes costosos que Peña Nieto acostumbra también los realizó cuando era Presidente. La Unidad de Investigación de SinEmbargo documentó en una nota de la periodistas Daniela Barragán la lista completa de los viajes registrados por el Ejecutivo federal de 2013 a 2018, además de los gastos de hospedaje y alimentación, de transporte terrestre, gastos “diversos” y los de transporte aéreo.
En la solicitud de información también se pidieron las bitácoras de viaje y la lista de pasajeros de cada viaje, tanto de la tripulación como funcionarios e invitados, pero debido a que esa información la tiene el Estado Mayor Presidencial y está en “receso” se declaró imposibilitado formal y materialmente para otorgarla.
Por esa razón, la Presidencia de la República entregó sólo la información que logró recabar, que es una lista de 83 viajes en los que se detallan los gastos en dólares por un total de 16 millones 496 mil 168 dólares, aproximadamente 313 millones 427 mil 192 pesos. El viaje más costoso fue el de Nueva York, le siguen uno de seis días a Reino Unido e Irlanda, en 2015; otro de tres días también a Nueva York, en 2016, y uno más de cinco días a Londres, en 2013.
Estos viajes costosos que Peña Nieto acostumbra también los realizó cuando era Presidente. Foto: Cuartoscuro.
En esa lista de “los más caros” también están destinos como San Petersburgo, Rusia; París y Marsella en Francia; Bali, Indonesia y Australia.
Sólo en esos 10 viajes realizados de 2013 a 2016, gastó 4 millones 297 mil 730 dólares (81 millones 656 mil 870 pesos).
En cantidades generales, los gastos en transporte aéreo fueron de 9 millones 579 mil 242 dólares; en hospedaje y alimentación se pagaron 3 millones 478 mil 386 dólares; en gastos de transporte terrestre, 3 millones 283 mil 308 dólares y en gastos presentados como “diversos” de los cuales no se da ninguna especificación, la cantidad asciende a 115 mil 232 dólares.
Entre 2013 y 2016 se dio la temporada en la que más viajes hizo con un total de 66 y fue durante su primer año en la Presidencia cuando más viajó y más caras salieron esas travesías: 3 millones 571 mil 196 dólares, esto es 67 millones 852 mil 724 pesos.
Emilio Lozoya gozó durante 15 meses del privilegio de llevar su proceso en libertad con la condición de portar un brazalete electrónico, entregar su pasaporte y visa, y acudir a firmar periódicamente. Ayer esa condición cambió. El exdirector de Pemex ya no salió del Reclusorio Norte.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– Luego de meses en que se cuestionó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos fue encarcelado en el Reclusorio Norte, después de un año en el que el caso Odebrecht no ha avanzado pese a que él ha señalado ante las autoridades a más de 70 políticos en esta trama de corrupción, entre ellos al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario Luis Videgaray Caso.
El rol de Lozoya como testigo colaborador le valió múltiples críticas a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, sobre todo porque se le permitieron al exfuncionario una serie de comodidades como pasearse en restaurantes de lujo, mientras que del caso Odebrecht no se conocían mayores avances. El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “inmoral y provocador” que el extitular de la petrolera departiera en un establecimiento en las Lomas.
Este miércoles el panorama cambió para Emilio Lozoya, hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien fue funcionario durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El Juez federal José Artemio Zúñiga le dictó prisión preventiva a petición de la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex. La Fiscalía dijo que el imputado no había cumplido con ningún requisito para obtener un criterio de oportunidad por lo que solicitó el cambio de la medida cautelar.
Emilio Lozoya pisó por primera vez una sala de audiencias dentro del reclusorio desde que llegó extraditado de España, en julio de 2020. Foto: Cuartoscuro.
Por su parte, la UIF dio a conocer que hay varias investigaciones abiertas en su contra, las cuales en su momento pudieran ser judicializadas. Por lo mismo se insistió en que existía un riesgo de fuga, ya que ha demostrado tener los recursos necesarios para hacerlo.
Pese a ello, Lozoya se dijo inocente y aseguró que se está llegando a un acuerdo para reparar el daño e insistió en que él no ha tenido responsabilidad en el caso. En el pasado, ha insistido que todo el entramado de sobornos que operó fue por órdenes del expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray.
De esta manera, el exdirector de Pemex se convirtió en el segundo implicado en ser detenido por el caso Odebrecht, empresa brasileña que —de acuerdo con la acusación— le pagó sobornos millonarios cuando estaba en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en una apuesta para obtener contratos de Gobierno.
“Es muy claro que Emilio Lozoya sí es una persona que tiene riesgo de fuga porque de entrada estaba prófugo de la justicia, se había escapado ya del país, es una persona con una enorme capacidad económica incluso desde antes de estar en Pemex. Incluso el Juez lo dijo hace un año en la primera audiencia, de que le había sorprendido que no se hubiera solicitado prisión preventiva contra Lozoya. Sin embargo, la Fiscalía le da un trato privilegiado con un brazalete que le permitió ir a restaurantes de lujo a comer”, señaló en entrevista Javier Martín Reyes, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y politólogo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Hasta antes de este miércoles, la FGR sólo había procedido penalmente contra el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maur, quien desde abril está encarcelado.
Emilio Lozoya acudió la mañana de ayer a su audiencia en el Reclusorio Norte, centro penitenciario en el que fue recluido. Foto: Cuartoscuro.
Lozoya ha señalado a 70 políticos en la denuncia que presentó a su regreso a México, en julio de 2020, lo cual le permitió, mediante un criterio de oportunidad pactado con Gertz Manero, no pisar la cárcel durante 15 meses. Hasta ahora.
“Es una respuesta política porque no me parece que vaya a cambiar en mucho, por lo menos, el estatus que tenía como colaborador en un marco de oportunidad, en realidad eso no se modificó por eso más bien es una respuesta política más que un problema técnico”, expuso Luis Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales por la FLACSO México.
El especialista en investigación de la corrupción consideró que el hecho de que Lozoya vaya a prisión preventiva tampoco va a cambiar sustancialmente el panorama en el caso Odebrecht en México, porque el problema en el país es que tenemos fiscalías —la nacional como las estatales— que no investigan.
Martín Reyes agregó a su vez que de entrada hay 30 días para finalizar la investigación complementaria y ahí observa dos cosas: una, que la Fiscalía insista con seguir la acusación contra Lozoya, donde tendrá que demostrar más allá de cualquier duda razonable que Lozoya cometió alguno de los delitos que le están señalando. “Habrá qué ver si la Fiscalía tiene la capacidad para presentar un caso al Juez del proceso para que se sostenga”.
La otra, añadió, es lo que señalan los abogados de Lozoya, de que van a continuar intentando la colaboración con la Fiscalía para la aplicación del famoso criterio de oportunidad, pero para que proceda, el exfuncionario tendrá que aportar información que sea esencial y eficaz para perseguir delitos que sean más graves que los que se le imputan a él; que se comprometa a comparecer en esos otros juicios de otros exfuncionarios y a además que se repare el daño.
“Para cualquiera de esas dos cosas lo que se necesita son datos de prueba que eventualmente puedan ser presentados, de tal manera que haya pruebas para que se condene a Lozoya o a las otras personas que presuntamente participaron. Hay que decirlo: esta Fiscalía ha sido particularmente ineficaz cuando quiere perseguir este tipo de delitos. Entonces no es menor el reto que tiene la Fiscalía en frente y lo que sí parece es que perdimos mucho tiempo con un trato privilegiado a Lozoya con este primer intento de aplicar el criterio de oportunidad y hasta el momento y por lo que hemos visto, al parecer ese fue un intento o una apuesta poco exitosa”, expresó.
EL FACTOR PEÑA Y VIDEGARAY
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos. Foto: Cuartoscuro.
En agosto de 2020, Emilio Lozoya acusó ante la FGR al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray, su jefe directo, de organizar los sobornos que fueron utilizados para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de reformas estructurales.
En concreto, Lozoya aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray le instruyeron reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña de 2012.
“Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente”, afirmó en su denuncia.
Además, acusó a ambos, a Peña Nieto y a Videgaray, de pedirle usar parte del dinero para comprar votos de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) a favor de la Reforma Energética de 2013. En total, afirmó Lozoya, el grupo de legisladores de ese partido recibió 80 millones de pesos entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo.
También acusó a Ricardo Anaya, exdiputado federal, exdirigente del PAN y excandidato presidencial en 2018 de recibir 6.8 millones de pesos por instrucciones de Luis Videgaray.
“Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”, aseveró Lozoya.
Hasta el momento el Presidente Peña Nieto, quien ha sido captado fuera del país, no se ha posicionado sobre el caso.
En tanto, Luis Videgaray se ha deslindado de los señalamientos hechos por Lozoya. No obstante, la FGR ha intentado llevarlo ante un Juez sin éxito aún. El 3 noviembre del año pasado, la Fiscalía confirmó que solicitó una orden de aprehensión en su contra. Aunque dos días después, la institución dio a conocer que desistió de la demanda para presentar una nueva, en la cual serían incluidos nuevos elementos para perfeccionar la acusación y así volver a requerir una orden de captura contra el también excanciller que es señalado de cohecho, asociación delictuosa, traición a la patria y delitos electorales.
A la fecha, no se han dado a conocer públicamente más avances sobre el caso de Luis Videgaray, aunque a inicios de septiembre pasado el diario Reforma dio a conocer que la Fiscalía ha señalado un monto preciso por la llamada Reforma Energética, con el que Enrique Peña y Luis Videgaray serían acusados.
“Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, recibieron de constructora Odebrecht, sobornos por más de seis millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso”, reportó el medio que tuvo acceso a la imputación de la FGR, luego de que se diera a conocer en un amparo promovido por el exsenador panista Jorge Luis Lavalle.
El Senador Jorge Luis Lavalle era hasta ayer el único preso por el caso Odebrecht. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro.
“Peña Nieto y Luis Videgaray ¿que sean llamados a declarar?, tal vez, pero de ahí a que avance no. No veo al Presidente metiendose a esa bronca”, comentó en ese sentido Vázquez Valencia, autor del libro Corrupción y Derechos Humanos: ¿Por Dónde Comenzar La Estrategia Anticorrupción?
La denuncia de Lozoya abarcó, además, los hechos de Odebrecht durante la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa en específico, los privilegios del contrato de Etileno XXI y a Carlos Salinas de Gortari, quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.
La Fiscalía, por su parte, ha procedido contra Carlos Treviño Medina, el exdirector de Pemex con Enrique Peña Nieto, quien aseguró que la dependencia pretende que involucre a Felipe Calderón. El exfuncionario no se presentó a la audiencia, porque alegó que sería encarcelado.
Al igual que Treviño Medina, otro personaje que no acudió a su audiencia, por las mismas razones, fue Ricardo Anaya Cortés. A través de una serie de videos difundidos en sus redes sociales, el panista aseguró que el Gobierno de López Obrador busca encarcelarlo por ser un opositor, pese a que los señalamientos por presunta corrupción que lo han acompañado han provenido de sus mismos correligionarios.
LA OPACIDAD DEL CASO LOZOYA
La forma en la que autoridades habían manejado el caso de Lozoya generó incertidumbre sobre la actuación del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la República, y puso en duda si las autoridades buscaban proteger ciertos intereses.
Uno de los episodios que abonaron a las críticas en el caso fue cuando la columnista Lourdes Mendoza narró cómo Lozoya, despreocupado y en plena fiesta, comía y convivía con amigos en un lujoso restaurante.
Con estas imágenes queda en evidencia el pacto de impunidad entre @EmilioLozoyaAus y la @FGRMexico Señala a gente inocente mientras el goza de la gran vida a la q está acostumbrado. El colmo del cinismo. Con fecha y hora para que no quepa duda alguna . pic.twitter.com/8wedAWNsYd
Lourdes Mendoza contó en El Financiero que el día 9 de octubre a las 19:38 horas una fuente la contactó vía WhatsApp para informarle lo que estaba pasando en aquel restaurante: aún vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y supuestamente vigilado mediante un brazalete electrónico, Emilio Lozoya estaba comiendo el afamado pekin duck de la cocina cantonesa china.
“El problema con la salida de Lozoya a un restaurante no está en lo moral, el problema está en el uso arbitrario de este beneficio legal“, consideró en entrevista el doctor Daniel Vázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Por un lado tienes a Lozoya en una investigación que no avanza, donde no hay ninguna red desmantelada, ninguna acusación abierta y ahí lo que genera ruido es que él no está dando información útil para armar una buena carpeta de investigación. Por otro lado tenemos los casos de Rosario Robles y los académicos del Conacyt, donde la FGR usa recursos para tratar de imputarles delitos”.
Lozoya quedó preso en el Reclusorio Norte. Foto: Cuartoscuro.
Para los expertos, la indignación que generó la salida de Lozoya a un restaurante de lujo tiene que ver con el tema de la impunidad en los casos de corrupción, donde la víctima directa es la sociedad.
“Más allá de que le cambiaran el trato a Lozoya la Fiscalía tendría que analizar si esa medida cautelar fue adecuada y pertinente, porque cada vez que la FGR solicita una medida cautelar tiene que prever dos cosas: que esa medida sea idónea y adecuada. Es decir, que no generen actos de violencia para las víctimas, que en este caso es la sociedad, y que la persona imputada no se dé a la fuga”, explicó Leslie Jiménez Urzúa, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero.
Los analistas consideraron que el trabajo de la Fiscalía en este caso evidencia que en México la justicia es clasista y racista, además de la falta de rendición de cuentas.
-Con información de Daniela Barragán, Guadalupe Fuentes y Romina Gándara
Rosario Robles mencionó que no iba a inculparlos porque no existe una investigación judicial que acredite que hubo contratos al emplear universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dio a conocer que le pidieron inculpar a Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto en situaciones que calificó como totalmente falsas.
Durante una entrevista con Héctor de Mauleón para El Universal, Robles confesó que es víctima de una venganza política y presa porque personajes de afuera temen que ella esté libre, pues no le perdonan que no ha querido someterse a lo impuesto y que tampoco sea “una mala copia”, ya que mientras seguía órdenes todo estaba bien, sin embargo, cuando empezó a formar su personalidad política, eso ya no fue adecuado.
Robles expresó que hubo una propuesta explícita en la que le pedían que incriminara a personajes del sexenio anterior, sin embargo, no aceptó hacerlo, ya que no hay elementos relacionados con ella.
Rosario Robles mencionó que el régimen del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha descargado contra ella. Foto: Cuartoscuro
“Hubo una propuesta, yo no sé si directamente venía del abogado que en ese momento estaba siguiendo alguno de los casos, que me pedían concretamente que incriminara a personalidades del Gobierno anterior y yo por supuesto no estoy dispuesta a incriminar a nadie en situaciones que son absolutamente falsas. Desde luego -eran- Luis Videgaray (exsecretario de Relaciones Exteriores) y el Presidente Enrique Peña Nieto”, declaró a El Universal.
Además, afirmó que no quiso inculparlos porque no existe una investigación judicial, y solamente una periodística, que acredite que hubo contratos con triangulación de recursos hacia las universidades, como es el caso de “La Estafa Maestra”, en el que se encuentra implicada.
“Relacionados conmigo, en lo absoluto. Porque además han pasado años, y lo que hay es una investigación periodística, no una investigación judicial que acredite que hubo contratos simulados, con triangulación de recursos hacia las universidades”, comentó a dicho medio Robles.
Rosario Robles mencionó que el régimen del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha descargado contra ella solamente por dos mil pesos que no declaró y que no fueron de su propiedad, sin embargo, no se encargan de investigar e inhabilitar a todos los integrantes del Gobierno actual y exfuncionarios que se vieron relacionados con los Pandora Papers.
El pasado 20 de octubre el Ministerio Público presentó nuevos alegatos para evitar su salida y fueron admitidos por el Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien determinó que persiste un “elevado” riesgo de que Rosario Robles se fugue, por lo que decidió que debe continuar en prisión preventiva.
Mariana Moguel, hija de Robles, informó que el Juez ratificó la prisión preventiva de Rosario Robles en el penal de Santa Martha por el riesgo fuga inminente. Foto: Cuartoscuro
A pesar de que Robles comparó su caso con el de Emilio Lozoya Austin, que está libre, anteriormente el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la diferencia entre ella y el exdirector de Pemex imputado por el caso Odebrecht es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa González, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, y a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos.
Asimismo, la extitular de Sedesol explicó que seguirá con el procedimiento de acudir con una instancia legal para denunciar su caso, pues mencionó que el pueblo de México tiene derecho a saber la verdad y “yo no tengo nada qué esconder. Vamos a lo político, no sólo a lo jurídico. Lo jurídico lo seguirán mis abogados”, comentó a El Universal.
A la titular de Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se le acusa de uso indebido del servicio público al emplear universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos. Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace más de dos años en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.
Robles ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitó negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado.
Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace más de dos años en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla. Foto: Cuartoscuro
A Robles Berlanga, titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se le acusa de uso indebido del servicio público al emplear universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos. Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace más de dos años en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Rosario Robles Berlanga, la única presa de primer nivel que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta corrupción, se queda en Santa Martha Acatitla, penal de la Ciudad de México que ha sido su hogar desde agosto de 2019. El Ministerio Público presentó nuevos alegatos para evitar su salida. Pero hoy, como ayer, la exfuncionaria federal parece retenida con alfileres.
El Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, determinó este miércoles que persiste un “elevado” riesgo de que Rosario Robles se fugue, por lo que decidió que debe continuar en prisión preventiva.
La audiencia en la que se tomó esta determinación arrancó a las 5:15, luego de que la exfuncionaria fuera llevada en medio de un dispositivo de seguridad de su celda en Santa Marta a su audiencia en el Reclusorio Sur. Para la familia era el día en que ella volvería a casa. Sin embargo, el fallo no fue como lo esperaban.
Rosario Robles. Foto: Cuartoscuro.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a la prensa vía WhatssApp —debido a que la audiencia fue a puerta cerrada— cómo el Juez explicó que la revisión de medida cautelar se haría en términos del artículo 161 del Código nacional de Procedimientos Penales (CNPP), así como la “necesidad de cautela”. Ese artículo menciona que si hay una variación de las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma.
Pero hubo un cambio, y el Juez determinó que el riesgo de fuga, que se sostuvo desde agosto de 2019, continúa.
En la argumentación, el letrado dijo que el resguardo domiciliario, que es la alternativa que ofrece la defensa, le facilitaría a Rosario “los medios para abandonar el territorio”. Agregó que las cuestiones de salud no son obstáculo para que la exfuncionario permanezca en prisión, pero que cada que ella necesite alguna atención médica, puede acudir al Juez de Ejecución para solicitar medidas que ella y su defensa consideren pertinentes.
La exsecretaria de Estado de la administración de Enrique Peña Nieto se mantiene en prisión por el supuesto temor de que se dé a la fuga. La Fiscalía presentó al Juez una licencia de conducir con la que argumentaba sus temores de que escapara de su alcance. Pero en el camino, la defensa pudo comprobar que se trataba de un documento falso.
Esa licencia era lo único que mantenía a Robles Berlanga, también exjefa de Gobierno de la capital mexicana, en prisión. Y este miércoles al menos ese argumento iba a derrumbarse. Pero de última hora, nuevos alegatos de la Fiscalía brincaron temporalmente ese escollo y lograron evitar lo que habría sido una gran vergüenza para una administración que prometió combatir, como prioridad, la corrupción.
Es decir, la prisión preventiva que le fue dictada en agosto de 2019 a Robles no fue por su participación en la “Estafa Maestra”, sino por esta licencia de conducir que la FGR presentó ante un Juez para argumentar que existía un riesgo latente de fuga debido a que tenía una dirección diferente a su domicilio en Coyoacán.
Rosario Robles. Foto: Cuartoscuro.
A Robles Berlanga, titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se le acusa de uso indebido del servicio público al emplear universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos. Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace más de dos años en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.
La abogada Adriana Greaves Muñoz, de la organización TOJIL, dijo en una entrevista previa con SinEmbargo que el caso de Robles es una “simulación de justicia” al no imputarle los supuestos desvíos de recursos. “No se investigó la totalidad y se redujo a una investigación bastante sencilla de una consecuencia jurídica no relevante”, planteó.
Robles ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitó negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado. No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex imputado por el caso Odebrecht, es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa González, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, y a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos.
En meses recientes recurrió a la vía del amparo para dejar la prisión. En ese sentido, la exfuncionaria logró que un Tribunal ratificara el recurso que un juez le había concedido bajo los argumentos de que la licencia para justificar la existencia de diversos domicilios es falsa; que no existen recursos económicos ni de la inculpada ni de sus familiares, para que ésta pudiera evadir la acción de la justicia, y que está comprobado el asiento de Rosario Robles en la Ciudad de México.
Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes en América Latina. Involucra a funcionarios públicos y empresarios de 10 países. La investigación detalla cómo la constructora brasileña entregó sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- El 29 de septiembre, un juez en Estados Unidos determinó que el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) puede ser extraditado a su país para responder a la justicia por acusaciones de corrupción relacionadas con el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que durante más de dos décadas entregó a gobiernos y altos funcionarios de la región sobornos para obtener trato preferencial en licitaciones.
Toledo fue detenido en 2019 en California, donde vivía junto con su esposa, la belga Eliane Karp. Después de siete meses en prisión, pudo obtener el beneficio de arresto domiciliario, en marzo de 2020, pero la decisión del juez Thomas Hixon podría llevarlo nuevamente a prisión, ya que en Perú es acusado por la fiscalía que investiga el caso de la Lava Jato, de haber recibido 20 millones de dólares por parte de Odebrecht para que le otorgara la concesión de la carretera Interoceánica, que une Perú con Brasil.
El expresidente peruano Alejandro Toledo está a la espera de ser extraditado a su país para responder sobre el tema Odebrecht. Foto: Eduardo Muñoz Álvarez, EFE
El de Toledo es ejemplo de cómo otros países han desarrollado sus investigaciones sobre este caso que estalló en diciembre de 2016, mientras que en México, ningún ex funcionario mayor ha sido sometido a proceso a pesar de que han salido a relucir nombres de ex presidentes y ex secretarios de Estado. Las investigaciones derivaron en el arresto de expresidentes de Perú, Panamá y El Salvador.
En Brasil, donde todo empezó, 174 personas fueron condenadas, según un balance publicado por la Fiscalía en enero de este año. Gracias a estos procesos fue posible regresar al erario 765 millones de dólares. Además de que salpicó a los expresidentes Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.
En México, Emilio Lozoya Austin, ex director de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que se convirtió en testigo cooperante del Gobierno y cumple arresto domiciliario en la capital del País, se mantiene como el único “pez gordo·, que ha caído por este escándalo de corrupción.
LA LISTA DE LOS PEÑISTAS
El expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray fueron nombrados por el ex director general de Pemex. Foto: Cuartoscuro.
Lozoya Austin, hijo de un ex Secretario salinista de Energía, Emilio Lozoya Thalmann, desató indignación el fin de semana, luego que en su cuenta de Twitter, la columnista Lourdes Mendoza difundiera una serie de fotos en las que se aprecia al ahora testigo cooperante cenando con otras tres personas en el lujoso restaurante Hunan, en su sucursal de la lujosa zona de las Lomas, en la capital.
Lozoya Austin está bajo arresto domiciliario, porta un brazalete electrónico para saber su ubicación y le fue retirado su pasaporte, y a pesar de que no abandonó la Ciudad de México, como lo ordenaron las autoridades, su presencia en un sitio público causó indignación en redes sociales.
Las confesiones hechas por el ex director de la petrolera estatal a la FGR para evitar pisar la cárcel han puesto en la mesa al expresidente, Enrique Peña Nieto, y a su excanciller y exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Emilio Lozoya Austin fue captado el fin de semana en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec. Foto: Tomada de Lourdes Mendoza, Cuartoscuro
Exdirectivos de Odebrecht confesaron haber pagado en 2012 el equivalente a 50 millones de pesos en 2012 para la campaña electoral de Peña Nieto, pero Lozoya declaró que fueron 100 millones, y que el dinero fue para pagar asesores extranjeros de la campaña de Peña Nieto, según reveló ayer la FGR, según un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Sin embargo, hasta ahora, ninguno de estos ex funcionarios se ha presentado ante las autoridades para declarar sobre el tema.
El 10 de abril pasado, un juez impuso prisión preventiva para el exsenador Jorge Luis Lavalle, del Partido Acción Nacional (PAN), acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido sobornos en la trama Odebrecht.
Lavalle se convirtió en el primero en pisar la cárcel de la decena de políticos que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, denunció dentro de la trama de sobornos de la brasileña. La Fiscalía acusó al exsenador de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
El exsenador panista Jorge Luis Lavalle es el único implicado en el caso que está preso. Foto: Cuartoscuro.
Una investigación realizada por el diario El País, en julio pasado, reveló que los funcionarios señalados como parte del entramado de corrupción han logrado esquivar las acusaciones de las autoridades además de evadir el pago de sanciones administrativas impuestas por la Secretaría de la Función Pública, que de acuerdo con lo documentado por el rotativo, fueron 9 mil 814 millones de pesos a los contratistas y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) vinculados a la red de sobornos de la constructora brasileña, así como a los señalados en la compra fraudulenta de las empresas de fertilizantes Agronitrogenados y Fertinal.
“La mayor parte de los castigos, que también incluyen inhabilitaciones, se impusieron en este Gobierno bajo el mando de la depuesta secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval. La mayoría de las sanciones se encuentran envueltas en litigios en tribunales, pero hay algunas que ya agotaron el proceso legal y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha concretado el cobro de los adeudos”, detalló.
Entre los funcionarios sancionados mencionados por el diario español aparecen Marco Antonio Sierra Martínez, un extrabajador de la petrolera mexicana quien fuera residente de obra en Pemex Transformación Industrial para la Refinería Miguel Hidalgo; Luis Alberto de Meneses Weill y Gleiber José de Faría, director general y titular de Finanzas del consorcio Odebrecht, respectivamente, “quienes fueron sancionados con 1.2 millones de pesos durante el Gobierno de Peña Nieto.”
En esta Administración la dependencia multó a Edgar Torres Garrido, exdirector general de Pemex Fertilizantes y a José Manuel Carrera Panizzo, quien fue director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex.
Por primera vez, la FGR ha señalado un monto preciso por la llamada Reforma Energética depositado en Islas Vírgenes, con el que Enrique Peña y Luis Videgaray serían acusados, informó Reforma.
Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la Constructora Norberto Odebrecht sobornó con más de seis millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, a través de un depósito en Islas Vírgenes, mismo que fue retirado en efectivo, reveló esta mañana el periódico Reforma.
De acuerdo con lo publicado por el periodista Abel Barajas, por primera vez, la FGR ha señalado un monto preciso por la llamada Reforma Energética, con el que Enrique Peña y Luis Videgaray serían acusados.
“Con el objetivo principal de beneficiar a empresas trasnacionales, entre ellas la brasileña Constructora Odebrecht, ello en detrimento del patrimonio petrolero y energético que le pertenece a toda la nación mexicana, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, recibieron de constructora Odebrecht, sobornos por más de seis millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso”, se lee en Reforma, quien tuvo acceso a la imputación de la FGR.
El diario de circulación nacional recordó que la acusación se reveló el día de ayer en un amparo promovido por el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, quien se encuentra en prisión.
Por otro lado, Reforma dice hoy que en sus testimonios ante la Procuraduría de Brasil, algunos de los ejecutivos de la constructora, como Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva, refieren la cifra de seis millones de dólares para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Lozoya ha declarado que dicho dinero fue para pagar los votos de los legisladores de oposición en favor de la Reforma Energética. Por su parte, los directivos de la constructora Odebrecht manifestaron que el dinero era para ganar el contrato de un proyecto en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.
Los brasileños, según los testimonios, acordaron pagarle al exdirector de Pemex dos millones de dólares sin condiciones y los restantes cuatro millones en caso de conseguir el convenio, agrega Reforma.
No obstante, la Fiscalía afirmó que el dinero era para Enrique Peña y Luis Videgaray, y fue depositado en Islas Vírgenes.
Luis Videgaray, execretario de Relaciones Exteriores, y Enrique Peña Nieto, expresidente de México. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro.
El medio nacional menciona que efectivamente Emilio Lozoya ya tenía abiertas desde tiempo atrás dos empresas offshores en Islas Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, con una cuenta en el banco suizo Gonet et Cie, y Zecapan SA, con una cuenta en el Neue Bank AG, en el Principado de Liechtenstein.
“Cuando Odebrecht obtuvo el contrato, el 3 de diciembre de 2013, transfirió un millón de dólares a Zecapan en Islas Vírgenes y durante de los siguientes tres meses le hizo varios depósitos hasta llegar a cinco millones de dólares”, reveló Reforma.
Desde el 2018, dice Reforma, la FGR tiene información que establece que la constructora brasileña le hizo depósitos y transferencias a Lozoya por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, antes y después de ser nombrado director de Pemex.
Desde su posición de colaborador, Lozoya denunció en agosto pasado ante la FGR al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray de organizar los sobornos que fueron utilizados para para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de Reformas Estructurales.
Sin embargo, no sólo se limitó a eso: la denuncia de Lozoya también abarcó los hechos de Odebrecht durante la Presidencia de Calderón Hinojosa (2006-2012), en específico, los privilegios del contrato de Etileno XXI y a Salinas de Gortari (1988-1994), quien habría presionado para lograr contratos para su hijo. Con los datos brindados por Lozoya, los principales implicados en estos hechos serían Peña Nieto, Videgaray, Calderón, José Antonio Meade y los titulares de Pemex de ese periodo: Jesús Reyes-Heroles González-Garza y Juan José Suárez Coppel.
Además, dijo, en 2013 varios legisladores de la oposición –entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca– recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la Reforma Energética de Peña Nieto, que liberalizó el sector.
Meade y Videgaray se deslindaron de los señalamientos hechos por Lozoya. No obstante, en el caso de este último la FGR ha intentado llevarlo ante un Juez sin éxito aún. El pasado 3 noviembre, la Fiscalía confirmó que solicitó una orden de aprehensión en contra de Videgaray Caso. Aunque dos días después, la institución dio a conocer desistió de la demanda para presentar una nueva, en la cual serán incluidos nuevos elementos para perfeccionar la acusación y así volver a requerir una orden de captura contra el también excanciller que es señalado de cohecho, asociación delictuosa, traición a la Patria y delitos electorales.
Hace dos días que SinEmbargo publicó que a un año de la denuncia de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, contra 16 prominentes políticos de PRI, PAN y Morena —entre ellos los expresidentes Salinas, Calderón y Peña Nieto—, la investigación de la Fiscalía era un fiasco. Un solo implicado está en prisión: el exsenador Lavalle, y el excandidato presidencial Ricardo Anaya huyó del país antes de ser aprehendido.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– El expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, quien fuera el hombre más poderoso de su sexenio, serían acusados de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero por la Fiscalía General de la República (FGR), trascendió hoy, y son parte de la misma causa contra Ricardo Anaya Cortés.
No es la primera vez que se filtra información en ese sentido. Desde el año pasado se dijo que tanto Peña Nieto como Videgaray Caso eran personas de interés de la Fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero.
SinEmbargo publicó hace dos días que a un año de la denuncia de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra 16 prominentes políticos de PRI, PAN y Morena —entre ellos los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto—, la investigación de la Fiscalía era un fiasco. Un solo implicado está en prisión: el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, y el excandidato presidencial Ricardo Anaya huyó del país antes de ser aprehendido.
Lozoya Austin presentó una denuncia de hechos el 11 de agosto de 2020, tras ser extraditado de España. Y prácticamente a un año de haberse hecho públicos sus detalles, el sábado 21, Anaya Cortés informó que la Fiscalía pretende encarcelarlo por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en México pude haber políticos presos, “pero no presos políticos”.
López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE
Reforma dice hoy que ahora el expresidente Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda están en la mira de la Fiscalía. “La FGR tiene lista una imputación por los delitos de asociación delictuosa y cohecho, por los sobornos que entregó el exdirector de Pemex para aprobar la Reforma Energética”. Algo similar publica hoy SDP Noticias. Y el año pasado, algo muy parecido publicó Animal Político, citando sus propias fuentes.
“En abril pasado, la FGR consiguió que el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury fuese procesado por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, fallo que ratificó en junio el Magistrado José Alfonso Montalvo”, se lee en Reforma, medio que cita la imputación que se hizo contra Lavalle: “[Peña y Videgaray] forman parte de una asociación de hecho, cuyos efectos son visibles en la República Mexicana, entre abril de 2013 a agosto del 2014, con el propósito de realizar diversas conductas delictivas.
El 15 de febrero de 2020, Gertz Manero dio una entrevista a El País. “¿Está siendo investigado el expresidente Peña Nieto?”, le preguntaron.
–Nosotros tenemos un principio muy claro: la secrecía en las investigaciones que todavía no han generado molestias sobre las personas a las que se está investigando. Yo ahí cometería una falta procesal.
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
–¿No se va a frenar de investigar al expresidente? –se le insistió.
–Nosotros vamos a seguir haciendo nuestras investigaciones. No tenemos más límites que las estructuras legales y las responsabilidades penales.
–Perdone que le insista, pero es que esas razones naturales llevan a la misma persona.
–Volvemos a lo mismo –dijo el Fiscal mexicano–. Usted está haciendo su trabajo. Yo tengo que hacer el mío.
Pamela Grande, de SDP Noticias, dice esta mañana: “El Juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuente, ha encontrado elementos para señalar una presunta red delictiva entre Ricardo Anaya, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. El Juez supo sobre la acusación de la Fiscalía en la audiencia por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados realizada en abril. Ahí se desahogó que de septiembre de 2013 a agosto de 2014, altos funcionarios habrían sido parte de una red delictiva que canalizó 100 millones de pesos designados a sobornos para legisladores”.
Enrique Peña Nieto, entonces Presidente de México, y Luis Videgaray Caso, su Secretario de Relaciones Exteriores, durante el 50 aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco en 2017. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
El diario digital agrega: “Esto para aprobar la Reforma Energética que Peña Nieto promovió, mismos que habrían sido entregados a través de intermediarios en 15 movimientos diferentes”.
De acuerdo con Lozoya, la entrega de los sobornos se hizo a través de personas de su confianza, en el caso de Anaya, fue entregado por su jefe de escoltas, Norberto Gallardo durante la primera semana de agosto de 2014, recuerda SDP.
“Además, Lozoya dijo Anaya le confirmó el pago del dinero a Luis Videgaray, quien estaría enterado de las operaciones. Luego, Ricardo Anaya se dedicó a extorsionarlo, afirmó Lozoya. Norberto Gallardo a su vez, declaró que habría entregado los seis millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya en el estacionamiento de la Cámara de Diputados de parte del ‘jefe Videgaray’”.
En la entrevista con El País, se le preguntó a Gertz Manero que fuentes judiciales españolas han apuntado “que Lozoya colaboró en el blanqueo de capitales de la mafia rusa y que esta pudo haberle ayudado a moverse por Europa. ¿Qué indicios tiene de ello?”.
Imagen correspondiente al 12 de septiembre de 2013, en la cual Emilio Lozoya, quien en aquellos días estaba al frente de Pemex, y Alonso Ancira. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro
Gertz Manejo intentó no soltar datos. “Esa información sólo la pueden dar las autoridades de cada Estado. Nosotros no la tenemos, porque si la hubiéramos tenido, la tendríamos que haber documentado en el proceso y en la imputación que hicimos. Nosotros estamos planteando un asunto mexicano en el marco jurídico mexicano”.
–¿Esto es lo que parece? –le preguntaron.
–¿Qué es lo que quiere decir su pregunta? –respondió Gertz.
–Que en los últimos meses, se ha iniciado un proceso contra Rosario Robles [exsecretaria de Desarrollo con Peña Nieto]; después, Juan Collado [abogado del expresidente, hoy encarcelado en México]; ahora Emilio Lozoya. Todos tienen el mismo nexo, parece que se ha estrechado el cerco sobre el expresidente Peña Nieto.
Las declaraciones de Emilio Lozoya ante la FGR involucraron a funcionarios como Peña Nieto, Calderón y Salinas de Gortari. Foto: José Méndez, EFE
–Por razones naturales –respondió el Fiscal mexicano.
–¿Cuáles son esas razones naturales?
–Lo mismo que usted acaba de decir, hay un vínculo que los une.
LOS CASOS DE LOZOYA Y VIDEGARAY
El caso de Emilio Lozoya Austin ha provocado fuertes críticas a la Fiscalía. El exdirector de Pemex fue detenido el 12 de febrero de 2020 en España, en donde se escondía en un “paraíso” residencial para magnates. El exfuncionario peñista dejó España y fue extraditado el 17 de julio de 2020 sin que se le haya visto a la fecha. Nunca pisó la cárcel. En su lugar fue llevado al Hospital Ángeles Pedregal a causa de una supuesta anemia y síndrome de Barrett, una complicación en el esófago, expone un reportaje realizado anteriormente por el periodista Obed Rosas en SinEmbargo.
Posteriormente se daría a conocer que se apegaría a la figura de testigo colaborador, mientras los jueces de control ante los que compareció vía remota por los casos Odebrecht y la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, casos por los que fue extraditado, le otorgaron la libertad condicional a cambio de no dejar el país, de presentarse ante el Reclusorio Norte de la capital dos veces al mes y de portar un brazalete electrónico.
Desde su posición de colaborador, Lozoya denunció en agosto pasado ante la FGR al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray de organizar los sobornos que fueron utilizados para para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de Reformas Estructurales.
Sin embargo, no sólo se limitó a eso: la denuncia de Lozoya también abarcó los hechos de Odebrecht durante la Presidencia de Calderón Hinojosa (2006-2012), en específico, los privilegios del contrato de Etileno XXI y a Salinas de Gortari (1988-1994), quien habría presionado para lograr contratos para su hijo. Con los datos brindados por Lozoya, los principales implicados en estos hechos serían Peña Nieto, Videgaray, Calderón, José Antonio Meade y los titulares de Pemex de ese periodo: Jesús Reyes-Heroles González-Garza y Juan José Suárez Coppel.
Luis Videgaray, execretario de Relaciones Exteriores, y Enrique Peña Nieto, expresidente de México, durante la ceremonia en donde se presentó el “Estudio de la Política Turística de México”, realizada en la residencia oficial de Los Pinos en 2017. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
Además, dijo, en 2013 varios legisladores de la oposición –entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca– recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la Reforma Energética de Peña Nieto, que liberalizó el sector.
Meade y Videgaray se deslindaron de los señalamientos hechos por Lozoya. No obstante, en el caso de este último la FGR ha intentado llevarlo ante un Juez sin éxito aún. El pasado 3 noviembre, la Fiscalía confirmó que solicitó una orden de aprehensión en contra de Videgaray Caso. Aunque dos días después, la institución dio a conocer desistió de la demanda para presentar una nueva, en la cual serán incluidos nuevos elementos para perfeccionar la acusación y así volver a requerir una orden de captura contra el también excanciller que es señalado de cohecho, asociación delictuosa, traición a la Patria y delitos electorales.
Hasta ahora, no se han dado más avances sobre el caso de Videgaray, mientras que desde el Gobierno federal se le ha inhabilitado por 10 años a causa de inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales como funcionario público de los últimos tres años. Con Lozoya ha sucedido algo similar, aunque oficialmente la Fiscalía General de la República no ha dado cuenta de avances, la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, informó el pasado de 26 de mayo que alistaba otra denuncia por el presunto desvío de tres mil millones de pesos hacia la empresa brasileña Odebrecht y el desvío de mil 400 millones en favor de otra empresa.
De los 16 políticos señalados por Emilio Lozoya, sólo Jorge Luis Lavalle está preso, mientras que Ricardo Anaya se encuentra en el “exilio”.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– Un año después de la denuncia de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex que acusó de corrupción a 16 prominentes políticos de PRI, PAN y Morena —entre ellos los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto—, la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) es un fiasco. Un solo implicado está en presión: el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, y el excandidato presidencial Ricardo Anaya huyó del país antes de ser aprehendido.
Lozoya Austin presentó una denuncia de hechos el 11 de agosto de 2020, tras ser extraditado de España. Y prácticamente a un año de haberse hecho públicos sus detalles, el sábado 21, Anaya Cortés informó que la Fiscalía pretende encarcelarlo por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en México pude haber políticos presos, “pero no presos políticos”.
El exsenador panista Jorge Luis Lavalle es el único implicado en el caso Lozoya que está preso. Foto: Cuartoscuro.
Pero a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revisado las operaciones bancarias de todos los denunciados por Lozoya y ha presentado al menos 25 denuncias por uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y asociación delictuosa, entre otros posibles delitos, la FGR que encabeza Alejando Gertz Manero no ha podido judicializar los expedientes, salvo en el único caso de Lavalle Mauri.
Ni siquiera en el caso de Anaya la FGR ha informado si solicitó a un juez librar la orden de aprehensión en contra de ese político, a quien Lozoya señaló de haber recibido 6.8 millones de pesos cuando era Diputado federal para aprobar la Reforma Energética.
Desde que Lozoya fue extraditado, nunca ha pisado la cárcel por el acuerdo que alcanzó con la FGR para acreditar la corrupción en las altas esferas del poder político que involucra a Salinas, Calderón y Peña Nieto, así como los excandidatos presidenciales Anaya y José Antonio Meade.
En su denuncia de hechos, el exdirector de Pemex también señaló de corrupción a los exsecretarios de Hacienda de Calderón, Ernesto Cordero, y de Peña Nieto, Luis Videgaray.
Ricardo Anaya es otro de los implicados por Lozoya. Foto: Cuartoscuro.
Según la denuncia, Lozoya entregó 80 millones de pesos a senadores del PAN que incluyen a Lavalle, Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estos últimos gobernadores de Querétaro y Tamaulipas.
Los supuestos sobornos a legisladores incluyen también al presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta David Penchyna, así como los exdirectores de Pemex Carlos Treviño Medina y José Antonio González Anaya, concuño de Carlos Salinas.
A Salinas de Gortari, Lozoya lo acusó de presionar a funcionarios de Pemex para indemnizar con 15 millones de dólares a la empresa “Trese”, relacionada con su hijo Emiliano.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador habla acerca del caso Lozoya en una conferencia matutina. Foto: Cuartoscuro.
Al panista Calderón, Lozoya lo denunció por favorecer ilegalmente a Braskem, filial de Odebrecht, en el contrato de abastecimiento de gas y construcción de la planta de Etileno XXI, una trama que involucra a Meade Kuribreña.
Y sobre Peña Nieto, el exdirector de Pemex lo identifica como el artífice del “aparato organizado” para la corrupción desde antes de encabezar el Gobierno de la República y cuyo operador principal es Luis Videgaray.
Contra ninguno de estos personajes ha actuado la FGR, ni siquiera contra el único político ligado a Morena, el Gobernador Miguel Barbosa, quien apoyó la reforma energética a cambio de favores para su hermano trabajador de Pemex, y menos a Javier Duarte, a quien Lozoya acusó de regalar a Peña Nieto un automóvil Ferrari.
De los 16 políticos señalados por Lozoya, sólo Lavalle está preso y Anaya en el “exilio”, impune como todos los otros catorce…
Cuatro personas cercanas al expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Ricardo Anaya Cortés son investigadas por la FGR, informó el diario Milenio. También una persona más que fue funcionario en los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los operadores del expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Ricardo Anaya Cortés, informó el diario Milenio.
De acuerdo con el periodista José Antonio Belmont, quien tuvo acceso a un documento de la FGR, las investigaciones derivan de la denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Los nombres de los operadores cercanos a Enrique Peña y que ahora son investigados son Roberto Padilla Domínguez y José Antero Rodarte Cordero, quienes durante el Gobierno de Peña Nieto fungieron como Secretario Técnico del Gabinete y titular de la Unidad de Apoyo a la Presidencia, respectivamente.
En el caso de los cercanos a Luis Videgaray, las indagaciones se centran en Álvaro Rivera, quien fue identificado por la FGR como colaborador en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante su gestión, pero sobre todo su operador en diversos temas.
El expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray. Foto: Cuartoscuro.
La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, también indaga a Osiris Hernández Peña, quien fue secretario particular de Ricardo Anaya cuando él era Diputado federal y posteriormente se convirtió en Secretario Técnico de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados cuando el panista ocupó este cargo.
De las cuatro personas investigadas, Osiris Hernández es el único que fue denunciado por el exdirector de Pemex, en agosto de 2020.
Además de estos cuatro operadores, agrega Milenio, la FGR también investiga al priista Rogelio Gasca Neri, quien fuera consejero de Pemex durante la aprobación de la Reforma Energética y también funcionario en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.
Una persona cercana a Ricardo Anaya es investigada por la FGR. Foto: Cuartoscuro.
La FGR ha solicitado información a diversas autoridades federales, incluido el Centro de Planeación, Análisis, e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), así como estatales, legislativas, y de Pemex, a fin de conocer, entre otros, los antecedentes laborales, patrimoniales, y ubicación de domicilios de estas cinco personas, detalla Milenio.
Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía de Enrique Peña Nieto, ha sido vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito sumándose así a la lista de funcionarios del Gobierno pasado con cuentas pendientes ante la justicia.
–Con información de Guadalupe Fuentes
Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– Ildefonso Guajardo, uno de los artífices del peñismo de las negociaciones del T-MEC, enfrenta acusaciones de dinero mal habido, sumándose así a una lista de exfuncionarios de la administración pasada que enfrentan señalamientos ante la justicia como Rosario Robles y Emilio Lozoya. También hay otros nombres como el de Luis Videgaray y el General Salvador Cienfuegos, quienes han podido librar, hasta ahora, los señalamientos en su contra.
El exsecretario de Economía fue vinculado a proceso la tarde del viernes por el presunto delito de enriquecimiento ilícito debido, según informó la FiscalíaGeneral de la República (FGR). Fue a solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) que el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, de la Ciudad de México, inició el proceso contra Guajardo, quien —según la acusación— durante los años 2014 a 2018 “probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen”.
Guajardo explicó en una entrevista con W Radio, que la investigación se explica por una transferencia de 300 mil dólares que recibió en una cuenta de Washington, D.C., que él tiene por haber sido funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI). El exsecretario de Economía indicó que la cifra total investigada es de 9 millones, aunque no aclaró si son dólares o pesos mexicanos.
El ahora Diputado del PRI electo deberá firmar de manera periódica y no podrá abandonar el país, según la FGR, que tendrá cuatro meses para la investigación complementaria.
Su caso suma así a los de Rosario Robles, extitular de la Sedesol y Sedatu, la única integrante del Gobierno pasado que está en prisión preventiva, y al de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien desde su posición como testigo colaborador ha involucrado a Luis Videgaray, excanciller y exsecretario de Hacienda, y al propio expresidente Enrique Peña Nieto en malos manejos.
Mención a parte son los señalamientos en contra del General Salvador Cienfuegos, quien fue detenido y acusado en Estados Unidos de narcotráfico. Luego de la intervención del Gobierno mexicano, el exsecretario de la Defensa Nacional llegó al país sin cargos, y aunque la FGR inició investigación, concluyó la misma al no encontrar pruebas para procesarlo.
Para 2018, último año del sexenio de Peña Nieto, Ildefonso Guajardo percibió 2 millones 130 mil 610.17 pesos correspondiente al salario de 11 meses. Foto: Moisés Pablo.
LA OPACIDAD DE GUAJARDO
Una revisión realizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo a las declaraciones patrimoniales que Ildefonso Guajardo presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante el sexenio pasado, arrojó algunos datos sobre su riqueza.
Por ejemplo, a inicios del sexenio pasado, ya tenía dos casas, dos departamentos y un terreno pagados de contado. En mayo de 2018, declaró tener la misma cantidad de bienes muebles (sin contar una casa heredada que dejó de declarar en 2017). También tenía tres vehículos –que vendió a lo largo de los años– y diversas obras de arte y muebles que, hasta 2015, estaban valorados en 1.8 millones de pesos.
Guajardo Villarreal sólo declaró los montos de sus posesiones, en 2015, por un total de 19.2 millones de pesos.
Sobre el salario devengado por el exsecretario de Economía, los datos arrojaron que de 2012 a 2018, Guajardo percibió un ingreso anual neto aproximado de 13 millones 920 mil 243.17 pesos.
De acuerdo con datos del portal Declaranet, Ildefonso Guajardo ganó 168 mil 123 pesos en el año 2012, cuando llevaba un mes en su cargo de Secretario de Economía. Para el segundo año percibió más: 2 millones 331 mil 177 pesos.
En los años 2014 y 2015, el sueldo anual del exfuncionario disminuyó ligeramente: 2 millones 228 mil 709 pesos y 2 millones 216 mil 317 pesos, respectivamente.
En el año 2016 Guajardo percibió un total de 2 millones 397 mil 554 pesos y para 2017 se llevó 2 millones 447 mil 753 pesos.
Para 2018, último año del sexenio de Peña Nieto, el exfuncionario percibió 2 millones 130 mil 610.17 pesos correspondiente al salario de 11 meses, esto debido a que en la declaración de 2019, que corresponde al ejercicio fiscal de 2018, Guajardo decidió no hacer públicos sus ingresos anuales netos como Secretario de Economía.
LOZOYA, TESTIGO COLABORADOR
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue detenido el 12 de febrero de 2020 en España, en donde se escondía en un “paraíso” residencial de magnates. Emilio Lozoya dejó España y fue extraditado el 17 de julio de 2020, sin que se le haya visto a la fecha ya que nunca pisó prisión y en su lugar fue llevado al Hospital Ángeles Pedregal a causa de una supuesta anemia y síndrome de Barrett, una complicación en el esófago.
Posteriormente se daría a conocer que se apegaría a la figura de testigo colaborador, mientras los jueces de control ante los que compareció vía remota por los casos Odebrecht y la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, por los que fue extraditado, le otorgaron la libertad condicional a cambio de no dejar el país, de presentarse ante el Reclusorio Norte de la capital dos veces al mes y de portar un brazalete electrónico.
Desde su posición de colaborador, Lozoya denunció en agosto pasado ante la FGR al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de organizar los sobornos que fueron utilizados para para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de Reformas Estructurales.
Emilio Lozoya denunció ante la FGR al Presidente Peña Nieto. Foto. Cuartoscuro.
Sin embargo, no sólo se limitó a eso: la denuncia de Lozoya también abarcó los hechos de Odebrecht durante la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), en específico, los privilegios del contrato de Etileno XXI y a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.
Con los datos brindados por Lozoya, los principales implicados en estos hechos serían Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Felipe Calderón, José Antonio Meade y los titulares de Pemex de ese periodo: Jesús Reyes-Heroles González-Garza y Juan José Suárez Coppel.
Además, dijo que en 2013 varios legisladores de la oposición –entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca– recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la Reforma Energética de Peña Nieto, que liberalizó el sector.
José Antonio Meade y Luis Videgaray se deslindaron de los señalamientos hechos por Lozoya. No obstante, en el caso de este último la FGR ha intentado llevarlo ante un Juez sin éxito aún.
Luis Videgaray se encuentra en la mira de la FGR. Foto: Cuartoscuro.
LAS CUENTAS PENDIENTES DE VIDEGARAY
El pasado 3 noviembre, la Fiscalía confirmó que solicitó una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray Caso. Aunque dos días después, la institución dio a conocer desistió de la demanda para presentar una nueva, en la cual serán incluidos nuevos elementos para perfeccionar la acusación y así volver a requerir una orden de captura contra el también excanciller que es señalado de cohecho, asociación delictuosa, traición a la patria y delitos electorales.
A la fecha, no se han dado más avances sobre el caso de Luis Videgaray, mientras que desde el Gobierno federal se le ha inhabilitado por 10 años a causa de inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales como funcionario público de los últimos tres años.
Con Lozoya ha sucedido algo similar, aunque la Fiscalía no ha dado cuenta de avances, la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, informó el pasado de 26 de mayo que alistaba otra denuncia por el presunto desvío de 3 mil millones de pesos hacia la empresa brasileña Odebrecht y el desvío de mil 400 millones en favor de otra empresa.
ROBLES, EN PRISIÓN PREVENTIVA
Paralelo al caso de Emilio Lozoya y Luis Videgaray ha naufragado el de Rosario Robles Berlanga, quien fuera titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a quien se le acusa de uso indebido del servicio público en la trama conocida como la Estafa Maestra a través de la cual se emplearon a universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos.
Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace 21 meses en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.
La exfuncionaria se declaró inocente el pasado 26 de marzo de las acusaciones que se le imputan por el fraude de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos relacionado con la Estafa Maestra, mientras que la FGR busca imponerle una pena de al menos 21 años en prisión.
Rosario Robles es la única funcionaria del peñismo en prisión preventiva. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.
Su defensa ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitaron negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado.
No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos.
El pasado 24 de junio, un Juez ordenó revisar la orden que mantiene a Rosario Robles Berlanga privada de la libertad desde agosto de 2019, por lo que su situación se definirá en los próximos días.
La FGR determinó que Cienfuegos no se relacionó con narcotraficantes “ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
LA EXONERACIÓN A CIENFUEGOS
A la par de estos casos de alto perfil, la Fiscalía de la República informó el pasado 14 de enero que no ejercería acción penal en contra del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien llegó el 18 de noviembre pasado al país procedente de Estados Unidos, en donde fue detenido el 15 de octubre por narcotráfico, acusaciones que el Gobierno de Unión Americano retiraría tras una intervención de su contraparte mexicana.
A su llegada al país, la FGR realizó una investigación al general y uno de los encargados de la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto. No obstante, la Fiscalía determinó que Cienfuegos no se relacionó con narcotraficantes “ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos” por lo cual desechó las pruebas obtenidas por la agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) con las cuales se pretendía que el mando militar fuera enjuiciado.
Incluso la dependencia “transparentó” el expediente del caso, el cual lució en su mayoría testado, una situación que le valió críticas y que llevó a que se difundiera una nueva versión a inicios de este mes luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se lo ordenara.
Considerado por analistas políticos como un “vicepresidente” en los años del peñismo, Luis Videgaray Caso fue inhabilitado por la SFP para ocupar cargos públicos en los próximos 10 años, una sanción que puede ser la primera de muchas. A parte están los procesos judiciales, pues la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera mantienen investigaciones por diversos señalamientos en su contra ligados con presunta corrupción.
–Con información de Dulce Olvera y Efrén Flores
Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).– Señalado de ser uno de los artífices en casos como la desventajosa compra de plantas chatarra de Pemex, desvíos y presunta triangulación de recursos públicos, Luis Videgaray Caso sumó una acusación más en su contra por presunta corrupción: la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó por la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos.
El poderoso exfuncionario federal, a quien muchos analistas políticos veían como un vicepresidente en los años del peñismo, podría estar cada vez más cerca de ser llamado a cuentas en este sexenio, pues sobre él pesan investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por diversos señalamientos que lo ligan a presuntos actos de corrupción a raíz de una denuncia realizada por Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) quien afronta tres acusaciones en libertad.
De acuerdo con la denuncia de Lozoya Austin, Videgaray fue pieza clave en la compra de votos a legisladores para que aprobaran la Reforma Energética en el sexenio pasado.
Luis Videgaray fue Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro.
Las investigaciones que llevan a cabo la UIF y la FGR desde noviembre del año pasado son las únicas formales que el Gobierno federal realiza a Luis Videgaray (Ciudad de México, 1968), el hombre más cercano al expresidente Enrique Peña Nieto y quien desde 2019 mantiene un bajo perfil viviendo en Cambridge, Massachusetts, donde trabaja como académico y director del Proyecto Mundial de Políticas de Inteligencia Artificial en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).
Incluso la Fiscalía General de la República informó en noviembre de 2020 que “perfecciona” la carpeta de investigación para conseguir una orden de aprehensión en su contra.
Los demás señalamientos que pesan sobre quien fuera Secretario de Hacienda (2012-2016) y de Relaciones Exteriores (2017-2018) en el sexenio de Peña Nieto no han llegado a denuncias formales y hasta el momento la única sanción que se le ha impuesto es la de la inhabilitación por 10 años por parte de la Función Pública.
La SFP inhabilitó por 10 años a Luis Videgaray por mentir en su declaración patrimonial. Foto: Cuartoscuro.
De acuerdo con la dependencia, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, “se ordenó en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial sobre quien fuera Secretario de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados”, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado.
Sobre este tema, Luis Videgaray aclaró, a través de su cuenta de Twitter, que las cuentas bancarias a las que se refiere la SFP son en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha del reporte de la declaración, por lo que no se incluyeron en el apartado de “pasivos” sino en el de “observaciones y declaraciones”.
Informo sobre el comunicado emitido por la Secretaría de la Función Pública el día de hoy respecto a mi persona. pic.twitter.com/kFw5ctk9IG
Sin embargo, la SFP rebatió su explicación y aseguró que su sanción es “sólida”, pues las cuentas bancarias sí tenían saldo.
LOS SEÑALAMIENTOS COMO SECRETARIO
Luis Videgaray, economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) considerado cuna de tecnócratas, llegó al círculo más cercano de Enrique Peña Nieto desde el Gobierno en el Estado de México (2005-2011) como su Secretario de Finanzas.
El nexo fue el entonces Secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella, con quien laboró en su consultora Protego, donde reestructuraban deudas estatales. Además, el Secretario de Energía de Ernesto Zedillo, Jesús Reyes Heroles González Garza, fue sinodal de su examen profesional.
Luego llegó al Congreso como Diputado federal y hasta 2011 presidió la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Ahí, contrató como asesor al exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, quien junto con Emilio Lozoya también participó en la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.
Ya como Secretario de Hacienda, lo primero que hizo fue gestionar el Pacto por México con los dirigentes de los principales partidos de la oposición para aprobar las once reformas estructurales que continuarían la apertura económica del salinismo, entre ellas, la Energética, que abrió la puerta a la inversión privada en la producción y explotación de los hidrocarburos.
En 2014, después de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, para tratar de “apagar el incendio” iniciado por la “casa blanca”-Tren México Querétaro, a Videgaray Caso se atribuyó la decisión de nombrar en la Secretaría de la Función Pública a Virgilio Andrade, quien terminó en agosto siguiente exonerando a Peña Nieto y a su propio amigo, encontrado también por The Wall Street Journal como propietario de una casa en Malinalco comprada al contratista Armando Hinojosa.
Videgaray recibió el reconocimiento “Mejor Secretario de Finanzas del Año” por las revistas Euromoney, The Banker y América Economía. Pero de acuerdo con un seguimiento de SinEmbargo durante los tres años y nueve meses que dirigió la Secretaría de Hacienda, sus acciones desembocaron en el freno del crecimiento económico y el acelerado incremento de la deuda pública alertado por calificadoras, además de que, por los bajos precios internacionales del petróleo y la depreciación del peso, no se observaron los resultados prometidos de las reformas estructurales, sólo gasolinazos.
La corrupción y las irregularidades tuvieron diversos rostros y caminos durante el sexenio pasado y en muchos de ellos, de manera directa o indirecta, estuvo relacionado Luis Videgaray Caso, de acuerdo con diversos señalamientos de exfuncionarios que investiga el Gobierno federal.
“Tiene que ser comprobado jurídicamente pero, Videgaray fue como el cerebro de todas estas tramas de corrupción que se destaparon en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cerebro porque es una forma de tomar decisiones de Luis Videgaray, en donde confunde los intereses privados con la toma de decisiones del Gobierno”, dijo el analista político de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Enrique Toussaint en una entrevista con SinEmbargo publicada en 2019.
“Videgaray como Carlos Salinas son mentes brillantes que, definitivamente, no usaron esa brillantez y esa inteligencia para construir bien público, sino para enriquecerse y plantear una agenda transversal a la del Gobierno. Hasta donde se sabe, Videgaray tenía presencia en todas las secretarías de Estado con fines fieles a él”, dijo a su vez el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana de Puebla en otra entrevista con este medio.
El académico refirió que los miles de millones de pesos desviados durante el sexenio pasado “no se pueden entender en espacios autónomos de corrupción de mandos medios superiores hacia abajo. Los miles de millones de pesos no pudieron perderse sin el evidente conocimiento de la Secretaría de Hacienda. […] Videgaray —como muchos otros— por supuesto que lo sabía; pero también sabía cómo no dejar huellas o cómo, eventualmente, no quedar implicado en los grandes saqueos”.
En 2019, Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pidió que el Gobierno federal investigue a Videgaray y al expresidente Peña por las irregularidades en las compras de las plantas de fertilizante Agro Nitrogenados y Fertinal, entre los años 2013 y 2015.
Las actas de Pemex indican que Videgaray fue integrante del Consejo de Administración de Pemex durante 2013-2014. Y la Ley de la Empresa Productiva del Estado, en su Artículo 35 establece que, como tal, Videgaray sería “solidariamente responsable” de las irregularidades y daños que puedan ser probados, toda vez que estuviera enterado de los hechos, pero sin actuar para evitar el perjuicio y enmendar el daño.
Sin embargo, la responsabilidad de Videgaray en las irregularidades de casos como el de Pemex va más allá de su actuar como funcionario público. Antes de formar parte del Consejo de Administración de la petrolera, el exsecretario de Hacienda laboró (1998-2000) para Evercore (antes Protego). Una compañía que en 2015 fue contratada por el Gobierno federal, para valuar la compra de las plantas de Fertinal.
La vida laboral de Videgaray en Evercore no sólo fue una pieza clave para la compra de las plantas “chatarra” sino que, asimismo, hizo que Videgaray y Lozoya —quien entonces trabajaba en OHL— terminaran por conocerse y entablar una gran amistad y vínculo profesional, según las declaraciones del ex titular de Pemex, en entrevista (2012) con ADNPolítico.
A esto señalamientos se suma uno más: En 2016 habría orquestado, junto con el entonces presidente del partido tricolor, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el otrora Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, el desvío de 250 millones de pesos de las arcas estatales a los bolsillos del PRI, para los comicios federales del 1 de julio de 2018.
El escándalo de corrupción electoral surgió a raíz de una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua. En el entramado de malversación de fondos públicos también habrían estado involucradas las administraciones de Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, cuyas secretarías de Hacienda y Educación Pública participaron como excipiente de transferencia de recursos estatales al PRI.
MÁS ACUSACIONES
Pero el nombre del excanciller mexicano y su presunta relación con actos de corrupción aparece no sólo en el sexenio presidencial de Peña Nieto, sino también en su campaña.
Luis Videgaray Caso coordinó en 2012 la campaña política del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Era febrero, cinco meses antes de las elecciones y como mano derecha de Peña ya dejaba huellas en el lodo con una presunta triangulación de recursos ilícitos provenientes de una cuenta del Estado de México (Scotiabank no. 03800806935) para favorecer al PRI, de acuerdo con una denuncia pública del entonces coordinador de campaña de López Obrador, el Senador Ricardo Monreal Ávila.
Monreal también aseguró que Videgaray estaba registrado (cliente no. 123941072) como uno de los administradores de la cuenta bancaria del Gobierno mexiquense que, de febrero a junio de 2018, tuvo ingresos “inusuales” de más de 8.6 mil millones de pesos mientras que, desde 2011, dicha cuenta tuvo movimientos mensuales promedio de 153 mil pesos. Sin embargo, el rastro de los “ríos de dinero” denunciados por Monreal fue incierto pues, tan pronto como inundaban la cuenta, fluían “para tratar de comprar la Presidencia de la República”.
Como director de campaña, Luis Videgaray estuvo metido en las decisiones financieras de Peña Nieto. De acuerdo con Enrique Toussaint, “cuando se acercan inversionistas —como Odebrecht, OHL, entre otros— lo normal es que el director de campaña sepa los números, los compromisos y el costo que tiene recibir ese tipo de inversión de empresas trasnacionales”.
Las irregularidades durante la campaña política de 2012 —que surgieron a la par que el caso Monex— no pararon con la afluencia de dinero. Monreal acusó que Videgaray manejaba recursos del Estado de México a pesar de que, a partir de 2009, dejó de ser funcionario público en la entidad federativa. De ahí en adelante, hubo incongruencias administrativas que acompañaron a Videgaray en sus años de gestión como funcionario del Gobierno federal y que lo persiguen a la fecha.
Luis Videgaray está en el punto de mira del Gobierno federal desde que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, procesado por corrupción, lo implicó dentro de la trama de sobornos Odebrecht y en la compra irregular de Agronitrogenados.
Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo/EFE).– Luis Videgaray Caso, quien fuera titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, anunció este martes que impugnará la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) “por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del Gobierno federal”.
“Es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la lucha contra la corrupción que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En mi caso lo haré impugnando la resolución por la vía institucional, con pleno respeto a la Secretaría de la Función Pública y sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales”, informó en un comunicado.
El Gobierno de México inhabilitó para ejercer cargos públicos durante diez años a Luis Videgaray por falsear sus declaraciones patrimoniales, algo que el exfuncionario negó.
“El pasado mes de mayo la Secretaría de la Función Pública determinó sancionar con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis ‘V’, por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos”, dio a conocer previamente la dependencia en un comunicado.
Informo sobre el comunicado emitido por la Secretaría de la Función Pública el día de hoy respecto a mi persona. pic.twitter.com/kFw5ctk9IG
Esta infracción tuvo lugar entre 2015 y 2017, cuando Videgaray “se desempeñó en las más altas funciones del Gobierno federal”, como Secretario de Relaciones Exteriores (2017-2018) y de Hacienda y Crédito Público (2012-2016).
La Secretaría de la Función Pública, encargada de combatir la corrupción en la Administración, dijo que Videgaray fue notificado de la sanción el pasado 11 de mayo, pero no se había informado al respecto debido a las elecciones intermedias del pasado domingo.
En un comunicado firmado en Cambridge (Massachusetts, Estados Unidos), donde reside e imparte clases, Videgaray negó la acusación y explicó que fue sancionado por tarjetas de crédito sin saldo deudor que reportó en el apartado de aclaraciones en lugar del de pasivos.
“Las declaraciones son veraces, pues no se ocultaron pasivos y evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial”, expresó.
Además, el excanciller dijo que apoya “la lucha contra la corrupción que apoya el Presidente López Obrador” y, por ello, impugnará la resolución.
La Función Pública comenzó a investigar el patrimonio de Videgaray en junio de 2019 luego de conocerse “su posible participación” en la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de la petrolera estatal Pemex, la cual “ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado”.
“La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la Ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público”, detalló.
Emilio Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que Peña Nieto y Videgaray, mano derecha del expresidente, le ordenaron usar sobornos de la brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2012 y posteriormente para comprar voluntades en el Congreso a favor del Gobierno.
La dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval dio a conocer que esa sanción “es lo máximo que permite la Ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades”.
Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).– Luis Videgaray Caso, funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto, quedó inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) “por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del Gobierno federal, como Secretario de Relaciones Exteriores y como Secretario de Hacienda y Crédito Público”.
Videgaray fue considerado el cerebro de la administración 2012-2018, y se le vincula a varios de los mayores escándalos de corrupción del que ha sido considerado el sexenio más corrupto de la historia.
La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no informó sobre el hecho, a pesar de haberse dado desde el mes de mayo, por respeto al proceso electoral en curso.
“El pasado mes de mayo, la Secretaría de la Función Pública determinó sancionar con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis ‘V’, por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos”, aseguró la dependencia en un comunicado.
“El involucrado fue notificado desde el 11 de mayo, pero el anuncio correspondiente se postergó hasta hoy por respeto a la veda electoral con respecto a acciones de comunicación social de parte de la Administración Pública Federal”, explicó.
Asimismo, señaló que desde la Secretaría de la Función Pública “se ordenó en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial sobre quien fuera Secretario de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados”, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado.
“La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la Ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades”, destacó.
Videgaray Caso es economista del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actualmente es profesor en Estados Unidos. Fungió como Secretario de Relaciones Exteriores con Peña Nieto iniciando el Gobierno, del 4 de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2018. Fue un regreso al Gobierno después de haber sido despedido por las presiones que vinieron por su invitación a Donald Trump a México cuando era candidato a la Presidencia de Estados Unidos.
Antes se había desempeñado como Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Fue él quien encabezó la campaña de Peña en 2012 y luego, tras el triunfo, el equipo de transición del Presidente electo. De él fueron las negociaciones del Pacto por México, el acuerdo que provocó una serie de cambios a las leyes (“reformas estructurales”) debido a que el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador las consideró dañinas para los intereses del país.
El pasado 31 de agosto de 2016, Enrique Peña Nieto, en ese momento Presidente de México, y Donald Trump, quien era candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, ofrecieron mensaje conjunto luego de una reunión que sostuvieron en la residencia oficial de Los Pinos. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro
Videgaray hizo mucha política como Diputado federal del PRI y como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. Antes sirvió a Enrique Peña Nieto, entre 2005 a 2009, como Secretario de Finanzas del Estado de México.
De 1992 a 1994, antes de irse al Estado de México y de empezar una carrera junto a Enrique Peña Nieto, fue asesor del Secretario de Hacienda y Crédito Público Pedro Aspe Armella, quien sirvió para Carlos Salinas de Gortari. También fue asesor del Secretario de Energía en 1996 y director de Finanzas Públicas de la empresa de consultoría “Protego Asesores”, de Aspe, a la que se ha señalado por ayudar a gobernadores del PRI y del PAN a ocultar deuda pública.
Videgaray encabezó la campaña de Eruviel Ávila al Gobierno del Estado de México y fue presidente del Comité Directivo del PRI en esa entidad.
Luis Videgaray ha sido señalado por presuntos vínculos con negocios turbios de la anterior administración.
El 20 de agosto de 2020, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo a la Fiscalía General de la República (FGR) que Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, le habría facilitado la “casa blanca” al expresidente Peña Nieto, y una casa de Malinalco al exsecretario Videgaray, que desataron un escándalo político por el que se canceló el proyecto del Tren México-Querétaro.
Lozoya afirmó que Peña Nieto le reveló que la cancelación del tren se realizó para intentar ocultar el tema de las casas que fue descubierto por la Unidad de Investigación de la periodista Carmen Aristegui. Comentó que él sugirió que se dejara fuera del proyecto a Grupo Higa, pero Peña Nieto decidió “sacrificar la relación con China”.
El 31 de agosto de 2016, la excanciller Claudia Ruiz Massieu y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, escuchan el mensaje que ofrecieron Enrique Peña Nieto, quien fuera Presidente de México, y Donald Trump, excandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, luego de una reunión que sostuvieron en la residencia oficial de Los Pinos. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro
“Antes de dicho anuncio me llamó el Presidente a su habitación para informarme sobre el inminente anuncio. Yo le dije que eso significaba destruir la relación entre ambos países por lo emblemático del proyecto para el Gobierno chino. Al preguntarle la razón de la cancelación me dijo ‘es que tenemos un problema Videgaray y yo porque Higa le facilitó la casa de Malinalco a Luis y a mí me está apoyando con otra casa”.
“Ante esto, yo le sugerí simplemente excluir a Grupo Higa del proyecto, pero él prefirió sacrificar el proyecto y la relación con China, para intentar esconder el tema de las casas”, apuntó en su declaración ante la Fiscalía.
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, Hinojosa Cantú era tratado como socio por el Gobierno peñista y fue impulsado en la adjudicación de proyectos de ingeniería y obra. Sin embargo, esto cambió luego de la investigación periodística sobre la “casa blanca”.
A partir de ello, según Emilio Lozoya, Juan Armando Hinojosa comenzó a intermediar entre empresas de construcción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Pemex. Por estas intervenciones recibía comisiones de entre el dos por ciento y el cinco por ciento.
“Después de la ‘casa blanca’, Juan Amando Hinojosa se dedicó a intermediar entre empresas de construcción, SCT y Pemex. Es de mi conocimiento por voz propia de Juan Amando Hinojosa-, que (él) recibía este tipo de comisiones que, normalmente, oscilaban entre el dos y el cinco por ciento del total del costo final de las obras. Dichos montos eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y, éste, a su vez, los compartió -también en efectivo, con Enrique Peña Nieto”, expone.
Emilio Lozoya aseguró que Juan Armando Hinojosa le reveló que el expresidente lo “instruyó a hacer negocios en Pemex” para obtener recursos económicos.
Las declaraciones de Emilio Lozoya ante la FGR involucraron a funcionarios como Peña Nieto, Calderón y Salinas de Gortari. Foto: José Méndez, EFE
“En una reunión que tuve con Juan Armando Hinojosa en mis oficinas de Pemex él me relató lo dicho, diciéndome que el Presidente le había instruido a hacer negocios en Pemex para que él y Peña Nieto tuvieran liquidez. De hecho, mencionó específicamente que requería sumas cuantiosas porque estaba construyendo una ‘Egoteca’. Yo no entendía qué quería decir con esto, pero más tarde entendí que se trataba del ‘Museo del Presidente’”, dio a conocer Emilio en su confesión.
El caso Rosario Robles avanza. Han sido 17 meses en los que la Fiscalía intentó obtener de la exfuncionaria información sobre los desvíos de recursos públicos y en los que ella ha intentado defenderse. Por encima de todo, están las investigaciones de la ASF y las declaraciones de personajes cercanos a ella que refuerzan las razones por las que está desde 2019, en Santa Martha Acatitla.
Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– La carrera política de Rosario Robles Berlanga ha estado marcada por la lealtad que ha demostrado a sus cercanos, así como por los señalamientos y los vínculos con manejos irregulares de recursos que, se presume, han sido empleados para el financiamiento político. Aunado a ello, en su paso por la política, la exsecretaria de Estado también ha tenido que lidiar con traiciones, las cuales la tienen ahora en prisión, como ha señalado ella misma y su defensa.
Muna Dora Buchahin Abulhosn, exauditora que detectó los malos manejos en la administración pasada, asegura que Rosario Robles no actuó sola, que todos los desvíos detectados en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fueron estructurados desde el alto poder. Advierte que hubo complicidad en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Función Pública, desde donde decían que todo estaba solventado.
“Por supuesto que ella (Rosario) no pudo realizar estas acciones sola, todas estas acciones son intencionadas, planeadas con el fin del desvío. Hubo una red estructurada desde el alto poder. Es uno de los más altos actos de corrupción en el país”, señaló la exauditora en una entrevista con SinEmbargo. “Estaban los que fabricaban los contratos, los que buscaban los contactos, los que hacían las empresas fachada, los que en la parte del SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera encubrían, los que recibían el dinero, los bancos que permitían este tipo de acciones”.
Economista de formación, Robles dio sus primeros pasos en la política de mano del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM). Posteriormente tuvo un importante paso por las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto político del que fue presidenta nacional, con una gestión que quedó marcada por la recepción de recursos por parte del empresario argentino Carlos Ahumada, quien fuera su pareja sentimental.
Estos recursos, de acuerdo con las denuncias, tuvieron como destino a la propia Robles para el financiamiento de campañas, algo que ella siempre negó. Años después volvió a estar envuelta en otro escándalo que también implicó dinero, esta vez como Secretaria de Desarrollo Social y como Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cargos que desempeñó en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, acusaciones que hoy la tiene en prisión.
EL ENCIERRO Y LOS INTENTOS DE NEGOCIACIÓN
Rosario pasó ya año y medio presa en el Penal femenil de Santa Martha Acatitla; durante ese tiempo y a pesar de que hay otros cómplices en el esquema conocido como la “Estafa maestra”, ella ha decidido no hablar. En unas horas, en la audiencia intermedia del caso, se determinará si son suficientes y válidas las pruebas que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de ella, además de evaluarse las que presentó su defensa.
Durante este tiempo, su equipo exploró varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitaron negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado.
La defensa de Robles no quiso dar un posicionamiento sobre la situación en que se encuentra el caso. “Por el momento no estamos dando entrevistas derivado de el momento en el que se encuentra la negociación”, dijo a SinEmbargo su abogado Epigmenio Mendieta. Una respuesta similar provino del vocero de Mariana Moguel, hija de Rosario Robles: “Por el momento no habrá posicionamientos ni de la familia ni de la defensa”.
Emilio Zebadúa en una reunión con Rosario Robles el 3 de enero de 2017. Foto: Twitter @Rosario_Robles_
Parte de los elementos que mantienen a Robles en prisión provienen de las declaraciones de Emilio Zebadúa, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad. Sus señalamientos los empleó el Ministerio Público para atribuirle cargos a Robles por el desvío de recursos públicos en la llamada “Estafa Maestra”.
Los argumentos que la defensa de Rosario no ha logrado combatir fue que ella, como titular de estas dependencias, sabía de los desvíos y permitió que estos mecanismos fueran continuados, al conservar a los funcionarios que los realizaron tanto en la Sedesol como en la Sedatu.
El pasado 20 de febrero, la FGR informó al Juez Ganther Villar Ceballos que no se cumplieron los requisitos para negociar el criterio de oportunidad, con el que ella colaboraría con las autoridades para que fuera retirada la acción penal en su contra. En tanto, el procedimiento abreviado requiere que se declarara culpable para recibir una sanción mínima.
Desde el año pasado, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, dijo en una conferencia, en relación al criterio de oportunidad, que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin—ex titular de Petróleos Mexicanos, actualmente con prisión domiciliaria por caso Odebrecht y Fertinal— es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la “Estafa Maestra”.
Estas personas involucradas no serían los integrantes de su equipo en las dependencias, que están claramente detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sino a quienes se ha identificado como sus superiores: Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.
En ese sentido, Muna Dora Buchahin Abulhosn comentó que en esta audiencia intermedia tendría que haber un resarcimiento del daño y brindar información que involucre a otras personas.
“Yo no sé en qué va a acabar esto porque primero ella dijo que tenía información y que la iba a revelar y de repente hubo un silencio mortal y tampoco supimos nada del asunto de Zebadúa porque lo que él reveló tampoco era cosa cierta, yo que estuve ahí en esa ASF te puedo decir que lo que él decía que se quedaron las universidades no era cierto”, comentó.
LOS OTROS NOMBRES
El 13 de agosto de 2019, horas antes de que el Juez Jesús Delgadillo Padierna le dictara prisión preventiva y vinculación a proceso, le cuestionó a ella y a su defensa si no querían ahondar en la participación de dos políticos que fueron mencionados como posibles implicados en los delitos que se le imputaron: José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto.
Tanto ella como la defensa dijeron que no y se le acusó de uso indebido del servicio público y parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos.
Su propia defensa, horas antes, dijo ante el Juez que tanto en giras como a través de la línea roja, Rosario le informó a Peña Nieto sobre las observaciones de la Auditoría.
De ahondar en esas conversaciones, se habría debilitado la acusación de que ella permitió el sostenido desvío de recursos. Pero no ocurrió y la Fiscalía le imputó irregularidades en el manejo de cinco mil 070 millones de pesos que podrían convertirse en el pago por reparación de daño, además de los 23 años que podría pasar en prisión.
No es fortuito que Rosario haya pasado 17 meses en prisión, ya que desde que se le fincaron las acusaciones se le dio la oportunidad de hablar sobre el resto de los implicados. Ella se negó en un primer momento y hasta hace unas semanas intentó negociar con la FGR.
En estos meses no hubo declaraciones de ella contra el expresidente Enrique Peña o el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, sino que acusó a la actual administración de llevar a cabo una venganza contra ella e incluso de misoginia.
EL PASADO DE ROBLES
En el pasado, Robles actuó de manera similar en el escándalo de corrupción de Carlos Ahumada Kurtz. Rosario y su cercano colaborador Ramón Sosamontes Herreramoro, renunciaron al PRD en 2004 luego de la filtración de los llamados videoescándalos.
En uno de ellos se evidenció a Sosamontes intercambiar un maletín con un millón de dólares con Ahumada, a quien a pesar de conocer íntimamente desde inicios del milenio y ser el “cupido” entre el empresario argentino y su jefa, lo desconoció cuando fue aprehendido.
Otro de los videos mostraba a René Bejarano, en ese momento líder de la mayoría del PRD en la Asamblea Legislativa, recibiendo una gran cantidad de dinero de Carlos Ahumada para favorecer las campañas de los candidatos de su partido. Fue entonces que la bomba estalló y el escándalo persiguió no sólo al órgano político sino también a la funcionaria.
Los detractores de Robles la acusaron de fomentar la relación Bejarano-Ahumada y de usar su cercanía con éste último para otorgar “favores gubernamentales” a distintas empresas. Ella siempre lo negó y ante una posible expulsión de su partido, decidió renunciar.
En su libro Con todo el corazón, publicado en el año 2005, Rosario Robles resumió así su relación con Ahumada: “Cometí el error de relacionar lo personal con lo político”.
La “Estafa Maestra” permitió a Sedesol, Sagarpa, Economía, SCT, ISSSTE, Pemex y otras dependencias del Gobierno desviar recursos a las campañas políticas. Foto: Cuartoscuro.
EL CÍRCULO DE ROBLES
–Enrique Peña Nieto
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue quien le dio su segunda oportunidad a Rosario en la política y no con un papel menor, sino con la titularidad de la Sedesol, una de las dependencias más importantes del Gabinete federal. De manera inmediata, tras ganar la elección, Peña Nieto y Rosario presentaron la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que sería el programa social más ambicioso de esa administración.
Pero muy pronto —también— llegaron los señalamientos de irregularidades en el manejo de recursos, ya que se le acusó junto con el entonces Gobernador Javier Duarte, de desvío de recursos públicos para beneficiar electoralmente al PRI.
“Rosario, no te preocupes, hay que aguantar, porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política […] Que sigan aquellos criticando las acciones, porque a otros los ocupan las elecciones; a nosotros nos ocupa y nos compromete acabar con el hambre de México […] “hay que aguantar”, le dijo Peña Nieto a Rosario en un mitin en Chiapas en 2013.
Rosario Robles recibió, así, el respaldo del Jefe del Ejecutivo federal, a quien ha desvinculado del esquema de corrupción del que se le acusa.
–Luis Videgaray
La promesa de Robles Berlanga de entregar pruebas puso en aprietos a Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y excanciller, a quien sus abogados señalan como principal organizador de la “Estafa Maestra”.
Pero, al mismo tiempo, hay razones para dudar de la exsecretaria no sólo por su situación personal sino porque en agosto de 2019 había ofrecido decir cómo informó a “sus superiores” de lo que ella realizó, pero al final, frente al Juez, no lo hizo. Prefirió que la encarcelaran.
“Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”, dijo Robles a través de una carta.
De acuerdo con la declaración de Zebadúa, la Sedatu, junto con la Segob y la Conagua, con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda, habrían entregado 400 millones de pesos en pagos de 300 mil pesos, 400 mil pesos y hasta 10 millones de pesos para comprar terrenos aledaños al aeropuerto a personas que no acreditaron ser los propietarios de dichas tierras y aun cuando la Sedatu era justo la encargada de verificar la validez de la posesión de tierras porque tiene los archivos y expedientes agrarios de todo el país.
–Ramón Sosamontes
Ramón Sosamontes Herreramoro, exjefe de la Oficina de la Sedesol y asesor y Vocero en la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, afirmó que las acusaciones sobre su persona emitidas por Emilio Zebadúa González, extitular de la Oficialía Mayor en ambas dependencias federales, son “una novela mal contada y una gran mentira”, pues era él quien tenía la atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para mover el dinero público.
Sosamontes fue señalado por Zebadúa González de ser el encargado de contactar a los rectores de universidades públicas, a través de las cuales se realizaban las subcontrataciones para desviar recursos en la llamada “Estafa Maestra”.
Pero además, Sosamontes tiene una acusación en la Fiscalía junto con Zebadúa González por firmar siete convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones de pesos en la dos dependencias en cuestión.
Sosamontes ha mantenido un perfil bajo y en noviembre del 2020 logró una suspensión provisional de un Juez para evitar ser aprehendido a menos que sea por un delito grave que requiera prisión preventiva.
Desde el 8 de agosto de 2019, el mismo día en que se realizó la primera audiencia contra Robles, pidió el amparo 621/2019. Aunque también solicitó proteger su dinero. Ese mes sus cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El exfuncionario público también está denunciado ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) por beneficiarse con el otorgamiento de contratos a través de la empresa Sistema Guerrero Audiovisual.
–Emilio Zebadúa
Como en el caso de Sosamontes, Zebadúa es uno de los funcionarios que Robles conservó cuando se le asignaron las secretarías federales.
El equipo liderado por Zebadúa dejó en la Sedesol seis mil 558 millones 420 mil 667 pesos en duda, y así en 2015, el mismo equipo se mudó a las oficinas de la Sedatu. En su primer año de funciones la ASF encontró un posible daño al erario por cuatro mil 666 millones 536 mil 010 pesos.
Sobre los cuestionamientos por el mal manejo de recursos públicos, Robles declaró en diversas ocasiones que aunque fue la titular de ambas secretarías de Estado, hay órganos ejecutores del gasto “responsables con nombre y apellido”.El principal funcionario es el ahora aliado de la Fiscalía, Emilio Zebadúa.
De acuerdo con el manual de organización, es el encargado de hacer cumplir el código de conducta de la institución y es el que establece, junto con el titular de la dependencia, las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la programación, presupuestación y administración del personal y de todos los recursos (materiales, informáticos y financieros) de la Secretaría.
-Con información de Dulce Olvera, Guadalupe Fuentes y Obed Rosas
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
