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SCJN tumba Ley que quitó a radio y TV obligación de distinguir información de opinión

lunes, agosto 29th, 2022

El decreto aprobado por el Senado en 2017, eliminaba la obligación de los concesionarios de radio y televisión para marcar la distinción entre opinión e información al presentar una noticia; la SCJN argumentó acciones inconstitucionales y violación en los procesos legislativos.

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 29 de agosto (Zeta).- Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad, el 29 de agosto del 2022, el decreto de reforma aprobado en octubre de 2017, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derecho de las audiencias, por el que había quedado eliminada la obligación de concesionarios de radio y televisión a distinguir entre opinión e información al presentar una noticia.

El proyecto del Ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán atendió diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas, bajo el argumento de que al momento de aprobarse dicha reforma en el Senado de la República, “se violaron los procesos legislativos”, entre ellos que el dictamen se avaló sin las lecturas previas que marca el reglamento del Congreso de la Unión.

La SCJN argumentó que hubieron irregularidades en los procesos legislativos al discutirse la reforma en el Senado de la República. Imagen ilustrativa. Foto: Graciela López, Cuartoscuro.

La segunda fue que no se cumplió con el requisito de que el dictamen se hubiese publicado en la gaceta del Senado de la República, al menos 24 horas antes de su discusión. “Estos requisitos fueron soslayados en la discusión correspondientes y significan una violación a al proceso legislativo, así como al derecho que asiste a las minorías de no ser excluido de los procesos legislativos”, señaló Pérez Dayán.

Por su parte, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf , explicó que, además, la reforma se debía invalidar porque “a partir de una interpretación del artículo segundo constitucional, los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados previamente sobre políticas y leyes que puedan afectarlos directamente”, o de lo contrario se violarían sus derechos humanos.

El proyecto también proponía dotar al Congreso de la Unión de un plazo de seis meses para emitir otra reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, “a fin de armonizar los derechos de las audiencias con las libertades de los medios de comunicación en la materia”. Sin embargo, en la sentencia solo se aprobó invalidar el decreto. A partir de ahora, los legisladores federales deberán decidir si impulsan o no una nueva reforma en la materia.

SCJN VALIDA DECRETO DE AMLO PARA DEVOLVER TIEMPOS OFICIALES A CONCESIONARIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN

Por unanimidad y sin debate, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó, el 2 de junio del 2022, el decreto del Poder Ejecutivo Federal, publicado en abril del 2020, que reduce los tiempos fiscales que radio y televisión abiertas tienen que entregar al Estado, al declarar infundada una controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE), que alegó que afectó su facultad exclusiva de administrar tiempos de difusión.

El decreto firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador redujo de 18 a 11 minutos diarios el tiempo que deben entregar las estaciones de televisión abierta, y de 35 a 21 minutos el de las estaciones de radio, para que con ello se tenga por satisfecho el pago en especie de un impuesto a las concesiones, que existe desde 1968.

Los tiempos fiscales motivo de la controversia son distintos de los tiempos previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) del 2014, que siguen sin cambios y abarcan media hora diaria de transmisión gratuita en todos los canales y estaciones de radio y televisión.

El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, autor del proyecto, explicó que el decreto del titular del Poder Ejecutivo Federfal no afecta los 48 minutos totales que la Constitución reserva al INE, para administrar durante los periodos electorales, y que suman los 30 minutos de la LFTR, más los 18 de tiempos fiscales.

Según Pardo Rebolledo, en épocas no electorales los tiempos para el INE se reducen hasta un máximo de doce por ciento de todos los tiempos del Estado, por lo que “era permisible” la medida adoptada por el Presidente López Obrador, quien en su decreto no mencionó el derecho del INE a disponer de 12 por ciento de los tiempos oficiales en periodos no electorales, pero sí aclaró que la reducción de tiempos fiscales no aplicará durante los periodos de precampaña, campaña y hasta el día de los comicios.

El Presidente López Obrador también justificó que era necesario ajustar los tiempos fiscales porque la Ley General de Comunicación Social, vigente desde 2018, los distribuye entre los Poderes de la Unión, mientras que un decreto expedido por el entonces mandatario nacional Vicente Fox Quesada, en 2002, los reservaba solo al Poder Ejecutivo Federal.

Dicha distribución es de 40 por ciento para el primero, 30 por ciento al Poder Legislativo, 10 por ciento al Judicial, así como 20 por ciento a los órganos constitucionales autónomos, entre ellos el Instituto Nacional Electoral.

“La Constitución, al otorgarle al INE la competencia de administrar el tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, por un mínimo de 48 minutos durante proceso electoral y el doce por ciento de los tiempos oficiales durante el periodo ordinario, reconoce que esos son los tiempos oficiales que deben garantizarse, los cuales no pueden quedar a la discreción de las autoridades ni de los particulares”, había alegado el ógano constitucional autónomo en su controversia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una iniciativa para reducir el tiempo oficial dispuesto al Gobierno que las concesionarias de radio y televisión deben de otorgar al Estado. Foto: Gobierno de México

El 3 de abril del 2020, el Presidente López Obrador informó firmaría un acuerdo para devolver los tiempos oficiales a la industria de la radio y la televisión, espacios que el Gobierno Federal puede ocupar en los medios, para que los medios de comunicación puedan comercializarlos y así obtener ingresos en tiempos de crisis.

“Hice un compromiso, hace un tiempo, con concesionarios de radio y televisión, y les ofrecí que íbamos a analizar la devolución de los tiempos oficiales, y hoy voy a firmar el acuerdo, devolvemos los tiempos oficiales a estaciones de radio, canales de televisión”, indicó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.

“Porque un Gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un Gobierno del pueblo, no necesita de propaganda. Y, la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento, porque han bajado sus ingresos en general, y nosotros no podemos darle dinero para publicidad, como era antes”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Se ha reducido considerablemente y se va a reducir más [la publicidad oficial], pero con esta medida [los medios] van a poder comercializar esos tiempos, y son ingresos que les van ayudar a mantener sus empresas y el trabajo de muchos”, afirmó el mandatario nacional, quien detalló que “si nosotros hacemos esto, lo van a analizar los otros poderes [de la Unión]”.

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“AMLO parece estar enfermo de poder. Quiere todo el control y ahora datos biométricos”: Anaya

lunes, abril 26th, 2021

Ricardo Anaya aseveró que López Obrador quiere todo el control: del Legislativo, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) y ahora nuestros datos, incluyendo los biométricos.

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- Ricardo Anaya Cortés, político del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que el Presidente Andrés Manuel López Obrador parece estar “enfermo de poder”, luego de que el Senado aprobara la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear el “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil” (PNUTM).

Mediante un videomensaje compartido en sus redes sociales, el excandidato presidencial aseguró que López Obrador quiere todo el control y calificó de “espionaje masivo de teléfonos móviles” a la ley que obliga a usuarios entregar indicadores biométricos, además de datos personales al Gobierno federal.

“Todo esto es parte de un problema mayor. López Obrador parece estar enfermo de poder. Quiere todo el control. El Legislativo, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) y ahora nuestros datos, incluyendo biométricos ¡para tener un celular! ¿Así es en todo el mundo? ¡Claro que no! Esto solo pasa en países con regímenes extremadamente autoritarios como Venezuela, Uganda y Arabia Saudita. ¿Dónde queda nuestra privacidad?”, indicó.

“¿Te importaría que el Gobierno tuviera acceso a todo lo que hay en tu teléfono? Todo es todo: Tus fotos, tus conversaciones de WhatsApp, tus cuentas, que puedan ver las páginas de Internet que abres, tu ubicación en tiempo real ¿Ya te lo imaginaste? Por eso es tan peligrosa la nueva ley que propuso López Obrador”, enfatizó Anaya.

En ese sentido, Ricardo Anaya insistió que ya no hay contrapesos y que “López Obrador hace lo que se le pega la gana. Además, Anaya recordó que recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) compró programas de espionaje masivo, pero “el Gobierno necesita saber exactamente de quién es cada aparato, cada teléfono”.

“Dice López Obrador que nomás la huella, lo cual de por sí es gravísimo. Pero eso no dice la nueva ley. El artículo 180 dice claramente ‘los biométricos’. Esto incluye la huella, pero eventualmente pueden pedirte tu registro de voz, el iris de tu ojo, etcétera. Nos prometen que no van a hacer mal uso de la información. Pero, además, una vez que entregas esa información, ahí se queda no sólo para este sino también para el siguiente y el siguiente Gobierno”.

Por todo lo anterior, Ricardo Anaya hizo un llamado a los ciudadanos a preocuparse por lo que está pasando y aseveró que de ganar Morena en las próximas elecciones “quizá sea la última vez que tu opinión cuente”.

El pasado 13 de abril, el Senado de la República aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear el PNUTM.

Ahora, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá un plazo de seis meses para definir la reglamentación que los concesionarios deberán seguir para recopilar los datos del nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

El polémico padrón de usuarios de telefonía celular incluirá indicadores biométricos además de datos personales. El Gobierno considera que esto redundará en una mayor seguridad, pero organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertaron que se trata de una violación a la privacidad que podría tener consecuencias peligrosas.

El decreto publicado en la edición vespertina del DOF establece que sobre cada línea telefónica móvil, el Padrón Nacional incluirá el número de línea telefónica móvil; la fecha y hora de la activación de la línea adquirida en la tarjeta SIM, y nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario.

También tendrá otros datos como la nacionalidad del dueño de la línea; su número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea; datos Biométricos del usuario; domicilio del usuario, además de datos del concesionario de telecomunicaciones.

La regulación de redes sociales podría violar hasta tratados de DDHH, dicen Artículo 19, R3D y ALAI

miércoles, febrero 10th, 2021

La iniciativa en materia de redes sociales del partido Morena más que reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo que propone es la censurar, coincidieron expertos en derechos digitales. También se pondrían en riesgo acuerdos internacionales como el T-MEC, que establece principios básicos a los que los tres países tendrán que adherirse para que el comercio digital fluya.

–Con información de Daniela Barragán y Romina Gándara

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).–La iniciativa del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para reglamentar Twitter, Facebook, TikTok y otras redes sociales no es una regulación, es censura, por lo que de aprobarse sería una reforma inconstitucional e incompatible con los tratados en materia de derechos humanos, en los cuales México está adscrito, alertaron especialistas de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).

“La propuesta puede tener la mejor intención, pero tiene efectos problemáticos que implican medidas de censura, lo que la volvería una reforma inconstitucional con los tratados en materia de derechos humanos”, dijo en entrevista Agneris Sampieri, integrante de la Red R3D, sobre la propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la que se modifican tres artículos y agregan dos capítulos, uno con siete artículos y otro con uno que incluye sanciones.

Sissi de la Peña, Gerente Regional de Comercio Digital y Organismos Internacionales de la Asociación Latinoamericana de Internet, aseguró que la iniciativa es un atentado contra la naturaleza libre y abierta del Internet. “El Internet es de todos, por lo que una normativa regulatoria tendrá implicaciones en el contexto jurisdiccional, porque el Internet no se acaba en la frontera con Estados Unidos o Guatemala […] La gobernanza de Internet no cae solamente en un ente, sobre todo en un país con un régimen como el de México. Puede que en países como China, Rusia o Irán regulen el Internet, pero ese no es un régimen en el que México esté”.

Agregó que si esas atribuciones se le dan a una figura, en este caso el Estado, ahí sí se están arriesgando los derechos humanos de los usuarios y se atenta contra la libertad de expresión porque se haría lo que el Gobierno pide. “Son temas muy complejos como para que queden en un ente regulador, que sería el IFT que regula las telecomunicaciones y no la libertad de expresión”.

Para De la Peña, la iniciativa también atenta lo que se negoció en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) porque el Tratado contiene un capítulo de comercio digital en donde se establecen los principios básicos a los que los tres países tendrán que adherirse para que el comercio digital fluya, por lo que de aprobarse significaría que México impuso barreras con las que inhibe la innovación y la inversión en el país.

REDES-SOCIALES-REGULACIÓN

La iniciativa busca regular las redes sociales con más de un millón de usuarios. Foto: AP.

Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19, explicó que la iniciativa de ley ha generado preocupación porque tiene varios aspectos “que no se han delineado de manera correcta, como por ejemplo que hace una definición muy amplía de redes sociales en donde prácticamente entra cualquier servicio de Internet más allá de las redes sociales, prácticamente están definiendo al Internet dentro de la misma canasta de las redes sociales”.

El Senador Ricardo Monreal Ávila, autor de la iniciativa, difundió su propuesta de reforma el pasado martes para que puedan opinar ciudadanos, académicos, expertos y usuarios de las redes sociales antes de que la presente en el Senado en tres semanas.

Sissi de la Peña, de la Asociación Latinoamericana de Internet, contó en entrevista que ya hubo diálogo con el Senador Monreal, en el que dijeron que un aspecto positivo es que el tema sea debatido y abierto a todo mundo, no solo a las empresas, pero por otro lado le indicaron que ese debate no tiene que concluirse en tres semanas para que se vote en el Congreso.

“En el debate se puede decidir como sociedad mexicana hacia dónde queremos ir en materia de libertad de expresión en el contexto digital. Él abrió el proyecto, pero insiste en que esta es una iniciativa que debe ser aprobada en determinado plazo. Nosotros creemos que es apresurado”, comentó.

EL PAPEL DEL IFT

La iniciativa de Morena, partido que controla ambas cámaras, le da un papel relevante al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para autorizar la operación de las redes en México y los mecanismos que las empresas usarán para poder suspender cuentas de usuarios, además fungiría como árbitro en caso de que las redes sociales no resuelvan una impugnación.

En entrevista con SinEmbargo, Agneris Sampieri dijo que el papel que Monreal propone para el IFT –un organismo autónomo creado en 2013 cuyo titular es propuesto por el presidente ante el Senado– es un punto en contra de la iniciativa porque lo involucran de tal forma que se vuelve un mecanismo de censura.

“Se prevé que las redes sociales, consideradas relevantes, tienen que pedir una autorización al IFT para poder ofrecer sus servicios en Internet y en ningún país democrático se ha exigido a los sitios un permiso del Estado para poder existir en el ecosistema digital […] el requisito para operar es completamente innecesario, inconstitucional y es uno de los puntos problemáticos que implican censura”, dijo.

Comentó que la iniciativa es aparente porque por un lado busca combatir la censura de un organismo privado, pero por otro crea un mecanismo de censura público a cargo del Estado: “es innecesario hacerlo cuando pueden existir otros mecanismos para hacer responsables a las empresas, pero no en torno al contenido que generan terceras personas, sino más en temas de obligaciones de transparencia, de notificación cuando se dé de baja un contenido y mecanismos efectos de apelación”.

La organización Artículo 19 coincidió en que no es adecuado poner al IFT como ente regulador para autorizar los llamados términos y condiciones de las redes sociales ni para abrir un procedimiento de queja en caso que un usuario sea cancelado o suspendido temporalmente.

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, también advirtió que para justificar la remoción de ciertos contenidos se incluyeron conceptos muy amplios y ambiguos, lo cual extiende el marco de actuación del Estado para poder controlar las redes sociales.

“Un punto muy importante aquí es que desde hace ya más de una década la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su declaración de principios sobre la libertad de expresión, ha señalado que es inadmisible que los estados establezcan criterios de veracidad de la información porque se puede prestar a intereses políticos, censura y manipulación por parte de los gobernantes”, dijo.

¿CÓMO REGULAR LAS REDES?

La polémica sobre la posible regulación de las redes sociales en México surgió después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se mostrara en contra del bloqueo de las cuentas de Donald Trump, exmandatario estadounidense, a raíz de la toma del Capitolio el pasado 6 de enero. El Jefe del Ejecutivo se comprometió a liderar un esfuerzo internacional para combatir lo que él considera censura por parte de empresas de redes sociales.

Para Sampieri, en el entorno digital actual no se necesita un nuevo de tipo de regulación sobre las cosas que se pueden decir o las que no, lo que es meterse en temas ambiguos y subjetivos; por el contrario se necesita que las empresas sigan funcionando pero que tengan una responsabilidad social con las personas usuarias y buscar mecanismos de transparencia para las decisiones que toman y que puedan afectar los derechos a la libertad de expresión de las personas.

“No tienes que meterte en la discusión de qué es discurso de odio o qué incita a la violencia. No importa quién haga esas evaluaciones porque serán interpretativas y es mucho más delicado que un Estado se meta a determinar qué cosas pueden ser discurso de odio y cuáles no […] se debe pedir transparencia y no solo de las cuentas o contenido que se de de baja, sino también las ocasiones en que las autoridades piden el acceso a la geolocalización, a las comunicaciones de tal persona. Tener las nociones de cómo las empresas puedan afectar nuestros derechos también en cuanto a la privacidad es un tema que únicamente se puede conocer con obligaciones de transparencia”, concluyó.

Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, no descarta que pueda prosperar la iniciativa debido a que cuenta con el apoyo y anuencia del Poder Ejecutivo, es decir, que hay un ánimo del Gobierno mexicano por esta regulación y control de las redes sociales.

“Si vemos con preocupación que esto pueda avanzar porque lleva el empuje del propio Poder Ejecutivo bajo un discurso que no está basado en evidencia y no está basado en hechos ciertos”, mencionó.

Maldonado destacó que es necesario cuidar que en la discusión de la propuesta de Ley se genere un efectivo mecanismo del Parlamento abierto en donde se escuchen todas las voces y si se concluye que hay retirar esa iniciativa o no aprobarla, se haga caso.

El director de Artículo 19 destacó que tampoco se puede caer en el extremo de dejar que las empresas privadas hagan lo que quieran, por eso, dijo , “las organizaciones civiles proponen que se acojan a los llamados principios de Santa Clara, los cuales establecen que haya transparencia en las facultades de moderación de contenidos y que las reformas en México deben de establecer criterios de acuerdo al marco jurídico de Derechos Humanos a nivel internacional, que es bastante preciso en cuáles son los motivos para los cuales se puede restringir el ejercicio de la libertad de expresión”.

Reforma que limita derechos de audiencias e impide a IFT sancionar a medios avanza en San Lázaro

miércoles, abril 5th, 2017

El decreto modifica la capacidad que tiene el IFT para sancionar a los medios que no cumplan con los lineamientos establecidos y abre las puertas a la “autorregulación” de las propias radiodifusoras y televisoras. También permite que éstas no hagan diferencia clara entre “información” y “opinión” de los conductores.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó, en “fast track”, el dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para modificar los derechos de las audiencias y facultades de sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Los integrantes de la Comisión fueron citados por su presidenta, Lía Limón, del Partido Verde Ecologista, (PVEM) a una sesión privada en la sala conocida como “Trasbanderas”, en donde se aprobó con 14 votos a favor (PRI, PAN, PVEM y PES), tres en contra (Morena y MC) y una abstención (PRD).

En tanto, se discutía en el pleno el punto de acuerdo sobre la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht y sus contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Minutos antes, la Comisión se declaró en sesión permanente, “con el objetivo de lograr el mayor consenso en el dictamen”, y había dejado la discusión para el jueves, pero eso no ocurrió.

El dictamen aprobado por la Comisión elimina el derecho de las audiencias y la obligación de los concesionarios a diferenciar claramente entre “información” y “opinión” de los conductores de radio o televisión.

El decreto también modifica la capacidad que tiene el IFT para sancionar a los medios que no cumplan con los lineamientos establecidos y abre las puertas a la “autorregulación” de las propias radiodifusoras y televisoras mediante el Código de Ética y la figura del ombsusman de derechos de las audiencias.

La discusión en el pleno podría comenzar mañana o posponerse para después del periodo vacacional.

De acuerdo con el Secretario de la Comisión, Virgilio Caballero, de Morena, la discusión se apresuró para adelantarse la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien admitió a trámite las controversias promovidas por el Presidente Enrique Peña Nieto y el Senado de la República.

Apenas en 2014, se aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que por primera vez otorgó derechos a las audiencias y tres años después se pide derogarlos.

 

Corral: Televisa y grupos de PRI y PAN negociaron el apagón… como negocian, desde ya, el 2018

miércoles, diciembre 2nd, 2015

Para el Senador Javier Corral, la discusión que Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, colocó en el Congreso para demorar el apagón analógico es una muestra de las alianzas que esa televisora y diversos políticos buscan amarrar con miras a la elección presidencial de 2018.

Senador Javier Corral. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

El Senador panista Javier Corral. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– Para Javier Corral Jurado, Senador del Partido Acción Nacional (PAN), lo acontecido en las últimas semanas en el Congreso respecto al “apagón analógico” obedece a una alianza que legisladores y televisoras preparan rumbo a las elecciones de 2018. “Empezó, de nueva cuenta, la cascada de regalos para las televisoras por parte del Congreso”, sentenció.

El pasado martes, el Senado de la República decidió dar a las televisoras públicas y operadores de televisión de paga de baja potencia, un año de prórroga para digitalizar sus señales y así evitar multas o la revocación de sus concesiones. Todo esto, después de múltiples discusiones que devinieron a una declaración de Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, sobre lo complicado que resultaba llevar a cabo el apagón y de lo benéfico que sería para la población que este se atrasara.

Aunque ese primer objetivo no se alcanzó, la nueva medida, según el Senador, también obedece a los intereses de la televisora que controla el mercado mexicano y la libra de una multa millonaria, ya que los sitios donde continuará la televisión analógica corresponden a las zonas más pobres y marginadas del país donde Televisa no invirtió por el poco interés publicitario de los anunciantes.

De acuerdo con el artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones en su inciso E, las empresas que no realizaran la inversión para la Transición Digital Terrestre (TDT) se harían acreedoras a una multa de entre el 6 y 10 por ciento de sus ingresos totales.

En entrevista para SinEmbargo, el Senador por Chihuahua explicó que con esto lo que puede pretender Televisa es que ese despliegue y la inversión sea financiado por el Gobierno, con el pretexto de apoyar a las televisoras públicas que ya contaban con un programa de apoyo para la digitalización. El problema, comentó, es que estos canales son sólo el 6 por ciento de todos los canales contemplados por la Reforma; el otro 94 por ciento son las estaciones complementarias de Televisa y Tv Azteca, que en estas zonas podrán seguir comercializando sus paquetes de televisión por cable.

La declaración de Azcárraga desató en el Congreso una serie de iniciativas y defensas encabezadas por los tres principales partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).

Para el Senador estos ya son tiempos previos a 2018, que será año de elección presidencial.

“Se puso en marcha toda una embustera operación, de carácter mediático, para decir que el gobierno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no habían cumplido y por lo tanto mucha gente se iba a quedar sin ver televisión, por culpa del gobierno. Ese fue el argumento pretexto”, comentó.

Pero lo que está detrás, dijo, es que conforme más se acerque el 2018, más se harán evidentes “todos los privilegios, dispensas, condonaciones y reformas a la medida de los intereses del duopolio porque quieren granjearse el favor de las televisoras los tres principales partidos”.

Posterior a la declaración del presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean vino de forma inmediata la presentación de las iniciativas de posposición del apagón analógico, por parte de Javier Lozano Alarcón, del PAN, y también de Miguel Barbosa y Zoe Robledo, del PRD, que en nombre de la población más pobre se intentó responsabilizar al gobierno de incumplir en la entrega de televisores digitales, conforme a la meta establecida por el decreto que creó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de lograr un 90 por ciento de cobertura a los hogares definidos por Sedesol.

Una vez que se falló el intento por posponer el apagón analógico, “Televisa operó un acuerdo con el Gobierno para no ser sancionado por su falta de inversión en las estaciones complementarias y lo operan a través de los personajes que le son afines en el Senado, que le son funcionales al gobierno y a las televisoras: Roberto Gil y Javier Lozano”, agregó Corral Jurado y recordó una frase que Lozano dijo en días pasados: “’frente al intento de aplazar el apagón, de lo perdido lo que aparezca’, así lo dijo él. Son sus palabras refiriéndose a que van en el mismo objetivo de beneficiar a las televisoras, porque se le evita una multa multimillonaria a las dos empresas de televisión”.

Estas maniobras políticas dentro de Congreso, el Senador las mira orientadas a amarrar una alianza entre los que se conoce como el “PRIAN” con las televisoras, “un ‘PRIAN’ que sí existe y es una tragedia. Existe esta colusión de intereses entre actores panistas con los intereses del gobierno. Surge cuando se trata de intereses de las televisoras o de enfrentar a Andrés Manuel López Obrador. Esa es la verdad de este asunto”.

Quien también participó de manera indirecta en esta votación fue Ricardo Anaya Cortés, presidente nacional del PAN. Él habló directamente con los senadores para pedirles votar a favor de la reforma, afirmó.

“Anaya operó la aprobación de esta reforma ese mismo día en el Senado porque quiere ser candidato a la Presidencia de la República por el PAN y contar con el apoyo de las televisoras”, enfatizó Corral.

Senador Javier Corral. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

El Senador Corral acusó a Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, de favorecer intereses de las televisoras en México. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

UN SENADO VULNERABLE

De nueva cuenta, tras la declaración de Azcárraga, la Red de Medios Públicos que aglutina a 54 medos de radiodifusión, pidieron al Congreso esta prórroga bajo el argumento de que carecían de recursos para la TDT, a lo que Corral explicó, fue un modo de entrarle al juego de Televisa.

“La presidenta de la Red [Susana Solís], fue corresponsal de Televisa muchos años, y la nombró Velasco Directora del Sistema Estatal de Radio y Televisión Chiapaneca y fue el señuelo para, a nombre de los medios públicos, pedir que se aplazara aunque ya la ley contemplaba un programa para los medios públicos si no se podían digitalizar”.

Aunque el apagón se mantiene conforme a lo estipulado desde un inicio, lo que sucederá es que en las zonas más pobres de México, seguirá el sistema analógico, lo que trae consigo otra problemática, la de la inversión que la SCT realizó para la transición.  Ahora como lo planteó Corral, la población tendrá televisiones digitales, pero señal analógica, “toda la inversión [de 27 mil millones de pesos] se va a inutilizar”.

Que la fecha del apagón continuara, lo define como una victoria política y legislativa, que de haberse aprobado hubiera traído repercusiones internacionales por “cambiar la Constitución para ajustarla a los caprichos de un empresario. El mensaje que se iba a enviar era brutal, funesto”, aunque considera que México en materia de transición digital es ya un hazmerreír.

El Senador concluye que el tema de fondo es esta apertura para mantener las estaciones complementarias de baja potencia en analógico por varios años más, ya que prevé que así como se reformó para que el apagón fuera en 2016, de nuevo se podría volver a reformar para seguir posponiéndolo, “conforme más se acerque el 2018, más vulnerable será este Senado de la República, porque se colocan, por encima de los intereses de la nación, los intereses político-electorales de los legisladores”.