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La comisión del caso Ayotzinapa ubica zonas donde pudieron llevar a los normalistas

sábado, agosto 27th, 2022

La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa (CoVAJ) destacó en su informe que es necesario continuar con la búsqueda de los normalistas en la ribera del Río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en la brecha Lobos y en el paraje Suriano, en Iguala; así como en las inmediaciones de Tepehuaje.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Al menos 12 regiones son las principales zonas de interés y en donde se ha concentrado parte de la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia para el Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

El anexo 8 del documento muestra un apartado titulado “¿Dónde están?”, el cual da a conocer estos sitios, identificados a partir de los testimonios de los sicarios de Guerreros Unidos y personas involucradas en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Aunque el análisis de la Comisión no precisa un dato contundente con respecto al paradero de los estudiantes, da cuenta de los principales puntos de interés para la búsqueda de los estudiantes.

Estos son: los pozos y parcelas al norte de Iguala; el basurero de Tepecoacuilco, Las Viñatas; las minas cercanas al CBTIS en Huitzuco; fosas clandestinas en Pueblo Viejo; el poblado Mezcala, en el municipio de Eduardo Neri, algunos puntos al sur de Carrizalillo; y diversos puntos en el ejido Cocula, principalmente la Barranca de la Carnicería.

El anexo del informe también presenta al menos 20 coordenadas en donde están distribuidas fosas clandestinas en Guerrero, en las que hay probabilidad de hallazgos de cuerpos, aunque no especifica que ahí puedan encontrarse los estudiantes.

En la ubicación de Tepochica, en Guerrero, la Comisión detalló al menos tres puntos de interés: una cancha de usos múltiples; una escuela de primaria, secundaria y bachillerato; y la funeraria Ángeles.

Para la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa es “necesario continuar con la búsqueda en la ribera del Río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en la brecha Lobos y en el paraje Suriano en Iguala, así como en las inmediaciones de Tepehuaje”.

Hasta el momento, detalla el documento, “no existe evidencia técnica basada en la información disponible que respalde la hipótesis de que, durante los días 26 y 27 de septiembre, los estudiantes fueron trasladados fuera del municipio de Iguala, y que se considera que es probable que fuesen retenidos en diversas casas de seguridad en ese municipio”.

No obstante, afirma que, considerando los últimos hallazgos por parte de la FGR respecto al caso, no se descarta el empleo de distintos métodos de traslado hacia otras poblaciones, pero que estos probablemente fueron en fechas posteriores al 27 de septiembre.

¿QUÉ PASÓ CON ELLOS?

“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario, todos los testimonios, evidencias, acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguezm en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el pasado 18 de agosto.

Este viernes 26 de agosto, el Subsecretario Encinas reiteró que, contrario a lo que dice la “verdad histórica” —que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula y esparcidos sus restos en el río San Juan—, la CoVAJ estableció que en muchos de los casos, debido a la magnitud de la movilización de sicarios y el número de muchachos que pretendían desaparecer, fueron reubicados en distintos puntos, entre ellos de acuerdo con los testimonios, en el Río Balsas; en el pozo de Pueblo Viejo; y la mina hacia Taxco.

Además, el funcionario señaló que al menos 10 de los estudiantes habrían sido enviados “a cocinar e incluso hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados al Coronel” José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala.

El Subsecretario también aclaró que la orden de desaparecer a los estudiantes no fue de “El Gil” –como se sostuvo en la “verdad histórica”– sino del exalcalde de Iguala, hoy detenido, José Luis Abarca, identificado en el informe como “A1”.

“A1” o Abarca, es quien ordenó en un inicio “darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque […] no quería disturbios, además de recuperar el material (el cual aparentemente venía en uno de los autobuses)”, según se desprende de este documento.

El informe también consigna que Abarca o “A1”, como se identifica en el documento, ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque pensaban que entre ellos había integrantes del grupo antagónico. Además, el documento también destaca que las instrucciones originales eran de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron “repartírselos”.

Sitios de interés para la búsqueda de los estudiantes. Foto: Informe CoVAJ

Además, confirma la versión de que los alumnos que fueron detenidos por la Policía de Iguala y llevados a la Comandancia es falsa. La información que detalla la Comisión es que los normalistas asegurados por la Policía Municipal de Iguala en Juan N. Álvarez fueron los que iban a bordo del autobús número 1568 y trasladados a su comandancia.

En tanto que los estudiantes que iban en el autobús 1531 fueron asegurados por parte de las policías municipales de Huitzuco e Iguala frente al Palacio de Justicia y que, inicialmente la detención era “solamente para darles una chinga a los estudiantes porque el ‘AI’ no quería disturbios, además de recuperar el material [droga] que supuestamente venía en uno de los autobuses”.

El informe, además, muestra un análisis de las comunicaciones que sostuvieron integrantes del grupo delictivo, Guerreros Unidos, de los halcones, sicarios, así como también de comunicaciones entre integrantes de la policía y delincuentes.

“Otro elemento que deja claro el estrecho vínculo y relación entre los policías de la región y Guerreros Unidos es el registro total de comunicaciones ocurrido el 26 y 27 de septiembre en tres policías de Iguala, Cocula y el grupo delictivo”, destaca el informe.

 

…PERO, ¿Y DÓNDE ESTÁN?

El informe de la CoVAJ presentado el jueves 18 de agosto ha sido criticado por no responder concretamente varias interrogantes que han rondado en el aire desde la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, principalmente, la pregunta: “¿Dónde están?”.

Al respecto, este viernes 26 de agosto, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reprochó durante la conferencia matutina las voces que han señalado que el informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa no tenga elementos nuevos y sea lo mismo que dice la “verdad histórica”.

El funcionario indicó que el documento hace una reconstrucción, minuto a minuto, de los estudiantes y que se ha podido determinar la forma en que se articuló el grupo de Guerreros Unidos con autoridades de Gobierno y cómo en todo momento las autoridades dieron seguimiento a los estudiantes.

Polígonos de búsqueda. Foto: Captura del Informe CoVAJ

No obstante, Encinas Rodríguez fue nuevamente cuestionado en cuanto a las observaciones de que el informe no daba claridad sobre quién dio la orden y aún queda pendiente saber dónde están los estudiantes.

“Lo acabo de decir, estamos diciendo quiénes dieron la orden. Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación”, respondió el funcionario.

Y agregó: “¿Dónde están? Pues por supuesto fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se están tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunas de las personas involucradas de que incluso fueron removidos los restos a otro lugar después de la noche de la desaparición, son los temas que estamos nosotros analizando”.

 

El informe de la CoVAJ destaca que “la investigación y la búsqueda de los estudiantes continúa” y que hasta el momento se han realizado al menos 101 acciones de búsqueda en siete municipios de Guerrero que han representado 675 jornadas de trabajo.

“De los tres años y medio que llevamos de Gobierno, en el 50 por ciento de esos días ha habido búsquedas de campo en la Sierra de Guerrero, en algunos lugares de distintas entidades, donde en estas acciones hemos tenido 17 hallazgos, 27 cuerpos recuperados, 32 indicios balísticos y prendas de vestir y números restos óseos”, dijo Encinas el 18 de agosto, durante la presentación del informe.

La “reconstrucción de los hechos” del informe de la CoVAJ establece que los estudiantes en ningún momento estuvieron juntos durante su desaparición y que la orden de desaparecerlos se dio “al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y persecución”.

Además, destaca que el grupo delictivo Guerrero Unidos actuó con “un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y con el apoyo de policías municipales y agentes del Estado”.

El exedil Abarca es identificado como “A1”, quien ordenó desaparecer a 43 normalistas

viernes, agosto 26th, 2022

José Luis Abarca fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. El Subsecretario Alejandro Encinas aclaró este día que el exalcalde de Iguala está detenido por el asesinato de ​​​​Arturo Hernández Cardona y no por el delito de desaparición.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– José Luis Abarca, el excalde de Iguala identificado como “A1” en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, junto a los dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos “en coalición con algunas otras autoridades”, dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, informó esta mañana el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

“Estamos diciendo quiénes dieron la orden (de desaparecer a los normalistas). Participa ‘A1’, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación”, comentó Encinas Rodríguez en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El informe de la Comisión del caso Ayotzinapa identifica que durante la Noche de Iguala “A1”, o a Abarca, como lo identificó Encinas, ordenó en un inicio “darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque […] no quería disturbios, además de recuperar el material (el cual aparentemente venía en uno de los autobuses)”.

Ese “material” al que se refieren, de acuerdo con distintos reportes era aparentemente droga, ya que se pensaba que entre los normalistas había supuestamente integrantes de Los Rojos, agrupación criminal en disputa con Guerreros Unidos, el grupo responsable de los hechos de violencia durante la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014.

Alejandro Encinas presentó un resumen del Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa. Foto: Gobierno de México

De acuerdo con la Comisión, “‘A1’ dio la orden de recuperar la mercancía” e instruyó: “me chingan a todos a discreción”. Posteriormente, según el mismo informe, “A1”, o a Abarca, como lo identificó Encinas, “ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben ‘quién es quién’ y se está calentando la plaza demasiado”.

“Mátalos a todos, Iguala es mío”, se lee en el informe que contrasta la información actual, con la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien enfrenta un proceso por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.

José Luis Abarca, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exalcalde de Iguala, fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en relación con la desaparición de los normalistas. Actualmente se encuentra preso en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El Subsecretario Alejandro Encinas aclaró este día que José Luis Abarca está detenido por el asesinato de ​​​​Arturo Hernández Cardona cometido el 3 de junio de 2013, cuya desaparición, reportada en un primer momento, propició que “la movilización de los estudiantes de la Normal de Ayotizinapa, que tomaron las oficinas del ayuntamiento de Iguala e incendiaron documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien finalmente apareció asesinado”.

“Ese homicidio se le atribuye al entonces presidente municipal José Luis Abarca, que está detenido justamente por este delito, no por el delito de desaparición, sino por el homicidio de Hernández Cardona. Y a partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el Alcalde y por Guerreros Unidos, de que no regresaran a esta ciudad; si no, se iban a atender a las consecuencias”, comentó Encinas Rodríguez en la conferencia de prensa de este día.

Los Abarca. Fotos: Cuartoscuro.

Abarca fue capturado junto a su esposa María de los Ángeles Pineda, quien fue ligada a los Guerreros Unidos, agrupación criminal a la que, según informaron las autoridades, pertenecían dos de sus hermanos, uno de ellos, Salomón Pineda Villa, detenido en octubre de 2014. Su otro hermano, Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, ha sido identificado como un exoperador de Arturo Beltrán Leyva, abatido en diciembre de 2009, y de cuyo cártel nació Guerreros Unidos.

Tanto José Luis Abarca como María de los Ángeles Pineda, presa en el Penal Federal Femenil de Amacuzac, han negado su participación en los hechos.

LA DESAPARICIÓN DE LOS NORMALISTAS

El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa señala que en la Noche de Iguala el grupo delictivo de Guerrero Unidos “actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado”.

En la conferencia de este viernes, el Subsecretario Alejandro Encinas destacó como parte “del análisis de contexto” del caso Ayotzinapa cómo la desaparición de los normalistas se dio “en el contexto de una disputa por la plaza para el trasiego de drogas entre el grupo de los Rojos y el grupo de Guerreros Unidos”.

Mencionó “un antecedente importante” de cómo el 10 de junio del 2014 en un retén del Ejército Mexicano la Procuraduría General de la República decomisó 107 kilogramos de heroína pura, de los cuales los elementos de la Procuraduría General de la República que hicieron este operativo sólo entregaron 24 kilogramos.

“Este dato está acreditado, incluso en un documento de la Secretaría de Gobernación que da cuenta de que la disputa por el territorio también era de disputa por el control de la droga y el robo entre estos grupos, asociado a la protección de autoridades, particularmente de la Procuraduría”, indicó.

Alejandro Encinas destacó como parte de “del análisis de contexto” del caso Ayotzinapa cómo la desaparición de los normalistas se dio “en el contexto de una disputa por la plaza para el trasiego de drogas entre el grupo de los Rojos y el grupo de Guerreros Unidos”. Foto: Gobierno de México

Por otra parte mencionó que la Normal de Ayotzinapa fue la sede de delegaciones de otras escuelas normales del país para desde ahí trasladarse a las movilizaciones con motivo del 2 de octubre a la Ciudad de México. Explicó que por ello partieron de este plantel a Chilpancingo y Tierra Colorada donde la policía federal, la policía estatal, les impidieron la toma de camiones, motivo por el cual se trasladaron Iguala para tomar otros camiones y en donde —según el testimonio de una testigo protegida— se creía que entre ellos venían personas pertenecientes al grupo delictivo de los Rojos, lo cual derivó en la agresión.

El informe de la Comisión indica que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

Como parte de la información a la que se ha allegado esta comisión ​​—la cual contradice lo dispuesto en la “verdad histórica— “las instrucciones original eran de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos (los integrantes de Guerreros Unidos) decidieron repartírselos”.

Entre los operadores de los Guerreros Unidos responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el reporte identifica a: “El Gil”, “El Negro”, “El Tilo”, “El Chino”, “El Pato” Landa y su gente, “El Chucky” y su gente, “El Cholo”, “El Chango”, “La Gorda”, “El Duvalín o “Duva”, “El Tony”, “El Pollo”, “El Cuca”, “El Feo”, “El Wasako”, “Memo”, El Moreno (cocinero de Guerreros Unidos, y “H1”, mando policial de Huitzuco.

También se da cuenta de que el día de los hechos, “seis estudiantes permanecían vivos y estaban retenidos en ‘la Bodega vieja’”. No obstante, “el 30 de septiembre ‘El Coronel’ comenta que ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes que habían quedado vivos”.

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A quien se refiere el informe, indicó esta mañana Encinas, era al entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala.

José Rodríguez Pérez tenía el grado de Coronel cuando era el comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala y al año siguiente de los hechos fue ascendido a General Brigadier, contra quien un juez libró una de las 20 órdenes de aprehensión contra militares obtenidas por la Fiscalía General de la República (FGR).

El informe ahonda que en días posteriores a la desaparición de los normalistas, “hubo una reunión con Abarca y ‘los asesores de México’ para que ellos pudieran limpiar”.

“Van a borrar evidencia… los van a mover para que no los hallen […] los licenciados y la gente de México ya tiene el circo armado”, se lee en el reporte de la Comisión, según el cual Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), detenido en Israel a la espera de ser extraditado a México, “era el que andaba mandando a limpiar”.

Juez dicta formal prisión a José Luis Abarca, ligado al caso Ayotzinapa, por delincuencia organizada

miércoles, diciembre 16th, 2020

El exalcalde del PRD se encuentra detenido en el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, Estado de México, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– Un juez federal dictó auto de formal prisión contra José Luis Abarca Velázquez, expresidente de Iguala, Guerrero, quien gobernaba el municipio cuando se registró la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Juez Enrique Vázquez Pérez, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dictó esta medida cautelar al político por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exalcalde perredista actualmente se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya, Estado de México.

El abogado de José Luis Abarca, Luis Argüellez Meraz, dijo a Milenio que promoverán un amparo por violaciones al procedimiento penal y cuando sea admitido solicitarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso.

IMPIDEN DETENCIÓN DE FAMILIARES

Tan solo en agosto, amigos y familiares de Roselia Abarca Velázquez y a Cirilo Lara Brito, hermana y cuñado del exalcalde de Iguala, evitaron que la pareja fuera detenida por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Alrededor de las 21:00 horas del miércoles, varios elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) arribaron al colegio “Benemérito de las Américas” cuyos dueños son Abarca Velázquez y Lara Brito, para cumplir una orden de aprehensión relacionada con las investigaciones contra el exalcalde igualense; empero, la turba logró quitarles a la pareja y la subieron a una camioneta. Posteriormente, la rodearon para que los agentes no pudieran llevársela.

De acuerdo con un video, uno de los hijos de la pareja argumentó que los agentes llegaron a las instalaciones e intentaron llevarse a sus padres sin presentar una orden de aprehensión, razón que motivó a la multitud a reaccionar de esa manera.
“Se presentaron como si trajeran una orden de aprehensión pero nunca la presentaron, intentaron hacer un secuestro de mis padres, no es posible López Obrador que permita que toda esta gente siga haciendo este tipo de arbitrariedades, ahora nos mandan a estos perros a buscar dinero”, dijo el sobrino de Abarca.

Tribunal Federal deja sin efecto auto de formal prisión contra Abarca, pero seguirá encerrado

martes, diciembre 8th, 2020

José Luis Abarca Velázquez era Alcalde de Iguala, Guerrero, cuando los estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos. 

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Un Tribunal federal dejó sin efecto el auto de formal prisión que se dictó contra José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala de la Independencia, Guerrero, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con información de los periódicos Milenio y El Universal.

Abarca Velázquez era alcalde del municipio guerrerense cuando más de 100 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales y supuestos integrantes del crimen organizado.

Fue una resolución de los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de acuerdo con Milenio. Pronto se deberá abrir un nuevo plazo para que se tome la declaración preparatoria del ex alcalde.

Abarca, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, fueron los primeros en ser acusados por el crimen contra los normalistas. Sin embargo, su defensa prácticamente lo ha librado de este cargo.

Si bien los hechos ocurrieron en Iguala, Guerrero, Abarca se encuentra en la Prisión de Alta Seguridad en el Estado de México. Y el expediente se encuentra en Matamoros, Tamaulipas.

En agosto de 2020, un Tribunal federal otorgó un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, con lo que se canceló un acto de forma prisión en su contra.

La decisión fue tomada por el Tercer Tribunal Colegiado en material penal del Estado de México, y confirma la sentencia del Juez Séptimo de Distrito en materia de Amparo y Juicios federales.

Pineda Villa había sido señalada por tener vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes habrían participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Tanto Abarca como su esposa sólo seguirían detenidos por el crimen contra Arturo Hernández Cardona, asesinado el 1 de junio de 2013.

Un Juez federal otorga amparo a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero; no dejará prisión

martes, agosto 25th, 2020

El Juez ordenó dejar insubsistente el auto de formal prisión y reponer el procedimiento abierto en contra del exalcalde, relacionado con la compra de 31 inmuebles por un valor que superó los ocho millones 300 mil pesos.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Un Juez federal concedió un amparo a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, mediante el cual se le repondrá su procedimiento penal y podrá volver a declarar, aunque no será liberado.

De acuerdo con la información de medios nacionales, el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en el Estado de México otorgó el recurso legal a Abarca Velázquez, pues consideró que el derecho a una debida defensa le fue negado cuando diferentes testigos declararon en su contra.

En el mismo sentido, el Juez ordenó dejar insubsistente el auto de formal prisión y reponer el procedimiento abierto en contra del exalcalde, relacionado con la compra de 31 inmuebles por un valor que superó los ocho millones 300 mil pesos.

La Fiscalía General de la República impugnó dicha resolución y el caso se turnó al Cuarto Tribunal Colegiado, donde se determinará si ratifica, modifica o revoca el amparo otorgado a Jose Luis Abarca Velázquez.

APLAZAN ORDEN DE PRISIÓN CONTRA ESPOSA DE ABARCA

Un Tribunal federal otorgó un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, con lo que se canceló un acto de forma prisión en su contra.

La decisión fue tomada por el Tercer Tribunal Colegiado en material penal del Estado de México, y confirma la sentencia del Juez Séptimo de Distrito en materia de Amparo y Juicios federales.

Pineda Villa había sido señalada por tener vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes habrían participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“La autoridad responsable deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el once de marzo de dos mil diecinueve, abra un nuevo plazo constitucional, en el que se lleve a cabo nuevamente la dirigencia atinente a la declaración preparatoria de María de los Ángeles Pineda Villa, en caso de que no existan en la causa penal los nombres y datos de identificación de los testigos colaboradores con claves ‘Mateo y ‘X’, requiera el agente del Ministerio Público de ’ la Federación que consignó la averiguación previa que dio origen el proceso penal 12/2017, de su control, para el efecto de que proporcione el nombre real y todos los datos personales de los aludidos testigos colaboradores en el lapso que se estime prudente”, aseveró el Tribunal.

A la par, solicitó al Juez Tercero de Distrito del Estado de México que “recabe nuevamente la declaración preparatorio de María de los ángeles Pineda Villa“, sobre la acusación de delincuencia organizada en su contra.

“En la inteligencia que, deberá hacérsele saber la identidad de los testigos colaborares, con nombres clave ‘Mateo’ y ‘X’, cuya identidad hasta la etapa de averiguación previa era reservada; así como cualquier otro dato, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, partido A, fracción II, constitucional, y 154 del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de que la procesa antes mencionada esté en aptitud de defenderse al respecto, todo lo anterior, con la finalidad de que la encausada no sólo conozca quién o quiénes realmente declararon en su contra, así como de los hechos concretos que se le atribuyeron, sino también pueda preparan su defensa”, añadió.

Tras ello, el Juez Tercero de Distrito determinará si nuevamente le emite un auto de formal prisión.

El pasado 18 de septiembre de 2019, el diario Milenio aseveró que Abarca y su esposa sólo se mantenían en prisión por una orden de aprehensión en su contra librada el 6 de octubre de 2019, donde se les acusa de ser presuntamente responsables de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, información que fue revelada por funcionarios federales.

Un Juez deja sin efecto el auto de formal prisión contra la esposa de Abarca, exalcalde de Iguala

lunes, agosto 24th, 2020

María de los Ángeles Pineda Villa había sido señalada por tener vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes habrían participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Un Tribunal federal otorgó un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, con lo que se canceló un acto de forma prisión en su contra.

La decisión fue tomada por el Tercer Tribunal Colegiado en material penal del Estado de México, y confirma la sentencia del Juez Séptimo de Distrito en materia de Amparo y Juicios federales.

Pineda Villa había sido señalada por tener vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes habrían participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos en octubre de 2014. Foto: Cuartoscuro.

“La autoridad responsable deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el once de marzo de dos mil diecinueve, abra un nuevo plazo constitucional, en el que se lleve a cabo nuevamente la dirigencia atinente a la declaración preparatoria de María de los Ángeles Pineda Villa, en caso de que no existan en la causa penal los nombres y datos de identificación de los testigos colaboradores con claves ‘Mateo y ‘X’, requiera el agente del Ministerio Público de ’ la Federación que consignó la averiguación previa que dio origen el proceso penal 12/2017, de su control, para el efecto de que proporcione el nombre real y todos los datos personales de los aludidos testigos colaboradores en el lapso que se estime prudente”, aseveró el Tribunal.

A la par, solicitó al Juez Tercero de Distrito del Estado de México que “recabe nuevamente la declaración preparatorio de María de los ángeles Pineda Villa“, sobre la acusación de delincuencia organizada en su contra.

“En la inteligencia que, deberá hacérsele saber la identidad de los testigos colaborares, con nombres clave ‘Mateo’ y ‘X’, cuya identidad hasta la etapa de averiguación previa era reservada; así como cualquier otro dato, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, partido A, fracción II, constitucional, y 154 del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de que la procesa antes mencionada esté en aptitud de defenderse al respecto, todo lo anterior, con la finalidad de que la encausada no sólo conozca quién o quiénes realmente declararon en su contra, así como de los hechos concretos que se le atribuyeron, sino también pueda preparan su defensa”, añadió.

Tras ello, el Juez Tercero de Distrito determinará si nuevamente le emite un auto de formal prisión.

El pasado 18 de septiembre de 2019, el diario Milenio aseveró que Abarca y su esposa sólo se mantenían en prisión por una orden de aprehensión en su contra librada el 6 de octubre de 2019, donde se les acusa de ser presuntamente responsables de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, información que fue revelada por funcionarios federales.

En esta causa penal declararon en contra de los Abarca tres testigos, los mismos a quienes les fueron invalidados por un Juez federal y un Tribunal Colegiado en Tamaulipas sus testimonios por demostrarse que fueron víctimas de tortura, de acuerdo con el reportero Ruben Mosso.

José Luis Abarca Velázquez, el exalcalde de Iguala, Guerrero, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron detenidos el 4 de noviembre de 2014. Foto: Cuartoscuro/Archivo

“Esta situación originó que el presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, de quien se afirma ordenó secuestrar y asesinar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, fuera liberado el pasado 30 de agosto, así como sus supuestos subordinados, además de 24 policías municipales”, recordó el diario.

Tanto Abarca como su esposa sólo seguirían detenidos por el crimen contra Arturo Hernández Cardona, asesinado el 1 de junio de 2013.

VIDEO: Multitud impide que FGR aprehenda a familiares de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

viernes, agosto 21st, 2020

Varios elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) arribaron al colegio cuyos dueños son Abarca Velázquez y Lara Brito para cumplir una orden de aprehensión; empero, la turba logró quitarles a la pareja y la subieron a una camioneta. Posteriormente, la rodearon para que los agentes no se la llevaran.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Amigos y familiares de Roselia Abarca Velázquez y a Cirilo Lara Brito, hermana y cuñado del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, evitaron que la pareja fuera detenida por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Alrededor de las 21:00 horas del miércoles, varios elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) arribaron al colegio “Benemérito de las Américas” cuyos dueños son Abarca Velázquez y Lara Brito, para cumplir una orden de aprehensión relacionada con las investigaciones contra el exalcalde igualense; empero, la turba logró quitarles a la pareja y la subieron a una camioneta. Posteriormente, la rodearon para que los agentes no pudieran llevársela.

De acuerdo con un video, uno de los hijos de la pareja argumentó que los agentes llegaron a las instalaciones e intentaron llevarse a sus padres sin presentar una orden de aprehensión, razón que motivó a la multitud a reaccionar de esa manera.

“Se presentaron como si trajeran una orden de aprehensión pero nunca la presentaron, intentaron hacer un secuestro de mis padres, no es posible López Obrador que permita que toda esta gente siga haciendo este tipo de arbitrariedades, ahora nos mandan a estos perros a buscar dinero”, dijo el sobrino de Abarca.

“Esa vez teníamos mucho miedo, por eso no nos defendimos […] pero ya no somos tontos, ya no somos la familia que pisotearon hace unos años de la que denunciaron muchísimos delitos que no fueron ciertos”, agregó.

José Luis Abarca era Alcalde de Iguala cuando los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada. Abarca, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, fueron los primeros en ser acusados por el crimen contra los normalistas. Sin embargo, su defensa prácticamente lo ha librado de este cargo; y en la actualidad sólo sigue detenido por el crimen contra Arturo Hernández Cardona, asesinado el 1 de junio de 2013.

El pasado 13 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió el caso y el Estado mexicano tiene tres meses para responder sobre el expediente. Sin embargo, la familia de Hernández Cardona no cuenta con medidas cautelares, a pesar de lo riesgoso del caso y a pesar de que la CIDH las emitió desde 2014.

En enero de 2013, diversas organizaciones sociales se aglutinaron en la Unidad Popular en Iguala; exigían cuestiones, como vivienda, obra social y fertilizante para campesinos. Uno de los miembros era el ingeniero Arturo Hernández Cardona, perredista, de la corriente IDN, y líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ).

Desde que la UP surgió, tuvo una relación tensa con el Alcalde. Y ya desde entonces los rumores acusaban a éste de vínculos criminales. En medio de ese, estira y afloja, el 7 de marzo de aquel año, un edil del cabildo, Justino Carvajal, fue asesinado. Carvajal era sobrino del político guerrerense Félix Salgado Macedonio, de gran relevancia no sólo local, sino nacional.

Inmediatamente después del crimen, dos patrullas de la policía municipal de Iguala, con armas de grueso calibre, se apostaron frente a las oficinas de la UPEZ, la organización de Hernández Cardona. Años más tarde, familiares de Carvajal señalarían a Abarca del crimen. Pero en esos días, el Alcalde fue quien acusó a Hernández.

Pasaron los meses y las discusiones fueron subiendo de tono. Mientras, Iguala también se descomponía. Fueron hallados narcolaboratorios, fosas; Guerreros Unidos.

-Con información de Pie de Página.

José Luis Abarca, cerca de la libertad por Ayotzinapa; sólo el asesinato de Arturo Hernández lo retiene

martes, junio 2nd, 2020

Se cumplen siete años de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial contra el activista Arturo Hernández Cardona en Guerrero. Testigos acusaron al entonces Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de ser autor material. Este es el único crimen por el que está preso Abarca; quien está por librarse de los cargos de Ayotzinapa.

Por Lydiette Carrión

Guerrero, 2 de junio (Pie de Página).– José Luis Abarca era Alcalde de Iguala cuando los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada. Abarca, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, fueron los primeros en ser acusados por el crimen contra los normalistas. Sin embargo, su defensa prácticamente lo ha librado de este cargo; y en la actualidad sólo sigue detenido por el crimen contra Arturo Hernández Cardona, asesinado el 1 de junio de 2013.

El pasado 13 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió el caso y el Estado mexicano tiene tres meses para responder sobre el expediente. Sin embargo, la familia de Hernández Cardona no cuenta con medidas cautelares, a pesar de lo riesgoso del caso y a pesar de que la CIDH las emitió desde 2014.

CRÓNICA DE UN CRIMEN DE ESTADO ANUNCIADO

En enero de 2013, diversas organizaciones sociales se aglutinaron en la Unidad Popular en Iguala; exigían cuestiones, como vivienda, obra social y fertilizante para campesinos. Uno de los miembros era el ingeniero Arturo Hernández Cardona, perredista, de la corriente IDN, y líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ).

José Luis Abarca Velázquez, el exalcalde de Iguala, Guerrero, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron detenidos el 4 de noviembre de 2014. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Desde que la UP surgió, tuvo una relación tensa con el Alcalde. Y ya desde entonces los rumores acusaban a éste de vínculos criminales. En medio de ese, estira y afloja, el 7 de marzo de aquel año, un edil del cabildo, Justino Carvajal, fue asesinado. Carvajal era sobrino del político guerrerense Félix Salgado Macedonio, de gran relevancia no sólo local, sino nacional.

Inmediatamente después del crimen, dos patrullas de la policía municipal de Iguala, con armas de grueso calibre, se apostaron frente a las oficinas de la UPEZ, la organización de Hernández Cardona. Años más tarde, familiares de Carvajal señalarían a Abarca del crimen. Pero en esos días, el Alcalde fue quien acusó a Hernández.

Pasaron los meses y las discusiones fueron subiendo de tono. Mientras, Iguala también se descomponía. Fueron hallados narcolaboratorios, fosas; Guerreros Unidos.

LA DAMA DE IGUALA

Ángeles Pineda Villa acompañaba a todos lados a su esposo. Reporteros, funcionarios la recuerdan siempre muy elegante; y también que en las reuniones de cabildo hablaba más que el propio Abarca. Era ella quien daba algunas órdenes. La describen prepotente. Muy bonita, afantasmada de tan blanca. Y muy malencarada.

En septiembre de 2009, la Secretaría de Seguridad Pública anunciaba que habían sido hallados asesinados dos operadores de los Beltrán Leyva en Morelos y Guerrero. Uno de ellos era Alberto o Antonio Pineda Villa, alias «El Borrado». El otro se llamaba Mario.

Alberto y Mario Pineda Villa eran hermanos de María de los Ángeles.

PALABRA DE MUERTE

Para el 29 de mayo de aquel año, Arturo Hernández se presentó ante el cabildo con sus compañeros de la UPEZ. Quienes estuvieron ahí refieren que las cosas se pusieron muy tensas. Abarca al final gritoneó:

José Luis Abarca en su detención el 4 de octubre del año pasado. Foto: PGR

–Dejen de estar chingando, porque yo tengo gente que me haga el trabajo.

Hernández Cardona le reviró:
–¿Para qué tienes gente, Presidente? ¿Para qué trabajo? ¿Nos vas a matar?

Ese mismo día, varios miembros de la UPEZ interpusieron una denuncia contra el Presidente Municipal y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y contra Felipe Flores Velázquez, Secretario de Seguridad Pública Municipal.

Los demandantes fueron los siguientes: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, J. Carlos Dorantes García, Rafael Ochoa, Justino Amos Osores Narcizo, Ángel Román Ramírez, Daniel Jardon López, Francisco Abarca Perales, Feliciano Ortiz Delgado, Gregorio Dante Cervantes Maldonado, y Bernardo Cruz Manjarrez.

Declararon que tenían «temores fundados» de que los demandados podrían privarlos de vida.

Al día siguiente, el 30 de mayo, los mismos simpatizantes bloquearon intermitente la carretera federal de la México–Acapulco. Hubo pleitos con la policía. Pero al final del día se retiraron.

Los últimos en irse fueron ocho: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Bandera Román y Jimmy Castejón.

Se alejaron en una camioneta particular. En el trayecto los desaparecieron.

EL HALLAZGO DE LOS CUERPOS

El 1 de junio de 2013, a las seis de la mañana, encontraron los cuerpos. Sobre la carretera Iguala–Chilpancingo estaban maniatados y vendados. Refieren los documentos que mostraban signos de tortura. Eran Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

Otros cuatro –Héctor Arroyo Delgado, Nicolás Mendoza Villa, Efraín Amates Luna y Gregorio Dante Cervantes– lograron escapar de sus captores.
Posteriormente se tuvo conocimiento que Jimmy Castrejón, el último de los desaparecidos, pudo escapar el mismo día de la captura, pero se mantuvo oculto por miedo.

Pero en Iguala no se supo nada sino hasta el 3 de junio. El activista Héctor Arroyo Delgado, una de las personas que logró escapar, se comunicó vía telefónica con el defensor de Derechos Humanos Bertoldo Martínez Cruz. Le dijo que habían asesinado al ingeniero Hernández Cardona el día siguiente a la desaparición –el primero de junio– y que él se iba Iguala, pues temía por su vida.

AYOTZINAPA Y HERNÁNDEZ, DESTINOS UNIDOS

Hernández Cardona era un hombre reconocido en todo Guerrero. El 3 de junio, cuando la gente todavía no sabía del desenlace, las organizaciones sociales marcharon para exigir que aparecieran con vida en el centro de Iguala. Vinieron activistas de varias partes del estado, entre ellos los normalistas de Ayotzinapa.
Sofía, era pareja de Hernández Cardona en ese entonces.

Exalcalde preso por su presunta responsabilidad en la desaparición de normalistas Foto: Especial

Durante la manifestación recibió una llamada anónima: Le sugerían ir al Semefo, ya que ahí se encontraban tres cuerpos. Sofía fue, y constató que eran ellos. La noticia se esparció inmediatamente, y cuando llegó a los manifestantes reunidos, las cosas se salieron de control. Normalistas rompieron los vidrios de la Presidencia Municipal.

Dicen que Abarca nunca los perdonó. Para noviembre, cuando algunos estudiantes regresaron a esa ciudad, los recibieron a balazos. Por suerte, aquella vez no pasó a mayores.

EL ALCALDE OSCURO Y SU IMPUNIDAD DE HIERRO

El sobreviviente Nicolás Mendoza Villa declaró muchas veces: ante la Procuraduría estatal de Guerrero, ante un notario particular en 2013, y ante la prensa. En todas acusó directamente a Abarca. Pero nadie lo detuvo, no hubo investigación. Abarca y su esposa siguieron reinando en Iguala.

La Unión Popular se disolvió. Los sobrevivientes huyeron uno por uno de Iguala.

Para marzo de 2014, la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) atrajo el caso. Mendoza Villa también declaró ahí. De nuevo no pasó nada.

El caso permaneció en punto muerto y Abarca continuó gobernando al lado de su esposa… hasta el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas fueron desaparecidos.

José Luis Abarca y su esposa. Foto: Cuartoscuro.

Un mes después, el 24 de octubre, la Siedo por fin emitió una orden de aprehensión por el caso Hernández Cardona.

Si bien los hechos ocurrieron en Iguala, Guerrero, Abarca se encuentra en la Prisión de Alta Seguridad en el Estado de México. Y el expediente se encuentra en Matamoros, Tamaulipas. Esto ha impedido que los familiares de Hernández Cardona, puedan dar seguimiento adecuado.

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El abogado de los padres de los 43 descarta la liberación del ex Alcalde de Iguala, José Abarca

viernes, septiembre 20th, 2019

En caso de que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, libre la demanda de delincuencia organizada por las deficiencias del caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, aún hay causas penales contra él por el homicidio de tres estudiantes, lesiones, y el asesinato del luchador social Arturo Hernández Cardona, por lo tanto, no se prevé su salida inmediata.

Chilpancingo, Guerrero, 20 de septiembre (ElSur).- El abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra aclaró que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda, y el ex Director de Seguridad Pública municipal Felipe Flores, no están en el grupo de implicados en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 que pueden obtener su libertad por la tortura ocurrida durante la investigación.

En consulta telefónica dijo que además del homicidio del luchador social Arturo Hernández Cardona, denuncia que no fue ratificada por el testigo de cargo, Abarca está señalado en otras causas por el homicidio de tres estudiantes, lesiones y secuestro contra los 43 desaparecidos.

Señaló como ejemplo el caso de los 33 policías municipales a los que se refirió el ex Procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, hace unos días, que fueron aprehendidos cuando la investigación estuvo a cargo de la dependencia estatal.

Indicó que fueron acusados de homicidios y lesiones, siguen en prisión. Los que obtuvieron su libertad son policías e integrantes del grupo Guerreros Unidos acusados de delincuencia organizada y secuestro.

Precisó que si Abarca libra la demanda de delincuencia organizada por las deficiencias del caso, aún hay causas penales por el homicidio de tres estudiantes, lesiones, y el asesinato de Hernández Cardona. Por lo tanto, no se prevé su salida inmediata.

Agregó que su defensa también señaló inconsistencia en la detención, pero no tortura. Su caso aplica a su esposa y al ex director de Seguridad Pública.

Si bien el expediente está cargado de irregularidades, las deficiencias se concentran en una teoría del caso, la de “la verdad histórica”, donde la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General, hizo declarar a todos los detenidos que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

Señaló que la investigación tiene más elementos, los que aportó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y no quiso retomar la PGR, “son 11 líneas que no se tomaron en cuenta”.

Aunque el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas declaró que la investigación comenzaría de cero, el abogado de los padres precisó que hubo una mala interpretación, porque hay muchas líneas que no forman parte de la “verdad histórica”, ni están relacionadas con la anterior narrativa de la PGR.

Mencionó que está el tema de las policías de Huitzuco y de Tepecoacuilco, de la Policía Estatal y elementos del Ejército que no se han presentado a declarar, así como la telefónica de los normalistas, de la que ya hay un estudio exhaustivo.

Indicó que estos asuntos deben de ser parte de un plan de trabajo y de la investigación del fiscal especial, a la par de la investigación interna de las autoridades que incurrieron en irregularidades y la investigación.

Como ejemplo, dijo que se debe determinar la legalidad del descubrimiento del fragmentos óseos que permitieron la identificación por ADN, del normalista desaparecido Alexander Mora Venancio, sobre la presentación de la escena del crimen y la cadena de custodia. Ahí se señaló manipulación de la escena y siembra de la evidencia.

Aclaró que si hubiera más elementos para establecer que el fragmento óseo de Alexis es el nudo para desentrañar y esclarecer la desaparición de los normalistas y su paradero, la defensa haría énfasis ahí, pero mientras no haya más información se deben atender las 11 líneas de manera integral.

NO CONFÍAN EN SUGERENCIAS DE LA CNDH

Vidulfo Rosales informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) trata de llevar el caso al análisis de restos óseos que supuestamente no fueron analizados, “lo cual no es muy objetivo, porque ya se hizo lo que se tenía que hacer, no hay restos pendientes”.

No obstante, indicó que es posible que se conforme una mesa técnica científica donde participe la FGR, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y si gusta la CNDH.

Confirmó que la posición de los padres y la defensa es que no tienen confianza en la investigación de la CNDH para guiarse por sus sugerencias, “nos parecen poco serias, su metodología es laxa para arribar a esas conclusiones. Hay situaciones infladas, muy irresponsables”, aseguró.

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José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles en prisión sólo por una causa penal: Milenio

miércoles, septiembre 18th, 2019

En esta causa penal declararon en contra de los Abarca tres testigos, los mismos a quienes les fueron invalidados por un Juez federal y un Tribunal Colegiado en Tamaulipas sus testimonios por demostrarse que fueron víctimas de tortura, de acuerdo con el reportero Ruben Mosso.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- El ex Presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, consiguieron “echar abajo” todas las acusaciones que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) consignó en su contra, es decir, sólo los mantiene en prisión una causa penal.

De acuerdo con Milenio, se trata de una orden de aprehensión librada el 6 de octubre de 2017 -misma que se cumplimentó en 2019-, en donde se les acusa por ser presuntamente responsables de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, información que fue revelada por funcionarios federales.

En esta causa penal declararon en contra de los Abarca tres testigos, los mismos a quienes les fueron invalidados por un Juez federal y un Tribunal Colegiado en Tamaulipas sus testimonios por demostrarse que fueron víctimas de tortura, de acuerdo con el reportero Ruben Mosso.

“Esta situación originó que el presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, de quien se afirma ordenó secuestrar y asesinar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, fuera liberado el pasado 30 de agosto, así como sus supuestos subordinados, además de 24 policías municipales”, recordó el diario.

En los próximos días se definirá si Abarca Velázquez y Pineda Villa dejan el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México y el penal federal femenil de Amacuzac, Morelos, respectivamente.

Respecto a la acusación a nivel estatal que el ex Edil tiene por el presunto asesinato de Arturo Hernández Cardona podría perderse, debido a que cuatro coacusados ya recuperaron su libertad al no existir elementos.

“Entre los liberados destaca Mauro Valdés, Felipe Flores y ex policías municipales”, señaló el reportero.

Además, informó que la Juez Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Rosa Montaño Martínez, dejó sin efecto la orden de aprehensión en contra de la hermana del ex Alcalde, Roselia Abarca Velázquez, y de su esposo Cirilo Lara Brito. La sentencia fue impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló a la pareja porque el dinero de José Luis Abarca se utilizó para pagar la colegiatura de sus hijos, activos que serían de origen ilícito.