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AMLO busca exhibir a diputados que votaron a favor de la prisión preventiva en 2008

miércoles, agosto 31st, 2022

El mandatario mencionó a algunos de los legisladores que en su momento votaron a favor de la prisión preventiva, como Marko Cortés —actual dirigente del PAN—, Santiago Creel y Jesús Murillo Karam.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que exhibirá a las y los diputados que votaron a favor de una reforma constitucional en 2008 para aprobar la prisión preventiva oficiosa.

“Otra cosa que es interesante resulta que esta modificación a la Constitución se hizo en el Gobierno de Calderón, para las detenciones, la prisión preventiva, en el 2008. Y hoy en la mañana pedí quiénes votaron a favor. Estamos haciendo la investigación: Santiago Creel a favor, Marko Cortés a favor, Murillo Karam a favor”, dijo durante la conferencia matutina de este miércoles.

Igualmente, señaló que, además de tener el listado de todos aquellos que votaron a favor, también quiere revisar qué fue lo que opinaron los medios de comunicación al respecto; así como algún tipo de declaración de oposición por parte de algún Ministro.

Además, continuó con sus críticas hacia el poder Judicial, afirmando que en éste hay mayor control por parte de la gente con privilegios.

“Entonces el poder Judicial de ser un poder históricamente apéndice del Ejecutivo, porque eso era, se convierte en el poder de los poderes, porque los potentados tienen más control de ese poder. Les es más fácil ahí hacer valer sus privilegios”.

El Presidente López Obrador también anunció esta mañana que hoy enviará al Poder Judicial de la Federación (PJF), al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una fundamentación y los argumentos por los que no se debe eliminar la prisión preventiva oficiosa.

“Hoy se iba a presentar toda nuestra fundamentación, los argumentos, el porqué estamos en contra de esa decisión que quiere tomar la Corte. Vamos a poner ejemplos. Vamos a buscar la forma de hacerlo porque lo he estado pensando, porque son muchos casos, muchos casos, muy fuertes y no queremos dar a conocer los nombres de los jueces porque los estaríamos, yo diría que humillando. Es fuerte”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

El próximo 5 de septiembre, la SCJN deberá de resolver la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa que el Congreso estableció en el Artículo 19 constitucional desde el 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá la prisión preventiva oficiosa contemplada en la Constitución mexicana. Foto: SCJN vía Cuartoscuro

Los críticos de la prisión preventiva oficiosa han argumentado que la medida afecta principalmente a grupos vulnerables. El propio proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales —que plantea declarar inconstitucional esta medida de oficio— señala que “configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta también contra la propia funcionalidad del sistema”.

Arturo Zaldívar, Ministro presidente de la Suprema Corte, aclaró que no se trata de desacatar la Constitución mexicana, sino que se busca “tomar en serio los derechos humanos” integrantes en el Artículo Primero de la Carta Magna.

“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa […] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, añadió.

Si SCJN quita prisión preventiva, respeto decisión, pero no quiero ser cómplice: AMLO

martes, agosto 30th, 2022

El mandatario mexicano afirmó que de ser eliminada la prisión preventiva en el país, “va a seguir la impunidad en el Poder Judicial”.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien el 5 de septiembre resolverá si elimina o no la prisión preventiva oficiosa en México, aunque aseguró que no quiere “ser cómplice” de ello.

Durante su rueda de prensa diaria en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal defendió una vez más la medida cautelar al afirmar que de ser eliminada en el país seguirá “la impunidad en el Poder Judicial”.

“Si la Corte resuelve que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice. No quiero que el día de mañana digan ‘oiga, ¿y por qué salió este delincuente de cuello blanco?’. Voy a tener que repetir: pues no fuimos nosotros, fue el Juez, fue el Poder Judicial. Entonces México sigue siendo el país de la corrupción y la impunidad, y eso no queremos que suceda porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal consideró que el Poder Judicial “sigue caracterizado por la corrupción” e incluso señaló que algunos “jueces que ni siquiera les importa el pueblo”, ya que sólo se dedican “a defender los intereses creados”.

“Lo que sucedería [es que] los jueces liberarían a diestra y siniestra. Si ya lo hacen, se agravaría el problema. Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos. Pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempo atrás, caracterizado por la corrupción”, expresó.

Sin embargo, López Obrador manifestó su respeto y confianza al Ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar; y al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pero mencionó que la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial “no son gente caracterizada por la honestidad”.

El Presidente adelantó que dará a conocer los casos que existen en el país, en donde los jueces han liberado a delincuentes e indicó que su Gobierno “limpiará el Poder Judicial”.

“Y entonces sí, cuando tengamos confianza plena de que no va a haber corrupción y va a haber apego a la Ley. Pero no estamos en esa situación, no hay normalidad jurídica […] Tenemos que seguir avanzando. No podemos quedarnos callados”, concluyó.

LA DISCUSIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

El próximo 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá de resolver la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa que el Congreso estableció en el Artículo 19 constitucional desde el 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso.

La SCJN discutirá la figura de la prisión preventiva oficiosa. Foto: Gabriela Pérez, Cuartoscuro.

Los críticos de la prisión preventiva oficiosa han argumentado que la medida afecta principalmente a grupos vulnerables. El propio proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales —que plantea declarar inconstitucional esta medida de oficio— señala que “configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta también contra la propia funcionalidad del sistema”.

El Gobierno federal, por su parte, ha alertado que eliminar la prisión preventiva oficiosa implicaría la pérdida de vidas humanas, tanto de víctimas como de elementos de la policía, el Ejército y los propios jueces.

“Ahora estamos viendo infinidad de casos de jueces [que liberan detenidos]. Esto que pasó hace dos días que se detiene a un señor promotor de violencia en Colima y un Juez lo libera”, dijo el Presidente durante la conferencia matutina del viernes, haciendo alusión a José Bernabé “N” , alias “La Vaca”, quien no fue vinculado a proceso después de que lo determinara un Juez en el Estado de México.

La prisión preventiva justificada se dicta cuando un Juez o Jueza determina que existe un riesgo de que la persona acusada se fugue, o exista algún riesgo a las víctimas del delito, a testigos o a la propia investigación por la posibilidad de destrucción o alteración de pruebas y evidencia.

Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa se puede extender a todos los delitos, siempre y cuando, el Ministerio Público lo justifique ante un Juez, como señala el artículo 19:

“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El Juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”.

SCJN tumba Ley que quitó a radio y TV obligación de distinguir información de opinión

lunes, agosto 29th, 2022

El decreto aprobado por el Senado en 2017, eliminaba la obligación de los concesionarios de radio y televisión para marcar la distinción entre opinión e información al presentar una noticia; la SCJN argumentó acciones inconstitucionales y violación en los procesos legislativos.

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 29 de agosto (Zeta).- Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad, el 29 de agosto del 2022, el decreto de reforma aprobado en octubre de 2017, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derecho de las audiencias, por el que había quedado eliminada la obligación de concesionarios de radio y televisión a distinguir entre opinión e información al presentar una noticia.

El proyecto del Ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán atendió diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas, bajo el argumento de que al momento de aprobarse dicha reforma en el Senado de la República, “se violaron los procesos legislativos”, entre ellos que el dictamen se avaló sin las lecturas previas que marca el reglamento del Congreso de la Unión.

La SCJN argumentó que hubieron irregularidades en los procesos legislativos al discutirse la reforma en el Senado de la República. Imagen ilustrativa. Foto: Graciela López, Cuartoscuro.

La segunda fue que no se cumplió con el requisito de que el dictamen se hubiese publicado en la gaceta del Senado de la República, al menos 24 horas antes de su discusión. “Estos requisitos fueron soslayados en la discusión correspondientes y significan una violación a al proceso legislativo, así como al derecho que asiste a las minorías de no ser excluido de los procesos legislativos”, señaló Pérez Dayán.

Por su parte, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf , explicó que, además, la reforma se debía invalidar porque “a partir de una interpretación del artículo segundo constitucional, los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados previamente sobre políticas y leyes que puedan afectarlos directamente”, o de lo contrario se violarían sus derechos humanos.

El proyecto también proponía dotar al Congreso de la Unión de un plazo de seis meses para emitir otra reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, “a fin de armonizar los derechos de las audiencias con las libertades de los medios de comunicación en la materia”. Sin embargo, en la sentencia solo se aprobó invalidar el decreto. A partir de ahora, los legisladores federales deberán decidir si impulsan o no una nueva reforma en la materia.

SCJN VALIDA DECRETO DE AMLO PARA DEVOLVER TIEMPOS OFICIALES A CONCESIONARIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN

Por unanimidad y sin debate, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó, el 2 de junio del 2022, el decreto del Poder Ejecutivo Federal, publicado en abril del 2020, que reduce los tiempos fiscales que radio y televisión abiertas tienen que entregar al Estado, al declarar infundada una controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE), que alegó que afectó su facultad exclusiva de administrar tiempos de difusión.

El decreto firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador redujo de 18 a 11 minutos diarios el tiempo que deben entregar las estaciones de televisión abierta, y de 35 a 21 minutos el de las estaciones de radio, para que con ello se tenga por satisfecho el pago en especie de un impuesto a las concesiones, que existe desde 1968.

Los tiempos fiscales motivo de la controversia son distintos de los tiempos previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) del 2014, que siguen sin cambios y abarcan media hora diaria de transmisión gratuita en todos los canales y estaciones de radio y televisión.

El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, autor del proyecto, explicó que el decreto del titular del Poder Ejecutivo Federfal no afecta los 48 minutos totales que la Constitución reserva al INE, para administrar durante los periodos electorales, y que suman los 30 minutos de la LFTR, más los 18 de tiempos fiscales.

Según Pardo Rebolledo, en épocas no electorales los tiempos para el INE se reducen hasta un máximo de doce por ciento de todos los tiempos del Estado, por lo que “era permisible” la medida adoptada por el Presidente López Obrador, quien en su decreto no mencionó el derecho del INE a disponer de 12 por ciento de los tiempos oficiales en periodos no electorales, pero sí aclaró que la reducción de tiempos fiscales no aplicará durante los periodos de precampaña, campaña y hasta el día de los comicios.

El Presidente López Obrador también justificó que era necesario ajustar los tiempos fiscales porque la Ley General de Comunicación Social, vigente desde 2018, los distribuye entre los Poderes de la Unión, mientras que un decreto expedido por el entonces mandatario nacional Vicente Fox Quesada, en 2002, los reservaba solo al Poder Ejecutivo Federal.

Dicha distribución es de 40 por ciento para el primero, 30 por ciento al Poder Legislativo, 10 por ciento al Judicial, así como 20 por ciento a los órganos constitucionales autónomos, entre ellos el Instituto Nacional Electoral.

“La Constitución, al otorgarle al INE la competencia de administrar el tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, por un mínimo de 48 minutos durante proceso electoral y el doce por ciento de los tiempos oficiales durante el periodo ordinario, reconoce que esos son los tiempos oficiales que deben garantizarse, los cuales no pueden quedar a la discreción de las autoridades ni de los particulares”, había alegado el ógano constitucional autónomo en su controversia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una iniciativa para reducir el tiempo oficial dispuesto al Gobierno que las concesionarias de radio y televisión deben de otorgar al Estado. Foto: Gobierno de México

El 3 de abril del 2020, el Presidente López Obrador informó firmaría un acuerdo para devolver los tiempos oficiales a la industria de la radio y la televisión, espacios que el Gobierno Federal puede ocupar en los medios, para que los medios de comunicación puedan comercializarlos y así obtener ingresos en tiempos de crisis.

“Hice un compromiso, hace un tiempo, con concesionarios de radio y televisión, y les ofrecí que íbamos a analizar la devolución de los tiempos oficiales, y hoy voy a firmar el acuerdo, devolvemos los tiempos oficiales a estaciones de radio, canales de televisión”, indicó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.

“Porque un Gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un Gobierno del pueblo, no necesita de propaganda. Y, la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento, porque han bajado sus ingresos en general, y nosotros no podemos darle dinero para publicidad, como era antes”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Se ha reducido considerablemente y se va a reducir más [la publicidad oficial], pero con esta medida [los medios] van a poder comercializar esos tiempos, y son ingresos que les van ayudar a mantener sus empresas y el trabajo de muchos”, afirmó el mandatario nacional, quien detalló que “si nosotros hacemos esto, lo van a analizar los otros poderes [de la Unión]”.

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AMLO: Eliminar la prisión preventiva oficiosa implicaría la pérdida de vidas humanas

viernes, agosto 26th, 2022

El Presidente criticó al Poder Judicial y al Consejo de la Judicatura por su trabajo para manejar el sistema de defensoría de oficio; la SCJN tomará su decisión el próximo 5 de septiembre.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su desacuerdo con el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar la prisión preventiva oficiosa en el país.

“Ahora estamos viendo infinidad de casos de jueces [que liberan detenidos]. Esto que pasó hace dos días que se detiene a un señor promotor de violencia en Colima y un Juez lo libera”, dijo el Presidente durante la conferencia matutina de este viernes, haciendo alusión a José Bernabé “N” , alias “La Vaca”, quien no fue vinculado a proceso después de que lo determinara un Juez en el Estado de México.

El mandatario mexicano aseguró que la postura de eliminar la prisión preventiva oficiosa implicaría la pérdida de vidas humanas, tanto de víctimas como de elementos de la policía, el Ejército y los propios jueces. “Están expuestos”, aseguró.

Al hablar sobre este tema, el Presidente López Obrador cuestionó el trabajo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

“El Poder Judicial debería tener un buen sistema de defensoría de oficio, y debería funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura […] ¿Cuántos jueces, magistrados y ministros han ido a la cárcel? ¿Qué, es un Poder incorruptible? ¿Es el castigo de la pureza?”

A pesar de ello, reconoció el trabajo y el aprecio que tiene al Ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aunque enfatizó en que no está de acuerdo con la decisión que está tomando con respecto a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.

El próximo 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá de resolver la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa que el Congreso estableció en el Artículo 19 constitucional desde el 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso.

Los críticos de la prisión preventiva oficiosa han argumentado que la medida afecta principalmente a grupos vulnerables. El propio proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales —que plantea declarar inconstitucional esta medida de oficio— señala que “configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta también contra la propia funcionalidad del sistema”.

La Suprema Corte de Justicia determinará su decisión sobre la prisión preventiva oficiosa el próximo 5 de septiembre. Foto: SCJN vía Cuartoscuro

En contraparte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la esencia de este proyecto “es que se busca impunidad”, por lo cual instruyó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y a la Consejera Jurídica, María Estela Ríos González, posicionarse al respecto mediante un comunicado, en el que establecieron:

“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra Ley fundamental”.

— Con información de Tamara Mares Rivera

SCJN pospone discusión sobre la prisión preventiva oficiosa para el 5 de septiembre

jueves, agosto 25th, 2022

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, anunció el cambio de la fecha de discusión durante la Sesión Ordinaria Pública de la Suprema Corte de este jueves, aunque no dio motivos sobre el retraso.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso el proyecto de eliminación de la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa para el próximo 5 de septiembre.

El Ministro presidente, Arturo Zaldívar, dio comienzo la Sesión Ordinaria del pleno de este jueves anunciando la modificación de la fecha de discusión, aunque no dio explicaciones sobre el cambio.

“Informo a la opinión pública que por acuerdo de este tribunal pleno, los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre”, dijo.

El día de ayer, el Gobierno de México pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la figura de prisión preventiva oficiosa en la Constitución, pues asegura que eliminarla podría tener efectos negativos en el combate a la inseguridad en el país.

“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra Ley fundamental”, señala un comunicado difundido por la Presidencia de la República.

La SCJN resolverá próximamente dos asuntos de transcendencia nacional referentes a la prisión preventiva oficiosa que el Poder Constituyente Permanente estableció en el Artículo 19 constitucional desde el año 2008. En dicha sesión se resolverá un juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019.

Sobre este proyecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que la eliminación de la obligatoriedad de prisión preventiva oficiosa en delitos graves propiciaría la impunidad y la corrupción.

El mandatario condenó las dos reformas discutidas ante el pleno de la SCJN, como la de “eliminar delitos considerados graves” y la mencionada que involucra la prisión preventiva oficiosa “para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan”, por lo que comisionó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal aclarar el asunto por si los ministros esconden objetivos del proyecto que “no se entienden”.

Por su parte, Arturo Zaldívar, aclaró que no se trata de desacatar la Constitución mexicana, sino que se busca “tomar en serio los derechos humanos” integrantes en el Artículo Primero de la Carta Magna.

“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa […] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, añadió.

SSPC defiende prisión preventiva; sin ella habrá mercadeo de abogados y jueces, acusa

jueves, agosto 25th, 2022

El Subsecretario reiteró la postura del Gobierno federal de estar de acuerdo con la permanencia de la medida cautelar de prisión preventiva, pues si ésta se eliminara, incrementaría el riesgo para los jueces, las víctimas denunciantes y los testigos.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- La eliminación de la prisión preventiva oficiosa daría pie a corrupción, mercadeo de abogados y jueces, y representaría una amenaza para la sociedad, aseguró Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Si se está al arbitrio de que cada detención sea el juzgador el que resuelva, puede dar lugar en múltiples casos de corrupción, mercadeo de abogados, jueces; incrementa peligrosidad para los jueces, para la víctima que se atreve a denunciar, para los testigos; y sobre todo es una amenaza para la sociedad porque estos individuos seguirían en libertad”, dijo durante la conferencia matutina de este jueves.

Asimismo, detalló la importancia que tiene esta medida cautelar específicamente para los casos en que se cometen delitos graves del orden común, de delincuencia organizada y financieros llevados a cabo por servidores públicos.

El día de ayer, el Gobierno de México pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la figura de prisión preventiva oficiosa en la Constitución, pues asegura que eliminarla podría tener efectos negativos en el combate a la inseguridad en el país.

“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra Ley fundamental”, señala un comunicado difundido por la Presidencia de la República.

De acuerdo con la actual Adminsitración, es fundamental la existencia de esta figura jurídica en ciertos delitos de alta gravedad para la sociedad, por lo que “dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica”.

Además, aseguraron que algunos delitos implican que los presuntos criminales, a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal.

La SCJN resolverá en los próximos días dos asuntos de transcendencia nacional referentes a la prisión preventiva oficiosa que el Poder Constituyente Permanente estableció en el Artículo 19 constitucional desde el año 2008. En dicha sesión se resolverá un juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019.

Sobre este proyecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que la eliminación de la obligatoriedad de prisión preventiva oficiosa en delitos graves propiciaría la impunidad y la corrupción.

El mandatario condenó las dos reformas discutidas ante el pleno de la SCJN, como la de “eliminar delitos considerados graves” y la mencionada que involucra la prisión preventiva oficiosa “para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan”, por lo que comisionó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal aclarar el asunto por si los ministros esconden objetivos del proyecto que “no se entienden”.

La SCJN está considerando eliminar la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa. Foto: SCJN vía Cuartoscuro

Por su parte, el Ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aclaró que no se trata de desacatar la Constitución mexicana, sino que se busca “tomar en serio los derechos humanos” integrantes en el Artículo Primero de la Carta Magna.

“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa […] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, añadió.

Los Oxxo podrán usar PET y unicel, desterrados de Oaxaca: la SCJN les da un amparo

miércoles, agosto 17th, 2022

De acuerdo con la resolución de la Suprema Corte, las prohibiciones en torno a la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos no contempla la venta, distribución o uso de envases de materiales como PET o unicel, declarando la ley oaxaqueña como inconstitucional.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la legislación de Oaxaca que prohíbe el uso de empaques desechables y por unanimidad de votos dieron entrada al amparo presentado por Coca Cola-Femsa a través de su embotelladora PROPIMEX y su distribuidora Oxxo.

El Ministro ponente Javier Laynez Potisek le otorgó el amparo y le ordenó a la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca que se “abstenga de sancionar e infraccionar” a la compañía. Lo mismo se resolvió en el amparo 230/2022 interpuesto por Oxxo y que fue atendido por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

“El artículo 100 de la Ley General prevé de forma limitativa, un catálogo de prohibiciones que podrán contener las legislaciones estatales en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos; no obstante, ninguno de sus supuestos contempla alguna relacionada con la venta, distribución o uso de envases, embalajes u otros productos de un solo uso, elaborados con PET o unicel”, se detalla en las sentencia.

“Esta Segunda Sala considera que el hecho de prohibir venta, distribución y empleo de envases de PET y unicel representa una de las sanciones máximas para efectos de la norma administrativa, pues es una negativa de cualquier posibilidad de hacer uso de esos materiales para efectos de envasar o empaquetar alimentos o bebidas”, agregó la Corte.

La ley AntiPET en Oaxaca, propuesta por el Diputado morenista Horacio Sosa Villavicencio, se aprobadó por la mayoría del Pleno Legislativo el 10 de abril de 2019 y entró en vigor el pasado 22 de junio de 2019 tras publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

Pero la empresa PROPIMEX Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable impugnó la constitucionalidad de las fracciones XI y XII del artículo 98 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos que prohíben la venta, distribución o empleo de envases y embalajes de un solo uso elaborados con tereftalato de polietileno y/o poliestireno expandido.

Luego de la decisión de la SCJN, el Diputado morenista Horacio Sosa Villavicencio señaló que los ministros prefirieron el interés de las empresas antes que del medio ambiente y adelantó que analizará el caso para tomar las medidas pertinentes.

“Nos enteramos que hace unos minutos se dio un revés de la SCJN ante la Ley Pet. Lamentamos mucho el actuar de los señores ministros, prefirieron el interés económico, el interés de una empresa como Coca Cola al interés del medio ambiente, de los ecosistemas. Vamos a revisar e informar a las comunidades porque esta Ley no viene de una ocurrencia, sino de una necesidad”, dijo el Diputado en un video difundido en sus redes sociales.

De acuerdo con el legislador, la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, que buscan evadir las empresas, reduciría hasta en 70 por ciento la cantidad de plástico que se genera en México.

En México, 26 estados han legislado para prohibir la venta de bolsas plásticas, envases de unicel y otros productos plásticos de un solo uso, medidas que podrían ser revertidas por la decisión tomada hoy por la Corte.

PAN anuncia que pedirá a SCJN declarar inconstitucional decreto de AMLO sobre la GN

domingo, agosto 14th, 2022

Marko Cortés reprochó que el Gobierno de López Obrador esté asignando tareas que no le corresponden a las Fuerzas Armadas, sobreexponiendo a la administración y manejo de recursos públicos.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) anunció esta mañana que exigirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que haga valer el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho, declarando inconstitucional el decreto presidencial para que la Guardia Nacional (GN) pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A través de un comunicado, el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, agregó que acudirán a las instancias internacionales de derechos humanos a presentar las denuncias correspondientes.

“Porque nosotros estamos convencidos de que en las democracias la seguridad pública está a cargo de la autoridad civil y no de militares”, expresó el líder panista, quien además acusó que la violencia en el país “sigue y sigue incrementándose”.

Recordó que sólo esta semana “se presentaron actos de terrorismo en Guadalajara, Zitácuaro, Irapuato, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana y Ensenada”. “Con los abrazos del Gobierno la gente vive con miedo, y el crimen organizado avanza y se expande”, añadió.

Marko Cortés consideró que “el país entero se le está incendiando al Presidente Andrés Manuel López Obrador”. Y dijo que “la incapacidad de gobernar ya duele a los mexicanos. Tristemente, México se está convirtiendo en uno de los países más violentos del mundo”.

Por ello, destacó que es urgente corregir el rumbo, pues señaló que la estrategia “resultó un rotundo fracaso”. “Hoy vivimos la peor inseguridad, más violencia, homicidios y feminicidios que nunca”.

Además, el dirigente del PAN manifestó que la Guardia Nacional, creada a inicios de la administración de López Obrador, podía estar conformada por militares de manera temporal, pero esto no funcionó.

En ese sentido, recriminó que ahora el Gobierno está asignando tareas que no le corresponden a las Fuerzas Armadas, sobreexponiéndolas a la administración y manejo de recursos públicos, poniendo en riesgo que se generen “complicidades y corrupción”.

Elementos de la Guardia Nacional.

El Presidente López Obrador aspira a que la labor de los militares en materia de seguridad sea permanente. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro

La violencia actual, reprochó, es consecuencia de que en este Gobierno se desmanteló la Policía Federal, y se les quitó los recursos a las policías estatales y municipales, “por ello ahora estamos pagando las consecuencias”.

De acuerdo con Marko Cortés, México lo que requiere es asignar recursos para la seguridad pública, pero con policías civiles, bien capacitados, pagados, organizados y equipados, no a través de soldados y marinos que son para defender la soberanía nacional, y sólo actuar de manera temporal y en situaciones de excepción respaldando a las fuerzas civiles.

“Urge que a la gente buena se le abrace y se le proteja frente a la violencia, el secuestro, la extorsión y al terrorismo, y que a los criminales, con apego a la Ley, se les combata y se les detenga. Eso es lo que queremos en Acción Nacional, que todos los mexicanos podamos vivir y trabajar en paz”, concluyó.

El pasado 8 de agosto, el Presidente López Obrador anunció un decreto para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Ya por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa a la Secretaría de la Defensa, ya la cuestión operativa está a cargo, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Sedena y esperamos además el resultado de la reforma, pero ya quiero que sea la Sedena la que se haga cargo”, dijo en su conferencia de prensa diaria.

La Guardia Nacional de México nació con la aspiración de ser una fuerza civil, bien entrenada e incorruptible, que pacificara al país y desbancara a los militares en las labores de seguridad pública. Ocurrió al revés.

El Presidente de México aspira a que la labor de los militares en esta área sea permanente. Y pretende hacerlo, aunque no tenga el apoyo del Congreso, pero la idea ya ha hecho saltar todas las alarmas y no sólo por cuestiones legales, también porque ni la Guardia Nacional, ni los militares han logrado bajar los niveles de violencia en el país.

Además, organizaciones civiles han criticado que la institución pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana, pues ello significaría la militarización de la seguridad pública, algo que constituye un riesgo para los derechos humanos.

-Con información de AP

SCJN financia serie documental sobre feminicidios para concientizar problemática

jueves, mayo 19th, 2022

La producción Caníbal. Indignación total tratará sobre el caso de Andrés Mendoza Celis, conocido como “El Caníbal de Atizapán”; constará de cinco capítulos y será transmitido por Justicia TV, el Canal de las Estrellas y otros medios públicos.

Ciudad de México, 18 may (EFE).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de México, Arturo Zaldívar, anunció este miércoles el estreno de una serie documental, financiada por la institución, que aborda el delito del feminicidio en el país.

La serie, llamada Caníbal. Indignación total, tiene como guía el caso de Andrés Mendoza Celis, conocido como “El Caníbal de Atizapán”, feminicida serial al que se le acusa del asesinato de al menos 19 mujeres.

“Esta serie tiene como objetivo mover conciencias, evidenciar que no podemos seguir investigando los casos de las mujeres muertas y desaparecidas con una enorme frivolidad e ineficiencia, que no podemos seguir revictimizando a las familias, que no podemos seguir pensando que simplemente son estadísticas”, dijo Zaldívar en una conferencia de prensa.

La serie, que se estrenará el próximo 27 de junio, está integrada por cinco capítulos y se transmitirá por los canales de televisión Justicia TV, el Canal de Las Estrellas y otros medios públicos.

El magistrado agregó que la producción se hizo con “seriedad y cuidado” y dijo además que “no busca generar morbo, sino provocar reflexión, y no busca señalar culpables, sino apuntar a soluciones”.

En México, en promedio, más de 10 mujeres son asesinadas cada día y en 2021 sumaron más de mil feminicidios, según cifras oficiales.

Andrés “N”, el feminicida serial, de 72 años de edad, cumple actualmente una sentencia. Foto: Fiscalía Edomex

OTRAS MEDIDAS A FAVOR DE LAS MUJERES PRESAS

Zaldívar también anunció medidas para responder a la grave situación que enfrentan las mujeres en reclusión, luego de su visita al penal femenino de Santa Martha Acatitla, el pasado 11 de mayo.

Entre ellas, dijo, están “una defensa efectiva, inmediata, de calidad para 200 internas” de Santa Martha Acatitla, a cargo del Instituto de la Defensoría Pública Federal (IDPF).

Además de la revisión de la prisión preventiva en los casos donde la persona acumule más de dos años recluida.

Otra medidas serán la defensa de mujeres y hombres indígenas que están en prisión y recordó que actualmente se tiene un programa piloto en los estados de Oaxaca y de Chiapas “para determinar cuál es la situación de las personas indígenas en procesos locales”.

El presidente de la SCJN aseguró que la mayoría de estas medidas tienen una dimensión nacional que buscan hacer una diferencia en la vida de la gente.

“Espero que estas medidas sean la punta de lanza para que nos tomemos en serio una reflexión a nivel legislativo y a nivel de la sociedad sobre un cambio de paradigma en relación con la prisión preventiva oficiosa y justificada”, finalizó.

Al INAI le preocupa la resolución de la SCJN sobre protección de personal de la FGR

viernes, mayo 13th, 2022

El Instituto de Transparencia señaló que el fallo de la Suprema Corte de Justicia “mina el derecho de acceso a la información y sienta un mal precedente para la inatacabilidad de las resoluciones de este organismo garante”.

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lamentó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para proteger los nombres y cargos del personal de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Preocupa al INAI la determinación de la SCJN de invalidar la resolución RRA 9481/19, emitida en contra de la FGR; el fallo mina el derecho de acceso a la información y sienta un mal precedente para la inatacabilidad de las resoluciones de este organismo garante”, escribió el INAI desde su cuenta de Twitter.

Asimismo, el comisionado Francisco J. Acuña empleó la misma red social para unirse a la preocupación del Instituto ante la resolución de la máxima autoridad judicial del país. ” Si impera el peligrosismo para proteger información pública se derrotará el derecho a saber”, expresó.

Durante la sesión de este jueves, la SCJN ordenó reservar los nombres de todo el personal administrativo, así como aquellos en ministerios públicos, peritos y policías federales ministeriales de cuatro subprocuradurías de la FGR.

La sentencia se da después de que un ciudadano solicitara, por medio del INAI, los nombres y cargos del personal sustantivo y administrativo de las subprocuradurías especializadas en Control Regional, Derechos Humanos; en investigación de Delitos Federales y Delincuencia Organizada.

En un primer momento, la FGR entregó los nombres del personal administrativo de todas las áreas solicitadas excepto los de SEIDO bajo el argumento de seguridad como motivo para reservar el resto de la información.

Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro

Ante la falta de datos, el peticionario tramitó un recurso de revisión y el INAI ordenó a la FGR entregar los nombres de los ministerios públicos de todas las subprocuradurías excepto de los SEIDO, así como el personal administrativo de estos últimos, y la denominación correcta de los cargos de todos los agentes del Ministerio Público federal, la Policía Federal Ministerial, peritos y analistas.

Los ministros determinaron que las instrucciones del INAI afecta las atribuciones constitucionales de la FGR para investigar y perseguir delitos federales, pues revela su capacidad de despliegue y reacción. El Ministro Javier Láynez argumentó en el proyecto que, según la teoría mosaico, se puede recopilar y combinar información aparentemente inofensiva y aislada para descubrir vulnerabilidades estratégicas que son susceptibles de explotación para dificultar la procuración de justicia o actos de contra inteligencia.

INE impugna ante SCJN el bloqueo para acceder a investigación sobre Pío López Obrador

jueves, mayo 5th, 2022

El expediente del hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue solicitado por la autoridad electoral, pero una orden de la Suprema Corte impidió que la Fiscalía General de la República entregara una copia de la carpeta.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral (INE) impugnó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el cual bloqueó la orden para que la Fiscalía General de la República (FGR) entregara una copia de la carpeta de investigación abierta en contra de Pío López Obrador por presuntos delitos electorales.

El Consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello pidió que el fallo del proyecto de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa se corrigiera por considerar que cuenta con un “problema de interpretación”, pues la Constitución mexicana señala que las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son inatacables, por lo que la resolución emitida por este último órgano se tendría que obedecer.

Videos difundidos por el portal web Latinus muestran al exfuncionario federal David León Romero entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador en 2015. Foto: Especial.

“Ya no son definitivas e inatacables porque ya la Corte se volvió una tercera instancia respecto a las decisiones del Tribunal”, señaló el presidente del INE el pasado 21 de abril.

Frente a esta determinación de la Suprema Corte, el instituto electoral interpuso dos recursos de reclamación, mismos que fueron admitidos por el Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien a su vez ordenó que se turnen a dos ministros distintos.

La resolución de la Ministra Esquivel Mossa había ordenado al Tribunal Electoral de abstenerse de ejecutar las resoluciones contenidas en los expedientes SUP-JE-262/2021 y SUP-JE-263/2021, así como los respectivos incidentes de incumplimiento, bajo el argumento de que había una posible vulneración del derecho humano a la protección de datos personales.

Está por iniciar diálogo con empresas de autoabasto de energía eléctrica, afirma AMLO

miércoles, abril 27th, 2022

Desde Palacio Nacional, el Presidente López Obrador detalló que dichas negociaciones con las empresas estarán a cargo del Secretario de Gobernación, en compañía de la titular de la Secretaría de Energía (Sener) y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que ya están por iniciar los diálogos con las empresas que tienen sociedades de autoconsumo de energía que son ilegales luego de que el pasado 7 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara constitucional la reforma a Ley de la Industria Eléctrica que contempla revocar dichos permisos de autoabastecimiento.

“Ya van a iniciar los diálogos con las empresas que tienen que ver con el llamado autoabasto de energía eléctrica. Se acuerdan que de conformidad con la Ley Eléctrica que declaró constitucional la Suprema Corte ya se considera fraude legal el llamado autoabasto”, dijo.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo detalló que dichas negociaciones estarán a cargo del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en compañía de la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

López Obrador recordó que esto “es un asunto que tiene que ver con muchas empresas que se adhirieron a este sistema”, el cual, reiteró, “es ilegal”. “Porque hay un autoabasto que se permite porque la empresa tiene una planta y utiliza la energía eléctrica para su consumo”.

Asimismo, señaló que dicha práctica es un fraude porque empresas como Iberdrola comenzaron a vender la energía eléctrica como si fuera la CFE, sin tener permiso. “Es la que le vende por ejemplo a Oxxo”, añadió.

“Entonces eso ya es ilegal porque en estos casos cuando se discutieron estos artículos transitorios les contaba yo que de 11 ministros en un caso, votaron declarando fraude legal este mecanismo y en otro Artículo parecido de venta de excedentes de los productores llamados independientes también se consideró fraude legal y votaron 10 de 11 ministros”, comentó.

El Presidente aseguró que el Gobierno buscará llegar a acuerdos con dichas empresas que se presenten a dialogar antes de presentar denuncias penales.

“Pero aquí el asunto es qué se hace: lo que procede es presentar denuncias, pero antes de eso queremos dialogar, buscar acuerdos con las 20 grandes empresas generadoras y también con los consumidores que aunque son alrededor de 60 mil, hay como 30 grandes que compran como el 60 por ciento y el resto pues son pequeños. Entonces queremos hablar con ellos y va a empezar ya un diálogo en Gobernación”, indicó.

Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto en el Valle de Mexicali perteneciente a la red de producción eléctrica nacional de la Comisión Federal de Electricidad. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro.

El pasado 20 de abril, el mandatario federal invitó a 20 empresas –la mayoría de ellas extranjeras- a dialogar antes de entrar en un litigio. Además, aseguró que no se hará “de la vista gorda” frente a lo que considera un fraude a la Nación.

“Estoy llamando al diálogo y le estoy pidiendo a los accionistas de las empresas responsables, a las empresas gerentes, que empiecen ya a llevar a cabo consultas con sus abogados. Nada más que sean abogados serios que no les estén mintiendo, porque ya es cosa juzgada”, advirtió.

“Tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer, pero también no quiero que lo primero sean las demandas penales. Lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo, estoy terminando de hacer el análisis de quienes están en la ilegalidad completa, que violan la Constitución”, aseguró en ese entonces en su rueda de prensa diaria.

El Jefe del Ejecutivo federal señaló que se buscará con estas empresas de autoabasto un proceso de transición, con el propósito de “no perjudicar al pueblo, proteger a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo se den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la Ley”.

Expresidente a Ministro: ¿Por qué no habla esta vez de que tenían tomada la Corte?

sábado, abril 9th, 2022

El expresidente mexicano arremetió contra el Ministro Arturo Zaldívar a través de su cuenta de Twitter; con anterioridad el Consejero presidente de la SCJN aseguró que, durante la investigación y resolución del caso de la Guardería ABC, los pasillos de la sede del Poder Judicial había sido tomado por el Poder Ejecutivo en turno.

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).– El expresidente Felipe Calderón Hinojosa cuestionó que el Ministro Arturo Zaldívar no hable de que el Gobierno federal tenga tomada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como ha denunciado que fue en su sexenio.

“¿Por qué el Presidente de la Corte Arturo Zaldívar no habla esta vez de que ‘tenían tomada la Corte’? ¿Cuál es la diferencia con lo que él ‘denunció’ cómo ‘operación de Estado’?”, cuestionó el expresidente en sus redes sociales en referencia a la declaración de constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica que esta semana se aprobó en la Corte.

La Suprema Corte dio el pasado jueves su respaldo al nuevo modelo energético que propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, previo al debate en el Legislativo de una reforma constitucional sobre el sector energético.

Aunque hubo muchas objeciones a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional.

Los legisladores de oposición acusaron que la Suprema Corte estaba al servicio del Presidente luego de esta decisión y se fueron en contra del Ministro Arturo Zaldívar, quien abiertamente ha señalado a Felipe Calderón de que en su sexenio mantuvo un control de la SCJN.

Zaldívar se refiere en especial al caso de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009 y donde murieron 49 niños.

El incendio de la Guardería ABC, donde murieron 49 menores de edad, cumplirá 13 años el próximo 5 de junio. Foto: Armando Monroy, Cuartoscuro.

“Esas presiones, en ese asunto [de la guardería] fueron notorias y evidentes. Cualquiera que haya sido corresponsal de la Corte en ese momento puede dar fe de que estoy diciendo la verdad. No es que [los integrantes del Poder Ejecutivo] venían a hacer visitas, tenían tomada la Corte, pueden dar fe de cómo hubo ministros que leyeron el memorándum que les dio la autoridad como si fuera su alegato en el Pleno”, recordó.

En distintas ocasiones ha señalado que el Gobierno federal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa presionó para que no saliera el proyecto resolutivo sobre el caso del incendio de la Guardería ABC.

“Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa [Margarita Zavala] del Presidente [Calderón], para proteger a los altos funcionarios públicos de ese Gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía, y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo”, señaló Arturo Zaldívar durante la presentación de su libro Diez años de derechos. Autobiografía jurisprudencial en febrero pasado.

“Unión entre México y EU es para siempre”: Ken Salazar al salir de Palacio Nacional

viernes, abril 8th, 2022

El Embajador estadounidense había expresado con anterioridad su preocupación por la Ley de la Industria Eléctrica, porque abriría la puerta a posibles litigios contra la iniciativa; el Presidente López Obrador respondió que el Gobierno federal podría emprender acciones legales en caso de que eso sucediera.

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos, arribó por segunda ocasión a Palacio Nacional, un día después de la validación de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Salazar llegó alrededor de las 10:00 horas de este viernes a las instalaciones de Palacio Nacional, donde sostuvo conversaciones en las oficinas de la Secretaría de Hacienda con su titular, Rogelio Martínez de la O, aunque sin la presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que salió rumbo a Nayarit. El Embajador se retiró una hora después de su llegada.

“Solamente les quiero decir que la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre, porque estamos integrados en nuestra economía y en los pueblos de los Estados Unidos y México”, expresó el Embajador estadounidense a los medios que lo esperaban en las inmediaciones de Palacio Nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina de este día, el Presidente López Obrador dio a conocer que su Gobierno podría emprender acciones legales en dado caso de que las empresas de Estados Unidos tramiten litigios por la validación de la SCJN en torno a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual ocurrió el día de ayer.

Las declaraciones del Jefe del Ejecutivo llegan luego de que Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, destacara en sus redes sociales que el Gobierno de su país respeta la soberanía de México, así como sus procesos democráticos, pero “en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios”.

“Como lo plantea en su texto, el Embajador Ken Salazar, podemos discrepar de manera respetuosa, y él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico; nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre”, afirmó el Presidente en la “mañanera” desde Palacio Nacional.

El debate de esta ley en la Suprema Corte se suma al comienzo del análisis en el Legislativo de la polémica reforma constitucional en el sector eléctrico que impulsa López Obrador.

La propuesta de reforma constitucional es controvertida porque limitaría al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La reforma debe ser aprobada por dos tercios de los legisladores y, para ello, el oficialismo debería lograr votos por parte de la oposición, que ya ha anunciado que no votará en favor de la reforma si no hay cambios.

“No me vengan con que la ley es la ley”: AMLO critica a la SCJN por Reforma Eléctrica

miércoles, abril 6th, 2022

La propuesta de reforma constitucional es controvertida porque limitaría al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la estatal CFE.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo/EFE).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador de nueva cuenta criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el debate que se registró en torno a la reforma de Ley Eléctrica, pues señaló que los ministros solamente hacen “pura fundamentación legal” y no van al fondo del asunto.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que la discusión de los ministros solamente aborda los aspectos legales de la propuesta sin ir más allá de eso, por lo que exhortó a que recuerden que la Reforma Energética del sexenio el Presidente Enrique Peña Nieto fue aprobada con sobornos mientras Emilio Lozoya Austin era titular de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Estamos pendientes de la iniciativa eléctrica porque es muy claro que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo lo que llaman lobby, empresas extranjeras y gobiernos extranjeros, por eso es importante darle seguimiento a estos asuntos, que no son nada más de orden jurídico. Vi un rato ayer el debate en la Corte y es pura fundamentación legal, no van al fondo”, señaló el mandatario en la “mañanera” desde Palacio Nacional.

Y agregó: “¿qué no saben los ministros? Porque son seres de otro mundo, que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio contra el director de Pemex (Emilio Lozoya Austin), o mejor dicho, que este señor confesó que había entregado dinero a legisladores para que se aprobara esa Reforma Energética. ¿Eso no va a contar a la hora de decidir?, ¿puede más el poder de las empresas? Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento, no. Lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales”.

El Presidente aseguró que el tema central de la discusión es el precio de la energía eléctrica, “lo que van a pagar los consumidores”, ya que, según sus declaraciones, se deben corregir los abusos que se cometieron cuando fue aprobada la Reforma Energética.

Asimismo, recalcó aquí se debe definir si se va a considerar constitucional o no la Ley Eléctrica, que establece un trato igualitario a la Comisión Federal de Electricidad al que reciben las empresas particulares porque en la reforma pasada “actuaron de manera corrupta”.

También mencionó que dicho ordenamiento vigente consideró las hidroeléctricas que no producen ni generan energía limpia “y por eso no las pusieron como prioritarias para el despacho y todas las hidroeléctricas, 60 hidroeléctricas del país están subutilizadas o paradas porque no les permiten subir la energía que producen”.

La SCJN aplazó a este jueves su votación sobre la polémica Ley de la Industria Eléctrica, que busca fortalecer la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) al cambiar, entre otros puntos, el orden de despacho de la energía.

El Presidente aseguró que el tema central de la discusión es el precio de la energía eléctrica, “lo que van a pagar los consumidores”. Foto: Gobierno de México

“El próximo jueves sesionaremos a partir de las 11 de la mañana”, anunció el presidente del Supremo, Arturo Zaldívar, tras más de dos horas de debate este martes.

Los 11 ministros de la Suprema Corte deben fallar esta semana sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros del Senado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el estado de Colima, respectivamente.

El proyecto de la Ministra Loretta Ortiz ha causado incertidumbre porque sólo se requieren los votos de cuatro de los 11 ministros del pleno para validar la constitucionalidad de la reforma legal, que es similar a la reforma constitucional que ahora discute la Cámara de Diputados.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca un cambio en el sector eléctrico, ha nombrado a cuatro de los actuales integrantes de la Suprema Corte además de mostrarse cercano a su presidente, Arturo Zaldívar.

En la sesión de este martes, varios de los ministros de la corte mostraron su preocupación por el impacto que podría tener para la inversión privada y para el impulso de las energías limpias.

Los 11 ministros de la Suprema Corte deben fallar esta semana sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros del Senado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el estado de Colima, respectivamente. Foto: SCJN vía Cuartoscuro

LOS PORMENORES DE LA LEY

El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica del 2014 fue publicado en marzo de 2021 tras su aprobación en el Legislativo.

La reforma elimina el criterio económico para despachar primero las plantas de la CFE, incluidas las de combustibles fósiles, sobre las privadas de renovables.

Además, revisa de forma retroactiva los contratos, cambia las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para favorecer a plantas viejas de la CFE y contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”, entre otros puntos.

LÓPEZ OBRADOR APOYA LA LEY

Horas antes de su votación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ayudaría “mucho” si en la Suprema Corte se consideraba constitucional la Ley de la Industria Eléctrica.

Los tres proyectos de sentencia fueron elaborados por la Ministra de la Suprema Corte Loretta Ortiz, nombrada por López Obrador, lo que causó controversia. Foto: Joaquín Sanluis, Cuartoscuro.

El debate de esta ley en la Suprema Corte se suma al comienzo del análisis en el Legislativo de la polémica reforma constitucional en el sector eléctrico que impulsa López Obrador.

La propuesta de reforma constitucional es controvertida porque limitaría al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la estatal CFE.

La reforma debe ser aprobada por dos tercios de los legisladores y, para ello, el oficialismo debería lograr votos por parte de la oposición, que ya ha anunciado que no votará en favor de la reforma si no hay cambios.

INAI rinde informe de labores; SCJN e IMSS recibieron más solicitudes de información

martes, abril 5th, 2022

En el rubro de datos personales del sector público, en el periodo que fue reportado, los sujetos obligados recibieron más de 43 mil solicitudes. El IMSS se mantuvo como el sujeto obligado que recibió la mayor cantidad de solicitudes, y según sus declaraciones, fue seguido por el Infonavit y por el ISSSTE.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), presentó el informe anual de labores ante el Senado de la República y dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Salud y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fueron los sujetos obligados con mayor número de solicitudes recibidas entre octubre de 2020 y septiembre de 2021.

“El informe que se presenta comprende el periodo de octubre de 2020 a septiembre de 2021, donde el entorno nacional y global se caracterizó por la presencia de la crisis sanitaria y múltiples efectos adversos. A pesar de estas circunstancias, el INAI emprendió diversas estrategias atender nuestras responsabilidades constitucionales y legales, cuyos resultados hemos hecho llegar previamente a esta soberanía”, detalló Ibarra Cadena en la presentación del informe.

Posteriormente mencionó que la comunicación entre los sujetos obligados y el INAI permitió que el tiempo promedio de respuesta de las solicitudes fuera de sólo 13.1 días en el periodo que se informa. Entre los rubros más consultados en las solicitudes se encuentran: información generada por los sujetos obligados, que incluye temas como trámites, servicios, estadísticas y resultados y encuestas con un 43.4 por ciento; actividades de la institución, la relacionada con programas de trabajo, resultados de actividades sustantivas, agenda de los servidores públicos, entre otras, con 18.9 por ciento; y la información sobre contratos, que abarca obras públicas, bienes adquiridos, servicios contratados, bienes arrendados y licitaciones, con un 6.7 por ciento.

“Destaca que la SCJN, el IMSS, Cofepris, Secretaría de Salud y el ISSSTE fueron los sujetos obligados con mayor número de solicitudes recibidas en este periodo”, declaró.

Recalcó que se durante los primeros años del INAI se han “desplegado una serie de acciones orientadas a estrechar nuestra vinculación con la sociedad y con los poderes del Estado, con el objetivo de que los unos se empoderen con la información pública y vean cristalizados sus derechos; y, los otros, aumenten su legitimidad, cercanía e impacto social”.

En el rubro de datos personales del sector público, en el periodo que fue reportado, los sujetos obligados recibieron más de 43 mil solicitudes. El IMSS se mantuvo como el sujeto obligado que recibió la mayor cantidad de solicitudes, y según sus declaraciones, fue seguido por el Infonavit y por el ISSSTE.

“Estas cifras muestran la conciencia de la ciudadanía sobre la importancia de la protección y adecuado tratamiento de los datos personales en un México globalizado”, explicó.

En materia de acceso a la información, las cifras acumuladas de 2003 hasta el cierre del informe reportaron más de 2.5 millones de solicitudes ingresadas, de las cuales, 285 mil corresponden al periodo de octubre a septiembre de 2021.

“Debe destacarse el repunte que ha tenido este rubro. Pues el registro de solicitudes de información no solamente se incrementó en más de 20 puntos porcentuales con relación al periodo anterior, sino que también supera los niveles previos a la crisis sanitaria, colocándose como el nuevo máximo histórico”, dijo.

Asimismo expresó la recepción de más de 17 mil medios de impugnación en materia de acceso a la información, lo que representó un incremento del 19.2 por ciento en comparación con el periodo anterior.

El INAI logró resolver 18 mil medios de defensa en la materia y en el 77.3 por ciento de todas aquellas resoluciones de recursos con revisión de estudio de fondo, se ordenó, modificó o revocó la respuesta del sujeto obligado.

“En este contexto, en el periodo reportado, recibimos más de 17 mil medios de impugnación en materia de acceso a la información, lo cual implica un incremento del 19.2 por ciento comparado con el periodo anterior. Además, en este periodo resolvimos más de 18 mil medios de defensa en la materia. Se enfatiza que, en el 77.3 por ciento de las resoluciones de recursos de revisión con estudio de fondo, se ordenó, modificó o revocó la respuesta del sujeto obligado”.

Respecto a la materia de datos personales, casi 2 mil 500 medios de impugnación fueron interpuestos, lo que fue un incremento del 33.5 por ciento en comparación al periodo anterior.

“En el 92.8 por ciento de los casos, con estudio de fondo, se modificó, revocó u ordenó la entrega de la información o el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales”, comentó.

Asimismo, la Comisionada dijo que en la gran mayoría de los asuntos, las resoluciones tienen una instrucción para los sujetos obligados, pues “estas decisiones permiten a la sociedad mexicana ejercer libremente otros derechos que fortalece su incorporación a la vida democrática de nuestro país”.

Mientras que en la verificación correspondiente a 2021, los sujetos obligados en el ámbito federal consiguieron un cumplimiento del 95.7 por ciento, a la par que el Poder Legislativo y el Judicial de la Federación obtuvo un índice de cumplimiento del 100 por ciento.

Además, arriba del promedio nacional también se ubican los órganos autónomos con el 98 por ciento y el Poder Ejecutivo tiene el 96 por ciento. El Grupo de Sindicatos fue el único que se posicionó por debajo del promedio al reportar un 85.5 por ciento.