José Irizarry usó su puesto para darse una vida de lujo; el jueves fue sentenciado a más de 12 años en una cárcel de EU por asociación delictuosa con un cártel colombiano para lavar dinero.
Miami, 10 dic (EFE).- Un agenteantinarcóticos de EstadosUnidos (DEA) fue sentenciado esta semana a más de 12 años de cárcel en un tribunal de Florida por el delito de fraudebancario y lavadodedinero para un cártelcolombiano, informaron las autoridades.
JoséIrizarry, de 46 años, y su esposa, NathaliaGómez–Irizarry, fueron arrestados en febrero de 2020 en SanJuan, PuertoRico, bajo la acusación de haber lavado dinero para un cártel colombiano.
Las autoridades acusaron entonces a la pareja de estar involucrada en una trama que durante siete años desvió más de nueve millones de dólares de investigaciones encubiertas de lavado de dinero de la DEA a los bancos.
Según el Departamento de Justicia de EU, Irizarry y su familia recibieron al menos un millón de dólares en sobornos por su participación.
Foto: El exagente de la DEA José Irizarry, al centro, llega a una corte federal el jueves 9 de diciembre de 2021, en Tampa, Florida. Foto: AP
Irizarry llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable en 2020 de 19 cargos en su contra, entre otros “conspiración para cometer lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad agravado”.
Los documentos judiciales indican que Irizarry comenzó a implicarse en la trama delictiva poco después de declararse en bancarrota en 2010, cuando “usó su puesto como agente especial para desviar hacia él y sus cómplices nueve millones de dólares” procedentes de investigaciones encubiertas sobre lavado de dinero de la DEA.
A cambio, el exagente de la DEA recibió “sobornos y comisiones por un valor de al menos un millón de dólares que utilizó para comprar joyas, autos de lujo y una vivienda”.
Para llevar a cabo el plan, Irizarry y sus compinches utilizaron una “identidad robada con la que abrieron una cuenta bancaria donde se depositaban las ganancias de las drogas desviadas”.
Jose Irizarry used his position as a special agent to divert $9 million from undercover DEA money laundering investigations to himself and to co-conspirators. In return, he received bribes and kickbacks worth at least $1 million. https://t.co/pzGQhWQ5aW
La trama duró el tiempo que estuvo el agente designado en la división de Miami de la DEA y su oficina en Cartagena de Indias (Colombia).
La Jueza encargada del caso, Charlene Honeywell, ordenó a Irizarry pagar la cantidad de 11 mil 233 dólares en concepto de restitución y la devolución de un anillo de diamantes y un auto de lujo.
“El Departamento de Justicia tiene cero tolerancia para el abuso de cargos públicos y está comprometido a descubrir y perseguir la corrupción dondequiera que se encuentre, especialmente entre las filas de las fuerzas del orden”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División de lo Penal de este organismo.
Saab es el presunto prestanombres del Presidente venezolano Nicolás Maduro, cosa que lo incriminó en una corte de Miami por el delito de lavado de dinero; su sentencia podría ser de 20 años si es encontrado culpable.
Miami (EU), 24 nov (EFE).- Un juezfederal de EUadelantó para el próximo 6 de diciembre una audiencia del colombo-venezolano AlexSaab, presuntotestaferro del PresidentedeVenezuela, NicolásMaduro, acusado de lavado de dinero en una corte de Miami.
El Juez Robert N. Scola Jr. aprobó una moción solicitada por la defensa de Saab de adelantar del 28 de diciembre al 6 de ese mes la audiencia de “estatus”, que es previa al juicio programado para el 3 de enero de 2022, según documentos judiciales.
Scola, quien presidirá el juicio, señaló en su fallo que requiere que el acusado esté presente para esa audiencia.
El juicio de enero tendrá una duración de dos semanas y estará a cargo de un jurado, que será seleccionado con anticipación.
La gente sostiene carteles con la imagen del empresario Alex Saab durante una manifestación exigiendo su liberación en Caracas, Venezuela. Foto: Ariana Cubillos, AP.
Saab, de 49 años, enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, del que se declaró “no culpable” el pasado 15 de noviembre ante la Jueza Alicia M. Otazo-Reyes.
El Juez Scola desestimó a principios del mes siete cargos de lavado de dinero contra el acusado, que fue extraditado de Cabo Verde, el pasado 16 de octubre.
La reducción de cargos hizo parte del acuerdo de extradición con el Gobierno de Cabo Verde para que, en caso de que sea hallado culpable, la sentencia no exceda la que hubiera tenido en ese país africano.
Saab enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otros cómplices.
La Fiscalía General de la República deberá de esperar a que la Suprema Corte defina la situación de inmunidad del Gobernador de Tamaulipas, o bien que termine su mandato en el 2022.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).– Un Juez federal le otorgó al Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, un amparo para que la Fiscalía General de la República (FGR) no ejecutara la orden de aprehensión que existe en su contra por el delito de lavado de dinero, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva sobre su inmunidad o termine su encargo.
El Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, anunció este martes que: “No podrá ejecutarse la orden de aprehensión hasta en tanto resuelvan la inmunidad” del líder del Ejecutivo estatal.
La FGR señala al Gobernador de Tamaulipas de incurrir en el delito de defraudación fiscal por 6.5 millones de pesos. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
Cabeza de Vaca es investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que solicitó que se emitieran órdenes de aprehensión en su contra.
La primera orden de captura fue cedida por un Juez de Control del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Gutiérrez Pérez señaló que se violaron los derechos del Gobernador porque aún no se resuelven las controversias constitucionales con respecto a su inmunidad.
El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados federal aprobó la solicitud de la FGR de desaforar a García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.
Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas rechazó el desafuero del Gobernador, por lo que diputados locales y federales han presentado controversias constitucionales para que la Suprema Corte resuelva la disputa de competencias.
La Fiscalía General de la República pedirá este día prisión preventiva para Ricardo Anaya Cortés, a quien se le acusa de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Ricardo Anaya Cortés, quien este lunes comparecerá en audiencia por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, podría quedar preso en el Reclusorio Norte por su probable responsabilidad en el de soborno de 6 millones de pesos que presuntamente recibió para aprobar la Reforma Energética en el sexenio pasado.
El excandidato presidencial comparecerá este día por videoconferencia en una audiencia en la que debe acreditar que se encuentra en la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República (FGR) pedirá prisión preventiva justificada, como lo hizo la semana pasada con el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
De acuerdo con información de la dependencia, citada por la prensa nacional, esta medida la pedirá para que el panista no escape. Si Anaya no comparece o no acredita que se encuentra en la Ciudad de México, también se solicitará su aprehensión por estar sustraído de la acción de la justicia.
En octubre, el juez tomó la decisión de que la audiencia inicial se reprogramara para este 8 de noviembre porque la FGR entregó de última hora al panista mil fojas más que forman parte de la carpeta de investigación.
Anaya Cortés afirma que es víctima de persecución política y acusa al Presidente de México. Pero Andrés Manuel López Obrador le pidió que se presente y pruebe su inocencia. Foto: Cuartoscuro.
Anaya es acusado de crimen organizado, soborno y lavado de dinero, delitos vinculados a un presunto soborno de 6.8 millones de pesos en 2014.
Ayer, en una entrevista desde Nueva York, el panista aseguró que vive una persecución del Presidente Andrés Manuel López Obrador y expuso que recibir un soborno medio millón de dólares en efectivo “habría sido el soborno más estúpido de la historia”.
“Si hubiera votado en contra de esa reforma … la gente habría pensado que me había vuelto loco”, dijo Anaya en una entrevista difundida por The Wall Street Journal (WSJ).
Este lunes el panista utilizó sus redes, pero para cuestionar la política contra el cambio climático del Presidente López Obrador.
“En el G20 y en la COP26 se discutió el futuro del planeta. Fueron los principales líderes del mundo. AMLO no asistió. Él no va a donde hay que dialogar. Mañana va a la ONU dizque a hablar de corrupción. ¿Cuántos presidentes estarán ahí? ¡CERO! Va a echarse un monólogo y a la foto”, escribió.
En el G20 y en la COP26 se discutió el futuro del planeta. Fueron los principales líderes del mundo. AMLO no asistió. Él no va a donde hay que dialogar. Mañana va a la ONU dizque a hablar de corrupción. ¿Cuántos presidentes estarán ahí? ¡CERO! Va a echarse un monólogo y a la foto pic.twitter.com/LCYhbpI0Ou
El pasado 25 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer su versión pública de la causa que se le sigue a Ricardo Anaya, quien tuvo que presentarse a declarar ante un Juez. El excandidado presidencial del PAN respondió minutos después al calificar a las autoridades federales como “incompetentes“.
La FGR dice que las diligencias “evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.
Por su parte, Anaya Cortés descartó recibir millones de pesos como soborno para aprobar la Reforma Energética. El político aseguró que en el momento de la “supuesta entrega” de dinero por la que lo acusa la FGR el ya no era Diputado.
Anaya ha criticado en distintas ocasiones el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro.
El caso contra Anaya derivó de la denuncia presentada por Emilio Lozoya en la que señaló a 70 personas de corrupción.
El exjefe de Pemex indicó que Videgaray le instruyó darle 6.8 millones de pesos a Anaya para sus aspiraciones políticas en Querétaro.
“Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”, aseveró Lozoya en su denuncia.
En total, afirmó Lozoya, el grupo de legisladores del PAN recibió 80 millones de pesos entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo Opengo, quien apareció en un video filtrado esta semana junto con Guillermo Gutiérrez recibiendo paquetes de dinero de un presunto colaborador de Pemex.
El pasado 20 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia en contra de la cantante y su esposo, por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos, así como operaciones de procedencia ilícita.
Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- La cantante Gloria Trevi solicitó un amparo para evitar una posible orden de aprehensión, sin embargo, la Jueza Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo del Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, aún no admite la demanda.
En la solicitud, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, nombre real de la cantante, demandó la protección de la justicia federal contra cualquier orden de arresto que haya emitido alguno de los cinco Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.
Una de las acusaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) menciona es que Treviño Ruiz y Armando Gómez Martínez, su esposo, recibieron una transferencia por más de siete millones de pesos de la que no habrían pagado impuestos y que sirvió para detertar operaciones inusuales en la cuenta de la pareja.
El pasado 20 de septiembre, la UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia en contra de la cantante y su esposo, por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos, así como operaciones de procedencia ilícita, según informó el diario La Jornada.
La cantante Gloria Trevi celebró el pasado 21 de septiembre sus 17 años de libertad luego de pisar unos años en la cárcel. Foto: Gustavo Becerra, Cuartoscuro.
La UIF presentó la acusación ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde el 8 de septiembre para iniciar la investigación contra Treviño Ruiz y Gómez Martínez.
En la denuncia la UIF consideró que las empresas que la pareja posee -entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005- y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, estarían siendo utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
Cabe recalcar que la pareja sentimental de Trevi, Armando Gómez Martínez, fue detenido en EU en noviembre de 1999 ya que se detectó que intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente, 410 mil dólares en efectivo.
En 2005, el abogado se declaró culpable, por lo que fue sentenciado a cuatro meses de prisión, mismos que cumplió en la cárcel La Villa, en Hidalgo, Texas.
Por su parte, Trevi y su entonces pareja Sergio Andrade, fueron acusados de una red de corrupción, abuso y violación de menores de edad, por lo que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua giró una orden de aprehensión contra ambos. Luego de estar prófugos, Trevi y Andrade fueron detenidos y enviados a una cárcel en Brasil en donde permanecieron tres años.
No obstante, Gloría Trevi se acogió a la extradición y fue regresada a México.
El Presidente López Obrador dijo que no establece relaciones de complicidad con nadie y resaltó que la liberación de Guillermo Padrés “no era un asunto de su competencia”.
Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que él no intervino para que Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, saliera de la cárcel para continuar su proceso en libertad por presunto lavado de dinero.
“Porque no me correspondía y somos respetuosos de la decisión del Poder Judicial. Es parte de los cambios. Desde que soy Presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie”, expresó el mandatario en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
Al ser cuestionado sobre si hubo un acuerdo para que Guillermo Padrés saliera libre, el Presidente López Obrador dijo que no establece relaciones de complicidad con nadie. “Son otros tiempos. Sencillamente no era un asunto de mi competencia”.
“Hay división y equilibrio de poderes. Antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, en especial el Presidente. Entonces, se quedó la costumbre de que el Presidente era omnímodo, todopoderoso y que los otros poderes, el Legislativo y el Judicial eran el apéndice. Pero nosotros no tenemos que ver nada con eso”, agregó.
En febrero de 2018, una Jueza federal del Estado de México determinó dictar formal prisión al exgobernador por el presunto lavado de más de 11 millones de pesos. Antes, en diciembre de 2017, una autoridad judicial había cancelado esa acusación, aunque confirmó la formal prisión por defraudación fiscal.
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No obstante, antes de Navidad del 2018, Padrés Elías dijo que “vivía un infierno en prisión” y le pidió ayuda a Andrés Manuel López Obrador para que pudiera recuperar su libertad.
“Señor Presidente, estoy seguro de que usted no permitirá las viejas prácticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Elevo la voz porque estoy seguro de que usted no permitirá que los que quedan del viejo sistema me sigan amenazando. No permitirá que me sigan matando día a día. Elevo la voz para pedirle que me ayude. Señor Presidente, le pido que me ayude y que me den mi libertad”, dijo en una grabación que su familia entregó al periodista Ciro Gómez Leyva.
Guillermo Padrés Elías aseguró que se le acusó de delitos que no cometió y que negaron su derecho a un debido proceso. “Yo decidí enfrentar las acusaciones, sin evadir la justicia, confiado plenamente en el sistema judicial”, aseguró.
En febrero de 2019, el exmandatario abandonó la prisión después de que un Juez federal decretara su libertad. Su abogado declaró en ese entonces que el exmandatario había sido preso por motivos políticos. “Lo encarcelaron para compensar. La Procuraduría General de la República (PGR) fabricó una averiguación”.
Padrés había estado tras las rejas desde el 10 de noviembre del 2016 acusado de lavado de dinero.
Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas favoritos en el sexenio de Enrique Peña y que se vio envuelto en un escándalo por la venta de una casa a la exprimera Dama Angélica Rivera, tiene un largo historial en las sociedades offshore.
Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– Juan Armando Hinojosa Cantú saltó a la palestra nacional en noviembre de 2014 cuando una investigación periodística reveló que había vendido una casa de 7 millones de dólares a Angélica Rivera Hurtado, la entonces esposa del expresidente Enrique Peña Nieto, sin embargo, años después su nombre se vería envuelto en más escándalos relacionados con el mundo de las sociedades offshore: Panama Papers (2016) y Pandora Papers (2021).
En noviembre de 2014, una investigación periodística del portal Aristegui Noticias dio con una casa de 86 millones de pesos vendida con un crédito laxo a la entonces Primera Dama. La propiedad la había adquirido a través de Grupo Higa, una de las empresas contratistas del Gobierno peñista y cuya filial participaba en la construcción del tren México-Querétaro, un proyecto del sexenio pasado rescatado por el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador para reactivar la economía mexicana duramente afectada por la pandemia.
Juan Armando Hinojosa, de Grupo Higa, en una de las pocas fotografías en las que aparece. Foto: Especial
La “casa blanca”, como se le conoció a esa propiedad adquirida por la exprimera Dama, terminó siendo un escándalo que también provocó la venta del inmueble (ubicado en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México) y con una investigación ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) que finalmente absolvió al expresidente Peña Nieto de un conflicto de interés en el año 2015. Es decir, todos los implicados quedaron absueltos, incluido el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.
Después de este escándalo, el que se llegó a considerar como el contratista favorito del sexenio peñista recurrió a una compleja red offshore para guardar dinero, según reveló en 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a través de una investigación denominada Panama Papers, donde participaron medios mexicanos como Aristegui Noticias.
De acuerdo con esa investigación, el empresario originario de Reynosa, Tamaulipas, ocultó 100 millones de dólares en paraísos fiscales a nombre de sociedades de papel hacia tres fideicomisos en Nueva Zelanda a nombre de su madre y de su suegra.
“A lo largo del verano y otoño de 2015, no mucho después de la controversia sobre la ‘casa blanca’, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias. Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte. Hinojosa tenía una red compleja, con nueve entidades constituidas en tres jurisdicciones diferentes: Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos”, se lee en lo referente al empresario mexicano.
Información del empresario publicada en los Panama Papers. Foto: Especial.
Los Panama Papers incluyen 11.5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214 mil empresas offshore (término usado para referirse a los paraísos fiscales), en más de 200 países y territorios.
Luego de esta revelación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que abriría una revisión a las empresas y personas mexicanas mencionadas.
“La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley”, mencionó el SAT en un comunicado publicado en abril de 2016.
Sin embargo, a cinco años de los Panama Papers, Hinojosa Cantú no ha sido sancionado y por lo único que se le investiga es por las irregularidades detectadas desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la construcción del Hangar Presidencial, obra fue realizada por la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad del empresario.
El empresario y dueño de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, fue uno de los invitados especiales en el Sexto Informe de Gobierno del Presidente Peña. Foto: Twitter @Sebvnhp
TAMBIÉN EN PANDORA PAPERS
Este fin de semana el nombre de Hinojosa Cantú apareció de nueva cuenta en un escándalo relacionado con sociedades offshore. La investigación internacional de la ICIJ, conocida como “Pandora Papers”, vincula a más de 3 mil mexicanos que presuntamente movieron fortunas a paraísos fiscales.
Además del empresario Hinojosa Cantú, aparecen otros personajes vinculados con el actual Gobierno federal como Jorge Arganis, titular de la Secretaría de Julio Scherer, hasta hace poco consejero jurídico de López Obrador; Julia Abdala, pareja del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y Armando Guadiana, Senador del partido Morena.
En esta nueva investigación, Juan Armando Hinojosa Cantú aparece al frente de seis sociedades de papel, cuatro de ellas ya habían sido exhibidas en los Panamá Papers, creadas en las Islas Vírgenes Británicas y Nevis, llamadas Cabbits Marketing Limited, Noble Advisors Limited, Starbright Investments Inc, Afrika Ventures Limited, Paradice Services Limited y Notable Worldwide Limited. En 2015, el empresario las utilizó para mover más de 100 millones de dólares hacia fideicomisos de Nueva Zelanda, según se lee en el documento publicado por Quinto Elemento Lab, uno de los 150 medios que participaron.
La información sobre Hinojosa Cantú en los Pandora Papers. Foto: Quinto Elemento Lab.
Luego de esta investigación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se abriera una investigación para revisar si existen delitos entre la lista de tres mil políticos y empresarios mexicanos que movieron recursos a paraísos fiscales, entre ellos personajes cercanos a él, según Pandora Papers.
Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario mencionó que recientemente se expuso una lista sobre los personajes políticos que han sacado dinero del país para resguardarlo en el extranjero y recordó el caso de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos.
“Se dio a conocer una lista de los que sacan dinero para guardarlo en el extranjero. Una lista grande y hay de todo. Desgraciadamente no es novedad. Los que tienen ahora 20 años no habían nacido cuando ya se había dado a conocer que el hermano del Presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado del país 100 millones de dólares, utilizando un banco famosísimo, el segundo banco más importante de Estados Unidos de ese entonces, el Citybank”, dijo durante su conferencia desde Puebla.
Los dos funcionarios coincidieron en que “una cooperación constante y exhaustiva entre ambas instituciones es fundamental, por lo que aseguraron la continuidad de un diálogo bilateral de forma regular, con el propósito de garantizar la protección de los ciudadanos de ambos lados de nuestra frontera en común”.
Ciudad de México, 30 sep (EFE).– Los fiscales generales de México y de Estados Unidos, Alejandro Gertz Manero y Merrick Garland, respectivamente, sostuvieron una reunión en Washington en la que se comprometieron a colaborar con extradiciones e investigaciones sobre narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero.
El Ministerio Público mexicano informó este jueves en un comunicado que el encuentro tuvo lugar el miércoles por la tarde en la capital de Estados Unidos, donde “coincidieron en la importancia de la relación en temas de extradición y su compromiso para continuar activamente con las solicitudes pendientes“.
“Ambos líderes reafirmaron su compromiso para trabajar estrechamente en las investigaciones de casos y procedimientos criminales a lo largo de la frontera, incluyendo aquellos relacionados con narcótico y tráfico de armas, tráfico y trata de personas, finanzas ilícitas y lavado de dinero”, añadió.
#FGRINFORMA: El Fiscal General de México, Alejandro Gertz Manero, y el Fiscal General de los #EUA Merrick B. Garland, en reunión ayer en Washington D. C. reafirmaron su compromiso para la cooperación constante y exhaustiva entre ambas instituciones.
Los dos fiscales refrendaron que “una cooperación constante y exhaustiva entre ambas instituciones es fundamental”, por lo que mantendrán un “diálogo bilateral de forma regular”.
Gertz Manero tuvo una estrecha relación con el anterior Fiscal estadounidense, William Barr, quien facilitó el retorno a México del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico por Estados Unidos y que fue exonerado en territorio mexicano.
México está pendiente de la extradición del exgobernador de Chihuahua César Duarte, acusado de corrupción y arrestado el año pasado en Miami (Estados Unidos).
Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, son buscados por las autoridades luego de ser acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales ascienden casi a los tres mil millones de pesos (aproximadamente 150 millones de dólares).
Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– Un Juez federal ordenó la aprehensión de otras 10 personas vinculadas al mismo caso de desvío y lavado de dinero por el que actualmente se encuentran prófugos de la justicia la presentadora Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.
Iván Aarón Zeferín Hernández, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, fue quien giró las nuevas órdenes de aprehensión por ambos delitos, ya que son señalados como presuntos responsables del desvío de dos mil 950 millones de pesos a empresas factureras que estarían ligadas a Álvarez Puga.
Entre las personas que serán buscadas por las autoridades, se encuentran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; así como Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales del organismo.
También se espera detener a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico; y a Jorge Arnaldo Nava López, exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.
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Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras, Yareli Eunice Delgado García y Héctor Oswaldo Zorrilla Haban son las otras cinco personas contra las que ya hay órdenes de aprehensión, pues son señaladas por su presunta participación en las empresas utilizadas para desviar los recursos provenientes de contratos otorgados por OADPRS.
EL CASO GÓMEZ MONT
La vida de Inés Gómez Mont y su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, cambió desde el 15 de septiembre, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara los trámites para que la Interpol emitiera una ficha internacional de búsqueda de la pareja en más de 150 países al ser investigados como presuntos responsables de lavado de dinero, peculado y evasión fiscal.
Fue el pasado viernes 10 de septiembre, cuando se dio a conocer que tanto Gómez Mont como Álvarez Puga fueron acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a casi tres mil millones de pesos, por lo que autoridades mexicanas emitieron una orden de aprehensión en contra de la pareja.
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Unas horas después, la pareja anunció que ya se preparaba para enfrentar un proceso penal:
“No hemos tenido acceso a esa orden ni a las pruebas que la justifiquen. Únicamente a reportes de prensa con información parcial y dolosamente filtrada”, escribió la también modelo en un mensaje en su cuenta de Instagram, donde también aseguró que ese mismo día se enteró de la orden de aprehensión a través de medios de comunicación.
Gómez Mont adelantó que, junto con Álvarez Puga, se preparaba para “enfrentar este proceso y ejerceremos todos nuestros derechos. Los mantendré informados sobre esta triste y penosa situación”, expuso en su red social de preferencia.
El esposo de la presentadora y su hermano, Alejandro Álvarez Puga, estarían involucrados en el uso de empresas fantasma para facilitar a terceras personas la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y lavado de dinero.
La pareja habría huido Miami, Estados Unidos, donde compraron una casa que anteriormente perteneció a la cantante Cher.
De acuerdo con los registros públicos del estado de Florida a los que el medio digital Animal Político tuvo acceso, Álvarez Puga y Gómez Mont adquirieron dicha mansión de 11 mil 460 pies cuadrados (equivalentes a mil 064 metros cuadrados), ubicada en la exclusiva comunidad de La Gorce Island, a través de prestanombres. Posteriormente, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2020, ambos fueron sus propietarios.
Cerrar los caminos para la operación del crimen organizado requiere de inteligencia policial y financiera, así como de la intervención corresponsable de autoridades, empresarios y ciudadanos.
La complejidad de delitos como el lavado de dinero exige compromiso y entendimiento, desde la conceptualización hasta las formas básicas en las que se desarrolla.
Contrario a lo que se podría pensar, que esta conducta delictiva solo puede ser enfrentada por instituciones financieras y policiales, desde la ciudadanía se pueden conformar esquemas de prevención y denuncia que permitan identificar los espacios de acción de los delincuentes.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que en México representa Kristian Hölge, encabeza un esfuerzo conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México para visibilizar y reportar el lavado de dinero desde todos los sectores.
Las instituciones lanzaron una campaña de conocimiento y prevención bajo el lema #ElDineroFácilSePagaCaro, y la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533 del Consejo Ciudadano quedó abierta para recibir reportes que contribuyan a limitar las operaciones del crimen organizado.
Las operaciones con recursos de procedencia ilícita o lo que comúnmente llamamos lavado de dinero son un delito autónomo de aquellos que originan los bienes ilegales, como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas o extorsión, entre otros.
Los delincuentes dedicados a introducir al mercado financiero el dinero ilícito emplean mecanismos complejos en los que involucran a personas que desconocen que forman parte de esa red. Por ello, en la presentación de la campaña, Isaac Morales, coordinador de Seguridad Multidimensional de la Cancillería, mencionó que la prevención es la clave.
Y esto demanda fortalecer la visión ciudadana, comprender, como lo dijo Sandro García Rojas, vicepresidente de la CNBV, que el problema es de todos, desde aquel que recibe un pago en efectivo considerable, sin conocer el origen del dinero, hasta el que presta su nombre para abrir una cuenta bancaria.
Reducir los flujos financieros ilícitos es central. Entre diciembre de 2018 y agosto de este año, comentó Mireya Valverde, directora de Asuntos Normativos de la UIF, en representación del titular Santiago Nieto, dos mil 505 personas fueron involucradas en 386 denuncias, además que se bloquearon 41 mil 646 cuentas y congelaron más de seis mil 516 millones de pesos.
Sin recursos, los delincuentes pierden la capacidad de movilidad, expansión e inversión para la planeación y ejecución de nuevos delitos.
Esta estrategia demanda inteligencia y trabajo conjunto, desde los reportes de las y los ciudadanos ante conductas sospechosas hasta la colaboración entre naciones, con un necesario replanteamiento de programas.
El director de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, Alberto Rodríguez, adelantó una reformulación de la Iniciativa Mérida enfocada, en una parte, al lavado de dinero.
México es un país intermedio en la clasificación internacional que sobre la materia que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que identifica al mexicano como un sistema financiero sólido.
La labor de las instituciones requiere de la contribución de una ciudadanía participativa, para golpear el bolsillo del crimen organizado entre todas y todos.
La FGR aseguró al diario Reforma que la pena máxima que puede imponerse es uno de los principales motivos por los que pidió órdenes de aprehensión y no un citatorio para una audiencia de imputación.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que nueve exfuncionarios comandaban una organización criminal adentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT), por lo que podrían alcanzar una condena de hasta 82 años y medio de prisión por los delitos a los que se les acusa, según reveló el periódico Reforma.
De acuerdo con el reportero Abel Barajas del medio de circulación nacional, los señalados como presuntos líderes de esta “organización criminal” son el exdirector general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza; la excoordinadora del FCCyT, Julia Tagüeña Parga; el director adjunto de Administración y Finanzas, David García Junco Machado, y el exoficial Mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
“De los hechos citados, se desprende la existencia de una organización encabezada por al menos cuatro directivos del Conacyt (Cabrero Mendoza, Tagüeña Parga, García Junco Machado y Carreón Rodríguez), así como por miembros del Foro, en su mayoría nombrados por el propio Director General del Conacyt, que curiosamente desempeñaban las funciones de los cargos conferidos dentro de la estructura del FCCyT, organización en la que también participaron al menos 23 directivos del Conacyt”, dictó la Fiscal Genny Franco Martínez, en la solicitud de 31 órdenes de aprehensión del pasado 24 de agosto a la que Reforma tuvo acceso.
Por lo anterior, la pena para estos cuatro exfuncionarios sería de hasta un máximo de 60 años de prisión por delincuencia organizada y de 22 años y medio de cárcel por el delito de lavado de dinero, esto porque si bien los castigos para el primer ilícito es de 20 a 40 años contra los que tienen la calidad de líderes delictivos, y el segundo tiene una sanción de cinco a 15 años de cárcel, en el caso de los servidores públicos, la pena aumenta en una mitad.
En cuanto a las solicitadas y hasta ahora rechazadas órdenes de aprehensión en contra de los científicos y académicos acusados, la Fiscalía argumentó que la pena máxima que puede imponerse es uno de los principales motivos por los que pidió sus detenciones y no un citatorio para una audiencia de imputación.
“Otro aspecto a considerar es el máximo de la pena que eventualmente se pudiera imponer. La pena que, eventualmente, podría imponerse a los imputados, constituye un factor que hace suponer que se podrían sustraer de la acción de la justicia”, señala.
Los presuntos líderes de esta organización podrían alcanzar una pena de 82 años y medio de prisión por los delitos a los que se les acusa. Foto: Especial.
El Reforma también dio a conocer que para armar el caso, la FGR acudió el 22 de enero y el 27 de abril de 2021 a un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur para obtener la información bancaria del Foro, la cual le autorizaron.
“En la segunda audiencia, le autorizaron el acceso a los cheques emitidos desde instrumentos financieros contratados por el FCCyT en BBVA Bancomer”, agregó Abel Barajas en su reportaje.
Además, el medio añade que anteriormente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le había entregado a la Fiscalía de las declaraciones fiscales del FCCyT, de 2013 a 2019. Dichas entregas de información fueron el 2 y 15 de diciembre de 2020.
Ante las acusaciones, Tagüeña Parga y Gabriela Dutrénit Bielous declararon a La Jornada este domingo que están dispuestas a que se les investigue, pero refirieron que dichas indagaciones debían ser con transparencia y dentro del marco jurídico vigente, ya que, aseguraron, “no han incurrido en ningún ilícito y menos en delincuencia organizada”.
En entrevista con La Jornada, las investigadoras comentaron que sus derechos han sido violentados, ya que ni siquiera conocen de qué se les acusa exactamente. “Nos llena de temor y preocupación, sobre todo porque ni siquiera han querido entregarnos la carpeta de investigación para que podamos conocer con exactitud de qué se nos acusa y defendernos” dijeron.
Por su parte, Dutrénit Bielouslo señaló al medio mexicano que es “desmesurado y hasta fantasioso” la acusación por parte de la FGR, porque dijo que “en el foro los únicos recursos que se manejaban eran públicos”.
El pasado 22 de septiembre, un Juez federal del Penal Federal de Almoloya, Estado de México, negó definitivamente a la Fiscalía General de la República emitir órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y académicos acusados de delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
No obstante, la Fiscalía anunció que volverá a solicitar la orden de aprehensión, “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.
“Casi era un chantaje” dice el presidente @lopezobrador_ sobre los recursos que se usaban para que la comunidad científica asistiera a congresos.
El viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a una parte de la comunidad científica del país, pues aseguró que les pagaban “hasta para sus lujos” y que, por sus buenas relaciones con los gobiernos anteriores, “era una especie de chantaje” recibir esos fondos.
“Eran puros estudios, congresos, ahora que hay esta polémica con los del Conacyt, tenían una asociación civil, un grupo de investigadores, y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos y como tenían mucha influencia, buenas agarraderas, buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, era una especie de chantaje y se le tenía que entregar estos fondos”, aseguró el mandatario en su conferencia matutina.
Además, presumió que en su sexenio las cosas son diferentes y además pidió que se investiguen los posibles casos de corrupción, asegurando que el combate a este tipo de delitos debe ser parejo. “Nadie al margen de la ley”, señaló.
UNIVERSIDADES REACCIONAN
La investigación de la FGR contra científicos y académicos causó el rechazo de diversas universidades del país y comunidades académicas.
El Tecnológico de Monterrey expresó su indignación y preocupación frente a las “desmedidas acusaciones” y acciones legales en contra de los y las investigadoras. “La investigación en cualquier disciplina debe contar con un entorno favorable que promueva su florecimiento en beneficio del país, y en el que las autoridades respeten el Estado de Derecho y la presunción de inocencia”, determinó el ITESM.
Además, durante la ceremonia conmemorativa por los 100 años del lema y escudo universitarios celebrada el miércoles, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, calificó la acusación de la FGR como “un despropósito” e “inconcebible”.
Palabras del rector Graue, durante la ceremonia conmemorativa por los 100 años del lema y escudo universitarios, que se celebró el día miércoles. Foto: Twitter, @UNAM_MX
Asimismo, la comunidad docente de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) hizo un llamado a la Fiscalía a cancelar las 31 órdenes de aprehensión en contra de los investigadores.
“Convocamos a los gremios, grupos, centros, redes e investigadores del país y de fuera de él, así como a las y los colegas de otras naciones, a rechazar el uso de las datos falsos, del miedo y la distorsión de la justicia para incidir en la vida de un país y coaccionar a sus científicos y científicas, tal como está ocurriendo”, dijo en un comunicado.
Finalmente, la comunidad de la Universidad Iberoamericana hizo pública su preocupación por las recientes acusaciones contra los científicos y académicos; expresó su solidaridad y exigió “que se haga valer el Estado de derecho”, y “que prevalezca la justicia en el espíritu que debe sostener la vida democrática del país”.
Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no ha dado ninguna orden al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
“Yo no le he dado una sola orden al Fiscal Gertz Manero, ni una sola orden. Además, él, como es un hombre con integridad y con carácter, no me permitiría que yo le diera una orden para cometer una injusticia”, afirmó López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Para las celebridades, las redes sociales son una herramienta importante de ingresos ya que de acuerdo con su número de seguidores y nivel de alcance, las distintas compañías las pueden elegir para promocionar sus productos o servicios.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- La conductora de televisión e influencer Inés Góméz Mont, junto con su marido Víctor Manuel Álvarez Puga, están prófugos de la justicia mexicana desde el 10 de septiembre, día en que se emitió un orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos.
Gómez Mont era reconocida por publicar en su cuenta de Instagram fotografías en las luce prendas de exclusivas casas de moda como Gucci, Chanel, Valentino, así como bolsos de Louis Vuitton.
Actualmente, en su cuenta de Instagram, Gómez Mont tiene 2.3 millones de seguidores, lo que de acuerdo con datos de la plataforma HypeAuditor, que analiza el marketing de influencers, la ubica al menos entre los primeros 900 lugares de de cuentas en esta red social con el mayor número de seguidores, por lo que sus publicaciones también podrían representar una importante fuente de ingresos para la conductora.
La presentadora de televisión se distinguió en los últimos años por lucir prendas y bolsos exclusivos. Foto: Instagram, @inesgomezmont
Una encuesta publicada por HypeAuditor en junio de este año reveló cuánto ganarían los influencers en Instagram de acuerdo con su número de seguidores.
Los influencers con más de 1 millón de seguidores ganaron un promedio de más de 15 mil dólares al mes,es decir, un estimado al tipo de cambio de este domingo de 300 mil pesos mexicanos. En este estimado está contemplado que los llamados influencers obtienen la mayor parte de estos ingresos a través de acuerdos con las distintas marcas que publicitan.
En el caso de Inés Gómez Mont, nunca habló de acuerdos con marcas, pero sí mencionó en entrevistas en las que se le cuestionó sobre su exclusivo guardarropa, que las marcas le enviaban prendas porque les gustaba que las luciera.
A pesar de que HypeAuditor reporta que Gómez Mont tiene un total de 2.4 millones de seguidores en Instagram, en la red social reporta 2.3 millones, al día de hoy, lo que muestra que la conductora de programas de entretenimiento como “Ventaneando”, podría haber perdido miles de seguidores a raíz del escándalo por la orden de aprehensión.
Las cifras de la cuenta de la IG de la conductora de acuerdo con los datos de la firma HypeAuditor. Foto: Captura de pantalla
POR QUÉ BUSCAN A GÓMEZ MONT
La Fiscalía General de la República (FGR) inició los trámites para que la Interpol emitiera una ficha internacional de búsqueda para Gómez Mont y su marido en más de 150 países al ser investigados como presuntos responsables de lavado de dinero, peculado y evasión fiscal.
El pasado viernes 10 de septiembre, se dio a conocer que tanto Gómez Mont como Álvarez Puga fueron acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3,000 millones de pesos (aproximadamente 150 millones de dólares), por lo que autoridades mexicanas emitieron una orden de aprehensión en contra de la pareja.
La conductora publicó en su red social un comunicado en el que acusó que esta información se había filtrado de manera dolosa y aseguró que la pareja estaba preparando su defensa. Desde entonces se desconoce su ubicación.
Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga son investigados por la FGR. Foto: Instagram (@inesgomezmont).
Publicaciones periodísticas sugirieron que la pareja podría encontrarse en Miami en la que casa que compraron años atrás y que fue propiedad de la cantante Cher.
Lo último que publicó la conductora en su cuenta de Instagram fue un comunicado en el que asegura que junto con su esposo preparan la defensa de su caso y una última en referente a su fundación para ayudar a madres solteras.
Gloria Trevi dijo que se sintió sorprendida al enterarse de la noticia e inclusive se tomó tiempo para bromear y decir que “ya había pasado tiempo sin que le inventaran un escándalo”.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- La cantante Gloria Trevi dijo sentirse tranquila por la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra ella y su esposo Armando Gómez Martínez, por fraude y lavado de dinero.
A través de un live en su cuenta de Instagram, la cantante pidió a sus seguidores no preocuparse por las noticias que circulan en los medios de comunicación y redes sociales y agradeció por los mensajes y muestras de apoyo.
“Cualquier cosa que las autoridades requieran y necesiten de mí para que les ayude y aporte en cualquier investigación que quieran hacer, cuentan conmigo, mis abogados y contadores. Quiero que estén todos bien tranquilos, que yo estoy bien, que todo va a salir bien y no tienen nada de qué preocuparse”.
Gloria Trevi dijo que se sintió sorprendida al enterarse de la noticia e inclusive se tomó tiempo para bromear y decir que “ya había pasado tiempo sin que le inventaran un escándalo”.
“Salen noticias que te sacan de onda y te apachurran el corazoncito”.
Esta mañana, la cantante mexicana Gloria Trevi festejó con un emotivo video, 17 años de libertad, después de haber sido acusada de colaborar con Sergio Andrade, su productor, para reclutar a jóvenes y explotarlas de manera sexual.
A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Todos me miran” compartió un clip en el que se pueden observar varios pasajes de su vida que van desde que fue puesta en libertad hasta el clímax de su éxito dentro de la industria musical.
“17 años son pocos para tantos logros, amor y lo q viene GRACIAS x su apoyo (sic)”, escribió en la publicación.
El pasado 20 de septiembre, el diario La Jornada, dio a conocer que la la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Trevi y su marido por defraudación fiscal y por lavado de dinero.
La investigación asegura que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
De acuerdo con el rotativo, entre mayo y junio pasados la empresa Great Tallent LLC cambió de director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, cargo que recayó en su esposo.
Saltó a la fama en “Ventaneando” y condujo su propio programa en TV Azteca. Le pidió matrimonio a Tom Brady en un Super Bowl y ocupó portadas de revistas de moda y espectáculos. Ahora las autoridades la investigan por lavado de dinero y delincuencia organizada en una trama millonaria.
Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Inés Gómez Mont era conocida hasta esta semana como una conductora de televisión, modelo e influencer en Instagram. Sus aventuras como reportera de espectáculos, sus polémicas televisivas y sus siete hijos y dos matrimonios eran los habituales titulares para la mujer de 38 años.
Sin embargo, Gómez Mont se encuentra ahora en el centro de la polémica, debido a que este viernes se dio a conocer que, por pedido de la Fiscalía General de la República (FGR), un Juez giró una orden de aprehensión en contra de la conductora y su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, por los supuestos delitos de peculado, delincuencia organizada y delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Unas horas después, la pareja adelantó que ya se preparan para enfrentar un proceso penal:
“No hemos tenido acceso a esa orden ni a las pruebas que la justifiquen. Únicamente a reportes de prensa con información parcial y dolosamente filtrada”, escribió en un mensaje en su cuenta de Instagram, donde también aseguró que hoy se enteró de la orden de aprehensión a través de medios de comunicación.
Gómez Mont adelantó que, junto con Álvarez Puga, se preparan para “enfrentar este proceso y ejerceremos todos nuestros derechos. Los mantendré informados sobre esta triste y penosa situación”, expuso en su red social de preferencia.
Gómez Mont saltó a la fama en 2005, cuando se sumó como anfitriona del popular programa de entretenimiento “Ventaneando”, de la televisora TV Azteca, donde se mantuvo durante casi una década. Antes, había tenido algunos roles en telenovelas locales.
Gracias a su ascenso en popularidad entre los televidentes, Gómez Mont se hizo de su propio programa en la misma cadena, llamado “Los 25 más”, donde era la única anfitriona, además de su trabajo en el programa de Paty Chapoy.
Como reportera de espectáculos, Gómez Mont obtuvo notoriedad por sus peripecias. La más destacada ocurrió durante el Super Bowl XLII, en 2008, cuando asistió al día de medios vestida de novia y le propuso casamiento a Tom Brady, ya entonces una de las figuras excluyentes de la NFL. El número de la conductora atrajo a la prensa internacional en los días previos a la final.
Otro de los momentos álgidos de su carrera fue la polémica que la cruzó con Galilea Montijo, una conductora aún más popular, aunque de la cadena rival, Televisa. Gómez Mont llamó a su colega “teibolera” [striper] luego de que Montijo llamara “Pedrita” a Pedro Sola, compañero de Gómez Mont en “Ventaneando”.
El enfrentamiento verbal duró algunos años, pero en los últimos años, ambas han limado asperezas e incluso han aparecido juntas en programas de revista. Suelen desearse suerte en redes sociales.
En el plano personal, Gómez Mont se casó en 2008 con Javier Díaz, matrimonio que duró cinco años, hasta 2013. Ambos tuvieron cuatro hijos: Inés, Diego, Javier y Bruno.
En 2015, Gómez Mont se casó con Álvarez Puga, con quien sigue ligado. Con él, Gómez Mont tuvo a Bosco y María. Además de sus seis hijos, Gómez Mont también ha criado a Mayito, hijo de Álvarez Puga y su matrimonio anterior.
Inés Gómez Mont es sobrina del abogado Fernando Gómez Mont, quien entre 2008 y 2010 fue el Secretario de Gobernación del Presidente Felipe Calderón.
Apenas en enero de este año, la conductora y modelo había revelado que había tenido dos tumores cerebrales. “Mi esposo se movió como loco y dimos con la clínica Mayo, en Jacksonville, como uno de los lugares con mejores aparatos y tecnología en cuanto al tema del cerebro”, contó al programa “Venga la Alegría”.
Sin embargo, a lo largo de este año ha sido una asidua de Instagram, donde suele publicar fotos o videos de ella junto a Álvarez Puga, sus hijos y frases motivacionales o consejos de belleza y moda.
De acuerdo con el medio digital Animal Político, al matrimonio Gómez Mont-Álvarez Puga se le investiga por su supuesta participación en una trama de empresas fantasma con las que habrían desviado casi tres mil millones de pesos.
De acuerdo con una investigación de los periodistas Manu Ureste y Arturo Angel, la pareja y el hermano de Víctor Manuel, Alejandro Álvarez Puga, habrían malversado fondos por dos mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación (Segob) en tiempos donde el titular era el hoy Senador priista Miguel Ángel Osorio Chong y durante el sexenio del priista mexiquense Enrique Peña Nieto.
Los periodistas de Animal Político plantean que el dinero salió desde la Segob y luego se trianguló y se lavó a través de centenares de operaciones hasta llegar a compañías factureras ligadas directamente a los hermanos Álvarez Puga.
“De acuerdo con las investigaciones se dispersaron 2 mil 950 millones de pesos en 1 mil 446 operaciones bancarias hacia esta red de compañías fachada en donde figuran múltiples prestanombres, pero cuyos apoderados legales son realmente Inés Gómez-Mont y los hermanos Álvarez Puga”, plantean los periodistas, quienes citan a un Fiscal con conocimiento del caso.
El excandidato presidencial volvió a cuestionar a la FGR y al Presidente, en esta ocasión por la supuesta manipulación de la carpeta de investigación en su contra, donde se le acusa de estar involucrado en corrupción relacionada con el caso Odebrecht.
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– Ricardo Anaya Cortés, uno de los líderes de la oposición, se lanzó de nuevo contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador este sábado, usando un reporte de prensa que asegura que la Fiscalía General de la República (FGR) supuestamente manipuló la carpeta de investigación en contra del panista, a quien acusa de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
“¿Ya vieron la portada del Reforma? Ya entendí por qué la fiscalía de López Obrador sigue sin querer darme acceso a la carpeta, a pesar de que el juez lo ordenó. Llevo SEIS días pidiéndolo. AMLO: ¡deja de manipular la carpeta! ¿No decías que yo era el chueco y marrullero?”, señaló el excandidato presidencial en 2018 a través de su cuenta en Twitter.
¿Ya vieron la portada del Reforma?
Ya entendí por qué la fiscalía de López Obrador sigue sin querer darme acceso a la carpeta, a pesar de que el juez lo ordenó. Llevo SEIS días pidiéndolo.
AMLO: ¡deja de manipular la carpeta! ¿No decías que yo era el chueco y marrullero? pic.twitter.com/uTaMSpmx7T
El diario Reforma asegura en su texto que la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha modificado la carpeta contra Anaya para corregir “errores de hecho”, como las fechas en las que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, lo acuso de recibir millonarias cantidades de dinero para aprobar las reformas energéticas de aquella administración en el tiempo de Anaya como legislador.
En las últimas dos semanas, Anaya ha acusado a López Obrador de perseguirlo políticamente, al activar las declaraciones de Lozoya en su contra para llevarlo a la cárcel y presuntamente impedir que el integrante del Partido Acción Nacional (PAN) participe como candidato en 2024.
López Obrador, por su parte, ha utilizado una parte de sus conferencias matutinas diarias para responderle directamente, aconsejándole que se presente ante la justicia, pues en su Gobierno ya no se persigue a opositores “como en los tiempos de antes”.
El presidente @lopezobrador_ expuso a Ricardo Anaya como pupilo de Diego Fernández de Cevallos y detalló cómo intentan impulsarlo como el gran opositor y próximo candidato a la presidencia. pic.twitter.com/Klyt9By9O7
Incluso el Presidente mexicano le ha dicho a Anaya que pasar por la cárcel de manera injusta podría fortalecerlo como ocurrió con el caso del expresidente sudafricano Nelson Mandela. Anaya le ha respondido a través de tuiter y de videos en sus redes sociales, donde insiste en ser un perseguido político.
En la primera audiencia sobre el caso, Anaya se presentó por teleconferencia vía Zoom, desde fuera de México, de donde salió en julio rumbo a Texas en un vuelo privado. De acuerdo con la FGR, no ha vuelto al país.
La cita con las autoridades, sin embargo, fue postergada por el Juez para octubre, debido a que no han entregado el expediente a la defensa del panista. La Fiscalía buscará imputarlo por la supuesta recepción de un soborno de seis millones 800 mil pesos, según las declaraciones de Lozoya.
#EnVivo Segunda parte en la mesa de trabajo con el Dr. Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República. https://t.co/bLWGiuA9LZ
Este viernes, Gertz Manero contrarrestó las críticas de Anaya y dijo que no investigado por un voto o por recibir dinero, sino por corrupción relacionada con el caso Odebrecht.
“Hemos podido ir probando, con toda precisión, ante los jueces que no es el caso de una persona que recibió un dinero y que votó en un sentido. No. Es el caso de una corrupción a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir dinero, ese es quizá uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante”, dijo el funcionario al ser cuestionado por senadores de Morena durante una reunión plenaria.
Hace dos días que SinEmbargo publicó que a un año de la denuncia de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, contra 16 prominentes políticos de PRI, PAN y Morena —entre ellos los expresidentes Salinas, Calderón y Peña Nieto—, la investigación de la Fiscalía era un fiasco. Un solo implicado está en prisión: el exsenador Lavalle, y el excandidato presidencial Ricardo Anaya huyó del país antes de ser aprehendido.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– El expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, quien fuera el hombre más poderoso de su sexenio, serían acusados de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero por la Fiscalía General de la República (FGR), trascendió hoy, y son parte de la misma causa contra Ricardo Anaya Cortés.
No es la primera vez que se filtra información en ese sentido. Desde el año pasado se dijo que tanto Peña Nieto como Videgaray Caso eran personas de interés de la Fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero.
SinEmbargo publicó hace dos días que a un año de la denuncia de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra 16 prominentes políticos de PRI, PAN y Morena —entre ellos los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto—, la investigación de la Fiscalía era un fiasco. Un solo implicado está en prisión: el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, y el excandidato presidencial Ricardo Anaya huyó del país antes de ser aprehendido.
Lozoya Austin presentó una denuncia de hechos el 11 de agosto de 2020, tras ser extraditado de España. Y prácticamente a un año de haberse hecho públicos sus detalles, el sábado 21, Anaya Cortés informó que la Fiscalía pretende encarcelarlo por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en México pude haber políticos presos, “pero no presos políticos”.
López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE
Reforma dice hoy que ahora el expresidente Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda están en la mira de la Fiscalía. “La FGR tiene lista una imputación por los delitos de asociación delictuosa y cohecho, por los sobornos que entregó el exdirector de Pemex para aprobar la Reforma Energética”. Algo similar publica hoy SDP Noticias. Y el año pasado, algo muy parecido publicó Animal Político, citando sus propias fuentes.
“En abril pasado, la FGR consiguió que el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury fuese procesado por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, fallo que ratificó en junio el Magistrado José Alfonso Montalvo”, se lee en Reforma, medio que cita la imputación que se hizo contra Lavalle: “[Peña y Videgaray] forman parte de una asociación de hecho, cuyos efectos son visibles en la República Mexicana, entre abril de 2013 a agosto del 2014, con el propósito de realizar diversas conductas delictivas.
El 15 de febrero de 2020, Gertz Manero dio una entrevista a El País. “¿Está siendo investigado el expresidente Peña Nieto?”, le preguntaron.
–Nosotros tenemos un principio muy claro: la secrecía en las investigaciones que todavía no han generado molestias sobre las personas a las que se está investigando. Yo ahí cometería una falta procesal.
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
–¿No se va a frenar de investigar al expresidente? –se le insistió.
–Nosotros vamos a seguir haciendo nuestras investigaciones. No tenemos más límites que las estructuras legales y las responsabilidades penales.
–Perdone que le insista, pero es que esas razones naturales llevan a la misma persona.
–Volvemos a lo mismo –dijo el Fiscal mexicano–. Usted está haciendo su trabajo. Yo tengo que hacer el mío.
Pamela Grande, de SDP Noticias, dice esta mañana: “El Juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuente, ha encontrado elementos para señalar una presunta red delictiva entre Ricardo Anaya, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. El Juez supo sobre la acusación de la Fiscalía en la audiencia por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados realizada en abril. Ahí se desahogó que de septiembre de 2013 a agosto de 2014, altos funcionarios habrían sido parte de una red delictiva que canalizó 100 millones de pesos designados a sobornos para legisladores”.
Enrique Peña Nieto, entonces Presidente de México, y Luis Videgaray Caso, su Secretario de Relaciones Exteriores, durante el 50 aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco en 2017. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
El diario digital agrega: “Esto para aprobar la Reforma Energética que Peña Nieto promovió, mismos que habrían sido entregados a través de intermediarios en 15 movimientos diferentes”.
De acuerdo con Lozoya, la entrega de los sobornos se hizo a través de personas de su confianza, en el caso de Anaya, fue entregado por su jefe de escoltas, Norberto Gallardo durante la primera semana de agosto de 2014, recuerda SDP.
“Además, Lozoya dijo Anaya le confirmó el pago del dinero a Luis Videgaray, quien estaría enterado de las operaciones. Luego, Ricardo Anaya se dedicó a extorsionarlo, afirmó Lozoya. Norberto Gallardo a su vez, declaró que habría entregado los seis millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya en el estacionamiento de la Cámara de Diputados de parte del ‘jefe Videgaray’”.
En la entrevista con El País, se le preguntó a Gertz Manero que fuentes judiciales españolas han apuntado “que Lozoya colaboró en el blanqueo de capitales de la mafia rusa y que esta pudo haberle ayudado a moverse por Europa. ¿Qué indicios tiene de ello?”.
Imagen correspondiente al 12 de septiembre de 2013, en la cual Emilio Lozoya, quien en aquellos días estaba al frente de Pemex, y Alonso Ancira. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro
Gertz Manejo intentó no soltar datos. “Esa información sólo la pueden dar las autoridades de cada Estado. Nosotros no la tenemos, porque si la hubiéramos tenido, la tendríamos que haber documentado en el proceso y en la imputación que hicimos. Nosotros estamos planteando un asunto mexicano en el marco jurídico mexicano”.
–¿Esto es lo que parece? –le preguntaron.
–¿Qué es lo que quiere decir su pregunta? –respondió Gertz.
–Que en los últimos meses, se ha iniciado un proceso contra Rosario Robles [exsecretaria de Desarrollo con Peña Nieto]; después, Juan Collado [abogado del expresidente, hoy encarcelado en México]; ahora Emilio Lozoya. Todos tienen el mismo nexo, parece que se ha estrechado el cerco sobre el expresidente Peña Nieto.
Las declaraciones de Emilio Lozoya ante la FGR involucraron a funcionarios como Peña Nieto, Calderón y Salinas de Gortari. Foto: José Méndez, EFE
–Por razones naturales –respondió el Fiscal mexicano.
–¿Cuáles son esas razones naturales?
–Lo mismo que usted acaba de decir, hay un vínculo que los une.
LOS CASOS DE LOZOYA Y VIDEGARAY
El caso de Emilio Lozoya Austin ha provocado fuertes críticas a la Fiscalía. El exdirector de Pemex fue detenido el 12 de febrero de 2020 en España, en donde se escondía en un “paraíso” residencial para magnates. El exfuncionario peñista dejó España y fue extraditado el 17 de julio de 2020 sin que se le haya visto a la fecha. Nunca pisó la cárcel. En su lugar fue llevado al Hospital Ángeles Pedregal a causa de una supuesta anemia y síndrome de Barrett, una complicación en el esófago, expone un reportaje realizado anteriormente por el periodista Obed Rosas en SinEmbargo.
Posteriormente se daría a conocer que se apegaría a la figura de testigo colaborador, mientras los jueces de control ante los que compareció vía remota por los casos Odebrecht y la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, casos por los que fue extraditado, le otorgaron la libertad condicional a cambio de no dejar el país, de presentarse ante el Reclusorio Norte de la capital dos veces al mes y de portar un brazalete electrónico.
Desde su posición de colaborador, Lozoya denunció en agosto pasado ante la FGR al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray de organizar los sobornos que fueron utilizados para para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de Reformas Estructurales.
Sin embargo, no sólo se limitó a eso: la denuncia de Lozoya también abarcó los hechos de Odebrecht durante la Presidencia de Calderón Hinojosa (2006-2012), en específico, los privilegios del contrato de Etileno XXI y a Salinas de Gortari (1988-1994), quien habría presionado para lograr contratos para su hijo. Con los datos brindados por Lozoya, los principales implicados en estos hechos serían Peña Nieto, Videgaray, Calderón, José Antonio Meade y los titulares de Pemex de ese periodo: Jesús Reyes-Heroles González-Garza y Juan José Suárez Coppel.
Luis Videgaray, execretario de Relaciones Exteriores, y Enrique Peña Nieto, expresidente de México, durante la ceremonia en donde se presentó el “Estudio de la Política Turística de México”, realizada en la residencia oficial de Los Pinos en 2017. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
Además, dijo, en 2013 varios legisladores de la oposición –entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca– recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la Reforma Energética de Peña Nieto, que liberalizó el sector.
Meade y Videgaray se deslindaron de los señalamientos hechos por Lozoya. No obstante, en el caso de este último la FGR ha intentado llevarlo ante un Juez sin éxito aún. El pasado 3 noviembre, la Fiscalía confirmó que solicitó una orden de aprehensión en contra de Videgaray Caso. Aunque dos días después, la institución dio a conocer desistió de la demanda para presentar una nueva, en la cual serán incluidos nuevos elementos para perfeccionar la acusación y así volver a requerir una orden de captura contra el también excanciller que es señalado de cohecho, asociación delictuosa, traición a la Patria y delitos electorales.
Hasta ahora, no se han dado más avances sobre el caso de Videgaray, mientras que desde el Gobierno federal se le ha inhabilitado por 10 años a causa de inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales como funcionario público de los últimos tres años. Con Lozoya ha sucedido algo similar, aunque oficialmente la Fiscalía General de la República no ha dado cuenta de avances, la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, informó el pasado de 26 de mayo que alistaba otra denuncia por el presunto desvío de tres mil millones de pesos hacia la empresa brasileña Odebrecht y el desvío de mil 400 millones en favor de otra empresa.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
