Jesús Murillo Karam es acusado por los delitos de tortura, contra la administración de la justicia y hasta de desaparición forzada por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- “Ya se derrotó la presunción de inocencia”, declaró el exprocurador Jesús Murillo Karam, luego de que un Juez de Control le dictara prisión preventiva al considerar como válidos los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre que el exfuncionario cuenta con los recursos suficientes para fugarse.
En una audiencia de más de 12 horas, el Juez Marco Antonio Fuerte Tapia consideró que hay elementos suficientes para temer el riesgo de fuga, pues dijo que se trata de una figura de alto perfil y que la Fiscalía entregó indicios objetivos que hacen suponer que puede abandonar el país, porque tiene vigente su pasaporte. Además, hay antecedente de que ha salido del país en vuelos privados y que cuenta con solvencia económica para hacerlo.
La Fiscalía acusa al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto por los delitos de tortura y contra la administración de la justicia –en calidad de intelectual– y hasta de desaparición forzada –en calidad de autor material– en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon desde el Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
La próxima audiencia será el próximo 24 de agosto a las 08:00 horas, en donde el Juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinará si vincula o no a proceso a Murillo Karam por los delitos antes mencionados. En tanto, el exfuncionario deberá permanecer en el Reclusorio Norte.
Los abogados de Murillo Karam esperaban que pudiera enfrentar su proceso en libertad bajo el argumento de que el exfuncinario tiene enfermedades crónicas como hipertensión arterial, insuficiencias vascular cerebral, y enfermedad pulmonar crónica (por fumar), pero el Juez no concedió esta medida.
Murillo Karam fue detenido el pasado 19 de agosto en la colonia Lomas de Chapultepec, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.
Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, hoy FGR, fue detenido el viernes pasado. Foto: Cuartoscuro.
Ante la presión pública para que se aclarara un crimen que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales, y que éstos los mataron, los quemaron a todos en una gran hoguera en un basurero y arrojaron los restos a un río.
Sin embargo, un grupo de expertos internacionales y la actual Fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron distintas autoridades, fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.
En 2020, el actual Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, acusó a Murillo Karam de “orquestar un engaño mediático masivo”. Dos años después fue detenido en su casa en la Ciudad de México y, según el comunicado oficial, sin que opusiera resistencia. Se convertía en el primer exprocurador General mexicano en ser capturado por la institución que él mismo dirigió.
#FGRInforma | #FGR obtuvo 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa en Iguala, autoridades de Guerrero; policías estatales, policías municipales y 14 miembros del grupo Guerreros Unidos, vinculados al caso Ayotzinapa.
Horas después de la captura de Murillo Karam, la Fiscalía informó en un comunicado de la emisión de 83 órdenes de captura, 20 de ellas de militares y el resto de policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Murillo Karam, exlegislador y exgobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 74 años, dirigió la entonces Procuraduría General de la República de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Dejó el cargo cinco meses después del crimen, tras haberse convertido en una de las personas más criticadas por los padres de los estudiantes, que desde hace años habían pedido su arresto. En una ocasión dio por terminada una conferencia de prensa con el argumento de que ya se había cansado de dar explicaciones.
En la audiencia de este sábado, el Juez determinará si fue legal la detención que realizó la FGR, con base en una orden de aprehensión por presunta responsabilidades en los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– El exprocurador Jesús Murillo Karam comparece desde esta mañana ante un Juez de Control en el Centro de Justicia Federal para ser imputado por presuntos delitos cometidos en el caso Ayotzinapa, en especial de la tortura en contra de seis integrantes de Guerreros Unidos, la organización criminal que desapareció a los 43 normalistas.
Los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron durante la audiencia que Murillo Karam había organizado una reunión, o “cónclave”, para fraguar la entonces llamada “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, que postulaba la incineración de todos los normalistas en el basurero de Cocula.
En la reunión, realizada en Iguala, habrían participado, entre otros, Omar García Harfuch, hoy Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en aquel momento delegado de la extinta Policía Federal en Guerrero.
Las autoridades federales detallaron que el cónclave habría ocurrido el 7 de octubre de 2014, una semana y media después de la desaparición de los estudiantes. Otros participantes incluyen al entonces Gobernador guerrerense, Ángel Aguirre; Tomás Zerón, titular de la Agencia Federal de Investigación y hoy prófugo del Gobierno mexicano en Israel; así como de Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces Fiscal especializado en delitos de secuestro.
Murillo Karam fue acusado por la FGR de fraguar la “verdad histórica” de manera dolosa y de organizar un “cónclave” con figuras clave. Foto: FGR.
Explicó que él ya había sido designado a cumplir con una serie de labores en el estado de Michoacán en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Es importante precisar que cuando suceden esos hechos, es importante decir donde estaba yo. Yo estaba en Michoacán, exactamente en Buenavista, Tomatlán y en Nueva Italia, Michoacán […] Yo no estaba en Guerrero, si hubiera estado en Guerrero, por supuesto salir a asumir y dices ‘me hago responsable de la Policía Federal’”, indicó en entrevista.
Los familiares de Murillo Karam no dieron declaraciones a la prensa. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo
Por otra parte, este sábado, Murillo Karam, quien fue detenido ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) al exterior de su domicilio en La Lomas de Chapultepec, fue trasladado en un convoy de cinco camionetas pertenecientes a la dependencia y a la Secretaría de Marina (Semar).
La defensa de Murillo Karam pidió un receso argumentando que la Fiscalía General de la República apenas le entregó esta mañana la carpeta de investigación, petición a la que accedió el Juez. Luego se volvió a decretar un receso, pero para tomar alimentos y para que un médico revisara al exprocurador.
En la audiencia de este sábado, el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia determinará si fue legal la detención que realizó la FGR, con base en una orden de aprehensión por presunta responsabilidades en los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. La defensa de Murillo Karam pidió un receso argumentando que la Fiscalía General de la República apenas le entregó esta mañana la carpeta de investigación, petición a la que accedió el Juez.
Murillo Karam será presentando ante un juez tras su detención el día de ayer. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
Entre el grupo de cuatro abogados que conforman la defensa del exprocurador están José Javier López García, abogado de Juan Collado, y Antonio López Ramírez, quien también defiende a Raúl Beyruti, “El Rey del outsourcing”.
Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también acudió a la audiencia, al igual que una representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y cuatro fiscales del Caso Iguala que formularán la imputación contra Murillo Karam.
El convoy que trasladó a Murillo al Reclusorio Norte. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
Murillo Karam comparecerá en audiencia. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
INFORME DERRIBA VERSIÓN DE MURILLO KARAM
Ante la presión pública para que se aclarara un crimen que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales, y que éstos los mataron, los quemaron a todos en una gran hoguera en un basurero y arrojaron los restos a un río.
Sin embargo, un grupo de expertos internacionales y la actual Fiscalía General de la República echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron distintas autoridades, fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.
En 2020, el actual Fiscal general, Alejandro Gertz Manero, acusó a Murillo Karam de “orquestar un engaño mediático masivo”. Dos años después fue detenido en su casa en la Ciudad de México y, según el comunicado oficial, sin que opusiera resistencia. Se convertía en el primer exprocurador general mexicano en ser capturado por la institución que él mismo dirigió.
Jesús Murillo Karam fue detenido por Marinos a petición de la FGR por el caso Ayotzinapa. El político priista fue detenido cuando salía de su casa en Lomas de Chapultepec. Foto: FGR.
Horas después de la captura de Murillo Karam, la Fiscalía informó en un comunicado de la emisión de 83 órdenes de captura, 20 de ellas de militares y el resto de policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Murillo Karam exlegislador y exgobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 74 años, dirigió la entonces Procuraduría General de la República de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Dejó el cargo cinco meses después del crimen, tras haberse convertido en una de las personas más criticadas por los padres de los estudiantes, que desde hace años habían pedido su arresto. En una ocasión dio por terminada una conferencia de prensa con el argumento de que ya se había cansado de dar explicaciones.
Casi a media noche del viernes, sus abogados emitieron un breve comunicado en el que dijeron que “de ser sólido y apegado a derecho, el proceso que inicia podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas” y dejaron claro que a los padres no les mueve la venganza sino “la esperanza de que se sepa la verdad”.
El PRI indicó en su cuenta de Twitter que la detención de Murillo Karam “responde más a un tema político, que de justicia” y le ofreció todo el respaldo del partido.
El arresto se realizó un día después de que el caso fuera calificado como “crimen de Estado” por la Comisión de la Verdad, creada por la actual administración.
En un informe, dicha entidad consideró probado que tanto el crimen como la ocultación de la verdad sobre lo ocurrido fueron hechos organizados “desde el más alto nivel del gobierno”, donde se alteraron escenas del delito y se ocultaron no solamente los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Enrique Peña Nieto junto a Jesús Murillo Karam. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro.
Hasta ahora, el más alto funcionario acusado en el caso, también por torturas y desaparición forzada, era Tomás Zerón, el jefe de la investigación y subalterno de Murillo Karam. Zerón se encuentra oculto en Israel. México le ofreció un acuerdo para que colabore con la justicia, pero Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, dijo que no aceptó.
La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, trascendió a nivel nacional e internacional porque, pese a la violencia en la que ha estado sumido el país desde hace años, este caso resumía muchos de sus males: víctimas jóvenes, la acción del narcotráfico, la corrupción de las autoridades, la impunidad y el fenómeno de los desaparecidos.
Murillo Karam ofreció innumerables detalles sobre cómo los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados por criminales en una inmensa hoguera en un basurero y de cómo se encontró una bolsa con algunos restos óseos en un río cercano. Sus explicaciones estaban sustentadas en testimonios de detenidos, que posteriormente se confirmó que fueron torturados.
Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República. Foto: Cuartoscuro.
Aunque se identificó a tres estudiantes con restos óseos calcinados recuperados en ambas administraciones, la versión del basurero quedó finalmente descartada. En su informe presentado el jueves, la Comisión corroboró que los 43 jóvenes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, y también denunció la manipulación de pruebas y la alteración de escenarios, así como torturas y obstrucción de la justicia.
En su último informe este año, el grupo de expertos internacionales indicó que la Marina también formó parte activa de la manipulación y ocultamiento de pruebas y presentó a la Fiscalía videos que lo confirmaban —en alguno de ellos aparecía Murillo Karam—, así como grabaciones de interrogatorios que confirmaron que la tortura fue una práctica sistemática cuando él estuvo al mando de la Procuraduría.
A finales de 2020, el Gobierno anunció por primera vez que había órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos, y entre ellos se incluía a militares, un anuncio de especial simbolismo dado que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los más férreos defensores de las fuerzas armadas, a las que les ha asignado gran cantidad de tareas que solían ser realizadas por civiles.
Meses después se detenía a un primer miembro del Ejército. Posteriormente, no se ha informado de nuevos arrestos de militares. El viernes, el comunicado de la Fiscalía decía que entre los buscados hay mandos y personal de los batallones que están situados en Iguala.
Reportes pasados del GIEI y otras instituciones, así como algunos testigos, ya habían señalado en el pasado la participación de las Fuerzas Armadas en el caso. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
En el informe de la Comisión, Encinas subrayó la responsabilidad del Ejército “por acción, omisión o negligencia” por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado y los militares tenían información de lo que ocurría en tiempo real.
Aunque el móvil del crimen sigue sin estar claro, el documento reactivó la hipótesis de que esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.
López Obrador se ha mostrado dispuesto a investigar a todos los involucrados, incluso si eran miembros del Ejército o la Marina, y el viernes indicó que dar a conocer la verdad y castigar a los culpables “fortalece a las instituciones”.
A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce dónde se encontrarían la mayor parte de sus restos.
Los cuatro detenidos serán puestos a disposición de un Juez de Control del Reclusorio Norte, donde presentarían cargos por delitos contra la salud tras el decomiso de más de una tonelada y media de cocaína.
Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que las cuatro personas detenidas durante el aseguramiento de cocaína más grande de la capital fueron trasladadas este jueves al ReclusorioPreventivoVaronilNorte.
La dependencia local detalló que los cuatro detenidos por el aseguramiento de mil 600 kilogramos de cocaína proveniente de Colombia y que tenía como destino final el barrio de Tepito y Los Ángeles, California, en Estados Unidos, salieron esta mañana desde las instalaciones de la Fiscalía-CdMx.
Los cuatro sujetos presentarían cargos por delitos contra la salud y serían puestos a disposición de un Juez de Control tras haber sido aprehendidos el martes pasado por el traslado de cocaína en dos tractocamiones, con un valor de 400 millones de pesos.
A fin de ponerlos a disposición de la autoridad judicial, trasladamos al Reclusorio Norte, en coordinación con @SSC_CDMX, a los cuatro detenidos luego del aseguramiento de más de una tonelada 600 kg de cocaína que era transportada en 2 tractocamiones pic.twitter.com/9xOSWhzeQT
Tres de las cuatro personas detenidas ya contaban con antecedentes penales y de acuerdo con las autoridades, operarían para un grupo delictivo en Durango y Sinaloa.
La Fiscalía-CdMx aseguró que la carpeta de investigación fue judicializada como resultado del trabajo coordinado entre el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes; de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto; agentes de la Policía de Investigación (PDI) y personal de servicios periciales.
El pasado martes, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), informó en conferencia de prensa el aseguramiento de estos tractocamiones que contenían paquetes confeccionados en forma de tabique con una sustancia similar a la cocaína y un peso aproximado de una tonelada y media.
Hoy @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX aseguraron más de 1,600 kg de cocaína, lo que se considera el mayor decomiso de esta droga en la #CDMX, fueron detenidas 4 personas, agradecemos a la @FiscaliaEdomex su apoyo. Esto debilita a los criminales que generan violencia en nuestra CDMX. pic.twitter.com/xObxvufKfH
La detención ocurrió durante un operativo en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la avenida Río de los Remedios, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en los límites con el Estado de México.
“Se identificó una célula al servicio de un grupo delictivo que pretendía trasladar un cargamento de droga proveniente del estado de Oaxaca, el cual pasaría por la Ciudad de México, en su recorrido hacia el norte del país, para su venta en distintos estados, el trasiego a los Estados Unidos y parte de esta droga se quedaría en la capital”.
De acuerdo con la SSC-CdMx, los detenidos obtenían la droga en Colombia, la transportaban desde Puerto Escondido, Oaxaca, para su distribución en el Estado de México, la zona centro de la capital y algunas zonas en la costa oeste de los Estados Unidos, como Los Ángeles, California.
Los detenidos enfrentan las acusaciones de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, cohecho, portación ilegal de armas, asociación delictuosa y delitos contra la salud.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- Los 10 detenidos del enfrentamiento en San Miguel Topilejo, en la Alcaldía Tlalpan el pasado 12 de julio, fueron trasladados del penal de Santa Martha Acatitla al Reclusorio Norte para continuar con su audiencia, en la que un Juez de control definirá su situación legal.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) transportaron a los detenidos en un camión blindado y custodiado.
En la primera audiencia, que se prolongó casi 12 horas, el juzgador falló que las 10 personas aprehendidas fueran retenidas en un centro penitenciario. Por su parte, la defensa argumentó que los inculpados habrían sido torturados al momento de la detención, por los golpes que se presentan, y solicitó que se aplicara el Protocolo de Estambul.
Las autoridades transportaron a los detenidos en los famosos camiones “Rhino”. Foto: Twitter AcciónCivilMX
Sin embargo, el Juez de control determinó en la primera sesión que la detención fue legal, por lo que los abogados de los acusados pidieron la duplicidad del término constitucional para entregar pruebas por las acusaciones formuladas en contra de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, cohecho, portación ilegal de armas, asociación delictuosa y delitos contra la salud.
Un total de 14 personas fueron detenidas en un enfrentamiento entre agentes de la SSC-CdMx y presuntos delincuentes el pasado martes 12 de julio, aunque cuatro de ellos fueron dejados en libertad luego de las entrevistas. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura de la zona de Topilejo, al sur de la Ciudad de México.
Elementos de la Guardia Nacional custodiaron el lugar donde se produjo el enfrentamiento. Foto: Marco Ugarte, AP.
El gran operativo, que conllevó el despliegue de unos 150 policías, elementos de la GN y del Ejército, camiones blindados y helicópteros en la carretera de salida de la capital por el sur, logró presuntamente desarticular una célula del crimen organizado aparentemente asociada a los hijos de “El Chapo”, conocida como “Los Chapitos”, proveniente del estado de Sinaloa, así como todo un arsenal de armas de alto calibre.
Algunos de los detenidos durante el operativo portaban placas falsas de policías con imagen e iniciales de “El Chapo” Guzmán.
Se espera que este domingo inicie la audiencia, en donde un Juez de Control determinará la posible vinculación a proceso de las dos personas detenidas por el crimen.
Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Jesús Hernández Alcocer, el abogado de 79 años que asesinó a su esposa, la cantante Yrma Lydya Gamboa, en un restaurante de la colonia del Valle, fue trasladado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Se espera que este domingo inicie la audiencia, en donde un Juez de Control determinará su vinculación a proceso por el delito de feminicidio.
Asimismo, el escolta y chofer que acompañaba al abogado el día de los hechos fue llevado al mismo centro de reclusión.
Corrijo, tenemos dos detenidos y los dos son hombres, el presunto responsable de herir a su esposa y el chofer que iba con el. https://t.co/RPMagdyTYe
Desde el viernes pasado, la Fiscalía General del Justicia (FGJ) capitalina dio a conocer en un breve mensaje de Twitter que había abierto una investigación bajo el protocolo de feminicidio, pero no ofreció más detalles.
El pasado 23 de junio, Jesús Hernández Alcocer, de 79 años, un hombre ligado al fallecido Obispo Onésimo Cepeda, disparó en contra de su esposa en tres ocasiones en el restaurante Suntory, ubicado en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez.
El abogado de 79 años era amante de las armas y pudo ofrecer sus servicios durante muchos años sin contar con un título debido a su cercanía con políticos y militares de alto rango, de acuerdo con personas que lo conocían.
Incluso la noche del jueves, cuando le disparó tres veces a su esposa, la cantante Yrma Lydya Gamboa, intentó utilizar sus influencias y ofreció dinero a la Policía Bancaria para que lo dejaran ir, según contó un testigo a El Universal.
La Alcaldesa de Cuauhtémoc ofreció una nueva disculpa a los tres agentes de la Policía Auxiliar que la denunciaron por abuso de autoridad, luego de que los agentes se inconformaran por el mensaje que la funcionaria ofreció el 24 de marzo, donde no los llamó por su nombre completo ni por su adscripción.
Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– Sandra Cuevas Nieves, Alcaldesa de Cuauhtémoc, se disculpó nuevamente con los tres policías de la Ciudad de México que la denunciaron por abuso de autoridad, y en esta ocasión sí lo hizo frente a ellos, los llamó por sus nombres y reconoció que los agredió.
“Me dirijo a ustedes: Audencio Faustino García Luna, director de la región dos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México; Eduardo Camacho García, director de la sección 52, y Marcos David Chávez, todos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para ofrecerles mis más sinceras disculpas y decirles que lo siento“, dijo esta mañana en una sala de los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el Reclusorio Norte.
Un Juez obligó hoy a la funcionaria que llegó al poder con la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) a disculparse ante los policías y medios de comunicación para suspender la medida cautelar que le fue impuesta el 14 de marzo para separarla temporalmente de su cargo.
La funcionaria regresó a dirigir la Alcaldía el 25 de marzo, después de que logró un acuerdo reparatorio con los policías que establecía como requisito que se disculpara, pero ese día, sin considerar lo que solicitaban las víctimas, ofreció a medios un breve mensaje en el que defendió su inocencia.
Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc, fue vinculada a proceso por su probable participación en probable participación en delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
“Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con [los policías] Eduardo, con Faustino y con Marcos. Si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros”, expuso Cuevas Nieves en esa ocasión.
Para los agraviados las declaraciones “no se acercan a una disculpa pública”, informó el Vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, en un mensaje a medios el 26 de marzo; las razones, según explicó, fueron que la funcionaria no los llamó por su nombre completo ni por su adscripción, “lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública” hacia ellos.
“Toda disculpa pública, para ser inequívoca, requiere necesariamente de un reconocimiento explícito de responsabilidad y de las injusticias cometidas específicamente”, insistió Lara López.
También la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum criticó la disculpa de Sandra Cuevas. “Yo no considero que eso sea una disculpa pública. Me parece que las disculpas públicas tienen que ser frente a las víctimas, en un reconocimiento de lo que se hizo, eso parece una justicia chapucera, la verdad, en una banqueta hablando frente a medios de comunicación”, expuso en conferencia el 25 de marzo.
Este día repitió la disculpa. De pie y frente a los policías que la denunciaron, Cuevas Nieves leyó un mensaje donde también se refirió a las y los habitantes de Cuauhtémoc. “También ofrezco disculpas a la ciudadanía que ha depositado su confianza a mi persona, a quienes con honor represento dedicándoles mis esfuerzos y proyectos de superación reiterando mi firme convicción de cumplir mis compromisos y ser para ustedes la Alcaldesa ejemplar que merecen”, agregó.
La funcionaria reconoció la relevancia de la disculpa y dijo que “coincidiendo en lo dispuesto por el órgano judicial respecto del contenido y alcance de la disculpa pública que permita a las víctimas para enmendar cualquier afectación causada y evitar en lo futuro cualquier acto que los pueda lesionar”.
Cuevas reiteró que durante tres meses deberá recibir atención psicológica, aunque planteó que el periodo podría extenderse”el tiempo que dure está suspensión condicional, que son seis meses”.
La Alcaldesa dijo que con el mensaje “espera concluir este capítulo”. También le preguntó a los policías denunciantes si están conformes con la disculpa. “¿La aceptan, compañeros?”, les cuestionó, y los tres oficiales respondieron que sí.
Sandra Cuevas, entonces Alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia, acompañada de algunos alcaldes y personas que iban a apoyarla a su audiencia en el Reclusorio Norte. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
Más tarde, en un mensaje a medios afuera del Tribunal de Justicia local, la Alcaldesa se dirigió a la Jefa de Gobierno capitalina:
“Quiero aprovechar este espacio para enviarle un mensaje a la Jefa de Gobierno, donde yo la invito a que por favor trabajemos de forma coordinada a favor de la Alcaldía Cuauhtémoc”.
Al mismo tiempo, sobre la calle Jaime Nunó, una ciudadana que escuchó el discurso gritó para recordar la polémica por la que Sandra Cuevas fue exhibida hace unas semanas después de lanzar pelotas con billetes pegados en un evento de la Alcaldía, hecho que ella negó, pese a existir videos que lo comprueban.
“Es la de las pelotas con billetes. ¡Cínica!”, gritó la mujer que caminaba frente a los juzgados.
Sandra Cuevas Nieves, Alcaldesa de Cuauhtémoc, se disculpó nuevamente con los tres policías de la Ciudad de México que la denunciaron por abuso de autoridad, y en esta ocasión sí lo hizo frente a ellos, los llamó por sus nombres y reconoció que los agredió. Foto: Alcaldía Cuauhtémoc
La Alcaldesa continúo con su mensaje y reiteró “toda la disposición de seguir trabajando como Alcaldesa de Cuauhtémoc con la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo en favor de los más de 550 mil habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc”.
A diferencia de la semana pasada, los tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí estuvieron presentes en la sala donde la Alcaldesa se disculpó.
Cuevas Nieves opinó que aún hay temas pendientes por trabajar en conjunto con el Gobierno de la capital, como el agua y el comercio en vía pública.
“Está autorizando el Gobierno central muchísimos puestos que están afectando el libre tránsito y el vivir en paz en las 33 colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc. Hay que respetar las facultades que tiene tanto la Alcaldía como el Gobierno de la Ciudad de México”, dijo.
Los policías que denunciaron a Cuevas Nieves en febrero habían sido citados en sus oficinas para dialogar sobre acciones en la regulación del comercio informal. Según la versión de la Fiscalía, y que hoy fue reconocida por la funcionaria, en ese lugar los policías fueron agredidos física y verbalmente por ella y otros trabajadores de la Alcaldía.
Sandra Cuevas confió en que la de hoy será “su última audiencia” por el caso que comenzó con la denuncia en su contra de tres policías y en donde se volverá analizar si se le suspende o no temporalmente de su cargo al frente de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– La Alcaldesa Sandra Cuevas Nieves se presentó este jueves en los juzgados del Reclusorio Norte para la continuación de la audiencia donde se revisará la suspensión condicional de la medida cautelar que se le impuso por la denuncia de abuso de autoridad que hicieron en su contra tres policías de la Ciudad de México, y por la que hace una semana la funcionaria alcanzó un acuerdo reparatorio que le permitió regresar al cargo.
“Es una audiencia complicada, es la última. Sigo confiando en Dios y sigo confiando en las instituciones”, dijo minutos antes de la audiencia que comenzará a las 9:00 horas.
En la audiencia del lunes las partes no llegaron a un acuerdo, por lo que hoy se seguirá discutiendo por qué los policías denunciantes rechazan la disculpa pública que la Alcaldesa ofreció a medios la semana pasada y en la que no reconoció su responsabilidad en las agresiones.
El acuerdo reparatorio que alcanzó Sandra Cuevas con los tres policías suspendió su separación del cargo como Alcaldesa de Cuauhtémoc, algo que ahora está en duda porque los policías se inconformaron por la disculpa ofrecida el 24 de marzo, donde no los llamó por su nombre completo ni por su adscripción, “lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública” hacia ellos, según dijo este fin de semana el Vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López.
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UNA DISCULPA POLÉMICA
El 24 de marzo, en el estacionamiento de los Juzgados del Reclusorio Norte, Sandra Cuevas dio detalles sobre el acuerdo reparatorio y aprovechó para disculparse con los policías que la denunciaron. Todo ello en sólo tres minutos y en un mensaje donde sostuvo su inocencia.
“Esto quiero que lo entiendan mis vecinos, toda la gente que ha confiado en mí, la alianza [PRI, PAN y PRD]. Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con [los policías] Eduardo, con Faustino y con Marcos. Si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros”, expuso.
Para los agraviados las declaraciones “no se acercan a una disculpa pública”, informó el Vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, en un mensaje a medios el 26 de marzo; las razones, según explicó, fueron que la funcionaria no los llamó por su nombre completo ni por su adscripción, “lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública” hacia ellos.
Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc. Foto: Cuartoscuro
“Toda disculpa pública, para ser inequívoca, requiere necesariamente de un reconocimiento explícito de responsabilidad y de las injusticias cometidas específicamente”, insistió Lara López.
También la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum criticó la disculpa de Sandra Cuevas. “Yo no considero que eso sea una disculpa pública, me parece que las disculpas públicas tienen que ser frente a las víctimas, en un reconocimiento de lo que se hizo, eso parece una justicia chapucera, la verdad, en una banqueta hablando frente a medios de comunicación”, expuso en conferencia el 25 de marzo.
Si la Alcaldesa de Cuauhtémoc no emite una nueva disculpa donde reconozca su responsabilidad en las agresiones, la medida cautelar que la suspendió temporalmemte del cargo podría subsistir, según ha explicado la Fiscalía.
La Alcaldesa Sandra Cuevas asistió esta mañana a una audiencia en el Reclusorio Norte, donde, de acuerdo con la Fiscalía capitalina, le informaron que los policías auxiliares que la denunciaron por abuso de autoridad rechazaron la disculpa pública brindada la semana pasada por la funcionaria. El acuerdo reparatorio de Cuevas y los oficiales le impide pronunciarse sobre el tema en los próximos seis meses.
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– La audiencia en la que se revisaría la suspensión condicional de Sandra Cuevas como Alcaldesa de Cuauhtémoc continuará hasta el jueves de esta semana, esto luego de que policías auxiliares de la Ciudad de México rechazaran su disculpa pública.
La Alcaldesa no respondió preguntas al término de la audiencia que comenzó esta mañana en los Juzgados del Reclusorio Norte y en donde las partes no lograron un acuerdo. Cuevas Nieves tampoco atendió las preguntas de los medios cuando arribó, minutos antes de las 9:00 horas.
“Sigo confiando en la Ley, en las autoridades. Tengo mucho trabajo y ya tengo que retirarme a la Alcaldía“, dijo en un breve mensaje a medios a su salida de la audiencia.
Frente al reclusorio, a la Alcaldesa ya la esperaba el Audi blanco con placas de Morelos en el que llegó.
Fragmento del acuerdo al que llegó Sandra Cuevas con los policías que la denunciaron. Foto: Cortesía.
El acuerdo reparatorio que alcanzó Sandra Cuevas con los tres policías que la denunciaron por robo, abuso de autoridad y discriminación el 24 de marzo suspendió condicionalmente el proceso de la funcionaria por seis meses, tiempo en el que no tiene permitido pronunciarse sobre los hechos. Tampoco puede acercarse o causar molestias a los policías.
Además, con el acuerdo también se suspendió su separación del cargo como Alcaldesa de Cuauhtémoc, algo que ahora está en duda porque los policías se inconformaron por la disculpa ofrecida el 24 de marzo, donde no los llamó por su nombre completo ni por su adscripción, “lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública” hacia ellos, según dijo este fin de semana el Vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López
LA DISCULPA
El 24 de marzo, en el estacionamiento de los Juzgados del Reclusorio Norte, Sandra Cuevas dio detalles sobre el acuerdo reparatorio y aprovechó para disculparse con los policías que la denunciaron. Todo ello en sólo tres minutos y en un mensaje donde sostuvo su inocencia.
Mensaje a Medios del Vocero de la Fiscalía General de Justicia CDMX, Ulises Lara Lópezhttps://t.co/TmBU5O3YPh
“Esto quiero que lo entiendan mis vecinos, toda la gente que ha confiado en mí, la alianza [PRI, PAN y PRD]. Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con [los policías] Eduardo, con Faustino y con Marcos. Si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros”, expuso.
Para los agraviados las declaraciones “no se acercan a una disculpa pública”, informó el Vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, en un mensaje a medios el 26 de marzo; las razones, según explicó, fueron que la funcionaria no los llamó por su nombre completo ni por su adscripción, “lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública” hacia ellos.
“Toda disculpa pública, para ser inequívoca, requiere necesariamente de un reconocimiento explícito de responsabilidad y de las injusticias cometidas específicamente”, insistió Lara López.
También la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum criticó la disculpa de Sandra Cuevas. “Yo no considero que eso sea una disculpa pública. Me parece que las disculpas públicas tienen que ser frente a las víctimas, en un reconocimiento de lo que se hizo, eso parece una justicia chapucera, la verdad, en una banqueta hablando frente a medios de comunicación”, expuso en conferencia el 25 de marzo.
Si la Alcaldesa de Cuauhtémoc no emite una nueva disculpa donde reconozca su responsabilidad en las agresiones, la medida cautelar que la suspendió temporalmemte del cargo podría subsistir, según ha explicado la Fiscalía.
EL ACUERDO REPARATORIO
El acuerdo propuesto la semana pasada por Sandra Cuevas suspende las medidas cautelares que una Jueza le impuso en la audiencia inicial del 14 de marzo, donde ordenó separarla temporalmente del cargo como Alcaldesa por la acusación de abuso de autoridad.
Para suspender las medidas por el delito de robo agravado, el acuerdo obligó a Cuevas Nieves a pagar 29 mil pesos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y cuatro mil pesos al oficial García, uno de los agraviados. El policía y otros dos de sus compañeros asentaron en la denuncia iniciada el 11 de febrero que la Alcaldesa y trabajadores de su oficina les robaron un radio y un celular.
Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia, acompañada de algunos alcaldes y personas que iban a apoyarla a su audiencia en el Reclusorio Norte. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
Los tres policías denunciantes otorgaron el perdón a Sandra Cuevas por el delito de discriminación y el mismo 24 de marzo se extinguió la acción penal por ese ilícito.
La solución alterna a la que se apegaron los denunciantes suspendió condicionalmente el proceso de la funcionaria por seis meses, tiempo en el que no tiene permitido pronunciarse sobre los hechos. Tampoco puede acercarse o causar molestias a los policías.
La Alcaldesa fue obligada a pagar 30 mil pesos a cada una de las víctimas y a tomar tratamiento psicológico para el manejo de la ira en dos sesiones por mes durante tres meses.
La Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso se encargará de vigilar que Sandra Cuevas cumpla con el acuerdo reparatorio.
Además de la Alcaldesa, José Francisco Delgadillo Cadena, Director de Seguridad Ciudadana y Protección Civil; Jessica Hernández Ortega, Directora de Mercados y Vía Pública, así como Marlon Ávalos García, integrante del Gabinete de Cuevas Nieves, todavía enfrentan un proceso penal por los delitos de robo y abuso de autoridad.
Los tres policías auxiliares señalaron a los funcionarios como testigos de los golpes y violencia física que, aseguran, sufrieron por parte de la Alcaldesa de Cuauhtémoc y sus trabajadores el 11 de febrero en sus oficinas.
El pasado mes de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) cumplimentó una orden de aprehensión contra Javier Duarte por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas.
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- Un Juez de control le negó por cuarta ocasión a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz (2010-2016), un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión que fuera librada en su contra.
El Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó negar de manera definitiva la suspensión contra cualquier mandamiento judicial, sea orden de aprehensión, comparecencia, localización o presentación, que se hubiera librado en contra de Javier Duarte.
“Se niega la suspensión definitiva solicitada por Javier Duarte de Ochoa, en contra de la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o localización y/o presentación y su ejecución, que atribuyó al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Acayucan, Veracruz y otras autoridades”, dicta la sentencia.
En una resolución tomada por el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México se ratificó la negativa a otorgar la suspensión definitiva solicitada por Duarte, quien inicialmente pagó para que se le concediera una suspensión provisional 33 mil 400 pesos.
Javier Duarte Ochoa se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro.
El 18 de mayo de 2020, un Tribunal federal ratificó la condena de nueve años de cárcel en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por asociación delictuosa y lavado de dinero, así como el pago de la multa de 58 mil 890 pesos que se le había impuesto desde el pasado 26 de septiembre de 2018.
El pasado mes de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) cumplimentó una orden de aprehensión contra Javier Duarte por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas.
El pasado 18 de enero de este año, el exgobernador de Veracruz obtuvo una suspensión provisional por parte de un Juez federal.
El exgobernador Javier Duarte lleva preso desde 2018. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro
Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primer de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, otorgó la medida cautelar luego de Duarte promoviera un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión, comparecencia, localización y presentación, que algún Juez de control federal haya librado en su contra.
Por otro lado, el 11 de febrero, un Juez Federal rechazó por segunda ocasión conceder una suspensión definitiva a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por la orden de aprehensión en su contra por el delito desaparición forzada.
El 26 de septiembre de 2018, Duarte de Ochoa se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. El exfuncionario aceptó su culpabilidad para obtener una reducción de la sentencia que autoridades mexicanas dictarían en su contra. Lo anterior fue posible tras una negociación de Duarte y la PGR.
Ricardo Anaya es acusado de crimen organizado, soborno y lavado de dinero, delitos vinculados a una cantidad de 6.8 millones de pesos que supuestamente el panista recibió en 2014.
Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Los abogados de Ricardo Anaya Cortés llegaron la mañana de este lunes al Reclusorio Norte de la Ciudad de México para la audiencia inicial en contra del excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo, él no se ha presentado.
Luego de que la audiencia fuera aplazada para este 14 de febrero debido a que el Juez Marco Antonio Fuerte Tapia había dado positivo a COVID-19, Eduardo Aguilar, abogado del panista, arribó junto con otros tres abogados más.
A su llegada, Aguilar no quiso precisar si el excandidato presidencial acudirá al recinto judicial para comparecer en la audiencia por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Eduardo Aguilar, abogado de Ricardo Anaya, ofrece declaraciones a su llegada al Reclusorio Norte. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.
No obstante, antes de entrar al Reclusorio, Eduardo Aguilar comentó que la acusación del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, “no tiene ni pies ni cabeza, es una acusación sin sustento”.
“Sin duda alguna, la acusación de Emilio Lozoya es una acusación sin sustento y que no tiene ni pies ni cabeza. Tan es así que ya la Fiscalía pidió 54 años para el señor Emilio Lozoya”, expresó.
Este día, la Fiscalía General de la República (FGR) buscará imputar al excandidato presidencial del PAN por la supuesta recepción de un soborno de seis millones 800 mil pesos para aprobar la Reforma Energética en 2014, según declaró en 2020 Emilio Lozoya Austin.
Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de la República y exdirigente del PAN es investigado por la FGR. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
En la audiencia, la cual estaba programada a las 9:00 horas, al excandidato presidencial se le ordenó acudir de forma presencial a petición del Juez Marco Antonio Fuerte Tapia.
Cabe destacar que el caso contra Anaya derivó de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, en la que señaló a 70 personas de corrupción. En ese entonces, el exjefe de Pemex indicó que el exsecretario Luis Videgaray le instruyó darle 6.8 millones de pesos a Anaya para sus aspiraciones políticas en Querétaro.
“Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”, aseveró Lozoya en su denuncia.
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
En total, afirmó Lozoya, el grupo de legisladores del PAN recibió 80 millones de pesos entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo Opengo, quien apareció en un video filtrado junto con Guillermo Gutiérrez recibiendo paquetes de dinero de un presunto colaborador de Pemex.
Un Juez federal concedió a la defensa de Lozoya ponerle un brazalete con localizador al exfuncionario como medida cautelar en el proceso que se sigue en su contra por Agronitrogenados, pero para salir de la cárcel, tendría que obtener un fallo a favor también por Odebrecht.
Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– La Unidad de inteligencia Financiera (UIF), que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó una demanda de juicio de amparo para que sea revisada la resolución del un Juez federal que ordenó liberar a EmilioLozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La medida, que otorgó un tribunal unitario, señala que se le retire la medida cautelar de prisión preventiva a Lozoya, aunque se le colocó un brazaletelocalizador por el proceso que sigue por el caso Agronitrogenados.
“La Secretaría de Hacienda, en su carácter de parte ofendida en el proceso penal, presentó este viernes 21 de enero una demanda de juicio de amparo para que sea revisada la constitucionalidad de dicha resolución y solicitó la suspensión de sus efectos a fin de evitar una obstrucción en la continuidad de los procesos”, detalló la dependencia en un comunicado compartido en sus redes sociales.
No obstante, la UIF precisó que Lozoya no alcanza liberación por la resolución del Juez, pues se encuentra sujeto a prisión preventiva por otra causa, la de los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecth, la cual sigue vigente.
Para la apelación presentada por la defensa del exfuncionario contra la prisión preventiva, se requirió al Juez de control del Reclusorio Norte para ejecutar de inmediato la determinación e informar en un plazo de 24 horas su cumplimiento.
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
El exdirector de Pemex enfrenta dos juicios: el primero por la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados y por los sobornos recibidos de Odebrecth.
Por el primer caso, Lozoya Austin está acusado de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, causa en la que el Juez concedió cambiar la medida cautelar, pero para salir de la cárcel, tendría que obtener un fallo a favor también en el proceso penal en su contra por Odebrecht, en el que la FGR lo acusa de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, solicitando una sentencia de 39 años y la reparación de daño por siete millones de dólares.
Lozoya fue arrestado a comienzos de 2020 en España y extraditado a México como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado 3 de noviembre ingresó en prisión preventiva a petición del Ministerio Público tras haber sido captado cenando en un restaurante de lujo, cuando supuestamente estaba bajo prisión domiciliaria y tenía puesto un brazalete electrónico.
Asimismo, la FGR consideró que debido al nivel jerárquico que tuvo Lozoya dentro del Gobierno cuando dirigía la estatal Pemex (2012-2016), se debe imponer la pena máxima que la ley contempla por los tres delitos que se le imputan.
Emilio Lozoya fue captado por la columnista Lourdes Mendoza el 10 de octubre en un restaurante en Lomas de Chapultepec. Foto: Lourdes Mendoza vía Cuartoscuro
Emilio Lozoya fue detenido en febrero del 2020, en Málaga, España, al contar con órdenes de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero fue hasta el 16 de julio de ese mismo año que inició el proceso de extradición, con su traslado desde la cárcel Navalcarnero en un avión de la FGR.
El que fuera director de la petrolera estatal durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) está acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la Reforma Energética de Peña Nieto.
También se le acusa por haber ordenado como director de Pemex la compra a sobreprecio de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.
La primera cena y el primer desayuno de Emilio Lozoya, encarcelado desde el miércoles, están muy lejos del platillo más caro del menú que degustó en un lujoso restaurante de las Lomas.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Era el 10 de octubre y una imagen del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, causó indignación. Mientras gozaba en el lujoso restaurante Hunan de la Ciudad de México, del platillo más caro de la carta. Pato a la Pekín, que tiene un costo de mil 030 pesos por platillo.
La cena, en la que departió con amigos como Doris Beckmann, una de las herederas de Tequila Cuervo, despertó indignación porque hizo público el ambiente de impunidad en el que se movía Lozoya Austin, a pesar de estar involucrado en el tema Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes de América Latina.
Sin embargo, el ingreso del ex funcionario, egresado de Harvard y del ITAM, al Reclusorio Norte el miércoles por la tarde bajo la prisión preventiva justificada, cambió los alimentos de su menú.
El platillo del restaurante Hunan, Pato a la Pekin, servido con crepas hechas en casa, cebollín, pepino y salsa de ciruela. Foto: Facebook, Cris BC
Una fuente del centro penitenciario confirmó a SinEmbargo que la primera cena de Lozoya en prisión fue un sándwich de jamón con queso, ya que no había comido. Y su desayuno de este jueves fue huevo con jamón y atole, preparados al interior de la prisión.
Pero en las últimas 24 horas no solamente cambió el menú de Lozoya, también sus espacios, pues de estar en su casa y en restaurantes, ahora está en la celda de una prisión donde existe una sobrepoblación de 60 por ciento, con celdas de 4 metros de largo por tres de ancho, de acuerdo con autoridades capitalinas.
Lozoya está acusado de recibir 10 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto en 2012.
FRACCIONAMIENTO DE LUJO EN ESPAÑA
El lugar en el que fue detenido Lozoya es conocido por ser visita por multimillonarios. Imagen: SinEmbargo
Esta es la segunda vez que el funcionario es sacado de un entorno de lujos para ser internado en una prisión, la primera vez sucedió en Málaga, España, en febrero de 2020. Entonces, Lozoya estaba viviendo en la urbanización de lujo Costa del Sol.
En los últimos años, Málaga ha ganado terreno en la llamada Costa del Sol del Mediterráneo como una ciudad que suma lujos y diversión al estilo de vida de los millonarios no sólo de España y Europa, sino de diversos países.
Posteriormente fue extraditado a México donde durante 15 meses evadió la cárcel al pasar a ser testigo cooperante con la promesa de entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) información que involucra al expresidente de México, Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda y canciller, Luis VIdegaray en el escándalo Odebrecht. Sin embargo, ayer se determinó su reclusión al considerar que tiene los recursos para fugarse, a pesar de que su pasaporte le fue retirado.
FAMILIA POLÍTICA DE MILLONARIOS
Vista del Lote 3A con vista al mar del condominio Quinta Mar. Su valor es de 270 mil dólares. Foto: Quinta Mar.
Lozoya Austin no solamente es hijo del privilegio, al ser descendiente de una familia ampliamente ligada al poder salinista -su padre fue Secretario de Estado y uno de los mejores amigos de Carlos Salinas de Gortari- sino que también su familia política goza de una situación privilegiada.
Su esposa, la internacionalista alemana, Marielle Helene Eckes, nacida en 1975, es investigada por la Fiscalía de Múnich por sospecha de lavado de dinero.
Dos de sus propiedades al sureste de Alemania, un departamento cerca del Río Isar y una residencia con vista al Lago Starnberg al pie de los Alpes, fueron cateadas cuatro días después de que su esposo, el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, fue extraditado a México, como lo consignó la periodista Dulce Olvera, en SinEmbargo.
Su familia es propietaria del Grupo Eckes-Granini Deutschland, líder en producción y venta de jugos de frutas procesados en Europa. La compañía fue fundada en 1857 en el municipio alemán Nieder-Olm, en Renania-Palatinado, informa su página oficial; tiene más de mil 700 empleados y generó ventas por 921 millones de euros en 2019. Entre sus marcas azucaradas locales y globales figuran Joker, Pago, God Morgon o Marli exportadas de Mainz a más de 80 países.
La empresa propiedad de la familia política de Lozoya. Foto: archivo
A petición del diario alemán Bild, una portavoz de la empresa dijo que no había ningún comentario general sobre la familia Eckes.
En 2006 “la heredera de Granini” se casó con Emilio Lozoya. Un año después de las elecciones presidenciales, en julio de 2013, Marielle Helene adquirió una residencia con vista al mar en el condominio exclusivo Quinta Mar en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, por 1.9 millones de dólares.
La adquisición se hizo a través de Juan Carlos Quintana, un abogado ligado a Altos Hornos de México (AHMSA), empresa que vendió a la petrolera la planta chatarra Agro Nitrogenados con un sobrecosto, de acuerdo con documentos consultados por Mexicanos contra la Corrupción. La casa tiene acceso a una playa privada.
La FGR identificó una cuenta bancaria en Suiza, a nombre de Tochos Holding Limited, que tuvo como beneficiarios a Lozoya y a su hermana Gilda Susana Lozoya. Desde esa cuenta salieron los recursos que el exdirector de Pemex “prestó” a Marielle Eckes para adquirir la residencia.
El mandatario lamentó que “en el caso Odebrecht, en todos los países se castigó a funcionarios corruptos menos en México”, y opinó que ahora “se debe castigar a todos los responsables de recibir sobornos” en esta trama.
Ciudad de México, 4 nov (EFE).– El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este jueves estar detrás del encarcelamiento del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya (2012-2016), a quien un Juez dictó prisión preventiva por el caso Odebrecht a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Yo no doy instrucciones en ese sentido. Además, la Fiscalía es autónoma. Imagínense yo recomendando algo al Fiscal. Nunca lo haría y nunca lo he hecho”, respondió el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.
En la víspera, el Juez Artemio Zúñiga dictó prisión preventiva contra el director de la petrolera estatal en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) después de que la Fiscalía diera por roto el pacto que lo había mantenido en libertad condicional hasta ahora.
López Obrador manifestó que “hay que tener confianza a la Fiscalía” y defendió que el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, es “un hombre recto, íntegro”, al que tiene “confianza”.
“No va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo”, apuntó el Presidente sobre el Fiscal.
Lozoya, acusado de recibir más de 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de Pemex, fue capturado el año pasado en España y extraditado a México, donde cerró un acuerdo con la Fiscalía, por el cual inculpó a otros políticos a cambio de no pisar la cárcel.
“Hay que tenerle confianza a la Fiscalía”, Gertz Manero no va a permitir la impunidad”
El presidente @lopezobrador_ dice que se debe castigar a quienes recibieron sobornos en caso #Odebrecht
Niega haber intervenido en la decisión de dictar prisión preventiva a Emilio Lozoya pic.twitter.com/XkL21lUO8h
Lozoya inculpó a Peña Nieto y a su Secretario de Hacienda Luis Videgaray, a quienes acusó de haber usado esos sobornos para la campaña electoral de 2012 y para comprar a legisladores de la oposición para que aprobaran la Reforma Energética de 2013.
Sin embargo, la Fiscalía dio por roto el acuerdo después de que Lozoya fuera captado comiendo en un lujoso restaurante asiático de la capital, un hecho que provocó enorme indignación en el país e incluso fue condenado por el Presidente López Obrador.
Emilio Lozoya gozó durante 15 meses del privilegio de llevar su proceso en libertad con la condición de portar un brazalete electrónico, entregar su pasaporte y visa, y acudir a firmar periódicamente. Ayer esa condición cambió. El exdirector de Pemex ya no salió del Reclusorio Norte.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– Luego de meses en que se cuestionó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos fue encarcelado en el Reclusorio Norte, después de un año en el que el caso Odebrecht no ha avanzado pese a que él ha señalado ante las autoridades a más de 70 políticos en esta trama de corrupción, entre ellos al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario Luis Videgaray Caso.
El rol de Lozoya como testigo colaborador le valió múltiples críticas a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, sobre todo porque se le permitieron al exfuncionario una serie de comodidades como pasearse en restaurantes de lujo, mientras que del caso Odebrecht no se conocían mayores avances. El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “inmoral y provocador” que el extitular de la petrolera departiera en un establecimiento en las Lomas.
Este miércoles el panorama cambió para Emilio Lozoya, hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien fue funcionario durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El Juez federal José Artemio Zúñiga le dictó prisión preventiva a petición de la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex. La Fiscalía dijo que el imputado no había cumplido con ningún requisito para obtener un criterio de oportunidad por lo que solicitó el cambio de la medida cautelar.
Emilio Lozoya pisó por primera vez una sala de audiencias dentro del reclusorio desde que llegó extraditado de España, en julio de 2020. Foto: Cuartoscuro.
Por su parte, la UIF dio a conocer que hay varias investigaciones abiertas en su contra, las cuales en su momento pudieran ser judicializadas. Por lo mismo se insistió en que existía un riesgo de fuga, ya que ha demostrado tener los recursos necesarios para hacerlo.
Pese a ello, Lozoya se dijo inocente y aseguró que se está llegando a un acuerdo para reparar el daño e insistió en que él no ha tenido responsabilidad en el caso. En el pasado, ha insistido que todo el entramado de sobornos que operó fue por órdenes del expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray.
De esta manera, el exdirector de Pemex se convirtió en el segundo implicado en ser detenido por el caso Odebrecht, empresa brasileña que —de acuerdo con la acusación— le pagó sobornos millonarios cuando estaba en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en una apuesta para obtener contratos de Gobierno.
“Es muy claro que Emilio Lozoya sí es una persona que tiene riesgo de fuga porque de entrada estaba prófugo de la justicia, se había escapado ya del país, es una persona con una enorme capacidad económica incluso desde antes de estar en Pemex. Incluso el Juez lo dijo hace un año en la primera audiencia, de que le había sorprendido que no se hubiera solicitado prisión preventiva contra Lozoya. Sin embargo, la Fiscalía le da un trato privilegiado con un brazalete que le permitió ir a restaurantes de lujo a comer”, señaló en entrevista Javier Martín Reyes, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y politólogo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Hasta antes de este miércoles, la FGR sólo había procedido penalmente contra el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maur, quien desde abril está encarcelado.
Emilio Lozoya acudió la mañana de ayer a su audiencia en el Reclusorio Norte, centro penitenciario en el que fue recluido. Foto: Cuartoscuro.
Lozoya ha señalado a 70 políticos en la denuncia que presentó a su regreso a México, en julio de 2020, lo cual le permitió, mediante un criterio de oportunidad pactado con Gertz Manero, no pisar la cárcel durante 15 meses. Hasta ahora.
“Es una respuesta política porque no me parece que vaya a cambiar en mucho, por lo menos, el estatus que tenía como colaborador en un marco de oportunidad, en realidad eso no se modificó por eso más bien es una respuesta política más que un problema técnico”, expuso Luis Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales por la FLACSO México.
El especialista en investigación de la corrupción consideró que el hecho de que Lozoya vaya a prisión preventiva tampoco va a cambiar sustancialmente el panorama en el caso Odebrecht en México, porque el problema en el país es que tenemos fiscalías —la nacional como las estatales— que no investigan.
Martín Reyes agregó a su vez que de entrada hay 30 días para finalizar la investigación complementaria y ahí observa dos cosas: una, que la Fiscalía insista con seguir la acusación contra Lozoya, donde tendrá que demostrar más allá de cualquier duda razonable que Lozoya cometió alguno de los delitos que le están señalando. “Habrá qué ver si la Fiscalía tiene la capacidad para presentar un caso al Juez del proceso para que se sostenga”.
La otra, añadió, es lo que señalan los abogados de Lozoya, de que van a continuar intentando la colaboración con la Fiscalía para la aplicación del famoso criterio de oportunidad, pero para que proceda, el exfuncionario tendrá que aportar información que sea esencial y eficaz para perseguir delitos que sean más graves que los que se le imputan a él; que se comprometa a comparecer en esos otros juicios de otros exfuncionarios y a además que se repare el daño.
“Para cualquiera de esas dos cosas lo que se necesita son datos de prueba que eventualmente puedan ser presentados, de tal manera que haya pruebas para que se condene a Lozoya o a las otras personas que presuntamente participaron. Hay que decirlo: esta Fiscalía ha sido particularmente ineficaz cuando quiere perseguir este tipo de delitos. Entonces no es menor el reto que tiene la Fiscalía en frente y lo que sí parece es que perdimos mucho tiempo con un trato privilegiado a Lozoya con este primer intento de aplicar el criterio de oportunidad y hasta el momento y por lo que hemos visto, al parecer ese fue un intento o una apuesta poco exitosa”, expresó.
EL FACTOR PEÑA Y VIDEGARAY
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos. Foto: Cuartoscuro.
En agosto de 2020, Emilio Lozoya acusó ante la FGR al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray, su jefe directo, de organizar los sobornos que fueron utilizados para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de reformas estructurales.
En concreto, Lozoya aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray le instruyeron reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña de 2012.
“Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente”, afirmó en su denuncia.
Además, acusó a ambos, a Peña Nieto y a Videgaray, de pedirle usar parte del dinero para comprar votos de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) a favor de la Reforma Energética de 2013. En total, afirmó Lozoya, el grupo de legisladores de ese partido recibió 80 millones de pesos entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo.
También acusó a Ricardo Anaya, exdiputado federal, exdirigente del PAN y excandidato presidencial en 2018 de recibir 6.8 millones de pesos por instrucciones de Luis Videgaray.
“Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”, aseveró Lozoya.
Hasta el momento el Presidente Peña Nieto, quien ha sido captado fuera del país, no se ha posicionado sobre el caso.
En tanto, Luis Videgaray se ha deslindado de los señalamientos hechos por Lozoya. No obstante, la FGR ha intentado llevarlo ante un Juez sin éxito aún. El 3 noviembre del año pasado, la Fiscalía confirmó que solicitó una orden de aprehensión en su contra. Aunque dos días después, la institución dio a conocer que desistió de la demanda para presentar una nueva, en la cual serían incluidos nuevos elementos para perfeccionar la acusación y así volver a requerir una orden de captura contra el también excanciller que es señalado de cohecho, asociación delictuosa, traición a la patria y delitos electorales.
A la fecha, no se han dado a conocer públicamente más avances sobre el caso de Luis Videgaray, aunque a inicios de septiembre pasado el diario Reforma dio a conocer que la Fiscalía ha señalado un monto preciso por la llamada Reforma Energética, con el que Enrique Peña y Luis Videgaray serían acusados.
“Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, recibieron de constructora Odebrecht, sobornos por más de seis millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso”, reportó el medio que tuvo acceso a la imputación de la FGR, luego de que se diera a conocer en un amparo promovido por el exsenador panista Jorge Luis Lavalle.
El Senador Jorge Luis Lavalle era hasta ayer el único preso por el caso Odebrecht. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro.
“Peña Nieto y Luis Videgaray ¿que sean llamados a declarar?, tal vez, pero de ahí a que avance no. No veo al Presidente metiendose a esa bronca”, comentó en ese sentido Vázquez Valencia, autor del libro Corrupción y Derechos Humanos: ¿Por Dónde Comenzar La Estrategia Anticorrupción?
La denuncia de Lozoya abarcó, además, los hechos de Odebrecht durante la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa en específico, los privilegios del contrato de Etileno XXI y a Carlos Salinas de Gortari, quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.
La Fiscalía, por su parte, ha procedido contra Carlos Treviño Medina, el exdirector de Pemex con Enrique Peña Nieto, quien aseguró que la dependencia pretende que involucre a Felipe Calderón. El exfuncionario no se presentó a la audiencia, porque alegó que sería encarcelado.
Al igual que Treviño Medina, otro personaje que no acudió a su audiencia, por las mismas razones, fue Ricardo Anaya Cortés. A través de una serie de videos difundidos en sus redes sociales, el panista aseguró que el Gobierno de López Obrador busca encarcelarlo por ser un opositor, pese a que los señalamientos por presunta corrupción que lo han acompañado han provenido de sus mismos correligionarios.
LA OPACIDAD DEL CASO LOZOYA
La forma en la que autoridades habían manejado el caso de Lozoya generó incertidumbre sobre la actuación del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la República, y puso en duda si las autoridades buscaban proteger ciertos intereses.
Uno de los episodios que abonaron a las críticas en el caso fue cuando la columnista Lourdes Mendoza narró cómo Lozoya, despreocupado y en plena fiesta, comía y convivía con amigos en un lujoso restaurante.
Con estas imágenes queda en evidencia el pacto de impunidad entre @EmilioLozoyaAus y la @FGRMexico Señala a gente inocente mientras el goza de la gran vida a la q está acostumbrado. El colmo del cinismo. Con fecha y hora para que no quepa duda alguna . pic.twitter.com/8wedAWNsYd
Lourdes Mendoza contó en El Financiero que el día 9 de octubre a las 19:38 horas una fuente la contactó vía WhatsApp para informarle lo que estaba pasando en aquel restaurante: aún vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y supuestamente vigilado mediante un brazalete electrónico, Emilio Lozoya estaba comiendo el afamado pekin duck de la cocina cantonesa china.
“El problema con la salida de Lozoya a un restaurante no está en lo moral, el problema está en el uso arbitrario de este beneficio legal“, consideró en entrevista el doctor Daniel Vázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Por un lado tienes a Lozoya en una investigación que no avanza, donde no hay ninguna red desmantelada, ninguna acusación abierta y ahí lo que genera ruido es que él no está dando información útil para armar una buena carpeta de investigación. Por otro lado tenemos los casos de Rosario Robles y los académicos del Conacyt, donde la FGR usa recursos para tratar de imputarles delitos”.
Lozoya quedó preso en el Reclusorio Norte. Foto: Cuartoscuro.
Para los expertos, la indignación que generó la salida de Lozoya a un restaurante de lujo tiene que ver con el tema de la impunidad en los casos de corrupción, donde la víctima directa es la sociedad.
“Más allá de que le cambiaran el trato a Lozoya la Fiscalía tendría que analizar si esa medida cautelar fue adecuada y pertinente, porque cada vez que la FGR solicita una medida cautelar tiene que prever dos cosas: que esa medida sea idónea y adecuada. Es decir, que no generen actos de violencia para las víctimas, que en este caso es la sociedad, y que la persona imputada no se dé a la fuga”, explicó Leslie Jiménez Urzúa, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero.
Los analistas consideraron que el trabajo de la Fiscalía en este caso evidencia que en México la justicia es clasista y racista, además de la falta de rendición de cuentas.
-Con información de Daniela Barragán, Guadalupe Fuentes y Romina Gándara
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), dormirá esta noche por primera vez en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, alberga a inquilinos de altos vuelos, a los que hoy se sumó Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Uno de los que acompañará a Lozoya en la cárcel es Javier Duarte de Ochoa, exgobernador del estado de Veracruz, quien cumple una condena por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, y quien fue incluido en la lista de “nuevos priistas” de Enrique Peña Nieto.
El 18 de mayo de 2020, un Tribunal federal ratificó la condena de nueve años de cárcel en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por asociación delictuosa y lavado de dinero, así como el pago de la multa de 58 mil 890 pesos que se le había impuesto desde el pasado 26 de septiembre de 2018.
Emilio Lozoya. Foto: Cuartoscuro.
El pasado 26 de septiembre de 2018, Duarte de Ochoa se declaró culpable de los delitos por los que fue señalado. El exfuncionario aceptó su culpabilidad para obtener una reducción de la sentencia que autoridades mexicanas dictarían en su contra. Lo anterior fue posible tras una negociación de Duarte y la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR).
Otro de los que están encerrados en el Reclusorio Norte es Juan Collado, exabogado de Enrique Peña Nieto.
El abogado postulante, uno de los hombres más ricos e influyentes del país, fue detenido el 10 de julio de 2019 en un restaurante de las Lomas de Chapultepec cuando comía con Carlos Romero Deschamps –su cliente– entonces líder nacional del sindicato petrolero.
Desde entonces la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a ahondar en una larga investigación para descubrir la danza de millones de dólares que movía Juan Collado.
La FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalaron al abogado de haber operado directamente el desvío ilegal de fondos de la Caja Popular La Libertad a distintas entidades mercantiles.
En la cárcel que hoy pisó Lozoya se encuentra también el exsenador del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Luis Lavalle Maury, señalado por los presuntos sobornos que el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, le habría entregado para aprobar la Reforma Energética, dinero que procedería de Odebrecht.
LOZOYA ENCERRADO
Un juez mexicano impuso este miércoles, a petición de la Fiscalía, prisión preventiva al exdirector de Pemex Emilio Lozoya (2012-2016), acusado de recibir sobornos de Odebrecht, tras más de un año afrontando el proceso judicial en libertad.
El Consejo de la Judicatura Federal informó a la prensa que la Fiscalía General de la República pidió la medida cautelar porque Lozoya ya no cumple con el llamado criterio de oportunidad, el cual otorga beneficios procesales a cambio de colaborar con la Justicia.
El exdirector de Pemex se declaró “inocente” y propuso un “acuerdo para reparar el daño”, pero el juez Artemio Zúñiga aceptó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público ante el riesgo de fuga del acusado.
La medida fue apoyada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno federal y por la actual dirección de Pemex, que participan como acusación en el caso.
Asimismo, el juez pospuso un mes más la audiencia para cerrar la investigación y decidir la fecha del juicio, la cual tendrá lugar el 3 de diciembre.
La defensa de Lozoya había pedido posponerla durante dos meses, mientras la Fiscalía quería cerrar de una vez la investigación e ir a juicio cuanto antes.
Lozoya, director de la petrolera estatal durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue capturado el año pasado en España y extraditado a México, donde cerró un acuerdo con la Fiscalía por el cual inculpó a otros políticos a cambio de no pisar la cárcel, un pacto vigente hasta hoy.
Las autoridades lo acusan de haber recibido cerca de 10,5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Oderecht a cambio de contratos públicos de Pemex.
Para librar la cárcel, el exfuncionario había acusado a Peña Nieto y a su secretario de Hacienda Luis Videgaray de haber usado esos sobornos para la campaña electoral de 2012 y para comprar a legisladores de la oposición para que aprobaran la reforma energética de 2013.
El cambio de parecer de la Fiscalía llega después de que el mes pasado el exfuncionario fuera captado comiendo en un lujoso restaurante de la capital, lo que provocó enorme indignación en el país e incluso fue condenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además del caso Odebrecht, Lozoya está imputado por haber comprado a sobreprecio cuando era director de Pemex una planta de fertilizantes inservible a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a cambio de sobornos.
La actriz y comediante mexicana contó la anécdota en su canal de YouTube y relata dónde y las circunstancias bajo las que se dio esta inusual reunión con quien ahora es el narco más buscado por Estados Unidos.
Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- En uno de los videos de su canal de YouTube en el que cuenta una serie de anécdotas, la actriz y comediante mexicana Carmen Salinas, cuenta una que sucedió en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México en la década de los ochenta y es cuando conoció en este lugar al narcontraficante Rafael Caro Quintero, del Cártel de Guadalajara, quien estaba preso por su relación con el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar.
Salinas cuenta que en esa época solía ir a las distintas cárceles de la capital a llevar eventos artísticos a los presos. En el Reclusorio Norte estaba preso el actor José Magaña a quien Carmen Salinas había conocido en el programa “Cachun Cachun Ra Ra”. Magaña tenía una sentencia de ocho años, pero el director del centro penitenciario le ofreció a Salinas reducirle tres días de pena por cada artista que llevara a presentarse.
En una de esas visitas para llevar espectáculos, uno de los reos se le acercó para decirle que “el jefe” la quería invitar a comer, por lo que pensó que trataba del director del penal, con quien comía en cada visita.
LA COMIDA Y LAS JOYAS DE CARO QUINTERO
Esta imagen publicada por el FBI muestra el cartel de búsqueda del capo mexicano Rafael Caro Quintero, acusado de asesinar al agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. Foto: FBI vía AP, Archivo
Sin embargo, le dijeron que en esa ocasión se trataba de otra persona, Caro Quintero, “tenía unos cocineros gays de Sinaloa que también estaban detenidos, tenía su comida, su comedorcito, y les dijo que me hicieran de comer, me acuerdo que ese día comimos mariscos de Sinaloa”.
En el video relata que el narcotraficante, actualmente uno de los más buscados por México y Estados Unidos, “traía una medalla grandota, cuajada de brillantes y en medio una R de puras esmeraldas de Rafael. Traía una señora hebilla con sus iniciales, RQ, de puros brillantes”.
Aclara que todo se debió a una confusión, ya que en ese época el Presidente de México era Carlos Salinas de Gortari y el narcotraficante creyó que por tener el mismo apellido y cierta cercanía era sobrino de la actriz y ex Diputada Federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Me dijo: ‘Quiero que me ayude con sus sobrino, con el Presidente, todo la gente creía que era mi sobrino porque su padre era Raúl Salinas Lozano y yo soy Carmen Salinas Lozano, a mi Carlos y Raúl y todos me decían tía”, recordó al explicar la confusión.
A cambio de su ayuda, el narcotraficante le ofreció “pagar la deuda interna y externa de México, y a usted, ‘jefecita’, no se vaya a enojar, no le va a faltar nada porque yo me voy a hacer cargo de que tenga un buen ahorro para que no le falta nada”.
La comediante narra que insistió en explicarle que el entonces Presidente no era su sobrino, pero le comentó que lo que podía hacer por él era “que le escribiera una carta al Presidente y yo ponía los timbres y la depositaba en el correo”. Sin embargo, no deja claro si al final le entregó o no la carta.
Caro Quintero esta prófugo desde el años 2013. Foto: Cuartoscuro.
Después de 28 años en prisión, Caro Quintero salió libre el 8 de agosto del año 2013. No obstante, está considerado como prófugo de la justicia, el Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 20 millones de dólares a quien proporcione información que lleve a su captura.
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