Integrantes de la Comisión de la Verdad sobre las desapariciones perpetuadas por el Estado durante la Guerra Sucia aseguraron que uno de los objetivos fundamentales será que las violaciones a derechos humanos cometidas durante este periodo se vuelvan tema nacional: “Tenemos que sacarlo de la oscuridad”.
Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- La voluntad política para cumplir el compromiso de abrir los archivos de la Guerra Sucia, las instalaciones militares donde se perpetraron violaciones a derechos humanos y el tiempo con el que cuentan quienes indagarán en este periodo son los principales retos que enfrente la Comisión de la Verdad que buscará el esclarecimiento histórico de los hechos ocurridos de la contrainsurgencia.
Consejeras que participarán en una de los cinco mecanismos de la Comisión de la Verdad explicaron a SinEmbargo que es necesario que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Estado Mayor Presidencial (EMP), así como otros documentos ocultos para poder avanzar en su cometido, pues de lo contrario, el organismo no podrá cumplir con su prometido.
“Necesitamos que ese compromiso se vuelva realidad, que de verdad haya voluntad, si no hay voluntad gubernamental no vamos hacer nada, eso es fundamental. Que no solamente nosotros nos estemos comprometiendo como investigadores, como promotores de derechos humanos que somos para tratar de avanzar en este capítulo oscuro de nuestra historia, sino que necesitamos de todos”, expresó Eugenia Allier Montaño, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una de las cinco integrantes de la Comisión para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
La investigadora e historiadora Aleida García Aguirre, también integrante esta comisión, coincidió en que el desafío está en acceder a los archivos ocultos de este periodo: “Lo que podría marcar un parteaguas es el acceso a los archivos del Ejército, que están divididos dentro de la estructura del Ejército; cada pedacito tiene su propio archivo: el del Estado Mayor, el de los regimientos, el de operaciones, etcétera, etcétera. Acceder al archivo del Ejército es muy complejo y sabe a qué pedacitos de ese archivo vamos podamos acceder, eso es un reto”.
Alicia de los Ríos, hija de una de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Sucia, comentó por su parte que con este esfuerzo gubernamental se conozcan por fin los archivos del Ejército, una de las principales corporaciones que estuvo involucrada en la desaparición de personas. “Con esta comisión esperamos que por fin conozcamos de los archivos militares”, agregó.
El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Presidente se reunió con familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia y prometió la creación de la Comisión de la Verdad. Foto: Twitter @lopezobrador_
A inicios de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para crear una Comisión de la Verdad que investigue los abusos y violaciones graves a los derechos humanos en uno de los periodos más negros de la historia moderna de México: la Guerra Sucia. Fue el 6 de octubre cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que nació la Comisión que indagará sobre estos crímenes y abusos cometidos entre los años 1965 y 1990.
La Comisión para el Acceso a la Verdad estará integrada por el “titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien la presidirá”; Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); por Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP); Carlos Enrique Ruiz Abreu, Director del Archivo General de la Nación; Erick Javier Martín Salas, encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Además de cinco expertos que fueron seleccionados con la “asesoría de técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Eugenia Allier Montaño, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; Abel Barrera Hernández, activista y antropólogo; David de Jesús Fernández Dávalos, activista; Aleida García Aguirre, historiadora, y Carlos A. Pérez Ricart, profesor e investigador del CIDE, son el equipo de especialistas seleccionados para esta Comisión que tiene el objetivo de que se haga justicia por 25 años en los que cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas, y que se repare a las víctimas por esos crímenes de Estado.
En la integración, cada uno de los funcionarios de Gobierno tendrá voz y voto, en tanto que los cinco especialistas conformarán, en su conjunto, sólo un voto, uno de los aspectos que ha generado crítica a la Comisión.
La Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia fue decretada a inicios de octubre. Foto: Ernesto Guzmán Jr., EFE.
NO SERÁ OTRA FEMOSPP
No es la primera vez que en México se hace un intento de “justicia transicional” o al menos de investigar los crímenes en el pasado. Durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) la cual, ha sido considerada como un fracaso.
La historiadora y activista Alicia de los Ríos Merino, quien lleva el mismo nombre de su madre, una integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre que fue desaparecida tras un operativo de la Brigada Blanca, señaló que las expectativas en esta ocasión con más acotadas que hace 20 años cuando se creó la FEMOSPP cuando pensaban que se iban a resolver todas las interrogantes sobre la contrainsurgencia y el destino de las personas que fueron desaparecidas.
“Otra de las expectativas es que sí se logre reconocer a quienes participaron en los circuitos de la represión. Al tener otras fuentes documentales, esperamos que podamos reconocer o poder ubicar a otras personas que formaron parte de la Brigada especial o que participaron cuando la desaparición forzada era utilizada como un método sistemático de represión. De la Brigada Especial muchos de ellos no han pido ser ubicables, y en ese sentido me parece que la comisión si va a poder ubicar a todos esos rema participantes que están fuera de nuestro radar”, explicó.
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Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador del Colegio de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y uno de los integrantes de la Comisión señaló —en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, en el programa Los Periodistas— que la Comisión es la última oportunidad que tiene el Estado mexicano para brindar justicia a las víctimas de violencia perpetrada entre esos años y esclarecer los hechos.
“No va a quedar en nosotros, y a diferencia de lo que pasaba en FEMOSPP (…) [la Comisión] sí cuenta con el apoyo y el respaldo del Gobierno federal para llegar a las últimas consecuencias. Ninguno de estos procesos funciona sin el apoyo del Ejecutivo”, recordó el investigador. “[La Comisión] tiene el apoyo por parte del Presidente, por parte de las instituciones y sobre todo de las víctimas”.
Los colectivos de víctimas han pedido por años la creación de comisiones de la verdad. Foto: Cuartoscuro.
LAS CRÍTICAS
Jacobo Dayán, especialista en derecho internacional y en justicia transicional, aseguró que la recién creada Comisión de la Verdad no se apega a ningún estándar internacional por que sus miembros en su mayoría son funcionarios del Gobierno,
“Es una Comisión de la gubernamental, no es una comisión de la Verdad independiente. Seis de los siete votos de esa comisión están en manos del Gobierno. No es una Comisión de la Verdad que se apegue a ningún estándar de ningún tipo. Las comisiones son integradas por personas independientes; hay algunas comisiones en que se incluyen algunos funcionarios, pero en todo caso estas personas siempre son la minoría”.
El especialista destacó que el hecho de que la mayoría de los integrantes sean funcionarios implicará que la narrativa que surja será desde el Gobierno y no de forma independiente.
“Las decisiones para buscar justicia, buscar reparación, no repetición son las decisiones de un Gobierno y no —de lo que en teoría quisieron hacer— de una comisión independiente; pero queda claro que, así como todos los gobiernos en este país, los estatales, los federales, sin importar el partido, sin importar el sexenio mantienen un control político de la justicia y ante lo que estamos es ante el control político de la verdad”, expresó.
Además, Alicia consideró que la Comisión no entrará desde cero, porque a lo largo de 20 años hay un trabajo avanzado “a la fecha tenemos un informe de la FEMOSP, tenemos muchas investigaciones periodísticas y académicas. Tenemos el informe de la ComVerdad verdad de Guerrero.
Explicó también que la FEMOSPP era solamente una instancia del Ministerio Público, cuyo único mandato era investigar la responsabilidad de los posibles victimario mientras que la nueva Comisión buscará el esclarecimiento.
“No estamos en la misma situación que hace 19 años y la segunda cosa a considerar es que por más que hubiera un informe histórico, su mandato no era el de investigar el esclarecimiento histórico sino que todo tenía que ser vía tribunales; y en este caso de la Comisión no es así: acá la fortaleza es que a través de la comisión puede haber un trabajo de retroalimentación constante con las instancias de Fiscalía, pero son mandatos diferentes”.
Integrantes de la Comisión para la Verdad y Justicia de 1965-1990. Foto: Secretaría de Gobernación.
VAMOS ACTUAR DE FORMA INDEPENDIENTE
Las investigadoras Aleida García Aguirre y Eugenia Allier Montaño insistieron en que el objetivo fundamental será dar esclarecimiento de lo ocurrido en la Guerra Sucia desde un punto de la verdad.
“Hasta ahora en la Comisión tenemos tres grandes objetivos en torno a la Guerra Sucia: revisar lo que ocurrió con los desaparecidos políticos, la desaparición forzada en toda esa época, la tortura, y otra con las ejecuciones extrajudiciales”, dijo Aleida.
Eugenia Allier destacó a su vez que el objetivo es buscar la verdad, sin embargo, recalcó que para eso será necesario que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos militares pues dijo que hasta ahora las únicas herramientas y dientes que se la dado a la Comisión es la promesa del Presidente.
“Por ahora solamente nos han dado (como herramientas) el compromiso, la promesa del Presidente de que se van abrir los archivos y vamos a poder acceder a distintas instalaciones y vamos a poder ir y ver que hay ahí. Por supuesto nosotros, en la medida que logramos configurarnos como un grupo, de trabajo podremos generar cierto tipo de presión, pero no hay muchas más herramientas que nos puedan dar”, dijo.
Finalmente, las especialistas aseguraron que actuarán con total independencia porque existe un compromiso con la sociedad.
“Nosotros, y en eso si voy a insistir, somos una comisión independiente, por supuesto estamos trabajando al amparo del Gobierno, porque ha habido muchas críticas en torno a eso, que no somos independientes porque estamos trabajando al amparo del Gobierno, pero muchas comisiones en América Latina se han creado así, de alguna manera son Gobierno posteriores a los hechos los que crean una comisión”, apuntó Eugenia Aguirre.
Las comisionadas también coincidieron en que otro de los objetivo y pieza clave será que las violaciones y guerra sucia se vuelva tema nacional, que la gente lo conozca: “Tenemos que sacarlo de la oscuridad”.
Con el nombramiento de las cinco personas expertas que la integrarán, la Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos del periodo conocido como la guerra sucia arranca sus trabajos y lo hace en medio de voces escépticas sobre los resultados que pueda tener al carecer de presupuesto y no ser un órgano independiente del Gobierno.
Ciudad de México, 5 de noviembre (A dónde van los desaparecidos).–Las cinco personas expertas seleccionadas hace unos días para formar parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia por las violaciones graves a los derechos humanos cometidos durante la guerra sucia (1965-1990) comenzarán sus trabajos sin contar con un presupuesto claro y con el escepticismo de algunos sectores que consideran que su alcance será limitado.
Para los familiares de víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia, quienes impulsaron su creación, la Comisión es un paso importante en la búsqueda de verdad y justicia. Sin embargo, también hay quienes plantean que existe una amplia posibilidad de que no logre sus objetivos, al depender de la voluntad política, carecer de un presupuesto establecido y haberse creado como decreto y no como Ley.
El pasado 29 de octubre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas dio a conocer el grupo de cinco personas expertas que conformará esta Comisión de forma honorífica: la historiadora Eugenia Allier Montaño, estudiosa teórica de los archivos de la represión; el antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; el sociólogo David de Jesús Fernández Dávalos, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la investigadora Aleida García Aguirre, especializada en relatos de vida y memoria de militantes de la izquierda de los años 60 y 70; y el investigador Carlos Pérez Ricart, especializado en archivos de las fuerzas armadas en Estados Unidos y México.
Integrantes de la Comisión para la Verdad y Justicia de 1965-1990. Foto: Secretaría de Gobernación.
Durante las entrevistas que tuvieron en el proceso de selección, las cinco personas expertas señalaron algunos de los retos que tiene esta Comisión de la Verdad; entre ellos, el crear un mecanismo eficiente de comunicación para la judicialización de casos; que como centro de su trabajo estén las víctimas, que el ejercicio sea entendido como un proceso histórico crucial que no repita los errores de experiencias anteriores y que sus resultados sean la verdad y la justicia.
“Hacer de está comisión no solamente una comisión testimonial sino verdaderamente un parteaguas en la historia política del presente de México”, señaló en su entrevista el investigador Pérez Ricart.
Además, las cinco personas expertas coincidieron en que no se va a empezar de cero sino que harán un diagnóstico de ejercicios similares que se han realizado en el mundo y en el país, para detectar qué falló y qué se hizo bien, tomar las buenas prácticas y apoyarse en los avances que dejaron la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP, 2004-2006) y la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero (ComVerdad, 2011-2014).
“La finalidad no es teórica, no venimos a hacer una investigación académica, sino con finalidades prácticas, operativas. Al final tendría que conducirnos a una reflexión nacional que garantice que en ninguna circunstancia se pueda volver a recurrir a violaciones graves a los derechos humanos”, señaló el jesuita Fernández Dávalos.
Para conocer más los retos que enfrentarán cinco personas expertas, enumeramos cinco puntos claves sobre esta Comisión de la Verdad:
1. DOS AÑOS Y MEDIO PARA ECHAR ANDAR CINCO INSTRUMENTOS
El decreto, publicado el pasado 6 de octubre en el Diario Oficial, establece que la Comisión de la Verdad tendrá funciones de “investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con hechos” ocurridos entre enero de 1965 y diciembre de 1990, para ello funcionará bajo cinco instrumentos durante dos años y medio, a partir de su creación.
El primer instrumento es el acceso a la verdad, a través de una comisión conformada por cinco personas expertas que investigarán las graves violaciones de derechos humanos, además de que tendrán atribuciones para convocar a testigos que puedan dar información útil para entrar a las instalaciones “civiles o militares”, donde presuntamente se hayan cometido éstas violaciones.
El impulso a la justicia, segundo instrumento, se prevé mediante la creación de una Fiscalía Especial con capacidad de otorgar beneficios por colaboración eficaz a personas investigadas o testigos anónimos que proporcionen información sobre los perpetradores. También se contempla tener un Plan de Búsqueda, tercer mecanismo, para realizar acciones de búsqueda en centros de reinserción social, cárceles clandestinas, cuarteles militares y otros escenarios, a partir del último paradero conocido de las personas desaparecidas durante ese periodo.
El cuarto instrumento contempla la reparación y compensación económica a las víctimas y sobrevivientes. Sin embargo, el decreto no establece ni siquiera el monto total de los recursos necesarios para costear todo el plan. Como último, se prevé tener una Ley de Memoria y No Repetición encaminada a la preservación de la memoria pública, labores de esclarecimiento histórico y para dar continuidad a los trabajos y recomendaciones de la Comisión.
Familiares de desaparecidos de la guerra sucia en reunión con el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas. Foto: Facebook Alejandra Cartagena.
2. ¿POR QUÉ SÓLO INVESTIGAR HASTA 1990?
Uno de los aspectos de la comisión más cuestionados por investigadores y colectivos de familiares de personas desaparecidas ha sido el periodo histórico a esclarecer. Las posturas son encontradas, por un lado se critica que no se extienda la revisión de las lógicas de actuación del Estado a la violencia criminal del presente, y por el otro se defiende delimitar el periodo hasta 1990, debido a que la respuesta represiva del Estado fue distinta con los movimientos que surgieron después de ese año, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El experto en derechos humanos Luis Daniel Vázquez Valencia advierte que si bien el mecanismo va por buen camino, es limitado. “Decidieron analizar las graves violaciones cometidas entre 1965 y 1990, cuando en realidad tenemos grandes problemas de detenciones arbitrarias, tortura, desparición y ejecuciones extrajudiciales todavía hoy y no se van a analizar estos procesos”, señaló el pasado 21 de octubre en su columna En Contexto para IMER Noticias.
Alicia de los Ríos —quien busca a su madre que fue detenida, presa en el Campo Militar Número 1 y desaparecida hace 43 años—, explica que abarcar sólo este lapso ayudará a observar a detalle las lógicas de la política de Estado contrainsurgente y la actuación de miembros del Ejército, de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y policías estatales y municipales.
“¿Por qué hasta 1990? Ahí se puede encontrar una continuidad visible, sólida, de las lógicas de violencia estatal, es decir, desde el 1965 podemos ir armando estos rompecabezas que siguen inconclusos sobre la contrainsurgencia y el 1990 nos da la delimitación para encontrar estás lógicas, estos circuitos de represión donde actuaron determinados grupos contrainsurgentes, que parece que se evaporaron”.
Alicia de los Ríos Merino. Foto: Dirección Federal de Seguridad (Institución sede). Archivo Histórico del Comité ¡Eureka!, Museo Casa de la Memoria Indómita.
3. ROMPER EL PACTO DE IMPUNIDAD
El gran reto de las autoridades mexicanas será romper el pacto de impunidad y silencio con las autoridades militares y fuerzas policíacas que, por más de cinco décadas, han encubierto a los perpetradores y no han permitido que se tenga un acceso total a los archivos que se generaron desde la contrainsurgencia (denominados por algunos como “archivos de la represión”) ni a las instalaciones donde se cometieron las violaciones graves a derechos humanos.
El acuerdo del Presidente Andrés Manuel López Obrador con los familiares de víctimas y sobrevivientes de ese periodo es que se tendrá acceso a instalaciones militares como el Campo Militar Número 1, así como la apertura de más de 8 mil cajas con cientos de documentos que se encuentran en el Fondo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), encargada de la inteligencia o el servicio secreto del Estado Mexicano; el Fondo de la DFS —policía política de la Secretaría de Gobernación— y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Con nuestros familiares desaparecieron también los rastros de los perpetradores, y eso es justo lo que tiene que retomar la comisión”, advierte Alicia de los Ríos, quién participa en el proceso de creación y conformación de la Comisión como representante de la Asamblea de colectivos y familiares de personas detenidas-desaparecidas y sobrevivientes de la contrainsurgencia.
Durante un conversatorio sobre la Comisión de la Verdad, realizado el pasado 22 de octubre, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, aseguró que “toda investigación que se desarrolle, en la medida que vaya arrojando resultados y se acrediten responsabilidades de instituciones o de personas en la violacion de los derechos humanos, irá a procesos de judicialización”.
Y advirtió: “hay una instrucción puntual, directa y concreta del Presidente de la República a las fuerzas armadas del país de aportar toda la información que esté en sus manos y dar todas las condiciones para que se lleven a cabo las investigaciones de la Comisión. No es un planteamiento que esté sujeto a su decisión, es una instrucción presidencial que debe cumplir el Ejército y la Marina”.
No obstante, el decreto no menciona a las instituciones involucradas en las graves violaciones de derechos humanos, como la Sedena, y no está clara la forma en la que las obligará a abrir sus archivos e instalaciones ni es vinculante jurídicamente.
Marcha en memoria de los desaparecidos. Foto: Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura, Grupo Germinal (Fotógrafo). Acervo Cristina Híjar Arte y Movimiento Social, CENidIAP/INBA.
4. EL DESAFÍO DE NO REPLICAR ERRORES DEL PASADO
Este no es el primer intento por esclarecer lo sucedido durante el periodo de la contrainsurgencia en México. En 1990, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) creó el Programa Especial de Presuntos Desaparecidos que, 11 años después, derivó en la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Con 600 averiguaciones previas relacionadas con desapariciones y solo 14 judicializadas, gracias al acceso a los archivos de la DFS y la DGIPS, en 2006 fue disuelta.
Al término de su gestión, la FEMOSPP elaboró un informe que nunca se publicó oficialmente, aunque algunas de sus versiones fueron filtradas a la prensa.
Para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Comisión de la Verdad no puede permitirse repetir el fracaso de la FEMOSPP:
“Si bien este decreto establece una vía para esclarecer los hechos, impulsar la justicia y reparar a las víctimas de atrocidades masivas cometidas en México durante un período de terrorismo de Estado, no deben replicarse los errores cometidos por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). La FEMOSPP, creada en 2002, carecía de independencia, personal y presupuesto suficientes; no contó con la cooperación de las Fuerzas Armadas Mexicanas, y finalmente se extinguió en 2007 sin lograr éxitos considerables y sin enjuiciar a los responsables”, señaló en una columna para Animal Políticopublicada el 1 de noviembre.
“Aquí no vamos a esconder ningún informe como sucedió con la FEMOSPP, no vamos a cumplir con un expediente para salir al paso. Venimos en serio a buscar la verdad de los hechos y buscar justicia”, dijo el Subsecretario de Derechos Humanos durante el conversatorio del pasado 22 de octubre.
El esfuerzo más reciente para esclarecer las consecuencias de la guerra sucia en Guerrero se dio en 2012, cuando el congreso del estado creó la Comisión de la Verdad (Comverdad). En su informe final, los integrantes de la comisión concluyen que en muchas comunidades del estado se vivió una “suspensión de las garantías individuales y un verdadero estado de sitio”.
Protesta con crucifixión y mitin de familiares de desaparecidos. Foto: Carlos Piedra/Archivo Histórico del Comité ¡Eureka!, Museo Casa de la Memoria Indómita.
5. VOCES ESCÉPTICAS
Las voces críticas a la comisión han señalado distintos aspectos que podrían llevar a su fracaso como el haberla creado por decreto y no por Ley, el que sólo tenga un periodo de trabajo de dos años y medio, así como la falta de autonomía desde su conformación, ya qué estará integrada por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, así como de los responsables del Archivo General de la Nación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
“El primer problema es que se crea a través de un decreto y no de una Ley, y esto no es menor, es relevante porque sigue siendo un órgano que pertenece a una política gubernamental y no una política del estado que fuera más allá del periodo del Presidente López Obrador”, señaló el investigador Luis Daniel Vázquez Valencia.
Aunque la comisión también la conformarán el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña y el grupo de las cinco personas expertas; la integración de autoridades podría sugerir una imparcialidad, ya que de los siete votos en la comisión, solo uno será independiente.
“Así, en lugar de ser un órgano preponderantemente ciudadano, la comisión se asemejará a una institución del gobierno, que será juez y parte a la hora de investigar y enjuiciar los crímenes del propio Estado”, señaló la CMDPDH en la columna publicada en Animal Político.
El profesor-investigador de la Flacso-México también mencionó este punto: “si el grueso de la gente que integra el órgano son servidores públicos, se limita la posibilidad de confianza en el órgano”.
Otro aspecto cuestionado es la fecha de culminación de los trabajos establecida al 30 de septiembre de 2024, lo que sugiere que el informe estaría marcado por el proceso electoral que se tendrá ese año y deja en duda el seguimiento transexenal.
Alicia de los Ríos Merino, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue desaparecida hace más de 43 años por los cuerpos de contrainsurgencia del Estado mexicano; su hija, que comparte nombre y apellido, ha comenzado a entrevistarse, en calidad de testigos, con algunos de los posibles perpetradores.
Ciudad de México, 6 de octubre (A dónde van los desaparecidos).– “¿Por qué se esconden?”, le pregunta Alicia de los Ríos a un hombre de edad avanzada, estatura y complexión regular, vestido con ropa deportiva. “Es que lo que nosotros hicimos es algo que no se va a entender, era seguridad nacional”, le contesta el exagente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que acudió a comparecer, el pasado 22 de julio, por la desaparición forzada de su madre, hace más de 43 años.
Durante unas ocho horas, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alicia, sus dos abogados y una ministerio público excepcional —si se compara con el resto de agentes que han tomado el caso—, entrevistaron a una persona que formó parte del aparato represor del Estado mexicano durante los años de la contrainsurgencia. “Una cita impostergable con uno de los hombres que posiblemente se llevaron a mamá”, relata la propia Alicia en una carta dirigida a su “jefita”, quien el pasado 22 de septiembre cumpliría 69 años.
Una carta, dice en entrevista para este texto, escrita con la mente puesta en sus compañeros y compañeras que comparten su búsqueda, pero también en ella misma, en esa “Lichita” que pasó sus primeros años de vida imaginando que su madre —que fue detenida y se encontraba desaparecida— estaba estudiando en el extranjero, en esa niña que no sabía cómo controlar sus emociones y que —como lo narra en el documental No sucumbió la eternidad, dirigido por Daniela Rea— salvaba de la muerte hasta el insecto más pequeño: “Que llegue convertida en grillo, pero que llegue”, se repetía.
Ahora las cosas han cambiado para la abogada, historiadora e integrante del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez, que con el paso de las décadas se ha convertido en un comité de hijos e hijas. Conoce como la palma de su mano, los expedientes que el Estado produjo sobre su madre y otros combatientes desaparecidos; se ha sumergido en los archivos de la represión que, hasta el momento, han sido desclasificados, y se ha abocado a reconstruir parte de la historia del pasado reciente para entender el porqué de la insurgencia social de la segunda mitad del siglo XX.
Por eso cuando el exagente de la DFS —una entre tantas agencias del Estado que participaron de la política de contrainsurgencia—, sentado en una mesa redonda de la FGR, estalla defendiendo el honor de su institución, rechazando que se le quiera culpar “de todo”, Alicia tan sólo lanza una mirada cómplice a sus abogados. Saben que está mintiendo.
“¿Cómo no pensarlo?”, le alcanzó a decir durante la comparecencia, en alusión a los millones de informes producidos por su agencia; firmas y fichas que dan cuenta de detenciones, interrogatorios y ejecuciones.
Informe de captura de miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Foto: Biblioteca “Archivos de la Represión”.
UNA LARGA BÚSQUEDA
Alicia de los Ríos (madre) fue detenida en la Ciudad de México el 5 de enero de 1978 por elementos de la Dirección de Investigación y Prevención de la Delincuencia (DIPD), y la Brigada Especial (creada ex profeso para combatir a la guerrilla). Herida de bala, tomó el teléfono en una vivienda cercana y se comunicó hasta Chihuahua segundos antes: “Habla Alicia. Me buscas. Ya llegaron por mí”, alcanzó a decirle a su hermana Martha. Alicia (hija) tenía 11 meses.
Su familia la buscó primero de manera aislada y posteriormente junto a “las doñas”, madres de otros guerrilleros y guerrilleras desaparecidas, también integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Sin embargo, fue hasta junio de 2002, ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la “comisión” creada por Vicente Fox para esclarecer los crímenes de Estado cometidos durante el periodo de la “guerra sucia”, que Alicia (hija) —que tenía 25 años—, su tía Martha y su abuela Alicia Merino, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), iniciaron formalmente el proceso de denuncia.
Ya desde entonces era una prioridad el que se llamara a declarar a las personas cuyos nombres aparecían en los oficios recién desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política de aquellos años que también participó en el extenso circuito de la desaparición de su madre, pues no es imposible imaginar, dice Alicia (hija), que la información fluyera de manera incesante entre esta corporación y la Brigada Especial, que se componía, además, de elementos que provenían de la DIPD, la DFS, la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPT), la Policía Judicial Federal (PJF) y las policías judiciales del Distrito Federal y del Estado de México, así como la Policía Militar y la Policía Judicial Federal Militar.
No dejaron de insistir en ello hasta que en 2006, la Femospp fue desmantelada por el Gobierno que inauguró la transición política en México, habiendo judicializado apenas 14 averiguaciones previas por diversos delitos y obtenido una sola sentencia condenatoria. La denuncia penal, abierta originalmente por privación ilegal de la libertad, pasó directamente a la Coordinación General de Investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que a la fecha conserva 245 averiguaciones previas abiertas por delitos cometidos contra 514 víctimas directas, la mayoría de ellas aún desaparecidas.
Alicia Merino (abuela) y Alicia de los Ríos (madre). Foto: Especial, proporcionada por la familia.
Tuvieron que pasar 19 años, decenas de agentes del Ministerio Público, cientos de diligencias, cuatro administraciones federales y la reclasificación del tipo penal de la causa —por desaparición forzada, a inicios de 2021—, para que finalmente uno de los posibles perpetradores saliera de las sombras.
El exagente con el que se entrevistó recientemente, cuenta Alicia (hija) en una versión previa de la carta publicada el 22 de septiembre, insistió en un primer momento —durante la comparecencia que quedó registrada— que poco o nada sabía de los horrores cometidos durante la “guerra sucia”, que su trabajo se limitaba a dar seguimiento a manifestaciones campesinas en el norte del país o a evitar motines contra el alza del precio de las tortillas, negando “de forma reiterada” las funciones ampliamente documentadas que llevó a cabo su corporación.
“Continúa pensándose patriota, ilocalizable, impune”, dice Alicia, quien aún en estas negativas identifica los rastros de los pactos de silencio y protección que han impedido que se esclarezca lo ocurrido. “A mis abogados y a mí nos llamó la atención que cuando mencionamos a los directores de la DFS —como Barrera, Nassar Haro y García Paniagua—, el testigo antepuso en todo momento el tratamiento diferencial de Don Luis, Don Miguel y Don Javier”.
A diferencia de otras averiguaciones previas en las que los presuntos responsables ofrecieron su testimonio —como las que se abrieron por la matanza del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, El Halconazo—, explica, la de su madre es la primera —de la “guerra sucia”— que consigue que se sienten frente a frente víctimas y victimarios. “Si llamaron a los perpetradores en esos casos, no estuvieron ni los representantes jurídicos ni los denunciantes, no como ahorita; en las comparecencias puedo estar yo y el Centro Prodh”, dice.
En esta averiguación previa, que da cuenta de unas 200 diligencias y del paso de nueve agentes del Ministerio Público, figuran documentos que identifican a integrantes de la Dirección Federal de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, quienes podrían estar relacionados con su detención y posterior desaparición.
En ella se integraron oficios que confirman, por ejemplo, que el Presidente Gustavo Díaz Ordaz mandó a crear una cárcel al interior del Campo Militar No. 1, que la DFS realizaba un seguimiento puntual de las actividades de la Liga Comunista 23 de Septiembre, que la Brigada Especial realizó diversas detenciones e interrogatorios a combatientes —no se menciona, pero se sabe que se realizaban bajo tortura física, sexual y psicológica—, que su madre fue detenida —en un informe que está firmado por Javier García Paniagua, entonces director de la DFS—, o que consignan las solicitudes hechas a diversas dependencias y gobiernos extranjeros para saber si tienen algún registro relevante.
A inicios de este año, con motivo del aniversario de la desaparición de Alicia (madre), su hija publicó una carta dirigida a los perpetradores. No sólo a los altos mandos que ordenaron desde sus oficinas la detención y desaparición forzada de miles de personas durante el periodo de contrainsurgencia, o a quienes participaron directamente en actos que hoy día se consideran de lesa humanidad; también a aquellos testigos que observaron, callaron y no se opusieron a lo que claramente era una respuesta desproporcionada en contra de hombres y mujeres que, asfixiados por el régimen, no tuvieron más remedio que radicalizarse.
“Sus padres, abuelos, tíos, esposos o vecinos también fueron colocados en las sombras de la historia por sus propios mandos superiores policiacos y militares. Algunos de ellos fueron borrados, pero no por completo, ni para siempre”.
Apelando a su buena voluntad, Alicia hizo igualmente un llamado a familiares, vecinos y compañeros de los agentes que formaban parte del circuito de la desaparición forzada; personas que en alguna ocasión notaron la sangre ajena que manchaba las ropas, zapatos o cabellos de sus conocidos, o ciertos comportamientos propios de la contrainsurgencia en los mismos (patrullajes en automóviles no oficiales, ingresos cotidianos a los cuarteles militares, viajes en aviones de la DFS o armas que nunca se despegaban de sus cuerpos).
“Dense y denos la oportunidad de quitarnos las sombras de encima”, les escribió pidiéndoles que le compartieran cualquier información, por anecdótica que fuera.
Alicia de los Ríos Merino (madre), estudiante del tecnológico de Chihuahua. Foto: Especial, proporcionada por la familia.
UNA GENERACIÓN ASFIXIADA
Alicia (madre) era parte de una generación que se formó políticamente al calor del movimiento estudiantil, no necesariamente homogéneo en todo el país, pero que sí veía con impotencia cómo se le iban cerrando los espacios. Más importante aún, cómo las fuerzas del Estado comenzaban a interpretar una simple huelga universitaria en Chihuahua o una elección disputada de la sociedad de alumnos en Jalisco, como una amenaza directa a su supervivencia.
La decisión de dejarlo todo —un hogar, una carrera— respondía entonces a una experiencia compartida y a una negación consciente del futuro que les ofrecía el régimen. Alicia (madre) es una de las fundadoras de la Liga Comunista 23 de Septiembre en Ciudad Juárez, en 1972, que en un primer momento se trataba más bien de una confederación de grupos regionales que se habían formado entre 1968 y 1971, y que a través del nombre escogido entablaba un diálogo histórico con el comando guerrillero que en 1965 asaltó el cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua.
Esa primera generación, explica Alicia (hija), es la que tiene más sobrevivientes, ya sea porque fueron detenidos rápidamente, porque rectificaron al poco tiempo de haber ingresado o porque fueron deslindados de la organización por pugnas internas.
En este último grupo se encontraba su madre hasta que, en 1975, luego de un periodo de crisis que concluyó con la llegada de una nueva dirección a la Liga (la llamada Brigada Roja), es invitada nuevamente a formar parte de las acciones insurgentes. Su retorno queda sellado al integrarse al comando que liberó a seis guerrilleros presos en el penal de Oblatos, en Guadalajara, en enero de 1976. Entre los fugados se encontraba Enrique Pérez Mora “El Tenebras”, padre de Alicia (hija), quien sería asesinado en un enfrentamiento meses más tarde.
Alicia (madre), la única mujer con un mando militar dentro de la Liga, participaría en otras acciones, incluyendo el intento de secuestro de la hermana del Presidente en turno, Margarita López Portillo. De ahí que para su hija sea muy claro que su perfil le ponía prácticamente una cruz en la frente: “Nunca he puesto en duda por qué se los llevaron o ejecutaron [a su madre y a su padre], pero no voy a dejar de insistir en que eso no se debió hacer con ellos. Si se les consideraba unos transgresores, justo tendría ese Estado autoritario —contra el que pelearon— haberlos puesto a disposición de las autoridades. Y no legalizar cuerpos de contrainsurgencia [que buscaban eliminarlos]”.
Ficha de Alicia de los Ríos (madre). Foto: Biblioteca “Archivos de la Represión”.
De acuerdo con testimonios de tres de sus compañeros sobrevivientes, Mario Álvaro Cartagena “El Guaymas” —fallecido hace apenas dos meses—, Amanda Arciniega y Alfredo Medina Vizcaíno, Alicia (madre) fue vista, entre abril de 1978 y 1980, en el Campo Militar No. 1 de la Ciudad de México, y en la Base Área Militar Pie de la Cuesta, en el estado de Guerrero, lugar de donde salían los llamados “vuelos de la muerte” (vuelos para tirar al mar a personas desaparecidas).
Gracias a estos testigos y a una semblanza escrita por Alicia (hija) tras la muerte de “El Guaymas”, gran amigo de ella y de su madre, es posible entrar por un momento al Campo Militar No. 1, el centro clandestino de detención más importante del país hasta mediados de los años ochenta.
Ella cuenta que “El Guaymas”, sacado de la Cruz Roja a punto de ser intervenido por las heridas de bala recibidas en brazos, piernas y estómago, fue llevado a este lugar por la Brigada Especial, en donde fue torturado y en donde perdería la pierna izquierda al no ser atendido. “En medio del infierno, un día llevaron a su celda a mi mamá, a quien obligaron a que confirmara que el detenido que tenía enfrente era su compañero”. Con la mirada, dice Alicia (hija), su madre le dijo al Guaymas: “Aguante cabrón, no tire a nadie”.
Durante los primeros días de su detención, asegura Ramón Galaviz Navarro en el libro de Camilo Vicente Ovalle Tiempo Suspendido, Alicia (madre) estuvo en un área carcelaria “normal” del Campo Militar No. 1, a donde llegaban cada dos días a darle curación por el balazo recibido en la clavícula al momento de su detención. “Al tiempo la quitaron de allí, ya no la volvimos a ver”, relata el testigo, quien posteriormente sería llevado a un área más clandestina, en completo aislamiento, ubicada al fondo del edificio.
Vicente Ovalle, a partir de esta y otras entrevistas con sobrevivientes, reconstruye parte de la infraestructura del Campo, a donde fueron a parar la mayoría de las personas detenidas y desaparecidas entre 1974 y 1978. Estaba dividido en al menos tres áreas: “una de ingreso, donde se practicaban los primeros tormentos a los recién llegados, otra área de celdas subterráneas, y una zona más parecida a un reclusorio”.
Con frecuencia y a distintas horas, cuenta en el libro Bertha Alicia López —detenida-desaparecida proveniente de Torreón, Coahuila—, “se escuchaban los ruidos de las torturas y los gritos de los torturados” cuyas voluntades se iban fracturando poco a poco. El ingreso a un centro clandestino de detención, sostiene Vicente Ovalle, “suponía la suspensión de cualquier certeza: la vida y la muerte, el tiempo y las razones”; de ahí que los perpetradores echaran mano incluso de personal médico para asegurarse que los detenidos sometidos a tortura no murieran antes de lo programado.
Alfredo Medina Vizcaíno, quien estuvo en los sótanos del Campo Militar No.1, relató a la Comisión Nacional de Derechos Humanos su encuentro con Alicia (madre) a inicios de junio de 1978, cinco meses después de su detención-desaparición: “[se me lleva] a un segundo o tercer piso del mismo lugar, [en donde] se encontraban otras personas que habían sido detenidas […] entre ellas se encontraba […] Alicia de los Ríos Merino […] esta persona, junto conmigo, fue llevada al estado de Guerrero […] A mediados de junio fue cuando nos separaron, llevándome de vuelta al campo militar en la Ciudad de México, y a ella ignoro para dónde la llevaron”.
La responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición de Alicia (madre) es, pues, innegable, por más muecas o gestos de desaprobación que el exagente de la Dirección Federal de Seguridad, que está sentado frente a su hija 43 años después en la diligencia de investigación, haga cada vez que ella se refiere a su mamá y a sus compañeros combatientes como víctimas. “Esas batallas no han cesado”, dice Alicia.
Desde los 16 años, Alicia de los Ríos (derecha) ha buscado a su madre. Foto: Centro Prodh.
EL DERECHO A LA VERDAD
Las batallas por la verdad se libran en dos frentes: en lo individual y en lo colectivo. Alicia (hija), en esta entrevista, recuerda que de niña no sabía cómo había muerto su padre y por qué habían desaparecido a su madre; eso ocasionó que ninguna versión sobre lo sucedido la dejara satisfecha, ni la de su familia ni la de los sobrevivientes que combatieron junto a ellos.
Con el paso de los años y gracias a su trabajo, como abogada e historiadora —carreras que deliberadamente escogió para buscar y dar sentido a la desaparición—, ha ido armando un rompecabezas al que sólo le hacen falta algunas piezas en el medio: las de la lógica contrainsurgente —que espera completar una vez que se desclasifiquen todos los archivos de la represión, incluyendo los de las Fuerzas Armadas—, y la más importante, la que le diga qué pasó con su madre.
El caso de Alicia de los Ríos es emblemático no sólo por la proyección internacional alcanzada —recientemente presentaron un informe de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de acudir a esta instancia en 2011—, sino por el precedente que abre para otros casos de desaparición forzada durante la “guerra sucia”, especialmente en lo que toca a la necesidad de llamar a cuentas a los perpetradores.
“Pareciera que hubieran desaparecido, de manera voluntaria, con nuestros familiares. Pero no. Encontrarlos es una tarea posible”, dice Alicia (hija), quien en los próximos meses espera entrevistarse con otros siete exagentes de la Dirección Federal de Seguridad que se presume detuvieron, trasladaron, interrogaron y torturaron a su madre; agentes cuyas responsabilidades se fueron diluyendo entre archivos administrativos celosamente guardados y pactos de silencio. Perpetradores que hoy en día tienen entre 70 y 85 años.
De ahí la urgencia, insiste, en que se eche a andar la Comisión de la Verdad para la “guerra sucia” —uno de los cinco mecanismos incluidos en el Plan para la Verdad, la Memoria y el Impulso a la Justicia, construido junto con colectivos de víctimas y sobrevivientes— anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 30 de agosto.
Su creación, explica al final de la carta publicada este 22 de septiembre, puede influir en que los perpetradores que aún siguen cómodos en las sombras, rompan el silencio. “No cejaremos en ese empeño, con la dignidad por delante, aunque no sea sencillo estar cara a cara con ellos”.
Además de crear una Comisión de la Verdad sobre la “guerra sucia”, el Gobierno federal acordó con familiares de víctimas y sobrevivientes de ese periodo impulsar un plan anti impunidad que contempla el acceso a los “archivos de la represión” y a instalaciones militares; un plan de búsqueda de desaparecidos, judicializar hechos y una Ley de Memoria. El plan está en manos de Presidencia; las víctimas esperan que el Ejército rompa el pacto de silencio.
Por Analy Nuño y Adrián Montiel*
Ciudad de México, 28 de septiembre (A dónde van los desaparecidos).– La creación de una Comisión de la Verdad, anunciada el 30 de agosto por el Presidente, es uno de cinco mecanismos que contempla un ambicioso “Plan para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia” que el Gobierno federal acordó con familiares de víctimas y sobrevivientes de la “guerra sucia”. El plan contempla crear un programa de búsqueda del paradero de las personas desaparecidas, acceder a los “archivos de la represión” y a las cárceles clandestinas, así como abrir procesos judiciales.
El llamado Plan Presidencial —que fue elaborado por sobrevivientes y familiares de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras graves violaciones a derechos humanos, y trabajado junto con funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación— se basa en cinco ejes: verdad, justicia, búsqueda, reparación y memoria y no repetición de esos hechos. Éste es la base de los decretos presidenciales que deberían publicarse en los próximos días.
La investigación, persecución y esclarecimiento de los crímenes del Estado cometidos entre 1965 y 1990, así como la reparación a sus víctimas, y la investigación del paradero de las más de mil personas que se encuentran desaparecidas de ese periodo y de un número desconocido de bebés nacidos en cautiverio, sólo será posible con “voluntad política”, advierten algunas de las personas que participaron en la elaboración del proyecto.
El documento —al que este equipo tuvo acceso— ahora está en manos de la Consejería Jurídica de Presidencia, a la cual le toca redactar los decretos que serán la base para crear los cinco instrumentos contemplados en el plan. Las familias esperan que el Poder Ejecutivo mantenga el compromiso de otorgar acceso pleno a los archivos e instalaciones del ejército para garantizar que este sea un verdadero “plan anti impunidad” y no otro intento fallido de investigar los crímenes del pasado.
“No podemos considerar que haya verdad alrededor de la contrainsurgencia si no se abren los archivos y las instalaciones. Si no pensamos que el Ejército va a participar en el acceso, no va a ser posible el esclarecimiento y, por ende, no va a ser posible la justicia. ¿Y cómo? Pues a través de un mandato presidencial, el Presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no sabemos si lo va a hacer o no. Esperamos que sí, pero si no lo hace está destinado al fracaso”, dice Alicia De los Ríos, quien busca a su madre que fue detenida, presa en el Campo Militar Número 1, y desaparecida hace 43 años.
Enfatiza ese tema de la rendición de cuentas del Ejército que preocupa a algunas personas que durante cinco meses participaron en la elaboración del plan. “La versión (del plan) aprobada y consensuada fue la trabajada por los familiares”, remarca.
La historiadora y quien desde niña formó parte de un comité de búsqueda de familiares desaparecidos de Chihuahua, así como el defensor de derechos humanos, Fabián Sanchez Matus, quienes participaron en la elaboración del plan, señalan que uno de sus objetivos es privilegiar la búsqueda, contar con acceso a los “archivos de la represión” y a las instalaciones militares, así como entrevistar a perpetradores. Pero, sobre todo, conocer el paradero de los desaparecidos. Sólo así, coinciden, se terminaría la impunidad y se evitaría que este plan fracase.
Sánchez Matus, señala: “El alcance todavía está por verse, falta que se emita el decreto presidencial donde se plantea toda está estrategia… habrá que ver, en ese compromiso, cómo es que tendrían que responder las instituciones directamente involucradas”.
El defensor dimensiona el desafío que tiene la actual administración para cumplir su compromiso con los colectivos, familiares y sobrevivientes del periodo de la contrainsurgencia: “Veamos si este Gobierno cuenta con la voluntad política para que, finalmente, todos esos archivos sean públicos y puedan ser consultados por cualquiera. Principalmente por los mecanismos que se estarían generando con el decreto, como por la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Tiene que haber una voluntad enorme para que finalmente se den esos archivos y pueda existir una mayor claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, quiénes fueron los perpetradores y dónde pudieran estar las víctimas desaparecidas”.
Los crímenes a los que el plan contempla echar luz fueron cometidos durante el periodo de contrainsurgencia, conocido también como “guerra sucia”, en el cual el Estado dirigió acciones policiaco-militares, abiertas y encubiertas, además de estrategias político, económicas y sociales legales e ilegales en contra de campesinos, obreros, estudiantes, población civil y grupos disidentes armados que demandaban cambios sociales. Los métodos para reprimirlos fueron la persecución, las detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos.
El término de “guerra sucia” —según el historiador Camilo Vicente Ovalle— se refiere a las prácticas ilegales realizadas por el Estado y que no sólo afectaron “a las organizaciones guerrilleras, sino a un conjunto más amplio de la disidencia política en México” y a todos aquellos “movimientos y organizaciones que buscaban transformar el régimen político”.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente se reunió con familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia y anunció la creación de la Comisión de la Verdad. Foto: Twitter @lopezobrador_.
LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN CONTRA LA IMPUNIDAD
En marzo de 2021, colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia sostuvieron un primer encuentro con personal de la Subsecretaría de Gobernación, la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos (DGEADH), el Archivo General de la Nación y la Comisión Nacional de Búsqueda. En esa reunión, acordaron iniciar los trabajos para desarrollar “un plan contra la impunidad”, tras al menos 30 años sin acciones encaminadas a la justicia y de protección a los perpetradores, miembros del Ejército, de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y policías estatales y municipales.
La asamblea, conformada por 20 colectivos, familiares, víctimas y sobrevivientes, elaboró un primer documento y en junio lo presentó al Presidente López Obrador, explica en entrevista Alicia de los Ríos Merino.
“El Presidente —recuerda la también abogada— nos dijo que se comprometía a impulsar diferentes iniciativas. En ese momento eran reparación, que los militares nos dieran apertura a los archivos y a diferentes cosas; pero pidió que trabajáramos el plan”.
Durante julio y agosto, con asesoría de expertos independientes en verdad, memoria y justicia, los colectivos y sobrevivientes desarrollaron la propuesta que deberá será la base del decreto presidencial para crear la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, así como los otros instrumentos que se incluyeron en el plan.
Hasta la fecha, ninguno de los esfuerzos institucionales ha reconocido oficialmente los crímenes del pasado, tampoco la compensación de las familias, la dignificación de las víctimas ni la garantía de la no repetición. Tampoco ha colaborado para dar con el paradero de las personas detenidas y desaparecidas.
“A las víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas no sólo les fue negado el acceso a la justicia por los crímenes cometidos en su contra, también les fue negado el reconocimiento de sus memorias y de sus historias, sometidas al olvido y la estigmatización institucional”, se lee en las primeras páginas del plan aprobado por las familias.
Encuentro en la Secretaría de Gobernación con más de 20 colectivos de familiares, víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia. Foto: Facebook Félix Santana Ángeles.
A continuación los cinco mecanismos del plan:
1. ACCEDER A LA VERDAD
Uno de los mecanismos contemplados en el plan presidencial y acordados con los colectivos, familiares y sobrevivientes es la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad y al Esclarecimiento Histórico, la cual se conformará por cinco expertos y deberá investigar las graves violaciones de derechos humanos —como desaparición forzada, tortura y tortura sexual, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, persecución política y prisión política— ocurridas durante el periodo del 1 de enero de 1965 al 31 de diciembre de 1990.
Los integrantes de la comisión deberán tener atribuciones para convocar a personas que puedan dar información útil y para entrar a las instalaciones “civiles o militares”, donde presuntamente se hayan cometido graves violaciones de derechos humanos. Además del acceso incondicional a los archivos con información sobre este periodo.
Alicia de los Ríos recuerda que en el país hay diferentes archivos que deberían consultarse, entre ellos los del personal y las operaciones del Estado Mayor Presidencial, así como los relacionados con la base aérea localizada en Pie de la Cuesta, en Acapulco, lugar desde donde salieron los aviones que se usaron para los “vuelos de la muerte”; vuelos que se realizaron para arrojar al mar a los disidentes políticos.
La magnitud de los archivos para analizar es de alrededor de ocho mil cajas con cientos de documentos, de acuerdo con la DGEADH: tres mil cajas del Fondo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), encargada de la inteligencia o el servicio secreto del Estado Mexicano; cuatro mil del Fondo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), policía política de la Secretaría de Gobernación, y 486 cajas de la Sedena.
“Son muchos archivos: los administrativos, los que no dio el Cisen (Centro Nacional de Inteligencia) ni el fondo de la DFS; porque no dio el archivo sobre el personal que transitó de la DFS al Cisen. Todos esos nos interesan, además de los archivos de los estados”, señala la también abogada.
“Nosotros —explica— denominamos archivos de la represión a todos aquellos que se generaron a partir de la contrainsurgencia. Si bien en el Archivo General de la Nación están los Fondos de la Dirección Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales, no son todos… Siempre hemos estado insistiendo en la apertura de los archivos militares y de las instalaciones militares”.
Los integrantes de la comisión —la cual se propone que tenga un periodo de trabajo de dos años y medio, a partir de su creación— tendrán que presentar un informe final con recomendaciones para realizar reformas estructurales para la no repetición e iniciativas para la dignificación de las víctimas, sus familiares y comunidades.
Tita Radilla y María Herrera encabezan marcha de familiares en Chilapa, Guerrero, durante el primer encuentro del Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos en 2019. Foto: Lenin Ocampo Torres/El Sur.
Este no es el primer intento por esclarecer lo sucedido durante el periodo de la contrainsurgencia en el país y evitar que continúen impunes acciones como las desapariciones forzadas que se registraron en ese entonces.
En 1990, a partir de la exigencia de colectivos de familiares, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) creó el Programa Especial de Presuntos Desaparecidos que documentó 532 desapariciones de esa época, pero sólo pudo comprobar la desaparición forzada de 273. No obstante, el número de víctimas puede ser mucho mayor, de acuerdo con colectivos de familiares que han documentado los crímenes del pasado.
Alicia de los Ríos menciona que no existe un “estimado real” del total de las víctimas de ese periodo. “Eso es lo primero que hay que hacer. Las cifras siguen oscilando entre las 532 víctimas de Eureka y las mil de Afadem (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México)”.
En 2001, once años después de creado el Programa Especial de Presuntos Desaparecidos, la CNDH publicó la Recomendación 26/2001, que llevó a la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), al inicio del sexenio de Vicente Fox; esta Fiscalía, disuelta en 2006, abrió cerca de 600 averiguaciones previas relacionadas con desapariciones, y logró la judicialización de 14 averiguaciones previas gracias al acceso a los archivos de la DFS y la DGIPS.
Dos de estas averiguaciones llevaron a juicio al expresidente Luis Echeverría por el delito de genocidio por las masacres estudiantiles de 1968 y 1971. También se documentaron casos de militares por el delito de genocidio y desapariciones durante la “guerra sucia”. Al término de su gestión, la FEMOSSP elaboró un informe que nunca se publicó oficialmente, aunque algunas de sus versiones fueron filtradas a la prensa.
Los lugares con más víctimas son Ciudad de México, Sinaloa, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Michoacán, Sonora, Baja California, Nuevo León, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Puebla, Tamaulipas, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Guerrero. Esta última entidad padeció, como ninguna otra, la fuerza del Estado.
Uno de los esfuerzos más recientes para esclarecer las consecuencias de la contrainsurgencia en Guerrero se dio en 2012, cuando el Congreso del estado creó la Comisión de la Verdad (Comverdad). En su informe final, los integrantes de la comisión concluyeron que en muchas comunidades del estado se vivió una “suspensión de las garantías individuales y un verdadero estado de sitio”.
Mitin afuera del Campo militar No. 1. Foto: Carlos Piedra. Archivo Histórico del Comité ¡Eureka!.
2. IMPULSAR A LA JUSTICIA
Para el Impulso a la Justicia, el plan aprobado por colectivos y sobrevivientes sugiere la creación de una Fiscalía Especial para que elabore planes de investigación integrales. La propuesta es dotarla de atribuciones similares a la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), creada por la Fiscalía General de la República para investigar, perseguir los delitos y concluir los procesos penales por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Esta nueva Unidad o Fiscalía deberá atraer las 13 averiguaciones previas judicializadas por la FEMOSPP, en las que no procesó a perpetradores. Además de las 245 averiguaciones previas no judicializadas y que están pendientes por delitos cometidos contra 514 víctimas directas que, en su mayoría, continúan desaparecidas.
La única sentencia relacionada con este periodo, que se tiene hasta hoy, se logró en 2009 en contra de Esteban Guzmán Salgado, exagente de la DFS, sentenciado a cinco años de prisión por la desaparición forzada de Miguel Ángel Hernández Valerio, estudiante de la Preparatoria Rosales Nocturna de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quien se desapareció en 1977.
Entre sus facultades, la Fiscalía Especial podría otorgar beneficios por la colaboración eficaz y otras figuras que incentiven a personas investigadas o testigos anónimos a proporcionar información sobre los perpetradores.
“Para nosotros queda claro que una Comisión de la Verdad funciona distinto a una Fiscalía; es decir, puede tener la atribución de retomar testimonios anónimos, de que las personas se acerquen y no deban entregar sus datos, etcétera. Estamos conscientes de que se corre el riesgo de que pase esto: que primero se realice el esclarecimiento histórico y, después, la Fiscalía decida si los llama como testigos o como posibles indiciados, según sea el caso”, señala Alicia de los Ríos.
Su experiencia, a partir del proceso judicial que lleva por la desaparición forzada de su madre, le permite decir “son pocos o muy escasos los perpetradores que van a querer hablar, pero sí hay una serie de testigos claves que pueden hablar, es decir, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, un montón de gente”.
Para ella es importante que los perpetradores conozcan cuál será el ejercicio de una Comisión de la Verdad y que se cuente con “espacios de confianza” para hablar con esos testigos. Porque, de otra forma, será difícil que colaboren. “No es su naturaleza, porque justo ellos se escondieron y también desaparecieron de la propia historia de manera consciente”.
Una de las tareas de la Comisión de la Verdad, señala, tendría que ser el realizar un mapa de quiénes son los perpetradores. “Ahí se tendría que concentrar la acción de la Comisión de la Verdad, sobre los posibles responsables”.
Carteles que se exhiben en la Casa de la Memoria Indómita, donde se resguardan documentos, fotografías y objetos relacionados con el periodo de contrainsurgencia. Foto: Thelma Gómez.
3. BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
En el documento aprobado por los familiares también se considera tener un Plan Especial de Búsqueda, para concentrar y sistematizar fuentes documentales y testimoniales que permitan encontrar a las personas desaparecidas durante el periodo de la contrainsurgencia.
“Para nosotros —apunta la entrevistada— la búsqueda es desde la presunción de vida, como principio del derecho internacional. Buscarles con todo lo que implica: testigos, archivos e instalaciones. Lo que nosotros ahora esperamos es que los testigos entren, que haya una inspección real (en los lugares) donde estuvieron nuestros familiares, este es el punto medular”.
El plan contempla realizar acciones de búsqueda en centros de reinserción social, cárceles clandestinas, cuarteles militares y otros escenarios, a partir del último paradero conocido de las personas desaparecidas. Además, del rastreo de pistas en la documentación pública sobre el destino de los niños y niñas nacidos en cautiverio o apropiados por perpetradores.
Para Fabián Sánchez Matus, director ejecutivo del Laboratorio de Litigio Estructural, organización que acompaña a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), uno de los propósitos es determinar los patrones de las instituciones que llevaron a cometer estas violaciones, la responsabilidad y sanción adecuada a los perpetradores: el objetivo primordial es conocer el paradero de las personas desaparecidas durante el periodo de la contrainsurgencia.
“La determinación de un posible paradero de los familiares desaparecidos sería, sin duda, el objetivo más deseado por los familiares. Hay ciertos colectivos que, durante más de cinco décadas, han estado buscando a sus familiares”, señala.
En marzo de 2019, la Comisión Nacional de Búsqueda integró un equipo especializado en la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente durante la “guerra sucia”, el cual trabaja bajo seis líneas de acción, entre las cuales destaca la recolección de testimonios de familiares y sobrevivientes e identificación de potenciales informantes.
El Subsecretario Alejandro Encinas,en reunión con familiares de desaparecidos y víctimas de la contrainsurgencia. Foto: Facebook Alejandra Cartagena.
4. REPARACIÓN Y COMPENSACIÓN
Los sobrevivientes y familiares de víctimas también propusieron la conformación de un Programa Especial de Reparación y Compensación de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, tortura sexual, desaparición forzada permanente y de personas sobrevivientes a la desaparición.
Alicia de los Ríos menciona que en el caso de Guerrero, “donde la contrainsurgencia tuvo las dimensiones de una guerra civil, el Presidente —por lo menos el 10 de junio— fue categórico y dijo: ‘se les va a reparar’. Sabemos que los mecanismos son caros y, justo por eso, este mecanismo tiene que ser súper eficiente, que tenga presupuesto para actuar, pero que no se duplique la burocracia”.
Hasta el momento, en las reuniones que han sostenido colectivos y autoridades no se ha discutido el monto de las compensaciones ni de los recursos necesarios para costear todo el plan de trabajo durante los dos años y medio contemplados.
“La Secretaría de Hacienda tiene que estar en ese compromiso muy decidido para garantizar esos trabajos y que no se estén frenando… tienen que garantizar todas las condiciones para que se tengan los resultados esperados y eso implica, incluso, el financiamiento público, para que funcione un mecanismo de este tipo”, señala Sánchez Matus.
Integrantes de algunos de los colectivos que participaron en la integración del Plan. Foto: Facebook Alicia de los Ríos.
5. UNA NUEVA LEY PARA LA NO REPETICIÓN
El plan propone una Ley de Memoria y No Repetición, con la cual se “garantizará el fomento y preservación de la memoria pública, así como labores de esclarecimiento histórico”, de acuerdo con el documento.
Esta ley permitiría dar continuidad a los trabajos y recomendaciones de la Comisión de Acceso a la Verdad y Esclarecimiento Histórico, los cuales deberán contribuir a procesos de justicia.
También contemplaría un apartado para garantizar la identificación, rescate, conservación y acceso a fondos documentales vinculados con violaciones a derechos humanos y movimientos sociales; y fomentar la creación y conservación de archivos orales para el rescate de testimonios.
Se espera que se tenga un decreto especial para crear el Centro de Memoria, en convenio con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
La idea de tener una legislación sobre el tema, explica Alicia de los Ríos, es que con ella se puedan resguardar los archivos de la represión, los testimonios y todo aquello que realice la Comisión de la Verdad. El contar con una ley, insiste, permitiría evitar que estas acciones queden a la voluntad de los funcionarios públicos que lleguen después.
Desde el pasado 30 de agosto, el Plan Presidencial para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia está en manos de la Consejería Jurídica de Presidencia. Esta instancia adecuará el documento aprobado por familiares, víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia y en un plazo de 30 días —a finales de septiembre— deberá estar listo el primer decreto para su firma y publicación.
Desde el pasado 30 de agosto, el Plan Presidencial para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia está en manos de la Consejería Jurídica de Presidencia. Esta instancia adecuará el documento aprobado por familiares, víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia y en un plazo de 30 días —a finales de septiembre— deberá estar listo el primer decreto para su firma y publicación.
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*Analy Nuño (@AnalyNuno) es periodista mexicana freelance. Se ha especializado en derechos humanos, grupos indígenas, defensa del territorio y víctimas de la violencia.
*Adrian Montiel (@adrianmontiel_g) es reportero mexicano. Investiga y aprende sobre derechos humanos, víctimas de violencia y desaparición.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
