La Diputada Patricia Armendáriz ha levantado la mano para sumarse a la lista de candidatos presidenciales de Morena. La empresaria ingresó al sistema financiero mexicano de la mano del Secretario de Hacienda salinista Pedro Aspe, su mentor, y tuvo un papel activo, como ella ha señalado, en el rescate bancario, el cual siempre ha criticado el Presidente López Obrador. Ahora se suma a una larga lista de aspirantes rumbo a 2024.
Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– Corría el año de 1990. Patricia Armendáriz Guerra (Comitán, Chiapas, 1955) tenía 35 años y acababa de terminar su doctorado en Economía del Empleo en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Un día acompañó a sus compañeros de escuela a una reunión, en la que conoció “al mentor más importante de su vida”, después de su papá: a Pedro Aspe Armella, por entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
“En aquella reunión con sus pupilos, mis compañeros de Columbia, para ponerse de acuerdo sobre su regreso a México (Pedro Aspe) volteó hacía mí y me preguntó qué iba a hacer. ‘Voy al Banco Mundial’, le dije. ‘¿Por qué no a México?’. ‘Porque mi esposo es corredor de bolsa, colombiano, y trabaja en Estados Unidos’. Ni tardo ni perezoso, con el apoyo de mis otros compañeros, armó un esquema en el que mi marido tendría un puesto en la recién privatizada banca mexicana y yo sería su asesora, cuando en realidad éramos todos aprendices”, recuerda la propia Armendáriz en su libro Alpinista de sueños, publicado por Penguin Random House en octubre de 2021.
Desde entonces han pasado más de 30 años y Armendáriz Guerra ahora forma parte de la bancada de diputados de Morena, partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido uno de los principales críticos del Gobierno salinista. Desde su curul, la legisladora morenista ha anunciado sus intenciones por contender por la candidatura presidencial abanderada por la denominada Cuarta Transformación:
Creo que los #empresarios de la #4T haríamos un excelente papel para tratar de llenar los zapatos de nuestro presidente @lopezobrador_ así que anuncio yo también mis aspiraciones presidenciales. ¡Arriba las mujeres!https://t.co/4mn8R7UEmF
— Carmen Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) March 20, 2022
El proceso de la sucesión presidencial inició en Morena desde el año pasado, avalado por el mismo Presidente López Obrador, quien incluso ha llamado a la oposición a alistar desde ya a sus precandidatos rumbo a 2024. Dentro del partido guinda, los principales contendientes son la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón.
Según una encuesta de SIMO Consulting realizada para El País y publicada el fin de semana pasado, Ebrard Casaubón encabeza la intención de voto tanto en una lista virtual de aspirantes de todas las posiciones políticas con un 56 por ciento, como en las filas de morenistas, donde tiene un 34 por ciento de respaldo. En ambos casos le sigue muy de cerca Sheinbaum Pardo con un 54 y un 30 por ciento, respectivamente.
Ni en ésta ni en ninguna de las mediciones que se han publicado hasta ahora aparece la Diputada Patricia Armendáriz, quien en una entrevista con El País reconoció haber sido una “absoluta defensora del neoliberalismo”, y que a la distancia reconoce “lo costoso que fue privatizar los bancos y que seguimos igual o peor”.
Ahora, desde su trinchera en Morena, ha protagonizado algunas polémicas como cuando en octubre pasado aseguró que, tras pedir evidencia sobre desabasto de medicamentos contra el cáncer, especialmente de niños, “no recibió nada”, lo que generó fuertes críticas en redes sociales. Posteriormente dijo que el fin de solicitar pruebas era para ayudar a difundir los casos y reclamar a las autoridades de salud. “Desafortunadamente algunas personas lo tomaron como si yo dijera ‘no creo que haya desabasto’ y de ninguna manera fue mi intención. Mi intención fue genuinamente querer ayudar con el problema”, declaró.
Armendáriz también ha defendido lo mismo al hijo del Presidente, por la polémica de la propiedad que rentó en EU a un ejecutivo de una firma petrolera que tiene contratos con el Gobierno federal, que la respuesta de López Obrador al Parlamento Europeo, luego de haberla calificado “como burdo escrito”, por el posicionamiento que fijó esta instancia sobre los asesinatos de periodistas en el país.
De hecho, fue un episodio de política exterior lo que le atrajo los reflectores en julio de 2020, en el primer viaje al exterior que realizó el Presidente López Obrador en su administración, una visita que hizo a Washington para reunirse con el Presidente Donald Trump en el marco de la puesta en marcha del T-MEC.
En ese entonces, Armendáriz documentó en tiempo real detalles de la reunión de empresarios en la Casa Blanca. Su nombre se volvió tendencia en las redes sociales por los comentarios a favor y las críticas que recibió.
La invitación para sumarse a la denominada Cuarta Transformación, según contó ella misma a El País, se dio tan pronto inició el Gobierno de López Obrador, quien le ha ofrecido ser Senadora, integrarse al Gabinete y hasta una de las nominadas a subgobernadora del Banco de México. Al final, la ruta la llevó a San Lázaro.
“Le dije que yo ya no encontraba satisfacción en el mundo hacendario. Ya no es un reto. Me preguntó qué sería un reto. ‘Cambiar el sistema de salud’. ‘¿Por qué no hablas con Morena?’. Me inscribí, creí que me iban a decir que no. El seno de Morena es acogedor, de mucho cariño, de mucha mística”, contó al periódico español en diciembre pasado.
— Carmen Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) July 9, 2020
Lo cierto es que ella ha trazado una trayectoria importante en el mundo hacendario, la cual no ha estado exenta de polémica. Luego de ser asesora de Pedro Aspe representó a la Secretaría de Hacienda en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el capítulo financiero. Posteriormente, en abril de 1992, llegó a la Comisión Nacional Bancaria (CNB) —que en abril de 1995 se fusionaría con la Comisión Nacional de Valores para crear la actual Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)—, como vicepresidenta de Supervisión Bancaria, donde diseñó el sistema de supervisión por riesgos, y donde le tocó la intervención de bancos en México durante la crisis de los años 90.
“En ese momento ningún banco tenía capital y vine a aplicarles la regla de que debían tener capital en efectivo”, contó a El Economista en abril de 2019 sobre aquel entonces, a la par que compartió otro episodio difícil que le tocó vivir a finales de esa década, en 1999, cuando el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) le llamó: “Me dijo ‘te van a acusar del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), porque tú fuiste quien intervino bancos, la que cerraste bancos, vete de México’”.
“En ese momento, se perfilaba el cambio de Gobierno al panismo y los zedillistas no eran bienvenidos. Yo sólo hice mi chamba, que era recomponer el sistema bancario”, expresó Armendariz que tuvo que dejar el país, al cual regresó en octubre de 2001 como directora de Banorte.
Sobre los cuestionamientos vertidos por la oposición por el rescate bancario, es decir del Partido de la Revolución Democrática, del cual formaba Andrés Manuel López Obrador, uno de los principales críticos de que se haya dado este rescate, y de Acción Nacional (PAN), Armendáriz publicó en 2011 su versión:
“Se olvida o se ignora que sólo sobrevivieron cuatro bancos, y lo lograron porque la estrategia que siguieron antes de la crisis los diferenció de aquéllos que se dejaron llevar por la euforia o prácticas fraudulentas”, escribió en el capítulo “Privatización, crisis y rescate bancarios” del tomo 1 del libro Privatización bancaria, crisis y rescate del sistema financiero. La historia contada por sus protagonistas, editado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Patricia Armendáriz levantó la mano para contender por la Presidencia rumbo a 2024. Foto: Patricia Armendáriz
Sobre aquella misma época recuerda: “mi última responsabilidad como miembro de la Comisión (Nacional Bancaria y de Valores) fue dedicarme de lleno durante seis meses, a la auditoría del rescate bancario que, por comisión de la Cámara de Diputados, llevó Michael Mackey. Esto en medio de las arengas que buscaban ver sangre por parte de los partidos de oposición y la Auditoría Superior de la Federación”.
Relata cómo Mackey le dijo al Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y a su equipo económico que había encontrado irregularidades en el actuar del Gobierno. “Leí los resultados de la auditoría que iba a presentar y le dije ‘tú sales mañana con esto, con tu prestigio internacional, y yo salgo con pruebas de que eres un pésimo auditor, porque se te entregaron todas las pruebas, y no las estás utilizando. Estás siendo flojo y acomodaticio, simplemente concluyendo lo que la oposición en el Congreso quiere escuchar’”.
Y agrega: “Al salir de esa reunión, Mackey dijo que reconsideraría. Su equipo de auditores se encerró en un hotel con todos nosotros, los actores del rescate bancario y, banco por banco, se les dieron explicaciones sobre lo que alegaban. Así fue que concluyó que el Gobierno mexicano había actuado de la mejor manera posible dadas las circunstancias. Esto, por supuesto, no les gustó a los perredistas ni a los panistas, pero lo cierto es que se actuó como se pudo y como se debió actuar”.
Tres décadas después de esos acontecimientos, ahora Armendáriz ha levantado la mano para contender por la presidencia del país a través de la candidatura de Morena, un partido cuyo fundador, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha cuestionado una y otra vez este rescate bancario.
Apenas el 18 de marzo, el mandatario federal reiteró que Ernesto Zedillo “fue el que convirtió la deuda privada de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa, una deuda de tres billones de pesos. La deuda de los banqueros y de algunos empresarios la convirtió en deuda de todo el pueblo de México”.
Han pasado casi dos décadas de que fueran difundidos los videoescándalos de 2004 y ahora Juan Collado, preso desde 2019, le ha dicho al Presidente Andrés Manuel López Obrador que estos materiales tenían el objetivo de descarrilar su proyecto presidencial de 2006.
Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– El abogado Juan Collado Mocelo, preso por delincuencia organizada y lavado de dinero, detalló en una carta enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador el “proyecto de aniquilación de su posible candidatura presidencial” en 2006 con los videoescándalos, pero si bien ratifica lo ya dicho por Carlos Ahumada y revela que un hermano de Vicente Fox también recibió dinero, protege a un personaje clave en la trama: Carlos Salinas de Gortari.
Collado Mocelo, quien busca salir de la cárcel acusando de extorsión y lavado de dinero a cuatro abogados vinculados a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Ejecutivo federal, detalla en su carta publicada por el diario Reforma la intervención en los videoescándalos del expresidente Fox, del exdiputado Federico Döring, del comediante Víctor Trujillo y sobre todo del exsenador Diego Fernández de Cevallos.
Pero ni una vez se refiere a Salinas de Gortari, de quien ha sido abogado por muchos años y a quien Ahumada ubica en su libro Derecho de réplica como el principal orquestador no sólo de la difusión de los videoescándalos, en 2004, sino del desafuero de López Obrador como Jefe de gobierno, en 2005, con el fin de impedir su candidatura en 2006.
“Me acuerdo que Juan Collado me lo comentó en la celda del Reclusorio Norte, unos días antes de que se diera. Fue un asunto de soberbia por parte del Gobierno federal, fue otra idea en la que nuevamente participaron Diego Fernández y Carlos Salinas porque, repito, para Carlos Salinas efectivamente el día 6 de julio de 2006 y la sucesión presidencial eran muy importantes”.
El expresidente Carlos Salinas junto al abogado Juan Collado. Foto: Cuartoscuro
Casi dos décadas después de los videoescándalos de 2004, cuando René Bejarano, exsecretario particular de López Obrador y Gustavo Ponce, secretario de Finanzas, fueron exhibidos en video recibiendo dinero de Ahumada, Collado le dice al Presidente López Obrador que estos videos tenían el objetivo de descarrilar su proyecto presidencial:
“Estas eran las pruebas que tenía Carlos Ahumada contra su Gobierno y que fueron aprovechadas por un grupo político para generar una desestabilización e iniciar con el proyecto de aniquilación de su posible candidatura presidencial”.
Pero a diferencia de Collado, que encubre a muchos participantes, Ahumada narra a detalle en su libro no sólo a ese “grupo político”, incluyendo a Rosario Robles y a Televisa con sus ejecutivos y conductores, sino que acusa al litigante y a su hermano Antonio que fue su abogado en México y Cuba de haberle robado 40 millones 600 mil pesos, 35 millones de los cuales le había ofrecido Salinas a cambio de los videos.
“Les entregué inicialmente, antes de estar privado de mi libertad en Cuba, 18 millones de pesos, en varias partidas. Si a eso sumamos 10 que supuestamente Salinas me enviaba y que me imagino que se quedaron los Collado —considerando que le escribí a Salinas que me habían entregado 27 millones 600 mil pesos, siendo que en realidad sólo me entregaron cinco millones—, habrán sido otros 22 millones. Así que en total fueron 40 millones 600 mil pesos. Eso fue lo que podríamos decir que los Collado me cobraron, me defraudaron, me robaron”.
En otra parte de su libro, Ahumada describe cómo al final no obtuvo lo prometido por Salinas:
“Carlos Salinas me apoyó con cinco millones de pesos. Me los mandó por entregas, a través de Juan Collado. Posteriormente, Juan me pidió que le escribiera una carta a Salinas diciéndole que ya me habían entregado unos 25 millones de pesos; cuando le dije que no me había entregado ese dinero, que por qué tenía que poner eso, repuso que él había tenido muchos gastos, que Diego también le había pedido dinero, y como yo todavía les seguía creyendo y juzgaba, a pesar de todo lo que me había ocurrido hasta ese momento, que lo mejor era estar en paz con Salinas y con Diego, le escribí la dichosa carta, señalando que había recibido 27 millones 600 mil pesos. En realidad, lo que le entregaron a Ceci fueron cinco millones de pesos”.
La conversación entre Rene Bejarano (izquierda) y el empresario Carlos Ahumada (derecha). Foto: PGJDF/Cuartoscuro.
En Derecho de réplica, publicado en 2009, Ahumada identifica a quienes formaron parte de la trama de los videoescándalos y de quienes se siente traicionado por ellos:
“Sin duda, concretamente por Carlos Salinas, Diego Fernández y en general el Gobierno federal, Juan Collado, Santiago Creel y, que me disculpen y que en paz descansen, pero tengo que mencionarlos, Ramón Martín Huerta y José Luis Vasconcelos, quienes estuvieron en contacto conmigo de manera directa en los días previos a la difusión de los videos, junto con Diego, Juan y Rafael Macedo de la Concha, el Procurador general de la República en ese entonces, para definir toda la estrategia. Y qué decir de Televisa, a través de Bernardo Gómez, quien estuvo de acuerdo con toda esa situación y después se lanzó sin misericordia con una campaña de desprestigio, de escarnio sobre mi persona y no sólo eso, sino sobre mi familia. Por ejemplo, en el programa de ‘El privilegio de mandar’, y con la necedad de (Carlos) Loret de referirse a mí como el Señor de los Sobornos, respondiendo así, total y absolutamente, a los intereses de Televisa”.
Precisa Ahumada la intervención definitiva de funcionarios de Fox en la trama de los videoescándalos: “Es muy importante puntualizar que Santiago Creel, Ramón Martín Huerta y José Luis Santiago Vasconcelos me habían prometido ser testigo protegido… Juan me tuvo así como 15 o 20 días, diciendo: ‘Macedo de la Concha ya tiene sobre su escritorio el oficio donde se determina tu calidad de testigo protegido’”.
Cuando Ahumada evoca la difusión del video de Ponce, menciona a los participantes en el de Bejarano:
“Llegaron agradecimientos por todos lados, de Diego Fernández, de Carlos Salinas, de Juan Collado, en fin. El martes pasó sin novedad. El miércoles, con toda la complicidad de Televisa, con Bernardo Gómez al frente de la operación, invitaron a René Bejarano al noticiero de la mañana, conducido por Leonardo Kourchenko, y posteriormente, con pleno conocimiento de lo que se avecinaba, Víctor Trujillo, alias Brozo, lo invitó a su programa y lo tomó por sorpresa con el video”.
Santiago Creel fue Secretario de Gobernación de Vicente Fox. Foto: Cuartoscuro.
A diferencia de Collado, quien ni la menciona, Ahumada describe la participación directa de Rosario Robles, la exsecretaria del Gobierno de Enrique Peña Nieto actualmente presa, en sincronía con Salinas de Gortari, y narra “una de las escenas más impactantes que he visto en mi vida”.
Escribe Ahumada: “Antes de despedirse, ya un poco bebidos, Robles le dice a Salinas que debe ser un gran honor portar la banda presidencial. El expresidente sube a la vitrina, saca la banda, se la pone a su oponente y le dice: ‘se te ve muy bien’”.
Fue por consejo de Salinas que Ahumada huyó a Cuba, junto con Rosario Robles:
“Quiero dejar completamente claro, fuera de cualquier especulación, que el motivo por el que decidí irme a Cuba fue porque Carlos Salinas me dijo que ahí estaría seguro, que él tenía una muy buena relación con Fidel Castro, porque éste estaba muy agradecido con él. Para mí se trataba de la palabra de uno de los hombres más poderosos y más influyentes de México y sentía que su influencia llegaba hasta Fidel”.
Collado también se lo recomendó:
“Juan Collado, con una argumentación jurídica, para que me quedara totalmente tranquilo, me dijo: ‘Además, no hay convenio de extradición, Carlos, jamás en la vida te van a poder extraditar de ahí llegado al caso’. Francamente no sé cómo Juan Collado sigue teniendo clientes. Si en vez de abogado fuera doctor, en su currículum tendría más cadáveres que los que dejó la bomba atómica. Lo apodarían el Doctor Muerte”.
Ahumada afirma que, además de los difundidos, “hay más videos con otros personajes” que no identifica, pero que darían lugar a expedientes judiciales:
“Respecto de su paradero, algunos los tengo guardados y otros están en manos de Juan Collado, Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos. Ellos se los robaron a mi esposa Cecilia en una manera por demás burda, vil y artera. Se llegó a manejar en la prensa que los cubanos me habían incautado los videos, pero eso nunca sucedió. Cuando me detuvieron en Cuba, sólo tenía copias de los de Bejarano e Ímaz que se difundieron públicamente”.
Rosario Robles al acudir en enero de 2005 al Juzgado 50 en el Reclusorio Norte para testificar en el caso de Carlos Ahumada, quien se aprecia en la imagen tras las rejas. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
En la carta a López Obrador, publicada este lunes 28 de febrero, en el diario Reforma, Collado le dice que, “después de una reflexión y para contribuir en la búsqueda de un mejor México”, decidió contarle una serie de hechos que le constan “y espero permitan entender qué es lo que ha ocurrido en los últimos años y cómo la política, en lugar de ser una forma de servir a los ciudadanos, permitió que los políticos se sirvieran de ella”.
Según Collado, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León entregó la Presidencia de la República a Fox, tras negociaciones con el PRI y el PAN, que era encabezado por Luis Felipe Bravo Mena, un acuerdo en el que participaron los 28 gobernadores priistas y el Partido Verde.
Enseguida, Collado cuenta que, a petición del periodista Javier Solórzano, se reunió con Ahumada, quien le solicitó apoyo porque no le quería hacer pagos a funcionarios del Gobierno local y que tenía pruebas de entregas de dinero a funcionarios.
“Me comentó que requería de una reunión con el entonces Senador Diego Fernández de Cevallos, que estaba seguro le interesaría hacer una estrategia para sacar a la luz esta información”, cuenta Collado que le dijo Ahumada.
“Al poco tiempo recibí otra llamada de Ahumada, en la que me dijo que el Gobierno del DF estaba armando una denuncia de fraude contra una de sus empresas, y que tenía mucha presión del Presidente Vicente Fox y de su esposa Martha Sahagún, sobre todo por su periódico, y habían iniciado procedimientos en su contra, ya que detectaron falta de pago de impuestos e IMSS. Ante ello, me pidió fuera interlocutor entre él y el Senador Diego Fernández de Cevallos y estuviera presente en una reunión que sostendrían”.
Añade Collado: “Fue en esa reunión con el Senador que supe el contenido de esos videos y conocí el inicio de acciones que violentarían en todo momento al debido Estado de Derecho. Uno era la grabación del entonces Secretario de Finanzas del GDF en el casino del Hotel Bellagio, en Las Vegas, y el otro eran los videos de Bejarano”.
Collado evoca el entusiasmo de Fernández de Cevallos al ver los videos: “El Senador me comentó que con la difusión de este video lograrían desenmascarar la imagen de ‘Honestidad valiente’” de López Obrador.
Fernández de Cevallos junto a López Obrador en 2004. Foto: Cuartoscuro
Tal como también lo refiere Ahumada en su libro, Collado cuenta en la carta al Presidente López Obrador que Fernández de Cevallos recibió varios de los videos, que posteriormente él entregó a directivos de Televisa una noche anterior a la transmisión.
“La propia televisora decidió en qué programa se transmitirían y fue en ‘El Mañanero’ conducido por Víctor Trujillo, cuya caracterización era Brozo”, describe el abogado, quien cuenta que el mensajero sería el entonces Diputado del PAN Federico Döring, “quien recibió la encomienda de distribuir las copias a otros medios de comunicación”.
Para entonces, Ahumada ya estaba en Cuba, desde donde llamó a Collado para que lo fuera ver a ese país para definir si atendía su situación legal. En esa entrevista, en La Habana, el empresario le dio otra primicia a Collado:
“Me comentó que había más videos y que los utilizaría, que inclusive en alguno de ellos grabó al hermano del entonces Presidente Fox recibiendo dinero —ese video incluso me lo mostró en mi visita anterior—, le comenté que esa ruta que había tomado no era la adecuada, era muy delicada y en lugar de ayudarle sería la construcción de su propio fin”.
Días después, Collado volvió a Cuba, porque Ahumada había sido detenido: “Al llegar, lo noté completamente desorientado, me decía que varios políticos lo habían traicionado, principalmente Fox”.
[youtube 8FcLiARYAXc]
Tras ser deportado a México, Collado tomó distancia de él: “Me pidió defenderlo, por lo que comencé con su defensa, pero después me percaté que estaba muy deteriorado mental y emocionalmente, además quería manejar su defensa a través de la difamación o exponer a personajes políticos, por lo que decidí dejar la defensa del caso”.
Enseguida, Collado le dice al Presidente López Obrador: “Estas eran las pruebas que tenía Carlos Ahumada contra su Gobierno y que fueron aprovechadas por un grupo político para generar una desestabilización e iniciar con el proyecto de aniquilación de su posible candidatura presidencial”.
Pero en su carta, Collado no menciona que, como asegura Ahumada, se quedó con el resto de los videos comprometedores y no se los quiso devolver, pese a la petición reiterada de su esposa mientras él estaba preso:
“Finalmente, ante su insistencia, Juan la amenazó: le dijo que ya no lo importunara, que ella ya sabía con quién se estaba metiendo y que estaba poniendo en riesgo su vida, la de nuestros hijos y la mía. Que no se olvidara que yo estaba en la cárcel y que ahí por tres pesos cualquiera me podía matar. Ceci cometió el error que yo mismo había cometido. Partió del supuesto de que los Collado, siendo mis abogados, estaban de nuestra parte y defenderían y protegerían mis intereses”.
Ahumada se lamenta: “Al tener en su poder algunas copias de los videos, los Collado y sus patrones, Carlos Salinas y Diego Fernández, me abandonaron e incumplieron todos los acuerdos que habíamos establecido”.
Luego de que en marzo de 2004, se difundieron los videos de Bejarano y Ponce, en noviembre de ese año Televisa dio a conocer los videos del exgobernador de Oaxaca Gabino Cué y de Ramón Sosamontes.
Los que lo entregaron, afirma Ahumada, fueron Fernández de Cevallos y Salinas:
“Comprendí la traición de Salinas, de Diego y de sus lacayos los Collado. Además, tuve que enfrentar, hasta el día que salí del reclusorio, la angustia y el temor constantes sobre el uso que le pudieran dar a ese material. Esta historia es una más de las muchas que tuvo esta tragedia. En cuanto a los videos que obran en mi poder, los tengo a buen resguardo. Lo único que puedo decir es que no están aquí en Argentina. ¿Qué pienso hacer con ellos? Creo que por el bien de todos, concretamente el de mis tres hijos, el de Ceci y el mío personal, lo mejor es no difundidos”.
Alberto Baillères González tuvo una estrecha relación con los gobiernos del PRI y PAN. Con Peña Nieto incursionó en el sector energético, a Vicente Fox le dio dinero para su campaña y en su Gobierno se le concesionaron millones de hectáreas para explotar minas, lo que también hizo Felipe Calderón a cambio de millonarios financiamientos de su campaña, en 2006, la de su esposa, Margarita Zavala, en 2018 y hasta su partido México Libre.
Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).– Alberto Baillères González, quien falleció este jueves siendo el cuarto hombre más rico de México, acumuló su fortuna con las 15 empresas que le dejó su padre de herencia, que integró en el Grupo Bal, pero sobre todo por su estrecha relación con los gobiernos del PRI y PAN que le otorgaron todo tipo de concesiones, incluidas las minas y el petróleo.
Propietario de la tienda departamental El Palacio de Hierro, de la aseguradora GNP y de la minera Grupo Peñoles, Baillères González tuvo una enorme influencia en México a través del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), del cual fue fundador, que se convirtió en semillero de los gobiernos del periodo neoliberal y que nació “con el propósito de hacer de la educación superior el motor del cambio industrial y económico de México”.
Por las aulas de esta institución ha desfilado toda una camada de políticos neoliberales, algunos de ellos señalados por corrupción y desvío de recursos. Por ejemplo: los exsecretarios de Hacienda Pedro Aspe Armella y Francisco Gil Díaz, el Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz; los exdirectores de Pemex, Emilio Lozoya Austin y Enrique Ochoa Reza; el exsecretario Luis Videgaray Caso, el excandidato presidencial priista José Antonio Meade Kuribreña, el exsecretario de la Función Pública Virgilio Andrade Martínez, el exsecretario Ernesto Cordero Arroyo, el exgobernador del Banco de México Agustín Carstens Carstens, así como el exconsejero electoral Luis Carlos Ugalde, entre otros.
Tras la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, incursionó en el sector energético con Energía Eléctrica BAL y Petrobal, cuya firma fue la única mexicana que ganó uno de los campos concesionados por el Gobierno y cuyo director es Carlos Arnoldo Morales Gil, exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En la imagen del 12 de noviembre de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto y Roberto Gil Zuarth, entonces presidente del Senado, aplauden al empresario Alberto Baillères González, quien ese día recibió la Medalla Belisario Domínguez. Foto: Enrique Ordoñez, Cuartoscuro
Baillères González coronó su vida empresarial cuando, en noviembre de 2015, el Senado le otorgó la medalla Belisario Domínguez por instrucción de Peña Nieto, a la que se sumaron legisladores de PRI y PAN, que operaron una ceremonia muy deslucida.
Y lo fue porque, por primera vez desde que el Senado creó la presea —hace seis décadas—, se rompió la unanimidad, sólo un voto evitó el rechazo y la ceremonia de la entrega fue desairada por la mitad de los legisladores. Algo peor: Se maquinó un fraude para alterar la votación y aumentar el número de quienes se pronunciaron por honrarlo.
El homenaje que le rindió el Senado a Baillères González, presidido por el panista Roberto Gil Zuarth —secretario particular de Felipe Calderón y egresado del ITAM—, no fue fortuito: Fue un personaje que financió a políticos de PRI y PAN desde hace décadas.
Alberto Baillères González tuvo una estrecha relación con los gobiernos de PRI y PAN. Foto: Cuartoscuro.
Baillères González fue uno de los asistentes al memorable “pase de charola” del 23 de febrero de 1993, en la mansión de Antonio Ortiz Mena, en Polanco, donde 29 magnates se reunieron con el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari para juntar recursos para la campaña del PRI de 1994, cuyo dirigente era Genaro Borrego y el secretario de finanzas era Miguel Alemán.
Vicente Fox también recibió dinero de Baillères en su campaña por la Presidencia de la República y en su Gobierno se le concesionaron millones de hectáreas para explotar minas, lo que también hizo Felipe Calderón a cambio de millonarios financiamientos de su campaña, en 2006, la de su esposa, Margarita Zavala, en 2018 y hasta su partido México Libre.
Juan Bordes Aznar, director corporativo y tesorero corporativo del Grupo Bal, fue el directivo mediante el cual Baillères entregaba recursos económicos a Calderón desde el 2006 y después a Zavala, en su campaña de 2018.
Para las elecciones de 2018, un grupo de magnates que se han opuesto al Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron a principios de mayo de ese año, con el propósito de unificar la candidatura presidencial entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade.
En la imagen, Felipe Calderón y Alberto Baillères. Foto: Cuartoscuro.
Uno de los asistentes a la reunión a la que asistió Anaya era Alberto Baillères y los otros Claudio X. González, Germán Larrea, Eduardo Tricio y Alejandro Ramírez, presidente entonces del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).
En informes del Instituto Nacional Electoral (INE) constan los recursos que Alberto Baillères González y su hijo, Alejandro Baillères Gual, así como Juan Bornes Aznar, entregaron a los Calderón-Zavala para la campaña presidencial de ella: un millón 600 mil pesos cada uno.
Apenas el año pasado, Alejandro Baillères Gual, el hijo del magnate fallecido, se hizo cargo del emporio y tiene también estrechas relaciones con políticos del PRI y del PAN, ahora legalmente unidos, así como con el matrimonio Zavala-Calderón y José Antonio Meade.
Calderón fue uno de los primeros políticos que el jueves se dolió de la muerte de su patrocinador:
“Con profundo pesar me entero del fallecimiento de don Alberto Baillères. Mis más sentidas condolencias a su esposa, hijos y nietos. Un abrazo a quienes participaron de una u otra forma en sus muchas obras, en especial a maestros, alumnos y exalumnos del ITAM”.
Lo mismo hizo Meade: La vida extraordinaria de don Alberto Baillères dejó profunda marca en el país que tanto quiso. Transformó cada uno de los sectores y vidas que tocó. Su legado académico en el ITAM es invaluable. Se le extrañará mucho”.
Y, por supuesto, Zavala: “Despedimos a este buen mexicano con gratitud por su legado. Un abrazo a su esposa y a su familia”.
La vida extraordinaria de Don Alberto Bailleres dejó profunda marca en el país que tanto quiso. Transformó cada uno de los sectores y vidas que tocó. Su legado académico en el @ITAM_mx es invaluable. Se le extrañará mucho. Ofrezco mis oraciones a su querida familia y amigos. pic.twitter.com/WUhocWTUn0
El actor y conductor, Jorge “El Burro” Van Rankin, habló sobre su relación la hija del exmandatario Carlos Salinas, Cecilia Salinas Ocelli. Asimismo recordó cuando el expresidente le ofreció una disculpa por creer que su relación se basaba en un interés económico,
Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Jorge “El Burro” Van Rankin recordó durante un programa de YouTube cuando el expresidente Carlos Salinas le ofreció disculpas por creer que el noviazgo que el conductor sostenía con su hija, Cecilia Salinas Ocelli, se trataba solo de un interés económico.
[youtube 2A0tul1ON_A]
Durante el programa Pinky Promise, conducido por la integrante de JNS, Karla Díaz, “El burro” Van Ranking detalló algunos momentos de su juventud, habló sobre su amistad con algunos hijos de los expresidentes del país y su noviazgo con la hija de Salinas.
De acuerdo con el conductor, dichas relaciones fueron producto de su “buen sentido del humor” y su “buena vibra”, lo cual ocasionó que lo invitaran a lujosas cenas y bares exclusivos.
Asimismo confesó que pese a que se llevaba bien con Salinas, exmandatario de México, en un comienzo éste lo veía como un interesado, sin embargo logró cambiar su percepción cuando vivió una de las crisis políticas del país y Van Rankin seguía con su hija.
“Carlos Salinas me veía como un interesado”; “El Burro” Van Rankin recuerda su relación con Cecilia Salinas. Foto: Jorge Van Rankin, Facebook.
“Terminando el sexenio matan a [Luis Donaldo] Colosio, matan a [José Francisco] Ruiz Massieu, y todo ese rollo de la política, y de repente un día se da cuenta que yo sigo con la hija cuando ya estaba de exiliado en Irlanda y en Cuba, y un día en Nueva York lo veo, hablamos él y yo cara a cara, cuando [antes] no me saludaba, en Los Pinos me daba la vuelta, se volteaba”, explicó el conductor de Miembros al Aire.
Asimismo, el conductor confesó que llegó a cuestionar al exmandatario sobre el supuesto interés que, según Salinas, él tenía en la relación con su hija.
“Nada más le voy a decir una cosa, señor, ¿Qué le iba yo a sacar a su hija, siendo usted presidente? Antes de que su hija entrara a un antro, entraba yo antes que su hija, siendo usted presidente. El calabozo era acá [hace una seña hacia arriba]”, culminó “El Burro” Van Rankin.
“El Burro” Van Rankin durante el programa Miembros al aire. Foto: Miembros al Aire, Facebook.
Durante la emisión del mismo programa, el “Diamante Negro”, Roberto Palazuelos, habló de cuando hizo uso del Ejército y algunas casas de dependencias federales para realizar fiestas con algunos hijos de los expresidentes. Asimismo detalló como era su relación con algunos exmandatarios.
Manuel Bartlett Díaz habló con SinEmbargo Al Aire sobre los sucesos ocurridos luego del proceso presidencial de 1988. Dijo que ya no se sabrá si Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ganó debido a que el panista Diego Fernández de Cevallos —a quien atribuyó la invención de la caída del sistema— decidió junto con Carlos Salinas de Gortari quemar las boletas de esos comicios.
Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), rememoró los señalamientos que pesan en su contra por el proceso presidencial de 1988, cuando él se desempeñaba como Secretario de Gobernación, e indicó que nunca se podrá saber si esas elecciones las ganó Carlos Salinas de Gortari o Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a causa de que el panista Diego Fernández de Cevallos, también conocido como el “Jefe Diego”, quemó las boletas de esos comicios, en los cuales la izquierda siempre ha alegado que hubo un fraude.
“¿Quién quemó las boletas? Fernández de Cevallos. Las que tenían los resultados que se fueron a contar al Colegio Electoral, no en Gobernación el día de la elección, no; ahí fue en dónde se declaró Presidente (a Salinas) con el apoyo del PAN y han gobernado juntos a partir de entonces. Entonces, la caída del sistema es una frase ridícula de Fernández de Cevallos, que salió a criticarme ahora cuando él fue el que quemó las boletas. ¿Por qué quemó las boletas Fernández de Cevallos? Pues, ahí con Salinas se puso de acuerdo”, expresó Bartlett Díaz en la segunda de dos partes de una plática que sostuvo con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, conductores de “Los Periodistas“, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
Manuel Bartlett, un político de larga trayectoria, precisó que la caída del sistema fue una invención de Fernández de Cevallos, a quien señaló de asociarse con Salinas y de hacerse “inmensamente rico cuando fue el abogado del régimen”.
En ese sentido, recordó que luego de que el PAN quedó en tercer lugar en esa contienda, su candidato Manuel Clouthier se sumó al movimiento de Cárdenas en el que denunciaron un fraude en favor del abanderado priista Carlos Salinas, pero —dijo— todo cambió cuando “los dueños del PAN, los de la lana, mandaron a llamar, (y dijeron) ustedes no van a estar en contra de eso porque nosotros no vamos a aceptar que si echan abajo la Presidencia de Salinas, pues gana Cárdenas y nosotros no queremos a Cárdenas. Entonces, cuidado ustedes no tienen porqué estar en contra. Y se alinea el PAN con Salinas”.
Bartlett compartió que en la noche de la elección no se pudo hacer el fraude con una máquina computadora que no existía e indicó que en donde se calificó la elección fue en el Colegio Electoral y no en la Comisión Federal Electoral —a cargo de la Secretaría de Gobernación— el día de la elección. “Estábamos esperando que votaran todos los distritos, cuando terminó allá, el otro día, un día y medio o dos más, se mandaron todas las boletas y las urnas al Colegio Electoral y ese fue el que declaró a Salinas Presidente con el apoyo del PAN, así fue, siempre”.
[youtube VYN-woZ5ZkY]
En la conversación, el director de la CFE criticó a Salinas de Gortari de haber vuelto a meter a las empresas extranjeras en el sector eléctrico, años después de que el Presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) reformara el sector y comprara la parte de las energéticas privadas que operaban en ese entonces en el país.
“Él (López Mateos) dijo: mexicanos les entrego la electricidad, es de ustedes, pero tengan cuidado porque otros malos mexicanos vendrán a volver a entregar el patrimonio nacional en manos extranjeras. Y el primero que lo hizo fue Salinas. En la negociación del Tratado de Libre Comercio anterior, ahí dijo que no había habido ninguna claudicación, la Constitución de México quedaba incólume y no se tocaba, pero mintió”, expresó Bartlett.
Explicó que Salinas explotó los recovecos de la reforma hecha por López Mateos para beneficiar a las eléctricas extranjeras mediante las figuras de los generadores independientes que vendían electricidad a la CFE y la de las sociedades de autoabasto que —puntualizó— fueron pensadas en un contexto en el que la Comisión de Electricidad apenas arrancaba operaciones. No obstante, refirió que estas figuras fueron usadas por Salinas y explotadas por la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.
“Esas dos figuras le sirvieron a Salinas para meter nuevamente a los extranjeros a México y empezaron a dar permisos de generadores independientes y de sociedades de autoabasto. Esas dos figuras pasan a la Reforma Energética de Peña, en un transitorio. Ya estaban esas empresas extranjeras situadas en México. Entonces las meten en un transitorio y dice el transitorio: esos generadores independientes y de autoabasto que no son servicio público, más otras tres, van a entrar al nuevo régimen, en tanto que —dice el transitorio— no contradigan la nueva ley. Vas a mantener tus privilegios en tanto no contradigas la nueva ley”, señaló.
Manuel Bartlett y Diego Fernández de Cevallos, en marzo de 2005, cuando se desempeñaban como senadores. Foto: Germán Romero, Cuartoscuro.
***
—Alejandro Páez (AP): El proyecto más ambicioso de la oposición es justamente el que está empoderando a los empresarios. Está Claudio X. González uniendo, y la misma Coparmex, uniendo al PRI, al PAN y al PRD. Es decir, ahora son los empresarios buscando tomar el poder, justamente para tomar decisiones sobre sectores estratégicos. ¿Qué les responde?
—Manuel Bartlett (MB): Ya sabemos lo que han hecho. Son todos distinguidos salinistas y Salinas fue el que volvió a meter a los extranjeros en el sector eléctrico. ¿Te acuerdas de ese discurso de López Mateos, que logra comprar a las empresas y sacarlas con una operación realmente de gran inteligencia financiera? Él dijo: mexicanos les entrego la electricidad, es de ustedes, pero tengan cuidado porque otros malos mexicanos vendrán a volver a entregar el patrimonio nacional en manos extranjeras. Y el primero que lo hizo fue Salinas. En la negociación del Tratado de Libre Comercio anterior, ahí dijo que no había habido ninguna claudicación, la Constitución de México quedaba incólume y no se tocaba, pero mintió porque la idea está en el Tratado de Libre Comercio.
La definición de la electricidad, constitucionalmente hablando, de López Mateos era la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público está reservada al Estado. Entonces, inventaron unas figuras diciendo esto no es servicio público, entonces pueden entrar. ¿Cuáles son? Fíjate, inmediatamente sacó una ley y dice: la CFE necesita ayuda para tener más electricidad, entonces vamos a tener un generador independiente que le va a vender la electricidad a la CFE, pero no hace servicio público porque el servicio público lo hace la CFE. Nada más le da apoyo, le vende la electricidad.
Por otro lado hay otra figura que no es servicio público porque el propio López Mateos en su reforma no prohibió la autogeneración, entonces no se prohibió. ¿Por qué? Porque tenía toda la razón. En el inicio de la construcción de la CFE a nivel nacional, los hoteles tenían —como no había electricidad— su plantita, el cine tenía su planta, la fábrica de hielo su planta. Mientras no hubiera electricidad tenía que ser así. Entonces se aprobó la autogeneración, el autoabasto, como algo que no es servicio público porque se venden entre ellos o se asocian.
[youtube 1UH6hzQqzMM]
Esas dos figuras le sirvieron a Salinas para meter nuevamente a los extranjeros a México y empezaron a dar permisos de generadores independientes y de sociedades de autoabasto. Esas dos figuras pasan a la Reforma Energética de Peña, en un transitorio. Ya estaban esas empresas extranjeras situadas en México. Entonces las meten en un transitorio y dice el transitorio: esos generadores independientes y de autoabasto que no son servicio público, más otras tres, van a entrar al nuevo régimen, en tanto que —dice el transitorio— no contradigan la nueva ley. Vas a mantener tus privilegios en tanto no contradigas la nueva ley.
Y así entran los generadores independientes y las sociedades de autoabasto, y son ilegales porque en todo contradicen a la ley anterior porque no nos despachan. Por ejemplo, el generador independiente que le vende a la CFE a precios elevados no le despachan siempre, le despachan un 60 por ciento, un 50, pero la CFE le paga el 100 por ciento porque tiene en su contrato el 100 por ciento. Pero además les inventan excedentes, cómo puede haber excedentes si le venden el 100 por ciento a la CFE y con esos excedentes invierten en empresas que le hacen la competencia a la CFE.
Esos generadores independientes del salinismo son los que han crecido enormemente y las sociedades de autoabasto que son esos monopolios privados que también tienen un apoyo legal nulo. Esas dos figuras de entonces tienen hoy el 42 por ciento de la electricidad en México. Esas dos figuras, así que es toda una historia que se vuelve a repetir. Ahí están otra vez. Están situados en los nodos más rentables y son además unos cuantos, pero hay otros arriba que son los que mandan. ¿Vamos a entregar a México a ese sistema ajeno, galáctico, para nosotros? ¿Nuestro futuro? No puede ser.
Calderon, yo lo quisiera oír. Fue Secretario de Energía malísimo, yo lo conocí, en ese momento yo estaba en el Senado. Yo quiero que defiendan esto. Que es la verdad. No lo hacen. ‘Las energías sucias’, ‘Van a acabar con la energía limpia’, ‘Van a intoxicar a los niños mexicanos’, pero no han atacado un solo punto de la iniciativa del Presidente López Obrador.
Carlos Salinas de Gortari, en marzo de 2000, durante una breve entrevista con medios. Foto: Cuartoscuro.
—Álvaro Delgado (AD): Otros de los argumentos que han tenido tienen que ver hasta con usted, de manera personal. Cómo el autor del fraude de 1988, siendo el director de la Comisión Federal de Electricidad. Yo le pregunto: cuando menciona al salinismo y a Salinas; Salinas, en efecto, está detrás en buena medida de esta reforma de Enrique Peña Nieto, y desde antes, ¿qué intereses tiene, directamente, que usted sepa, Carlos Salinas justamente en este esquema?
—MB: Bueno, yo no creo que den un golpe sin huarache. No los investigo, yo no soy investigador, pero vamos a decir que simplemente son malos mexicanos, los que dijo López Mateos. Son los que metieron otra vez a la inversión extranjera cuando ya no existía.
Pero además sí me acusan de ser el autor de la caída del sistema. Estuve en comparecencia hace unos días y entonces ahí subieron los panistas con unas pancartas, donde me ponían a mí con Salinas, y ya no me aguanté, porque hay que ser muy serio como compareciente, y les dije: ‘pero si ustedes han tenido un amasiato permanente con Salinas’.
La caída del sistema es una invención de Diego Fernández de Cevallos que se asoció con Salinas a morir. Se hizo inmensamente rico cuando fue el abogado del régimen. ¿Qué es lo que hicieron? Yo se los dije ahí: el amasiato. Cuando se ve que el PAN queda en tercer lugar, Salinas gana o no, entonces hay un movimiento de Cárdenas y de Clouthier, el panista Clouthier, hay un movimiento para exigir que no se permita que se le dé la Presidencia a Salinas y los dueños del PAN, los de la lana, mandaron a llamar, ustedes no van a estar en contra de eso porque nosotros no vamos a aceptar que si echan abajo la Presidencia de Salinas, pues gana Cárdenas y nosotros no queremos a Cárdenas. Entonces, cuidado ustedes no tienen porqué estar en contra. Y se alinea el PAN con Salinas.
Y fíjate, dice, la caída del sistema en la noche de la elección, no llegaba la información como querían y entonces Fernández dice: señor presidente de la Comisión se cayó el sistema. Y les pareció muy interesante zafarse, pero les convino a quién, a Salinas y a quién… y al PAN también, y entonces se dice que ahí se hizo el fraude. En la noche de la elección no se puede hacer el fraude con una máquina computadora que no existían, en las elecciones se siguieron contando los votos en todo el país y en donde se calificó la elección fue en el Colegio Electoral no ese día en la Comisión Federal Electoral que lo que estábamos esperando que votaran todos los distritos, cuando terminó allá, el otro día, un día y medio o dos más, se mandaron todas las boletas y las urnas al Colegio Electoral y ese fue el que declaró a Salinas Presidente con el apoyo del PAN, así fue, siempre.
—AD: ¿Ganó Carlos Salinas la elección de 1988 o la ganó Cuauhtémoc Cárdenas?
—MB: Ya no lo podríamos decir porque quemó Fernández de Cevallos las boletas. ¿Quién quemó las boletas? Fernández de Cevallos. Las que tenían los resultados que se fueron a contar al Colegio Electoral, no en Gobernación el día de la elección, no; ahí fue en dónde se declaró Presidente con el apoyo del PAN y han gobernado juntos a partir de entonces. Entonces, la caída del sistema es una frase ridícula de Fernández de Cevallos, que salió a criticarme ahora cuando él fue el que quemó las boletas. ¿Por qué quemó las boletas Fernández de Cevallos? Pues, ahí con Salinas se puso de acuerdo. Entonces, ya no se sabe. Así es que esa es la caída del sistema de Fernández de Cevallos: el amasiato con Salinas.
José Narro Robles es uno de los exrectores de la UNAM que conserva poder en esta institución, según han señalado universitarios y el propio Presidente López Obrador. Es, además, uno de los exfuncionarios de la Universidad que ha formado parte de distintos gobiernos del PRI, partido en el militó por más de cuatro décadas y el cual abandonó luego de no poder hacerse de su dirigencia nacional.
Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– José Narro Robles mantiene su influencia dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como lo han señalado voces al interior de esta institución y como lo ha referido el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Narro Robles ha ocupado en las últimas cuatro décadas distintas posiciones dentro de la máxima casa de estudios al igual que las ha tenido en gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual renunció en junio de 2019 luego del intento fallido de competir por la presidencia nacional del tricolor, pero al cual acompañó en los Gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y en el de Enrique Peña Nieto.
Dentro de la Universidad, Narro Robles fue secretario general entre 1985 y 1991, años en los que fueron rectores Jorge Carpizo (1985-1989) y José Sarukhán (1989-1996), mandatos en los cuales se trató de impulsar el cobro de cuotas, situación que en el caso de Carpizo —a la postre integrante del salinismo— dio pauta a la conformación del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y en el de Sarukhán a presiones por parte del Gobierno de Carlos Salinas de no implementar los cobros diferenciados.
Una vez fuera de la secretaría general, Narro contendió contra Sarukhán y Juan Ramón de la Fuente para desempeñarse al frente de la Rectoría de la UNAM, puesto al que llegaría en noviembre de 2007 y en el cual repetiría en un segundo periodo que se alargaría hasta el mismo mes de 2015.
[youtube dVWINkDzGqU]
Identificado como un personaje cercano a Guillermo Soberón y Jorge Carpizo, dos de los rectores que tuvieron una influencia notable en la Universidad y que se desempeñaron como funcionarios del Gobierno federal, Narro Robles aún mantiene ciertas posiciones de control en la UNAM, como reveló el consejero Octavio Solís Jiménez a Milenio en septiembre de 2019, en el marco de la renovación de la rectoría la cual ganó para un segundo periodo el actual rector Enrique Graue.
“Narro, además de ex priista, aún tiene el respaldo de directivos y funcionarios que dejó desde su administración”, indicó Solís a Milenio. En ese mismo sentido se han difundido distintos trascendidos que incluso hablan del exrector Narro como “el poder real” en esta institución.
Ahora el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta misma influencia que detenta el Secretario de Salud de Peña Nieto en la UNAM:
“Apenas estoy opinando y ya el doctor Narro, que es el jefe del grupo dominante desde hace muchos años en la UNAM, está hablando de que se intenta afectar la autonomía de la UNAM, entonces no puedo yo hacer ninguna propuesta además. No es ese el propósito, yo soy respetuoso de la autonomía de la UNAM”.
El Presiente Peña Nieto junto a José Narro Robles, en 2017 cuando fue su Secretario de Saludo. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
EL LEGADO DE NARRO CON PEÑA
Ahora el exrector y exfuncionario priista se ha vuelto una de las voces más críticas hacia el Gobierno de López Obrador. Ha sido uno de los principales actores que ha cuestionado el manejo de la pandemia, al frente de la cual ha estado el polémico Subsecretario Hugo López-Gatell.
Recientemente, salió a responder los señalamientos que hizo el Presidente sobre la UNAM. “La UNAM tiene un compromiso con el país, lo ha demostrado en un momento y en otro; con un Presidente y con otro, pero lo ha demostrado siempre con la sociedad”, dijo en entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, dando luz precisamente a la relación entre esta institución y el Ejecutivo federal.
No obstante, su paso por la administración de Enrique Peña Nieto, uno de los gobiernos más señalados por presuntos actos de corrupción, no ha estado exenta de cuestionamientos por su desempeño. Precisamente el Subsecretario López-Gatell acusó en mayo de 2020 a Narro Robles de que durante su gestión se abandonaron 307 hospitales, señalamiento que no ha aclarado el exfuncionario peñista.
En ese sentido, El Universal reportó en mayo de 2019 que de 326 hospitales y unidades médicas que estaban en ese entonces sin concluir en el país, casi la mitad —en los que había invertido el Gobierno de Enrique Peña Nieto— eran inviables y no podían funcionar porque serían un riesgo para los ciudadanos.
José Narro y el actual rector Enrique Graue. Foto: Mario Jasso.
A estas irregularidades, se suma la operación política que encabezó el exsecretario de Salud en el marco de la elección gubernamental del Estado de México de 2017, según denunció en ese entonces López Obrador. La contienda en esta entidad, uno de los últimos bastiones que le quedan al PRI, estuvo marcada por una serie de irregularidades que —a decir de la oposición— beneficiaron al candidato priista, el ahora Gobernador Alfredo del Mazo.
Fue días antes de la elección en esa entidad que López Obrador denunció la supuesta injerencia de funcionarios de alto nivel del Gobierno de Enrique Peña Nieto en el proceso electoral a través de diversas acciones en municipios como Ecatepec, Atlacomulco, Naucalpan y Chimalhuacán, e incluso presentó documentos que la Presidencia dijo desconocer.
“Por ejemplo, en Amecameca, el ingeniero Jorge Rescala Pérez; en Atlacomulco, Nuvia Mayorga Delgado; en Chimalhuacán, Simón Iván Villar Martínez, Cuautitlán Izcalli, el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; en Ecatepec, el doctor José Narro Robles, ¿quién iba a pensar que de rector de la UNAM iba a terminar de mapache?”, acusó López Obrador en un video de mayo de 2017.
En mayo del año pasado trascendió que Narro Robles estaba en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no obstante la dependencia salió a aclarar que aunque no indagaba al exfuncionario sí tenía una investigación en curso por presuntos casos de corrupción en el sistema de salud durante el sexenio anterior.
Un mes antes, Univisión informó que el exrector de la UNAM se encontraba entre los funcionarios del peñismo que tenían un expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública (SFP) por su evolución patrimonial. A Narro y a su esposa, indicaba el reporte, les asignaron la pesquisa número 036/2020, no obstante el exsecretario de Salud dijo desconocer oficialmente de cualquier investigación sobre su persona o su esposa. A la fecha, no se ha dado a conocer más sobre aquella indagatoria.
Jorge Carpizo Mcgregor, y José Narro Robles. Foto: Iván Mendez, Cuartoscuro.
ENTRE EL GOBIERNO Y LA UNIVERSIDAD
Los fallecidos Guillermo Soberón y Jorge Carpizo son dos rectores que antecedieron José Narro y con quienes tuvo una buena relación.
En sus memorias, El médico, el rector (Fondo de Cultura Económica), Soberón encargó el prólogo a José Narro, quien por entonces era rector de la UNAM. Sobre ello escribió:
“Con él conviví en la Coordinación de los Servicios de Salud de la Presidencia de la República y en la Secretaría de Salud, donde fungió como director de los Servicios de Salud del Distrito Federal durante mi tiempo como Secretario de Salud”.
Soberón estuvo al frente de la Secretaría de Salud durante el Gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), en cuya administración se estableció la política neoliberal. No obstante, sus relaciones con el poder datan del Gobierno de José López Portillo (1976-1982).
En lo que respecta a Carpizo su relación se dio tanto en la Universidad como en el Gobierno. Narro Robles fue secretario general de la UNAM en los cuatro años que Jorge Carpizo fue rector. Posteriormente, ambos formarían parte del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, una de las administraciones más autoritarias del PRI.
Carpizo se desempeñó como Procurador General de la República y Secretario de Gobernación, mientras Narro Robles fue secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras salir de la secretaría general de la UNAM en 1991 para contender por la dirección de la Facultad de Medicina, proceso en el cual no participó para precisamente sumarse al Gobierno. Ya con Carpizo en la Secretaría de Gobernación (Segob), Narro se sumaría a la dependencia como Subsecretario.
De izquierda a derecha: Enrique Graue, Guillermo Soberón y José Narro. Foto: Diego Simón Sánchez.
Desde el Gobierno, Narro Robles buscó contender —sin éxito— por la rectoría de la UNAM, como lo relata en su libro de memorias Desde el sexto piso (Fondo de Cultura Económica), José Sarukhán, quien terminaría por imponerse a Narro en un segundo periodo. No obstante, Sarukhán —quien años después de dejar el Gobierno se incorporaría al Gobierno de Vicente Fox— denunció que en ese proceso de renovación de la UNAM enfrentaría una animadversión. Sobre aquella época, Sarukhán escribe:
“Una mañana recibí en mi oficina una llamada de José Narro, quien en ese tiempo era secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, pidiéndome que tuviéramos una reunión en algún lugar ‘discreto’. Me causó extrañeza el asunto, ya que ése no era el proceder de Narro. Le propuse un lugar en el sur de la ciudad y ahí nos encontramos. Básicamente lo que Narro quería decirme era que había tomado la decisión de participar en el proceso de elección de rector y que quería informármelo personalmente, antes de que la noticia apareciera en la prensa. Fue un buen detalle de su parte, que le agradecí. Aun así, me atreví a preguntarle por qué había cambiado de opinión, ya que un par de años antes (o algo así) había dejado la Secretaría General de la UNAM para participar en el proceso de elección de la Dirección de la Facultad de Medicina, camino por el que finalmente tampoco optó esgrimiendo el argumento, que me pareció válido, de que era tiempo de ‘voltear la página de la Universidad’ para dedicarse a su vocación profesional, en asuntos de salud pública. Su respuesta fue que él consideraba que ahora había cosas que no iban bien en la UNAM (no mencionó cuáles) y que por ello quería participar en el proceso de elección de rector. Mi comentario fue que él tenía todo el derecho de hacerlo como universitario y buen conocedor de la UNAM. Terminamos poco después la charla junto con nuestros respectivos cafés, y nos despedimos”.
José Sarukhán y José Narro Robles. Foto: Enrique Ordoñez, Cuartoscuro.
Tras la rectoría de Sarukhán, y los infructuosos años de Francisco Barnés, quien llegó en 1997 y estuvo sólo un par de años debido al estallido de huelga que causó su plan de aumentar las cuotas, se abriría en los últimos días de 1999 el proceso de renovación de la rectoría, en el cual contendió Narro Roble. Las crónicas de esos días recuerdan cómo Narro nunca asistió a las entrevistas que hizo la Junta de Gobierno en el Palacio de Minería. El vencedor de ese proceso sería Juan Ramón de la Fuente, por ese entonces Secretario de Salud de Ernesto Zedillo, dependencia en la que también se encontraba, como Subsecretario, José Narro.
El turno del esxecretario de Salud llegaría en noviembre de 2007, cuando ganó la rectoría por un primer periodo. Cuatro años después repetiría la fórmula para reelegirse hasta 2015.
Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro.
De su paso por la UNAM, Narro ha presumido el aumento del número de estudiantes que ingresó a la Universidad, que la superficie construida creció y la creación de 27 nuevas licenciaturas. No obstante, su legado por la máxima casa de estudios del país también se vio marcado por un secreto a voces que se gestó durante años en el seno de la institución y que en su rectoría creció al punto de ser uno de los pendientes que heredó a Enrique Graue: el narcomenudeo.
Junto a esta actividad, la situación de la inseguridad también ha sido cuestionada a Narro, junto a una serie de problemas que no han atendido las autoridades educativas como los abusos laborales a la planta docente, la violencia de género en los salones de clases y las malas condiciones con las que operan la mayoría de los planteles educativos.
Telmex aseguró este viernes que “la prórroga del periodo de vigencia de las concesiones fue solicitada en tiempo y forma por Telmex al IFT durante el 2016”, y que “el IFT acreditó que se encontraba al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en sus títulos de concesión, así como en la ley”.
México, 22 de octubre (EFE).- La empresa Teléfonos de México (Telmex) aseguró este viernes que su plazo de concesión es hasta el año 2056, después de que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijese que a su Gobierno le tocaría revisarla en 2023.
“(Telmex) informa (…) de que el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) resolvió en diciembre de 2016 prorrogar el periodo de vigencia de las concesiones de Telmex por 30 años adicionales, contados a partir de 2026, por lo que la vigencia de dichos títulos de concesión vence hasta el año 2056”, expresó la empresa en un comunicado.
El jueves el IFT, el regulador mexicano del sector, negó que el presidente pueda intervenir en la renovación de la concesión de Telmex, del magnate Carlos Slim.
El organismo autónomo desmintió las declaraciones de López Obrador, quien en su conferencia matutina se mostró a favor de renovar la concesión de Telmex, pero “buscando que haya compromisos en beneficio de la población”, ya sea en tarifas o con la ampliación de la red para que “todos” tengan internet.
Propaganda de Telmex. Foto: Cuartoscuro.
Antes, el mandatario expresó que a su Gobierno le tocaría revisar en 2023 la concesión de Telmex, que se privatizó en 1990 bajo el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), a quien López Obrador considera parte del “periodo neoliberal”.
Telmex aseguró este viernes que “la prórroga del periodo de vigencia de las concesiones fue solicitada en tiempo y forma por Telmex al IFT durante el 2016”, y que “el IFT acreditó que se encontraba al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en sus títulos de concesión, así como en la ley”.
Asimismo, la empresa, que se privatizó en 1990 bajo el Gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), dijo que el Pleno del IFT resolvió en 2016 alargar la concesión hasta 2056.
Explicaron que la fecha indicada por el presidente, 2023, es el momento en el que el Pleno del IFT deberá notificar a Telmex “el proyecto de título de concesión con las condiciones y términos operativos de la misma”.
López Obrador ha sugerido en varias ocasiones la desaparición del IFT, al considerarlo entre los órganos reguladores que, según él, son “aparatos burocráticos” demasiado costosos y herencia del “periodo neoliberal”.
Pero sus opositores han advertido de que el instituto es obligatorio dentro del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“El IFT es un órgano técnico, con autonomía constitucional, que lo aleja de decisiones de carácter político; y actúa siempre con absoluto respeto de las facultades y el trabajo de otras autoridades”, concluyó el regulador este jueves.
Andrés Manuel López Obrador expresó que a su Gobierno le tocaría revisar en 2023 la concesión de Telmex, que se privatizó en 1990 bajo el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), considerado parte del “periodo neoliberal”.
Ciudad de México, 21 de octubre (EFE).- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el regulador mexicano del sector, negó este jueves que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, pueda intervenir en la renovación de la concesión de Teléfonos de México (Telmex), del magnate Carlos Slim.
El organismo autónomo desmintió las declaraciones de López Obrador, quien en su conferencia matutina se mostró a favor de renovar la concesión de Telmex, pero “buscando que haya compromisos en beneficio de la población”, ya sea en tarifas o con la ampliación de la red para que “todos” tengan internet.
“En aras de abonar a la certeza jurídica en el sector de las telecomunicaciones, se hace pertinente dejar claro que lo expresado por el C. (ciudadano) Presidente no corresponde a los hechos ni al marco legal aplicable”, indicó el IFT en un comunicado.
Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro.
Antes, el mandatario expresó que a su Gobierno le tocaría revisar en 2023 la concesión de Telmex, que se privatizó en 1990 bajo el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), a quien López Obrador considera parte del “periodo neoliberal”.
El actual Presidente prometió hacer lo que “más le convenga a la nación” y “no caer en extremismos”, pero recordó su oposición a las privatizaciones.
“Se trata de una empresa que entregó Salinas de Gortari. Claro que yo estuve en desacuerdo, ¿por qué?, porque yo no estoy a favor de la política privatizadora, tan es así que no hemos dado concesiones, no es lo que pasó en el periodo neoliberal”, manifestó.
Pero el IFT, un organismo autónomo que nació en 2013 con la reforma de telecomunicaciones, respondió que el instituto tiene la competencia para decidir sobre las concesiones con base en la Constitución.
El regulador recordó que ya aprobó desde diciembre de 2016 la solicitud de la prórroga de concesión de Telmex, que ha de tener una nueva vigencia de 30 años contados a partir del 11 de marzo de 2026.
Pero en esa resolución de 2016, el IFT resolvió entregar el título de concesión en el primer trimestre de 2023 porque consideró que en ese momento no había “certeza de cómo evolucionarían las condiciones del mercado” y el efecto de la regulación asimétrica sobre Telmex, considerado agente preponderante en el mercado.
“La solicitud de prórroga ya fue resuelta y no hay posibilidad de negarla, por lo que lo único que está pendiente es la entrega del título de concesión, previo establecimiento de condiciones por el IFT”, aclaró.
El Presidente López Obrador ha sugerido en varias ocasiones la desaparición del IFT, al considerarlo una herencia del “periodo neoliberal”.
Pero sus opositores han advertido de que el instituto es obligatorio dentro del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“El IFT es un órgano técnico, con autonomía constitucional, que lo aleja de decisiones de carácter político; y actúa siempre con absoluto respeto de las facultades y el trabajo de otras autoridades”, concluyó el regulador este jueves.
Javier Coello Trejo da cuenta en su libro El Fiscal de hierro (Planeta) de cómo en el Gobierno de Carlos Salinas encabezó la investigación que resultó en la detención de Joaquín Hernández Galicia, el otrora poderoso líder petrolero.
Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– “La Quina era uno de los hombres más poderosos del país y se había engallado desde el sexenio de Miguel de la Madrid, en cierto modo se le había subido a las barbas al Presidente. Era el cacique sindical con más poder; tenía comprados a diputados, senadores, presidentes municipales, autoridades locales, jueces, ministerios públicos, periodistas”, escribe Javier Coello Trejo en su libro El Fiscal de hierro (Planeta).
El exfiscal antinarco reseña en el capítulo “La Cruzada contra el narcotráfico” cómo en los primeros días de diciembre de 1988 fue convocado por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, quien acababa de asumir el poder, en la residencia oficial de Los Pinos para tratar un asunto de suma relevancia: “Conversamos de distintos temas, más bien familiares, durante algunos minutos, y de pronto se detuvo, volteó a verme y me preguntó si conocía a Joaquín Hernández Galicia, el líder del sindicato petrolero, mejor conocido como La Quina”.
Coello Trejo describe cómo le relató al Presidente Salinas que hacía unos meses, estaba con su esposa en Cuernavaca y ambos vieron una entrevista que le hizo el periodista Guillermo Ochoa a La Quina. “Con todo respeto, señor Presidente, me cayó en los güevos ese cabrón; quién se cree que es con eso de ‘yo puedo pagar la deuda externa’”.
Luego de escuchar eso, relata Javier Coello Trejo, el Presidente sonrió y le dijo: “¡Investíguelo! Pero no puede decir ni una palabra, Coello, usted solo me da cuentas a mí”.
[youtube iv9hZrmvGL8]
A partir de ese momento, el exfiscal describe cómo se integró un equipo especial para seguirle las pistas a la Quina, de quien refiere se “sentía que era intocable y llegó a creer que su poder, incluso estaba por encima del poder presidencial”.
“Desde que Miguel de la Madrid destapó a Salinas de Gortari como candidato a la presidencia de la República, La Quina lo criticó con dureza. Los políticos de la vieja guardia no vieron con buenos ojos a Salinas ni al grupo con el que llegaba: Camacho Solís, Aspe, Serra Puche; era una generación nueva que apenas cruzaba los cuarenta años de edad; muchos se habían educado en el extranjero, defendían el libre comercio y la globalización y ya desde entonces se les llamaba ‘neoliberales’”, escribe.
Y añade: “Durante la campaña electoral corrió el rumor de que La Quina había patrocinado un libro titulado: ¿Un asesino en Palacio?, donde se narraba que el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, siendo niño, había matado accidentalmente a una empleada doméstica con un rifle calibre 22, en la casa de su papá, el político Raúl Salinas Lozano”.
No obstante, todo cambió una vez que Carlos Salinas de Gortari llegó a la Presidencia de México en diciembre de 1988, cuando luego de una investigación que encabezó Coello Trejo se determinó “que los hombres de La Quina estaban introduciendo armas a México y las llevaban a la casa del líder petrolero”.
“Seguimos la ruta, tomamos fotografías, reunimos suficiente información . De cada detalle le informé al presidente y le garanticé que teníamos todas las pruebas sobre el tráfico de armas”, describe en el texto en el cual se puntualizan cada una de las decesiones que se tomaron previo a que el líder petrolero fuera detenido en enero de 1989.
SinEmbargo reproduce a continuación un fragmento de El fiscal de hierro (Planeta) de Javier Coello Trejo, una cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México, en el cual se da cuenta de cómo el Gobierno de Salinas llevó a cabo una investigación que resultó en la detención de Joaquín Hernández Galicia.
Fotografía de portada: Cortesía Milenio Diario Edición Nacional, pag. 14. 26 de junio 2019. Fotógrafo Javier Ríos.
***
CONTRA EL SINDICATO MÁS PODEROSO
El 3 de diciembre de 1988 tomé posesión como director de Servicios Criminalísticos de la Procuraduría General de la República; era un cargo interino en tanto se reformaba la ley para crear la subprocuraduría que me había ofrecido el presidente, pues dicha área no existía en el organigrama de la institución. Literalmente estaba comenzando el sexenio y hacia el día 5 o 6 de diciembre recibí una llamada de Los Pinos. El presidente quería verme una vez más.
Pensé que sería una reunión de trabajo para organizar la futura subprocuraduría, detallar los fines, plantear las estrategias, señalar las prioridades. Sin embargo, a partir de ese día, toda esa planeación pasó a segundo plano. El asunto que me planteó era muy delicado.
El presidente no quiso que habláramos en su despacho, por lo que me invitó a caminar por los jardines de la que fuera la residencia oficial de los presidentes de México. Conversamos de distintos temas, más bien familiares, durante algunos minutos, y de pronto se detuvo, volteó a verme y me preguntó si conocía a Joaquín Hernández Galicia, el líder del sindicato petrolero, mejor conocido como La Quina.
El presidente sabía que todo México lo conocía, pero quería saber si yo guardaba algún tipo de relación con él o si en algún momento había tenido contacto cercano.
—No, señor, —respondí. No lo conozco personalmente. Lo he visto en los medios, he leído sus declaraciones, sé de él por las noticias, por la radio y la televisión, nada más, —añadí.
—¿Seguro, Coello? —insistió con firmeza.
—Tiene mi palabra, señor presidente, no lo conozco, pero permítame contarle una anécdota ahora que lo menciona. Hace unos meses, estaba con mi esposa en Cuernavaca y vimos una entrevista que le hizo el periodista Guillermo Ochoa a La Quina. Con todo respeto, señor presidente, me cayó en los güevos ese cabrón; quién se cree que es con eso de ‘yo puedo pagar la deuda externa’. ‘Cómo me gustaría regresar al gobierno nomás para chingarme a ese cabrón’, —le dije a mi señora.
El presidente sonrió y me dijo con todas sus letras:
—¡Investíguelo! Pero no puede decir ni una palabra, Coello, usted solo me da cuentas a mí, —añadió.
No pregunté nada, solo respondí:
—Sí, señor.
El Gobernador de Veracruz Fernando Gutiérrez Barrios y el líder del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, durante el Día de la Unidad Priista, el 3 de septiembre de 1987. Foto: Pedro Valtierra/Cuartoscuro.
Como era un tema absolutamente confidencial y muy delicado actué con mucha prudencia. Para empezar, organicé un pequeño grupo con hombres de mi toda mi confianza, cuya lealtad y profesionalismo estaba probado.
Si hubiera vivido mi compadre Ventura, él habría estado al frente, pero fue el comandante Robles Liceaga quien se hizo cargo. Juntos logramos reunir un buen equipo y de inmediato comenzamos a investigar al líder petrolero. Como me instruyó el presidente, no comenté con nadie el tema, ni siquiera con el procurador, en todo caso, el presidente se encargaría de hacerlo.
La Quina era uno de los hombres más poderosos del país y se había engallado desde el sexenio de Miguel de la Madrid, en cierto modo se le había subido a las barbas al presidente. Era el cacique sindical con más poder; tenía comprados a diputados, senadores, presidentes municipales, autoridades locales, jueces, ministerios públicos, periodistas . Por eso sentía que era intocable y llegó a creer que su poder, incluso estaba por encima del poder presidencial.
Desde que Miguel de la Madrid destapó a Salinas de Gortari como candidato a la presidencia de la República, La Quina lo criticó con dureza. Los políticos de la vieja guardia no vieron con buenos ojos a Salinas ni al grupo con el que llegaba: Camacho Solís, Aspe, Serra Puche; era una generación nueva que apenas cruzaba los cuarenta años de edad; muchos se habían educado en el extranjero, defendían el libre comercio y la globalización y ya desde entonces se les llamaba “neoliberales”.
La Quina había consolidado su poder en el sindicato de pemex con la vieja guardia del PRI, con el sistema político que no se había transformado desde tiempos de Aleman, una generación que ya andaba cerca de los 70 años de edad o más, que defendía el nacionalismo revolucionario, la economía cerrada, el estatismo. Fue un choque generacional, pero La Quina realmente creyó que podría doblegar al candidato oficial y durante la campaña se acercó abiertamente a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato opositor, quien había roto con el PRI por las mismas razones: se oponía por completo al neoliberalismo, a la privatización de empresas paraestatales, al libre mercado.
Durante la campaña electoral corrió el rumor de que La Quina había patrocinado un libelo titulado: ¿Un asesino en Palacio?, donde se narraba que el candidato del pri, Carlos Salinas de Gortari, siendo niño, había matado accidentalmente a una empleada doméstica con un rifle calibre 22, en la casa de su papá, el político Raúl Salinas Lozano.
Como le comenté al presidente en su momento, yo no conocía a La Quina. Después que dejé la Secretaría de Gobierno de Chiapas y ya dedicado a mi despacho de abogado, mi amiga la periodista Olga Moreno me pidió una cita y durante la charla me comentó que La Quina quería platicar conmigo y si podía viajar a Tampico para verlo, pero le respondí que no tenía ningún interés en conocerlo ni nada que tratar con él. Nunca supe las razones de su petición ni para qué me buscó.
Francamente, yo tenía la ilusión de romperle la madre a La Quina por mamón; por sentir que era superior al gobierno y que su poder era ilimitado, por tratar de debilitar a la institución presidencial. Así que, una vez recibida la orden del presidente, comenzamos a investigar y lo primero que apareció fue que los hombres de La Quina estaban introduciendo armas a México y las llevaban a la casa del líder petrolero.
Salinas de Gortari durante las felicitaciones que le hicieron militantes del partido en las oficinas, entre ellos La Quina con petroleros destacados como Barragán Camacho, Salvador entre otros. Foto: Tomás Martínez/Archivo Cuartoscuro.
Supimos que compraban las armas en MacAllen. Seguimos la ruta, tomamos fotografías, reunimos suficiente información. De cada detalle le informé al presidente y le garanticé que teníamos todas las pruebas sobre el tráfico de armas. En la investigación también detectamos un túnel que unía la casa de La Quina con un inmueble de enfrente que pertenecía a otro líder petrolero, uno más de sus incondicionales al que no pudimos agarrar durante el operativo.
Al mismo tiempo investigamos las actividades de José Sosa Martínez, otro de sus hombres de confianza, el tipo que en 1986 se atrevió a decirle al presidente De la Madrid: “Si se hunde Pemex por mala administración, nos hundimos todos, usted y el país”. También a Salvador Barragán Camacho y a muchos otros que formaban parte del círculo de confianza de La Quina.
Durante un mes trabajamos intensamente en la investigación. No dejamos ningún cabo suelto. El tema de las armas era más que suficiente para poder encerrarlos a todos, independientemente de que después seguimos investigando para armar otras acusaciones que complementaran el caso.
La operación estaba prevista para el 15 de enero, pero no sé qué información recibió el presidente, si tuvo algún mal presentimiento o simplemente quiso evitar que se filtraran detalles del operativo, lo cierto es que el 8 de enero me mandó llamar y me dijo:
—Coello, hay que reventar este asunto el 10 de enero . Saque a su familia del país.
Yo no tenía ninguna objeción en adelantar la operación, pero tenía un pequeño problema de carácter familiar ¿Qué argumento le podía dar a mi esposa para que se fuera a Estados Unidos con los niños, que estaban en clases, sin que sospechara que algo estaba sucediendo o se preocupara de más?
El presidente lo entendió y ordenó que se anunciara contingencia ambiental del 8 al 10 de enero de 1989, de tal forma que se suspendieran las clases y los niños no fueran a la escuela. Entonces, con la coartada perfecta, le dije a mi mujer que necesitaba que fuera a Estados Unidos a comprar algunas cosas que me urgían y cuando me preguntó por los niños, le comenté que iban a anunciar contingencia ambiental, que las condiciones meteorológicas se habían puesto de la chingada y que no habría clases los siguientes días.
El argumento parecía perfecto, pero no. Mi señora me dijo que al otro día llegaba mi suegra de visita a la Ciudad de México. ¡Puta madre! Pensé, entonces moví mis influencias y con el apoyo presidencial, logré sacarle el pasaporte y la visa a la mamá de mi esposa. El 8 de enero, muy temprano, envié a toda la familia a Nuevo Laredo y de ahí cruzaron a Estados Unidos.
Al mismo tiempo continuábamos planeando el operativo; cuidamos todos los detalles porque no había margen para errores ni fallas. Sabíamos que La Quina podía paralizar el país cortando el suministro de gasolina, gas y demás combustibles, porque su gente estaba al frente de todas las secciones del sindicato a lo largo y ancho del país. Así que debíamos actuar con precisión quirúrgica.
El 9 de enero, el presidente Salinas me puso al frente del operativo para disponer del primer cuerpo del Ejército, encabezado por el general Montiel, y que así los soldados pudieran actuar bajo mis órdenes. Cabe mencionar que yo tenía 40 años de edad y si bien ya tenía experiencia, estaba por enfrentarme con uno de los hombres que parecían intocables dentro de la política mexicana.
En la imagen Joaquín Hernández Galicia “La Quina” y otros detenidos ante las armas decomisadas en la judicial en 1989. Foto: Tomás Martínez/Archivo Cuartoscuro.
Ese mismo día me presenté en mi oficina como si nada. Mandé llamar a cuatro agentes de la Policía y a dos ministerios públicos y los cité a las 3 de la tarde, en la Colonia del Valle, en la casa de seguridad que tenía rentada, en ese lugar íbamos a concentrarnos.
Seguí trabajando esa mañana y a la hora de la comida tomé mi saco, subí a mi auto y me dirigí a la casa de seguridad. Estaba tan concentrado en la operación que se me olvidó avisarle al procurador Enrique Álvarez del Castillo dónde estaría. A mis hombres ya les había dicho que pasaríamos ahí la noche; no les sorprendió, no era la primera vez que hacíamos un operativo.
En la madrugada del día 10 salimos de la casa de seguridad rumbo al aeropuerto. Para no despertar sospechas y evitar cualquier fuga de información le pedí su avión privado al profesor Carlos Hank González, a quien conocí durante el sexenio de José López Portillo; era buen amigo y no tuvo reparo en ponerlo a mi disposición sin preguntar nada; por eso no hay registro de nuestro vuelo.
Eran las 6 de la mañana cuando tomamos pista. Los pilotos tenían como destino final en su plan de vuelo la ciudad de Guadalajara, pero una vez en el aire, apenas unos minutos después del despegue, me presenté en la cabina y le ordené al piloto que cambiara de rumbo con dirección a Tampico.
—Licenciado, —exclamó desconcertado el piloto.
—Nada de peros, nos vamos a Tampico y no haga preguntas, —le ordené.
No tuvo más remedio que obedecer . A esa hora nadie sabía dónde me encontraba.
Aterrizamos en Tampico y ya nos esperaban dos vehículos; mi equipo estaba conformado por el teniente coronel Luis de la Barreda —hombre de confianza de don Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de gobernación—, el coronel Pablo Alemán, los ministerios públicos Zamora Rioja y Carlos Salas y el comandante Robles Liceaga, más cuatro elementos de la Policía. De ahí nos fuimos a un hotel en el que renté una habitación y terminando el desayuno les pedí que subiéramos al cuarto. Ahí finalmente les dije:
—Señores, venimos a un asunto de suma importancia para la seguridad nacional, quien tenga algún compromiso con la persona que voy a mencionar no hay pedo, está bien, nada más que se va a quedar amarrado aquí, sin teléfono y vigilado.
Se quedaron extrañados con lo que les dije, pero la expresión de sus rostros cambió por completo cuando agregué:
—Señores, venimos por La Quina.
Desde luego sabía que todos esos hombres eran leales, pero nunca está de más. El que sí se cagó de miedo, y no porque tuviera alguna relación con La Quina, fue el coronel Pablo Alemán, jefe de la Judicial Federal. Creo que nunca había estado en un operativo así, porque incluso se orinó a la hora de los madrazos.
Yo cargaba con un radio grande, de esos tabiques que usa el Ejército, con las claves del operativo . A las 8:10 me informaron que habían aterrizado los aviones Hércules con los soldados del primer cuerpo del Ejército. Una vez en tierra ordené que los vehículos se dirigieran a la dirección de La Quina y formaran un perímetro para rodear su casa y la de su hija.
La ciudad de Tampico no mostraba aún gran actividad, así que le debió extrañar a la gente ver el movimiento de los camiones con los miembros del Ejército recorriendo las calles.
Joaquín Hernández “La Quina”, durante su declaración para aportar pruebas en su defensa el 30 de julio de 1992. Foto: Pedro Valtierra, Archivo Cuartoscuro.
Mis hombres y yo llegamos hasta donde ya se encontraba apostado el Ejército. El plan acordado con el general Montiel era formar 50 soldados y cortar cartucho. Para esos momentos, dentro de la casa de La Quina seguramente ya se habían percatado de la presencia del Ejército, pero no se veía ningún tipo de movimiento. Consideré que con su presencia no habría resistencia armada de parte de la gente de La Quina y no me equivoqué, pero sucedió algo muy lamentable.
A mi amigo Zamora, uno de los ministerios públicos que me acompañaban lo traicionaron los nervios, no pensó en lo que hacía y por sus pistolas se bajó del automóvil donde nos encontrábamos, sacó su credencial para mostrarla como en las películas, y aunque el teniente coronel y yo intentamos detenerlo, ya estaba fuera del auto. En eso escuchamos una detonación y solo pude ver como Zamora cayó muerto en el piso con un balazo en la cabeza.
Contrariamente a lo que podía pensarse no estalló la balacera, me tiré al suelo con pistola en mano y aproveché el momento para dar la orden de iniciar el operativo. Con bombas de plástico los miembros del Ejército tiraron los cables, cortaron las comunicaciones y forzaron la puerta para entrar a la casa. Nunca hubo un bazucazo.
La gente que estaba en la propiedad de La Quina se tiró al suelo, nadie puso resistencia. Había no menos de cien personas, pues por las mañanas solía dar audiencia, recibir gente, escuchar peticiones, hacer negocios. Luego nos percatamos que entre ellos se encontraban políticos, funcionarios, los presidentes municipales de Ciudad Madero y de Tampico, diputados federales, mujeres y niños.
Cuando ingresé al despacho donde se encontraba La Quina, mis hombres ya lo tenían detenido. Uno de los soldados lo sujetaba. El cabrón era todo un rey, despachaba en camiseta, con su pantalón de lino y descalzo. Lo entiendo, pues el calor estaba de la chingada.
Me le acerqué y le dije: “Se te cayó la casa, Joaquín”. El soldado lo agarró del culo o, como se dice, le hizo calzón chino; cuando lo vi en camiseta le quité el saco a uno de los hombres que estaban presentes y se lo puse, como se ve en la foto que se hizo famosa y órale, para afuera él y todos los detenidos. En esas estaba cuando me avisaron que habían encontrado las armas, más de 170, así que comenzamos la fe ministerial.
Trasladamos a La Quina al aeropuerto y de inmediato lo subimos al avión para llevarlo a la Ciudad de México. Lo teníamos que hacer con rapidez para evitar alguna reacción de la gente, pero yo no podía volar a México y dejar a mi muerto ahí . Tuve que esperar varias horas porque no había ministerios públicos en la ciudad, las autoridades parecía que habían huido, todo era un desmadre. Cagué a medio mundo, a los funcionarios, a la gente, porque nadie resolvía nada.
El operativo no solo lo habíamos planeado para Tampico; en la Ciudad de México también nos movilizamos. Así que al mismo tiempo que ingresamos al domicilio de La Quina, aprehendimos a otros líderes como Sosa. Barragán logró escapar por unas horas porque a Fausto Valverde, en aquel momento director de la Policía Judicial Federal Antinarcóticos, al que le encomendé su detención, no llegó a las 6 de la mañana como teníamos estipulado, el muy güevón se presentó hasta las 8.
Barragán había ido al dentista, que, por cierto, era el mismo al que yo solía acudir y estaba en Las Lomas; luego me enteré por él que salió del consultorio muy nervioso. Con el paso de las horas supimos que se había ido a la sede de la CTM. De todo esto me informaban mientras esperaba que me entregaran el cuerpo de mi agente del Ministerio Público, hasta que finalmente dieron fe de lo acontecido y con todo y cuerpo pude regresar a la capital del país.
En el momento en que me subí al avión del profesor Hank para volver a la Ciudad de México, en ese instante, me entró la peor angustia que he sentido en mi vida. Eran cerca de las 4:30 de la tarde, ya habíamos subido el cuerpo de mi agente y venían conmigo Robles Liceaga y Carlos Salas. Me senté en la parte trasera del avión, la sobrecargo se me quedó mirando y le pregunté si no tenía algo fuerte para beber. Me sirvió medio vaso de coñac que me chingué como si fuera agua. Entonces empecé a reflexionar.
Durante el salinismo la organización El Yunque vivió una época de expansión dentro del PAN, la cual dio pauta a que este partido pudiera llegar a la Presidencia de México de la mano de Vicente Fox.
Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) fue determinante para la expansión de El Yunque, una organización católica y de ultraderecha que por ese entonces ya tenía influencia en el Partido Acción Nacional (PAN), se plantea en la segunda entrega de “Anatomía de El Yunque”, un programa especial que se transmite esa semana en Sin Embargo Al Aire.
“Salinas les va entregando al PAN muchas concesiones políticas y entonces los miembros de El Yunque, que ya tienen importante influencia en el PAN, se trepan”, comentó Álvaro Delgado en la plática que sostuvo en este segundo capítulo con Alejandro Páez Varela.
En ese sentido, Delgado precisó que un año determinante para la expansión de esta organización dentro de las filas blanquiazules fue 1991, cuando el Salinismo aceptó ceder el Gobierno de Guanajuato a Acción Nacional al dar la gubernatura a Carlos Medina Plascencia, cuya administración fue abrazada por El Yunque como ocurrió dos años antes con la llegada de Ernesto Ruffo al Gobierno de Baja California.
Esto marcó un punto de inflexión tanto para El Yunque como para el PAN, partido al que se acercó desde el Gobierno de Luis Echevería Álvarez, a quien veían como un enemigo de la educación religiosa y de la iniciativa privada, ambos pilares de esta agrupación. En ese entonces, en la década de 1970, El Yunque toma la decisión de comenzar a infiltrar al albiazul, una determinación que consolida con la nacionalización de la banca de 1982, en el Gobierno de José López Portillo.
Con el Presidente Carlos Salinas El Yunque tuvo una importante expansión dentro del PAN. Foto: Cuartoscuro.
Esto cambia con Carlos Salinas, con quien esta organización y el PAN llegan a un buen entendimiento. Por ejemplo, un momento que marcó las relaciones de la extrema derecha con el Salinismo fue el restablecimiento de las relaciones de México con El Vaticano, una demanda histórica del PAN, pero también de El Yunque. Además de ello, fue trascendental la reivindicación de las luchas de la derecha mexicana que datan de tiempo atrás.
“El Salinismo es para el PAN, y también para la derecha mexicana, la oportunidad de saldar cuentas con el pasado, de levantarse con sus victorias”, mencionó Álvaro Delgado. “Todo eso se condensa en el año 2000 y en el 94 lo que ocurre es que el PAN estaba muy a gusto con Salinas”.
Pero detrás de este entendimiento entre el Salinismo, el PAN y las estructuras de El Yunque que operaban dentro de este partido tuvo lugar la exclusión de Manuel Clouthier del Rincón, el candidato de la derecha en la elección presidencial de 1988, que fue arropado por El Yunque, con personajes como Luis Felipe Bravo Mena, su coordinador de campaña, a causa de su pasado empresarial en la Coparmex y en el CCE. “Él sin ser un miembro juramentado de El Yunque se convierte en el personaje que necesitaba El Yunque para potenciarse política y electoralmente”, mencionó Delgado.
No obstante, este entendimiento dio un giro cuando el régimen llevó a cabo el fraude electoral del 88 contra el candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el cual fue convalidado por la cúpula del panismo y repudiado por Clouthier.
“El alumbramiento del PRIAN es, sin duda, la reunión que tuvo Carlos Salinas con la jerarquía del PAN sin Clouthier que estaba protestando en el Ángel de la Independencia”, comentó Delgado. “Están ahí Carlos Salinas de Gortari, don Luis H. Álvarez, Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández de Ceballos”, añadió a su vez Páez Varela.
Luego de ese encuentro, recuerda Delgado, la cúpula panista respaldó a Salinas. Posteriormente, en 1989, luego de la muerte de Manuel Clouthier, en un accidente de carretera, “comienza la Luna de Miel entre la cúpula del PAN y Salinas”, una relación que se extendió hasta el siguiente Gobierno.
Homenaje en el 29 aniversario luctuoso del excandidato presidencial del PAN, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.
Previamente, en el 1994, El Yunque rodeó también a Diego Fernández de Ceballos, quien pese a haber realizado una campaña destacada frente a Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas, bajó su perfil, lo que permitió la llegada a Los Pinos de Ernesto Zedillo Ponce de León. Esto, a su vez, marcó la ruta para que el PAN, de mano de El Yunque, llegaran a la presidencia mediante Vicente Fox.
Para ese año, 1994, en la presidencia panista de Carlos Castillo Peraza El Yunque ya estaba muy metido en la estructura del PAN. Por ejemplo, el secretario particular de Peraza, Adrián Fernández, era un miembro de esta organización, precisó Delgado.
En aquella época, Felipe Calderón era el secretario general del PAN, y tanto él como Carlos Castillo, mencionó Álvaro Delgado, negociaron con los jerarcas de El Yunque. “Calderón era secretario general del PAN con Castillo Peraza cuando El Yunque entra de lleno al PAN y Calderón, que sucede a Castillo Peraza del 96 al 99, tiene una convivencia”, comentó.
Felipe Calderón, entonces Presidente de México, y Luis Felipe Bravo Mena, Secretario Particular de la Presidencia, durante la ceremonia de conmemoración de Carlos Castillo Peraza, en octubre de 2010, a diez años de su muerte. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.
Ya para el año 2000, con la izquierda emergiendo en la arena política, y con El Yunque controlando el PAN de la mano de Luis Felipe Bravo Mena, Vicente Fox accede a la Presidencia de México.
“Anatomía de El Yunque”, un programa especial que se transmite esa semana en Sin Embargo Al Aire, contará con cinco entregas en las cuáles se expondrán los entresijos de esta organización católica y de ultraderecha que está más vigente que nunca como lo han mostrado en los últimos días sus ligas con Vox y su fundador Santiago Abascal, representantes de la ultraderecha española.
No te pierdas los capítulos que se transmitirán desde este lunes hasta el próximo viernes 10 de septiembre a las 21:30 horas.
Los tres expresidentes figuran en la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ante la FGR. A Salinas de Gortari, lo acusó de presionar a funcionarios de Pemex para indemnizar a una empresa de su hijo. A Calderón de favorecer ilegalmente a Braskem, filial de Odebrecht, y a Peña Nieto de ser el artífice del “aparato organizado” para la corrupción.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– La denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 16 prominentes personajes de la política, entre ellos los expresidentes Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, activó también una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre sus movimientos financieros.
Las operaciones bancarias y financieras de Salinas, Peña y Calderón han sido revisadas por la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como parte de la investigación contra todos los implicados por Lozoya en la denuncia que presentó hace un año, el 11 de agosto de 2020, que incluye los sobornos que presuntamente recibieron exlegisladores para votar a favor la Reforma Energética, en 2013.
La información obtenida por la UIF es de carácter confidencial y forma parte de las al menos 25 denuncias que por uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y asociación delictuosa, entre otros posibles delitos, presentó ante la FGR, que encabeza Alejando Gertz Manero, como en el caso del exsenador Jorge Luis Lavalle Maury.
Felipe Calderón es acusado por Lozoya de haber favorecido ilegalmente a Braskem, filial de Odebrecht. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.
Lavalle Maury es el único exsenador del PAN preso por los sobornos que Lozoya entregó y en el mismo caso está implicado el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien desde el sábado dio a conocer que fue citado ante un Juez, por lo que prefirió huir de México por tratarse, dijo, de una “persecución política” del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que no sea candidato otra vez en 2024.
Según Lozoya, los sobornos los entregó por instrucciones de Peña Nieto, a quien identifica como el artífice del “aparato organizado” para la corrupción y cuyo operador principal era Luis Videgaray Caso, exscretario de Hacienda y excanciller en la pasada administración.
Otros implicados en los sobornos, que también han sido investigados por la UIF, son los exsenadores panistas Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estos últimos gobernadores de Querétaro y Tamaulipas.
Emilio Lozoya y el expresidente Enrique Peña. Foto: Cuartoscuro.
También han sido indagados el presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priista David Penchyna, así como los exdirectores de Pemex Carlos Treviño Medina y José Antonio González Anaya, concuño del expresidente Carlos Salinas.
A Salinas de Gortari, Lozoya lo acusó a su vez de presionar a funcionarios de Pemex para indemnizar con 15 millones de dólares a la empresa “Trese”, relacionada con su hijo Emiliano.
Al panista Calderón, el exdirector de Pemex lo denunció por favorecer ilegalmente a Braskem, filial de Odebrecht, en el contrato de abastecimiento de gas y construcción de la planta de Etileno XXI, una trama que involucra al excandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña.
Carlos Salinas es uno de los expresidentes implicados en la denuncia de Lozoya. Foto: Cuartoscuro.
A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera ha revisado las operaciones bancarias de todos los denunciados por Lozoya y ha presentado al menos 25 denuncias por uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y asociación delictuosa, entre otros posibles delitos, la FGR no ha podido judicializar los expedientes, salvo en el único caso de Lavalle Mauri.
Ni siquiera en el caso de Anaya la FGR ha informado si solicitó a un juez librar la orden de aprehensión en contra de ese político, a quien Lozoya señaló de haber recibido 6.8 millones de pesos cuando era Diputado federal para aprobar la Reforma Energética.
El caso de Emilio Lozoya Austin ha provocado fuertes críticas a la Fiscalía. El exdirector de Pemex fue detenido el 12 de febrero de 2020 en España, en donde se escondía en un “paraíso” residencial para magnates. El exfuncionario peñista dejó España y fue extraditado el 17 de julio de 2020 sin que se le haya visto a la fecha. Desde entonces, no ha pisado la cárcel.
Posteriormente se daría a conocer que se apegaría a la figura de testigo colaborador, mientras los jueces de control ante los que compareció vía remota por los casos Odebrecht y la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, casos por los que fue extraditado, le otorgaron la libertad condicional a cambio de no dejar el país, de presentarse ante el Reclusorio Norte de la capital dos veces al mes y de portar un brazalete electrónico.
Desde su posición de colaborador, denunció en agosto pasado ante la FGR al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray de organizar los sobornos que fueron utilizados para la supuesta compra de votos en el Congreso.
No obstante, así como Lozoya nunca ha pisado la cárcel por el acuerdo que alcanzó con la FGR para acreditar la corrupción en las altas esferas del poder político, tampoco han sido llamados a rendir cuentas la mayoría de quienes ha implicado.
En 1991, Carlos Salinas pactó con el PAN, encabezado por Luis Álvarez, Diego Fernández de Cevallos y Carlos Castillo Peraza, la entrega de la gubernatura de Guanajuato a Medina Plascencia.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– Guanajuato cumple hoy miércoles 30 años de las elecciones de 1991 que, gracias a que Carlos Salinas de Gortari le obsequió la gubernatura a Carlos Medina Plascencia, iniciaron tres décadas con seis gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), en tres de los cuales se ha disparado la violencia con Carlos Zamarripa como Fiscal.
La elección del domingo 18 de agosto de 1991 arrojó la victoria del priista Ramón Aguirre Velázquez con el 53.1 por ciento de los votos contra el 35.5 por ciento del panista Vicente Fox Quesada y el 7.7 por ciento del perredista Porfirio Muñoz Ledo, pero el PAN alegó fraude electoral con marchas, plantones y negociaciones de la cúpula nacional de ese partido con Salinas de Gortari.
Salinas pactó con el PAN, encabezado por Luis Álvarez, Diego Fernández de Cevallos y Carlos Castillo Peraza, la renuncia de Aguirre y la entrega de la gubernatura a Medina Plascencia, el Alcalde de León, con lo que se inauguró la era de las “concertacesiones”, término con el que se le conoce a las negociaciones extralegales para entregarle a ese partido triunfos que no obtuvo con votos.
Carlos Medina Plascencia fue el primer Gobernador del PAN en Guanajuato. Foto: Cuartoscuro.
Tras la fraudulenta elección de 1988, el PAN había pactado con Salinas de Gortari el respeto a sus triunfos electorales, como en 1989 con Ernesto Ruffo Appel en Baja California, a cambio de legitimar su gobierno “en el ejercicio del poder”.
Después de perder la gubernatura de Baja California en 2018, al cabo de tres décadas también de sucesivos gobiernos, el PAN tiene actualmente en Guanajuato su único bastión en el país, que es desde hace años el estado que ocupa el primer lugar en violencia criminal.
Gobernador sin haber sido candidato, Medina Plascencia tomó posesión como interino, el 3 de noviembre de 1991, y se quedó en el poder casi cuatro años, hasta el 25 de junio de 1995, tras el triunfo de Fox, a quien sucedió Juan Carlos Romero Hicks, actual coordinador de los diputados federales del PAN.
Juan Manuel Oliva se convirtió en Gobernador de Guanajuato tras las elecciones de 2006 y, en 2012, lo sucedió Miguel Márquez Márquez, quien le entregó el cargo, en 2018, a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, tres de los más recientes gobernadores con los que ha trabajado Zamarripa Aguirre, primero como Procurador y luego como Fiscal autónomo.
Con @diegosinhue comentamos la importancia del proceso de entrega recepción, que será por 1era vez de manera digital, bien organizado, archivos y libros blancos. La nueva administración tendrá una clara evidencia del estado que guarda el @gobiernogto. pic.twitter.com/to4vLrrZiC
— Miguel Márquez M. (@miguelmarquezm) July 9, 2018
Zamarripa Aguirre lleva 12 años en el cargo y le faltan siete gracias a una reforma impulsada por el PAN de Guanajuato que le otorgó total autonomía, en 2019, pese a lo cual el estado padece una creciente violencia criminal, siendo por dos años consecutivos el de más homicidios y de más fosas clandestinas.
En 2009, cuando Oliva hizo Procurador a Zamarripa, Guanajuato era de los estados con menor violencia en el país, con el contexto de la “guerra” de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada, pero a partir de entonces el número de homicidios dolosos creció un 711 por ciento.
Según cifras oficiales, consuLtadas por la reportera Romina Gándara, de 414 asesinatos que se registraron en el año 2009, para el año 2020 la cifra de este tipo de crímenes se situó en 3 mil 359.
Y desde el año 2009 a junio de 2021, se han registrado al menos 16 mil 682 homicidios dolosos y se han abierto 1 mil 989 y 256 carpetas de investigación por extorsiones y secuestros, respectivamente, de acuerdo con cifras oficiales.
El respeto al Principio de Legalidad y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en un Estado Democrático de Derecho. Hice entrega del #1InformeAnualDeActividades a los tres Poderes del Estado pic.twitter.com/Zo7sL6nH9O
Es decir, con Zamarripa Aguirre como Fiscal comenzó una espiral de violencia que cruza los gobiernos de Oliva, Márquez Márquez –su principal promotor– y Rodríguez Vallejo, el actual Gobernador que se aferra a un funcionario que no ha sido capaz de resolver la violencia criminal, pese a que los homicidios son su competencia legal.
El Presidente Andrés Manuel ha solicitado la remoción de Zamarripa para contrarrestar la violencia en Guanajuato, como ocurrió en Veracruz después de que el Fiscal Jorge Winckler, herencia de Miguel Ángel Yunes, dejó el cargo.
En el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) fueron sustraídos de una bodega en Monterrey, Nuevo León, millones de documentos sobre 31 empresas que fueron privatizadas en la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– Millones de documentos contables, legales y administrativos de 31 empresas privatizadas por Carlos Salinas de Gortari, entre ellas Corporación Mexicana de Radio y Televisión —que se convirtió en Televisión Azteca—, Aeronaves de México —Aeroméxico—, Fundidora Monterrey y Maíz Industrializado Conasupo, fueron robados de las bodegas que los resguardaban, en un episodio de saqueo que dejó sin memoria histórica esas decisiones de Gobierno.
Los documentos originales depositados en casi 50 mil cajas, con un peso de más de 150 toneladas de papel, simplemente desaparecieron de las bodegas de Monterrey, Nuevo León, que se quedaron sin vigilancia, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejó sin dinero el fideicomiso que administraba el histórico y voluminoso acervo.
Ocurrió en 2010, en el Gobierno de Felipe Calderón, después de que la falta de presupuesto para pagarle a la empresa de vigilancia dejó en el abandono las bodegas, aseguradas sólo con un candado en el portón que también se llevaron los ladrones.
Fue Miguel Arnulfo Ramos Salgado, funcionario del Grupo Financiero Banorte, la institución fiduciaria, quien informó a los funcionarios de la SHCP, del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que el inmueble “fue objeto de vandalismo y sustracción”.
El oficio de Ramos Salgado, fechado el 9 de agosto de 2010, describe todo lo que se llevaron los ladrones:
“Fue forzado y sustraído el portón de entrada y acceso al inmueble.
“Fueron forzadas todas y cada una de las bodegas en las cuales se contenían los libros y documentos inherentes a las EMPRESAS LIQUIDADAS (sic)
“Fue sustraída toda la documentación resguardada y relacionada con las EMPRESAS LIQUIDADAS.
“Fue sustraído todo el mobiliario, bienes y equipo de oficina que existía dentro del inmueble mencionado”.
[pdf-embedder url=”https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2021/08/3-5_Pages-from-Informe-desaparición-archivos-2-1.pdf” title=”3-5_Pages from Informe desaparición archivos-2″]
Los ladrones se llevaron todo. Hasta el portón y el candado.
El propio funcionario bancario ya había advertido a la SHCP, desde un año antes, de los riesgos de robo si no abastecía de recursos: En un oficio del 4 de septiembre de 2009, informó que, “al no existir recursos en el patrimonio del fideicomiso”, se dio por terminado el contrato con la empresa de vigilancia y sólo se cambiaron chapas y se colocó un candado en el portón “para evitar un acto vandálico”.
Y eso fue lo que ocurrió.
Este robo de millones de documentos de empresas privatizadas por Salinas de Gortari, cuyas responsabilidades han quedado sepultadas por el paso de los años, emergió a raíz de una investigación que emprendió Oscar Torres Montúfar, historiador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Como parte de su investigación sobre la historia de la industria del azufre en el sur de Veracruz, solicitó a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) la documentación de Azufrera Panamericana, una paraestatal liquidada en 1993, pero la respuesta fue que los documentos ya no existen.
Y sí: Fueron robados, en 2010, como consta en numerosos documentos oficiales de la SHCP.
Eran un millón 249 mil 302 expedientes originales con información contable, administrativa y legal de 31 empresas liquidadas por el Gobierno de Salinas de Gortari, depositados en 48 mil 612 cajas, según la base de datos del Fideicomiso 7694 de Banorte.
Todos los papeles originales se concentraron, entre 1994 y 2001, en las bodegas ubicadas en la avenida Churubusco 935, en la colonia Venustiano Carranza, en Monterrey, donde permanecieron por años.
En 2007, se conoció el acervo de estos documentos con el diagnóstico aplicado a los archivos de las empresas privatizadas por el Instituto de Estudios Históricos Carlos Sigüenza y Góngora, presidido por Ramón Aguilera Munguía.
Estas empresas eran Corporación Mexicana de Radio y Televisión, Instituto Mexicano de Televisión, Azufrera Panamericana, Petroquímica de México, Compañía continental de Películas, Maíz Industrializado Conasupo, Fertilizantes Mexicanos, Corporación Nacional Cinematográfica, Fundidora Monterrey, Internacional de Aceros y Sidermex Internacional.
También Siderúrgica del Balsas, AHMSA, Fábrica Nacional de Máquinas y Herramientas, Aeronaves de México, Servicios Centrales de Instrumentación y Laboratorios, Publicidad Cuauhtémoc, Nuevas Distribuidoras de Películas, Corporación Nacional Cinematográfica, Centro de Ecodesarrollo.
Además, Patronato Nacional de Promotores Voluntarios, Ferroaleaciones México, Banobras Mandato 398, Zincamex, Transermex, Inversiones Urbanas Monterrey, Industrias Flir, Dravo de México, CIA Constructora y Fraccionadora, Transportes Centrales y Petroquímica de México.
El fideicomiso de Banorte contrató al Instituto de Estudios Históricos “Carlos Sigüenza y Góngora” para realizar un diagnóstico de los archivos de las empresas, que recomendó realizar una mejor clasificación de los expedientes y señaló “algunos focos rojos” sobre la integridad de los mismos.
Pero el dato que resalta es la cantidad de los documentos: Esta institución contabilizó 44 mil 200 cajas y un millón 249 mil 302 legajos o expedientes de cada una de las empresas privatizadas.
Y todo eso fue robado, en 2010, debido a que el Fideicomiso se quedó sin recursos asignados por la SHCP, como consta, por ejemplo, en un oficio, fechado el 8 de octubre de 2009, en el que se solicitó recursos al director general de Programación y Presupuesto B de esa dependencia, ante “los riesgo que se corre por la falta de servicios, entre otros los de vigilancia”.
El 9 de agosto de 2010, Miguel Arnulfo Ramos Salgado, del Grupo Financiero Banorte, informó del robo de los documentos a Max Alberto Diener Sala, Carlos Cortizo Martínez, Naachiely Romero López y Ana Luz Brun Iñárritu, todos funcionarios de la SHCP,
En el documento detalla que la SHCP, en su carácter de fideicomisario dentro del fideicomiso, con la finalidad de resguardar y custodiar dicha documentación, puso a disposición de los liquidadores las bodegas para resguardar la documentación de las empresas liquidadas.
Y añade: “Que reiteradamente esta institución fiduciaria ha comentado y comunicado al SAE que con fundamento en lo establecido en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la imposibilidad de cumplir con los fines pactados en el contrato de fideicomiso de referencia, al no existir recursos líquidos en el patrimonio del fideicomiso para cubrir con los gastos de mantenimiento, custodia, conservación y vigilancia de la documentación de las EMPRESAS LIQUIDADAS (sic), siendo que incluso a la fecha no ha existido aportación alguna de recursos para hacer frente a dichos gastos”
Dos semanas después, el 23 de agosto, Carlos Cortizo Martínez, director ejecutivo, le envía a su jefe, Jorge Márquez Serralde, director ejecutivo de Liquidación de Empresas del SAE, el oficio del de Banorte sobre el robo de los millones y toneladas de documentos, cuya responsabilidad se pierde en la maraña de instancias burocráticas hacendarias en el Gobierno de Calderón.
[pdf-embedder url=”https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2021/08/1-2_Pages-from-Informe-desaparición-archivos-1.pdf” title=”1-2_Pages from Informe desaparición archivos”]
La llamada partida secreta que permitía a los presidentes disponer de una determinada cantidad de recursos a discreción llegó a su fin la semana pasada con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al artículo 74 de la Constitución, la cual prohíbe el uso de este fondo millonario que operó en México desde 1917 y que en su mayoría fue usado para fines político-electorales.
Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).– “Salinas se robó la mitad de la cuenta secreta. Sí hizo muchas cosas (…) López Portillo destrozó al país y Salinas al final también”, dijo Luis Téllez Kuenzler, Secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Felipe Calderón en una llamada grabada por la escritora Diana Isabel Pando y que se hizo pública el 12 de febrero de 2009 en el noticiero radiofónico de MVS conducido en ese entonces por la periodista Carmen Aristegui.
Desde la aprobación de la Constitución en 1917, la llamada partida secreta formó parte del presupuesto federal, pero la semana pasada oficialmente llegó a su fin al publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformó el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe este fondo millonario que permitía al Presidente en turno disponer de una determinada cantidad de recursos a discreción. La mayoría de este dinero terminaba en los bolsillos del mandatario federal o se usaba para fines político-electorales.
En el año de 1993, por ejemplo, el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) manejó el equivalente a cuatro mil millones de pesos de esa partida y según los partidos de oposición, este dinero fue usado para favorecer a su partido, el PRI, pues era un año electoral.
Los expresidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo son señalados de recibir millones de la partida secreta. Foto: Cuartoscuro.
En mayo de 2009, tres meses después de que se difundió el audio de Luis Téllez, el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) declaró en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui que Salinas manejó una partida secreta más grande que la que él utilizó y que era posible que se hubiera robado la mitad de ese recurso:
–¿Cómo abusó Salinas de esa partida secreta?, porque era mucho más grande que la que usted ejerció, eso está claro.
–Ampliamente más grande.
–¿De qué tamaño era esa partida secreta en relación con lo que usted ejerció? ¿Cinco, diez veces, cien veces?
–Por ahí.
–¿Cien veces? ¿Y el dinero usado?
–Por ahí anda.
–Hace unas semanas surgió el escándalo con Luis Téllez porque se registró su voz que decía que (Carlos Salinas) se robó la mitad de la cuenta secreta.
–Sí.
–¿Usted cree que se robó la mitad?
–Sí, es posible.
A Fox se le acusa de usar el dinero de la partida secreta para financiar la campaña de Calderón. Foto: Cuartoscuro.
Pero Carlos Salinas no es el único expresidente a quien se le acusa de tomar del dinero de la partida secreta para enriquecerse o beneficiar a su partido, Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 al 2000) y Vicente Fox Quesada (2000-2006) también.
El Diputado morenista Pablo Gómez, quien dede el año de 1979 llevó al Congreso el tema de la eliminación de la partida secreta presidencial, declaró en entrevista que este fondo fue utilizado por los presidentes como gastos discrecionales. “Por ley tenía que justificase, pero nunca se presentaron facturas ni nada. Se alojó durante muchas años en el Ramo 23 como una partida que tenía una referencia a un precepto constitucional, pero nunca se le llamó por su nombre, era secreta en el doble aspecto: en su existencia y su cantidad no se justificaba. No se sabía en qué se usaba”.
Pablo Gómez señaló que Salinas usó de manera muy especial la partida secreta y el tema llegó a los tribunales.
“Una parte de esa partida secreta se la dio a su hermano Raúl y él fue procesado en el tiempo de Zedillo como presunto responsable de haberse robado parte de la partida secreta”, dijo. “Luego un juez exoneró a Raúl Salinas diciendo que la partida secreta no requería justificación, lo que es completamente falso, pero es la creencia que siempre se tuvo, que el carácter secreto de la partida hacía que no tuviera que comprobarse el gasto”.
De acuerdo con datos recopilados por el Diputado Pablo Gómez, la partida con Salinas se incrementó considerablemente. “En 1988, cuando De la Madrid dejó el poder, estaba en 90 millones de dólares y Salinas lo dejó en casi 200 millones de dólares en el año 1994”.
La profesora Sonia Juárez Moreno, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, mencionó en entrevista que la partida secreta de los presidentes tenía la finalidad de ser usada para imprevistos de la Nación, sin embargo, los mandatarios la utilizaban a modo.
“Comentan que el que más gastó fue Carlos Salinas de Gortari. Unos lo usaban para gastos personales, otros para financiar campañas de sus sucesores como en el caso de Fox”, detalló.
La prohibición de la partida secreta se da a tan solo unos meses de que se realice la Consulta Popular (1 de agosto) sobre los actores políticos del pasado, un ejercicio que permitirá que los mexicanos decidan si avalan o no llevar a juicio las acciones de los últimos cinco expresidentes de México.
Según la Constitución, estas partidas deberían ser asignadas a las secretarías de Estado y ejercidas con la firma del Presidente, sin embargo esto no ocurrió en sexenios pasados y supuso una violación a la ley.
“En los sexenios priistas, los fondos no estaban sujetos a comprobación ni a rendición de cuentas. La antigua Contaduría Mayor de Hacienda, entonces el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, no estaba facultada para supervisar el uso de ese dinero (…) El Partido de la Revolución Democrática denunció al expresidente Vicente Fox de desvío de recursos de la partida secreta para respaldar la campaña panista del actual presidente en 2006”, señalaba una iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria en el año 2011 por Jaime Fernando Cárdenas Gracia, entonces Diputado del PT, la cual buscaba prohibir la partida secreta.
En el 2006, último año del sexenio de Fox, los legisladores intentaron que la partida secreta presidencial se regulara al incluir en el artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria lo siguiente: “Las partidas secretas a que se refiere el artículo 75, fracción IV de la Constitución Política, que se incluyan en el Presupuesto de Egresos, únicamente podrán destinarse a gastos de seguridad nacional y estarán sujetas a la fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La información utilizada, así como la derivada de sus resultados, tendrá el carácter de reservada y confidencial”.
Sin embargo, con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) el dinero de este fondo se utilizó para financiar “gastos confidenciales” en el combate al crimen organizado, según denuncias hechas por legisladores de la oposición en 2011.
“El Gobierno de Felipe Calderón ha destinado a la partida secreta a lo largo de su sexenio hasta 12 mil millones de pesos para financiar gastos confidenciales y reservados en el combate al crimen organizado, dinero que se ha utilizado para pagar operaciones encubiertas, testigos protegidos, infiltrar a agentes en las redes de la delincuencia organizada, rentar casas de seguridad, preparar operativos sorpresa para detener a presuntos miembros del crimen organizado, entre otras acciones”, refería Cárdenas Gracia en el año 2011.
En el sexenio de Calderón, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó respecto a esta partida dos auditorías a la entonces Procuraduría General de la República (cuentas públicas 2008 y 2006), una al CISEN (cuenta pública 2007), una a la Policía Federal (cuenta pública 2006) y otra al Instituto Nacional de Migración (cuenta pública 2005).
Las revisiones, sin embargo, se centraron en la comprobación del cumplimiento normativo, por lo que sólo hubo recomendaciones sin ninguna acción de tipo resarcitorio.
De acuerdo con la iniciativa de reforma para eliminar la partida secreta realizada por Cárdenas Gracia en 2011, los recursos asignados por dependencia dentro de la partida 33701 en el sexenio de Calderón fueron los siguientes:
–Secretaría de Gobernación: 642 millones 280 mil pesos.
–Secretaría de la Defensa Nacional: 57 millones 60’8 mil pesos.
–Secretaría de Marina: 29 millones 505 mil pesos.
–Presidencia de la República: 11 millones 941 mil pesos.
–CISEN: 563 millones 984 mil pesos.
–SAT: 30 millones 819 mil pesos.
–SSP: 5 mil 859 millones de pesos.
–Policía Federal: 4 mil 294 millones 173 mil pesos.
–Instituto Nacional de Migración: 119 millones 948 mil pesos.
Con el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) este recurso en su mayoría fue destinado para “gastos de seguridad nacional”, hoy en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), reveló el diario Milenio en julio del año pasado.
Se trata de una partida de más de 40 mil millones de pesos que habría sido creada para “financiar misiones de inteligencia, urgencia y peligro dirigidas a combatir a los cárteles de la droga”. Tales cantidades fueron entregadas en un lapso de seis años (2013-2018), prácticamente durante toda la administración de Peña.
De 1979 –cuando se propuso por primera vez la eliminación de la partida– hasta este 2021 tuvieron que transcurrir 42 años para que los legisladores reformaran el artículo 74 para que las partidas secretas quedaran prohibidas.
“Durante los años posteriores se siguió insistiendo en que se eliminara, pero no querían, la querían seguir teniendo en la Constitución por si acaso se podía activar, pero ahora cuando nosotros llegamos al Congreso y siendo mayoría, una de las tareas que teníamos consistía en no eliminar el precepto sino cambiarlo para prohibir directamente la partida, porque si lo hubiéramos eliminado de todas maneras se podía hacer en el Presupuesto, en cambio ya prohibida por la Constitución pues va a ser mucho más difícil que se restablezca”, aseguró el Diputado Pablo Gómez, pionero de esta propuesta.
Ahora con la reforma al artículo 74, lo referente a las partidas secretas quedó de la siguiente manera: “No podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Los expresidentes de México estuvieron en la mira este 2020 debido a la consulta popular promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por la SCJN. El 21 de agosto de 2021 es la fecha establecida para que los mexicanos voten si Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña deben ser juzgados. SinEmbargo presenta una serie de cinco entregas con los principales señalamientos en cada sexenio.
La lista de acusaciones contra el Presidente que gobernó México de 1988 a 1994 es larga, pero sobresalen las privatizaciones de Telmex, la banca y la televisión; una requisa en el Puerto de Veracruz; el otrora TLCAN; el levantamiento armado del EZLN y el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
PRIMERA ENTREGA DE UNA SERIE SOBRE JUICIO A EXPRESIDENTES
Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– Privatizador, represor y padre de la desigualdad son algunos de los calificativos usados por politólogos, sociólogos y hasta por el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar de Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó México de 1988 a 1994. Impulsor del Neoliberalismo durante su sexenio, es uno de los cinco expresidentes que serían llamados a cuentas por decisiones políticas que afectaron la vida de miles de personas, quienes hoy exigen justicia.
Los señalamientos en su contra son varios, empezando por una cuestionada elección que se caracterizó por una repentina “caída del sistema” que le dio el triunfo en 1988 con el 50.36 por ciento de las votaciones, dejando en segundo lugar a su más cercano contrincante: el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (31.12 por ciento).
Pero su tropezada victoria fue solo el comienzo de un sexenio lleno de acusaciones, entre las que se encuentran las privatizaciones de Teléfonos de México (1990), de la banca (1990), de la televisión (1992); una requisa en el Puerto de Veracruz que dejó en la calle a miles de trabajadores (1991), la Reforma Agraria que autorizó la participación de empresas privadas en el campo (1992); la firma del otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLAN) que dejó bajos salarios (1993); el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas (1 de enero de 1994); el asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio (23 de marzo de 1994); la entrega de concesiones mineras (1994), y la crisis económica de 1994.
Carlos Salinas también es señalado por el asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio. Foto: Cuartoscuro.
De todos estos señalamientos, el que más caracteriza su sexenio es su espíritu privatizador. Un total de 390 empresas, el 63 por ciento de las que existían entonces, se privatizaron y desincorporaron del Estado para pasar a manos de un selecto grupo de empresarios que al finalizar su Gobierno entraron a la lista de los más ricos del mundo. La revista Forbes, que antes de Carlos Salinas solo registraba a una familia mexicana en ese conteo –los Garza Sada–, en 1994 incluyó a 23 clanes multimillonarios que sumaron en conjunto 41 mil 900 millones de dólares.
“Salinas fue un gran corruptor de toda la esfera pública y privada del país”, dijo en entrevista la doctora María Elvira Concheiro Bórquez, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y recientemente ratificada como Tesorera de la Federación. “De pronto llega (Carlos) Slim, que no era más que un pequeño empresario que aprovechó la crisis para comprar empresas en quiebra, y le adjudican Telmex por el 5 por ciento de su valor. Eso ya te da una idea de cómo fue el proceso de privatización, un proceso oscuro, discrecional”.
Para la socióloga y autora del libro El gran acuerdo. Gobierno y empresarios en la modernización salinista (1996, de editorial UNAM y Ediciones Era), el Neoliberalismo que impulsó Salinas en México fue “particularmente salvaje, corrupto, desastroso en el sentido de la justicia social. Se hizo a través de las formas más oscuras y se acrecentaron las desigualdades”.
“Cuando llega [Carlos] Salinas aparecía en la revista Forbes, especializada en finanzas, sólo un multimillonario en la lista de los hombres más ricos del mundo, una familia, la familia Garza Sada. Con una tradición empresarial, pero era eso en el 88″, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del 21 de febrero. Se trataba de Adrián Sada González, presidente de Vitro (1,300 millones de dólares); el fallecido Bernardo Garza Sada, de Grupo Alfa (1,200 millones de dólares), y el también finado Eugenio Garza Lagüera, de Femsa (1,100 millones de dólares).
Entre los 23 hombres que acumularon riquezas en el sexenio salinista, muchos de ellos gracias a las privatizaciones, están Carlos Slim Helú (Grupo Carso); Emilio Azcárraga Milmo (fallecido en 1997, Grupo Televisa); Marcelo y Lorenzo (finado) Zambrano Treviño (Cemex); Jerónimo Arango (Grupo Wal-Mart); Alberto Baillères González (Grupo BAL); Roberto Hernández Ramírez (Grupo Financiero Banamex); Lorenzo (finado) y Roberto Servitje Sendra (Grupo Bimbo) y Ricardo Salinas Pliego (Grupo Elektra y TV Azteca).
Carlos Salinas es uno de los cinco expresidentes señalados por Andrés Manuel López Obrador para llevarlo a una consulta ciudadana. Foto: Cuartoscuro.
Para José Fernández Santillán, profesor de Humanidades del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, Salinas de Gortari se convirtió en el Presidente que puso fin al Estado Asistencial en México e impulsó la doctrina neoliberal, que consiste en “la idea de que hay que apoyar a quien sabe hacer dinero porque así, creando riqueza, ésta se trasminará hacia abajo tarde o temprano”. Por ejemplo, “si le ayudas a Carlos Slim va a crear muchos Sanborns y los Sanborns van a crear empleos, pero eso nunca sucedió”.
El profesor visitante de la Universidad de Harvard (2010), quien fue perseguido en el sexenio de Carlos Salinas por escribir artículos en la revista Nexos en contra del Neoliberalismo y las políticas salinistas, afirmó que lo que hizo este modelo económico fue “crear una concentración de la riqueza en pocas manos, además de una profunda desigualdad”.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el pasado 1 de octubre la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta popular y emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos.
Es decir, la revisión de estos actos no siempre puede derivar en un juicio, sobre todo en casos como los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox Quesada (2000-2006) porque los delitos ya prescribieron, pero sí con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), dijo Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el pasado 6 de octubre durante una ponencia en el Colegio de México. Pero sugirió crear una especie de Comisión de la Verdad para que los mexicanos conozcan el alcance de los actos de corrupción.
En esto coincidieron los especialistas. “Me parece fundamental la memoria histórica, es indispensable que esta sociedad conozca de esos procesos porque es la única posibilidad de que no se repitan y eso es lo más importante, saber qué clase de delincuentes tuvieron la conducción de este país es indispensable”, mencionó la profesora de la UNAM, María Elvira Concheiro Bórquez.
“Que los delitos estén prescritos no impide que se conozcan, aunque ya no se puedan condenar”, señaló José Fernández Santillán, del Tecnológico de Monterrey. “Que sean exhibidos esos malos presidentes”.
***
–Elección cuestionada (1988)
Carlos Salinas llegó a la Presidencia luego de una cuestionada elección que le dio el triunfo en 1988. Su predecesor, Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), había encargado a su Secretario de Gobernación, Manuel Barlett Díaz, realizar los comicios a través de la Comisión Federal de Elecciones.
El día de la elección, 6 de julio de 1988, el conteo preliminar de votos daba una ventaja al entonces candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, sobre el priista Carlos Salinas, pero una repentina falla interrumpió el flujo de datos en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y al restablecerse el sistema el abanderado del partido oficial se había colocado en el primer lugar de las preferencias electorales.
Esta repentina “caída del sistema”, como se le conoce a este episodio, provocó el descrédito del nuevo gobierno que encabezaría Salinas de Gortari, quien ganó la elección con el 50.36 por ciento de las votaciones. En segundo lugar quedó Cuauhtémoc Cárdenas (31.12 por ciento), seguido por el panista Manuel Clouthier (17.07 por ciento).
“Los que llevaban el tema electoral en el equipo de Cárdenas eran Gil Xavier Ovando y Román Gil Heraldez, responsables del computo electoral del Frente Democrático Nacional, fueron asesinados pocos días antes de las elecciones y lo único que se llevaron fue el maletín donde tenían los datos de ese sistema”, explicó el profesor del Tecnológico de Monterrey, José Fernández Santillán. “Eso tiene toda la huella de haber sido operado desde la Segob”.
–Privatización de Telmex (1990)
En el marco de la aprobación de la Reforma de Telecomunicaciones de 2014, promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto, y al cumplirse 25 años de la privatización de Teléfonos de México (Telmex), Carlos Salinas de Gortari escribió un artículo en el diario El Financiero titulado “Telmex, una privatización exitosa que terminó cuestionada”.
En la publicación el expresidente niega que Telmex, entregada por el Estado al empresario Carlos Slim Helú en 1990, se haya malbaratado y en su defensa señaló que se trataba de una empresa “emproblemada” y que si con el paso del tiempo se convirtió en monopolio fue por culpa de “regulaciones deficientes”.
“(Telmex) Era un obstáculo al desarrollo del país y un grave problema para la vida cotidiana de los mexicanos”, escribió el expresidente mexicano el 15 de diciembre de 2014.
De las acusaciones por malbaratar Telmex, aseguró que se vendió a un precio muy favorable para el gobierno: “No fue una venta apresurada y su privatización se hizo de manera transparente. En el momento del anuncio de su privatización, Telmex ya estaba valuada en 3 mil 300 millones de dólares. El gobierno recibió por su participación accionaria 8 mil 615 millones de dólares. De acuerdo al monto recibido por su venta, esa privatización se convirtió en la cuarta más importante del mundo”.
Sin embargo, politólogos e historiadores opinan lo contrario.
Enrique Toussaint Orendain, analista político de la Universidad de Guadalajara, dijo en una entrevista con SinEmbargo que este proceso de privatización de Teléfonos de México, del sistema bancario y la industria siderúrgica sirvió a Salinas “para construir una élite económica que sigue mandando en el país y que apoyó a los mismos proyectos políticos que les aseguraban sus ganancias y el control de la riqueza”.
Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, adquirió Telemex en el sexenio de Carlos Salinas y hoy es uno de los hombres más ricos del mundo. Foto: Cuartoscuro.
Es el caso de Carlos Slim Helú, quien después de comprar al gobierno Telmex entró a la lista de Forbes como uno de los más ricos del mundo. Para 1994 ya tenía 6 mil 600 millones de dólares, 215 por ciento más que en 1992 cuando contaba con 2 mil 100 millones. La revista económica lo describió así hace casi tres décadas: “Controla compañías que representan 22 por ciento de la capitalización mercantil de la bolsa mexicana. El Grupo Carso tiene intereses que van desde llantas hasta cigarros”.
–Privatización de la banca (1990)
El 1 de mayo de 1990, Salinas de Gortari envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la propiedad de los bancos estatales mediante un régimen de propiedad mixta. En ese entonces el Estado controlaba la propiedad de 18 entidades bancarias: Banamex, Serfin, Internacional, Bancomer, Somex, Comermex, Confía, Cremi, BCH, Bancrecer, Atlántico, Banpaís, Multibanco, Mercantil de México, Promex, Bancen, Mercantil del Norte, Banorie y Banoro.
“El Estado se propone no ser el accionista mayoritario de todas y cada una de las instituciones bancarias, aunque conservará una participación en la banca comercial y fortalecerá aquellas instituciones orientadas al fomento de actividades prioritarias concretas”, justificó Salinas en el proyecto.
Un artículo de Emilio Sacristán Roy, economista de la UNAM, señala que las etapas de privatización en México, derivada de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la desilusión por el Estado Benefactor, son tres: de 1984 a 1988 con Miguel de la Madrid Hurtado; de 1988 a 1999 con Carlos Salinas por la venta de la siderurgia, banca y teléfonos; y de 1995 al 2000 con Ernesto Zedillo Ponce de León con la entrega de los ferrocarriles.
Roberto González Barrera, de Gruma-Maseca, tenía 1,100 millones de dólares en 1994, año en que Forbes destacó: “disfruta de una relación cercana con el gobierno. Su hija, por ejemplo, está casada con el hijo del principal funcionario de agricultura del país, quien supervisa las cuotas de importación y exportación de la más importante materia prima de Maseca. En la diversificación de su imperio, recientemente compró al gobierno el banco Banorte, de Monterrey”.
–La requisa del Puerto de Veracruz (1991)
México, con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, tiene 17 estados con apertura al mar y cuenta con 117 puertos y terminales donde entran y salen millones de dólares en mercancías. Este fructífero negocio no pasó desapercibido en el sexenio de Carlos Salinas y en el año de 1991 comenzó el desmantelamiento de los sindicatos portuarios con la finalidad de entregar los puertos a la iniciativa privada, dijo el Capitán de Marina Mercante, Antonio Rodríguez Fritz, en una entrevista con SinEmbargo.
El 1 de julio de 1991, el Gobierno federal a cargo de Carlos Salinas promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una requisa para controlar las operaciones de los sindicatos portuarios. Esta figura legal prevista en la Constitución consiste en la expropiación del Estado de todos los bienes que puedan ser de utilidad en caso de guerra o movilización.
“Siempre se ha dicho que la requisa del Puerto de Veracruz era ilegal porque a México no le había declarado la guerra a nadie, por lo tanto se rompía el precepto gubernamental”, detalló el Capitán de Marina Mercante.
Hoy, a 30 años de que fueron despojados de su patrimonio, el Sindicato de Maniobristas no sólo reclama sus derechos (indemnización y restitución de inmuebles), también tiene ocho denuncias en contra de funcionarios de esa época como Carlos Salinas, Pedro Aspe (exsecretario de Hacienda), Francisco Gil Díaz (exsubsecretario de Hacienda) y el Senador Dante Delgado (entonces Gobernador de Veracruz).
El 1 de julio de 1991, el Gobierno federal a cargo de Carlos Salinas promulgó una requisa para controlar las operaciones de los sindicatos portuarios. Foto: Cuartoscuro.
–La Reforma Agraria (6 enero de 1992)
En noviembre de 1991, Salinas de Gortari envió un proyecto de ley al Congreso para reformar las leyes de tenencia de la tierra heredadas de la Revolución Mexicana, poniendo fin a la Reforma Agraria (donde se entregó a campesinos 100 millones de hectáreas que equivalían al 50 por ciento del territorio) y autorizando la participación de empresas privadas en el campo.
Al año siguiente, en 1992, la reforma al artículo 27 constitucional marcó una nueva era para el campo en México. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) modificó la Ley del ejido y lo convirtió en un sujeto de enajenación, cuando antes se heredaba por línea directa.
Se plantearon dos vías: la necesidad de modernizar el campo, que era a través de hacer una serie de inversiones amplias en infraestructura, proyectos productivos y mejoramiento de semillas; o privatizar el ejido y promover la existencia de grandes controladores de la tierra con grandes inversiones. Se optó por la segunda.
Esto provocó que algunos campesinos que vendieran sus tierras, se acabaron el dinero pronto y se convirtieron en trabajadores del campo. Por el otro, se formaron grupos que poseían grandes extensiones de tierras de cultivo.
Sin embargo, millones de campesinos optaron por mantener sus tierras para el autoconsumo. Hoy en día, el 60 por ciento de las tierras siguen en manos de los ejidatarios.
Tras la firma del TLCAN y la falta de infraestructura productiva y subsidios adecuados por parte del gobierno, resultó para el gobierno más barato comprar maíz extranjero. Su bajo precio radica en que los campesinos estadounidenses reciben subsidios, diesel, maquinaria y equipo, además de una ayuda económica por hectárea producida.
–Firma del TLCAN (1993)
Con la promesa de llevar a México al primer mundo, con mejores trabajos y salarios, se firmó en 1993 el TLCAN, un acuerdo comercial que permitiría a México, Estados Unidos y Canadá eliminar las barreras arancelarias para el intercambio de exportaciones e importaciones de productos.
En el papel se firmó un tratado exitoso, pero en la práctica (entró en vigor en 1994) no lo fue, y no solo para México. En 2016 el entonces candidato republicano Donald Trump, hoy Presidente de Estados Unidos, lo calificó como “el peor acuerdo comercial jamás hecho”, por lo que impulsó su renovación como una promesa de campaña.
Estados Unidos acusó que el TLCAN les quitó empleos a los estadounidenses al trasladar las fábricas a México, donde el salario era tres veces más bajo que en ese país. Efectivamente, del lado mexicano hubo más empleo, pero no una mejora en el salario.
En lo que respecta al campo mexicano, éste sufrió una real devastación a partir de la competencia con los productos altamente subsidiados de Estados Unidos, lo que produjo la desintegración de numerosas comunidades a partir de la salida de muchos campesinos que optaron por la migración. A su vez, se dio paso a la consecuente pérdida de autonomía alimentaria en la medida en que una gran parte de la base alimentaria mexicana actual se importa del país vecino.
Este desigual TLCAN llegó a su fin en 2018 cuando los tres países alcanzaron un nuevo acuerdo que lo reemplazaría: el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio de 2020.
–Levantamiento del EZLN (1 de enero de 1994)
“En un contexto en el que se hablaba de la falta de sentido del socialismo y del fin del marxismo, y en el que se decía que el mundo no tardaría en unificarse bajo el esquema del capitalismo, el EZLN emergió de repente, el 1 de enero de 1994, y le devolvió a la gente la esperanza de que podía haber un cambio social radical”, declaró Carlos Antonio Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, para la Gaceta UNAM en 2019 al cumplirse 25 años de la aparición del EZLN.
Este movimiento, que inició una insurrección armada en el estado de Chiapas, fue uno de los golpes más duros para la imagen exterior del sexenio salinista, ya que mientras se promovía como un gobierno moderno con la firma del TLCAN, al interior del país los zapatistas, encabezados por el subcomandante insurgente Marcos, emitían la Declaración de la Selva Lacandona por la que declaran la guerra al Gobierno mexicano y exigían “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.
A pesar de todos los intentos de gobiernos por minimizar al EZLN, el movimiento sigue y con más fuerza. En 1996 se fundó el Congreso Nacional Indígena (CNI), que en mayo de 2016 luchó para participar en el proceso electoral de 2018 con María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, como su candidata independiente.
Su objetivo de competir en la contienda era abanderar la lucha de los 11 millones de indígenas de México (10 por ciento de la población, según el Inegi), pero no alcanzó las firmas necesarias requeridas por el Instituto Nacional Electoral (INE): juntó 243 mil 063 avales de los 866 mil 593 requeridas.
Camacho Solís fue elegido por Carlos Salinas de Gortari como comisionado para la paz durante el levantamiento armado del EZLN en el año de 1994. Foto: Eloy Valtierra, Cuartoscuro.
–Asesinato de Luis Donaldo Colosio (1994)
El 23 de marzo de 1994 un evento marcaría la historia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para siempre: su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado al término de un acto de campaña realizado en la colonia popular Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana (Baja California).
Días antes, el 6 de marzo, pronunció un memorable discurso en el aniversario LXV del PRI que, según analistas y políticos, no fue bien recibido por Carlos Salinas.
“La fuerza del PRI surge de nuestra capacidad para el cambio, de nuestra capacidad para el cambio con responsabilidad. Así lo exige la Nación (…) Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”, expuso ante miles de priistas reunidos.
En esta imagen de 1993 se observa a Luis Donaldo Colosio (izq), Carlos Salinas de Gortari (centro) y Ernesto Zedillo (der) en una reunión de intelectuales con el Presidente. Foto: Pedro Valtierra, Cuartoscuro.
En marzo de 2018, la periodista Dolia Estévez publicó en una columna de SinEmbargo información sobre unos documentos clasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos que hablaban sobre Colosio. Señaló que los documentos retrataban a un candidato “acorralado y humillado por Salinas en la etapa previa a su muerte. Consignan que Salinas fomentó el protagonismo de Manuel Camacho, a quien nombró Comisionado para la Paz en Chiapas, a expensas de Colosio”.
Hasta ahora solo hay una persona detenida por el asesinato de Colosio: Mario Aburto Martínez (Hidalgo, 1971), a quien el 24 de marzo de 1994 la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) presentó como el actor material de la ejecución y por el que purga una condena de 45 años.
En marzo de 2019, el Presidente López Obrador calificó el asesinato de Colosio como un “crimen de Estado” y pidió que se siga investigando; mientras que Alfonso Durazo Montaño, quien fue secretario particular del candidato priista, declaró que nunca ha aceptado la tesis del asesino solitario.
“Me parece demasiado simplista que en un momento de alta confrontación política y sobre todo en el contexto de la madre de todas las batallas por el poder, que es el poder presidencial, el asesinato de Luis Donaldo tuviera explicación en la mano de un asesino solitario, francamente nunca he aceptado esa tesis”, declaró a medios el actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.
–Concesiones mineras a Larrea (1994)
Grupo México, la compañía de minería, transporte e infraestructura de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico del país, ha recibido 333 concesiones de la Secretarías de Economía (SE), de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto con vigencia incluso hasta 2063, de acuerdo con una revisión al Portal de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
En esta fotografía, que data del 2 de febrero de 2015, aparecen Carlos Slim Helú, Claudio X. González Laporte y Germán Larrea Mota Velasco, quienes fueron invitados a escuchar el Tercer Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro.
–Crisis económica de 1994
El año de 1994 fue el peor del sexenio salinista, de acuerdo con analistas. En el ámbito social se produjo la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas al mismo tiempo que entró en vigor el TLCAN, lo que provocó un desbalance que llevó al Gobierno federal a tomar la decisión de devaluar el peso y ocasionó un colapso financiero durante 1995.
Entre 1994 y 1995 el peso se desplomó un 43 por ciento frente al dólar, las deudas de las empresas se dispararon, algunas quebraron por lo que miles se quedaron sin empleo y los ciudadanos, debido a las tasas más altas, debían más dinero del que pidieron prestado a los bancos. La inflación se elevó al igual que los niveles de pobreza de 47 millones 45 mil personas en 1994 a 63 millones 967 mil en 1996.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso arriesgarse y fue él el que envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la solicitud de consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes de México. Ahora la decisión, antes de pasar al Congreso, está en el Máximo Tribunal Constitucional del país y, de manera más precisa, en manos del Ministro Luis María Aguilar Morales, quien llegó a esa instancia en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- En la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), el encargado de realizar la tesis sobre la procedencia o no de la solicitud de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, será el Ministro Luis María Aguilar Morales.
De acuerdo con abogados consultados por SinEmbargo, la carrera del Ministro sin duda marca un camino de cómo podría ser el desenlace del tema en la Suprema Corte. De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Consulta Popular, si se aprueba la constitucionalidad de la propuesta de la Presidencia de México, pasa al Senadode la República para que se discuta y se formule la convocatoria.
El mismo reglamento señala que la Corte tendrá que definir que la propuesta de consulta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no vulnere los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección.
Gran parte de la responsabilidad está depositada en Aguilar Morales, quien nació en la ahora Ciudad de México el 4 de noviembre de 1949 y es Ministro de la SCJN desde el 1 de diciembre de 2009, postulado por uno de los expresidentes que forman parte de la lista de posibles futuros enjuiciados: Felipe Calderón Hinojosa.
Aguilar también fungió como Presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el periodo de enero 2015 a diciembre 2018, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, otro de los expresidentes en capilla y quien es señalado ahora por presuntos actos de corrupción.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, de acuerdo a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes, Carlos Salinasde Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, es la pregunta materia de estudio para Aguilar Morales.
El Ministro Aguilar revisará entonces que esta pregunta no sea tendenciosa, ni que evoque juicios de valor sobre los mencionados. El Máximo Tribunal Constitucional en México debe evaluar si con la sola pregunta se están dañando los derechos humanos de los expresidentes, además de los principios que consagra el Articulo 40 constitucional, los ingresos y gastos del Estado en materia electoral, la disciplina de la Fuerza Armada Permanente y la seguridad nacional.
Luis María Aguilar Morales, entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una imagen del 13 de diciembre de 2018 cuando rindió su informe anual de labores. Al evento asistieron Andrés Manuel López Obrador, entonces recién llegado como Presidente de México, y Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Cámara de Senadores. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
El Ministro tiene entonces un gran paquete en sus manos, pero su trayectoria levanta dudas de analistas consultados por este diario digital.
En diversas publicaciones se la ha señalado como “amigo” de Calderón Hinojosa e incluso del priista Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y tiene casos controvertidos en su carrera de Ministro,
En especial, hay dos episodios que lo describen en esa trayectoria.
En una crónica del diario El País, publicada en enero de 2015 con motivo de su elección como Presidente de la Corte, contó con el “respaldo del grupo más conservador”. En ese texto, el periodista Luis Pablo Beauregard, recupera cómo Aguilar Morales votó en 2011 para mantener vigente un artículo que protege a la vida desde la concepción en Baja California: “en lugar de meterse de fondo a una discusión sobre el aborto, como hicieron muchos de sus compañeros, señaló que los legisladores locales no tenían facultades para generar nuevos derechos fundamentales”.
El otro caso es del proyecto sobre la violación de derechos humanos en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, por la tragedia que cobró la vida de 49 niños en el incendio de esa estancia subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“En un caso altamente politizado, el ministro Aguilar votó con la mayoría al señalar que los funcionarios públicos Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam no estuvieron involucrados en violaciones graves de derechos y que no existía un desorden generalizado en las guarderías del Gobierno”, expone el texto del diario español.
LA TRAYECTORIA INFLUYE
La maestra Milca Judith Calzada Lemus, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó en entrevista con SinEmbargo que el documento del Presidente López Obrador sí cumple con los requisitos que solicita la Ley Federal de Consulta Popular, que son sencillos.
Sobre que la solicitud fue turnada a Aguilar Morales, dijo que sí considera que su trayectoria tendrá qué ver, “no sólo porque se trate del Ministro Luis María Aguilar, sino porque finalmente somos una persona, un ser humano y reflejamos en nuestro trabajo y maneras cotidianas esos elementos que han servido para crear la personalidad; los elementos culturales, familiares, políticos en donde se desempeña uno. Como ser humano, evidentemente sí van a influir, más aún tratándose de la forma en la que llegó a ser Ministro”.
Sin embargo, continuó, la decisión final no será únicamente de un Ministro, ya que el estudio se hará con todos los integrantes del pleno de la Suprema Corte. Pero reitera en que sí van a influir en gran medida las cuestiones de ideología política que cada uno represente o con la que comulguen.
La maestra Milca Judith Calzada Lemus, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, considera que la decisión final no será únicamente del Ministro Aguilar Morales, ya que el estudio se hará con todos los integrantes del pleno de la Suprema Corte. Sin embargo, dice, sí van a influir las cuestiones de ideología política con las que comulguen. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro
Al respecto, el doctor Gilberto Santa Rita Tamés, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, comentó que los ministros van a ser muy cuidadosos y se van a mantener de acuerdo al texto de la Ley, a la normativa constitucional y “a todo el andamiaje de normas que existen porque hay un gran escrutinio público. Son muchos ojos de la ciudadanía los que están puestos en este proceso”.
Santa Rita Tamés añadió que para que la propuesta del Presidente López Obrador llegue a una sentencia condenatoria tiene que depurarse y llegar a una imputación por un hecho delictivo en concreto y luego que el Ministerio Público federal lo pruebe.
“Este proceso además puede durar muchos años y no se va a tener una solución en el corto ni mediano plazo. Esto hace que la responsabilidad del Ministro que tiene en sus manos el proyecto en la Corte sea mayor. Lo más fácil que pueden llevar a cabo es quitarse las presiones políticas e ideológicas y actuar conforme a la ley. Eso es lo que creo que va a ocurrir”, consideró el académico de la Universidad Iberoamericana.
Calzada Lemus, académica de la UNAM coincidió en este punto: “no se tomará una postura política pero sí legal. En ese sentido si esos hechos por los cuales el señor Presidente tiene la intención de llevar a juicio a los expresidentes, no se necesitaba propiamente de la consulta, ya que toda persona que participe en un hecho considerado como delito se le dé aviso a las autoridades, el Ministerio Público está obligado a realizar la investigación correspondiente”.
“La SCJN en general va a darle un carpetazo a esta solicitud que presenta el Presidente”, concluyó Calzada Lemus.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
