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Sin duda, el Gobierno de Salinas de Gortari ha sido el de más corrupción, afirma AMLO

jueves, junio 16th, 2022

El Presidente López Obrador señaló que durante el sexenio de Salinas de Gortari “se llevó a cabo una transferencia de bienes del pueblo de México a un grupo de allegados” al exmandatario. Además, mencionó que antes de que el priista llegara a la Presidencia de México sólo había una familia adinerada, pero al término de su Gobierno esa cifra creció a “24 multimillonarios”.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) ha sido el de mayor corrupción en México.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que a pesar de que muchos de los gobiernos anteriores han afectado al país, en el sexenio de Salinas se entregaron los bienes de la Nación a la industria privada. “Entonces estamos hablando de un sexenio de corrupción nunca vista”, señaló.

“Si a mí me preguntan: en los últimos tiempos, ¿cuál ha sido el Gobierno con más corrupción? Sin duda respondo: el de Salinas de Gortari porque fue cuando se entregaron a particulares los bienes de la Nación, se llevó a cabo una transferencia de bienes del pueblo de México a un grupo de allegados a Salinas”, dijo durante su rueda de prensa diaria.

Además indicó que con Salinas se dio un control de los medios, hubo un incremento de familias adineradas y empezó también la domesticación del grupo de intelectuales. “Ahí los empezaron a cooptar, a acarrear”, añadió.

“Siempre lo he dicho y ahora lo voy a repetir, pero antes de que llegara Salinas, sólo había una familia que aparecía en la lista de Forbes, de los más ricos del mundo, la familia Garza Sada, creo que con dos mil 500 millones de dólares. Una, 1988, antes de que entrara Salinas”.

“Cuando Salinas termina, en 1994, ya hay 24 multimillonarios en la lista de Forbes. En un sexenio, de uno a 24, con más de mil millones de dólares porque para aparecer en esa lista se tiene que tener un capital de más de mil millones de dólares. En su conjunto, 44 mil millones de dólares en un grupo, la mayoría beneficiarios de los bienes entregados, bienes públicos: bancos, empresas, minas”, acusó.

López Obrador reprochó que Salinas de Gortari, después del supuesto fraude electoral que lo llevó a la Presidencia de México, comienza a preparar actos espectaculares para obtener legitimidad y ganar popularidad del pueblo, algo que, indicó, también hizo Felipe Calderón Hinojosa en 2006.

“Lo que no lograron en las urnas y ganar popularidad pronto, desde luego con el apoyo de los medios. Toda una campaña, toda una estrategia bien diseñada, bien montada y popularmente o en términos mediáticos, le funcionó porque da ese golpe y otros y a los seis meses, al año, la gente contenta, diciendo ‘ahora sí hay Presidente’, ‘a este sí no le tembló la mano’. Esa política de espectacularidad y ya sabemos lo que pasó después”.

“Esa misma política se hace en 2006 y se piensa que se va a ganar el apoyo de pueblo si se declara la guerra al narcotráfico. Nada más que eso no resultó ni mediáticamente como lo otro […] Pero el costo fue altísimo, lo estamos pagando todavía por la violencia”, agregó.

Carlos Salinas de Gortari, Presidente de México entre 1988 y 1994. Foto: Cuartoscuro

Carlos Salinas de Gortari es considerado como el impulsor del Neoliberalismo en México y sobre su administración pesan varios señalamientos que afectaron la vida de miles de personas, como los trabajadores pertenecientes al Sindicato de Maniobristas en Veracruz, quienes reclaman justicia por una requisa promulgada en 1991 que acabó con su única fuente de trabajo.

SinEmbargo hace un recuento de algunas de las decisiones políticas más cuestionadas durante el sexenio de Salinas de Gortari, las cuales podrían abrir la puerta a crear comisiones de la verdad.

–Elección cuestionada (1988)

Carlos Salinas llegó a la Presidencia luego de una cuestionada elección que le dio el triunfo en 1988. Su predecesor, Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), había encargado a su Secretario de Gobernación, Manuel Barlett Díaz, realizar los comicios a través de la Comisión Federal de Elecciones.

El día de la elección, 6 de julio de 1988, el conteo preliminar de votos daba una ventaja al entonces candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, sobre el priista Carlos Salinas, pero una repentina falla interrumpió el flujo de datos en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y al restablecerse el sistema el abanderado del partido oficial se había colocado en el primer lugar de las preferencias electorales.

Esta repentina “caída del sistema”, como se le conoce a este episodio, provocó el descrédito del nuevo Gobierno que encabezaría Salinas de Gortari, quien ganó la elección con el 50.36 por ciento de las votaciones. En segundo lugar quedó Cuauhtémoc Cárdenas (31.12 por ciento), seguido por el panista Manuel Clouthier (17.07 por ciento).

Carlos Salinas de Gortari, en marzo de 2000, durante una breve entrevista con medios. Foto: Cuartoscuro.

–Privatización de Telmex (1990)

En el marco de la aprobación de la Reforma de Telecomunicaciones de 2014, promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto, y al cumplirse 25 años de la privatización de Teléfonos de México (Telmex), Carlos Salinas de Gortari escribió un artículo en el diario El Financiero titulado “Telmex, una privatización exitosa que terminó cuestionada”.

En la publicación el expresidente niega que Telmex, entregada por el Estado al empresario Carlos Slim Helú en 1990, se haya malbaratado y en su defensa señaló que se trataba de una empresa “emproblemada” y que si con el paso del tiempo se convirtió en monopolio fue por culpa de “regulaciones deficientes”.

“(Telmex) Era un obstáculo al desarrollo del país y un grave problema para la vida cotidiana de los mexicanos”, escribió el expresidente mexicano el 15 de diciembre de 2014.

De las acusaciones por malbaratar Telmex, aseguró que se vendió a un precio muy favorable para el Gobierno: “No fue una venta apresurada y su privatización se hizo de manera transparente. En el momento del anuncio de su privatización, Telmex ya estaba valuada en 3 mil 300 millones de dólares. El Gobierno recibió por su participación accionaria ocho mil 615 millones de dólares. De acuerdo al monto recibido por su venta, esa privatización se convirtió en la cuarta más importante del mundo”.

Salinas de Gortari aseguró que Telmex se vendió a un precio muy favorable para el Gobierno. Foto: Cuartoscuro

–Privatización de la banca (1990)

El 1 de mayo de 1990, Salinas de Gortari envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la propiedad de los bancos estatales mediante un régimen de propiedad mixta. En ese entonces el Estado controlaba la propiedad de 18 entidades bancarias: Banamex, Serfin, Internacional, Bancomer, Somex, Comermex, Confía, Cremi, BCH, Bancrecer, Atlántico, Banpaís, Multibanco, Mercantil de México, Promex, Bancen, Mercantil del Norte, Banorie y Banoro.

“El Estado se propone no ser el accionista mayoritario de todas y cada una de las instituciones bancarias, aunque conservará una participación en la banca comercial y fortalecerá aquellas instituciones orientadas al fomento de actividades prioritarias concretas”, justificó Salinas en el proyecto.

Entre los 23 hombres que acumularon riquezas en el sexenio salinista, muchos de ellos gracias a las privatizaciones, están Carlos Slim Helú (Grupo Carso); Emilio Azcárraga Milmo (fallecido en 1997, Grupo Televisa); Marcelo y Lorenzo (finado) Zambrano Treviño (Cemex); Jerónimo Arango (Grupo Wal-Mart); Alberto Baillères González (Grupo BAL); Roberto Hernández Ramírez (Grupo Financiero Banamex); Lorenzo (finado) y Roberto Servitje Sendra (Grupo Bimbo) y Ricardo Salinas Pliego (Grupo Elektra y TV Azteca).

–La requisa del Puerto de Veracruz (1991)

Sin embargo, politólogos e historiadores opinan lo contrario.

Carlos Salinas de Gortari fue Presidente de México de Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

El 1 de julio de 1991, el Gobierno federal a cargo de Carlos Salinas promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una requisa para controlar las operaciones de los sindicatos portuarios. Esta figura legal prevista en la Constitución consiste en la expropiación del Estado de todos los bienes que puedan ser de utilidad en caso de guerra o movilización.

“Siempre se ha dicho que la requisa del Puerto de Veracruz era ilegal porque a México no le había declarado la guerra a nadie, por lo tanto se rompía el precepto gubernamental”, dijo el Capitán de Marina Mercante, Antonio Rodríguez Fritz, en una entrevista con SinEmbargo.

Hoy, a 30 años de que fueron despojados de su patrimonio, el Sindicato de Maniobristas no sólo reclama sus derechos (indemnización y restitución de inmuebles), también tiene ocho denuncias en contra de funcionarios de esa época como Carlos Salinas, Pedro Aspe (exsecretario de Hacienda), Francisco Gil Díaz (exsubsecretario de Hacienda) y el Senador Dante Delgado (entonces Gobernador de Veracruz).

–La Reforma Agraria (6 enero de 1992)

En noviembre de 1991, Salinas de Gortari envió un proyecto de ley al Congreso para reformar las leyes de tenencia de la tierra heredadas de la Revolución Mexicana, poniendo fin a la Reforma Agraria (donde se entregó a campesinos 100 millones de hectáreas que equivalían al 50 por ciento del territorio) y autorizando la participación de empresas privadas en el campo.

Al año siguiente, en 1992, la reforma al artículo 27 constitucional marcó una nueva era para el campo en México. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) modificó la Ley del ejido y lo convirtió en un sujeto de enajenación, cuando antes se heredaba por línea directa.

Se plantearon dos vías: la necesidad de modernizar el campo, que era a través de hacer una serie de inversiones amplias en infraestructura, proyectos productivos y mejoramiento de semillas; o privatizar el ejido y promover la existencia de grandes controladores de la tierra con grandes inversiones. Se optó por la segunda.

Esto provocó que algunos campesinos que vendieron sus tierras se acabaran el dinero pronto y se convirtieran en trabajadores del campo. Por el otro, se formaron grupos que poseían grandes extensiones de tierras de cultivo.

Carlos Salinas de Gortari durante la presentación de su libro Aliados y Adversarios, TLCAN 1998-2017, en el Club de Ingenieros al sur de la Ciudad de México. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

–Firma del TLCAN (1993)

Con la promesa de llevar a México al primer mundo, con mejores trabajos y salarios, se firmó en 1993 el TLCAN, un acuerdo comercial que permitiría a México, Estados Unidos y Canadá eliminar las barreras arancelarias para el intercambio de exportaciones e importaciones de productos.

En el papel se firmó un tratado exitoso, pero en la práctica (entró en vigor en 1994) no lo fue, y no sólo para México. En 2016 el entonces candidato republicano Donald Trump lo calificó como “el peor acuerdo comercial jamás hecho”, por lo que impulsó su renovación como una promesa de campaña.

Estados Unidos acusó que el TLCAN les quitó empleos a los estadounidenses al trasladar las fábricas a México, donde el salario era tres veces más bajo que en ese país. Efectivamente, del lado mexicano hubo más empleo, pero no una mejora en el salario.

En lo que respecta al campo mexicano, éste sufrió una real devastación a partir de la competencia con los productos altamente subsidiados de Estados Unidos, lo que produjo la desintegración de numerosas comunidades a partir de la salida de muchos campesinos que optaron por la migración. A su vez, se dio paso a la consecuente pérdida de autonomía alimentaria en la medida en que una gran parte de la base alimentaria mexicana actual se importa del país vecino.

Este desigual TLCAN llegó a su fin en 2018 cuando los tres países alcanzaron un nuevo acuerdo que lo reemplazaría: el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio de 2020.

–Levantamiento del EZLN (1 de enero de 1994)

“En un contexto en el que se hablaba de la falta de sentido del socialismo y del fin del marxismo, y en el que se decía que el mundo no tardaría en unificarse bajo el esquema del capitalismo, el EZLN emergió de repente, el 1 de enero de 1994, y le devolvió a la gente la esperanza de que podía haber un cambio social radical”, declaró Carlos Antonio Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, para la Gaceta UNAM en 2019 al cumplirse 25 años de la aparición del EZLN.

El Senador Manuel Camacho Solís fue elegido por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari como comisionado para la paz durante el levantamiento armado del EZLN en el año de 1994. Foto: Eloy Valtierra, Cuartoscuro.

Este movimiento, que inició una insurrección armada en el estado de Chiapas, fue uno de los golpes más duros para la imagen exterior del sexenio salinista, ya que mientras se promovía como un gobierno moderno con la firma del TLCAN, al interior del país los zapatistas, encabezados por el subcomandante insurgente Marcos, emitían la Declaración de la Selva Lacandona por la que declaran la guerra al Gobierno mexicano y exigían “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.

A pesar de todos los intentos de gobiernos por minimizar al EZLN, el movimiento sigue y con más fuerza. En 1996 se fundó el Congreso Nacional Indígena (CNI), que en mayo de 2016 luchó para participar en el proceso electoral de 2018 con María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, como su candidata independiente.

Su objetivo de competir en la contienda era abanderar la lucha de los 11 millones de indígenas de México (10 por ciento de la población, según el Inegi), pero no alcanzó las firmas necesarias requeridas por el INE: juntó 243 mil 063 avales de los 866 mil 593 requeridas.

–Asesinato de Luis Donaldo Colosio (1994)

El 23 de marzo de 1994 un evento marcaría la historia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para siempre: su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado al término de un acto de campaña realizado en la colonia popular Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana (Baja California).

En esta imagen de 1993 se observa a Luis Donaldo Colosio (izq), Carlos Salinas de Gortari (centro) y Ernesto Zedillo (der) en una reunión de intelectuales con el Presidente. Foto: Pedro Valtierra, Cuartoscuro.

Días antes, el 6 de marzo, pronunció un memorable discurso en el aniversario LXV del PRI que, según analistas y políticos, no fue bien recibido por Carlos Salinas.

“La fuerza del PRI surge de nuestra capacidad para el cambio, de nuestra capacidad para el cambio con responsabilidad. Así lo exige la Nación (…) Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”, expuso ante miles de priistas reunidos.

En marzo de 2018, la periodista Dolia Estévez publicó en una columna de SinEmbargo información sobre unos documentos clasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos que hablaban sobre Colosio. Señaló que los documentos retrataban a un candidato “acorralado y humillado por Salinas en la etapa previa a su muerte. Consignan que Salinas fomentó el protagonismo de Manuel Camacho, a quien nombró Comisionado para la Paz en Chiapas, a expensas de Colosio”.

Hasta ahora solo hay una persona detenida por el asesinato de Colosio: Mario Aburto Martínez (Hidalgo, 1971), a quien el 24 de marzo de 1994 la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) presentó como el actor material de la ejecución y por el que purga una condena de 45 años.

En marzo de 2019, el Presidente López Obrador calificó el asesinato de Colosio como un “crimen de Estado” y pidió que se siga investigando; mientras que Alfonso Durazo Montaño, quien fue secretario particular del candidato priista, declaró que nunca ha aceptado la tesis del asesino solitario.

–Concesiones mineras a Larrea (1994)

Grupo México, la compañía de minería, transporte e infraestructura de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico del país, ha recibido 333 concesiones de la Secretarías de Economía (SE), de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto con vigencia incluso hasta 2063, de acuerdo con una revisión al Portal de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

-Con información de Guadalupe Fuentes López

México queda tablas de 2020 a 2021. Uruguay es ejemplo, Venezuela en el fondo

sábado, febrero 12th, 2022

El puntaje promedio de percepción de la corrupción global fue de 43 sobre 100. De los 21 países de América Latina y el Caribe con menos de 50, 19 estuvieron por debajo del promedio mundial.

Por Gabrielle Gorder y Seth Robbins

Ciudad de México, 12 de febrero (Insight Crime).– Los países latinoamericanos obtuvieron una puntuación baja en el más reciente índice de corrupción de Transparencia Internacional, y aquellos que tuvieron los peores puntajes llegaron a los niveles de los países bajo dictadura o devastados por la guerra.

De los 19 países latinoamericanos evaluados, tres cuartas partes obtuvieron puntajes por debajo de 50 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021. El peor de todos fue Venezuela, que obtuvo un puntaje por debajo de Corea del Norte y Afganistán.

Con base en evaluaciones de expertos en los diferentes países, analistas de negocios y organizaciones internacionales, el índice clasifica a los países en una escala de 0 a 100. Los puntajes por debajo de 50 indican problemas flagrantes de corrupción. Los datos recopilados por Transparencia Internacional analizan aspectos como los sobornos, la malversación de fondos públicos, la utilización de los puestos por parte de los funcionarios públicos para beneficio privado, los conflictos de intereses y las protecciones legales para quienes denuncian la corrupción.

A los países del Caribe les fue mejor en el índice. De los diez evaluados, seis obtuvieron puntajes por encima de 50, aunque ninguno estuvo por encima de 65.

Cuando se excluyen Canadá y Estados Unidos, el puntaje promedio de la región es de 41, lo que lo ubica un poco por debajo del promedio mundial, de 43. Y sin el Caribe, la cifra cae a 37.

De los 19 países latinoamericanos evaluados, tres cuartas partes obtuvieron puntajes por debajo de 50 en el Índice de Percepción de la Corrupción. Foto: InsightCrime.

A continuación, InSight Crime desglosa los puntajes en la región, que sigue plagada de corrupción.
Puntajes entre 0 y 25: muy corruptos

Por séptimo año consecutivo, Venezuela mantuvo el título del país más corrupto del hemisferio occidental, con una puntuación de 14, un mínimo histórico en el país.

Como InSight Crime ha informado, Venezuela se ha convertido esencialmente en un Estado mafioso. Funcionarios e integrantes de las fuerzas de seguridad de todos los niveles están involucrados en actividades delictivas. El desfalco de las arcas estatales es rampante, y el tráfico de drogas, la minería ilegal y otras economías criminales son generalizados.

Se sabe que los funcionarios del Gobierno venezolano colaboran con las pandillas. Las fuerzas de seguridad del Estado se han confabulado con el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) para tomar el control de las minas de oro ilegales en la Amazonía.

La descomposición en Venezuela comienza en la cima, con el Presidente Nicolás Maduro, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros delitos.

Justo por encima de Venezuela se encuentran Haití y Nicaragua, cada uno de los cuales obtuvo una puntuación de 20.

Fotografía de archivo del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE.

Haití experimentó un ligero repunte en comparación con los últimos dos años, ya que los efectos del asesinato del Presidente del país, Jovenel Moïse, en julio de 2021, apenas comienzan a sentirse.

Por su parte, el puntaje de Nicaragua llegó a un nuevo mínimo. Esto no es sorprendente, considerando que, en el proceso de ganar su cuarta elección presidencial consecutiva, el Presidente Daniel Ortega utilizó el sistema de justicia del país para silenciar a los opositores políticos, algunos de los cuales fueron encarcelados o sometidos a diversos abusos.

Honduras también alcanzó un nuevo mínimo, con un puntaje de 23, que iguala al país con Irak. Este bajo puntaje se debe en parte a las acusaciones que vinculan al expresidente del país, Juan Orlando Hernández, con la red de narcotráfico de su hermano.

Por otro lado, el puntaje de Guatemala no varió con respecto al año anterior y se mantuvo en 25. El país empató a Irán. La baja calificación del país se explica por las investigaciones de corrupción en los altos niveles y a la destitución de quienes investigan la corrupción.
Puntajes entre 26 y 50: problemas de corrupción

El puntaje promedio de percepción de la corrupción global fue de 43 sobre 100. De los 21 países de América Latina y el Caribe con menos de 50, diecinueve estuvieron por debajo del promedio mundial.

Los países que se ubican en este grupo son Paraguay (30), República Dominicana (30), Bolivia (30), México (31), El Salvador (34), Panamá (36), Ecuador (36), Perú (36), Brasil (38), Argentina (38), Colombia (39), Guyana (39), Surinam (39) y Trinidad y Tobago (41).

Solo Jamaica (44) y Cuba (46) obtuvieron puntajes más altos que el promedio mundial.

El puntaje promedio de percepción de la corrupción global fue de 43 sobre 100. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro.

En el caso de Paraguay, el año pasado InSight Crime publicó una investigación que revela que un congresista paraguayo conspiró con un presunto narcotraficante para proteger los cargamentos de cocaína a cambio de dineros ilícitos.

La disminución del puntaje de El Salvador refleja la creciente corrupción al interior del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, lo que incluye la decisión de clausurar la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES) después de que dicha entidad comenzó a investigar a varios miembros de la administración de Bukele por mal manejo de los fondos de emergencia para hacer frente al coronavirus. Además, en 2021, el gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista negra a dos funcionarios con estrechos vínculos con Bukele por presuntamente hacer tratos con pandillas callejeras.

El desplome del puntaje de Ecuador también era de esperarse. El país se ha convertido en una ruta clave de tráfico de drogas, armas, explosivos y migrantes. Y la corrupción ha carcomido las instituciones estatales.

La disminución del puntaje de Perú se produce en un momento en que el presidente Pedro Castillo enfrenta acusaciones de corrupción que han llevado a impugnaciones políticas; y en Argentina, los casos de corrupción por parte de autoridades judiciales han creado la impresión de impunidad.

El IPC comparativamente alto de Cuba puede ser sorpresivo para algunos, dado que es un Estado unipartidista.

Si bien el bajo puntaje de percepción de corrupción de Cuba refleja las medidas tomadas para controlar la corrupción durante las administraciones del expresidente Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz Canel, la corrupción política sigue siendo un problema, y el bajo puntaje podría ser más un reflejo de las restricciones del país a la libertad de prensa.

La disminución del puntaje de El Salvador refleja la creciente corrupción al interior del Gobierno del Presidente Nayib Bukele. Foto: Rodrigo Sura, EFE.

PUNTAJES ENTRE 50 Y 100: RELATIVAMENTE SANOS

Solo tres países latinoamericanos obtuvieron puntajes por encima de 50: Uruguay, Chile y Costa Rica.

Uruguay obtuvo puntajes más altos que Estados Unidos, pero más bajos que Canadá. Transparencia Internacional lo atribuye a “la independencia de su poder judicial y a la protección de los derechos básicos [como factores] vitales para evitar que la corrupción penetre en el Estado [uruguayo]”. Chile, por su parte, igualó a Estados Unidos.

Los países caribeños de Barbados, las Bahamas, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica y Granada obtuvieron puntajes superiores a 50, lo que indica niveles mínimos de corrupción. Sin embargo, se sabe que todos estos países son centros de lavado de dinero, un aspecto que contribuye a la corrupción en todo el mundo.

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Las redes de corrupción político-empresariales de México esconden sus dólares en EU

martes, enero 4th, 2022

En 2016, un grupo de reguladores federales de Estados Unidos descubrió que funcionarios públicos de México compraron, al menos, 50 propiedades inmobiliarias de Texas, a través de las cuales lavaron millones de dólares entren 1998 y 2017, recursos que robaron a los contribuyentes mexicanos.

Este reportaje es parte de Reporting the Border, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, y es la tercera parte de Siguiendo la Ruta del Dinero, una serie de reportajes de Jason Buch sobre lavado de dinero de políticos mexicanos publicados en mayo y noviembre de 2021.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- En julio de 2016, cuando un grupo de trabajo federal con sede en Texas confiscó millones de dólares en propiedades que los investigadores creían que eran propiedad de cleptócratas de México, los reguladores federales decidieron tomar medidas. Según los fiscales, los funcionarios corruptos y los contratistas del Gobierno utilizaron a empresarios de Texas para establecer sociedades de responsabilidad limitada, a través de las cuales canalizaron los fondos robados a los contribuyentes mexicanos para comprar docenas de lotes baldíos, casas y edificios comerciales.

Los reguladores con sede en Washington, DC, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), respondieron con una expansión de sus regulaciones inmobiliarias destinadas a detectar y disuadir el lavado de dinero en ciudades seleccionadas de Estados Unidos.

Pero había un problema.

Los fiscales federales acababan de alegar que encontraron bienes raíces esparcidos por todo Texas que fueron comprados con dinero robado a los contribuyentes mexicanos. En su respuesta, los reguladores se centraron en la propiedad residencial en una sola ciudad.

En 2001, el Congreso había ordenado a la rama del Departamento del Tesoro conocida como FinCEN que regulara la industria inmobiliaria. Pero no fue hasta principios de 2016 que la agencia experimentó por primera vez con la supervisión de las ventas de viviendas, inicialmente en Manhattan y Miami.

La regulación llamada Orden de focalización geográfica, o GTO, requería que las compañías de títulos rastrearan ciertas transacciones residenciales. Si la compra fue realizada por una empresa, se realizó en efectivo y superaba cierta cantidad en dólares, se informaría a FinCEN.

A mediados de 2016, la agencia extendió el requisito al resto de la ciudad de Nueva York, así como a Los Ángeles, San Diego y San Francisco, ciudades costeras con propiedades inmobiliarias de alto valor económico que atraen a inversores extranjeros. En Texas, solo San Antonio estaba en la lista.

En mayo, el Texas Observer, en alianza con el Border Center, detalló cómo el Gobierno de EU descubrió redes de empresas ficticias utilizadas por funcionarios públicos de cuatro estados mexicanos para lavar millones en Texas de 1998 a 2017, y luego abandonó esos enjuiciamientos. Esas investigaciones, denominadas Operación Marea Verde y Operación Político Junction, llevaron a FinCEN a agregar a San Antonio a sus regulaciones.

Los fiscales alegaron que los cleptócratas mexicanos habían comprado 50 propiedades inmobiliarias de Texas, valoradas en 58 millones de dólares en la actualidad. Pero sólo 11, con un valor de menos de sietes millones de dólares, habrían sido cubiertos por las Órdenes de focalización geográfica, según un análisis de Observer de los registros judiciales.

En el extremo norte de McAllen se encuentra otra casa que los fiscales decomisaron como parte de su investigación sobre el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba. La casa de 4,300 pies cuadrados en un lote de 3 acres se vendió en una subasta en 2013 por 330 mil dólares. Foto: Tomas Muscionico, Border Hub

En 2018, FinCEN extendió su supervisión a Dallas y Fort Worth, pero dejó a Houston, considerado durante mucho tiempo un centro de lavado de dinero, y el Valle del Río Grande, la ubicación de casi la mitad de los fiscales de bienes raíces que intentaron incautar durante la Operación Marea Verde y Politico Junction.

Elise Bean, exdirectora de personal y abogada principal del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, dijo que las órdenes de selección existentes están “plagadas de agujeros cuando se trata de detener el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos. Los casos de Texas demuestran que los blanqueadores de dinero están felices de limpiar el efectivo utilizando propiedades comerciales en ciudades y pueblos más pequeños, y pueden eludir fácilmente los informes de GTO “.

A principios de diciembre, más de cinco años después de que comenzara a regular los bienes raíces, FinCEN propuso nuevas reglas que podrían expandir masivamente su supervisión de la industria inmobiliaria. Los expertos en lavado de dinero están entusiasmados con las propuestas, pero se preguntan qué tan lejos y qué tan rápido se moverá el Gobierno.

Los fiscales federales en San Antonio intentaron confiscar esta casa de 2,383 pies cuadrados en un lote de casi un acre con piscina en 2012, alegando que fue comprada con dinero robado del estado de Coahuila. Eventualmente retiraron su demanda como parte de un acuerdo de culpabilidad con el ex tesorero del estado, quien entregó millones de dólares en otros activos. Un miembro de la familia vendió la casa en 2017. Foto: Tomas Muscionico, Border Hub

A principios de año, el grupo de expertos Global Financial Integrity publicó un estudio exponiendo graves deficiencias en las regulaciones inmobiliarias de FinCEN. Los autores, Lakshmi Kumar y Kaisa de Bel, analizaron 56 esquemas para lavar más de $ 2.53 mil millones en bienes raíces de Estados Unidos durante los últimos cinco años, incluidas las acusaciones detalladas en la Operación Marea Verde y la Operación Político Junction.

Los expertos descubrieron que más de la mitad de los esquemas de lavado de dinero identificados en los Estados Unidos involucraban a condados fuera de las 12 regiones cubiertas por Órdenes de focalización geográfica. En Texas, seis de los ocho condados donde los lavadores de dinero compraron bienes raíces no están cubiertos por la orden de monitoreo actual, que incluye los condados de Bexar, Tarrant y Dallas, según el informe. Por ejemplo, en Operación Marea Verde y Politico Junction, los fiscales alegaron que los cleptócratas lavaron dinero comprando dos condominios en la Isla del Padre, nueve casas en un vecindario del norte de Brownsville y una mansión de siete mil 884 pies cuadrados en el Oeste de Austin, la capital texana.

Kumar, director de políticas de Global Financial Integrity, calificó las regulaciones actuales como “una forma increíble de hacer políticas”. “El lavado de dinero de bienes raíces no es un problema de algunos centros”, dijo. “Es un problema nacional. Puede suceder en cualquier lugar. Porque se puede ganar dinero en todas partes”.

El informe también encontró que una cantidad significativa de dinero se lava a través de bienes raíces comerciales, lo que no está cubierto por la supervisión de FinCEN. En Operación Marea Verde, los fiscales alegaron que un exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas usó dinero malversado para comprar 46 acres de bienes raíces de primera cerca de Shops at La Cantera en una sección elegante de San Antonio. En Politico Junction, el extesorero del estado de Coahuila acordó perder un centro de striptease, una farmacia y una torre de almacenamiento de San Antonio cuando se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero. Las seis propiedades inmobiliarias comerciales en el condado de Bexar que los fiscales intentaron incautar como parte de Operación Marea Verde y Politico Junction están valoradas hoy en 33 millones de dólares, casi cinco veces el valor de las 11 propiedades inmobiliarias residenciales de San Antonio que tenían como objetivo.

Una empresa controlada por el ex tesorero de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández compró media docena de propiedades comerciales en Brownsville, incluida ésta. Los fiscales en San Antonio presentaron una demanda para decomisarla en 2012. Después de que Villarreal Hernández se declarara culpable, su compañía la vendió a un tercero, según muestran los registros de escrituras. Foto: Tomas Muscionico, Border Hub

La propuesta de expansión de las reglas del FinCEN se anunció este mes junto con la Estrategia para combatir la corrupción de la administración de Biden, que promete más recursos y nuevas tácticas para combatir la cleptocracia en el extranjero y el lavado de dinero en los Estados Unidos, podrían abordar directamente algunas de las deficiencias expuestas por Operación Marea Verde y Politico Junction. Entre las propuestas de FinCEN están la requerir a la industria de bienes raíces reportes nacionales e uniformes así como incluir a bienes raíces comerciales en las regulaciones contra el lavado de dinero.

Si FinCEN expande sus regulaciones, necesita abordar más problemas, dijo Kumar: Asegúrese de que los grandes acuerdos comerciales que involucren a múltiples inversionistas y aquellas transacciones que no involucren compañías de títulos también reciban escrutinio.

Una estrategia podría ser exigir a los abogados o agentes de bienes raíces que denuncien cualquier actividad sospechosa, dijo Kumar.

Los registros judiciales de las operaciones Marea Verde y Politico Junction detallan las transacciones comerciales que involucran a muchos inversionistas. A fines de 2009, un testaferro de funcionarios y empresarios corruptos en Coahuila transfirieron 18 millones de dólares de cuentas bancarias de JP Morgan Chase a nombre de tres compañías de responsabilidad limitada (LLC por sus siglas en inglés) a la cuenta de su abogado, según una declaración jurada de orden de registro presentada por un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA). Un día después, el dinero se transfirió del banco del abogado a cuentas de dos nuevas LLC. Luego, esas empresas usaron el dinero para comprar bienes raíces, incluidos ocho millones de dólares para un centro comercial de San Antonio.

Álvaro Briseño II, el abogado de San Antonio cuya cuenta se usó en las compras de bienes raíces de 2009, no habló sobre las acusaciones en la orden de registro citando la confidencialidad abogado-cliente. Dijo que creía que sería una carga injusta para los propietarios de pequeñas empresas estar obligados a informar sobre actividades sospechosas, especialmente cuando los bancos, a menudo instituciones masivas con grandes divisiones de cumplimiento, ya están obligadas por el gobierno a monitorearlas.

“En términos generales, confiamos en el IRS y los bancos”, dijo Briseño. “Una vez que el dinero está en las instituciones de Estados Unidos … hay un mayor nivel de confianza de que alguien ha examinado el dinero y está tratando con fondos legítimos”.

Como informó el Observer en noviembre, los empleados de Chase repetidamente hacían preguntas sobre el dinero involucrado en el caso de lavado de activos de Coahuila. Sin embargo, el banco continuó haciendo negocios con el extesorero estatal Héctor Javier Villarreal Hernández hasta que Estados Unidos confiscó sus cuentas, según muestran los registros judiciales.

En respuesta a una solicitud de entrevista, la oficina de prensa de la FinCEN remitió al Observer a los documentos publicados el 8 de diciembre en el Registro Federal en busca de opiniones del público sobre los planes para expandir la regulación de la industria de bienes raíces. “FinCEN entiende por varias agencias de aplicación de la ley que los datos de GTO de bienes raíces han sido muy útiles para la investigación de lavado de dinero y delitos financieros”, escribió la agencia.

Kumar calificó las regulaciones propuestas como un “momento decisivo” en la política contra el lavado de dinero.

El anuncio de diciembre se produjo después de que el Congreso ordenara por separado a FinCEN que mantuviera una lista de “beneficiarios reales” de las empresas que hacen negocios en los Estados Unidos, Esencialmente rastreando a los seres humanos detrás de las empresas fantasma. Pero la nueva ley federal solo requiere que las entidades ya registradas con los gobiernos estatales se registren en FinCEN.

La unidad 1401 de esta torre de condominios frente al mar de 28 pisos se vendió en una subasta del gobierno por 640 mil dólares en 2013. Los fiscales federales en Brownsville habían alegado que el condominio fue comprado por un testaferro del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba. Yarrington Ruvalcaba se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavado de dinero en marzo de 2021. Foto: Tomas Muscionico, Border Hub

El registro de la FinCEN aún no se ha implementado, pero los expertos advierten que una ley de Texas lo debilitará. En 2009, la legislatura estatal enmendó el Código de Organizaciones Comerciales de Texas para permitir que las empresas extranjeras posean bienes raíces sin tener que registrarse con la Secretaría de Estado. Al hacerlo, Texas creó una laguna jurídica que podría permitir a los cleptócratas extranjeros comprar bienes raíces a través de empresas fantasma que no aparecerán en el registro de la FinCEN, dicen los expertos.

“Esa exención abrió inmediatamente a Texas al lavado de dinero y la corrupción por parte de empresas fantasma extranjeras cuyos propietarios no tienen que revelar su presencia en el estado”, escribió Bean, el exinvestigador del Senado, en un correo electrónico.

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Recursos no pueden ser entregados de manera directa a municipios por corrupción: AMLO

miércoles, septiembre 8th, 2021

Desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que sólo confía en las regiones indígenas oaxaqueñas.

Por Antonio Magallán

Saltillo, 8 de septiembre (Vanguardia).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, afirmó esta mañana que no puede entregar los recursos de manera directa a los gobiernos municipales por la desconfianza que existe sobre su aplicación.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo señaló que sólo confía en las regiones indígenas de Oaxaca donde sí puede entregar de manera directa, ya que consideró que en dichas comunidades hay valores y honestidad.

“Fíjense lo que sirve el mantener esas tradiciones esas costumbres, esas culturas, no puedo como Presidente de México, desgraciadamente, por la corrupción, no puedo entregar recursos de manera directa a gobiernos municipales, porque no tengo confianza de que se vayan a aplicar bien, que se vayan a aplicar con honradez ¿y saben dónde no tengo duda de entregar así los recursos? en los municipios indígenas de Oaxaca, porque hay valores porque hay honestidad”, dijo.

“Todo eso tiene que ver con la cultura y con las grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es nuestro querido México, no debemos seguir ocultando ese pasado”, añadió.

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Lavalle y Vega, acusados de sobornos, viajaron por el mundo de la mano de Penchyna

martes, agosto 24th, 2021

Los meses previos a la aprobación de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2013, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priista David Penchyna Grub, paseó por el mundo a legisladores del PAN para conocer “experiencias” en la materia, uno de los cuales, Jorge Luis Lavalle Maury, hoy está preso por votar a favor a cambio de sobornos, la misma acusación que existe contra Ricardo Anaya.

Penchyna Grub, señalado por Emilio Lozoya Austin de gestionar los sobornos a los senadores del PAN, viajó por varios países, entre junio y julio de 2013, en compañía de Lavalle Mauri y Vega Casillas, dos allegados a Felipe Calderón.

–Con información de Daniela Barragán

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Primero fue un viaje por Europa: 13 días en Inglaterra, Noruega y Azerbaiyán; luego tocó ir a Colombia y Brasil, seis días, y por último a Canadá y Estados Unidos, otros seis días. Para los tres viajes hubo una misma justificación: “Gira internacional a diferentes países a fin de conocer algunas experiencias nacionales en materia de energía en la escena internacional contemporánea”. Y a los tres fue David Penchyna Grub, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado, señalado por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) de gestionar sobornos, precisamente para sacar adelante esa reforma prometida en el peñismo.

Esos viajes los realizó el entonces legislador priista en 2013 acompañado de senadores del Partido Acción Nacional (PAN). A Europa fue con Luis Lavalle Maury —detenido por los señalamientos de Lozoya— y a Latinoamérica con Luis Vega Casillas. A Estados Unidos y Canadá viajaron los tres, de acuerdo con una bitácora de los viajes a la que tuvo acceso SinEmbargo.

Semanas después, en octubre, votaron a favor de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, para lo cual —según Lozoya— se pagaron una serie de sobornos.

Los viajes de Penchyna. Foto: Especial SinEmbargo

Fue en agosto de 2020, hace poco más de un año, cuando Emilio Lozoya Austin, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que en febrero de 2013 el Presidente Peña Nieto y el Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso le indicaron entregar “montos importantes de dinero” —provenientes de los sobornos de la constructora Odebrecht— a legisladores de oposición para que votaran a favor de la Reforma Energética.

El 17 de septiembre de 2014, expone la denuncia, una persona del equipo de trabajo de Lozoya le entregó 6 millones de pesos a David Penchyna Grub en una oficina alterna de Pemex ubicada en Montes Urales, 425, en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Durante discusión de la Reforma Energética, el Senador David Penchyna dialoga con los senadores Jorge Luis Lavalle y Javier Lozano. Foto: Cuartoscuro.

Peña Nieto y Videgaray, dice la declaración del testigo colaborador, establecieron como “enlace” con los legisladores de oposición a Penchyna Grub, “quien en la mayoría de las reuniones” iba acompañado justo por los senadores panistas de los viajes Jorge Luis Lavalle Maury y Salvador Vega Casillas, así como por los ahora gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién y Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Según Lozoya, este grupo de cuatro legisladores blanquiazules lo extorsionaba “de manera brutal” y recibieron dinero a cambio de votar a favor de la Reforma Energética. El coordinador de la bancada panista del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, también es acusado de haber sido sobornado.

En la misma denuncia, Lozoya dijo que Videgaray le instruyó recibir al Diputado federal Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex: “En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había insistido en reunirse conmigo”.

En esa reunión, Anaya le habría comentado sus aspiraciones de gobernar su oriundo Querétaro, que había negociado ya con Videgaray para que se le apoyara y que “odiaba” a su contrincante Pancho Domínguez “por corrupto”.

“En la primera semana de agosto de 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial y fungía como mi jefe de escoltas, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados [en el estacionamiento]”, detalló Lozoya en específico sobre Ricardo Anaya, quien informó este lunes que fue requerido por la FGR.

Anaya ha acusado, además, a esta autoridad de buscar modificar las declaraciones de Lozoya para poder armar un caso en su contra y encarcelarlo. “Antes, decía que yo había recibido dinero cuando yo era Diputado quesque a cambio de mi voto, el 8 de agosto de 2014, pero se dieron cuenta que en esa fecha yo no era Diputado y que en esa fecha ni siquiera estaba en la Ciudad de México”.

Al igual que Ricardo Anaya, todos los señalados han rechazado, en su momento, las acusaciones de Lozoya.

No obstante, el legislador Jorge Luis Lavalle —con quien Penchyna viajó a Europa y a Norteamérica— permanece detenido en el Reclusorio Norte desde abril pasado señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho.

En tanto el legislador panista Vega Casillas —con quien Penchyna viajó a Bogotá, Brasil, Canadá y Estados Unidos— dijo que las declaraciones de Lozoya eran “mentiras de un delincuente confeso” y una “estupidez”.

Tanto Vega Casillas como Luis Lavalle son funcionarios cercanos a Felipe Calderón Hinojosa. El primero tuvo varios puestos en la administración de 2006-2012. Fue parte del enlace institucional del fideicomiso para el cambio de Gobierno (de Fox a Calderón) y titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Por su parte, Lavalle Maury, miembro activo del PAN desde 2006, ocupó puestos en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en sus delegaciones estatales en Campeche en ese mismo periodo.

Lozoya y Penchyna. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.

De acuerdo con la denuncia, el Secretario de Hacienda Luis Videgaray designó a qué legisladores dar los fajos de dinero en bolsas transparentes mediante terceros en la oficina de Lomas de Chapultepec. Anotaba los nombres para llevar “un control puntual” de a quiénes se sobornaba. Dichos recursos en efectivo ascendieron a 80 millones de pesos y se liberaron entre 2013 y 2014 conforme el entonces Secretario de Hacienda lo iba indicando.

En marzo de 2014, en el evento Ceraweek en Houston, Texas, el ahora Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, en “estado de ebriedad” tomó una bandera de México y la lanzó gritando que “esto era una traición porque no le cumplían con la entrega del monto pactado”, según refiere el mismo documento que ha sido desestimado por el mandatario.

“Quiero aclarar —resaltó Lozoya— que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona”, afirmó ante la Fiscalía sobre el grupo de panistas referido. “Además de extorsionarme, presionaban y extorsionaban a los grupos gasolineros y diversos contratistas de Pemex […] La extorsión era constante: pedían cita, se presentaban en mi despacho y exigían más dinero y extorsionaban con el argumento de que ‘echarían abajo la Reforma Energética'”.

A solicitud del Secretario de Hacienda, Lozoya recibió en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían “hasta 50 millones de dólares” para dar su voto a favor de la reforma, según el denunciante.

En lo que respecta a Pancho Domínguez, a quien le queda sólo un mes como Gobernador de Querétaro y por lo tanto un mes de fuero, calificó los dichos de “infamia” porque, dijo, desde 2008 como Diputado apoyaba la reforma energética.

“No había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción personal”, afirmó. Días después de la denuncia de Lozoya, se filtró un video donde aparece su secretario privado Guillermo Gutiérrez Badillo recibiendo dinero. Domínguez lo cesó.

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo a su ve que no iba a permitir que lo usaran con propósitos electorales ni para ocultar los grandes problemas del país. En una conferencia matutina, frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que eran “ataques e insinuaciones sin fundamento”.

Pero, a un año de concluir su administración estatal, también es acusado por la Fiscalía General de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, por lo que el Congreso aprobó su desafuero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo vincula con Odebrecht a través de una empresa de energía eólica.

Ricardo Anaya a la derecha del Presidente Peña Nieto durante el mensaje de su primer año de Gobierno, en diciembre de 2013. Foto: Iván Stephens, Cuartoscuro.

EL CASO DE RICARDO ANAYA

Ricardo Anaya, excandidato Presidencial, aseguró el sábado que el actual presidente de México lo quiere castigar metiéndolo a la cárcel para que no sea candidato a la Presidencia en 2024. Anaya afirmó, a través de un video, que desde hace un mes López Obrador ordenó a la FGR ir en contra suya tomando como base las declaraciones de Lozoya Austin.

El día de ayer, en otro video, Anaya informó que le llegó un citatorio para una audiencia en el Reclusorio Norte e hizo cuentas y concluyó que los delitos que se le imputan suman “solo” 30 años de prisión.

De acuerdo con el excandidato presiencial, la “Fiscalía de López Obrador” lo citó para presentarse el próximo jueves a una audiencia por vía zoom, pero afirmó que esas audiencias terminan en el Reclusorio y añadió: “sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, pues no me van a dejar salir”.

Además, aseguró que la FGR busca cambiar la versión de Lozoya para poder armar un caso en su contra.

“Le cambiaron al expediente. Tengo las pruebas. En lo que modificaron, Ahora la supuesta entrega de dinero ya no tiene nada que ver con mi voto y la fecha ya no es el 8 de agosto. Pues con el parche hecho están listos en proceder en mi contra”, dijo Anaya.

Un tercio de los 798 servidores inhabilitados en 20 años fueron entre 2019 y 2020

martes, julio 20th, 2021

En los últimos 20 años, los gobiernos estatales inhabilitaron a 798 servidores y servidoras públicos que cometieron irregularidades graves, algunas ligadas a actos de corrupción. Aunque las inhabilitaciones por faltas graves impuestas por gobiernos estatales van al alza desde el año 2000, la tercera parte de ellas fue dictada entre enero de 2019 y julio de 2021.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- La lucha contra la corrupción —que es el mayor problema de México, según ha señalado en distintas ocasiones el Presidente Andrés Manuel López Obrador— no sería posible sin el actuar de las autoridades locales, las cuales registran un aumento de las sanciones a funcionarios públicos por esta causa en lo que va de la presente administración federal.

Desde que inició el actual sexenio, los gobiernos estatales inhabilitaron a 289 funcionarios públicos que cometieron faltas administrativas graves que incluyen abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, cohecho, contratación indebida, desacato, desvío de recursos, encubrimiento, enriquecimiento oculto, nepotismo, peculado, simulación de acto jurídico, tráfico de influencias y/o uso indebido de información.

Estas inhabilitaciones forman parte de miles de sanciones que los gobiernos estatales impusieron a sus propios funcionarios entre enero de 2019 y julio de 2021, pero que por su severidad —y a diferencia del resto que incluye faltas administrativas no graves— fueron reportadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) e incluidas por esta dependencia en el Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS).

“En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional se inscribirán y se harán públicas […] las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves”, se lee al respecto del RSPS, en el cuarto párrafo del Artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

Los 289 inhabilitados registrados en lo que va del actual sexenio equivalen a la tercera parte (36.2 por ciento) del total de personas (798) que fueron inhabilitadas por gobiernos estatales entre el 1 de enero de 2000 y el 12 de junio de 2021, que cometieron faltas administrativas graves —entre ellos delitos vinculados a actos de corrupción— reportadas y ratificadas por la SFP.

Entre las irregularidades vinculadas a estos funcionarios y exfuncionarios públicos (durante 2019-2021) están 128 actos de negligencia administrativa, 71 violaciones a leyes y normatividad presupuestales, así como 63 faltas por incumplimiento de declaración patrimonial. Estas tres irregularidades representan el 90.7 por ciento de las causas de sanción en contra de los 289 inhabilitados. Además hubo casos de abuso de autoridad (10), violación a procedimientos de contratación gubernamental (10) y cohecho o extorsión (seis), entre otros.

Las inhabilitaciones impuestas por los gobiernos estatales a 289 personas en lo que va del actual sexenio tienen una duración que va de tres meses a 20 años.

Las sanciones de un año en adelante y hasta por 10 años de inhabilitación (233 casos) corresponden a irregularidades cuyo monto de afectación al erario no excede 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto de entre 16 mil 898 y 17 mil 924 pesos (dependiendo del año de sanción).

Las inhabilitaciones a partir de 10 y hasta por 20 años (21 casos) corresponden a irregularidades cuyo monto de afectación excede el límite de 200 UMAs. Y las sanciones de tres meses a un año de inhabilitación (35 casos) corresponden a faltas graves que no causaron daños o perjuicios, ni generaron beneficio o lucro para el imputado (Art. 78, cuarto párr. LGRA).

Entre los agravantes de sanciones (Art. 80 LGRA) contra funcionarios públicos está la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En ese sentido destacan tres casos de sancionados en 2019, en contra de personas que ya habían sido inhabilitadas en años previos.

Uno de estos casos es el de Geovanny Julián Martínez Jasso. En calidad de “cajero en caja número 47 de la Subdelegación Otay del H. XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California”, Martínez fue hallado culpable (2017-2018) de realizar cobros por pago de impuesto predial sin ingresar el dinero a las arcas municipales (expediente RES/149/2017). Sólo en 2018 fue inhabilitado cuatro veces y acumuló una sentencia de 20 años sin poder fungir como servidor público. En 2019, el Gobierno del estado de Baja California lo inhabilitó con tres sanciones más por 26.2 años adicionales, por lo que no podrá laborar en el sector público hasta el año 2069.

Otro caso es el de Yuri Moisés Rojas Pérez, exjefa del Departamento del Hospital Comunitario de Tulcingo del Valle, Puebla. En mayo de 2018, durante la administración de la exgobernadora poblana Martha Érika Alonso Hidalgo, Moisés fue inhabilitada por 10 años por cometer irregularidades ligadas a actos de negligencia administrativa. Un año después, en mayo de 2019, la exfuncionaria pública recibió otra inhabilitación por negligencia para un periodo de cinco años, así como una multa por 29 mil 440 pesos.

También está el caso de reincidencia de Pedro Salazar Hernández. Entre 2017 y 2018 —en calidad de director general de Finanzas del municipio de Irapuato— fue inhabilitado en cuatro ocasiones por el Gobierno de Guanajuato. A ello se sumarían dos inhabilitaciones más en 2019, con lo que Salazar acumuló tres cargos por negligencia administrativa y tres cargos por violación a leyes y normatividad presupuestales. Pese a que Salazar debió de haber estado inhabilitado desde el 4 de diciembre de 2018 hasta el 26 de septiembre de 2021, un documento oficial indica que en 2020, Salazar laboró como director de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Irapuato.

Las cifras de la SFP también indican que el 44 por ciento de las inhabilitaciones impuestas por los gobiernos estatales entre enero de 2000 y julio de 2021 partieron de denuncias de servidores públicos. El resto fue consecuencia de auditorías (26 por ciento), quejas o denuncias ciudadanas (22.9 por ciento) e incumplimientos relacionados con declaraciones patrimoniales (5.5 por ciento), entre otros.

Aunque la mayor parte (91.5 por ciento) de las sanciones fue impuesta por contralorías estatales y municipales, asimismo hubo inhabilitaciones impuestas por congresos locales (6.8 por ciento) y el resto por instancias del Poder Judicial de cada entidad federativa.

CASTIGO EN LOS ESTADOS

En poco más de dos décadas —entre el 1 de enero de 2000 y el 12 de julio de 2021— 29 de 32 gobiernos estatales impusieron 974 sanciones de inhabilitación a 798 funcionarios públicos que cometieron faltas administrativas graves. Sólo Durango y Yucatán no tienen denuncias registradas, mientras que el Estado de México (Edomex) ni siquiera aparece en el sistema del RSPS.

Durante el periodo referido, las inhabilitaciones promedio por estado —sin contar a Durango, Edomex y Yucatán— fueron al alza, pasando de una a nueve entre 2000 y 2020. Sin embargo, en los últimos 20 años hubo tres periodos excepcionales de variación: 2001-2002, 2004-2006 y 2015-2016.

En 2001-2002, cuando las inhabilitaciones por parte de gobiernos estatales en contra de funcionarios públicos que cometieron faltas administrativas graves pasaron de cero a cuatro, el Gobierno federal publicó una nueva normatividad. El 13 de marzo de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Los Servidores Públicos (LFRASP) que fortaleció la reglamentación del Título Cuarto de la Constitución Mexicana para regular los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos, entre ellos, las declaraciones patrimoniales.

En 2004-2006, las inhabilitaciones pasaron de dos a 19. En ese lapso, nueve de cada 10 inhabilitaciones fueron impuestas por el Gobierno del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en un contexto en que el entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, renunció a su cargo (2005) para contender en las elecciones presidenciales de 2006, quedando en el cargo Alejandro Encinas Rodríguez, con un clima de reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal —como consecuencia de la expedición de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en 2003— que conllevó a que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo se convirtiera en la SFP a partir de 2003.

En 2015-2016, a la par en que las inhabilitaciones de funcionarios públicos por parte de gobiernos estatales pasaron de tres a 11, en México hubo dos procesos coyunturales: la elección de 12 gubernaturas, en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sufrió su peor descalabro electoral (hasta entonces) después de perder siete de 12 gobiernos en juego; y la publicación de la LGRA (2016) que conllevó la abrogación de la LFRASP (2017), luego de que en 2015 fuera creado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que es la “instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”, de acuerdo con el DOF.

Asimismo hubo un repunte importante de inhabilitaciones entre 2019 y 2020. Ello podría estar relacionado con el hecho de que a mediados del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución para que la SFP pudiera substanciar, investigar y resolver los procedimientos de responsabilidad que se iniciaron durante la vigencia de la LGRA, respecto de conductas o hechos ocurridos durante la vigencia de la LFRASP, actualmente abrogada.

Aunque las inhabilitaciones por faltas graves impuestas por gobiernos estatales van al alza desde el año 2000, la eficacia para sancionar conductas administrativas irregulares es “muy baja” en México, de acuerdo con una investigación (2018) del maestro Luis Darío Ángeles González para la organización civil Impunidad Cero.

A nivel nacional, sólo ocho de cada 100 conductas administrativas irregulares de funcionarios públicos son sancionadas efectivamente, se lee en el estudio “Las responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción”.

De acuerdo con los datos oficiales recabados por Ángeles González, la SFP “sólo sanciona en promedio 13.4 por ciento de las quejas o denuncias que recibe, lo cual implica una impunidad en la Administración Pública Federal de 86.6 por ciento. Además, si consideramos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anula 41.8 por ciento de las sanciones de la SFP, la impunidad pasa de 86.6 a 92.2 por ciento”.

La ineficiencia sancionatoria relativa a las irregularidades de funcionarios públicos es observable en todos los niveles de gobierno. A nivel estatal, los periodos excepcionales de variación indican que más allá de factores como cambios legales y el fortalecimiento del SNA, la sanción de funcionarios que cometieron faltas graves es (en algunos casos) desproporcionada entre entidades federativas, máxime considerando su proporción con base en el volumen de delitos cometidos por servidores públicos a nivel estatal, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En 2000-2021, los gobiernos de Puebla y de la Ciudad de México impusieron la tercera parte (32.4 por ciento) de las inhabilitaciones a funcionarios públicos que cometieron faltas administrativas graves con 190 y 126 sanciones, respectivamente. A ellos siguen los estados de Morelos (69), Hidalgo (67) y Jalisco (63).

Por el contrario y sin considerar los casos de Durango, Edomex y Yucatán, las entidades federativas que menos inhabilitaciones impusieron durante las últimas dos décadas fueron Zacatecas (cinco), Chiapas (tres) y Baja California Sur (dos), además de Nayarit y Sinaloa (una sanción cada una).

Un ejemplo de la desproporción de sanciones entre estados es la capital del país. Pese a que la Ciudad de México también fue la segunda entidad federativa con más inhabilitaciones en 2015-2020, que es el periodo comparable con las cifras desagregadas del SESNSP, su proporción de sanciones por delitos registrados (una por 3.7 mil) fue inferior a la de Sinaloa (una por 1.6 mil), Baja California Sur (una por 772), Zacatecas (una por 255), Jalisco (una por 85), Hidalgo (una por 51), Puebla (una por 14) y Morelos (una por ocho).

La variación de sanciones en el último año asimismo indica diferencias por estado. De acuerdo con las cifras de la SFP, en 2019-2020 hubo nueve estados que aumentaron el número de inhabilitaciones, así como 10 que las redujeron. En cambio, en el resto de las entidades federativas (10) no hubo variación del número de inhabilitaciones impuestas a funcionarios públicos.

En el primer grupo están Campeche (que pasó de cero a nueve inhabilitaciones), Colima (cero a tres), Hidalgo (tres a 19), Jalisco (una a 37), Michoacán (dos a cinco), Oaxaca (una a dos), Puebla (siete a 10), Querétaro (ocho a 14) y Tlaxcala (dos a siete). Y en el segundo conjunto están Aguascalientes (siete a tres), Chihuahua (cuatro a cero), Coahuila (una a cero), Guanajuato (tres a cero), Morelos (dos a una), Nuevo León (de 15 a una), Sonora (cuatro a cero), Veracruz (17 a nueve) y Zacatecas (dos a cero).

La FGR acusa a Jorge Luis Lavalle, exsenador del PAN, de 3 delitos por sobornos en caso Odebrecht

jueves, abril 8th, 2021

Anteriormente, Lavalle Maury ha rechazado y negado las acusaciones que hicieron tanto Caraveo como Lozoya Austin y apuntó que no dejará que su nombre sea manchado por “quienes sí son delincuentes”.

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– El exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle Maury, fue imputado de manera formal por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

De acuerdo con la información, durante la comparecencia que se dio esta mañana en contra del exlegislador panista, la Fiscalía al mando de Alejandro Gertz Manero presentó los datos de prueba contra Lavalle Maury, los cuales incluyen testimonios del exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, y del exsecretario particular de Lavalle, Rafael Caraveo.

En la audiencia, que se llevó a cabo vía videoconferencia ante un Juez de control, estuvieron presentes el exsenador con sus representantes legales, personal de la FGR, un apoderado legal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otro del Senado de la República.

La imputación derivó de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, la cual fue iniciada por la Coordinación General de Investigación de la FGR luego de que el pasado 11 de agosto de 2020, Lozoya asegurara en sus testimonios que Jorge Luis Lavalle recibió 25 millones de pesos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht.

El dinero que habría recibido Lavalle, según el director de Pemex durante el sexenio peñista, fue triangulado a través de diversas compañías, junto a otros senadores del PAN y el PRI por la aprobación de la reforma energética.

Las acusaciones de Emilio Lozoya apuntan que Lavalle fue parte de una red de 15 funcionarios de alto nivel que recibieron dinero de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de avalar “reformas estructurales” impulsadas por el expresidente Enrique Peña Nieto.

La audiencia que se celebró este día fue solicitada en enero de este 2021, y luego de que las autoridades lo hicieran público, el exsenador utilizó sus redes sociales para asegurar que cooperaría con las autoridades para hacer justicia y que se expusiera la verdad.

“En relación con el desistimiento de la FGR a la audiencia inicial, reitero mi total disposición a acudir ante el juez de la causa las veces que sean necesarias. Mientras tanto, ejerceré mi derecho de defensa ante la FGR frente a las mentiras del delincuente confeso Emilio Lozoya”, tuiteó Lavalle Maury el pasado 26 de enero.

LA ACUSACIÓN DE CARAVEO CONTRA LAVALLE MAURY

El pasado 11 de noviembre, el periódico Reforma reveló que Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración en el Senado, de quien hace unos meses se reveló un video recibiendo fajos de billetes de un supuesto funcionario de Pemex, confesó a la FGR que no fue una, sino 15 maletas de dinero las que recibió en siete ocasiones como parte de la trama de sobornos que entregó la empresa Odebrecht en México durante el sexenio de Peña Nieto.

De acuerdo con el medio, quien tuvo acceso a la declaración del militante del PAN, éste habría detallado hace dos meses ante las autoridades que el dinero fue recibido “por órdenes del entonces Senador panista Jorge Luis Lavalle Maury y que el destino fue para campañas electorales panistas”.

“‘José Luis Lavalle Maury me llamaba y me decía quién iría conmigo’, declaró, ‘ya que fueron otras dos personas las que me acompañaron a recibir dinero, y de ellas me daba el teléfono y los veía en la parte de abajo del estacionamiento o en el lobby del Senado”, relató el exfuncionario, según escribe el periodista Abel Barajas.

Asimismo, Caraveo Opengo explicó que al salir de la Cámara Alta se dirigían a Montes Urales 425, ubicado en las Lomas de Chapultepec, para realizar las entregas del dinero, tal como lo había denunciado Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, el pasado 11 de agosto, cuando acusó que se entregaron sobornos a legisladores para aprobar la Reforma Energética impulsada en el Gobierno peñista.

En la declaración de Jesús Caraveo Opengo, precisó Reforma, se constata que la primera entrega de dinero se llevó a cabo a finales de 2013, luego de que el entonces Senador Jorge Luis Lavalle Maury le diera la instrucción de recoger “unos expedientes que él tenía que revisar”, pero alguien lo debía llamar.

Según lo publicado aquel día por el periódico de circulación nacional, José Velasco Herrera, jefe de ayudantes de Lozoya, fue quien le habló al panista y le dijo en qué parte se verían. En el sitio acordado ya lo esperaba una Suburban oscura, a la que subió.

“Enseguida me mostró una maleta de tela color negro, tipo deportivo, de aproximadamente 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, misma que abrió y la cual no contenía expedientes, como me lo había hecho saber el señor Jorge Luis Lavalle Maury, sino que en su interior había fajos de dinero eran billetes de 500 pesos”, se lee en la denuncia.

Posteriormente, Caraveo le habló al legislador, quien sólo le pidió entregarle la maleta. Sin embargo, cuando lo vio para hacerlo, le habría reclamado que lo hubiera mandado a recoger el dinero.

Al respecto, Jorge Luis Lavalle dijo desconocer las motivaciones por las cuales Caraveo denunciaba tales cosas, pero que todas eran falsas.

“Desconozco las motivaciones e intenciones de esas imputaciones pero son tan falsas como inverosímiles, orientadas y probablemente premiadas”, detalló Lavalle Maury en un comunicado compartido en su cuenta de Twitter.

Además, expuso que pidió comparecer en diversas ocasiones ante la autoridad y reiteró la disposición de aclarar ante las autoridades correspondientes las acusaciones que lo señalan.

Lavalle Maury agregó que se le negó el derecho de conocer en un expediente dichas imputaciones, las cuales sólo conoció por medio de la prensa.

México no está entre los países limpios de corrupción, dice índice global. Aparece entre el montón

jueves, enero 28th, 2021

La consejera regional para América Latina de Transparencia Internacional, Luciana Torchiario, afirmó que en México “las redes de la corrupción están muy enraizadas en el Estado”, pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a acabar con este problema.

Por Juan Palop

Berlín, 28 ene (EFE).– El coronavirus ha socavado la ya compleja lucha de América Latina contra la corrupción, afirma en su tradicional clasificación anual la ONG Transparencia Internacional (TI), que califica de “frustrante” la situación regional.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2020, los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 71, 67 y 57 puntos, respectivamente, sobre un máximo de 100. Mientras Venezuela (15), Nicaragua (22) y Honduras (24) perseveran como los más corruptos.

Entre unos y otros se sitúan Cuba (47), Argentina (42), Colombia y Ecuador (39), Brasil y Perú (38), El Salvador (36), Panamá (35), Bolivia y México (31), República Dominicana y Paraguay (28).

Así, sólo aprueban tres de los 19 países latinoamericanos analizados (16 por ciento) y la puntuación media es 43. La sensación es de estancamiento en el mejor de los casos y, en ocasiones, de retroceso en áreas sensibles.

Éste es el análisis general de la consejera regional para América Latina de TI, Luciana Torchiario, que aseguró en una entrevista a EFE que la región “vuelve a fracasar en la lucha contra la corrupción” y que es especialmente “frustrante en el contexto de la pandemia que no se haga un buen uso de los recursos”.

“En muchos países se ha registrado una regresión en los pesos y contrapesos, una gestión opaca de la pandemia, y recortes del derecho a la información y de la libertad de expresión”, resumió.

A su juicio, es importante que la pandemia “no sea una oportunidad para la corrupción”, sino un “imperativo para mejorar la lucha” contra las prácticas ilegales, para reforzar la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Preocupan especialmente los dos últimos clasificados, países con una “institucionalidad muy precaria”. Según Torchiario, la democracia es “prácticamente inexistente” en Venezuela, donde la oficina regional de TI estima que la corrupción ha hurtado cinco mil millones de dólares a la sanidad. “Nos preocupa”, aseguró.

El apartado regional del informe de TI destaca además dos países, Honduras y Perú, por estar en este momento en una encrucijada en el ámbito de la transparencia.

Honduras es un caso “difícil” porque a la COVID se sumaron el año pasado dos grandes huracanes. El país, con déficit de transparencia, ha experimentado además “bastantes regresiones democráticas”, como el fin de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACIH).

Perú tiene ante sí “desafíos importantes” y ha registrado algunos avances legales (financiación de partidos, eliminación del sufragio pasivo para corruptos) y judiciales (caso Odebrecht), pese a que sigue “subsumido en la corrupción”.

“En las elecciones de abril la lucha contra la corrupción va a ser importante antes y después de los comicios”, aseguró.

El informe aporta escasas buenas noticias sobre los pesos pesados de la región. Brasil sufre un “deterioro democrático severo” con “injerencias” y “ataques” a la Justicia y los medios por parte de su Presidente, Jair Bolsonario.

México permanece atascado, pese al compromiso en este ámbito de su Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y de los avances en ciertas investigaciones, como la de Pemex. “Las redes de la corrupción están muy enraizadas en el Estado”, señaló Torchiario.

En Argentina se están ralentizando los procesos judiciales vinculados con casos de corrupción y crece “la sensación de que la justicia no es independiente”.

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La principal luz en la región es Ecuador, de quien TI resalta que ha mejorado siete puntos en los últimos ocho años, pese afrontar “desafíos muy serios”. La condena al expresidente Rafael Correa ha hecho mejorar la percepción del país, que ha sido sin embargo el “epicentro” de la corrupción ligada a la COVID, matizó Torchiario.

ESCASOS AVANCES A NIVEL GLOBAL

A nivel global, el informe resalta el vínculo entre corrupción y pandemia, y lamenta los escasos avances en los 180 países que analiza, de los que dos tercios suspenden la prueba. TI habla de una “imagen nefasta”.

Dinamarca y Nueva Zelanda se mantienen en la cabeza de la lista, con 88 puntos cada uno, mientras que Sudán del Sur y Somalia, con 12 puntos, reinciden en la parte inferior de la clasificación.

Estados Unidos ahonda su caída -por cuarto año consecutivo- y con 67 puntos marca su peor registro desde 2012. China suma un punto (42) y dos posiciones (78); y Rusia, bastante más atrás, gana dos puntos y dos puestos (30 y 129).

El informe recomienda el refuerzo de los supervisores, la contratación pública abierta y transparente, la defensa de la sociedad civil y la democracia y el derecho a la información, especialmente en materia presupuestaria: “La transparencia es esencial para asegurar que los recursos públicos se emplean adecuadamente y alcanzan a los beneficiarios objetivo”.

México mejora en el Índice de Percepción de Corrupción: sube 6 lugares y está en el puesto 124

miércoles, enero 27th, 2021

¿En México hay menos corrupción? Así lo perciben los mexicanos y expertos en la materia consultados por las organizaciones Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, las cuales elaboraron el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2020. El país se ubica en el lugar 124 de 180 naciones evaluadas.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– México escaló seis lugares en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2020 colocándose en el lugar 124 de 180 países evaluados, pero continúa siendo el país con la calificación más baja entre los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informaron Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.

Al presentar la edición 2020 del Índice de IPC para 180 países, las organizaciones destacaron que México mejoró dos puntos su calificación respecto a 2019, pasando de 29 a 31 puntos (donde 0 sería la evaluación más baja y 100 la mejor evaluación posible). En términos relativos, subió seis lugares, pasando de la posición 130 (2019) a la 124 (2020) entre los países evaluados. México se ubica junto a naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán.

Aunque estos datos muestran una tendencia positiva para el país, México no recupera aún su mejor evaluación histórica, que fue de 35 puntos en 2014.

TABLA-PERCEPCIÓN-CORRUPCIÓN

Con esta calificación, México se ubica ahora en el lugar 124 de 180 países evaluados. Foto: Transparencia Mexicana.

El informe destacó que un tema delicado en el caso mexicano es la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento de la opinión pública tras ser revelados por periodistas de investigación. En 2020, Transparencia Internacional informó que en el periodo 2016 a 2019 ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucran empresas y funcionarios mexicanos fue sancionado en México.

“El riesgo de impunidad, tras conocerse estos casos y no haber identificado sanciones firmes por parte de las autoridades sigue latente”, se lee en el documento.

La consejera regional para América Latina de Transparencia Internacional, Luciana Torchiario, dijo en entrevista para la agencia EFE, que México permanece atascado, pese al compromiso en este ámbito de su Presidente Andrés Manuel López Obrador y de los avances en ciertas investigaciones, como la de Pemex. “Las redes de la corrupción están muy enraizadas en el Estado”, señaló.

El Índice de Percepción de Corrupción es el instrumento más acreditado a nivel internacional en medición de percepción de la corrupción, registra la opinión de analistas, personas expertas y mujeres y hombres de negocios de diversos países sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los países evaluados.

El nuevo reporte pone especial énfasis en lo ocurrido en materia de corrupción a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Encabezan la edición del IPC en 2020, Dinamarca y Nueva Zelanda (88 puntos, posición 1), Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza (85 puntos, posición 2 de 180 países). En la parte baja del índice se ubican Sudán del Sur y Somalia (12 puntos, en la posición 179 de 180 países evaluados).

LAS RECOMENDACIONES

—En el marco de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, Transparencia Internacional recomendó a México fortalecer las instituciones del sistema anticorrupción, especialmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

—Sugirió que la Auditoría Superior de la Federación fiscalizara el gasto público en tiempo real, con particular énfasis en el gasto en salud y los programas sociales y de reactivación económica.

—El INAI debe concentrarse en asegurar el principio de máxima publicidad en las acciones de salud pública, educación y reactivación económica vinculadas con los efectos de la emergencia sanitaria, recomendó.

—A la Fiscalía General de la República y a las instituciones de impartición de justicia les pidió concentrarse en dar resultados concretos: sentencias a redes de corrupción, recuperación de activos desviados en grandes casos de corrupción y asegurar la reparación de daño a las víctimas para delitos vinculados con actos de corrupción.

Familiares y amigos de equipo y de partido ensucian la batalla de AMLO contra corrupción, dice EFE

miércoles, diciembre 9th, 2020

Los casos de familiares y amigos ligados a actos de corrupción han manchado la imagen de López Obrador. Además, los casos de Rosario Robles Berlanga y Emilio Lozoya Austin, exfuncionarios federales, siguen en espera de una resolución, por lo que hasta ahora no se ha hecho justicia. Con ello, la promesa que hizo el actual Presidente, de “acabar con la corrupción”, ha quedado en entredicho para algunos.

Por Eduard Ribas i Admetlla

México, 9 dic (EFE).- A pesar del vehemente discurso contra la corrupción de Andrés Manuel López Obrador, México llega a este Día Internacional Contra la Corrupción sin una clara estrategia gubernamental para combatirla y con escándalos familiares que manchan la imagen del Presidente.

“Vivir en una sociedad mejor es lo que estamos buscando, pero para eso hay que acabar con la corrupción, hay que acabar con el influyentismo, hay que acabar con la impunidad y eso cuesta a algunos entenderlo”, expresó este miércoles el Presidente en su tono habitual contra los gobiernos anteriores.

Un discurso que contrasta con los resultados a dos años de su Gobierno.

“Hay un contraste enorme entre la narrativa del presidente y sus acciones, una contradicción muy grande”, sostiene la directora de la organización México Evalúa, Edna Jaime, quien opina que las cosas siguen “como siempre”.

SALPICADO POR FAMILIARES Y COMPAÑEROS

Tras arrasar en las elecciones de 2018, López Obrador prometió a todo un país harto de la corrupción que esta práctica se iba a acabar. “Sea quien sea será castigado”, incluidos “amigos y familiares”, expresó en su discurso de victoria.

Pero su imagen de pulcritud se ha ido desdibujando.

El pasado lunes, tuvo que salir al paso ante la noticia de que su prima Felipa Obrador recibió cerca de 365 millones de pesos (18.43 millones de dólares) en contratos otorgados por la petrolera estatal Pemex durante la actual Administración.

“El discurso de que los que estaban antes eran malos porque eran corruptos pero ‘nosotros somos diferentes’ no funciona. Basta con un solo ejemplo, como el de la prima, para tirar todo esto”, dijo a Efe Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Andrés Manuel y Pío López Obrador durante una gira en 2018. Foto: Cuartoscuro

Y no es la primera vez que López Obrador tiene que dar la cara por un familiar. El pasado agosto, se filtraron dos videos que muestran a su hermano Pío López Obrador recibiendo supuestos sobornos durante una campaña electoral local en 2015.

El Presidente dijo “no abogar por nadie” y ordenó que se investigara, pero tras las pesquisas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontró “nada que fuera significativo”.

Manuel Bartlett y López Obrador durante una conferencia de prensa matutina. Foto: Cuartoscuro

Y en julio, las autoridades tuvieron que sancionar a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, estrecho colaborador de López Obrador, tras conocerse que vendió al Gobierno ventiladores para enfermos de COVID-19 a un precio superior al de mercado.

Alvarado reconoció que ante estos casos, el actual Gobierno ha tenido una respuesta más “contundente” que la que tenían las anteriores Administraciones, pero advirtió que el combate a la corrupción no es solo “reaccionar a la presión mediática” sino tener una estrategia.

MUCHO DISCURSO Y POCA ESTRATEGIA

Y la estrategia de López Obrador se basa en la idea de que si el presidente da “ejemplo”, el resto de funcionarios no son corruptos.

Pero según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los ciudadanos que han sido víctimas de actos de corrupción por parte del poder público aumentaron del 12 por ciento de la población en 2013 al 16 por ciento en 2019.

El instituto calcula además que en 2019, los mexicanos tuvieron que pagar un total de 12 mil 770 millones de pesos (645 millones de dólares) en “mordidas”, sobornos o extorsiones para realizar trámites ante las autoridades, sobre todo policiales.

“Los sobornos para la adquisición de contratos, las mordidas para la policía o para tener trámites… Eso no lo puede controlar el Presidente. Para eso se necesita una red de instituciones de control que funcionen”, defendió la directora de México Evalúa.

El Presidente ha recalcado más de una vez su postura para no defender a nadie involucrado en casos de corrupción. Foto: Cuartoscuro

Pero el Gobierno de López Obrador ha dejado sin efecto el Sistema Nacional Anticorrupción, un conjunto de instituciones independientes diseñado en 2016 por la presión de la sociedad civil.

Y además, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción, ha optado por suprimir 109 fideicomisos independientes que gestionaban fondos para ciencia y derechos humanos, mientras adjudica el 70 por ciento de los contratos públicos de manera directa.

“Repartir el poder en muchas manos es un mecanismo de control porque dificulta que se pongan de acuerdo para robar. Limita las decisiones discrecionales”, defendió el investigador de MCCI, quien cree que López Obrador busca saltarse “obstáculos”.

LOS OJOS PUESTOS EN LOS MACROJUICIOS

La promesa del combate a la impunidad de López Obrador pasa ahora su prueba de fuego con los procesos judiciales por corrupción contra la exsecretaria de Desarrollo Rosario Robles y el exjefe de Pemex Emilio Lozoya, ambos del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El caso de Emilio Lozoya Austin es uno de los más grandes de corrupción en México. Foto: Cuartoscuro.

La Fiscalía logró un pacto con Lozoya que implica a Peña Nieto en el caso Odebrecht, mientras busca que Robles haga lo mismo en el caso de desfalco conocido como la Estafa Maestra.

“La Fiscalía necesita construir un caso sólido ante el Juez y no estoy segura de que exista capacidad ni voluntad política para llevarlo a sus últimas consecuencias”, subrayó Edna Jaime, quien teme que todo quede en un “puro show“.

Y es que López Obrador ya ha dicho que para procesar a expresidentes lo deberán avalar primero los ciudadanos en una consulta popular el próximo año.

“Es aberrante, la justicia no se somete a voluntad popular. Las instituciones tienen que operar si tienen indicios de actos criminales”, dijo la activista.

Tic, tac. ¿Juntarán firmas en la calle o AMLO pedirá la consulta para juzgar a los expresidentes?

domingo, septiembre 13th, 2020

El plazo para que los ciudadanos exijan una consulta popular que lleve a juicio a los expresidentes de México por corrupción y desvíos de recursos vence el 15 de septiembre. De norte a sur se han movilizado para juntar las 1.8 millones de firmas que establece la ley, pero en caso de no conseguirlas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría ejercer su derecho y mandar la iniciativa a la SCJN.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– A unas horas de que venza el plazo, miembros del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ciudadanos y activistas se movilizaron este domingo para recabar las 1.8 millones de firmas que exige la ley para solicitar una consulta popular que lleve a juicio a los expresidentes mexicanos.

Los firmantes piden al Instituto Nacional Electoral (INE) una consulta ciudadana bajo la pregunta: “¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”.

Aunque la pregunta es abierta, los que recogen las firmas portan carteles con los rostros de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Felipe Calderón (2006-2012) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

El productor Epigmenio Ibarra, acompañado de activistas como Omar García, uno de los normalistas de Ayotzinapa, convocaron a participar en la recolección de firmas en varios estados de la República. En la Ciudad de México, de acuerdo con la Senadora morenista y candidata a la Secretaría General de Morena, Citlalli Hernández, rebasan las 600 mil firmas.

De Baja California a Chiapas, y desde San Luis potosí pasando por la Ciudad de México, hasta llegar a Quintana Roo, simpatizantes de Morena, legisladores y activistas publicaron fotografías en redes donde se observan las carpas en las que se recolectan las firmas.

La idea de una consulta ciudadana es del actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción.

No obstante, el Mandatario sostiene que quiere evitar la “venganza” contra sus predecesores, por lo que estos sólo serán investigados por el actual Gobierno si lo decide el pueblo en una consulta.

De acuerdo con la ley, el Presidente puede mandar la iniciativa para enjuiciar a los expresidentes para que la valide o no la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las otras dos vías son, como él explicó, que lo solicite una tercera parte de los legisladores, ya sean de la Cámara de Diputados o Senadores, o juntar las firmas del 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, es decir, cerca de 1 millón 800 mil, a más tardar el 15 de septiembre.

–Con información de EFE

The Economist: Lozoya sacude a México, donde la corrupción es profunda y la justicia incierta

miércoles, agosto 26th, 2020

La oficina en México del periódico inglés The Economist no descarta que las denuncias de Emilio Lozoya Austin sean una ficción para librarse de la cárcel, en un país donde la corrupción es profunda, donde las instancias judiciales fallan y en donde la procuración de justicia puede ser un acto político.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Las denuncias del exdirector de Petróleos Mexicanos (PemexEmilio Lozoya Austin, dan cuenta del “mayor escándalo de corrupción en la historia de México”, de acuerdo con el jefe de la oficina de The Economist en México, Richard Ensor.

Más allá de los escándalos de corrupción que “han asombrado a la sociedad mexicana” y que por su naturaleza afectan a los dos principales partidos de oposición (PAN y PRI) a Morena, el periodista británico reconoció en un podcast que hay dudas en el escrutinio público acerca del proceso de impartición de justicia y la manera en que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está manejando el caso.

Por un lado, Ensor mencionó la filtración de las denuncias de Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR). Al respecto, dijo que la filtración “ha llevado a acusaciones de que éste juicio, que debe ser muy serio, está en proceso de ser politizado”. Una situación de incertidumbre que se suma a las dudas acerca de la veracidad de lo dicho por Lozoya.

“Los críticos del señor Lozoya dicen que él está diciendo lo que necesita decir para evitar ir a la cárcel y para evitar que sus familiares vayan a la cárcel”. Sin embargo, Ensor refirió que “por supuesto, hay muchos que dicen que todo está un poco demasiado ordenado. Estamos hablando de una larga lista de lavado de los más feroces oponentes políticos del señor López Obrador a lo largo de los años en México. Algunas personas ya han concluido que el señor Lozoya está delatando una especie de ficción de corrupción para satisfacer al Presidente”.

LOZOYA-AMLO

Emilio Lozoya ha reconocido haber recibido 4 millones de dólares en sobornos de Odebrecht y haber sobornado a varios funcionarios públicos del PRI y del PAN. Foto: Cuartoscuro.

Sobre la investigación en curso, el jefe de la oficina en México de The Economist dijo desconocer lo que sucederá.

Aunque el periodista reconoció que los mexicanos merecen “una muy completa prueba” que sustente las afirmaciones de Lozoya para llegar a la verdad, “el problema es que la oficina del Fiscal General no tiene un excelente historial de cumplimiento de éste tipo de investigaciones, y por lo tanto, hay una muy grande posibilidad de que lo que es potencialmente el más grande escándalo de corrupción en la historia de México, no empate con una investigación conmensurablemente seria”.

Richard Ensor también reconoció que algunas personas coinciden en que las filtraciones de las declaraciones de Lozoya ante la FGR “son un signo de que estamos en un lugar donde la ley ha terminado y la política y el teatro han comenzado”.

Cuestionado sobre las promesas de AMLO de acabar y perseguir la corrupción, el periodista señaló que el problema es más difícil de lo que parece, ya que “sancionar la corrupción en México está lleno de peligros, porque en una sociedad en que la corrupción es muy penetrante, nunca se sabe con seguridad lo que va a suceder cuando empiezas a perseguir culpables y a ver lo que tienen que decirte”.

Incluso, Ensor refirió que la persecución de corrupción en el país es un proceso que no garantiza que la parte acusadora salga ilesa. Como ejemplo recordó el escándalo de las grabaciones que involucran al hermano del Presidente AMLO en una entrega-recepción ilícita, o por debajo del agua, de dinero a favor de Morena.

El pasado 20 de agosto, el periodista Carlos Loret de Mola difundió unos videos que muestran a León Romero, nombrado por el Presidente para dirigir la distribuidora de medicamentos del Estado, entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador.

De acuerdo con la información publicada en el sitio de noticias Latinus, León Romero grabó las entregas de dinero en 2015 y en el marco de los procesos electorales intermedios de ese año, cuando él se desempeñaba como asesor privado de comunicación social y operador político del Gobierno de Chiapas, entonces liderado por el ecologista Manuel Velasco Cohelo.

Al respecto, en el podcast de The Economist, el periódico británico recordó que el Presidente López Obrador ha dicho tener la conciencia tranquila porque se trató de donaciones de dinero del pueblo y que, por eso, él será capaz de enfrentar a la mafia de la corrupción de México.

“Ése alegato –afirmó Ensor– puede ser muy difícil o imposible de comprobar. Pero una cosa que es segura, es que éste es un ejemplo de qué tan peligroso es el peligro cuando profundizas en denuncias de corrupción en un país como México”.

El representante de The Economist también indicó que hay implicaciones políticas en la manera en que el Gobierno ha manejado las declaraciones de Lozoya ante la FGR.

Por un lado, explicó que AMLO es una “mente maestra en táctica política” que ya recibió beneficios de las denuncias de Lozoya, como lo son la deslegitimación de sus opositores políticos para las elecciones de 2021, así como el fortalecimiento de su “narrativa popular” (o discurso) que asegura que sus opositores confabulan en su contra para dañar su imagen y prestigio. “La mayor parte de esto –abundó Ensor– lo ha logrado sin asegurar ningún tipo de justicia o disuasión de la corrupción a futuro, o un sistema para defender el Estado de derecho”.

Habla el alumno que confrontó a Videgaray: “Es verdaderamente increíble su cinismo y el de MIT…”

martes, julio 28th, 2020

“Su nombre completo es Alonso Espinosa Domínguez. Nació en Cuernavaca hace 22 años y en mayo pasado se graduó en Matemáticas”, escribe la periodista Dolia Estévez en la siguiente entrevista con el estudiante del MIT que increpó a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto. “Alonso pertenece a una nueva generación de estudiantes contestatarios, heredera del idealismo de los movimientos estudiantiles de los sesenta y setenta que alza la voz contra la corrupción, el abuso del poder, los conflictos de interés, las componendas entre élites y la pretensión de legitimar ‘personas nefastas’”. 

Washington, D.C, 28 de julio.– Encontré a Alonso, el irreverente estudiante que increpó a Luis Videgaray Caso. Lo hizo para “sacudir” conciencias y denunciar al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) por dar legitimidad a “criminales de guerra” y exfuncionarios “nefastos” como el hombre fuerte del sexenio de Enrique Peña Nieto. Su nombre completo es Alonso Espinosa Domínguez. Nació en Cuernavaca hace 22 años y en mayo pasado se graduó en Matemáticas, carrera que estudió gracias a programas federales de apoyo financiero para estudiantes talentosos que no pueden costear estudios superiores. “MIT es muy caro. De ninguna manera iba a poder pagar esa colegiatura”.

En el foro sobre Inteligencia Artificial en febrero, Espinosa Domínguez confrontó a Videgaray por su presunta implicación en los grandes escándalos de corrupción del sexenio pasado, desde Odebrecht y Emilio Lozoya hasta la malversación de fondos para las campañas priistas, Monex y Soriana. “Quería exhibir el legado de Videgaray en nuestro país”.

Pero el director del Proyecto Mundial sobre Políticas de Inteligencia Artificial (AI), que patrocinan la escuela de negocios Sloan y el Stephen A. Schwarzman College of Computing, no quiso responder. En lugar, invitó a Alonso a escuchar sus “preocupaciones” en privado (Starr Forum: From Principles to Implementation: The Challenge of AI Policy Around the World, 21/02/2020). Alonso no fue a verlo porque, a decir por su respuesta, “era obvio que no pretendía hablar sobre corrupción”.

ALONOS-ESTUDIANTE-DEL-MIT

Alonso Espinosa Domínguez, el estudiante que increpó a Videgaray, protesta por la invitación a Henry Kissinger para la inauguración del Schwarzman College of Computing, donde trabaja Videgaray. Foto: cortesía Espinosa Domínguez.

En los cuatro años que pasó en MIT, Alonso no sólo estudió Matemáticas sino los orígenes del MIT y la simbiosis MIT- poderío militar-grandes corporaciones que permite el control de sectores completo del conocimiento, difuminando las fronteras que los separaban. “Estados Unidos empezó a financiar laboratorios en las instituciones académicas para ayudar en la II Guerra Mundial y después en todos los conflictos en los que entró por la guerra fría. En Vietnam, MIT tuvo un papel importante en investigaciones para el ejército estadounidense”.

Constatar cómo las universidades de élite están en venta al mejor postor—“criminales de guerra”, delincuentes sexuales convictos y filántropos multimillonarios de cuestionada trayectoria–acabó con la visión idílica que tenía de MIT al iniciar sus estudios a los 18 años. En 2019, Espinosa Domínguez ayudó a fundar “MIT Students Against War”, que se inauguró con la protesta contra la invitación a Henry Kissinger, cómplice en “múltiples atrocidades”, como orador principal en la inauguración del MIT College of Computing, creado con 350 millones de dólares de Stephen A. Schwarzman, CEO del fondo de capital Blackstone.

Schwarzman es un personaje clave para entender la conexión de MIT con México. Una semana antes de concluir el sexenio, Peña Nieto, léase Videgaray, otorgó el Orden del Águila Azteca a Schwarzman, “…por sus gestiones para facilitar importantes inversiones… en el sector energético y de infraestructura…” (Diario Oficial, 23/11/2018). Dichas inversiones, entre las que destaca el Proyecto Tierra Mojada en Guadalajara, se dieron en el marco de la Reforma Energética.

Pero quizá no fue esa la única razón. La relación entre Schwarzman y Videgaray pudo haber ayudado a aterrizar el cargo en MIT. Hoy Videgaray trabaja en la entidad fundada justamente con el dinero del condecorado con el Águila Azteca.

No sólo eso. Hace tres semanas, Schwarzman, cuya fortuna se acerca a los 20 mil millones de dólares según Forbes, se sentó a la derecha de Andrés Manuel López Obrador en la mesa principal en la cena en honor al presidente mexicano en la Casa Blanca. Los otros comensales: Trump, Carlos Slim, Salinas Pliego y Frederick Smith, CEO de Fedex. AMLO al lado del patrocinador de Videgaray. Ironías de los tiempos.

PEÑA. BLACKSTONE

Stephen A. Schwarzman, CEO de Blackstone, aportó 350 millones de dólares para fundar el centro donde trabaja Videgaray. En 2018, fue condecorado con el Águila Azteca por Peña Nieto. Foto: Blackstone.

La insólita invitación a MIT del príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman, un “criminal de guerra”, sirvió a Alonso corroborar la lógica del dinero en la que operan las universidades de élite. A cambio de donaciones multimillonarias, MIT legitimó la imagen del príncipe y su monarquía represiva en su gira por Estados Unidos en 2018. El asesino intelectual del periodista Jamal Ahmad Khashoggi fue agasajado como rey. En ese viaje, bin Salman ultimó con Trump la compra por 12.5 mil millones de dólares de armamento usado para masacrar civiles en la guerra en Yemen.

El escándalo en torno a la perversa relación de MIT con el depravado sexual Jeffrey Epstein, que se suicidó en prisión, fue otro abrir de ojos para Alonso. Epstein donó cientos de miles de dólares a Media Lab de MIT. MIT trató de controlar el daño a su reputación aceptando la renuncia del director, suspendiendo al profesor que visitó a Epstein en la cárcel y comisionando un estudio que “MIT Students Against War” denunció por no mencionar el daño material que MIT causó a las víctimas al darle credibilidad a un delincuente sexual.

 Alonso se dijo sorprendido por la acogida al video con su pregunta a Videgaray que, pese a haber estado en YouTube por cinco meses, había pasado inadvertido hasta la semana pasada que lo abordé en mi artículo en SinEmbargo. “Ni sabía que la grabación se había puesto en YouTube. Fue una pregunta al final. Va a pasar desapercibida, pensé”. Hace diez días, el video tenía 130 visitas, hoy tiene más de 16 mil.

Tras su graduación, que no fue presencial, Alonso abrió una pausa. “Estoy trabajando en lo que pueda mientras decido qué hacer exactamente porque han cambiado bastante mis intereses durante mi tiempo en la escuela”. No fue fácil dar con él. No sólo porque hay varios con ese nombre, sino que, debido a la pandemia, el campus está cerrado y queda poca gente a la cual preguntar.

LUIS-VIDEGARAY

Videgaray en el foro en MIT donde evadió responder sobre corrupción. Foto tomada del video: Dolia Estévez

***

–¿Fuiste a ver a Videgaray?

–No, ir a su oficina a platicar con él no tiene mucho sentido y era obvio que no pretendía realmente abordar el tema por su respuesta en la conferencia. Obviamente, cuando hay diferencias de opinión es bueno hablar y discutir, pero aquí no estamos hablando de diferencias de opinión sino de un ex funcionario nefasto que está siendo legitimado por el prestigio de MIT.

–¿Asumiste que no iba a hablar sobre corrupción?

–Supuse que me iba a decir cosas muy vagas, como “quizá cometí errores, pero todo funcionario comete errores y yo hice todo lo que pude para mejorar el país”. Ese tipo de discurso. Tampoco había mucho tiempo pues poco después nos sacaron a todos del campus por la pandemia.

–¿Fuiste a escucharlo o a increparlo?

–Sabía que en ese evento lo iban a elogiar mucho y lo iban a presentar como un gran funcionario, un economista que aporta al tema sobre la ética de AI. Quería romper ese aire de erudición. Quería exhibir el legado de Videgaray en nuestro país y también exhibir el discurso que tienen dentro del Schwarzman College of Computing y que tiene Videgaray. En Estados Unidos, la gente por lo general no tiene la más remota idea de lo qué pasa en otros países, y por supuesto no tiene la más remota idea de lo que pasa en México. Llevaba tiempo tratando de exponer el cinismo de la publicidad de la retórica sobre ética.

 –¿Qué te pareció la plática?

–Videgaray habló de ética y democracia, y sobre cómo estas tecnologías presentan ciertos problemas éticos y tenemos que procurar ponerles atención. Pero durante la campaña de Peña Nieto y durante su tiempo como Secretario de Hacienda estaban negociando fondos para las campañas del PRI, espiando a periodistas con intentos de hackear sus teléfonos con el programa Pegasus. Eso demuestra que la retórica es simplemente mercadotecnia para hacer quedar bien al MIT y al Schwarzman College of Computing. Es verdaderamente increíble el cinismo de estas personas, de Videgaray y del MIT por el nuevo College of Computing. Videgaray es un ejemplo más, además de Kissinger y Schwarzman.

–¿Te pusiste nervioso?

–Sí, un poco, porque sabía que en general el público veía a Videgaray con respeto. Hay ese ambiente de estar en presencia de alguien importante y hablando temas importantes. Con la pregunta quería sacudir ese aire de respetabilidad. Sabía que también estaban ahí muchos de sus aliados importantes dentro del Instituto. Personas que fueron sus mentores y asesores durante su doctorado en economía en MIT.

–Si llegara a ser implicado en el caso Lozoya, ¿cómo crees que reaccionaría MIT?

–Presiento que si no piden que lo detengan con fines de extradición y si no se vuelve escándalo en los medios de Estados Unidos, MIT buscaría quedarse callado y apoyar a su director del programa de AI.

(Hasta ahora, Videgaray no ha sido acusado oficialmente por la FGR en relación a la detención y extradición Emilio Lozoya).

 –¿Cómo ve la comunidad de MIT a Videgaray?

–En los círculos en los que se desenvuelve y en el Schwarzman College of Computing, lo aprecian y respetan. A fin de cuenta, las políticas que impuso en México no se apartan de lo que enseñan en las escuelas de negocios y economía en Estados Unidos. No es casualidad que muchos de los funcionarios mexicanos hayan sido entrenados justamente en estas instituciones, el mentor de Videgaray, Pedro Aspe, también salió del MIT. Lo ven con respeto por la reforma energética y por las políticas que impulsó, que podrían llamarse neoliberales.

–¿Apoyas a AMLO?

–No, desde luego tampoco apoyo a ninguno de los otros partidos ni a las élites políticas mexicanas. Para mi gusto, Andrés Manuel no puede y no quiere romper con la élite empresarial mexicana. En la reunión con Trump trajo a toda la élite mexicana para hablar de cómo Trump respeta a México. Respeto a toda la gente que, cansada de la corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN, votó por él. No dudo que Andrés Manuel tenga buenas intenciones, pero no creo que realmente sea posible, dado el balance de poderes que hay en México y en el mundo, llevar a cabo una verdadera transformación en la sociedad, en las instituciones gubernamentales y en la economía por la vía electoral. Pero por supuesto que creo que las grandes transformaciones a favor del pueblo son posibles. Simplemente creo que ellas sólo pueden surgir de movimientos populares bien organizados desde fuera del existente aparato de Estado, porque este no tiene manera de “independizarse” de los intereses de la actual élite económica y política.

–¿Como surgió “MIT Students Against War”?

–Justamente por la inauguración del MIT Schwarzman College of Computing, donde está trabajando Videgaray, que se creo con un donativo de Schwarzman, una persona nefasta que se ha enriquecido de la crisis de vivienda en Estados Unidos, y que su compañía Blackstone es una de las que está desforestando la selva amazónica.

 –¿Sabías que el gobierno de Peña lo condecoró con el Águila Azteca?

–Qué cinismo.

–¿Fuiste líder del grupo estudiantil?

–Ayudé a fundarlo. Tuvimos manifestaciones de 200 a 300 personas, grandes en relación a las de años recientes. Quizá fue por el descontento con la invitación a Kissinger y la relación de Epstein con MIT. Con el coronavirus, se cerró la universidad. El caso Epstein y otros dejaron de ser noticia.

–¿Por qué escogiste estudiar en MIT dada las criticas que le haces?

–Cuando ingresé, no me quedaba claro todo ese tipo de cosas. En ese momento yo estaba enfocado en las Matemáticas y no tenía idea de que, en las instituciones de élite, porque no sólo es MIT, hay ciertas cosas no ideales, sus lazos con el complejo militar industrial, por ejemplo. No conocía tantos detalles. El papel que juega MIT en la lucha de Estados Unidos por mantener la hegemonía mundial (especialmente en el ámbito técnico-militar) y en las pugnas internas sobre cómo hacer eso.

–¿Qué hizo cambiar tu percepción?

 –Lo que despertó mi interés por investigar lo que hace la universidad, fue cuando invitaron al príncipe saudí bin Salman, arquitecto de la guerra actual en Yemen, una guerra cuyas bombas son fabricadas en Estados Unidos. Apoyada por los Estados Unidos, Arabia Saudita ha creado quizá la más grande crisis humanitaria del mundo. Bombardean infraestructura eléctrica, bombardean funerales, autobuses escolares.

Cuando eso sucedió, me puse a estudiar y me di cuenta que en un documento público de 2017, MIT habla de defender un “orden político y económico mundial liderado por Estados Unidos”. Se refieren al imperialismo estadounidense.

–¿Por qué crees que Videgaray está en MIT y no en Wall Street donde pudiera cotizarse más alto?

–Más importante que el sueldo que pudiera estar percibiendo, es el prestigio y la legitimidad que le reditúa su nexo a una universidad considerada vaca sagrada de la investigación científica.

Luis Videgaray en una de sus últimas apariciones públicas durante el funeral de Alfredo del Mazo González en 2019. Foto: Cuartoscuro.

***

Alonso pertenece a una nueva generación de estudiantes contestatarios, heredera del idealismo de los movimientos estudiantiles de los sesenta y setenta, que alza la voz contra la corrupción, el abuso del poder, los conflictos de interés, las componendas entre élites y la pretensión de legitimar “personas nefastas”. Es una nueva generación que está cambiando las computadoras en el salón de clase por el altavoz en la plaza pública o el micrófono en la sala de conferencias. Jóvenes inconformes cada vez menos tolerantes ante la idea de que el status quo es inamovible.

Twitter: @DoliaEstevez

La ASF alertó en 2016 que el Pemex de Lozoya olía a podrido. Y señaló a Odebrecht. Pero no se hizo nada

domingo, julio 26th, 2020

Con la llegada de Emilio Lozoya a México, los archivos de Odebrecht en México volverán a abrirse. La empresa brasileña que ya es símbolo de corrupción en el mundo, tuvo presencia en el país desde 2005, aunque los manejos turbios los detectó la ASF en los contratos asignados durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- Pagos en exceso, duplicados e indebidos; costos fuera de mercado; asignaciones directas y ampliación en los plazos de entrega de obra, son algunas de las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo sobre la Constructora Norberto Odebrecht S.A. bajo la administración de Emilio Lozoya Austin en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

El tema de Odebrecht es uno de los que más peso tienen dentro de los señalamientos de corrupción contra Lozoya Austin, detenido en México y acusado de presunto lavado de dinero, cohecho y asociación ilícita.

El que fuera director de Pemex entre 2012 y 2016, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), está acusado por un presunto fraude de 280 millones de dólares en la compra de una planta de fertilizantes y por haber recibido supuestamente unos 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Se dice que Lozoya ayudó a coordinar la campaña de Peña Nieto en 2012 y usó dinero de sobornos para facilitar que su jefe fuera elegido pero, según documentos judiciales, Lozoya le pidió 4 millones de dólares a Odebrecht para la campaña del PRI en 2012, y luego se gastó la mitad en una propiedad a nombre de su esposa.

“A cambio de la ayuda prestada al Director Superintendente de Odebrecht para su posicionamiento en los Estados de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, en el mes de marzo de 2012, el reclamado solicitó a aquel que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del partido PRI”, informó la agencia Associated Press (AP), citando a la Audiencia Nacional de España.

Aparentemente el 2013 fue un año lucrativo para Emilio Lozoya. En los documentos judiciales se afirma que Odebrecht presuntamente le ofreció 6 millones de dólares en sobornos con el fin de que le consiguiera un contrato para renovar una antigua refinería. A la larga la firma brasileña le habría pagado 5 millones de dólares.

México ha sido el único país del continente que no ha tomado acciones penales contra los involucrados en el caso Odebrecht, así que la extradición de Lozoya Austin podría abrir por fin el capítulo Odebrecht en México.

De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), son solo dos los contratos públicos de la constructora en México: uno es de 2005, para trabajos en la Planta Hidrodesulfuradora de Gasóleos, Planta de Hidrógeno y Planta Recuperadora de Azufre en la Refinería “General Lázaro Cárdenas” en Veracruz.

Tuvo un costo de casi 318 millones de dólares y se asignó en Licitación Internacional al consorcio Minatrico, S. de R.L. de C.V.; Río San Juan Construcciones, S.A. de C.V.; Técnicas Reunidas, S.A. y Construtora Norberto Odebrecht, S.A.

El segundo contrato público es de 2014 que se asignó únicamente a Odebrecht por Adjudicación Directa por casi mil 800 millones de pesos, para el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo.

LOS HALLAZGOS DE LA ASF

Para la Cuenta Pública 2016, la ASF revisó tres contratos de obra pública adjudicados directamente a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A. Estos son los de:

-“Acondicionamiento 65 del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo”, por un monto de mil 436 millones de pesos.

-“Construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo”, por un monto de mil 811 millones de pesos, aunque posteriormente se formalizó un convenio de ampliación de recursos por 358 millones de pesos, lo que representó una erogación total de 2 mil 169 millones de pesos.

-“Desarrollo de la Fase I del Proyecto Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca”, adjudicado por un monto de mil millones de pesos.

Los dos últimos contratos se encuentran suspendidos desde el 17 de noviembre de 2015 y el 14 de marzo de 2016, respectivamente. Pemex señaló a la ASF que la suspensión se debe a la falta de recursos presupuestales.

Según el informe de la ASF, en esos contratos de Pemex con Odebrecht se detectaron costos fuera de mercado que tuvieron rendimientos bajos, comparándolos con compras similares de otros contratos con otros contratistas; pagos en demasía provocados por una deficiente integración del precio, por duplicidad de servicios y por la falta de descuento en volúmenes del material comprado.

Otras observaciones fueron pagos indebidos por autorización de compra de equipo no contemplado; pagos en exceso por una incorrecta integración del porcentaje de financiamiento, por falta de ajusto de costos indirectos y por la compra de más material del estipulado en el contrato.

Por ejemplo, para la Reconfiguración de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, Paquete IV, en Minatitlán, Veracruz, tuvo un incremento de mil 044 días que representa el 98.1 por ciento respecto del periodo original de ejecución de 1064 días del contrato a precio alzado y el l incremento determinado hasta el 16 de noviembre de 2010 fue de 33 millones 239 mil dólares, que representa el 70 por ciento del costo de la mano de obra original y de los cuales en el ejercicio 2010 se pagaron 34 millones de dólares.

Además de esas observaciones generales, también la ASF detalló cómo Odebrecht fue librando los concursos de licitaciones y se fue haciendo de los proyectos por Adjudicación Directa.

El 21 de octubre de 2014, la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación solicitó a la Subdirección de Desarrollo de Proyectos de la Dirección Corporativa de Proyectos que se efectuara el análisis de costos de la propuesta presentada por la asociación de empresas Constructora Norberto Odebrecht, S.A./ICA Flúor Daniel, S. de R.L. de C.V./Flúor Enterprise, Inc.

El 22 de octubre de 2014, el Director General de Pemex Refinación aprobó el contrato tipo “C” para llevar a cabo la contratación de los trabajos.

Días después, el encargado del Despacho de la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación solicitó al Presidente del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios que convocara a una sesión extraordinaria para someter a consideración la excepción a la licitación pública mediante el procedimiento de adjudicación directa para los trabajos referentes al desarrollo de la fase I del proyecto de Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca, se indicó que la contratista propuesta es la asociación de empresas Constructora Norberto Odebrecht, S.A./ICA Flúor Daniel, S. de R.L. de C.V./Flúor Enterprise, Inc. y el 31 de octubre de 2014, la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación emitió el dictamen de adjudicación directa.

Otro caso: el 3 de noviembre de 2015, el apoderado legal de la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., manifestó tener interés en participar en la ejecución de trabajos de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.

La Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento efectuó el análisis de mercado y para el 11 de noviembre de ese año, el Grupo de Autorización de la Excepción al Concurso Abierto de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias dictaminó sobre la procedencia de excepción al concurso abierto.

Con esa misma fecha, el administrador del proyecto adscrito a la Dirección de Proyectos de Pemex Refinación, solicitó la contratación mediante el procedimiento de adjudicación directa en favor de la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., para la construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo.

El 11 de noviembre de 2015, la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento le solicitó al Director General de Pemex Transformación Industrial la convalidación del proceso de contratación en el esquema de adjudicación directa. Finalmente, la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento concluyó que la cotización propuesta por la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., era económicamente razonable y se le asignó.

Transparencia: México detuvo la caída, que se agudizó con EPN, en el Índice global de corrupción

jueves, enero 23rd, 2020

La caída de México en este indicador de agudizó desde 2015, con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder. México logró colocarse en la posición 130 de los 180 evaluados, respecto al sitio 139 que obtuvo en 2018; para ubicarse junto a los países de Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo. Transparencia Mexicana informó que a partir del 2015, el país registró una caída en la calificación de este instrumento.

–Con información de The Associated Press

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).– México mejoró un punto –con relación a 2018– en el ranking mundial Índice de Percepción de la Corrupción, al ubicarse en la posición 130 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional.

De acuerdo con la organización, el país obtuvo 29 de 100 puntos posibles en el instrumento, una mejora en la calificación de México, lo que significa que se “detuvo una caída de cinco años consecutivos en el Índice“.

La caída de México en este indicador de agudizó desde 2015, con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder. México logró colocarse en la posición 130 de los 180 evaluados, respecto al sitio 139 que obtuvo en 2018; para ubicarse junto a los países de Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo. Transparencia Mexicana informó que a partir del 2015, el país registró una caída en la calificación de este instrumento.

La cabeza del comunicado dice, textualmente: “México detiene caída en el Índice de Percepción de la Corrupción: Transparencia Mexicana”.

Luego viene un sumario:

“En 2019, México obtuvo una calificación de 29 puntos (en una escala donde 0 es mayor percepción y 100 menor percepción), y ocupa la posición 130 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional. Entre 2018 y 2019, México mejoró un punto y con ello detiene una caída sistemática que empezó en 2015. Para regresar a los niveles de 2014, México tendría que mejorar seis puntos más. México sigue siendo el país peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la posición 36 de 36 países miembros”.

Después la nota:

“Berlín/Ciudad de México, 23 de enero de 2010 Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional presentaron hoy su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Este instrumento registra la opinión de analistas, empresarias, empresarios y académicos de todo el mundo sobre su percepción de la corrupción en 180 países. Al mejorar su calificación en un punto respecto a 2018, México detuvo una caída de 5 años consecutivos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. México obtuvo 29 de 100 puntos posibles en este instrumento internacional, lo que representa una diferencia de un punto respecto al 2018”.

“A partir de ese momento, año tras año México fue deteriorando su calificación y perdiendo lugares en su posición relativa con otros países. Aunque la mejora de un punto es una señal positiva, si el país quisiera obtener nuevamente la calificación de 2014, tendría que mejorar otros seis puntos”, señaló la ONG.

Respecto a otros países del continente Americano, México se ubica por debajo de Canadá (12), Estados Unidos (23), Chile (26), Argentina (66), Colombia (96), Brasil (106), El Salvador (113) y Bolivia (123).

Mientras que países como República Dominicana (137), Paraguay (137), Guatemala (146), Honduras (146) y Nicaragua (161), se colocaron por debajo del país. A nivel mundial, los países con mejor calificación son Nueva Zelanda y Dinamarca, ambos en la posición número 1, seguidos por Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza.

Ante el resultado, Transparencia Mexicana recomendó que para revertir la tendencia de los últimos cinco años, el país debería consolidar el Sistema Anticorrupción, a nivel estatal y en los tres poderes.

“Asegurar el cumplimiento cabal de la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses para todos los servidores públicos, especialmente en áreas de riesgo y alto nivel”, añadió la ONG.

Además, encomendó tener una Fiscalía General de la República (FGR) autónoma e independiente, que cuente con los controles democráticos a fin de evitar su uso selectivo o político. El ranking Índice de Percepción de la Corrupción considera 13 fuentes de información de 12 instituciones distintas que recopilan percepciones de empresario, así como expertos en materia de anticorrupción en los 180 países evaluados.

Los datos son estandarizados en una escala de 0-100, en la que 0 es igual al nivel más alto de corrupción percibida y 100 es igual al más bajo, según explicó la organización. Y precisó que en el caso de México, el resultado se construyó a partir de nueve fuentes de información que recopilaron datos de 2018 y 2019.

FALLAN LAS POTENCIAS

Estados Unidos y varias potencias industriales líderes tratan de mantener el impulso en la lucha contra la corrupción, según un reporte publicado el jueves que instó a los gobiernos a abordar los problemas de financiamiento de los partidos políticos.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) anual, elaborado por el grupo de monitoreo Transparencia Internacional, mide la percepción de la corrupción en el sector público en 180 naciones. Emplea una escala donde 100 equivaldría a una nación muy limpia y cero a una muy corrupta.

Los 69 puntos de Estados Unidos, que recibió dos menos que el año anterior, fueron su peor resultado en ocho años, según Transparencia Internacional. Además, se situó en la 23ra posición de la lista, una más abajo que en la anterior revisión.

El reporte cita desafíos como las “amenazas a su sistema de controles y balances” y “la influencia cada vez mayor de intereses especiales en el gobierno”, así como el inicio del juicio político a su Presidente, Donald Trump.

Dinamarca, el país mejor valorado el año pasado, empató por el primer puesto con Nueva Zelanda, ambos con 87 puntos. Por detrás se situó Finlandia, y Singapur, Suecia y Suiza, empataron por la cuarta posición. Noruega, Holanda y Alemania y Luxemburgo _ las dos últimas igualadas en el noveno puesto _ completaron la parte alta de la clasificación.

Canadá perdió cuatro puntos hasta los 77 y quedó en la 12da posición. Sacó la misma valoración que Gran Bretaña, que obtuvo tres puntos menos, como Francia, que a su vez empató con Estados Unidos.

Del resto de miembros del Grupo de los Siete países más industrializados del mundo, Alemania y Japón, que quedó en la 20ma plaza, no sufrieron cambios, y solo Italia ganó un punto para sumar 53, que la dejan 51ra.

El último puesto volvió a ser para Somalia, con nueve puntos. Sudán del Sur, Siria y Yemen quedaron justo por encima, por detrás de un grupo de naciones igualadas por la 173ra posición que incluyó a Venezuela y Afganistán.

Uruguay, que empató con Emiratos Árabes Unidos con 71 puntos, y Chile, con 67, fueron los primeros países latinoamericanos de la lista en el 21er y 26to puesto, respectivamente. En el lado opuesto de la balanza, además de Venezuela, se situaron Haití, 168vo con 18 puntos, y Nicaragua, 161ro con 22.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Evan Vucci, AP

El informe destacó la situación de Nicaragua, que perdió siete puntos desde 2012, por ser una nación en la que “la sociedad civil y los partidos de la oposición son excluidos sistemáticamente del proceso político, mientras que los grupos críticos con el Gobierno operan en un clima cada vez más restrictivo”.

Transparencia Internacional hizo hincapié en el avance de Ecuador, empatado con otros dos países por la 93ra plaza con 38 puntos, porque “en los dos últimos años redujo algunas restricciones a la sociedad civil”, agregando que, pese a esto, el Gobierno “mantiene un excesivo poder regulador sobre las ONGs”.

El grupo llamó también la atención sobre Brasil (106to con 35 puntos), donde “la corrupción sigue siendo uno de los mayores impedimentos para el desarrollo económico y social”. Desde la elección de Jair Bolsonaro como Presidente, el país “experimentó una serie de reveses en sus marcos legales e institucionales anticorrupción” y “enfrentó dificultades para avanzar en reformas de amplio alcance en su sistema político”, agregó el reporte.

Más de dos tercios de los países recibieron menos de 50 puntos y el promedio fue de apenas 43, señaló Transparencia Internacional, agregando que los mejor situados en su índice tienen una férrea aplicación de las leyes de financiamiento electoral.

“La frustración por la corrupción gubernamental y la falta de confianza en las instituciones habla sobre la necesidad de una mayor integridad política”, dijo la directora del grupo, Delia Ferreira Rubio. “Los gobiernos deben abordar urgentemente el papel corruptor de las grandes corporaciones en la financiación de los partidos políticos y la influencia que tienen en nuestros sistemas políticos”.

El Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, habla con los periodistas al salir de su residencia oficial, el Palacio Alvorada. Foto: Eraldo Peres, AP

El informe destacó también que “la integridad en el país no siempre se traduce en integridad en el extranjero, y múltiples escándalos en 2019 demostraron que la corrupción transnacional está a menudo facilitada, permitida y perpetuada por los aparentemente limpios países nórdicos”.

Armenia y Angola lograron importantes avances este año, sumando siete puntos cada una para alcanzar los 42 (77ma plaza) y 26 (146ta), respectivamente.

De Salinas a EPN la política social fue un mecanismo perverso para ganar votos: AMLO en nuevo libro

jueves, noviembre 21st, 2019

Hacia una economía moral, el más reciente libro del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que a solo unos días de salir a la venta se encuentra entre los más vendidos en la Tienda Kindle de Amazon, describe cómo las políticas sociales de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron mecanismos perversos de control y manipulación con fines electorales. Además, durante este periodo la corrupción se incrementó.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).–Las políticas sociales de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no solo no disminuyeron la pobreza en México, sino que “fueron mecanismos perversos de control y manipulación con fines electorales”, describe el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su más reciente libro Hacia una economía moral.

En el libro, editado por Planeta, López Obrador califica los ex presidentes como los principales impulsores del modelo que ha minado la calidad de vida de los mexicanos: el neoliberalismo.

“Los programas sociales de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto –léase la secuencia Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera– han sido meros paliativos para la pobreza, cuando no mecanismos perversos de control y manipulación con fines electorales”, se lee en uno de los fragmentos del libro número 18 publicado por el Presidente.

A pocos días de salir a la venta, Hacia una economía moral se ubica en el primer lugar de los más vendidos en la Tienda Kindle de Amazon. Foto: Gobierno de México.

En el texto, el tabasqueño señala que el Estado no solo dejó de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, sino que incumplió su responsabilidad social de garantizar el bienestar de los mexicanos.

“Durante todo el periodo neoliberal no hubo programas de desarrollo, sino reparto de despensas o migajas”, dice el Presidente al mismo tiempo que destaca que también se dejaron de construir obras y servicios públicos como viviendas populares, campos deportivos, centros de salud y hospitales.

El libro, disponible ya en librerías de todo el país, está dividido en tres capítulos: El primero se llama “La corrupción, el principal problema de México”; el segundo, “El fracaso del modelo neoliberal” y, el tercero, “Las nuevas políticas para la transformación”.

Sobre el tema de la corrupción, López Obrador menciona en el libro que este problema “fue un fenómeno económico y político” que permaneció por mucho tiempo en México, desde la llegada de Hernán Cortés y se profundizó en el periodo neoliberal con la política económica de élite impulsada en el sexenio de Miguel de la Madrid y se consolidó con Salinas de Gortari.

“Con este propósito hubo intensas campañas propagandísticas en las que intelectuales y ‘líderes de opinión’ repetían como loros falsedades para justificar el blindaje oficial y el predominio de los intereses económicos de una minoría por encima del bienestar público”, detalla López obrador en su texto.

De acuerdo con el libro, con Salinas el desequilibrio entre ricos y pobres se profundizó como nunca, “por ello lo he bautizado como el Padre de la Desigualdad Moderna”.

Según el texto, la política salinista se siguió aplicando durante los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Durante esos sexenios, dice, un grupo compacto ejercicio el control de las instituciones, sociedad civil y en la mayoría de los medios de comunicación:

“El grupo ‘compacto’ original creado por Salinas y que se benefició con el remate de bienes públicos durante su gobierno no sólo continuó acumulando riquezas, sino que también fue concentrado el poder político hasta llegar a situarse por encima de las instituciones constitucionales.

“En los hechos, los integrantes de este grupo eran quienes verdaderamente andaban y decidían sobre las cuestiones fundamentales en la Cámara de Diputados y en el Senado, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Instituto Federal Electoral, en el Tribunal Electoral, en la Procuraduría General de la República, en la SHCP y en el Gobierno en su conjunto, así como en los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, en la mayoría de las agrupaciones de la llamada ‘sociedad civil’ y en las organizaciones supuestamente no gubernamentales; además, ejercieron una influencia determinante, sino es que el control parcial o total, en la mayoría de los medios de comunicación”.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha señalado al neoliberalismo como la corriente culpable de que la mitad de la población viva en pobreza, haya inseguridad, corrupción y un crecimiento estancado.

El neoliberalismo es la corriente económica y política capitalista, inspirada en el liberalismo clásico de las décadas de 1970 y 1980. Surge como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social, es decir, del Estado benefactor, y se basa en el libre mercado.

A pocos días de salir a la venta, Hacia una economía moral se ubica en el primer lugar de los más vendidos en la Tienda Kindle de Amazon. En la portada del libro aparece una fotografía del Ejecutivo federal mientras ofrece uno de sus tradicionales encuentros matutinos con la prensa, con el característico fondo de color rojo.

El libro plantea la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de una economía nacional basada en la prosperidad general de la población y la reestructuración de los organismos, las instituciones y, sobre todo, las prácticas políticas y sociales para servir al bien común y propiciar un verdadero Estado de bienestar.