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Pedro Castillo asegura que justicia peruana quiere detener a su esposa y familiares

domingo, agosto 21st, 2022

La hermana menor de la esposa de Castillo, Yenifer Paredes, está detenida en un local policial por 10 días mientras es investigada por la misma causa, que acusa a Castillo de encabezar una organización familiar que lava dinero.

LIMA (AP) — El Presidente peruano Pedro Castillo aseguró el domingo que la justicia quiere detener a su esposa y otros familiares en medio de una investigación preliminar de la Fiscalía, la cual acusa al mandatario de ser el presunto líder de una organización familiar de lavado de activos.

“Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla y quieren engrilletar también al resto de mi familia”, manifestó Castillo, que enfrenta seis investigaciones fiscales, varias de ellas por corrupción.

Ello ha provocado que abandone su habitual mutismo y critique a la fiscalía, a la oposición parlamentaria y a parte de la prensa, de quienes dice forman una tríada que busca despojarlo del poder.

El Presidente peruano Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes, izquierda, saludan al Presidente estadounidense Joe Biden y a la Primera Dama Jill Biden. Foto: Evan Vucci, AP

La Primera Dama Lilia Paredes está acusada de formar parte de la presunta organización criminal. La hermana menor de la esposa de Castillo, Yenifer Paredes, está detenida en un local policial por 10 días mientras es investigada por la misma causa. La fiscalía tambien acusa a los otros dos hermanos de la primera dama, David y Walther.

Los fiscales sospechan que la familia presidencial ayudó al dueño de una supuesta empresa fachada a obtener obras públicas pese a no tener la capacidad económica para garantizar la ejecución de las obras ni la experiencia. Castillo niega todas las acusaciones.

La semana pasada la policía acudió al palacio presidencial para detener a Yenifer Paredes y buscó en todas las habitaciones, incluso debajo de la cama del mandatario, de acuerdo a una acta de allanamiento a la que The Associated Press tuvo acceso. Los agentes no encontraron a la cuñada de Castillo, quien al día siguiente se entregó a la Fiscalía.

El Presidente dijo el viernes que su esposa está dispuesta a entregar su pasaporte al Juez para demostrar que no tiene intenciones de irse del país, y que quiere someterse a la justicia y demostrar su inocencia.

Castillo gobierna desde hace un año y su mandato concluye en 2026.

El FBI va por hombre ligado a Norberto Rivera por posible lavado de dinero: Univisión

sábado, agosto 13th, 2022

Las autoridades federales estadounidenses tendrían en su poder varios audios de llamadas entre Peyro y otras personas que incriminarían en delitos importantes al allegado del cardenal mexicano.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos investiga por lavado de dinero al empresario mexicano Fernando Peyro, quien durante años fue hombre de confianza del cardenal emérito Norberto Rivera, exarzobispo de la Arquidiócesis Primada de México (1995-2017).

Peyro está en problemas, ya que la cadena tiene en su poder documentos y fuentes para confirmar la investigación en su contra. Así lo adelantó la cadena Univisión este sábado, en un avance de una investigación que Univisión Investiga publicará este domingo 14 de agosto.

Varias conversaciones telefónicas son parte de la investigación del FBI, cita Univisión de acuerdo con tres fuentes. Norberto Rivera, por su parte, respondió que “no tiene nada que ver con ese asunto”.

El FBI tendría audios de Peyro que lo incriminarían. Foto: Univisión

Univisión tiene en su poder una llamada de un informante federal del FBI que le propone a Peyro lavar dinero de una supuesta organización narco-guerrillera en Colombia. De acuerdo con Gerardo Reyes, uno de los autores de la investigación, el allegado a River le ofrece un “menú de opciones”. “¿Si lo sacamos por medio de la aseguradora?”, es el fragmento que se puede escuchar de la supuesta voz de Peyro.

En entrevista con Univisión, Peyro dijo sobre el supuesto trabajo con los colombianos: “Yo no tengo ese dinero”.

El cardenal Rivera, nacido en 1942, renunció a su cargo al frente de la Arquidiócesis de México en diciembre de 2017. Durante su gestión salieron a la luz los escándalos del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, acusado de pederastia.

Durante su mandato, fue acusado por activistas, organizaciones y sociedad civil por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de al menos 15 sacerdotes que habrían abusado sexualmente de niños, por lo que en 2017, año de su retiro, exigieron que se presentara ante las autoridades.

A mediados de 2017, el activista y defensor de víctimas de pederastia clerical Alberto Athié, junto con otras personalidades, interpuso una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), en contra de Rivera Carrera por supuesto encubrimiento de curas pederastas.

Tras darse a conocer la denuncia, el Arzobispo Primado de México aseguró que “yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta, de hecho aquí en la Arquidiócesis al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros. Aquí tenemos que hacer la investigación, se manda toda la documentación a la Doctrina de la Fe, en Roma, y el Santo Padre es quien ha tomado las decisiones en esos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México”.

El cardenal Norberto Rivera rechazó cualquier relación con el asunto que supuestamente el FBI investiga. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

“Ni el cardenal, ni la Arquidiócesis de México informaron en su momento respecto de estos casos”, insistieron en su momento el exsacerdote Alberto Athié y Jesús Romero Colín, víctima de pederastia por parte de un sacerdote cuando tenía 11 años; más de dos décadas después, aún espera una orden de aprehensión para su presunto agresor y que el expediente se integre sin defectos.

En una petición subida hoy a la plataforma Change.org, dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto y al Procurador Raúl Cervantes Andrade, se expone que con su declaración “no queda duda de que el Cardenal Rivera Carrera tuvo conocimiento pleno, íntegro e indubitable de la existencia de esos presuntos delitos, los cuales no denunció ante el Ministerio Público a sabiendas de que ese era su deber primario conforme a lo establecido en los artículos 12 BIS de la Ley de Asociaciones Religiosas y 116 del entonces vigente Código Federal de Procedimientos Penales”.

Athié ha luchado y denunciado la pederastia en la Iglesia católica mexicana desde 1994, cuando una víctima del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado, le contó su historia.

En febrero de 2016, Athié dijo a SinEmbargo que México tiene  a los pederastas más crueles e importantes de la Iglesia. Todos impunes y libres, “gracias a un mecanismo protector, diseñado desde la Santa Sede, que les permite encontrar en el clero, el lugar perfecto para violar niños”.

“Es un proceso”: AMLO pide esperar resultados de la FGR sobre denuncias contra EPN

jueves, agosto 11th, 2022

El mandatario federal pidió no hacer juicios sumarios sobre el caso del expresidente EPN, sino esperar a que sea la FGR quien informe cómo van las investigaciones.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este jueves a esperar los resultados de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las denuncias en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos actos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En su conferencia de prensa matutina, el Presidente López Obrador confió que la FGR está “atendiendo bien” el caso del exmandatario del Partido Revolución Institucional (PRI) y que en su momento se informará cómo va el caso.

“Hay que esperar a que se lleven a cabo las investigaciones y no adelantarnos; esperar para que si se requieren, se presenten las pruebas y la Fiscalía resuelva en definitiva, pero es un proceso. No se puede llevar a cabo de la noche a la mañana”, aseguró el mandatario federal.

Al ser cuestionado sobre las operaciones inusuales de los expresidentes de México, el titular del Ejecutivo explicó que mientras la dependencia encargada de dichos procesos no informe nada, no se pueden hacer “juicio sumarios”.

El Presidente López Obrador mencionó que en el caso de otros exmandatarios, no cuenta con información específica al respecto: “Seguramente hay denuncias, pero no tengo yo información sobre eso porque también, reitero, nosotros decidimos no perseguir a ningún adversario, optamos porque fuese el pueblo el que decidiera si se abría una investigación a todos los expresidentes: [Carlos] Salinas, [Ernesto] Zedillo, [Vicente] Fox, [Felipe] Calderón, [Enrique] Peña Nieto”.

Simpatizantes de Morena promovieron la participación ciudadana en la consulta popular. Foto: Martín Zetina, Cuartoscuro

Además, recordó que en su tiempo, él presentó al Poder Legislativo una solicitud de acuerdo a la Ley para llevar a cabo una consulta a los ciudadanos, en la que la mayoría votó porque sí se investigaran a los expresidentes del país, pero la participación no fue suficiente para hacer vinculatoria la consulta.

“Esto también no significa que otros ciudadanos puedan presentar denuncias. En el caso de nosotros, lo que tiene que ver con Ejecutivo, nosotros hemos decidido no presentar ninguna denuncia porque desde que tomé posesión, hablé que había que mirar hacia adelante”, reiteró.

La FGR pidió orden de arresto contra Robles y no la ejecutó aunque ella está ¡presa!

lunes, agosto 8th, 2022

La exsecretaria de dos carteras en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, acusada por desvíos de recursos en la llamada “Estafa Maestra”, obtuvo una suspensión contra una orden de aprehensión que nunca se ejecutó; la dependencia a cargo de Gertz Manero no ha dado detalles de su omisión.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– La historia, resumida, es así: un Juez obsequió una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles Berlanga por delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) sólo tenía que ejecutarla y no era tan difícil, porque ella está presa en el penal de Santa Martha Acatitla. Sin embargo no la ejecutó. Ahora ha perdido la oportunidad porque un Juez la ha suspendido.

El 31 de octubre de 2020, la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, solicitó una orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga por uno de los delitos por los que se le acusa, quizás el que fundamenta la Estafa Maestra: que actuó en complicidad con otros para delinquir, es decir, que organizó a otros para cometer un crimen en contra del erario federal.

El Juez Iván Zeferín Hernández concedió la orden. El Ministerio Público Federal debía, entonces, ejecutar la orden de arresto a Rosario Robles, lo cual no era difícil porque ella está en un penal. Pero no lo hizo. Ahora el Juez suspendió de forma definitiva la orden.

La FGR no ha explicado ni dado detalles de por qué decidió no ejecutar la orden de aprehensión, puesto que Robles Berlanga está a punto de cumplir tres años tras las rejas y cuando la orden fue obtenida hace 22 meses.

La dependencia de Gertz Manero acumula 22 meses sin ejecutar la orden de aprehensión. Ahora, Robles consiguió la suspensión definitiva. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

En su momento, Robles Berlanga tildó de “infamia” la orden de aprehensión solicitada, aunque reconoció desde aquellos días de 2020 que no había sido cumplimentada por las autoridades correspondientes.

En los últimos tres años, el Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballo, determinó que persiste un “elevado” riesgo de que Rosario Robles se fugue, por lo que decidió que debe continuar en prisión preventiva, un argumento que sostuvo este año, en febrero.

Una investigación periodística publicada en 2017 reveló que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, habría permitido el desvío de fondos públicos por más de cinco mil millones de pesos (247 millones de dólares) a través de universidades y empresas fantasma en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

A Robles Berlanga se le acusa de uso indebido del servicio público. La FGR la señala por omisión, lo que habría permitido que universidades públicas desviaran recursos mediante la subcontratación de servicios, por el que es la funcionaria de más alto perfil acusada hasta ahora, en un caso que tampoco ha avanzado en tres años.

Robles está presa desde octubre de 2019. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro

Robles ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitó negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado. No obstante, el Fiscal Gertz Manero dijo que que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa González, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, y a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos.

En agosto de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un Juez impusiera prisión preventiva a Robles en el penal femenino de Santa Martha, en el oriente de Ciudad de México, alegando riesgo de fuga de la acusada, quien habría intentado ocultar un domicilio que figuraba en su licencia de conducir.

Sin embargo, la defensa de Robles sostiene que el documento utilizado por el Ministerio Público era falso.

Rosario Robles, junto con Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), son los únicos miembros del Gabinete de Peña Nieto que han pisado la cárcel.

Regreso de EPN a México es decisión de la FGR; procesos deben seguir su curso: AMLO

miércoles, agosto 3rd, 2022

La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer sobre la existencia de tres líneas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Esto ocurre semanas después de que se hicieran públicas las primeras denuncias formales en su contra, las cuales fueron interpuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el presunto manejo de millones de dólares en fondos posiblemente ilegales.

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este miércoles que le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) decidir si el expresidente Enrique Peña Nieto, sobre quien hay tres carpetas de investigación abiertas por delitos federales, debe regresar a México para enfrentar las acusaciones en su contra.

“Eso lo tiene que decidir la Fiscalía. No me corresponde a mí y no es mi fuerte la venganza, y no es sólo el expresidente [Enrique] Peña [Nieto], es también el expresidente [Felipe] Calderón. Si no, ya hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón, o contra de [Vicente] Fox, o de [Ernesto] Zedillo, o de [Carlos] Salinas. De alguno de ellos yo ya las presenté cuando estaba en la oposición, pero ya creo que están en los archivos. Pero eso es lo que puedo comentar”, dijo.

Ayer, la FGR confirmó que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.

“Yo creo que la Fiscalía dio a conocer esta información porque en la mañana se nos preguntó y dijimos que seguramente la Fiscalía iba a informar porque son ellos los que llevan estos casos. Es la Fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias. Aquí nada más aclarar que la Fiscalía da a conocer que existen estas denuncias y yo creo que la misma Fiscalía habla de que se están estudiando, analizando”, añadió hoy López Obrador.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, fue cuestionado por su postura política respecto al tema, la cual, aseguró, ha definido muchas veces. “Yo planteé que el Ejecutivo, el Presidente de la República iba a presentar denuncias si la gente lo pedía en una consulta pública. Entonces sí nosotros íbamos a presentar denuncias desde Salinas a la fecha, pasando por Zedillo, Fox, Calderón y el Presidente Peña Nieto”, recordó.

El mandatario también reiteró que su opinión era mirar “hacia adelante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción, que la justicia también es prevenir y no hacer lo mismo, no caer en lo espectacular y hacer lo mismo; sino que se iniciara una etapa nueva y con todo el peso y rigor de la Ley se nos castigara a nosotros si actuábamos de manera ilegal y en forma corrupta, pero que no nos quedáramos anclados”.

“Por eso cuando ya se vencía el plazo para solicitar la consulta sobre este asunto, si el pueblo quería o no, si le importaba o no que se castigara a los expresidentes, tomé la decisión de presentar yo la solicitud, porque si no lo hubiese yo hecho, ahorita los conservadores, adversarios, corruptos, a los que apoyaron todos los expresidentes, porque son hasta eso, malagradecidos, traidores, porque ese grupo estaría diciendo que por qué no pedí que el pueblo decidiera”, sostuvo.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal relató que como ya los conoce, dijo “no” y prefirió pedir que se hiciera la consulta popular para que fuera la gente la que decidiera. “Claro, se hizo la consulta y no se llegó al número que se requiere para que fuese una consulta vinculatoria”, señaló.

“De todas maneras, también lo he dicho, los procesos existen, tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al Fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades, ‘no presentes nada’. No, que presente y que la autoridad resuelva, pero eso es muy distinto a que nosotros por voluntad de la gente estuviésemos metidos, presentando las denuncias”, aclaró en su intervención.

LA PESQUISA CONTRA EPN

Enrique Peña Nieto es investigado por presuntos delitos de carácter electoral, de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el hecho de que la FGR haya informado públicamente sobre las investigaciones aún no implica el inicio de un proceso penal. La dependencia no detalló desde hace cuánto tiempo están abiertas las indagaciones.

A pesar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la lucha contra la corrupción es un asunto prioritario en su Gobierno y ha arremetido contra sus predecesores, en lo que va de su administración no se ha actuado contra ninguno de ellos.

Según el comunicado de la Fiscalía, el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la constructora española OHL, que en 2016 fue multada por las autoridades bancarias mexicanas por diversas irregularidades contables.

En esta investigación se buscan posibles delitos de carácter electoral y patrimoniales, y en ella “los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, agregó la nota de prensa.

El segundo caso tiene como origen denuncias presentadas por las autoridades fiscales “por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”. La Fiscalía explicó que antes de judicializar el caso, se precisan “dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables” para, eventualmente, poder abrir un proceso.

Un funcionario federal, que pidió el anonimato al no poder comentar sobre la pesquisa en marcha, aclaró a The Associated Press que esta investigación se origina de las denuncias de la agencia mexicana contra el lavado de dinero, que fue la primera acusación formal contra Peña Nieto, a pesar de una lluvia de denuncias de corrupción que hubo durante su Gobierno.

La tercera pesquisa tiene que ver con un presunto delito de enriquecimiento ilícito, en la cual se están desahogando los dictámenes fiscales y patrimoniales. Según el funcionario, se originó por una denuncia presentada por un particular para comprobar si durante su Presidencia Peña Nieto acumuló más patrimonio del declarado.

Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo. En julio, tras las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que estaba convencido de que las autoridades competentes le permitirían “aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.

“Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de Justicia”, agregó en ese momento.

Emilio Lozoya, director de la empresa petrolera estatal durante su Gobierno, afirmó que Peña Nieto y su mano derecha, el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida Reforma Energética y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.

Lozoya, en proceso por delitos de corrupción pero que está colaborando con la justicia desde la cárcel, también involucró a Videgaray en el supuesto uso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht con fines electorales en la campaña de 2012, la que ganó Peña Nieto.

Videgaray negó las acusaciones. En 2021 fue inhabilitado por 10 años por “falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales”.

Ese mismo año se inició un proceso contra Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía durante el Gobierno de Peña Nieto, por supuesto enriquecimiento ilícito. Actualmente es Diputado federal y, por lo tanto, no le afecta porque tiene fuero.

La exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, Rosario Robles, está en prisión preventiva desde 2019 acusada de “ejercicio indebido del servicio público” relacionado con el supuesto desvío de hasta 260 millones de dólares de fondos públicos.

El hecho de que aún no se haya condenado a ningún alto funcionario de gobiernos anteriores ha suscitado críticas y alentado conjeturas de un posible pacto de caballeros entre López Obrador y Peña Nieto, en el que se le habría garantizado impunidad a cambio de reconocer rápidamente su triunfo en las elecciones de 2018 y garantizar una transición pacífica de poderes.

-Con información de AP

La CNBV multa a BBVA con 6mdp por incumplir medidas para prevenir lavado de dinero

miércoles, junio 15th, 2022

La suma de las 16 sanciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en contra de BBVA México es de más de seis millones de pesos.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que aplicará 16 sanciones en contra de BBVA México por un monto acumulado de seis millones 286 mil 800 pesos por no tener los controles necesarios para prevenir y resolver conflictos, así como el incumplimiento de controles para prevenir el lavado de dinero.

La institución reguladora detalló que cuatro de las sanciones se deben a que BBVA incumplió con disposiciones relativas a redes de medios de disposición en el 2018, lo que generó una multa de 503 mil pesos cada una; y 11 multas de 403 mil pesos cada una por incumplir con medidas de prevención de lavado de dinero en 2018.

En total, BBVA fue sancionado con 16 multas que en su totalidad sumaron más de seis millones de pesos. Foto: Cuartoscuro.

Otra multa se debe a que el banco no atendió requerimientos de información dentro del plazo establecido, también en el 2018, resultando en una sanción de 241 mil pesos.

En la actualización de sanciones de la CNBV se notificó también de una multa por 896 mil 200 pesos en contra de Banca Afirme por no haberse apegado a las reglas de estimación máxima de activos y mínima de obligaciones en el 2021, y una de 868 mil 800 pesos contra Bankaool por haber hecho un reconocimiento contable extemporáneo de cartera vencida en el 2020.

La institución federal también remarcó dos sanciones en contra de HSBC por un monto de 241 mil 800 pesos cada una por deficiencias en su control interno, y contempla 71 sanciones en su lista para instituciones como Alternativa 19 del Sur, Unión de Crédito de la Provincia Mexicana y Unión de Crédito de Reynosa S.A. de C.V.

Gil Zuarth acusa a Santiago Nieto (“de fuentes MUY cercanas a su entorno”) de lavado

viernes, junio 3rd, 2022

El exlegislador de Partido Acción Nacional (PAN) acusó a Santiago Nieto Castillo de presuntas irregularidades patrimoniales y financieras, y dijo que tiene más información y pruebas que presentará por medio de redes sociales en los próximos días.

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), acusó al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, de presunto lavado de dinero.

Por medio de Twitter, el exsenador aseguró que fuentes “muy cercanas” al entorno de Nieto Castillo le brindaron información sobre presuntas irregularidades patrimoniales y financieras.

En 2022, el morenista recibió 866 mil 218 pesos por concepto de arrendamiento de una propiedad en la Ciudad de México, con un valor de 24 millones que habría adquirido con un crédito hipotecario, la cual renta a Álvarez y Barrios Inmobiliaria, que tiene como socios a Emerson Aguilar Olivares, Kevin Jhoavini Mateo Cruz y Perla Flores Librado.

“En sus declaraciones fiscales no reporta pago de intereses por ese crédito”, notó Gil Zuarth.

Fotografía del pago por el concepto de arrendamiento, a nombre de Santiago Nieto Castillo. Foto: Twitter @rgilzuarth.

De acuerdo con Gil Zuarth, Emerson y Kevin son socios de, al menos, otras seis empresas que realizan operaciones simuladas. Álvarez y Barrios Inmobiliaria tiene su domicilio fiscal en Oaxaca, donde opera con CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales, las cuales, explicó el abogado, son empresas “fachada”.

“CAES y Álvarez son empresas ‘fachada’. CAES ha facturado a Álvarez 1.8 millones de pesos en este año. A la vez, CAES le ha pagado a Santiago Nieto Castillo al menos 1.4 millones de pesos por supuestas asesorías”, apuntó Gil Zuarth. “Esto es una clara estructura de simulación: una empresa ‘amiga’ paga la renta por la casa y otra empresa ‘amiga’ le paga honorarios a Santiago Nieto Castillo. La lana, pues, va y viene”.

En 2021, el extitular de la UIF ha recibido más de dos millones de pesos por supuestas asesorías de una empresa llamada Corporativo Batrer, creada en 2018 y con clientes como el Instituto Queretano del Transporte, el Municipio de Querétaro y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), abundó.

Además, el fundador de dicho corporativo fue secretario particular de Nieto Castillo en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), Gustavo Adolfo Trolle Acosta. “Resulta que Gustavo Trolle recibió ingresos por más 1.4 millones de pesos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Curiosamente, Gustavo le manda a su exjefe la mitad de ese dinero en el mismo período. Aquí les comparto una prueba”.

Gustavo Trolle recibió ingresos por más 1.4 millones de pesos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, de los cuales mandó la mitad a Nieto Castillo. Foto: Twitter @rgilzuarth.

Al momento, Nieto Castillo no ha respondido a las acusaciones.

Respeto y admiro su valentía, dice Sheinbaum sobre Layda Sansores por difundir audios

miércoles, junio 1st, 2022

Ayer 31 de mayo, Layda Sansores San Román, Gobernador de Campeche, compartió de nueva cuenta audios de “Alito” Moreno. En esta ocasión se escucha al dirigente del PRI hablar con su contador de apellido Zertuche, y dar una “clase de lavado de dinero”, como lo calificó Sansores.

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, habló en conferencia de prensa de lo “valiente” que es Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, por la difusión de audios de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, actual presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en los cuales exhibe presuntos casos de corrupción como lavado de dinero y abuso de autoridad.

“Nuestro cariño y nuestro respeto a Layda Sansores por evidenciar la corrupción del PRI. Es realmente muy importante lo que hace Layla y como siempre ella pone el corazón, la valentía y la defensa de su estado y del país”, dijo la Jefa de Gobierno de la capital.

“Le envío saludos a Layda [Sansores], nuestro apoyo y admiración por su valentía”, finalizó Sheinbaum al ser cuestionada por los audios revelados por la Gobernadora de Campeche.

Ayer 31 de mayo, Sansores San Román compartió de nueva cuenta audios de “Alito” Moreno. En esta ocasión se escucha a  Moreno Cárdenas hablar con su contador de apellido Zertuche y le muestra una propiedad para la que que solicitó un avalúo comercial por 10 millones 490 mil pesos, “el más alto que se pueda”.

Posteriormente, el actual presidente nacional del PRI describe cómo realizaría la operación del lavado de dinero. Sansores calificó el audio como una “clase de lavado de dinero”.

“ALITO” DIFUNDE CONVERSACIÓN CON VELASCO

Moreno Cárdenas difundió horas antes una conversación entre él y Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas, argumentando persecución política por parte del Presidente López Obrador y su Gabinete.

“Es un audio que iba a dejar claro una persecución política que iba en contra de mi vida… No fue fácil tomar la decisión porque está en riesgo mi familia”, insistió.

En el audio se escucha a Velasco decir: “Yo creo, yo creo que lo que tal vez sería importante [si me permites darte mi opinión] es que le digas: ‘Recibí el recado del güero; no se me hace que sean las formas, mediante amenazas. Yo siempre he dialogado y he estado abierto a dialogar, este, y sigo abierto a dialogar’”.

Tras la revelación, Velasco Coello descartó recibir instrucciones del Secretario de Gobernación Adán Augusto López para enviar un mensaje a Alejandro Moreno.

“Yo no recibí instrucciones, ni sugerencias, ni nada. Yo di mi opinión personal”, insistió Velasco esta mañana en entrevista con Carmen Aristegui.

El exgobernador del PRI insistió: “Yo no amenazo a nadie”.

Por su parte, el Presidente López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, simplemente rechazó el supuesto recado del exgobernador de Chiapas vía Adán Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, hacia el dirigente del PRI. “No me meto en eso”, dijo.

Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, pide prohibir las criptomonedas: “¡Clausúrenlas!”

viernes, mayo 27th, 2022

El economista argumentó que son imprescindibles frente al esfuerzo de las instituciones financieras para transparentar los mercados.

Berlín, 27 may (EFE).- El nobel de Economía Joseph Stiglitz abogó este viernes por prohibir las criptomonedas con la argumentación de que facilitan el lavado de dinero negro a gran escala.

“¡Clausúrenlas!,” dijo el economista estadounidense en declaraciones al semanario alemán Der Spiegel en relación a las divisas digitales como el bitcoin y señaló que la prohibición podría introducirse en el punto de la cadena en el que las criptomonedas se cambian a dinero normal.

Desde hace años las instituciones se esfuerzan en volver más transparentes los mercados financieros, argumentó. El hecho de que las criptomonedas sean digitales no hace que este requisito deje de ser imprescindible, agregó Stigliz.

Las criptomonedas han incrementado en su uso por diferentes individuos en todo el mundo. Foto: Europa Press

“En este momento hay dos grandes agujeros que tenemos que cerrar, las criptomonedas y los inmuebles,” afirmó el nobel de Economía en referencia a la lucha contra el blanqueo en Estados Unidos, país que sigue siendo un centro del lavado de dinero.

Atribuyó parcialmente la responsabilidad de los problemas en el ámbito inmobiliario al expresidente Donald Trump, del que afirmó que “era conocido como blanqueador y se hizo rico de esa forma”.

El nobel de Economía señaló que las criptomonedas facilitan el lavado de dinero. Foto: Kin Cheung, AP/ Archivo

Fiji incauta a pedido de EU súper yate valorado en 325 mdd propiedad de oligarca ruso

viernes, mayo 6th, 2022

A petición de Estados Unidos, las autoridades de Fiji confiscaron el yate Amadea Tesá, supuesta propiedad de Suleiman Kerimov, valorada en 325 millones de dólares. 

Por Eric Tucker

WASHINGTON (AP) — Un súper yate que las autoridades dicen es propiedad de un oligarca ruso sancionado previamente por lavado de dinero fue confiscado por las agencias del orden en Fiji, anunció el jueves el Departamento de Estado.

Un Juez en Fiji les permitió a las autoridades estadounidenses esta semana confiscar el yate Amadea — valorado en 325 millones de dólares — aunque suspendió temporalmente a orden mientras los abogados de la defensa presentan su apelación.

El Departamento de Justicia dijo que las autoridades en Fiji, a petición de Estados Unidos, ejecutaron una orden de allanamiento congelando el yate, que previamente tenía prohibido dejar la nación del Pacifico sur.

Los funcionarios estadounidenses dicen que el yate es propiedad de Suleiman Kerimov, un economista y expolítico ruso sancionado por el Departamento del Tesoro en el 2018 y que ha enfrentado censura de Canadá, Europa, Gran Bretaña y otros tras la invasión rusa a Ucrania.

El barco apagó su sistema automatizado de información el día que Rusia inició su invasión a Ucrania. Foto: Alexei Alexandrov, AP.

Kerimov hizo su fortuna invirtiendo en el productor ruso de oro Polyus y la revista Forbes coloca su valor neto en 15 mil 500 millones de dólares. Los abogados de la defensa dicen que el yate le pertenece a otro oligarca ruso.

En un documento de respaldo a la orden de allanamiento, el FBI escribió que existía causa probable para pensar que Kerimov había sido el dueño del Amadea desde el 2021. El barco, que tiene bandera de las Islas Caimán, había apagado su sistema automatizado de información el 24 de febrero, el día que Rusia inició su invasión a Ucrania.

El Departamento de Justicia dijo que la confiscación fue coordinada por su fuerza especial KleptoCapture, creada en marzo para confiscar bienes pertenecientes a oligarcas rusos sancionados. En abril, el Departamento confiscó en España un yate de lujo propiedad de Viktor Vekselberg, que tiene lazos estrechos con el Presidente ruso Vladimir Putin.

En una declaración, el Secretario de Justicia Merrick Garland dijo que la nueva confiscación “deberá dejar claro que no hay lugar en el que puedan ocultarse los bienes de individuos que violan las leyes estadounidenses. Y no hay lugar para ocultar los bienes de los delincuentes que ayudan al régimen ruso”. El Departamento de Justicia dijo que el yate está ahora en Lautoka, Fiji.

Juez otorga liberación de Joaquín Velázquez, exauxiliar de Juan Reynoso en Cruz Azul

martes, abril 19th, 2022

Zeferino Hernández concluyó que no hay pruebas suficientes para presumir que Velázquez Elvira sea parte de organización criminal que lavó más de seis mil millones de pesos

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- El Juez de control Iván Zeferino Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó la liberación de Óscar Joaquín Velázquez Elvira, reciente exasistente de Juan Reynoso Guzmán, director técnico del Cruz Azul.

Zeferino Hernández concluyó que no hay pruebas suficientes para presumir que Velázquez Elvira sea parte de organización criminal que lavó más de seis mil millones de pesos, por lo que decidió no vincular a proceso al exempleado del equipo Cruz Azul por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Cruz Azul destituye a Joaquín Velázquez, asistente de Juan Reynoso, tras haber sido detenido por proceso judicial. Foto: Facebook Cruz Azul.

Tras el fallo, el imputado abandonó esta noche el Penal Federal del Altiplano, donde estuvo internado desde el pasado martes 12 de abril, cuando fue capturado por las autoridades previo al duelo del Cruz Azul contra Pumas, por las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

De acuerdo con lo publicado por el equipo Cruz Azul, la detención se derivaba de “un proceso judicial iniciado en su contra en el año 2018”, que posteriormente se supo que el exauxiliar técnico presuntamente había participado en una empresa “fantasma” de 2013 a 2018 para lavar más de seis mil millones de pesos, a través de distintas instituciones bancarias.

Además, luego del partido mencionado, el club cortó los nexos laborales con Velázquez Elvira, quien había llegado para el Clausura 2021, torneo en el que el equipo de la Noria cortó una racha de más de 10 años sin ser campeón de liga.

A la investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se le identifica como “Los Altos de Jalisco”.

Así opera el lavado de dólares de México a EU. Es, muchas veces, un negocio familiar

domingo, marzo 20th, 2022

El esquema de Laredo les permitió a los narcotraficantes convertir dólares provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos a pesos que pueden depositarse en instituciones financieras mexicanas, y les evitó el riesgo de pasar dólares a través de otros medios.

Por Jason Buch

Nuevo Laredo, 20 de marzo (InSightCrime).- Los 215 mil 520 dólares comenzaron su viaje hacia el sur en el estacionamiento de una tienda de comestibles Meijer en Louisville, Kentucky, a 19 horas de viaje por tierra hasta su destino final en la frontera entre Estados Unidos y México.

Un expendedor de drogas de la zona le entregó a un transportador de cara ajada los fajos de billetes, casi todos de veinte dólares, atados con bandas elásticas, envueltos descuidadamente en una bolsa de plástico y empacados en una mochila.

Muchos comerciantes optan por caminar con los billetes adheridos al cuerpo. Imagen ilustrativa. Foto: EFE

El mensajero, que se hacía pasar por el conductor de un camión de remolque que transportaba vehículos siniestrados por el país, llevó la mochila hasta Laredo, Texas, ciudad fronteriza con 250 mil habitantes.

En Laredo, se lo entregó a una mujer de mediana edad, quien se dirigió en auto hasta el centro de la ciudad, donde dos puentes internacionales conectan el centro histórico de la ciudad con la amplia Avenida Guerrero en Nuevo Laredo, justo al otro lado del Río Grande en el estado de Tamaulipas, México.

La mujer se detuvo en cuanto vio los puentes.

Nuevo Laredo es una de las ciudades que más ha sufrido la violencia del crimen organizado en el país. Foto: Cuartoscuro.

Otros contrabandistas de dinero se habrían adherido los billetes con cinta en sus cuerpos y habrían atravesado a pie el centro comercial con vistas a la llanura del Río Grande hasta llegar al puente peatonal de las Américas. O bien lo habrían guardado en un compartimiento secreto de su vehículo para atravesar el puente Lincoln-Juárez, donde termina la Interestatal 35 en la orilla del río.

Pero ella, por el contrario, estacionó su automóvil frente a una perfumería y sacó 40 mil dólares de los fajos de efectivo. Ingresó a la tienda y se los entregó a los dueños. A pocas cuadras, en otra tienda, repitió la misma transacción.

Los perfumes que ella pagó ya estaban en México, comprados a crédito en tiendas que anuncian sus productos como “mayoreo y menudeo”, la cuales bordean las estrechas calles del centro de Laredo.

De los perfumes más famosos en mercados son de la marca Lacoste. Foto: Facebook, Lacoste.

Las cajas de perfumes Lacoste, Bulgari y Hugo Boss habían sido subidas a una camioneta blanca, que condujo unos 10 kilómetros hasta un almacén en la extensa zona de libre comercio en las afueras de la ciudad. Desde allí, fueron empacadas en un camión de 18 ruedas y llevadas a través del Puente Internacional World Trade, uno de los dos cruces comerciales en el noroeste de Laredo que hacen de la ciudad el puerto comercial más concurrido en la frontera entre Estados Unidos y México.

Los perfumes llegaron hasta Ciudad de México y Guadalajara, donde fueron vendidos en mercados al aire libre en pesos mexicanos. Esos pesos luego llegaron a manos de los narcotraficantes que habían suministrado crack de cocaína al expendedor de Kentucky.

LAVADO DE DINERO DE LA VIEJA ESCUELA

La intrincada serie de transacciones, detallada recientemente en documentos de la Corte federal, muestra que, además de recurrir al contrabando de grandes cantidades de efectivo, las transferencias electrónicas ilegales y las casas de cambio de divisas, los criminales de México siguen utilizando una de las formas más antiguas por las que los narcotraficantes han lavado su dinero sucio: el intercambio de pesos en el mercado negro.

El cambio de modena en casas de cambio sigue siendo una de las formas más efectivas y más antiguas para el lavado de dinero. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

En su forma más conocida, el esquema de lavado de dinero mediante el comercio utiliza la venta de dólares de la droga en Estados Unidos para comprar moneda local, la mayoría de las veces pesos colombianos o mexicanos.

El esquema de Laredo les permitió a los narcotraficantes convertir dólares provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos a pesos que pueden depositarse en instituciones financieras mexicanas, y les evitó el riesgo de pasar dólares a través del puente. Además, le otorgó a dicho dinero la apariencia de provenir de una transacción comercial legítima, en este caso, la venta de perfumes.

Iniciado en la década de 1950 por los exportadores de café colombianos como una forma de eludir las restricciones a la moneda extranjera, el cambio de pesos en el mercado negro fue popularizado por los carteles de Medellín y Cali en la década de 1980.

El esquema de Laredo les permitió a los narcotraficantes convertir dólares provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos a pesos que pueden depositarse en instituciones financieras mexicanas. Foto: EFE.

Como agente de aduanas encubierto en la década de 1990, Arístides Jiménez se hizo pasar por un cambista del mercado negro para identificar a los narcotraficantes y a los negocios legítimos que ellos utilizaban para lavar dinero sucio. Su operación encubierta apuntaba al principal asesor financiero de la figura del Cartel de Cali, José Santacruz Londoño, quien le decía a Jiménez dónde recoger efectivo y en qué materias primas invertirlo.

“Utilicé pollo congelado, electrodomésticos, televisores, microondas, aparatos electrónicos, neumáticos, aires acondicionados, flores”, cuenta Jiménez, quien más tarde trabajó para la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en México y Texas.

El mercado de pesos negros se renovó hace una década, cuando México estableció límites estrictos para las transacciones en moneda extranjera, lo que dificultó que los narcotraficantes depositaran dólares provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos. El floreciente comercio internacional también lo mantiene activo, según Luis Reyna, agente especial de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos.

Las pequeñas y menos sofisticadas empresas enfrentan menos estrés financiero por no tener controles internos. Foto: Cuartoscuro

“Seguirá existiendo porque las transacciones comerciales […] pueden dar esa apariencia de legitimidad para lavar estos dineros a través del sistema financiero aquí en Estados Unidos e incluso en México”, dijo Reyna a InSight Crime.

Los esquemas se han vuelto más sofisticados a lo largo de las décadas. El año pasado, una firma internacional de inversión en bienes raíces acordó pagarle al Departamento de Justicia de Estados Unidos 29 millones de dólares como parte de un acuerdo civil por acusaciones según las cuales había aceptado inversiones de cambistas del mercado negro. Pero Jiménez dice que lavar dinero en efectivo a través de pequeñas empresas, como las perfumerías del centro de Laredo, sigue siendo una forma viable de lavar dinero.

“Cuando se acude al mayoreo y menudeo, la gente busca regatear. Todo lo que provea efectivo de forma intensiva sirve”, afirma.

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Las casa de cambio, además de cambiar la moneda, para no dejan rastro de las transacciones. Foto: Hilda Ríos, EFE.

Esto se debe en gran parte a que las empresas pequeñas y menos sofisticadas no suelen tener los controles internos que sí tienen las grandes corporaciones y es más probable que enfrenten estrés financiero. “Las personas con necesidades suelen ser más propensas a saltarse las reglas”, agrega Jiménez.

De hecho, los fiscales dicen que han descubierto múltiples esquemas de lavado de dinero utilizando a los dueños de negocios de Laredo en los últimos 10 años. Al momento de esa transferencia de efectivo, a fines de 2012 en el estacionamiento de Meijer en Kentucky, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se había infiltrado en ese intercambio de pesos en el mercado negro en particular. Los investigadores habían puesto de su lado a una de las integrantes de la conspiración encargada de entregar el efectivo a las tiendas locales. Siguiendo las instrucciones de los agentes, ella le presentó su jefe a un agente encubierto, quien empezó a trabajar como transportador.

Las perfumerías han ayudado mucho a los esquemas de lavado de dinero. Imagen ilustrativa. Foto: Armando Monroy, Cuartoscuro

Antes de que el dinero fuera entregado en Laredo, fue llevado a una oficina de la DEA en Kentucky, donde el efectivo fue contado y fotografiado como evidencia. Cuando la mujer encargada de entregar el dinero a las tiendas en el centro de Laredo entró en la perfumería “El Reino” para dejar 40 mil dólares, estaba siendo seguida por la policía. Una agente del equipo estaba adentro fingiendo ser una cliente. Debajo de su brazo tenía un pequeño bolso de cuero negro con un micrófono. Lo que parecía ser un botón cromado era en realidad la lente de una cámara.

En 2019, el juicio de cuatro semanas a los propietarios de El Reino, además del propietario de otra perfumería, dos transportadores de dinero y un empleado de almacén, dejó bastante clara la manera como los traficantes utilizaban negocios legítimos en ambos lados de la frontera para lavar dinero. Varias personas acusadas en el caso siguen prófugas, y en 2021, los Emiratos Árabes Unidos expulsaron a un cuarto propietario del almacén a Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración de lavado de dinero en el sur de Texas. Este se declaró culpable en diciembre y fue sentenciado a 40 meses de prisión en febrero de 2022.

ASÍ ES COMO LO HACEN

Desde mediados del siglo XX, el centro de Laredo ha atraído a migrantes de todo el mundo. Los altos aranceles sobre artículos de consumo como los productos electrónicos hicieron que estos escasearan en México, por lo que los vendedores del mercado negro se trasladaron a Estados Unidos para comprarlos en las tiendas de los centros de las ciudades y contrabandearlos hacia el sur.

El lavado de dinero encuentra en el comercio minorista una alternativa. Foto: Cuartoscuro

Los dueños de negocios locales compraban mercancía para sus clientes mexicanos en los mercados mayoristas de Nueva York. Los vendedores de esos mercados vieron una oportunidad y se trasladaron al sur, donde abrieron sus propios negocios y aprovecharon el mercado minorista de Laredo, que en su mayor parte se transa en efectivo. Hoy en día, el comercio minorista en línea y las restricciones de viaje debido a la pandemia han reducido la economía minorista del centro de Laredo. Pero diversas tiendas de flores artificiales, productos electrónicos, juguetes y perfumes dirigidos a clientes en México todavía permanecen. Y todavía operan en gran medida con ventas en efectivo.

“Así es como han operado los negocios en el centro de la ciudad durante años”, afirma Roberto Balli, un exconcejal cuyo distrito incluía el centro de la ciudad. Balli es además abogado y representó a uno de los transportadores acusados en el caso del intercambio de pesos en el mercado negro.

Esa era la economía que Ravinder Gudipati encontró cuando llegó a la ciudad fronteriza en 1993.

La frontera entre Nuevo Laredo y Laredo es uno de los cruces fronterizos más transitados del país. Foto: Alex Segura Lozano, EFE.

Gudipati había emigrado a Estados Unidos proveniente de India tres años atrás. Se mudó a Nueva York, donde trabajó descargando mercancía y ubicándola en los estantes de una perfumería de Broadway. Ascendió hasta llegar a ser vendedor, y tres años después su jefe le pidió que abriera una tienda en Laredo. Lo que se suponía que iba a ser un trabajo de seis meses se extendió por tres años más. Durante el juicio, Gudipati dijo que los clientes de México llegaban muy temprano cada semana para realizar pedidos de entre 10 mil y 35 mil dólares, que pagaban en efectivo. Conoció a una empleada de la tienda de al lado, una pieza del mercado minorista del centro de la ciudad, llamada Corina Blake.

Gudipati se mudó a Nueva Jersey en 1996 y comenzó a administrar el almacén principal de la compañía de perfumes. Pero se le ocurrió la idea de comenzar su propio negocio. Renunció a su trabajo y regresó a Laredo, donde abrió NYSA Impex, una tienda llena de iluminación que ocupa media cuadra en el centro de Laredo y todavía se encuentra abierta.

“Conocía el lugar. Conocía a la gente de aquí, y eran muy amables, eran personas muy buenas”, dice Gudipati en su testimonio. “Y pensé que este sería un mejor lugar para mi jubilación”.

Las casas de cambio han sido utilizadas con frecuencia por los grupos criminales mexicanos para lavar dineros sucios.. Foto: Hilda Ríos, EFE.

Muchos de sus clientes lo siguieron hasta la nueva tienda.

A veces sus clientes le enviaban dinero a través de casas de cambio, las cuales han sido utilizadas con frecuencia por los grupos criminales mexicanos para lavar dineros sucios. Otras veces le transferían dinero. También le solían pagar en efectivo, según testificó Gudipati.

En junio de 2012, algunos de sus clientes le dijeron que ya no le llevarían el efectivo ellos mismos. Le sería entregado por Corina Blake, la mujer que había trabajado en la tienda de al lado donde él trabajaba a principios de la década de 1990 y que entregaría los 40 mil a la perfumería El Reino más tarde ese mismo año.

LA INFILTRACIÓN A LA ORGANIZACIÓN

Corina Blake era bastante conocida entre la comunidad de comerciantes del centro de Laredo. Comenzó su carrera como vendedora en una tienda libre de impuestos (duty free) en 1988. Trabajaba para una empresa de transporte y dirigía su propia empresa de embalaje, tomando pedidos en línea de artículos que compraba en las tiendas de mayoreo y menudeo y que luego enviaba a sus clientes en México. Gudipati dice que él recomendaba los servicios de transporte de Blake a sus clientes.

Blake empezó a entregar dinero “sucio” en efectivo. Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro.

Blake dijo en su testimonio que fue involucrada poco a poco en el esquema de intercambio dólares de la droga en Estados Unidos por pesos en México. Inicialmente, uno de sus clientes de la época en la que trabajaba en la tienda libre de impuestos la contactó en 2011 para que iniciara su empresa de embalaje. Dado que no tenía trabajo, aceptó reunirse con su antiguo cliente en el estacionamiento de un Best Buy en el norte de Laredo. Él le entregó decenas de miles de dólares y le pidió que llevara el dinero a una perfumería.

“Obviamente, ese dinero tenía algo malo”, testificó Blake en 2019. “No era dinero limpio”.

Poco después de esa entrega, cuenta Blake, empezó a recibir llamadas de otros vendedores de perfumes en Guadalajara y Ciudad de México, quienes le pedían que entregara efectivo en otras tiendas. Una semana después de la reunión frente a Best Buy, alguien más dejó casi un millón de dólares en una maleta en su casa. Ella entregó el dinero en media docena de tiendas, incluidas conocidas cadenas libres de impuestos. A cambio, recibió una comisión de la mitad del uno por ciento del dinero que entregó, alrededor de cinco mil dólares.

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La tienda era uno de los puntos de reunión de Corina Blake. Imagen ilustrativa. Foto: Best Buy,

Poco después, comenzó a recibir llamadas de un hombre conocido como Tío Polo, quien aumentó las cantidades de efectivo para entregar y subió sus ganancias al uno por ciento. La secretaria de un vendedor de perfumes mexicano le dijo que Tío Polo estaba de alguna manera coordinando las entregas de efectivo con un cartel de la droga en México, dice Blake.

En agosto de 2011, Tío Polo la llamó y le pidió que recogiera 185 mil dólares que le entregaría un camionero en la zona repleta de almacenes y paradas de camiones al noreste del centro de Laredo. Poco después, fue detenida por agentes federales. Uno de los agentes, empleado de la Fiscalía local encargado de trabajar con la DEA, le pidió que lo siguiera.

En su oficina en el edificio federal de Laredo, Francisco Lozano le reprodujo una grabación de su conversación telefónica con el camionero que coordinaba la recogida de efectivo. Lozano le presentó sus opciones: trabajar para él o ser arrestada. Blake, quien no pudo ser contactada para que comentara al respecto, pero que testificó con Lozano en el juicio de 2019, aceptó cooperar.

UNA MIRADA AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN

Blake continuó dejando que los agentes escucharan sus llamadas telefónicas. También los mantuvo al tanto de cuándo se planeaban las entregas de efectivo, y ellos observaban cómo el dinero que venía del norte llegaba a Laredo y se distribuía entre los negocios locales. Los fiscales sostienen que la conspiración blanqueó más de cuatro millones de dólares, según los registros judiciales.

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Tío Polo era conocido como un gran vendedor de ropa. Imagen ilustrativa. Foto: Rodrigo Sura, EFE.

La organización además comenzó a tomar forma. Tío Polo era conocido entre la comunidad de compradores de bienes de consumo en las ciudades fronterizas de Estados Unidos como un gran vendedor de ropa y mochilas en la ciudad de Guadalajara, en el centro de México. Según los fiscales, su nombre es Hipólito Ochoa Rivera, y había reunido a un pequeño grupo de comerciantes que compraban al por mayor en Laredo y vendían sus productos en tianguis, como se les conoce a los mercados al aire libre en México. Según el testimonio, Ochoa negociaba con narcotraficantes en México, de modo que usaran los dólares que les debían sus distribuidores en Estados Unidos para pagar las deudas en las que su consorcio había incurrido en las tiendas del centro de Laredo. A cambio, los vendedores en México les pagaban a los traficantes en pesos por la venta de sus productos en los tianguis.

Según el testimonio, Ochoa Rivera dirigió una operación similar en Los Ángeles. Los fiscales afirman que el esquema beneficiaba a todos los involucrados.

“Por su participación, los exportadores estadounidenses hacen más ventas, los importadores mexicanos evaden impuestos y obtienen una mejor tasa de cambio [de la organización narcotraficante] que en cualquier otra parte, y los intermediarios y transportadores de pesos reciben un porcentaje de las transacciones”, expone un Fiscal federal en un documento judicial.

Si bien las organizaciones de narcotráfico tienen pérdidas, estas se dan en el largo plazo. En última instancia, sus ganancias ilegales son blanqueadas y las transacciones en dólares a gran escala aparecen como legítimas y quedan ocultas frente a los organismos de seguridad.

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Tío Polo vendía sus productos en los tianguis. Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro.

La evidencia presentada en el juicio se enfocó sobre todo en las operaciones en Estados Unidos, pero se presentaron indicios de cómo funcionaban las cosas en México. En 2012, los investigadores que escucharon las conversaciones de Blake oyeron cuando un agente de carga de Laredo le dijo que el hermano de Ochoa Rivera había sido asesinado. Según el agente de carga, el asesinato fue una represalia por haber perdido 500 mil que los agentes le incautaron a un transportador. Sin embargo, InSight Crime no pudo localizar ninguna noticia o registro del asesinato.

Funcionarios del Departamento de Justicia afirman que no pudieron decir qué organizaciones de narcotráfico estaban involucradas porque esa información no se presentó en la corte. Keith Liddle, el abogado litigante de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia, quien estuvo al frente del caso de Laredo, sólo se refirió en términos generales al perfil de los cambistas del mercado negro.

“[Los intermediarios] suelen tener algún tipo de conocimiento financiero”, le dijo a InSight Crime. “También, por supuesto, necesitan tener conexiones con los negociantes mexicanos, así como […] ciertas conexiones, directas o indirectas, con los carteles de la droga. Según mi experiencia, en general […] se imaginan a sí mismos como corredores financieros. Y, por supuesto, quieren mantenerse alejados de las drogas”.

Los investigadores fueron al Departamento del Tesoro y solicitaron copias de los documentos que presentaron los propietarios de las tiendas en Laredo, en las que declaraban las transacciones en efectivo de más de 10 mil dólares, como lo exigen las leyes estadounidenses. A veces no declaraban los pagos de Blake. Otras veces, incluían el nombre del cliente cuya cuenta estaba siendo pagada, pero no el de Blake, quien era la que realmente entregaba el dinero.

Funcionarios del Departamento de Tesoro de Estados Unidos siguieron el caso. Foto: Patrick Semansky, AP

En junio de 2012, los agentes le dijeron que querían infiltrar a uno de los suyos en la organización de lavado de dinero. Entonces ella le sugirió a Tío Polo que contratara a su primo, el dueño de una empresa de demolición llamado “Cuate”. Este, sin embargo, era de hecho Lozano, el agente de la fuerza de tarea de la DEA. Poco después, Cuate ya estaba conduciendo por todo Estados Unidos para recoger dinero de expendedores de drogas en lugares como Jackson, Mississippi; Cincinnati, Ohio; Atlanta, Georgia; y en la ciudad de Nueva York. El dinero era grabado y luego entregado a Blake. En el juicio, a los miembros del jurado se les mostraron los videos de Blake entregando fajos de efectivo a Harsh y Neeru Jaggi, los propietarios de El Reino, así como a Gudipati.

Pero a los agentes les preocupaba que no tuvieran pruebas suficientes para condenar a Gudipati y a los Jaggi. Así que, el 8 de mayo de 2013, Blake volvió a entrar en El Reino, y con la grabadora prendida en su bolso, les dijo cuatro veces a Harsh y Neeru Jaggi que el dinero que estaba entregando era “narcodinero”.

“¿Podemos declarar el dinero?”, preguntó Harsh Jaggi. La esposa de Jaggi, Neeru, le dio a Blake un recibo por los 52 mil que ella les había entregado, y ella se fue. Unos meses más tarde, grabó una conversación similar con Gudipati en NYSA Impex.

Cincinnati es una de las ciudades donde operaba el Tío Polo. Imagen ilustrativa. Foto: @CincyPD, Twitter

ARREMETIDA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Pasaron casi cinco años sin entregas en efectivo por parte de Blake. Luego, en enero de 2018, después de que pasara el estatuto de limitaciones para los delitos que ella cometió antes de estar en la nómina de la DEA, los agentes federales comenzaron a reunir a los participantes de la conspiración.

Esa fue la última vez que los fiscales federales observaron a los minoristas fronterizos. En 2012, fiscales federales de Houston acusaron a nueve personas que, según ellos, dirigían un esquema menos complejo con rasgos de intercambio de pesos en el mercado negro que involucraba a compañías fantasma y cuentas bancarias estadounidenses. Según los fiscales, un negociante de pesos acordaba un tipo de cambio con traficantes en México. El dinero de la droga era entregado en una oficina en un centro comercial al este de Houston y depositado en cuentas bancarias de Estados Unidos; luego la cantidad acordada era transferida a narcotraficantes en México.

De nuevo, los fiscales no dieron los nombres de los narcotraficantes mexicanos ni de las organizaciones a las que pertenecían.

La DEA no trabajó con los minoristas fronterizos por casi cinco años. Imagen ilustrativa. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro.

Y en 2016, un Juez de Laredo sentenció a otro propietario de una tienda en el centro de la ciudad a tres años de libertad condicional por no presentar los mismos formularios de declaración de efectivo que según los fiscales no presentaron los Jaggi ni Gudipati, o lo hicieron de manera incorrecta.

Utilizando la información de Blake y Lozano, los agentes arrestaron a siete personas en 2018, entre ellas el propietario de una bodega donde se almacenaban los perfumes, el agente de carga que los enviaba a México y uno de sus empleados. Arrestaron además a varios transportadores, a los Jaggi y a Gudipati.

En el juicio, los fiscales reprodujeron las llamadas telefónicas grabadas de Blake, Ochoa y los transportadores, y mostraron los videos de la cámara oculta en el bolso de Blake. Entre sus testigos se encontraba el dueño de la bodega donde se almacenaba el perfume y el expendedor que le entregó a Cuate [quien en verdad era Lozano], los 215 mil 520 dólares en Kentucky. Dijeron que los dueños de las tiendas sabían que el dinero era sucio e intencionalmente omitieron el nombre de Blake en los formularios que presentaron ante el Departamento del Tesoro.

El hombre encubierto llevaba una cámara debajo del brazo. Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro.

La defensa argumentó que los dueños de las tiendas, cuyo primer idioma es el hindi, no entendían los requisitos de declaración y que no sabían el significado de lo que Blake les decía en español. Las personas en cuyo nombre ella les entregaba el dinero eran clientes de mucho tiempo atrás. No les parecía que había nada sospechoso en las transacciones. Sus abogados los presentaron como laboriosos empresarios, cuya historia es la clásica experiencia de migración en Estados Unidos. Gudipati y los Jaggi abrieron pequeños negocios que les permitieron enviar a sus hijos a la universidad para obtener títulos de administración o medicina.

Al final, gran parte del caso se enfocó en la única conversación que cada uno tuvo con Blake en la que ella les dijo que el dinero que estaba entregando era dinero de la droga.

“Si él hubiera llevado una contabilidad más limpia y en el momento en el que ella dijo ‘narcodinero’, hubiera devuelto ese dinero y le hubiera dicho: ‘Fuera de mi tienda’, no creo que estuviera donde está hoy”, dijo Scott McCrum, abogado de Gudipati.

Pero sacar a Blake del negocio no habría sido fácil. Muchos de los comerciantes de Laredo venden a crédito.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense siguió trabajando con los comerciantes fronterizos. Foto: Fernando Llano, AP

“Están atrapados en un círculo”, dice Kush Samtani, propietario desde hace mucho tiempo de Special Electronics. “Tienen que proveerles mercancías a los clientes, o de lo contrario no tendrán con qué pagar”, señala Samtani en refrencias a las cuentas.

“Todo el mundo cruza el puente con dinero en efectivo”, agrega. “¿Cómo saber de dónde proviene?”

Al final, el jurado condenó a las seis personas en el juicio. Los Jaggi y Gudipati recibieron penas de prisión de 80 meses. En 2020, en medio de la pandemia mundial de coronavirus, un Juez ordenó que Harsh y Neeru Jaggi, quienes no respondieron a las solicitudes para comentar sobre el caso, fueran liberados de prisión y quedaran bajo supervisión. En su condición de residentes permanentes legales, podrían ser deportados y están apelando sus condenas. Gudipati fue puesto en libertad bajo fianza y está a la espera del resultado de su apelación. El 9 de diciembre de 2020, después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmara su condena, se entregó a la prisión federal en Oakdale, Texas.

LA CONEXIÓN MÉXICO

Si bien los registros publicados en los casos de Texas no indican cuáles grupos criminales mexicanos se beneficiaron de los esquemas, un juicio en Nueva York hace 10 años dio ciertos indicios de cómo opera el intercambio de pesos del mercado negro al sur de la frontera.

Un cambista fronterizo detalló que recibía sus pesos, los cambiaba por dólares en bancos y casas de cambio, luego les pedía a correos humanos que los pasaran por la frontera y pagaran cuentas en las perfumerías de Laredo. Foto: Cuartoscuro

En 2010, agentes de la DEA que hacían pesquisas sobre vendedores de perfumes en Florida, Nueva Jersey y Texas comenzaron a investigar a Vikram Datta, un habitante de Laredo que poseía tiendas en tres estados fronterizos. Este fue arrestado en enero de 2011 por cargos relacionados con una conspiración internacional de lavado de dinero. Luego, los fiscales alegaron que Datta lavó dinero para el Cártel de Sinaloa, aunque las transcripciones del juicio muestran que el hombre que afirmaba ser integrante del Cártel de Sinaloa que compraba perfumes en sus tiendas era en realidad un agente encubierto.

Otro testigo en el juicio de Datta en 2011 dio una explicación más detallada sobre cómo operaba el esquema en México.

Faustino Garza González, un cambista de Nuevo Laredo, le dijo al jurado que él ofrecía el servicio de cambio de divisas a vendedores de perfumes en México. Recibía sus pesos, los cambiaba por dólares en bancos y casas de cambio, luego les pedía a correos humanos que los pasaran por la frontera y pagaran cuentas en las perfumerías de Laredo. El negocio parecía legítimo. Los correos declaraban el dinero ante los agentes de aduanas estadounidenses en el puente. Garza no podía operar el negocio en México porque tenía una condena previa en Texas por lavado de dinero, por lo que tenía un registro de empleado ante las autoridades correspondientes, según testificó.

En 2009, comenzó a comprarles dólares a dos empresarios de México que le ofrecían una mejor tasa que los bancos y las casas de cambio. Garza testificó que sabía que los dólares eran sucios, por el simple hecho de que se vendían en consignación y a un menor precio.

El Puente Internacional 1 en Nuevo Laredo, México, para ingresar a Laredo, Texas, es uno de los puntos por donde más dinero fluye. Imagen ilustrativa. Foto: Fernando Llano, archivo, AP

“Cuando uno dice que el dinero se compra en consignación, es obvio que ha sido mal habido u obtenido mediante el tráfico de drogas, y luego se me daría tiempo para devolverlo”, dice Garza en su testimonio.

No se sabe si los fiscales presentaron cargos contra los clientes de Garza, que quizá trabajaban para grupos del crimen organizado mexicano.

Estados Unidos es reacio a adelantar investigaciones de cambio de pesos en el mercado negro que puedan afectar el comercio internacional, como afirma Bill Gately, un exfuncionario de aduanas. En la década de 1990, Gately estuvo al frente de la Operación Casablanca, la cual descubrió una operación de lavado de dinero de mil millones de dólares por parte de banqueros mexicanos que utilizaban el intercambio de pesos en el mercado negro.

Él se refiere al lavado de dinero a través de las perfumerías en Laredo como “operaciones de poca monta”. Los funcionarios estadounidenses están dispuestos a adelantar el “pan comido”, dice Gately, pero no los peces más grandes.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INSIGHT CRIME. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

México deporta a “El Huevo”, líder del Cartel del Noreste capturado en Tamaulipas

martes, marzo 15th, 2022

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD.

El detenido contaba con tres órdenes de aprehensión, una con fines de extradición por conspiración para traficar drogas y lavado de dinero; otra de Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa, y la tercera del también fronterizo estado de Coahuila por homicidio doloso y terrorismo.

Por María Verza

Ciudad de México, 15 de marzo (AP/EFE/SinEmbargo).— México entregó a Estados Unidos a Juan Gerardo Treviño, el líder del Cártel del Noreste recién capturado y que está acusado en ese país de conspiración para traficar drogas y lavado de dinero.

Según informó el martes a The Associated Press un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas, se trató de una “deportación controlada” que tuvo lugar el lunes por la noche por el puente internacional de San Isidro, que conecta Tijuana con San Diego.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador había abordado el tema de forma poco clara al finalizar su conferencia de prensa matutina, en la que se limitó a decir que no había habido extradición y que autoridades militares realizarían una conferencia de prensa la tarde del martes para ofrecer detalles sobre el tema.

https://twitter.com/DemonioTtv/status/1503285126171611138?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1503285126171611138%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F14-03-2022%2F4142216

Treviño tiene también nacionalidad estadounidense, confirmó el funcionario, y de ahí que proceda un proceso de deportación el cual es expedito, a diferencia de la extradición que puede demorarse meses o incluso años.

El capo, conocido como “El Huevo”, fue capturado el domingo por la noche en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, la sede del Cártel del Noreste, una escisión de Los Zetas. El arresto provocó violencia en esa ciudad con enfrentamientos y quema de vehículos que derivaron en el cierre temporal de los cruces con Texas.

Los enfrentamientos comenzaron pasada la medianoche, con bloqueos en las principales avenidas de Nuevo Laredo “con la colocación de vehículos pesados, y al menos dos tractocamiones fueron incendiados”, añadió el reporte oficial al cual la agencia EFE tuvo acceso.

Ante estos hechos, la Presidenta Municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y recomendó no llevar a los niños a clases.

Treviño lideraba también el grupo de sicarios llamado “Tropas del Infierno”, herederos de los procedimientos más violentos de Los Zetas. Las autoridades lo acusan de generar violencia en cinco estados del país y en la región de la llamada “frontera chica” del estado de Tamaulipas, la de mayor cruce ilegal de migrantes hacia Estados Unidos.

La reacción del Cártel del Noreste fue la respuesta para evitar que Treviño Chávez se trasladara a la zona militar y de ahí fuera enviado a la Ciudad de México.

De esta manera, se replicó la misma estrategia que realizó en Culiacán el Cártel de Sinaloa, cuando se capturó a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán, “El Chapo”, lo que obligó a las autoridades mexicanas a soltarlo.

Según explicó el Gobierno el lunes, el detenido contaba con tres órdenes de aprehensión, una con fines de extradición por conspiración para traficar drogas y lavado de dinero; otra de Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa, y la tercera del también fronterizo estado de Coahuila por homicidio doloso y terrorismo.

En los videos compartidos en redes se puede escuchar cómo los balazos transcurren durante más de un minuto. Según información de La Opinión, algunas de las grabaciones se realizaron desde domicilios ubicados muy cerca de la zona donde ocurrió la balacera.

Cristiana Chamorro y su hermano son declarados culpables por lavado de dinero

sábado, marzo 12th, 2022

Un juez determinó la culpabilidad de la exaspirante a la Presidencia debido al presunto lavado de dinero, apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica a través del uso irregular de dinero gubernamental de Nicaragua para la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual dirigía.

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de marzo (AP).— La periodista y exaspirante a la Presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro fue declarada culpable el viernes de supuesto lavado de dinero y otros delitos tras un juicio que se prolongó durante siete días, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Chamorro, de 68 años e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), guarda arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021. Estaba considerada como la favorita para desafiar al Presidente Daniel Ortega en los comicios del pasado noviembre, en los que el mandatario fue reelegido para un cuarto mandato tras encarcelar a otros seis aspirantes al puesto.

Junto a Cristiana Chamorro fueron encontrados culpables su hermano Pedro Joaquín y tres antiguos empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que la periodista dirigió hasta enero de 2021, dijo a la abogada Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, a The Associated Press.

Se espera que las condenas sean notificadas por el juez en los próximos días. El maratónico juicio comenzó el 4 de marzo.

Las audiencias transcurrieron en las instalaciones de la cárcel policial de “El Chipote”, donde desde mediados de 2021 permanecen recluidos los cuatro detenidos, a excepción de Cristiana Chamorro. Durante el juicio, la Fiscalía presentó más de 30 testigos, de los cuales una veintena eran agentes de la policía, según reveló la defensa.

“Después de 7 días de tortura en El Chipote, el espurio Poder Judicial declaró culpables a exdirectivos y extrabajadores de la Fundación Violeta por delitos que no han cometido. Exigimos que los liberen de inmediato. #SonInocentes #SonJuiciosNulos”, tuiteó el CENIDH.

Los delitos imputados a Cristiana Chamorro son lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica. El Gobierno de Daniel Ortega argumenta que realizó “transacciones irregulares” desde la FVBCH con fondos de gobiernos y organismos internacionales.

La Fundación Chamorro, que cesó sus operaciones en enero de 2021, se dedicaba a promover cursos de capacitación para periodistas y financiar a medios de comunicación y proyectos de defensa de la libertad de expresión. La familia Chamorro también es propietaria del diario “La Prensa”, que fue clausurado por el gobierno el agosto pasado y sigue bajo ocupación policial.

Este proceso forma parte de una serie de juicios que comenzaron el 1 de febrero contra unos 46 opositores encarcelados desde hace más de ocho meses.

Otro hermano de la opositora, el también periodista Carlos Fernando Chamorro, fue acusado por los mismos delitos dentro la causa contra la FVBCH, pero no pudieron arrestarlo porque se exilió. Los tres hermanos han asumido una posición crítica contra Ortega, en especial tras la represión del gobierno a las protestas sociales que estallaron en 2018.

La FGR obtiene órdenes de aprehensión contra Inés Gomez Mont y Manuel Álvarez Puga

jueves, enero 20th, 2022

Inés Gómez Mont, su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga y otras cinco personas tienen orden de aprehensión por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.

En un comunicado, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero señaló que tres de los imputados ya están recluidos en los centros federales de justicia penal y en los casos de quienes huyeron del país, Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.

En noviembre de 2019, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont. Foto: Instagram @inesgomezmont

LA ACUSACIÓN

De acuerdo con la dependencia, todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos.

Para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraron diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.

La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel Álvarez Pga y su esposa Inés Gómez Mont, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales.

La Fiscalía General informó que durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.

El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.

El 14 de octubre del año pasado, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Gómez Mont dijo que fue informada de la solicitud de órdenes de arresto contra ella y su esposo por asuntos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), a pesar de que ellos ya habían concluido acuerdos con ambas instituciones.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga serán buscaos en más de 190 países al ser investigados por presunto lavado de dinero, peculado y evasión fiscal. Foto: Instagram, inesgomezmont

De igual manera, la conductora de televisión aseguró que detrás de estas detenciones hay una “persecución de mala fe”, esto gracias al ruido provocado por la prensa durante el pasado martes 12 y la mañana del miércoles 13 de octubre.

La conductora de televisión apuntó a autoridades (sin detallar cuáles pues lo desconoce) por difundir mentiras a la prensa y al público “diciendo que existía una orden de aprehensión” contra Gómez Mont y Álvarez Puga.

Además, Inés Gómez Mont aseguró la noche del 28 de septiembre del año pasado que los hechos por los que se le acusa son “absolutamente falsos”, pues, dijo, que ella jamás ha robado un peso y que tampoco ha recibido dinero de contratos, y mucho menos ha visto ni poseído tres mil millones de pesos en la vida”.

Las redes de corrupción político-empresariales de México esconden sus dólares en EU

martes, enero 4th, 2022

En 2016, un grupo de reguladores federales de Estados Unidos descubrió que funcionarios públicos de México compraron, al menos, 50 propiedades inmobiliarias de Texas, a través de las cuales lavaron millones de dólares entren 1998 y 2017, recursos que robaron a los contribuyentes mexicanos.

Este reportaje es parte de Reporting the Border, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, y es la tercera parte de Siguiendo la Ruta del Dinero, una serie de reportajes de Jason Buch sobre lavado de dinero de políticos mexicanos publicados en mayo y noviembre de 2021.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- En julio de 2016, cuando un grupo de trabajo federal con sede en Texas confiscó millones de dólares en propiedades que los investigadores creían que eran propiedad de cleptócratas de México, los reguladores federales decidieron tomar medidas. Según los fiscales, los funcionarios corruptos y los contratistas del Gobierno utilizaron a empresarios de Texas para establecer sociedades de responsabilidad limitada, a través de las cuales canalizaron los fondos robados a los contribuyentes mexicanos para comprar docenas de lotes baldíos, casas y edificios comerciales.

Los reguladores con sede en Washington, DC, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), respondieron con una expansión de sus regulaciones inmobiliarias destinadas a detectar y disuadir el lavado de dinero en ciudades seleccionadas de Estados Unidos.

Pero había un problema.

Los fiscales federales acababan de alegar que encontraron bienes raíces esparcidos por todo Texas que fueron comprados con dinero robado a los contribuyentes mexicanos. En su respuesta, los reguladores se centraron en la propiedad residencial en una sola ciudad.

En 2001, el Congreso había ordenado a la rama del Departamento del Tesoro conocida como FinCEN que regulara la industria inmobiliaria. Pero no fue hasta principios de 2016 que la agencia experimentó por primera vez con la supervisión de las ventas de viviendas, inicialmente en Manhattan y Miami.

La regulación llamada Orden de focalización geográfica, o GTO, requería que las compañías de títulos rastrearan ciertas transacciones residenciales. Si la compra fue realizada por una empresa, se realizó en efectivo y superaba cierta cantidad en dólares, se informaría a FinCEN.

A mediados de 2016, la agencia extendió el requisito al resto de la ciudad de Nueva York, así como a Los Ángeles, San Diego y San Francisco, ciudades costeras con propiedades inmobiliarias de alto valor económico que atraen a inversores extranjeros. En Texas, solo San Antonio estaba en la lista.

En mayo, el Texas Observer, en alianza con el Border Center, detalló cómo el Gobierno de EU descubrió redes de empresas ficticias utilizadas por funcionarios públicos de cuatro estados mexicanos para lavar millones en Texas de 1998 a 2017, y luego abandonó esos enjuiciamientos. Esas investigaciones, denominadas Operación Marea Verde y Operación Político Junction, llevaron a FinCEN a agregar a San Antonio a sus regulaciones.

Los fiscales alegaron que los cleptócratas mexicanos habían comprado 50 propiedades inmobiliarias de Texas, valoradas en 58 millones de dólares en la actualidad. Pero sólo 11, con un valor de menos de sietes millones de dólares, habrían sido cubiertos por las Órdenes de focalización geográfica, según un análisis de Observer de los registros judiciales.

En el extremo norte de McAllen se encuentra otra casa que los fiscales decomisaron como parte de su investigación sobre el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba. La casa de 4,300 pies cuadrados en un lote de 3 acres se vendió en una subasta en 2013 por 330 mil dólares. Foto: Tomas Muscionico, Border Hub

En 2018, FinCEN extendió su supervisión a Dallas y Fort Worth, pero dejó a Houston, considerado durante mucho tiempo un centro de lavado de dinero, y el Valle del Río Grande, la ubicación de casi la mitad de los fiscales de bienes raíces que intentaron incautar durante la Operación Marea Verde y Politico Junction.

Elise Bean, exdirectora de personal y abogada principal del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, dijo que las órdenes de selección existentes están “plagadas de agujeros cuando se trata de detener el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos. Los casos de Texas demuestran que los blanqueadores de dinero están felices de limpiar el efectivo utilizando propiedades comerciales en ciudades y pueblos más pequeños, y pueden eludir fácilmente los informes de GTO “.

A principios de diciembre, más de cinco años después de que comenzara a regular los bienes raíces, FinCEN propuso nuevas reglas que podrían expandir masivamente su supervisión de la industria inmobiliaria. Los expertos en lavado de dinero están entusiasmados con las propuestas, pero se preguntan qué tan lejos y qué tan rápido se moverá el Gobierno.

Los fiscales federales en San Antonio intentaron confiscar esta casa de 2,383 pies cuadrados en un lote de casi un acre con piscina en 2012, alegando que fue comprada con dinero robado del estado de Coahuila. Eventualmente retiraron su demanda como parte de un acuerdo de culpabilidad con el ex tesorero del estado, quien entregó millones de dólares en otros activos. Un miembro de la familia vendió la casa en 2017. Foto: Tomas Muscionico, Border Hub

A principios de año, el grupo de expertos Global Financial Integrity publicó un estudio exponiendo graves deficiencias en las regulaciones inmobiliarias de FinCEN. Los autores, Lakshmi Kumar y Kaisa de Bel, analizaron 56 esquemas para lavar más de $ 2.53 mil millones en bienes raíces de Estados Unidos durante los últimos cinco años, incluidas las acusaciones detalladas en la Operación Marea Verde y la Operación Político Junction.

Los expertos descubrieron que más de la mitad de los esquemas de lavado de dinero identificados en los Estados Unidos involucraban a condados fuera de las 12 regiones cubiertas por Órdenes de focalización geográfica. En Texas, seis de los ocho condados donde los lavadores de dinero compraron bienes raíces no están cubiertos por la orden de monitoreo actual, que incluye los condados de Bexar, Tarrant y Dallas, según el informe. Por ejemplo, en Operación Marea Verde y Politico Junction, los fiscales alegaron que los cleptócratas lavaron dinero comprando dos condominios en la Isla del Padre, nueve casas en un vecindario del norte de Brownsville y una mansión de siete mil 884 pies cuadrados en el Oeste de Austin, la capital texana.

Kumar, director de políticas de Global Financial Integrity, calificó las regulaciones actuales como “una forma increíble de hacer políticas”. “El lavado de dinero de bienes raíces no es un problema de algunos centros”, dijo. “Es un problema nacional. Puede suceder en cualquier lugar. Porque se puede ganar dinero en todas partes”.

El informe también encontró que una cantidad significativa de dinero se lava a través de bienes raíces comerciales, lo que no está cubierto por la supervisión de FinCEN. En Operación Marea Verde, los fiscales alegaron que un exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas usó dinero malversado para comprar 46 acres de bienes raíces de primera cerca de Shops at La Cantera en una sección elegante de San Antonio. En Politico Junction, el extesorero del estado de Coahuila acordó perder un centro de striptease, una farmacia y una torre de almacenamiento de San Antonio cuando se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero. Las seis propiedades inmobiliarias comerciales en el condado de Bexar que los fiscales intentaron incautar como parte de Operación Marea Verde y Politico Junction están valoradas hoy en 33 millones de dólares, casi cinco veces el valor de las 11 propiedades inmobiliarias residenciales de San Antonio que tenían como objetivo.

Una empresa controlada por el ex tesorero de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández compró media docena de propiedades comerciales en Brownsville, incluida ésta. Los fiscales en San Antonio presentaron una demanda para decomisarla en 2012. Después de que Villarreal Hernández se declarara culpable, su compañía la vendió a un tercero, según muestran los registros de escrituras. Foto: Tomas Muscionico, Border Hub

La propuesta de expansión de las reglas del FinCEN se anunció este mes junto con la Estrategia para combatir la corrupción de la administración de Biden, que promete más recursos y nuevas tácticas para combatir la cleptocracia en el extranjero y el lavado de dinero en los Estados Unidos, podrían abordar directamente algunas de las deficiencias expuestas por Operación Marea Verde y Politico Junction. Entre las propuestas de FinCEN están la requerir a la industria de bienes raíces reportes nacionales e uniformes así como incluir a bienes raíces comerciales en las regulaciones contra el lavado de dinero.

Si FinCEN expande sus regulaciones, necesita abordar más problemas, dijo Kumar: Asegúrese de que los grandes acuerdos comerciales que involucren a múltiples inversionistas y aquellas transacciones que no involucren compañías de títulos también reciban escrutinio.

Una estrategia podría ser exigir a los abogados o agentes de bienes raíces que denuncien cualquier actividad sospechosa, dijo Kumar.

Los registros judiciales de las operaciones Marea Verde y Politico Junction detallan las transacciones comerciales que involucran a muchos inversionistas. A fines de 2009, un testaferro de funcionarios y empresarios corruptos en Coahuila transfirieron 18 millones de dólares de cuentas bancarias de JP Morgan Chase a nombre de tres compañías de responsabilidad limitada (LLC por sus siglas en inglés) a la cuenta de su abogado, según una declaración jurada de orden de registro presentada por un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA). Un día después, el dinero se transfirió del banco del abogado a cuentas de dos nuevas LLC. Luego, esas empresas usaron el dinero para comprar bienes raíces, incluidos ocho millones de dólares para un centro comercial de San Antonio.

Álvaro Briseño II, el abogado de San Antonio cuya cuenta se usó en las compras de bienes raíces de 2009, no habló sobre las acusaciones en la orden de registro citando la confidencialidad abogado-cliente. Dijo que creía que sería una carga injusta para los propietarios de pequeñas empresas estar obligados a informar sobre actividades sospechosas, especialmente cuando los bancos, a menudo instituciones masivas con grandes divisiones de cumplimiento, ya están obligadas por el gobierno a monitorearlas.

“En términos generales, confiamos en el IRS y los bancos”, dijo Briseño. “Una vez que el dinero está en las instituciones de Estados Unidos … hay un mayor nivel de confianza de que alguien ha examinado el dinero y está tratando con fondos legítimos”.

Como informó el Observer en noviembre, los empleados de Chase repetidamente hacían preguntas sobre el dinero involucrado en el caso de lavado de activos de Coahuila. Sin embargo, el banco continuó haciendo negocios con el extesorero estatal Héctor Javier Villarreal Hernández hasta que Estados Unidos confiscó sus cuentas, según muestran los registros judiciales.

En respuesta a una solicitud de entrevista, la oficina de prensa de la FinCEN remitió al Observer a los documentos publicados el 8 de diciembre en el Registro Federal en busca de opiniones del público sobre los planes para expandir la regulación de la industria de bienes raíces. “FinCEN entiende por varias agencias de aplicación de la ley que los datos de GTO de bienes raíces han sido muy útiles para la investigación de lavado de dinero y delitos financieros”, escribió la agencia.

Kumar calificó las regulaciones propuestas como un “momento decisivo” en la política contra el lavado de dinero.

El anuncio de diciembre se produjo después de que el Congreso ordenara por separado a FinCEN que mantuviera una lista de “beneficiarios reales” de las empresas que hacen negocios en los Estados Unidos, Esencialmente rastreando a los seres humanos detrás de las empresas fantasma. Pero la nueva ley federal solo requiere que las entidades ya registradas con los gobiernos estatales se registren en FinCEN.

La unidad 1401 de esta torre de condominios frente al mar de 28 pisos se vendió en una subasta del gobierno por 640 mil dólares en 2013. Los fiscales federales en Brownsville habían alegado que el condominio fue comprado por un testaferro del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba. Yarrington Ruvalcaba se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavado de dinero en marzo de 2021. Foto: Tomas Muscionico, Border Hub

El registro de la FinCEN aún no se ha implementado, pero los expertos advierten que una ley de Texas lo debilitará. En 2009, la legislatura estatal enmendó el Código de Organizaciones Comerciales de Texas para permitir que las empresas extranjeras posean bienes raíces sin tener que registrarse con la Secretaría de Estado. Al hacerlo, Texas creó una laguna jurídica que podría permitir a los cleptócratas extranjeros comprar bienes raíces a través de empresas fantasma que no aparecerán en el registro de la FinCEN, dicen los expertos.

“Esa exención abrió inmediatamente a Texas al lavado de dinero y la corrupción por parte de empresas fantasma extranjeras cuyos propietarios no tienen que revelar su presencia en el estado”, escribió Bean, el exinvestigador del Senado, en un correo electrónico.

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