En el proceso electoral de Chiapas de 2015, “uno de los más desaseados en la historia reciente de nuestro país, sólo comparado con el que vivió el Estado de México en 2017”, el entonces Fiscal Electoral, Santiago Nieto, se reunió con Manuel Velasco Coello, en ese momento Gobernador del estado, para firmar un convenio de colaboración en la materia. Durante el encuentro Velasco quiso corromper a Santiago Nieto, quien dio los pormenores de este episodio en su libro Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal incómodo (Grijalbo, 2019).

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– Días antes de la elección de julio de 2015 que se realizó en Chiapas, Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), se reunió con el Gobernador de aquella entidad, Manuel Velasco Coello, actual Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyo operador político de ese entonces, David León Romero, es el responsable de haber grabado a los hermanos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío y Jesús Martín, recibiendo fajos de billetes. El más reciente material fue difundido la noche del jueves.

León Romero cobró notoriedad pública como coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de López Obrador, pero desde años antes era conocido en el gremio periodístico por reunirse con reporteros, columnistas y directivos de medios de comunicación, sobre todo por manejar las pautas de publicidad oficial del Gobierno de Velasco en Chiapas.

Velasco Coello, a su vez, uno de los jerarcas del Partido Verde Ecologista, quien a inicio de la presente administración presumió ser un aliado del Presidente López Obrador. No obstante, tras elecciones del pasado 6 de junio, amenazó con “hacer una valoración” de su alianza con Morena,  lo cual fue interpretado en el Gobierno como un chantaje de quien tiene una cercanía con Ricardo Monreal, coordinador de este partido en el Senado, pero también con Miguel Angel Osorio Chong, homólogo del PRI de los otros dos.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF. Foto: Cuartoscuro.

Político controvertido como Gobernador —abofeteaba y se hacía cargar por sus gobernados—, Velasco Coello, jefe político de León Romero, fue descrito como un corruptor por Santiago Nieto Castillo, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tras un “desagradable encuentro” con él.

En su carácter de Fiscal Electoral, Nieto Castillo buscó al Gobernador antes del proceso electoral local —“uno de los más desaseados en la historia reciente de nuestro país, sólo comparado con el que vivió el Estado de México en 2017”—, con el fin de firmar un convenio de colaboración en la materia, y Velasco lo quiso corromper. 

Los pormenores de este encuentro figuran en el libro de Santiago Nieto, Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal incómodo (Grijalbo, 2019), en el capítulo “Chiapas 2015: La ruptura con el sistema”, el cual SinEmbargo reproduce a continuación con autorización de la editorial Penguin Random House.

Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal incómodo (Grijalbo, 2019).

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CHIAPAS 2015: LA RUPTURA CON EL SISTEMA 

“El león cree que todos son de su condición” es un dicho muy aplicable para muchos políticos entronizados en México. Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, es un excelente ejemplo de ello. Arrogante, ruin, ordinario, simplón y, para colmo, adorador del programa de televisión La familia Peluche. 

Aquí está la historia de mi efímero y desagradable encuentro con el mandatario chiapaneco, que llegó a la gubernatura de su estado en 2012 como candidato del PVEM, por medio de una coalición con el PRI y Nueva Alianza.

Lo primero que debo dejar claro es que desde mi punto de vista el proceso electoral de Chiapas en 2015 —en el que se renovaron 41 diputados locales y 122 ayuntamientos— ha sido uno de los más desaseados de la historia reciente de nuestro país, sólo comparado con el que vivió el Estado de México en 2017. Se trató de un proceso cuya ínfima calidad democrática permite recordar por qué la nuestra no es una nación desarrollada. Fue uno de esos procesos que nos hace mirarnos en el espejo sin maquillaje, tal cual somos. 

Es conveniente aclarar que en 2015 Chiapas fue la única entidad que en las llamadas elecciones intermedias no tuvo un proceso concurrente o simultáneo. Con 2 179 cargos en disputa, el 7 de junio de ese año el INE llevó a cabo la que se consideró la elección más compleja y concurrida, pues el listado nominal se integró con 82 .5 millones de ciudadanos. No obstante la relevancia de los comicios, la Suprema Corte determinó que, por única ocasión, la elección local en Chiapas debía llevarse a cabo mes y medio después, el domingo 19 de julio. 

Manuel Velasco, actual Senador por el PVEM. Foto: Cuartoscuro.

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El primer paso para vincular a la FEPADE con el gobierno chiapaneco en la elección de 2015 —como había ocurrido en la elección federal— fue contactar al equipo de Manuel Velasco para proponer un convenio de colaboración. Tras acordar la cita, el mandatario me recibió en la casa de gobierno de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Fue un encuentro áspero. El grupo que lo atestiguó estaba integrado por funcionarios federales y locales. De hecho, coincidimos en la antesala: ahí estaban conmigo el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, el procurador de Justicia del estado, el secretario de Gobierno, el delegado de la PGR y mi secretario particular. La espera del variopinto grupo duró 40 minutos.

Entiendo que la agenda de un personaje tan importante se modifique minuto a minuto. Yo mismo padecí esas inclemencias en mis funciones de procurador. Pero lo que nunca entendí fue por qué durante media hora dejaron encendido un televisor que transmitía un programa cómico y muy popular de Televisa. En la casa de gobierno de Chiapas podrían haber transmitido un promocional que hablara de las maravillas turísticas de Montebello, Palenque, Comitán, el Chiflón o el Cañón del Sumidero. ¿Pero La familia Peluche? Los gustos televisivos del gobernador ya me estaban dando una idea de su carácter simple, plano, limitado.

Por fin llegó el momento: dos jovencitos, delgados y rubios, nos pidieron que los acompañáramos al sitio donde sería el encuentro. Pasamos por un pasillo lleno de fotografías del gobernador. En todas lucía rodeado de indígenas. En una imagen, con atuendo típico, Velasco señalaba con el dedo índice al horizonte, mientras los indígenas se arremolinaban en torno a su figura. 

Bartolomé de las Casas le quedaba chico. Sobra decir que aquello me pareció una innecesaria, retorcida y vulgar oda a la personalidad. Pero me concentré en el motivo profesional de la cita. 

Nos sentamos en torno a una mesa. Yo, en el lugar más cercano a la cabecera del lado izquierdo, después el delegado de la PGR y enseguida mi particular. Enfrente se acomodaron el procurador local y el secretario de Gobierno. El gobernador hizo su entrada acompañado por Arturo Escobar, investigado por la FEPADE por presuntos delitos electorales ese mismo año. 

Velasco, ordinario, me recibió con una pregunta inverosímil, seca, gélida: “¿Sabes que tu jefa es mi amiga?” Se refería a la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, quien duró poco más de un año en el cargo. Mi respuesta fue automática, sin titubeos; amable, pero firme: “Sí, gobernador”. Al ver que no logró intimidarme, el mandatario arremetió: “¿Y sabes que es mi tía?” Mi respuesta fue idéntica. Cierta tensión se apoderó del momento, pero permanecí inamovible.

Manuel Velasco fue Gobernador de Chiapas. Foto: Cuartoscuro.

A pesar de que había más gente presenciando el encuentro, Velasco, incapaz de ser diplomático, volvió a la carga dirigiéndose sólo a mí,: “¿Qué quieres?”, soltó altanero, metálico, pero el comentario bravucón no hizo mella en mi ánimo. Yo iba a lo que iba: a cumplir una función de Estado, cuya naturaleza estaba lejos de comprender al verde gobernador. Aproveché la pregunta para agradecerle la posibilidad de establecer un trabajo coordinado con el gobierno del estado. Mencioné que la Ley General en Materia de Delitos Electorales obligaba a la FEPADE a trabajar con el INE y los gobiernos locales en la prevención justamente del delito electoral, por lo que necesitábamos instrumentar de forma conjunta un modelo de blindaje electoral. 

No habían pasado más de cinco minutos de mi explicación cuando Velasco me interrumpió de forma abrupta. Su pregunta fue contundente, majadera, indigna de un cargo como el suyo: “Está bien, ¿cuánta lana quieres?” El cuestionamiento fue grotesco, absurdo, fuera de lugar. Le respondí que lo que le solicitaba era poder trabajar con sus secretarios. Volteé a ver al delegado de la PGR, Porfirio Bello, que compartía mi asombro. Sabía qué terrenos estaba pisando, porque entendía perfectamente la intención de Velasco, pero me sobrepuse a la estupefacción. Le respondí clara y pausadamente: “Lo que quiero pedirle, gobernador, es que instruya a sus secretarios para que podamos organizar el proyecto de blindaje electoral y tener una reunión con el grupo de coordinación”.

Velasco endureció el rostro, se le enrojecieron las mejillas y puso su mejor cara de decepción. Supe entonces que la reunión había finalizado. Al gobernador, que se había topado con pared, ya no le quedó más remedio que instruir a su titular de Gobierno para que ambas peticiones se cumplieran. Con frialdad, me obsequió una marimba de juguete. Salí de su guarida con la artesanía popular chiapaneca entre mis manos. Había logrado mi propósito. Jamás nos volvimos a ver. 

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En la reunión posterior con el grupo de coordinación, en las instalaciones locales del Ejército, el trato y el compromiso fueron muy diferentes. El INE y el OPLE presentaron sus modelos de cómo sería la organización electoral. Por mi parte, presenté el modelo de despliegue ministerial y los lugares donde apostaríamos personal de la FEPADE. En algún momento, la presidenta del OPLE señaló que Chiapas se iba a pintar de verde. No me gustó el comentario y no lo dejé pasar. Respondí que los órganos electorales deben ser absolutamente celosos de su imparcialidad e independencia. Luego llegamos a un acuerdo: la Policía Federal resguardaría los paquetes electorales, dado que, desde los acuerdos de San Andrés Larráinzar, las fuerzas armadas no pueden ingresar en las zonas declaradas en rebeldía. El INE apoyaría al OPLE en la instalación y seguimiento de la jornada electoral. Las cosas marchaban. 

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Si bien el OPLE estaba marcado por la presión y cercanía del gobierno local y del PVEM, por parte del INE la independencia era absoluta. Édgar Arias, el joven vocal ejecutivo, pertenecía a la generación de funcionarios del INE emanados del servicio profesional electoral. Echado para adelante, deseoso de hacer valer la autonomía e imparcialidad del árbitro federal, Arias fue un aliado estratégico de la FEPADE en esa contienda. Sin embargo, todavía ignorábamos a qué íbamos a enfrentarnos. 

Para aportar un poco de contexto, habrá que recordar que unas semanas antes de la jornada electoral un grupo de “anarquistas” atacó las instalaciones de las juntas distritales y local del INE ubicadas en Tuxtla Gutiérrez. Casualmente destruyeron las computadoras donde se registraba el monitoreo de medios de comunicación locales. También se presentó un intento de toma de instalaciones en Bochil y San Cristóbal de las Casas. Iniciamos las averiguaciones previas. Y empezamos a trasladar personal a distintos sitios. 

Humberto Domínguez dirigió el operativo en Tapachula. Gustavo Trolle, Álvaro Rodríguez y Ramsés Ruiz estarían conmigo en Tuxtla Gutiérrez. Además, se movilizaron células a cada distrito electoral federal, para atender cualquier eventualidad durante la jornada electoral. Bochil, Palenque, Villaflores, San Cristóbal, entre otros puntos, recibieron la movilización de personal de la FEPADE, que empezaba a aparecer con chalecos beige en el campo. 

El despliegue, similar al de la elección federal, había funcionado, pues se convirtió en una válvula de despresurización de las autoridades electorales. Lamentablemente, al final no logró ser un arma eficaz para combatir e inhibir las prácticas del clientelismo político. 

Para anular la antigua y mañosa estrategia clientelar se requería no sólo estar presente en las instalaciones del INE o de los OPLE, sino en la calle, patrullando la instalación de las casillas y el traslado de los paquetes electorales a la conclusión de la jornada.

Para lograrlo se necesitaba aumentar la presencia de personal en el exterior y reducir el aparato burocrático de oficina. Por eso el modelo de Chiapas se gestó como un despliegue de campo. Cada célula se componía de dos ministerios públicos y dos policías federales ministeriales para recorrer las zonas que el INE había identificado como vulnerables. 

FOTO VELASCO

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El viernes 17 de julio llegamos a Tuxtla Gutiérrez. Tras instalarnos, nos dirigimos a la delegación de la PGR. Ahí, el delegado nos brindó la máxima atención posible. Parte de sus policías y agentes del Ministerio Público se pusieron a disposición de la FEPADE. Comenzada la jornada electoral, un grupo de mujeres simpatizantes del PAN acudió a las instalaciones de la procuraduría a denunciar la agresión y las lesiones que había sufrido una de sus compañeras, Yesenia Alamilla, candidata de ese partido a la presidencia municipal de un poblado llamado Reforma. Luego llegó otra víctima a denunciar un caso de violación; era la asistente de la candidata. Para atender el caso, pedí que enviaran personal especializado de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas. Recibí el apoyo de inmediato. En ambas agresiones convergía un tema: la violencia contra mujeres que participan en política. En el caso de la candidata, agresiones directas de personas vinculadas con el candidato a presidente municipal del PVEM. 

Meses después, derivado de una reflexión sobre los casos de 2015, en particular de Lorena Nava* y Yesenia Alamilla, Flavia Freidenberg y Gabriela del Valle organizarían, junto con la FEPADE, el primer seminario sobre violencia política en contra de las mujeres. Un fruto inesperado, pero absolutamente bienvenido, de mi gestión. 

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Aquella tarde en la delegación de la PGR tuve el privilegio de conocer a Irma Cortés, quien después sería consejera electoral en Nayarit. Ella y Janette Ovando llevarían las primeras denuncias en contra del candidato del PVEM a la presidencia municipal de la capital chiapaneca. Nos veríamos de nuevo en esos días. 

En una de las denuncias se consignaba que en una palapa, que servía como bar los fines de semana, había artículos para la compra de voto el día de la jornada electoral. Con esos testimonios se solicitó un cateo ante un juez federal y lo concedió. Era la primera vez que en un despliegue utilizábamos dicha figura procesal. Al final pudimos ingresar en el inmueble. Aseguramos playeras del PVEM, cuatro cartuchos y datos de “casas amigas”. No imaginamos las dimensiones del asunto. El procedimiento nos llevó la noche entera. 

El sábado continuamos las labores de reconocimiento y la atención de las cada vez más numerosas denuncias. El siguiente paso fue entrevistarme con los líderes opositores, incluyendo al candidato panista a presidente municipal, Francisco Rojas. Las denuncias no paraban: condicionamiento de programas sociales, compra de votos, retención de credenciales de elector. Incluso llegó una denuncia en la que se señalaba que en las oficinas del gobierno local se estaban repartiendo sobres con dinero para comprar el voto. Esa noche fuimos al sitio, pero cuando llegamos, muchas personas comenzaron a retirarse a gran velocidad. Huir es una palabra más precisa. 

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Llegó el día. La jornada electoral arrancó con un acto cívico a las siete de la mañana en las instalaciones del OPLE. Para coordinar el operativo elegí una camisa blanca y un chaleco beige. Saludé a los consejeros electorales federales y locales. Les deseé éxito. Esa mañana caminé con Edgardo Buscaglia para atender las denuncias que se presentaban. El célebre experto en temas de lavado de dinero y elecciones acudió como especialista convocado por la FEPADE. Tras el recorrido, le mostré el cuarto de situación que habíamos instalado en la delegación de la PGR. Había personas con cuadernos en los que registrarían quién iba o no a votar. Verificamos que no fueran listados nominales de electores. También desarrollamos un patrullaje aéreo, para ubicar dónde se empezaban a aglutinar flotillas de taxis con el fin de acarrear votantes. 

Los primeros detenidos fueron dos taxistas que trasladaban a personas de escasos recursos a votar. Se pudo acreditar que cada chofer tenía en su teléfono móvil un chat de WhatsApp llamado “Vocales Sedesol”, mediante el cual se coordinaba la recolección de personas beneficiarias de programas sociales para ir a votar por el candidato del PRI-PVEM. En esa elección ambos partidos se separaron, salvo en la presidencia municipal de Tuxtla. Dos años después, en 2017, se dictó sentencia contra la coordinadora de las vocales por acarreo de votantes y presión a los electores. 

Un segundo grupo hacía la misma maniobra tramposa, pero a bordo de una Combi. Daniel García, ministerio público, se cruzó frente al conductor que estaba trasladando a votantes. Al chofer lo llevaron a declarar a la delegación. 

Horas más tarde recibí un mensaje: los “cazamapaches” habían detenido a una directora del gobierno del estado en una operación de compra de votos. Estaba a unas cuadras de donde me encontraba. Al llegar al lugar de los hechos vi dos vehículos rodeados de gente. En el primero estaba la acusada, Verónica Rodríguez, acompañada de otras tres personas. Les habían quitado las llaves del automóvil y sudaban al calor de la tarde tuxtleca. En el segundo, una camioneta, había otras personas que seguían a la directora. La historia local la recordaría como Lady Mapache. 

Los que la detuvieron pertenecían al grupo de “cazamapaches” del PAN y también había periodistas locales. Nos recibieron con aplausos. Pero la tarde no había hecho más que empezar. Me acerqué a la directora y le pedí que abordara mi camioneta para ir a la delegación de la PGR. Me respondió altanera: “¡No, jovencito, y los voy a denunciar!” Le dije que tenía relación con el secretario de Gobierno y que no podía garantizar su seguridad si no me apoyaba para asistir a la delegación. Ella se sostuvo. Repitió su respuesta en tono áspero. 

Ramsés Ruiz cuestionó el procedimiento: “No, doctor, así está mal. Lo que tiene que hacer es dar un golpe en el toldo del coche y abrirle la puerta gritando, para que se sienta la autoridad”. Era sin duda el otro camino, pero preferí volver a la negociación. Telefoneé al secretario de Gobierno para que le pidiera a la funcionaria que me acompañara. Hice que le pasaran mi móvil para comunicarlos. Mientras tanto, el enojo social se hacía más evidente y empezaban a llover pedradas. Continuaban las fricciones de la jornada. 

El procurador le decía a Rodríguez que no se saliera del coche, pues iban a rescatarla. Y no se movió un ápice. En ese momento pensé que la estrategia de Ramsés hubiera sido adecuada. Mientras la tensión aumentaba, de la camioneta de atrás salió una persona corriendo hacia una casa. Supuse que podríamos haber perdido el asunto: si el dinero o los listados se hallaban en la camioneta, con seguridad ahora estaban en la casa y nosotros no teníamos una orden de cateo. 

Consulté con Ramsés, quien opinaba que la única salida era pedir una grúa. Me pareció razonable y autoricé la solicitud. La grúa llegó en 20 minutos. Funcionó: cuando la directora la vio abordó mi camioneta. En ese momento llegó su marido, subí a ambos y nos dirigimos a la delegación de la PGR. 

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No alcancé a ver el desenlace, pero me informaron que Ramsés organizó el traslado de los vehículos y las personas, y que tan pronto me retiré con la directora y su esposo, Gustavo Trolle encaró a unos 60 individuos comandados por el subsecretario de Seguridad Pública local. Traían botellas y tubos y se acercaban al callejón de forma amenazante. Sin miramientos, Trolle le soltó al subsecretario: “¡Qué bueno que viene usted con ellos, para garantizar nuestra seguridad!” El subsecretario quería borrarse de la situación, pero ya estaba comprometido. Al grupo porril le llamaban los Chocorroles. Tal vez era el grupo de choque que el procurador le había prometido a la directora para rescatarla. 

Al llegar a la delegación de la PGR le pedí a Héctor Sánchez que iniciara la averiguación previa. Se puso pálido. “Doctor, yo sólo vine a dejar un documento.” Alejandro Ostria, que estaba al lado, tomó la estafeta: “Yo la inicio”. Así se le tomó la declaración a Verónica Rodríguez. Ahí se señaló que gracias a los agentes de la FEPADE había sido rescatada de sufrir daños en su integridad física. A pesar de su propia declaración, Lady Mapache presentó una queja en mi contra ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual sería desestimada, así como una denuncia ante la visitaduría de la PGR, que aún no se ha resuelto. Y ya pasaron tres años de eso. 

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En las elecciones, se sabe, triunfó el PVEM. El desgarbado gobernador chiapaneco había ganado la partida. Tal como lo vaticinó la presidenta del OPLE, el estado se había pintado de verde, pero a costa de la legitimidad del propio OPLE, cuya estructura no tardaría en caer.

El lunes siguiente tomé el primer vuelo a la Ciudad de México. Llegué a mi oficina poco después de las ocho de la mañana. Recibí una llamada del secretario de Gobierno de Chiapas. Me informó que un grupo de manifestantes del PRI había detenido a cinco capacitadores asistentes electorales (Cae) del INE en Ocosingo y que se los iban a entregar sólo a la FEPADE. Busqué al ministerio público destacado en aquel municipio, José Clorio, para pedirle que acudiera en auxilio de los Cae y los liberara. Clorio pasó entre un grupo de casi 500 manifestantes. Le entregaron una máquina de escribir para asentar todas las irregularidades de los comicios. Los militantes del PRI se quejaban de que el PVEM les había robado la elección. Cuando vieron a los cinco Cae Cae del INE trasladando paquetes electorales los detuvieron. Eran cuatro hombres y una mujer en los primeros meses de embarazo que estaban parados al sol esperando saber su suerte. Intenté comunicarme otra vez con Clorio, pero fue imposible. Le marqué a Gustavo Trolle, que seguía en Tuxtla, y le expuse el caso. Logró contactar a Clorio y preguntarle si estaba retenido. Le respondió que no, pero que no podía salir. Entonces sí estaba retenido. Para entonces había ya seis siniestrados.

Trolle voló de inmediato a la zona militar de Ocosingo. Debido a los ya citados acuerdos de San Andrés, el Ejército mexicano no podía avanzar demasiado en esa región. Trolle debió caminar hacia el pueblo, buscando el sitio donde Clorio redactaba el acta bajo presión. Al llegar, encontró a un cacique local sentado, con una joven sosteniéndole una sombrilla. Al centro, Clorio anotaba lo que las personas le decían. Los Cae seguían parados bajo el rayo del sol. La conversación fue desigual. Trolle hablaba con megáfono y el cacique en corto le planteaba sus requerimientos. Quería que el presidente de la República le tomara una llamada. Quería que se anulara la elección municipal. Al paso de las horas empezaron a circular bebidas alcohólicas. Alguien de la multitud empezó a gritar: “¡Átenlos y quémenlos!” El asunto escaló y podía salirse de control en cualquier momento.

Yo mantenía contacto con Trolle y Clorio. Le marqué al presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, quien se mostró genuinamente preocupado y me externó el apoyo. Me consta que hizo gestiones para resolver el conflicto con los cuadros del PRI local. Su apoyo fue fundamental para evitar que el caso terminara en un derramamiento de sangre. 

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Mientras tanto, en Ocosingo, un militante del PVEM pasó por el sitio de la manifestación. Los ánimos continuaban caldeados. Los priistas, rijosos, comenzaron a golpearlo. Trolle y Clorio aprovecharon el momento de furia y confusión. Arrojaron sus chalecos institucionales y fueron rescatados por la policía federal. Tras el incidente violento me llamó el secretario de Gobierno para decirme que sólo faltaban las firmas de las personas de la FEPADE para cerrar el acta. Me negué rotundamente a que regresaran a la población. “Rescatando al soldado Clorio”, bromeó el jefe de la zona militar. Horas más tarde, liberaron a los Cae del INE. Al menos ese lío había quedado resuelto.

Otros ministerios públicos que padecieron algo similar fueron Cecilia Morales Badillo y Fernando Osuna, destacados en Villaflores. Recibí una llamada del INE en la que me informaron que un grupo armado los había ido a buscar a las oficinas del instituto. Me comuniqué con Osuna y le pregunté el paradero de ambos. Me informó que se encontraban a salvo en el hotel donde se habían hospedado. Les pedí que se salieran de inmediato y que vieran la forma de regresar a Tuxtla. Tomaron un taxi y empezaron a dar vueltas por la población. El trayecto duró al menos dos horas llenas de tensión. Estaban en un gran riesgo. Debía tomar una decisión rápida: autoricé el envío de un helicóptero que sobrevoló 20 minutos y aterrizó en una cancha de futbol. Cuando el aparato se elevó con ellos, a la zona llegaron las camionetas con el grupo armado que los buscaba. No fue el único caso de peligro.

Otra de las células desplegadas en el estado, bajo el mando de Humberto Domínguez, enfrentó un caso en el que se denunció el uso de recursos de procedencia ilícita vinculados con lo electoral. 

Por la noche del 19 de julio detuvieron a tres jovencitas. En una maleta cargaban un millón y medio de pesos en efectivo, propaganda de Morena y un cuaderno donde registraron nombres, teléfonos y montos. La subdelegación de la PGR pidió que la FEPADE apoyara en el caso de que se constituyera un delito electoral. Se tomó la declaración a las chicas y se inició una averiguación previa por financiamiento ilícito a las campañas electorales. Un año después se ejerció la acción penal por peculado electoral en contra de tres personas, dos de las jóvenes y su superior jerárquico. Se acreditó que eran funcionarias de la Cámara de Diputados que habían rentado un inmueble en Tapachula y colaborado con el candidato de Morena mientras eran funcionarias federales y no tenían licencia ni vacaciones. El juez de distrito negó bajo el argumento de que no estaba acreditado que lo hubieran hecho en horario laboral. Apelamos, pero el tribunal unitario confirmó el criterio para la negativa.

El saldo legal fue de 142 averiguaciones previas iniciadas durante esos días. Se trató de un récord histórico para un despliegue ministerial. El secretario de Gobierno me mandó un mensaje de despedida. Simplemente esperaba que regresara a Chiapas algún día como turista. El operativo había terminado, pero los asuntos que tenían que ver con delitos electorales en Chiapas sólo habían comenzado. Después aparecerían en escena dos actores de triste memoria: la llamada Loba del Suchiate y el fraude electoral cibernético.