La Fiscalía acusa a Castillo, a varios familiares, al actual Ministro de Transportes Geiner Alvarado, y a un Alcalde del pueblo donde vivía el mandatario, de integrar un grupo criminal.
LIMA (AP) — Un Juez peruanodictó el domingo una sentencia de dos años y medio en prisión para Yenifer Paredes, la cuñada del Presidente Pedro Castillo, mientras se le investiga por su presunta participación en una organización criminal para lavar activos, a la que también pertenecerían el mandatario y la Primera Dama.
Después de postergar su decisión por dos ocasiones, el Juez Johnny Gómez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dijo que existía “una alta probabilidad de peligro de fuga”, por lo que no se podía dictar otra medida que la prisión preventiva.
A pesar de ser la cuñada del mandatario, Paredes, de 26 años, fue criada desde pequeña como hija de la pareja presidencial después de la muerte de su madre.
Paredes permanecerá encarcelada en la prisión Santa Mónica, de la capital, hasta el 9 febrero de 2025. La defensa de la acusada apeló la decisión.
Un opositor al Gobierno del presidente Pedro Castillo sostiene fotografías de Castillo, cuñada Yenifer Paredes y su esposa Lilia Paredes con la leyenda “Delincuentes”. Foto: Martín Mejía, AP
La semana pasada, la Fiscalía peruana había solicitado a un Juez una condena de tres años de cárcel preventiva contra Yenifer Paredes mientras se lleva a cabo la investigación. Paredes cumplió el domingo 18 días desde que fue detenida.
Paredes se entregó a la Fiscalía el 10 de agosto, un día después de que la policía fracasó en su intento de detenerla en el palacio presidencial.
La Fiscalía acusa a Castillo, a varios familiares, al actual Ministro de Transportes Geiner Alvarado, y a un Alcalde del pueblo donde vivía el mandatario, de integrar un grupo criminal. La coordinadora sería la Primera Dama y los testaferros tres cuñados de Castillo, incluyendo a Yenifer Paredes. En tanto, las empresas fachada serían propiedad de allegados a la familia presidencial.
La Fiscalía presume que Yenifer Paredes ayudó al dueño de una de estas empresas a obtener contratos de obras públicas a pesar de no tener la capacidad económica ni la experiencia para garantizar la ejecución de las obras.
Castillo suma al momento seis investigaciones fiscales, pero niega todas las acusaciones.
El derrame ocurrió el 15 de enero durante una descarga de petróleo; Perú afirma que se derramaron 11 mil 900 barriles de petróleo, mientras que Repsol indica que sólo fueron unos 10 mil 400.
LIMA, 24 de agosto (AP).— Un juzgado peruano admitió una demanda por cuatro mil 500 millones de dólares en contra de Repsol tras un derrame de petróleo en el litoral capitalino a mediados de enero, el cual es considerado como el peor desastre ambiental en la historia del país sudamericano, informó la agencia estatal de protección al consumidor el martes.
A Repsol y los demás demandados —la aseguradora española Mapfre Global Risks, la transportadora marítima italiana Fratelli D’Amico Armatori y una empresa del grupo chileno Ultramar— se les fijó un plazo de un mes para presentar una respuesta por daños y perjuicios, de acuerdo con lo establecido por el 27 Juzgado Civil de Lima.
La demanda fue presentada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). El titular de la agencia, Julián Palacín, dijo en una nota de prensa que tras el derrame de miles de barriles de petróleo, las autoridades cerraron decenas de playas desencadenando una “severa afectación” a las actividades económicas de comerciantes, asociaciones y negocios.
Trabajadores cubiertos de petróleo tras limpiar una playa en en Ventanilla, distrito del Callao, Perú, 21 de enero de 2022. Foto: Martin Mejia, AP.
La agencia estatal añadió que también se vio afectada toda la población que no pudo hacer uso de espacios naturales públicos como son las playas “donde se puede gozar de la paz, tranquilidad, descanso y tiempo libre”.
Palacín precisó que la demanda podría generar jurisprudencia “a nivel nacional e internacional en temas de derrames de petróleo que producen daños y perjuicios por la afectación de los intereses difusos con daño moral colectivo”.
“Buscamos el resarcimiento de la población afectada, terceros beneficiarios de la cobertura de responsabilidad civil que domicilian en 150 kilómetros del litoral contaminado”, indicó.
Kiefer Taboada muestra un puñado de moluscos cubiertos de petróleo en la playa Culebras en el distrito de Ventanilla de Callao, Perú. Foto: Martin Mejía, AP.
Recordó que la agencia de evaluación ambiental dijo hace una semana que alrededor de 25 playas siguen contaminadas siete meses después del derrame.
El derrame ocurrió el 15 de enero durante una descarga de petróleo de un buque italiano propiedad de la empresa Fratelli d’Amico Armatori hacia una refinería de Repsol, la más grande de Perú. El vertimiento impactó un área un poco más grande que la ciudad de París.
Perú afirma que se derramaron 11 mil 900 barriles de petróleo, mientras que Repsol indica que sólo fueron unos 10 mil 400.
El Instituto de Defensa Civil del Perú dijo en un comunicado que un barco estaba cargando petróleo en la refinería La Pampilla en la costa del Pacífico cuando las fuertes olas movieron la embarcación y provocaron el derrame. Foto: Martin Mejía, AP
Los rescatistas hallaron 300 aves muertas y han observado a otras 1.200 cubiertas de crudo, en especial cormoranes, guanayes, piqueros, pingüinos de Humboldt, pelícanos y gaviotas peruanas.
El Gobierno aún no ha anunciado cuándo es que se podrán reanudar las actividades de pesca comercial en el Pacífico. Se calcula que hay alrededor de cinco mil 500 pescadores afectados de forma directa, pero el Gobierno asegura que el derrame ha perjudicado a cerca de 700 mil personas, incluyendo a toda la cadena de trabajadores que laboraban en las playas contaminadas.
Repsol ha responsabilizado del derrame a la embarcación, mientras que Fratelli D’Amico Armatori ha pedido que no se proporcione información “incorrecta o engañosa” una vez que la investigación de la fiscalía está en marcha.
La hermana menor de la esposa de Castillo, Yenifer Paredes, está detenida en un local policial por 10 días mientras es investigada por la misma causa, que acusa a Castillo de encabezar una organización familiar que lava dinero.
LIMA (AP) — El Presidente peruano Pedro Castillo aseguró el domingo que la justicia quiere detener a su esposa y otros familiares en medio de una investigación preliminar de la Fiscalía, la cual acusa al mandatario de ser el presunto líder de una organización familiar de lavado de activos.
“Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla y quieren engrilletar también al resto de mi familia”, manifestó Castillo, que enfrenta seis investigaciones fiscales, varias de ellas por corrupción.
Ello ha provocado que abandone su habitual mutismo y critique a la fiscalía, a la oposición parlamentaria y a parte de la prensa, de quienes dice forman una tríada que busca despojarlo del poder.
El Presidente peruano Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes, izquierda, saludan al Presidente estadounidense Joe Biden y a la Primera Dama Jill Biden. Foto: Evan Vucci, AP
La Primera Dama Lilia Paredes está acusada de formar parte de la presunta organización criminal. La hermana menor de la esposa de Castillo, Yenifer Paredes, está detenida en un local policial por 10 días mientras es investigada por la misma causa. La fiscalía tambien acusa a los otros dos hermanos de la primera dama, David y Walther.
Los fiscales sospechan que la familia presidencial ayudó al dueño de una supuesta empresa fachada a obtener obras públicas pese a no tener la capacidad económica para garantizar la ejecución de las obras ni la experiencia. Castillo niega todas las acusaciones.
La semana pasada la policía acudió al palacio presidencial para detener a Yenifer Paredes y buscó en todas las habitaciones, incluso debajo de la cama del mandatario, de acuerdo a una acta de allanamiento a la que The Associated Press tuvo acceso. Los agentes no encontraron a la cuñada de Castillo, quien al día siguiente se entregó a la Fiscalía.
El Presidente dijo el viernes que su esposa está dispuesta a entregar su pasaporte al Juez para demostrar que no tiene intenciones de irse del país, y que quiere someterse a la justicia y demostrar su inocencia.
Castillo gobierna desde hace un año y su mandato concluye en 2026.
El objeto de la investigación es el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, en la adjudicación de obras públicas.
Por Franklin Briceño
LIMA, 12 de agosto (AP) — La Fiscalía peruana inició una nueva investigación preliminar contra el Presidente Pedro Castillo y su Ministro de Transportes por presuntamente integrar una organización criminal. Esta es la sexta indagación contra el mandatario, un caso inédito en la historia peruana.
La nueva pesquisa, que incluye al Ministro Geiner Alvarado -quien antes estuvo a cargo del Ministerio de Vivienda- es ejecutada por la Fiscal General Patricia Benavides.
El objeto de la investigación es el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, en la adjudicación de obras públicas en dos provincias, una de ellas llamada Chota y ubicada en los Andes, donde el mandatario vivía antes de asumir la presidencia.
Me acusan falsamente de haber traicionado a la patria. No se dan cuenta que en la práctica los que nos acusan, son los que traicionan a la patria. Nos acusan de tantas cosas, sin pruebas. No les ha gustado que trabajemos con el pueblo, el maestro, el campesino.(6/8)
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 11, 2022
La noche del miércoles Castillo dijo en el Palacio Presidencial ante líderes barriales de la capital que las investigaciones fiscales han golpeado a su familia, pero que iba a responderlas con trabajo.
Su cuñada Yenifer Paredes, de 26 años y criada desde niña como hija por el mandatario y su esposa Lilia Paredes, se entregó a la Fiscalía luego de que las autoridades ordenaron detenerla por 10 días por supuestamente integrar un grupo criminal para lavar activos liderado por el mandatario.
“Sé que el día de hoy en este momento Yenifer [Paredes] está pernoctando en el piso, es parte de la lucha, de la vida política en el Perú, pero eso me fortalece porque sé que mi hija y el resto de mi familia juntamente con ustedes vamos a salir adelante, por un país más justo”, dijo el mandatario.
La primera dama de Perú, Lilia Paredes, derecha, lee la Biblia junto a su hermana menor Yenifer y la hija de ésta, Alondra, de nueve años, durante una ceremonia religiosa. Foto: Franklin Briceño, AP.
El Ministro Alvarado -uno de los pocos funcionarios que sobrevive en el Gabinete de Castillo desde el inicio de su gobierno el 28 de julio de 2021- también está implicado en la investigación por presunto lavado de activos que provocó la detención de Yenifer Paredes.
En la indagación por lavado de activos, la Fiscalía esbozó un organigrama de una presunta red criminal liderada por Castillo que incluye a varios familiares, a Alvarado y a un Alcalde del pueblo donde vivía el mandatario. La coordinadora sería la primera dama y los testaferros tres cuñados del mandatario, incluida Yenifer Paredes. En tanto, las empresas de fachada serían propiedad de personas cercanas a la familia presidencial.
Castillo, que gobierna desde hace un año, niega todas las acusaciones. El martes, luego de que policías y fiscales buscaran sin éxito a su cuñada en el Palacio Presidencial, el mandatario indicó que la Fiscalía “montó un show mediático” y añadió que existe una confabulación de una parte del Congreso, la Fiscal General y un sector de la prensa para “tomar el poder de forma ilegal”.
El Presidente peruano Pedro Castillo enfrenta a la Fiscalía por sexta ocasión. Foto: Guadalupe Pardo, AP
La víspera el Ministro Alvarado rechazó ser parte de una organización criminal para lavar activos y pidió a la Fiscalía esclarecer el caso para “no afectar la dignidad de las personas”.
Esta la primera vez que la Fiscalía peruana investiga a un mandatario en funciones.
El caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht que explotó en 2016 en casi toda Latinoamérica dio pie a que el Ministerio Público peruano iniciara investigaciones contra cuatro expresidentes, políticos y empresarios influyentes. Desde entonces los peruanos vieron por primera vez detenciones de personas que antes eran consideradas intocables, algunas de ellas con grilletes en las manos y rodeadas de policías.
Un expresidente se suicidó antes que la policía lo detuviera, otro exmandatario fue encarcelado por nueve meses junto a su esposa y afronta un juicio donde la Fiscalía pide una sentencia de 20 años de cárcel, otro está detenido en Estados Unidos esperando una extradición y un cuarto expresidente tiene prohibido abandonar Perú y debe firmar cada mes su asistencia en un juzgado.
Antes, en 2009, la justicia sentenció a 25 años de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos y también por corrupción a otro expresidente, Alberto Fujimori (1990-2000).
Imágenes de varias televisoras mostraron a la cuñada del Presidente ingresando a la Fiscalía, mientras decenas de personas la apoyaban.
LIMA, 11 de agosto (AP).— La cuñada del Presidente peruano Pedro Castillo se entregó el miércoles a la Fiscalía luego de que la policía la buscara sin éxito la víspera en el palacio presidencial para detenerla por supuestamente integrar un grupo de lavado de activos que estaría liderado por el mandatario.
José Dionicio, abogado de Yenifer Paredes —la cuñada de 26 años del Presidente y a quien la pareja presidencial crió como hija desde niña—, dijo a la radio local RPP que su defendida se presentó de forma voluntaria y no se convertirá en delatora porque se considera inocente.
Dionicio no dio detalles sobre dónde pernoctó Paredes ni dónde estaba durante la intervención policial en el palacio presidencial.
La primera dama de Perú, Lilia Paredes, derecha, lee la Biblia junto a su hermana menor Yenifer y la hija de ésta, Alondra, de nueve años, durante una ceremonia religiosa. Foto: Franklin Briceño, AP.
La Fiscalía acusa a Castillo, a varios familiares, al actual Ministro de Transportes Geiner Alvarado y a un Alcalde del pueblo donde vivía el mandatario de integrar un grupo criminal. La coordinadora del mismo sería la primera dama y los testaferros tres cuñados de Castillo, incluida Paredes. Las empresas fachada serían propiedad de personas cercanas a la familia presidencial.
La Fiscalía presume que Paredes ayudó al dueño de una de las supuestas empresas fachada a obtener obras públicas pese a no tener la capacidad económica para garantizar la ejecución de las obras ni la experiencia.
Imágenes de varias televisoras mostraron a la cuñada del Presidente ingresando a la Fiscalía, mientras decenas de personas la apoyaban, varias de ellas dirigentes campesinos que se reunieron con Castillo por la mañana.
En un año el Parlamento ha buscado destituir a Castillo dos veces. Foto: Guadalupe Pardo, AP
Algunos manifestantes llevaban carteles que decían “Abajo la prensa basura” y “Cierre del Congreso”. Castillo les dijo temprano a los campesinos que ahora tomará decisiones distintas en sus relaciones con el Parlamento, pero no especificó cómo lo hará.
“Hemos dado el plazo suficiente, muchas veces hemos querido… trabajar de la mano, pero han tenido una agenda propia”, dijo.
En un año el Parlamento ha buscado destituirlo dos veces sin lograr los 87 votos necesarios.
Benji Espinoza, el principal abogado del Presidente y de su esposa Lilia Paredes, renunció temprano a la defensa, pero sin precisar los motivos. Por la noche, Espinoza retomó la defensa, pero tampoco explicó las razones y sólo dijo que formaban parte “del derecho al secreto profesional”.
Siempre junto al pueblo, esta vez, me reúno con dirigentes de Lima Metropolitana y de organizaciones sociales en Palacio de Gobierno. Gracias por su respaldo a esta gestión de gobierno, gracias por el apoyo a la gobernabilidad y la democracia. El pueblo unido jamás será vencido. pic.twitter.com/qbv1CIOS7H
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 11, 2022
Más tarde otros videos mostraron a Paredes dentro de la Fiscalía sentada junto a una mujer que la acompañaba, rodeada de fiscales y policías. Otros dos miembros del círculo presidencial —un sobrino y el exministro de Transportes Juan Silva— siguen prófugos.
El martes, tras la fallida búsqueda, el Presidente indicó que la Fiscalía “montó un show mediático”, y añadió que existe una confabulación de una parte del Congreso, el Ministerio Público y un sector de la prensa para “tomar el poder de forma ilegal”.
“Podrán tener medios, dinero, pero no tienen al pueblo”, dijo.
Pedro Castillo es el Presidente de Perú. Foto: Martín Mejía, AP
La policía también había buscado a Paredes en la casa de una prima en Lima y en su domicilio rural en los Andes de Cajamarca, donde la pareja presidencial la crio desde niña cuando su madre murió.
La justicia también ordenó detener a otros integrantes de la presunta red.
Castillo, quien enfrenta cinco investigaciones fiscales —la mayoría por presunta corrupción—, niega todas las acusaciones. Gobierna desde hace un año y su mandato terminará en 2026.
El nuevo entrenador reemplaza al argentino Gareca quien logró en 2018 clasificar a la Blanquirroja al Mundial de Rusia tras 36 años de ausencia.
LIMA (AP) — La selección peruana de futbol se decidió por su excapitán Juan Reynoso como el técnico sucesor de Ricardo Gareca en la Blanquirroja, que recién hace unas semanas naufragó en su intento de clasificarse a lo que hubiera sido su segundo Mundial consecutivo.
“¡De capitán a seleccionador! Juan Reynoso es el flamante entrenador de nuestra @SelecciónPeru con el objetivo puesto en la Copa del Mundo 2026”, informó la selección peruana mediante su cuenta oficial en Twitter.
El nuevo entrenador nacional, de 52 años, fue jugador de la selección de Perú en la década de 1990 y llegó a marcar cinco anotaciones. Su carrera como director técnico empezó en equipos modestos de la liga profesional peruana y luego escaló hasta dirigir al popular Universitario de Deportes, donde ganó un campeonato en 2009 y con el FBC Melgar en 2015.
¡ᴅᴇ ᴄᴀᴘɪᴛáɴ ᴀ sᴇʟᴇᴄᴄɪᴏɴᴀᴅᴏʀ! ⚽
Juan Reynoso es el flamante entrenador de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 con el objetivo puesto en la Copa del Mundo 2026.
Emigró a México, donde dirigió al modesto Puebla, al que logró clasificar a la liguilla del Apertura 2020 a pesar de tener una de las nóminas más bajas de la máxima categoría. Luego llegó a Cruz Azul, uno de los cuatro equipos más populares del país, y en su primer torneo logró darle su primer título de liga desde el Invierno de 1997.
Reynoso había militado también como jugador en Cruz Azul. En México se coronó además en el Campeón de Campeones del 2021, un duelo que enfrenta a los ganadores de los dos torneos cortos que se realizan cada año.
El nuevo entrenador reemplaza al argentino Gareca quien logró en 2018 clasificar a la Blanquirroja al Mundial de Rusia tras 36 años de ausencia.
Gareca llevó a Perú a su primer Mundial en 36 años (Rusia 2018) y estuvo a punto de llevarlo a Catar 2022. Foto: AP, Martín Mejía
Gareca decidió en julio que no extendería su contrato tras siete años con las riendas de la selección peruana.
Perú finalizó las más recientes eliminatorias sudamericanas en el quinto sitio, con 24 puntos en 18 partidos. Avanzó así a un repechaje intercontinental pero cayó en penales ante Australia.
Reynoso hablará sobre su nuevo cargo en una conferencia de prensa revista para este miércoles.
La Fiscalía de Perú decidió ampliar la investigación preliminar a Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal e incorporar en el mismo a Beder Camacho y a Eder Vitón, subsecretario y asesor técnico de Presidencia.
LIMA (AP) — La Fiscalía General peruana amplió este lunes una investigación contra el mandatario Pedro Castillo por despedir en julio a un Ministro que conformó un equipo de policías para capturar a miembros del entorno presidencial, quienes están prófugos y señalados de integrar una presunta red de corrupción.
Castillo tiene cinco investigaciones en su contra, cuatro por presunta corrupción dirigidas por la Fiscal General Patricia Benavides y otra, realizada por un Fiscal de menor rango por un presunto plagio realizado por el Presidente en su tesis de maestría hace una década.
Ahora se investigará a Castillo por el delito de organización criminal que se suma al de encubrimiento iniciado el 21 de julio tras remover al entonces Ministro del Interior Mariano González, quien dijo que fue cambiado porque no avisó al mandatario de la conformación de un equipo policial para capturar al sobrino del mandatario Fray Vásquez y al exministro de Transportes Juan Silva.
La Fiscal General, a partir del testimonio de otros aspirantes a colaboradores eficaces, sospecha que Castillo es el líder de una organización criminal que recibía dinero obtenido de obras públicas.
El Presidente peruano Pedro Castillo tiene cinco investigaciones en su contra. Foto: Juan Karita, AP
Benavides también incluyó este lunes en la investigación al Subsecretario de la Presidencia Beder Camacho y al asesor del Gabinete técnico de la Presidencia Eder Vitón. Se sospecha que Camacho podría haber ayudado a fugar al exsecretario presidencial Bruno Pacheco, quien se entregó tras casi cuatro meses y busca convertirse en colaborador eficaz para reducir una posible condena.
El domingo Castillo anunció que denunciará por emitir “noticias falsas” al programa televisivo Panorama luego que se difundió un reportaje donde se indicó que el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, había dicho a los fiscales que en 2021 entregó un sobre con siete mil 800 dólares al mandatario por haber colocado a un economista como miembro del directorio de la petrolera estatal Petroperú.
Pacheco renunció a fines de 2021 al cargo de Secretario presidencial luego que los fiscales le encontraron 20 mil dólares en su oficina dentro del palacio de Gobierno.
A un año de iniciado su mandato, Castillo alcanza 74 por ciento de desaprobación, 20 por ciento de popularidad y seis por ciento de indecisos, de acuerdo a un sondeo de julio de la firma Ipsos Perú.
La Fiscalía peruana decidió abrir una nueva investigación contra Pedro Castillo por el presunto delito contra la administración de justicia-encubrimiento personal. Foto: Guadalupe Pardo, AP.
El Presidente peruano Pedro Castillo cumplió un año en el cargo dentro una serie de polémicas como la enfrentada oposición con el Congreso y la investigación en su contra por presunta corrupción; mientras tanto, pobladores de pueblos como Tupe quieren que continúe Castillo a pesar de las fallas que han habido inicialmente durante su mandato.
Por Franklin Briceño
TUPE, Perú, 27 de julio (AP).— Pedro Castillo cumple un año como Presidente de Perú con su popularidad diezmada por la inestabilidad en su gestión e investigado por presunta corrupción, aunque en las zonas rurales se cree que la culpa no sólo es de Castillo, sino del Parlamento, que consideran aún más impopular y que buscó remover dos veces al mandatario.
En el último pueblo de una vía de los Andes, a 153 kilómetros de la capital, donde aún se habla jaqaru, una lengua indígena en extinción diferente al quechua y que existía en tiempos de los Incas, María Acevedo, de 51 años, asegura que los ricos que siempre han dirigido los hilos del poder desde la capital “no dejan trabajar” al primer Presidente de origen rural en dos siglos de República.
“Queremos que llegue a los cinco años, que trabaje, que cumpla, ¿por qué lo van a botar?”, dijo la mujer que tenía un pañuelo amarrado en la cabeza y vestía un traje rojinegro, que usan las mujeres en su comunidad. “Queremos que aprenda, nadie entra a ser Presidente sabiendo”, indicó Acevedo, dueña de una pequeña tienda de comestibles, con primaria incompleta y quien votó por Castillo.
Está preocupada por el alza de los precios de los alimentos y combustibles que han impulsado protestas en Sudamérica, incluyendo varias ciudades de Perú, pero —a diferencia de los pobres que viven en las colinas desérticas de la capital urbana de 10 millones de habitantes— Acevedo obtiene alimentos de sus cosechas de tubérculos, así como de la crianza de ganado y animales de granja.
María Acevedo habla durante una entrevista en su restaurante en Tupe, Perú. Después de un año en el cargo, Castillo ha visto caer su aprobación en las encuestas ya que su administración se ha visto acosada por una miríada de problemas que van desde acusaciones de corrupción hasta que el parlamento intentó destituirlo dos veces de su cargo. Foto: Guadalupe Pardo, AP.
Arnulfo Casas, un profesor jubilado de 70 años que trabajó décadas en la Amazonía y regresó a Tupe para cuidar a su mujer enferma, tiene más dudas. Castillo “ha prometido muchas cosas, como cambios estructurales, mucha gente ha confiado, pero, actuando como Presidente, tiene muchas deficiencias, eso hace que los compueblanos estén desconfiando”, dijo frente a su juguería, cuyos letreros están escritos en jaqaru, una lengua hablada por apenas medio millar de peruanos.
Casas se queja con amargura del Congreso. “Los partidos que han perdido no dejan trabajar [a Castillo], todo es oposición”, comentó el hombre que usa un sombrero negro. “La mayoría de los pobladores de la sierra y la selva queremos que Castillo legalmente continúe”, añadió.
Desde 2016 Perú vive en una crisis política caracterizada porque los Parlamentos y presidentes de turno buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 el mandatario Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo Presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por marchas que dejaron dos muertos y 200 heridos. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto a Castillo.
Este último ofreció luchar contra la corrupción, elevar los impuestos a las ganancias mineras, masificar el gas natural, reescribir la constitución y acabar con supuestos monopolios que elevan los precios del gas doméstico y las medicinas. También prometió que iba a seguir cobrando su sueldo de maestro y expulsar a delincuentes extranjeros en 72 horas luego de iniciada su gestión.
“En los diversos sectores sociales hay una serie de expectativas no cumplidas que han generado desilusión y un clima de descontento y desgaste”, dijo Rodrigo Gil, profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya e investigador del Instituto de Estudios Peruanos.
La frase “no más pobres en un país rico” —que permitió a Castillo ganar por apenas 44 mil votos a Keiko Fujimori, hija del único exmandatario peruano preso por asesinato y corrupción— está escrita en un muro a la entrada del pueblo de Tupe, pero ha comenzado a borrarse tras un año, igual que la popularidad del mandatario, que en 11 meses ha caído de 38 por ciento a 19 por ciento, según los sondeos del Instituto de Estudios Peruanos. En junio, la impopularidad del mandatario llegó a 71 por ciento, mientras 10 por ciento no opina.
Seguimos apoyando el trabajo de los agricultores. Esta vez, me reuní con los representantes de los gremios cafetaleros, cacaoteros y fruticultores del país, con quienes abordamos el fortalecimiento del sector agrícola para impulsar su productividad.#SiempreConElPueblopic.twitter.com/YDPVKjSyq2
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 5, 2022
El Parlamento es más impopular. Tiene 85 por ciento de rechazo, 12 por ciento de aprobación y tres por ciento de indecisos, según la misma encuesta.
El Congreso perdió tiempo y dinero investigando un supuesto fraude en las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Castillo. Gastaron más de 55 mil dólares y 10 meses para elaborar un informe que se archivó. Intentaron destituir dos veces a Castillo por su presunta incapacidad moral, sin alcanzar los votos necesarios. Un audio de la presidenta del Parlamento, María Alva, filtrado a la prensa en junio, describe con groserías a Castillo.
“No quiere ir al Congreso, no tiene cómo defenderse, está solo y está cagado”, dijo Alva, quien reconoció su voz.
Castillo, de 52 años, afronta cinco investigaciones: cuatro por corrupción a cargo de la fiscal general, Liz Benavides, y una por el presunto plagio de su tesis de maestría en Psicología Educativa que fue presentada en 2012 en la provincia de Tacabamba, donde estudió y trabajó como profesor rural.
Es el primer Presidente investigado en funciones. No sorprende en un país donde casi todos los exmandatarios de los últimos 40 años están indagados por corrupción o lavado de activos ligados a multinacionales, como la constructora brasileña Odebrecht. Uno se suicidó en 2019 antes de ser capturado por la policía y otro está detenido en Estados Unidos esperando una extradición.
Una pared está cubierta por una frase que fue un eslogan de campaña electoral utilizado por el actual presidente Pedro Castillo, en Tupe, Perú. Foto: Guadalupe Pardo, AP.
“Algunos piensan que acá vamos a doblegar, a pesar de que se meten con tus hijos, con tus padres, con tu familia, en 11 meses no encuentran una sola prueba”, dijo Castillo en el sur y en referencia a las indagaciones dirigidas por la fiscal general, quien cuando asumió el cargo aseguró que irán “tras la investigación de cualquier acto delictivo ya sea del más poderoso o cualquier ciudadano común”.
La fiscal sospecha que el Presidente sería líder de una red que recibía dinero de licitaciones de obras públicas. Castillo lo niega, pero parte de su círculo de confianza bajo escrutinio está prófugo: su sobrino Fray Vásquez y el exministro de Transportes, Juan Silva.
El exsecretario presidencial Bruno Pacheco, a quien la fiscalía halló 20 mil dólares en su oficina, se entregó el sábado a la policía.
El Presidente dice que no llegó al poder para “meter las uñas” en el tesoro público y que si le demuestran que “robó un centavo al país” pedirá cadena perpetua para sí mismo, su padre lo desheredará y se someterá a la justicia campesina que castiga a los ladrones con azotes en el trasero. Con escasa formación política y sin experiencia en gestión pública, ha mostrado enorme desinterés por la meritocracia, según los expertos.
En febrero, en medio de una tercera ola de COVID-19, cambió a un Ministro de Salud que impulsaba la vacunación por un médico que había promocionado un tipo de agua que supuestamente retrasaba el envejecimiento. Tras el derrame de miles de barriles de petróleo frente al Pacífico, reemplazó a su ministro del Ambiente por un bachiller de geografía sin experiencia que renunció a los ocho días. Desde febrero, el ministerio de Agricultura ha visto pasar a cuatro secretarios pese a la extendida crisis por la escasez y encarecimiento de fertilizantes rusos debido a la guerra de Rusia en Ucrania.
#LoÚltimo| El Ministerio Público inició investigación de oficio contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y su esposa Lilia Paredes, por el presunto delito de #PlagioAgravado, #FalsedadGenérica y #CobroIndebido en agravio del Estado, @Sunedu y otros.
Por los 19 ministerios del Gobierno han pasado 58 secretarios en menos de un año, una marca en la historia nacional. Castillo ha juramentado a cuatro primeros ministros. Uno duró tres días luego que la prensa descubrió que tenía denuncias por violentar a su esposa e hija. El Ministerio del Interior tiene un séptimo secretario porque el anterior, Mariano González, fue sacado a los 15 días tras organizar un grupo policial para buscar al entorno fugado del Presidente. Tras su remoción, González llamó “pobre diablo” al Primer Ministro y confesó en una televisora que era un infiltrado que aceptó al cargo para “recuperar la democracia” y que hará “lo necesario para que caiga Castillo”.
“Es realmente una aberración”, dijo a radio Exitosa el antecesor de Castillo, el expresidente Francisco Sagasti (2020-2021) en referencia a los cambios de ministros que paralizan las políticas públicas y generan incontables cambios en puestos intermedios y de base. Sagasti es el único exmandatario sin investigaciones por corrupción que gobernó nueve meses.
Las redes sociales y los medios muestran los descuidos de Castillo, quien a veces se equivoca al leer discursos o suelta datos incorrectos. En Washington, durante un cita de la Organización de Estados Americanos en septiembre, dijo que en Perú habían muerto más de 215 mil personas por COVID —cuando la cifra de entonces eran de 199 mil fallecidos— y en abril se refirió a la guerra entre Rusia y Croacia, en vez de Ucrania. Lo acusan de terrorista, los comparan con un burro o con el cómico mexicano Cantinflas. En una boda de Lima se presentó a un muñeco vestido como el Presidente que es asesinado entre aplausos. En la Feria Internacional del Libro de Lima 2022 se ha presentado un libro infantil llamado “El burrito que no quería ser Presidente”, en cuya portada se ve a un jumento con banda presidencial y un sombrero similar al que usó el mandatario y es característico de los campesinos de los Andes.
El Presidente de Perú Pedro Castillo. Foto: Cuartoscuro.
Castillo ha confesado que no lee periódicos ni mira televisión porque “tienen su propia agenda”. Su amarga relación con los medios, sobre todo de Lima, empezó durante la campaña electoral que lo llevó al poder. “En la campaña hicieron de todo conmigo”, recordó en enero. “Cuando yo salía a los medios de comunicación y decía ‘esto voy a hacer por el Perú’, como candidato, me daba cuenta de que los periódicos y las pantallas al siguiente día nunca hablaban de lo que hablaba”, añadió.
La prensa local concentra sus reportes en los avances de las investigaciones fiscales sobre la presunta corrupción del mandatario y en seguir el debate de cuál es el mejor camino para destituir a Castillo. En respuesta el Gobierno ha enviado un plan de ley al Parlamento para encarcelar con hasta cuatro años de cárcel a quien difunda investigaciones a nivel fiscal. La iniciativa es considerada un retroceso, según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
“Es un Gobierno muy precario. Está concentrado en sacar el cuello fuera del agua y respirar día a día para sobrevivir, no tiene la capacidad de mirar el horizonte en el mediano y largo plazo para cuando venga el temporal, superarlo relativamente bien”, dijo el profesor universitario Gil.
La psicóloga Ana Estrada de 45 años lleva más de 30 años sufriendo de la poliomisitis, enfermedad que ha paralizado casi todos sus músculos, comprometiendo los respiratorios; la eutanasia está penada en Perú, sin embargo, la Corte Suprema decidió hacer una excepción en este caso.
Por Franklin Briceño
LIMA, 15 de julio (AP).— Por primera vez en la historia local, la CorteSuprema de Perú autorizó el jueves una eutanasia para la psicóloga Ana Estrada, quien padece una enfermedad incurable, confirmando una orden de un tribunal de primera instancia que permitirá que alguien le quite la vida cuando ella lo desee sin ser castigado.
En un comunicado, el máximo tribunal indicó que con la decisión del juez supremo Augusto Ruidías se conjuntaron los cuatro votos a favor necesarios para otorgar ese derecho a Estrada, frente a dos sufragios en contra. Ruidías realizó una sesión en junio para decidir su voto.
Estrada, de 45 años, sufre desde hace más de 30 años una enfermedad incurable llamada polimiositis que ha paralizado casi todos sus músculos. Pese a ello estudió y ejerció su profesión, hasta que hace cinco años el deterioro la obligó a estar en cama al comprometer sus músculos respiratorios.
La eutanasia en Perú no está permitida y se castiga hasta con tres años de cárcel a quien ayude a morir a otro que lo solicite. En el caso de Estrada se hará una excepción.
La psicóloga tuiteó: “Ha ganado la vida y el derecho a la autonomía y libertad. Toda conquista de un derecho nace a partir de una necesidad de un ciudadano/a de a pie, jamás de los gobernantes”.
Esta “lucha es feminista: ser la única dueña de las decisiones sobre mi cuerpo. Así que gracias a las compañeras. A las que nos abrieron la trocha poniendo incluso su vida por los derechos que hoy damos por sentado”, añadió.
Aún no se ha decidido el “protocolo de actuación” sobre cómo se ejecutará el derecho a morir con dignidad obtenido por Estrada, dijo la Corte. Un médico de la seguridad social realizará la eutanasia en el futuro, cuando ella lo ordene.
El derecho a una muerte en condiciones de dignidad otorgado a Estrada fue impulsado por una demanda de amparo realizada por la Defensoría del Pueblo en representación de la psicóloga. La Defensoría indicó en un comunicado que la Corte Suprema le notificó la decisión.
“Es una sentencia realmente trascendente porque reconoce el derecho a decidir en la parte final de su vida, terminar con el sufrimiento, terminar con una condición que eventualmente ella puede considerar que no es digna de ser vivida”, dijo a la televisión pública Walter Gutiérrez, abogado de Estrada.
“El Estado había expropiado, no sólo a Ana, sino a los ciudadanos en general ese derecho, porque es posible que tengamos eventualmente una enfermedad que nos deteriore, que nos haga sufrir y que nos haga irresistible nuestra existencia. Entonces se trata de un derecho fundamental porque se reconoce el derecho a la libertad, se reconoce el derecho a la dignidad y se reconoce el derecho a no sufrir tratos crueles e inhumanos”, añadió Gutiérrez.
La psicóloga Ana Estrada sufre de una enfermedad incurable conocida como polimiositis desde hace 30 años. Foto: Twitter @anaestradau
Estrada participó en junio en la sesión del juez Ruidías desde su cama clínica dentro de su pequeño dormitorio, al que ella califica de una especie de “unidad de cuidados intensivos”. Explicó que valoraba la vida y no estaba pidiendo morir de inmediato, sino tomar el control de su voluntad, de su autonomía y de sus decisiones.
Dijo que su proceso de deterioro no se puede cambiar, pero sí el “epílogo” de su vida si le dejan decidir. “Quiero la facultad de acceder al procedimiento de eutanasia cuando ya no pueda seguir sufriendo en vida y quiera despedirme de mis seres queridos en tranquilidad y en paz”, indicó.
En aquella oportunidad, Estrada relató al juez que desde varios años es asistida por una enfermera y está “postrada en una cama, conectada a un ventilador” para respirar a través de un orificio en la tráquea en un procedimiento cada vez más “difícil y agotador”. Con el cabello corto y lentes, le agradeció al juez por permitirle participar y añadió: “Espero, con todo respeto, que sea la última, lo que significaría que he conquistado mi derecho a decidir sobre mi vida”.
En su apartamento ubicado en un barrio de clase media de Lima, Estrada escribe un blog titulado “Ana por una muerte digna”, donde cuenta las razones que la llevaron a tomar la decisión de solicitar una autorización para la eutanasia. En 2019 escribió: “la muerte digna en el Perú es ilegal, vivo en un Estado que me quita la libertad, y una vida sin libertad no es vida porque mi cuerpo le pertenece a este Estado”.
La cadena no había colocado la advertencia en su sitio web ni en los cinemas para el público chileno. Cineplanet no ha explicado por qué lo hizo en Perú y no en Chile.
LIMA (AP) — Tras recibir críticas, una importante cadena de cines en Perúretiró el sábado una advertencia que había agregado a la sinopsis de la película animada de Disney Lightyear, que se estrenó en las salas peruanas el viernes e incluye un beso entre dos lesbianas.
Cineplanet, cuyo propietario es el conglomerado peruano Intercorp, es una cadena de cines en Perú y Chile. El viernes, durante el estreno, había colocado una advertencia en la sinopsis de Lightyear junto a las salas y en el sitio de internet para el público peruano donde indicaba que la película “contiene escenas con ideología de género”.
La polémica llegó a las redes sociales y provocó que la empresa retirara el sábado la advertencia y lamentara su error a través de su cuenta oficial de Twitter.
“Este hecho no representa nuestros valores y cultura de diversidad, equidad e inclusión, la cual promovemos como empresa, por lo que hemos retirado este mensaje apenas lo identificamos”, tuiteó Cineplanet.
La cadena no había colocado la advertencia en su sitio web ni en los cinemas para el público chileno. Cineplanet no ha explicado por qué lo hizo en Perú y no en Chile.
Lightyear ha despertado polémica en otros países, entre ellos 13 naciones y el territorio palestino, donde se prohibió la película de Pixar en que el actor Chris Evans hace la voz del personaje que inspiró al héroe astronauta Buzz Lightyear de las cintas Toy Story.
Lightyear incluye un personaje femenino, con la voz de la actriz Uzo Aduba, que besa brevemente a su pareja femenina en una escena de la cinta con un presupuesto de 200 millones de dólares.
Se espera que sea uno de los estrenos más importantes de Disney que, según analistas, podría recaudar unos 100 millones de dólares en su primer fin de semana.
La disputada escena había sido retirada de una versión anterior de la película, pero fue restituida después que empleados de Pixar protestaron por la respuesta de Disney a la ley del estado de Florida conocida por sus críticos como la ley “No diga gay”.
La ley, refrendada a finales de marzo por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, prohíbe la educación sobre orientación sexual e identidad de género desde educación infantil y hasta tercer grado.
Los enfrentamientos en los campamentos de dos importantes proyectos mineros se produjeron debido a conflictos con comunidades indígenas que reclaman el uso de terrenos comunales y la presunta afectación a recursos hídricos.
Por Franklin Briceño
LIMA (AP) — Los campamentos de dos importantes proyectos mineros de cobre en los Andes peruanos, de capitales chinos y mexicanos, sufrieron incendios en el marco de conflictos entre las compañías mineras y las comunidades donde se encuentran emplazadas.
El incendio, cuyos autores no se conocen al momento, ocurrió luego que vecinos de Huancuire se enfrentaron a unos 250 policías y personal de seguridad minero en un choque que dejó dos comuneros heridos por perdigones. Los comuneros dijeron que la Policía los agredió, mientras que la minera afirmó que los comuneros los agredieron cuando buscaban dar mantenimiento a una planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en la zona invadida por los comuneros.
Uno de los incendios ocurrió la noche del martes en el campamento del proyecto cuprífero Los Chancas de la minera Southern Copper, propiedad del Grupo México. El alcalde de Tapairihua, Edwin Carpio, en cuya jurisdicción está el plan minero, confirmó el siniestro a AP.
Southern Copper dijo en un comunicado que unas 300 personas, “entre desconocidos y presuntos mineros informales e ilegales” atacaron el campamento usando explosivos y armas de fuego. Añadió que se destruyeron cuatro camionetas, tres grupos electrógenos, casetas de seguridad, más de quince módulos de viviendas, el comedor, carpas para laboratorio, almacén y los depósitos de combustible.
Mina Cuajone, de Grupo México, en Moquegua, Perú. Imagen ilustrativa. Foto: Grupo México.
La minera pidió la intervención de las autoridades para evitar “nuevos actos delictivos y amenazas contra nuestro personal y la población de los distritos de Pocohuanca y Tapairihua, que también está siendo agredida por este grupo delictivo”.
También, la mina Las Bambas, controlada por la estatal china Minmetals mediante su filial MMG Limited, confirmó el miércoles en un mensaje a The Associated Press que el incendio se registró la víspera y afectó a un taller mecánico, pero al momento no hay un cálculo exacto de los daños.
En algunas fotografías enviadas a AP por Las Bambas también se observan un cargador frontal, dos contenedores marítimos, una carpa y varios neumáticos quemados.
La producción de cobre en Las Bambas está detenida hace 42 días por un conflicto con campesinos indígenas de la comunidad de Huancuire que han ingresado a terrenos de la minera alegando incumplimientos de pactos previos. El Gobierno mantiene un estado de emergencia en la zona.
La producción de cobre en Las Bambas está detenida hace 42 días por un conflicto con campesinos indígenas de la comunidad de Huancuire. Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro
El Alcalde de Tapairihua envió además a la AP un comunicado grabado en video donde recordó que la minera está desde hace más de 24 años en la zona y que no tiene buenas relaciones con el distrito porque ha iniciado denuncias judiciales a un centenar de vecinos, incluidos “dirigentes, comuneros y ambientalistas”. No dio más detalles.
La autoridad local dijo que en la zona hay comuneros dedicados a la minería artesanal, pero descartó que ellos hayan tenido motivos “para atentar contra el campamento”. Los Chancas es un proyecto minero aún en estudios, con una inversión prevista de dos mil 600 millones de dólares.
Según la Defensoría del Pueblo, las comunidades de Tiaparo, ubicada en Pocohuanca, y Tapairihua se oponen a la actividad de Southern Copper en el proyecto Los Chancas. Tiaparo por una presunta falta de cumplimiento de acuerdos asumidos por la empresa durante 11 años y Tapairihua porque no contaría con el acuerdo del uso de terrenos comunales y por presunta afectación a recursos hídricos.
El Ministerio de Energía y Minas no ha realizado comentarios al momento.
Ambos proyectos se encuentran lejos uno de otro pero se ubican en Apurímac, una región rica en cobre, un metal del que Perú es el segundo productor mundial.
Ambos proyectos se encuentran lejos uno de otro pero se ubican en Apurímac, una región rica en cobre, un metal del que Perú es el segundo productor mundial. Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro
Perú acumula 209 conflictos en todo su territorio, de los cuales el 63 por ciento son de origen socioambiental ligados a actividades extractivas incluida la minería, según la Defensoría del Pueblo. Muchos de estos conflictos tienen más de una década y se fueron acumulando a lo largo de los años sin que los últimos gobiernos lo hayan resuelto.
El Gobierno del Presidente Pedro Castillo, que inició su gestión hace 10 meses, ha cambiado cuatro veces de Primer Ministro y cinco veces de titular del Ministerio de Energía y Minas.
La escasa continuidad de ministros en el cargo y la debilidad política del mandatario, que enfrenta incluso una investigación fiscal por presunta organización criminal, no ha permitido que los funcionarios logren acuerdos para apaciguar los conflictos entre las comunidades y las mineras.
La minería es clave para los ingresos fiscales de Perú y constituye aproximadamente el 60 por ciento de las exportaciones.
“Adentro en el suelo marino está lleno de petróleo crudo, está asentado como una brea, eso ha matado a toda la especie. Cómo dice Repsol que ya limpió. Eso es una gran mentira”, denunció uno de los pobladores de las playas afectadas de Perú por un derrame de petróleo en enero de la compañía Repsol calificado como “ecocidio”.
Lima, 18 de mayo (RFI).– “Triste, da pena, que los pescaditos, bastantes, muertos, cangrejos, mariscos, patillos, muertos en la playa… Ahorita no hay peces”, se lamenta Agripino Quispe mientras mira el mar en el que ha pescado desde que tenía 14 años.
Ahora tiene 67 y teme no poder volver a ejercer su oficio. Está sentado en la orilla de la playa de Aucallama, a unos 70 kilómetros al norte de Lima, y sabe que ya no puede ingresar a ese mar debido al derrame de petróleo de enero pasado. La marea negra fue la consecuencia de la rotura de las tuberías por las que la empresa española Repsol descargaba el crudo desde un buque hacia la refinería La Pampilla, en la costa limeña.
“NINGUNA AYUDA”
Varios kilómetros al sur de Aucallama, Miguel Núñez, presidente de la Asociación de Pescadores de la playa Bahía Blanca, vive el mismo drama, ya no puede vivir de la pesca. “No sé si llorar, no sé si pedir a gritos al cielo, cuando veo un desastre natural que arruinó a nuestros seres vivos que hay dentro del agua. Estamos al aire, cero, no tenemos nada de ingreso. Ninguna ayuda, ni del Estado, ni de la empresa”, comenta.
Veterinarios del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas sostienen un ave marina muerta cerca de playas contaminadas con petróleo en la isla Pescadores, en Ancón, Perú, el viernes 18 de febrero de 2022, un mes después de un derrame de la compañía Repsol. Foto: Martín Mejía, AP
Fueron 11 mil 900 barriles de petróleo los que se derramaron al mar, lo que en un inicio la empresa intentó minimizar dando una cifra menor. Por la lentitud y poca eficacia de la petrolera para contener el derrame, y la debilidad del Estado para responder al desastre, la marea negra se extendió a 11 mil hectáreas de mar y 10 mil hectáreas de playas. De acuerdo a las autoridades peruanas, cerca de medio centenar de playas y dos áreas naturales protegidas han sido afectadas.
El derrame de crudo ocurrió al inicio de la temporada de verano, que es temporada alta para la pesca artesanal y para los negocios relacionados a los meses de playa, como restaurantes y otros. Son unos dos mil 800 pescadores artesanales, la mayoría pescadores de orilla, los que se han quedado sin poder pescar, es decir, sin trabajo y sin ingresos. Y tres mil 200 comerciantes fueron afectados.
“ESTÁN JUGANDO CON EL PUEBLO”
“Todo lo que ha pasado, esto es un ecocidio. Nos han dañado el mar, no podemos trabajar, no podemos ni siquiera venir para comer, no es como en la pandemia, en la pandemia no se podía vender, pero sacábamos pescado para comer. Nos han afectado al cien por ciento. Tenemos hijos y tienen que estudiar, no se les puede comprar los cuadernos, el material necesario para que tengan educación. Están jugando con el pueblo, están jugando con la comunidad que ha sido afectada”, dice Luis Díaz, nieto de pescadores y pescador desde niño, ahora presidente de la Asociación de Pescadores de Aucallama, creada luego del derrame para responder a la crisis.
Fotografía aérea tomada desde un dron que muestra una vista general de las operaciones de limpieza de crudo en el mar de Ventanilla, el 22 de enero de 2022. Foto: Cristian Olea, EFE.
Otro pescador, Julián Chávez, con 35 años viviendo del mar, señala que “el impacto que llegó acá a la playa Aucallama ha sido un desastre. No hay pescado, ha muerto todo, todo lo que es marisco, cangrejo, pulpo, no hay. ¡Cuándo va a limpiar! Nosotros tenemos hijos que mantener, y ahora estamos como locos. El Estado nunca ha venido”.
Cerca de 50 kilómetros al sur de Aucallama vive Mercedes Pando, que es pescadora en las playas de Ventanilla, donde se originó el derrame. Según ella, “el derrame para nosotros ha sido algo que nos ha atado de brazos. Ahorita prácticamente estamos en la nada. Cómo podemos trabajar nosotros, no hay manera… No tenemos ningún apoyo”.
La situación de los pescadores es muy crítica, denuncia asimismo Juan Narváez: “No podemos vivir ya de la pesca y sustentar a nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, solamente vivimos de bolsitas de víveres, de ayuda social”.
OLLAS COMUNES
Las ollas comunes, abastecidas con donaciones, es la estrategia de sobrevivencia de las distintas comunidades que por el derrame de petróleo se han quedado sin trabajo y sin ingresos.
Clara Yacuachaqui, que se dedicaba a vender pescado, es la presidenta de una de estas ollas comunes, que alimenta diariamente a más de 150 personas. “Estamos pidiendo donaciones, gracias a Dios nos dan donaciones de un lado, de otro lado. Estamos cocinando con leña. Normalmente estamos comiendo casi diario menestras, arroz. No comemos ni pollo, ni carne, porque no tenemos. No tenemos donaciones de verduras. Es una decepción tremenda que no tengamos apoyo del Estado”, explica.
Algún trabajo en la agricultura, limpiando casas, el reciclaje de basura, en el transporte público informal, son empleos que ahora los pescadores realizan eventualmente para sobrevivir.
El Instituto de Defensa Civil del Perú dijo en un comunicado que un barco estaba cargando petróleo en la refinería La Pampilla en la costa del Pacífico cuando las fuertes olas movieron la embarcación y provocaron el derrame. Foto: Martin Mejía, AP
UNA CONTAMINACIÓN OCULTA
De acuerdo a un estudio de Naciones Unidas, con una tecnología adecuada para la remediación de los daños causados, algo que no se está haciendo, tomará entre seis y 10 años para que se recupere el ecosistema marino y los pescadores puedan volver a pescar como antes.
A fines de abril, Repsol emitió un comunicado diciendo que ya había terminado de limpiar las playas. Pobladores de estas zonas y especialistas desmienten esa versión de la empresa. “Adentro en el suelo marino está lleno de petróleo crudo, está asentado como una brea, eso ha matado a toda la especie. Cómo dice Repsol que ya limpió. Eso es una gran mentira”, denuncia, visiblemente indignado, Teófilo Andazabal, que vive en la zona afectada de Ventanilla.
Cuando se recorre las playas donde ocurrió el derrame de petróleo ya no se ve la marea negra que cubría extensas zonas de mar, pero el problema grave de contaminación está oculto en el suelo marino.
Alejandro Huaroto es pescador y buzo. Ha buceado la zona del derrame y ha comprobado que el crudo está asentado en el fondo del mar: “Superficialmente en varios lugares aparenta que está limpio, pero hay zonas que incluso a dos metros de profundidad, dos metros, tres metros y medio, se ha asentado en el suelo marino un sedimento de color negro, que cuando lo hemos sacado a flote ha tenido olor a químicos, bien fuerte, y bastante, no poco, bastante. Hasta el momento no hemos visto directamente nosotros una limpieza profunda al fondo del mar, en el suelo marino. Todo lo que es pesca de rivera ha desaparecido. El círculo de la muerte sigue, sigue avanzando”, lamenta.
Los trabajadores continúan en una campaña de limpieza después de un derrame de petróleo en la playa Cavero en el distrito de Ventanilla en Callao, Perú, el martes 15 de febrero de 2022. Foto: Martín Mejía, AP.
DESCONFIANZA HACIA REPSOL
Autoridades, especialistas y pobladores cuestionan las acciones realizadas por Repsol para contener el derrame y limpiar las zonas afectadas.
“El trabajo de la empresa nosotros lo hemos visto deficiente desde el inicio. No es que haya hecho un trabajo de limpieza integral. No tenemos conocimiento que esté realizando trabajos propiamente de remediación”, explica Miriam Alegría, gerente general del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que ha multado a Repsol por una serie de deficiencias e incumplimientos por dos millones 300 mil soles, unos 600 mil dólares. Alegría señala que las sanciones podrían elevarse hasta unos 23 millones de dólares.
Desde la sociedad civil, Alejandro Chirinos, especialista en gestión marino-costera y director ejecutivo de la ONG CooperAcción, que trabaja en las zonas afectadas, analiza la respuesta de la petrolera al derrame que causó un desastre ecológico: “La respuesta de la empresa en todo momento ha sido de cómo librarse de sus responsabilidades. En todo momento la empresa ha tenido una actitud irresponsable”, afirma.
Kiefer Taboada muestra un puñado de moluscos cubiertos de petróleo en la playa Culebras en el distrito de Ventanilla de Callao, Perú, el jueves 24 de febrero de 2022. Tras el derrame de petróleo de Repsol causado por un tsunami tras la erupción de un volcán submarino cerca de Tonga, pescadores en la capital peruana dicen que están luchando por mantener la industria tradicional y ahora ven peligrar su sustento. Foto: Martin Mejía, AP.
“La empresa lo que ha hecho es utilizar metodología rudimentaria, cavar huecos en las zonas de playa, levantan la arena que está con petróleo y la echan dentro de estos pozos y la tapan. Esa metodología fue la que se empleó el primer mes de afectación, luego lo que ha hecho la empresa al ver que no funcionaba esa metodología, porque estaba tapando y OEFA le llamó la atención, es mezclar la arena limpia con la arena contaminada para disipar, expandir, y de esa manera según su lógica hacer que el crudo se diluya, pero lo que está haciendo la empresa con esa metodología, totalmente inadecuada, es recontaminar. No vemos hasta ahora planes de descontaminación y remediación, lo único que hemos visto son estrategias de limpieza, que además no sirven. Si uno va a las playas, como estamos aquí ahorita en Chacrimar, va a ver que el mar está superficialmente, entre comillas, en ‘condiciones normales’, pero el problema está en el fondo marino”, detalla Chirinos.
“ESTADO TOTALMENTE INEFICIENTE”
En la extensa playa de Chacrimar hay más de 20 pequeños restaurantes de comida marina alineados frente a la orilla, que en verano solían estar abarrotados de bañistas y que desde el verano de este año están cerrados. Desde el derrame de petróleo es una playa fantasma.
También se cuestiona el rol que viene cumpliendo el Estado. La excongresista María Elena Foronda, que trabaja con pescadores artesanales, se refiere al tema: “Ha sido un Estado totalmente ineficiente, para mí inexistente. Una institucionalidad ambiental débil, un ministro que estaba pintado en la pared, porque no tuvo la capacidad de articular una respuesta mucho más firme”.
Miriam Alegría, de la autoridad fiscalizadora ambiental, admite que una actuación desarticulada de las distintas entidades públicas ha impedido una adecuada respuesta integral a este derrame de petróleo: “Desde OEFA hemos tenido una respuesta rápida y oportuna, con las acciones legales que hemos iniciado rápidamente imponiendo las multas coercitivas. Sé que la solución del problema va más allá de la propia fiscalización. Yo entiendo que este es un problema integral que involucra la competencia y la intervención de diferentes entidades, la normativa ahí tiene que mejorarse para que la respuesta del Estado en conjunto se dé de manera rápida y efectiva. Por esa razón entiendo que no se tiene una solución concreta para poder atender a las poblaciones que han sido afectadas”.
Los trabajadores continúan en una campaña de limpieza después de un derrame de petróleo en la playa Pocitos en Ancón, Perú, el martes 15 de febrero de 2022. Foto: Martín Mejía, AP.
INDEMNIZACIÓN INSUFICIENTE
Las protestas y movilizaciones de los afectados presionaron a la empresa y al Estado, que acordaron darles una indemnización de tres mil soles, unos 800 dólares, un acuerdo pactado a espalda de ellos. Ese monto, aseguran los pescadores, no cubre ni la mitad de lo que han dejado de ganar en un solo mes por no poder pescar.
Las protestas siguieron y a fines de abril se anunció que se duplicaría esa cifra. Acosados por la falta de ingresos, unos han aceptado a pesar de considerar insuficiente el monto, otros se han negado y siguen reclamando.
“Lo tomamos como una ofensa, es como si nos estuvieran escupiendo y tratando de pisar la cara, diciéndonos ya tomen esto y cállense, no molesten más. No, no es justo. Nosotros realmente estamos indignados, estamos muy molestos”, denuncia, contundente, Francisco Bedón.
Los pescadores que se han negado a pactar en las condiciones impuestas por la empresa han decidido entablar demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tribunales españoles.
Fotografía de las labores de limpieza en las playas de Ancón, Perú. Foto: Stringer, EFE.
“Están demandando la respuesta desordenada del Estado, que el Estado peruano no ha cautelado la defensa de sus derechos. Además demandando a la empresa remediar ambientalmente las zonas de pesca afectadas y por otro lado indemnizarlos por la afectación económica”, explica Alejandro Chirinos, de CooperAcción, que asesora a un grupo de pescadores.
Teófilo Andazabal, que tiene cerca de dos décadas vivienda de la pesca artesanal de orilla, comenta sobre la indemnización que esperan obtener: “Estamos pidiendo que Repsol nos indemnice todo el tiempo que estamos perdiendo de trabajar y el tiempo que vamos a dejar de trabajar, porque simplemente esto de acá de la playa no es para un año ni dos años, tiene como para diez años para recuperarse”.
Los pescadores y comerciantes afectados se sienten solos, no ven una solución cercana, pero no renuncian a su lucha por lo que consideran justo: “No tenemos una esperanza a corto plazo para decir que vamos a volver rápidamente a nuestra zona de labor”, se preocupa Juan Arellan. Por su parte, Luis Díaz asegura que no se resignarán: “Vamos a lucharla hasta que la indemnización sea justa y no nos den migajas”.
Contactada por RFI para pedirle su versión ante las críticas que se le hacen, la empresa Repsol se negó a responder.
De acuerdo con su presidente, la Cámara tiene como objetivo definir de forma transparente los precios del litio mediante la conformación de un mercado, un índice del valor del litio y modelos de contratos presentes y futuros en Latinoamérica.
Por Natalia Kidd
Buenos Aires, 12 may (EFE).- La nueva Cámara Latinoamericana del Litio, que será presentada formalmente este jueves y está integrada de momento por representantes de Argentina, Chile y Perú, bregará por la creación de un mercado “transparente” que permita la formación del precio del litio a nivel regional.
“Esta cámara fue creada para desarrollar el proceso de formar precios e impulsa el desarrollo de un mercado de litio”, dijo en una entrevista con Efe el presidente de la recientemente constituida Cámara Latinoamericana del Litio, el argentino Pablo Rutigliano.
La nueva entidad está integrada por profesionales técnicos y empresarios pymes del sector de Argentina y Perú, además de la Cámara Minera de Chile, y busca sumar a socios de Bolivia, México y Brasil.
El emblemático salar de Uyuni, en Bolivia, donde se espera que aumente la producción de litio. Foto: Alamy stock image, vía Opendemocracy.
Su objetivo es poder definir de forma transparente los precios del litio mediante la conformación de un mercado, un índice del valor del litio y modelos de contratos presentes y futuros en Latinoamérica.
La producción de litio en la región tiene su corazón en el denominado “triángulo del litio” integrado por los salares andinos de Argentina, Chile y Bolivia, países que, de acuerdo con los últimos datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, concentran el 55.9 por ciento de los recursos mundiales conocidos de este metal.
Si se suman los recursos identificados en México, Perú y Brasil, Latinoamérica acapara el 59.3 por ciento de los recursos globales con un total de 52.8 millones de toneladas, mientras que las reservas (recursos legal, económica y técnicamente factibles de extraer) en la región son bastante menores, aunque igualmente representan el 52.2 por ciento de las reservas mundiales.
El pasado abril, el Senado en México nacionalizó el litio gracias a la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: AP
Rutigliano apuntó que en la región la minería de litio es dominada por empresas multinacionales que dejan “poco espacio” a pymes y proyectos “embrionarios”.
Según él, las mineras multinacionales -y también algunos gobiernos- no reconocen al litio como una commodity, estableciendo “precios de referencia mínimos” en contratos entre privados y evitando que sea el mercado el que libremente fije el precio, “lo cual hace que la economía sea totalmente opaca” y estimula que el litio se industrialice fuera de los países productores.
DEMANDA Y PRECIOS
Una oferta acotada y la creciente demanda del “oro blanco” para la fabricación de baterías para el almacenamiento de energía y la producción de vehículos eléctricos siguen empujando al alza los precios del litio.
Uno de los principales estados para la producción de litio es Sonora Foto: Bacanora Lithium
A inicios de 2021 la tonelada de carbonato de litio equivalente (LCE) valía seis mil 750 dólares. Hace un año, nueve mil dólares. Y actualmente ya ronda los 75 mil dólares.
Esos son los precios que surgen fundamentalmente de los contratos entre privados en China y otros países asiáticos -donde se concentra la producción mundial de baterías- y que se reflejan como referencia en las pizarras del mercado de metales de Londres pero que, según Rutigliano, no son los que se manejan en Sudamérica, “donde el precio es mínimo” y lo establecen pocas empresas, en parte, para pagar menos tributos.
NACIONALIZACIÓN E INVERSIONES
El presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio consideró que la reciente decisión de México de nacionalizar el litio “no va a generar grandes atractivos a las inversiones” y señaló que, por el contrario, para sumar más inversiones hay que “abrir los mercados”, “cuidando las inversiones y dejando que vengan, pero con un vector regulador concreto, claro y transparente”.
La fabricación de baterías para el almacenamiento de energía y la producción de vehículos eléctricos son las razones por la cual el litio es tan cotizado. Foto: TICbeat
“No soy partidario de la nacionalización del litio, sino que soy partidario de desarrollar un mercado donde todos participen de la formación del precio, de la captación y de la transformación de esas materias primas en las regiones”, dijo Rutigliano, para quien es “fundamental” establecer un precio de referencia regional para permitir que todos los actores de la cadena de transformación del litio tengan claridad y certeza respecto a los costos.
Rutigliano ya constituyó en Argentina la sociedad Mercado de Metales con vistas a generar un mercado donde se visualicen los contratos de venta e incluso, se celebren contratos de futuros de litio y se generen activos digitales a partir de la “tokenización” del litio como activo físico certificado, algo que en Argentina ya se realiza en el sector agropecuario, con la generación de “criptoactivos” respaldados por soja, trigo y maíz.
Su propuesta, que ahora espera impulsar desde la nueva Cámara Latinoamericana, encuentra, sin embargo, resistencias, principalmente en Argentina y Bolivia, según admitió.
“No importa. Vamos a seguir peleando, porque el objetivo es un futuro a 30 o 40 años”, aseguró.
El mandatario peruano anunció su promesa en relación a las denuncias de corrupción que existen en su contra; la Fiscalía también investiga al Presidente de Perú por presunto plagio de su tesis de maestría.
Lima, 6 may (EFE).- El Presidente de Perú, Pedro Castillo, declaró este viernes que si a alguien le consta que ha tomado “un centavo del país”, quiere decir que no puede seguir “un minuto más” en el Gobierno, al responder a las denuncias de presunta corrupción que investiga la Fiscalía.
Durante su participación en el IX Consejo de Ministros Descentralizado en Nasca, Castillo dijo que “si al pueblo le consta que este Presidente ha metido la mano y se ha cogido un centavo del país, yo no puedo estar un minuto más en el gobierno”.
“Estoy acá para darle a este país estos centavos con muchísimo esfuerzo y tenemos que seguir invirtiendo en escuelas, en estos pueblos que necesitan muchísimo”, agregó.
Pedro Castillo Terrones, Presidente de Perú. Foto: Carlos Ortega, EFE
Castillo declaró que no le preocupa que le quieran poner “el cliché de corrupción”.
El jefe de Estado es investigado en forma preliminar por la Fiscalía, desde enero pasado, por tráfico de influencias y colusión a raíz de las presuntas irregularidades en la licitación de la obra vial Puente Tarata y de la compra de biodiesel 100.
La aspirante a colaboradora eficaz de la Fiscalía, la empresaria Karelim López, dijo al Ministerio Público que Castillo y el exministro de Transportes Juan Silva lideraban una mafia al interior del Ejecutivo para adjudicar obras de infraestructura en forma irregular.
Además, Castillo es investigado por la Fiscalía de la Nación por el presunto plagio de la tesis que presentó para optar al grado de magíster en 2012.
#LoÚltimo| El Ministerio Público inició investigación de oficio contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y su esposa Lilia Paredes, por el presunto delito de #PlagioAgravado, #FalsedadGenérica y #CobroIndebido en agravio del Estado, @Sunedu y otros.
“Como lo hemos dicho siempre, la campaña ha terminado. Es cierto que hay controversias políticas, pero por encima de eso tiene que estar el Perú”, agregó Castillo al atribuir los cuestionamientos en su contra al enfrentamiento que mantuvo desde la campaña electoral del año pasado con los sectores conservadores y de derechas.
“Somos de diferentes tiendas políticas en cada lugar, espacio y tiempo. Hoy las autoridades elegidas por el pueblo tenemos que trabajar por el pueblo”, expresó
El mandatario peruano Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes son investigados después de la publicación de una investigación periodística sobre el presunto plagio que hicieron ambos en su tesis de maestría.
Lima, 5 may (EFE).- La Fiscalía de Perú inició una investigación de oficio contra el Presidente Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, por la denuncia periodística de que cometieron plagio en la elaboración de su tesis para optar a una maestría.
El Ministerio Público informó este jueves en sus redes sociales que la investigación se hará por la presunta comisión de los delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado, la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) y otros organismos.
Agregó que el caso está a cargo del fiscal Juan Ramón Tantalean, de la Fiscalía Provincial Mixta del distrito de Tacabamba, en la provincia norteña de Chota, de donde es originario el Presidente.
#LoÚltimo| El Ministerio Público inició investigación de oficio contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y su esposa Lilia Paredes, por el presunto delito de #PlagioAgravado, #FalsedadGenérica y #CobroIndebido en agravio del Estado, @Sunedu y otros.
La tesis de maestría de Castillo y Paredes, docentes de profesión, se basó en un estudio sobre los aprendizajes en una escuela de su región natal y lleva por título “La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa n.° 10465 Puña-Tacabamba-Chota”.
Sin embargo, el programa televisivo Panorama denunció el domingo pasado haber encontrado un 54 por ciento de coincidencias con otros autores, que no han sido mencionados en la bibliografía, entre otras irregularidades en el trabajo académico.
El jefe de Estado negó este miércoles, en un comunicado, “cualquier acto irregular” en su tesis y aseguró que la copia presentada en Panorama “carece de legitimidad” porque no tenía ningún sello que confirme que es la original.
“No he copiado ni adjudicado autoría de terceros, tal y como, de forma irresponsable pretenden hacer creer a la población”, remarcó antes de asegurar que la denuncia tiene “tinte político y es parte de un plan desestabilizador”, además de deplorar “el contubernio de ciertos grupos de poder y sectores golpistas”.
Pedro Castillo Terrones, Presidente de Perú, es acusado por cometer plagio en su tesis de maestría. Foto: EFE, Presidencia Del Perú.
Castillo expresó, además, que “algunos medios de comunicación insisten en manchar” su honra y “socavar la legitimidad” que le otorgó el pueblo peruano “en una elección transparente y democrática avalada por organismos nacionales e internacionales” en 2021.
En medio de la polémica desatada por esta denuncia, la universidad privada César Vallejo, que otorgó el grado en 2012, anunció que difundirá la tesis de maestría de Castillo y Paredes.
Este mensaje se publicó después de que la universidad afirmase que la tesis entregada a Panorama “es una copia fidedigna de la original” que se tiene en el centro de información de esa casa académica.
La César Vallejo también informó que el Consejo Universitario decidió que una comisión evalúe la tesis y que con los resultados, que se anunciarán en unos 15 días, “se adoptarán las acciones que correspondan”.
La Presidencia peruana precisó que la castración química consiste en administrar medicamentos que reducen la libido e inhiben el deseo sexual y se usa como “un método de prevención contra las agresiones sexuales, y también como castigo para los que cometen crímenes de esta índole”.
Lima, 20 abr (EFE).- El Consejo de Ministros de Perú aprobó este miércoles enviar al Congreso un proyecto de ley que plantea aplicar la castración química a los violadores de menores, tras la conmoción que causó en el país el secuestro y abuso sexual de una niña de tres años.
La decisión fue comunicada, en una rueda de prensa, por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, quien indicó que el proyecto propone esta medida “para delitos contra la libertad sexual con pena determinada”.
En ese sentido, remarcó que la castración sólo se aplicará luego de que un sentenciado por ese delito cumpla su condena.
“Esta es una pena accesoria a la pena principal, que se aplicará una vez que se cumpla la condena”, explicó.
California fue el primer estado en aprobar en 1996 la castración química para pederastas con ciertos delitos sexuales con niños de 13 años o menores, como la violación o la sodomía. Foto: RT.
Chero sostuvo que el proyecto plantea modificar varios artículos del Código Penal referidos al delito de violación sexual, menos los que establecen la cadena perpetua, que se aplica a quienes atentan contra menores de 10 años, vejan a menores de hasta 14 años siendo su tutor o les causan la muerte o lesión grave durante el ataque.
El Ministro admitió que esta “es una propuesta que tiene que ser debatida y analizada” por el Parlamento, ya que además del “tratamiento médico especializado de inhibición de la libido” comprende medidas de prevención en tema de salud mental, educación sexual y un registro nacional de agresores sexuales.
“No sólo se trata de aspectos punitivos, sino de medidas preventivas” remarcó antes de descartar que esto pueda llevar a una eventual desvinculación de Perú del Pacto de San José, porque no se está “postulando la pena de muerte”.
A su turno, el Primer Ministro, Aníbal Torres, reconoció que la propuesta ha sido “bastante debatida” en su país desde que fue planteada el sábado pasado por el Presidente Pedro Castillo y dijo que el Ejecutivo respeta “todas las opiniones”.
La medida para combatir el abuso sexual y las violaciones a menores de edad ha causado mucha controversia en Perú. Imagen ilustrativa. Foto: EFE
Torres recordó que hay países en los que se aplica la pena de muerte a los violadores y añadió que los ataques de este tipo a menores de edad “se han incrementado enormemente” en Perú.
“El Estado tiene que reaccionar, aquí el Congreso evaluará, debatirá este proyecto de ley y tomará la decisión que considere necesaria para poder combatir este gravísimo delito”, concluyó.
El Ejecutivo peruano elaboró el proyecto después de la conmoción y rabia que produjo en el país el secuestro y violación de una niña de tres años en Chiclayo, la capital de la región norteña de Lambayeque.
Se aplicaría la castración una vez que se cumpla la condena en la cárcel. Imagen ilustrativa. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.
La pequeña fue reportada por sus familiares como desaparecida el pasado 12 de abril y un día después la Policía Nacional la encontró y detuvo al presunto culpable del abuso, un hombre 48 años, que fue acusado de la presunta comisión de los delitos de violación sexual y secuestro de una menor de edad.
La Fiscalía de la Nación dictó luego nueve meses de prisión preventiva contra el detenido y sostuvo que “el imputado recibiría la pena máxima de cadena perpetua”.
Este sábado, el Presidente Castillo aseguró que “los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados” por su Gobierno “ni quedarán impunes” y pidió “una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos.
La Presidencia peruana precisó que la castración química consiste en administrar medicamentos que reducen la libido e inhiben el deseo sexual y se usa como “un método de prevención contra las agresiones sexuales, y también como castigo para los que cometen crímenes de esta índole”.
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