El hermano del Presidente López Obrador entregó -de forma voluntaria- una copia de la carpeta de investigación de la FGR en su contra al INE.
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que promovió la Fiscalía General de la República (FGR) con la que se buscaba evitar dar información al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la investigación contra Pío López Obrador por presuntos delitoselectorales.
Con tres votos a favor y dos en contra, la Segunda Sala determinó que, una vez que sea notificada la sentencia, la FGR debe entregar al INE una copia de la carpeta de investigación en contra del hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el 23 de diciembre a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales entregar información al Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, la FGR interpuso este recurso para evitar compartir información sobre el caso.
El TEPJF también ordenó que el INE siguiera con las investigaciones y se pronunciara por la prescripción o no de los hechos, así como sobre la licitud de las pruebas, incluido al video que se hizo público, donde aparecen Pío López Obrador y David León, un operador del Gobierno de Chiapas, a quien se observa entregando el dinero al hermano del mandatario federal.
“La Sala determinó que el medio de control constitucional es improcedente porque se promovió en contra de un órgano depositario del Poder Judicial de la Federación, el cual no se menciona en la fracción I del Artículo 105 de la Constitución Federal; aunado a que ésta prevé que las resoluciones emitidas por ese Tribunal son definitivas e inatacables y, desde luego, corresponden a la materia electoral”, mencionó la Corte.
El consejero del INE Ciro Murayama celebró la decisión de la Suprema Corteen su cuenta de Twitter, donde destacó la “inatacabilidad” de las sentencias del Tribunal Electoral.
Los ministros que votaron para desechar la controversia constitucional son Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortiz; en contra, el Ministro Javier Laynez Potisek y su par, Yasmin Esquivel Mossa.
Esto sucede a unos días de que el INE anunció que la mañana del 26 de agosto, Pío López Obrador, hermano del titular del Ejecutivo, entregó de manera voluntaria una copia de la carpeta de investigación abierta de la FGR en su contra.
La Oficialía Electoral del INE turnó ese documento a la Unidad Técnica de Fiscalización del propio Instituto para su correspondiente análisis, salvaguardando el contenido de información relacionada con investigaciones en curso.
El mandatario mexicano afirmó que de ser eliminada la prisión preventiva en el país, “va a seguir la impunidad en el Poder Judicial”.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien el 5 de septiembre resolverá si elimina o no la prisión preventiva oficiosa en México, aunque aseguró que no quiere “ser cómplice” de ello.
Durante su rueda de prensa diaria en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal defendió una vez más la medida cautelar al afirmar que de ser eliminada en el país seguirá “la impunidad en el Poder Judicial”.
“Si la Corte resuelve que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice. No quiero que el día de mañana digan ‘oiga, ¿y por qué salió este delincuente de cuello blanco?’. Voy a tener que repetir: pues no fuimos nosotros, fue el Juez, fue el Poder Judicial. Entonces México sigue siendo el país de la corrupción y la impunidad, y eso no queremos que suceda porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”.
“Si la Corte resuelve que ya no va a haber prisión preventiva oficiosa, y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice”
Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal consideró que el Poder Judicial “sigue caracterizado por la corrupción” e incluso señaló que algunos “jueces que ni siquiera les importa el pueblo”, ya que sólo se dedican “a defender los intereses creados”.
“Lo que sucedería [es que] los jueces liberarían a diestra y siniestra. Si ya lo hacen, se agravaría el problema. Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos. Pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempo atrás, caracterizado por la corrupción”, expresó.
Sin embargo, López Obrador manifestó su respeto y confianza al Ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar; y al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pero mencionó que la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial “no son gente caracterizada por la honestidad”.
El Presidente adelantó que dará a conocer los casos que existen en el país, en donde los jueces han liberado a delincuentes e indicó que su Gobierno “limpiará el Poder Judicial”.
“Y entonces sí, cuando tengamos confianza plena de que no va a haber corrupción y va a haber apego a la Ley. Pero no estamos en esa situación, no hay normalidad jurídica […] Tenemos que seguir avanzando. No podemos quedarnos callados”, concluyó.
LA DISCUSIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
El próximo 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá de resolver la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa que el Congreso estableció en el Artículo 19 constitucional desde el 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso.
La SCJN discutirá la figura de la prisión preventiva oficiosa. Foto: Gabriela Pérez, Cuartoscuro.
Los críticos de la prisión preventiva oficiosa han argumentado que la medida afecta principalmente a grupos vulnerables. El propio proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales —que plantea declarar inconstitucional esta medida de oficio— señala que “configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta también contra la propia funcionalidad del sistema”.
El Gobierno federal, por su parte, ha alertado que eliminar la prisión preventiva oficiosa implicaría la pérdida de vidas humanas, tanto de víctimas como de elementos de la policía, el Ejército y los propios jueces.
“Ahora estamos viendo infinidad de casos de jueces [que liberan detenidos]. Esto que pasó hace dos días que se detiene a un señor promotor de violencia en Colima y un Juez lo libera”, dijo el Presidente durante la conferencia matutina del viernes, haciendo alusión a José Bernabé “N” , alias “La Vaca”, quien no fue vinculado a proceso después de que lo determinara un Juez en el Estado de México.
La prisión preventiva justificada se dicta cuando un Juez o Jueza determina que existe un riesgo de que la persona acusada se fugue, o exista algún riesgo a las víctimas del delito, a testigos o a la propia investigación por la posibilidad de destrucción o alteración de pruebas y evidencia.
Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa se puede extender a todos los delitos, siempre y cuando, el Ministerio Público lo justifique ante un Juez, como señala el artículo 19:
“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El Juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”.
El decreto aprobado por el Senado en 2017, eliminaba la obligación de los concesionarios de radio y televisión para marcar la distinción entre opinión e información al presentar una noticia; la SCJN argumentó acciones inconstitucionales y violación en los procesos legislativos.
Por Carlos Álvarez Acevedo
Tijuana, 29 de agosto (Zeta).- Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad, el 29 de agosto del 2022, el decreto de reforma aprobado en octubre de 2017, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derechode las audiencias, por el que había quedado eliminada la obligación de concesionarios de radio y televisión a distinguir entre opinión e información al presentar una noticia.
El proyecto del Ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán atendió diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas, bajo el argumento de que al momento de aprobarse dicha reforma en el Senado de la República, “se violaron los procesos legislativos”, entre ellos que el dictamen se avaló sin las lecturas previas que marca el reglamento del Congreso de la Unión.
La SCJN argumentó que hubieron irregularidades en los procesos legislativos al discutirse la reforma en el Senado de la República. Imagen ilustrativa. Foto: Graciela López, Cuartoscuro.
La segunda fue que no se cumplió con el requisito de que el dictamen se hubiese publicado en la gaceta del Senado de la República, al menos 24 horas antes de su discusión. “Estos requisitos fueron soslayados en la discusión correspondientes y significan una violación a al proceso legislativo, así como al derecho que asiste a las minorías de no ser excluido de los procesos legislativos”, señaló Pérez Dayán.
Por su parte, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf , explicó que, además, la reforma se debía invalidar porque “a partir de una interpretación del artículo segundo constitucional, los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados previamente sobre políticas y leyes que puedan afectarlos directamente”, o de lo contrario se violarían sus derechos humanos.
El proyecto también proponía dotar al Congreso de la Unión de un plazo de seis meses para emitir otra reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, “a fin de armonizar los derechos de las audiencias con las libertades de los medios de comunicación en la materia”. Sin embargo, en la sentencia solo se aprobó invalidar el decreto. A partir de ahora, los legisladores federales deberán decidir si impulsan o no una nueva reforma en la materia.
SCJN VALIDA DECRETO DE AMLO PARA DEVOLVER TIEMPOS OFICIALES A CONCESIONARIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN
Por unanimidad y sin debate, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó, el 2 de junio del 2022, el decreto del Poder Ejecutivo Federal, publicado en abril del 2020, que reduce los tiempos fiscales que radio y televisión abiertas tienen que entregar al Estado, al declarar infundada una controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE), que alegó que afectó su facultad exclusiva de administrar tiempos de difusión.
El decreto firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador redujo de 18 a 11 minutos diarios el tiempo que deben entregar las estaciones de televisión abierta, y de 35 a 21 minutos el de las estaciones de radio, para que con ello se tenga por satisfecho el pago en especie de un impuesto a las concesiones, que existe desde 1968.
Los tiempos fiscales motivo de la controversia son distintos de los tiempos previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) del 2014, que siguen sin cambios y abarcan media hora diaria de transmisión gratuita en todos los canales y estaciones de radio y televisión.
El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, autor del proyecto, explicó que el decreto del titular del Poder Ejecutivo Federfal no afecta los 48 minutos totales que la Constitución reserva al INE, para administrar durante los periodos electorales, y que suman los 30 minutos de la LFTR, más los 18 de tiempos fiscales.
Según Pardo Rebolledo, en épocas no electorales los tiempos para el INE se reducen hasta un máximo de doce por ciento de todos los tiempos del Estado, por lo que “era permisible” la medida adoptada por el Presidente López Obrador, quien en su decreto no mencionó el derecho del INE a disponer de 12 por ciento de los tiempos oficiales en periodos no electorales, pero sí aclaró que la reducción de tiempos fiscales no aplicará durante los periodos de precampaña, campaña y hasta el día de los comicios.
El Presidente López Obrador también justificó que era necesario ajustar los tiempos fiscales porque la Ley General de Comunicación Social, vigente desde 2018, los distribuye entre los Poderes de la Unión, mientras que un decreto expedido por el entonces mandatario nacional Vicente Fox Quesada, en 2002, los reservaba solo al Poder Ejecutivo Federal.
Dicha distribución es de 40 por ciento para el primero, 30 por ciento al Poder Legislativo, 10 por ciento al Judicial, así como 20 por ciento a los órganos constitucionales autónomos, entre ellos el Instituto Nacional Electoral.
“La Constitución, al otorgarle al INE la competencia de administrar el tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, por un mínimo de 48 minutos durante proceso electoral y el doce por ciento de los tiempos oficiales durante el periodo ordinario, reconoce que esos son los tiempos oficiales que deben garantizarse, los cuales no pueden quedar a la discreción de las autoridades ni de los particulares”, había alegado el ógano constitucional autónomo en su controversia.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una iniciativa para reducir el tiempo oficial dispuesto al Gobierno que las concesionarias de radio y televisión deben de otorgar al Estado. Foto: Gobierno de México
El 3 de abril del 2020, el Presidente López Obrador informó firmaría un acuerdo para devolver los tiempos oficiales a la industria de la radio y la televisión, espacios que el Gobierno Federal puede ocupar en los medios, para que los medios de comunicación puedan comercializarlos y así obtener ingresos en tiempos de crisis.
“Hice un compromiso, hace un tiempo, con concesionarios de radio y televisión, y les ofrecí que íbamos a analizar la devolución de los tiempos oficiales, y hoy voy a firmar el acuerdo, devolvemos los tiempos oficiales a estaciones de radio, canales de televisión”, indicó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.
“Porque un Gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un Gobierno del pueblo, no necesita de propaganda. Y, la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento, porque han bajado sus ingresos en general, y nosotros no podemos darle dinero para publicidad, como era antes”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Se ha reducido considerablemente y se va a reducir más [la publicidad oficial], pero con esta medida [los medios] van a poder comercializar esos tiempos, y son ingresos que les van ayudar a mantener sus empresas y el trabajo de muchos”, afirmó el mandatario nacional, quien detalló que “si nosotros hacemos esto, lo van a analizar los otros poderes [de la Unión]”.
El Presidente criticó al Poder Judicial y al Consejo de la Judicatura por su trabajo para manejar el sistema de defensoría de oficio; la SCJN tomará su decisión el próximo 5 de septiembre.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su desacuerdo con el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar la prisión preventiva oficiosa en el país.
“Ahora estamos viendo infinidad de casos de jueces [que liberan detenidos]. Esto que pasó hace dos días que se detiene a un señor promotor de violencia en Colima y un Juez lo libera”, dijo el Presidente durante la conferencia matutina de este viernes, haciendo alusión a José Bernabé “N” , alias “La Vaca”, quien no fue vinculado a proceso después de que lo determinara un Juez en el Estado de México.
El mandatario mexicano aseguró que la postura de eliminar la prisión preventiva oficiosa implicaría la pérdida de vidas humanas, tanto de víctimas como de elementos de la policía, el Ejército y los propios jueces. “Están expuestos”, aseguró.
El presidente @lopezobrador_ culpa al Poder Judicial de no defender a los pobres, hablando sobre la prisión preventiva oficiosa.
"El Poder Judicial debería tener un buen sistema de defensoría de oficio, y funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura”. pic.twitter.com/lJfpuOjBpp
Al hablar sobre este tema, el Presidente López Obrador cuestionó el trabajo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
“El Poder Judicial debería tener un buen sistema de defensoría de oficio, y debería funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura […] ¿Cuántos jueces, magistrados y ministros han ido a la cárcel? ¿Qué, es un Poder incorruptible? ¿Es el castigo de la pureza?”
A pesar de ello, reconoció el trabajo y el aprecio que tiene al Ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aunque enfatizó en que no está de acuerdo con la decisión que está tomando con respecto a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
El próximo 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá de resolver la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa que el Congreso estableció en el Artículo 19 constitucional desde el 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso.
Los críticos de la prisión preventiva oficiosa han argumentado que la medida afecta principalmente a grupos vulnerables. El propio proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales —que plantea declarar inconstitucional esta medida de oficio— señala que “configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta también contra la propia funcionalidad del sistema”.
La Suprema Corte de Justicia determinará su decisión sobre la prisión preventiva oficiosa el próximo 5 de septiembre. Foto: SCJN vía Cuartoscuro
En contraparte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la esencia de este proyecto “es que se busca impunidad”, por lo cual instruyó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y a la Consejera Jurídica, María Estela Ríos González, posicionarse al respecto mediante un comunicado, en el que establecieron:
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra Ley fundamental”.
El proyecto sobre la desaparición de la prisión preventiva oficiosa estaba previsto para discutirse este jueves, pero la SCJN informó que se recorrería al próximo 5 de septiembre.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– El Secretario de Gobernación Adán Augusto López y la Consejera Jurídica de Presidencia, María Estela Ríos González, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entregar el escrito con la postura del Gobierno federal sobre la desaparición de la prisión preventiva oficiosa que discutirá el máximo tribunal del país el próximo 5 de septiembre.
“Yo sé que no se iba a discutir hoy, sé que bajará en los primeros días de septiembre por el turno que le tocó”, explicó el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) al ser cuestionado sobre su visita a la Corte. “Ellos seguramente leerán con atención nuestro comunicado y tomarán su decisión”.
El proyecto sobre la desaparición de la prisión preventiva oficiosa estaba previsto para discutirse este jueves, pero la SCJN informó que se recorrería al próximo 5 de septiembre.
Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, durante una conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro
El encargado de la política interna del país aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obradorno ha dialogado sobre este tema con el Ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.
Previamente, en el marco de la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados para definir la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones, Adán Augusto recordó que el Poder Judicial está por discutir un proyecto de la Ministra Norma Piña para acotar la figura de la prisión preventiva.
“Si este proyecto llegara a declararse por mayoría de los ministros viable, pues estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país, y yo creo que eso no lo merecen los mexicanos. Al contrario, tenemos que ir fortaleciendo jurídica y políticamente este proyecto de seguridad que forma parte del proyecto transformador del país, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador”, aseguró.
El día de ayer, el Gobierno de México pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener la figura de prisión preventiva oficiosa en la Constitución, pues asegura que eliminarla podría tener efectos negativos en el combate a la inseguridad en el país.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra Ley fundamental”, señala un comunicado difundido por la Presidencia de la República.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, anunció el cambio de la fecha de discusión durante la Sesión Ordinaria Pública de la Suprema Corte de este jueves, aunque no dio motivos sobre el retraso.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso el proyecto de eliminación de la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa para el próximo5 de septiembre.
El Ministro presidente, Arturo Zaldívar, dio comienzo la Sesión Ordinaria del pleno de este jueves anunciando la modificación de la fecha de discusión, aunque no dio explicaciones sobre el cambio.
“Informo a la opinión pública que por acuerdo de este tribunal pleno, los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre”, dijo.
🚨#ÚLTIMAHORA | SE RETRASA DISCUSIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
La discusión en la @SCJN relativa a los temas de prisión preventiva oficiosa se posponen para el lunes 5 de septiembre. pic.twitter.com/GmHKTszHW3
El día de ayer, el Gobierno de México pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la figura de prisión preventiva oficiosa en la Constitución, pues asegura que eliminarla podría tener efectos negativos en el combate a la inseguridad en el país.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra Ley fundamental”, señala un comunicado difundido por la Presidencia de la República.
La SCJN resolverá próximamente dos asuntos de transcendencia nacional referentes a la prisión preventiva oficiosa que el Poder Constituyente Permanente estableció en el Artículo 19 constitucional desde el año 2008. En dicha sesión se resolverá un juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019.
Sobre este proyecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que la eliminación de la obligatoriedad de prisión preventiva oficiosa en delitos graves propiciaría la impunidad y la corrupción.
El mandatario condenó las dos reformas discutidas ante el pleno de la SCJN, como la de “eliminar delitos considerados graves” y la mencionada que involucra la prisión preventiva oficiosa “para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan”, por lo que comisionó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal aclarar el asunto por si los ministros esconden objetivos del proyecto que “no se entienden”.
Por su parte, Arturo Zaldívar, aclaró que no se trata de desacatar la Constitución mexicana, sino que se busca “tomar en serio los derechos humanos” integrantes en el Artículo Primero de la Carta Magna.
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa […] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, añadió.
El Subsecretario reiteró la postura del Gobierno federal de estar de acuerdo con la permanencia de la medida cautelar de prisión preventiva, pues si ésta se eliminara, incrementaría el riesgo para los jueces, las víctimas denunciantes y los testigos.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- La eliminación de la prisión preventiva oficiosa daría pie a corrupción,mercadeo de abogados y jueces, y representaría una amenaza para la sociedad, aseguróRicardo Mejía Berdeja, Subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“Si se está al arbitrio de que cada detención sea el juzgador el que resuelva, puede dar lugar en múltiples casos de corrupción, mercadeo de abogados, jueces; incrementa peligrosidad para los jueces, para la víctima que se atreve a denunciar, para los testigos; y sobre todo es una amenaza para la sociedad porque estos individuos seguirían en libertad”, dijo durante la conferencia matutina de este jueves.
Asimismo, detalló la importancia que tiene esta medida cautelar específicamente para los casos en que se cometen delitos graves del orden común, de delincuencia organizada y financieros llevados a cabo por servidores públicos.
El día de ayer, el Gobierno de México pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la figura de prisión preventiva oficiosa en la Constitución, pues asegura que eliminarla podría tener efectos negativos en el combate a la inseguridad en el país.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra Ley fundamental”, señala un comunicado difundido por la Presidencia de la República.
De acuerdo con la actual Adminsitración, es fundamental la existencia de esta figura jurídica en ciertos delitos de alta gravedad para la sociedad, por lo que “dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica”.
Además, aseguraron que algunos delitos implican que los presuntos criminales, a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal.
La SCJN resolverá en los próximos días dos asuntos de transcendencia nacional referentes a la prisión preventiva oficiosa que el Poder Constituyente Permanente estableció en el Artículo 19 constitucional desde el año 2008. En dicha sesión se resolverá un juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019.
Sobre este proyecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que la eliminación de la obligatoriedad de prisión preventiva oficiosa en delitos graves propiciaría la impunidad y la corrupción.
El mandatario condenó las dos reformas discutidas ante el pleno de la SCJN, como la de “eliminar delitos considerados graves” y la mencionada que involucra la prisión preventiva oficiosa “para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan”, por lo que comisionó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal aclarar el asunto por si los ministros esconden objetivos del proyecto que “no se entienden”.
La SCJN está considerando eliminar la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa. Foto: SCJN vía Cuartoscuro
Por su parte, el Ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aclaró que no se trata de desacatar la Constitución mexicana, sino que se busca “tomar en serio los derechos humanos” integrantes en el Artículo Primero de la Carta Magna.
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa […] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, añadió.
El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre los asuntos que resolverá la SCJN referentes a la prisión preventiva oficiosa establecida en el Artículo 19 constitucional desde el 2008.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de México pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la figura de prisión preventiva oficiosa en la Constitución, pues asegura que eliminarla podría tener efectos negativos en el combate a la inseguridad en el país.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra Ley fundamental”, señala un comunicado difundido por la Presidencia de la República.
De acuerdo con la actual Adminsitración, es fundamental la existencia de esta figura jurídica en ciertos delitos de alta gravedad para la sociedad, por lo que “dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica”.
Además, aseguraron que algunos delitos implican que los presuntos criminales, a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal.
El Gobierno federal considera que es necesaria la prisión preventiva en delitos de alta gravedad. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro
“Se trata de evitar que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad”.
En el exhorto también argumentaron la Estrategia Nacional de Seguridad Publica y la política de cero impunidad busca garantizar la paz y la tranquilidad de la población, así como conseguir que las investigaciones por los delitos impliquen la detención por parte del Estado, y la obtención de autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias, “con pleno respeto a los derechos humanos”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en los próximos días dos asuntos de transcendencia nacional referentes a la prisión preventiva oficiosa que el Poder Constituyente Permanente estableció en el Artículo 19 constitucional desde el año 2008. En dicha sesión se resolverá un juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019.
El mandatario destacó que no está de acuerdo con el proyecto de la SCJN. Foto: Gobierno de México
Sobre este proyecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que la eliminación de la obligatoriedad de prisión preventiva oficiosa en delitos graves propiciaría la impunidad y la corrupción.
El mandatario condenó las dos reformas discutidas ante el pleno de la SCJN, como la de “eliminar delitos considerados graves” y la mencionada que involucra la prisión preventiva oficiosa “para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan”, por lo que comisionó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal aclarar el asunto por si los ministros esconden objetivos del proyecto que “no se entienden”.
El Presidente comisionó a Adán Augusto López y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para que le informen más sobre las reformas de la SCJN, pues asegura que con el tecnicismo “no se entiende la esencia del asunto”, la cual afirma que es la impunidad y la corrupción.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El proyecto de la Suprema Cortede Justicia de la Nación (SCJN) que busca la eliminación de la obligatoriedad de prisión preventiva oficiosa en delitos graves propiciaría la impunidad y lacorrupción, sentenció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario condenó las dos reformas discutidas ante el pleno de la SCJN, como la de “eliminar delitos considerados graves” y la mencionada que involucra la prisión preventiva oficiosa “para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan”.
Además, el Presidente comisionó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que informen sobre las propuestas de la Suprema Corte, pues aseguró que los términos jurídicos empleados por los ministros de la SCJN podrían esconder los objetivos del proyecto porque “no se entienden”.
“A veces, con todo respeto, se usa tecnicismo y se habla de tesis, jurisprudencia, y no se entiende la esencia del asunto: la esencia es que se busca impunidad y corrupción”, alertó durante la conferencia matutina.
Creo que AMLO no ha entendido bien sobre la discusión que tendrá la #SCJN al respecto de la prisión preventiva.
No es eliminar delitos, es eliminar un modelo que mantiene en la cárcel a gente sin juicio, muchas veces, inocente. pic.twitter.com/v9Z4EgleWq
El Ministro Luis María Aguilar Morales porpondrá ante el pleno de la SCJN declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, regulada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La propuesta para ser aprobada debe ser votada por mayoría calificada de ocho votos, y propone invalidar el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 19, párrafo segundo, última parte, de la Constitución, que contempla la prisión automática para 16 delitos.
Para Aguilar Morales la prisión preventiva es una medida cautelar que implica la privación de la libertad durante el desarrollo de un procedimiento penal, por lo que constituye una restricción a los derechos de libertad personal y a la presunción de inocencia.
La SCJN propone la eliminación del carácter obligatorio de la prisión preventiva oficiosa. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
“Este Tribunal pleno advierte que la cifra que muestra el total de personas en prisión preventiva [sin condena penal] es alarmante, y esta situación se agrava en los casos de grupos vulnerables, pues la prisión preventiva es una doble o, incluso, triple condena: se sanciona con una pena anticipada de prisión y, además, es una condena de estigmatización familiar y social que hace mucho daño a las personas”, señaló el Aguilar Morales.
“Pero más grave aún, la prisión preventiva golpea en forma más dura a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y, por estar privadas de la libertad, condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a sus familiares”, agregó.
Por su parte, el Ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aclaró que no se trata de desacatar la Constitución mexicana, sino que se busca “tomar en serio los derechos humanos” integrantes en el Artículo Primero de la Carta Magna.
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa […] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, añadió.
El Ministro explicó que hasta junio del presente año, en el país había 226 mil 916 personas en prisión, de las cuales 92 mil 595, aún no reciben sentencia.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El Ministro Luis María Aguilar Morales propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, regulada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La propuesta para ser aprobada debe ser votada por mayoría calificada de ocho votos, y propone invalidar el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 19, párrafo segundo, última parte, de la Constitución, que contempla la prisión automática para 16 delitos.
Para Aguilar Morales la prisión preventiva es una medida cautelar que implica la privación de la libertad durante el desarrollo de un procedimiento penal, por lo que constituye una restricción a los derechos de libertad personal y a la presunción de inocencia.
La SCJN ya declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal. Foto: Gabriela Pérez, Cuartoscuro.
“Este Tribunal Pleno advierte que la cifra que muestra el total de personas en prisión preventiva (sin condena penal) es alarmante, y esta situación se agrava en los casos de grupos vulnerables, pues la prisión preventiva es una doble o, incluso, triple condena: se sanciona con una pena anticipada de prisión y, además, es una condena de estigmatización familiar y social que hace mucho daño a las personas”, señaló el Aguilar Morales.
“Pero más grave aún, la prisión preventiva golpea en forma más dura a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y, por estar privadas de la libertad, condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a sus familiares”, agregó.
El Ministro advierte que la medida afecta a las personas más vulnerables. Foto: Cuartoscuro.
El estudio del tema deriva de acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Ministro explicó que hasta junio del presente año, en el país había 226 mil 916 personas en prisión, de las cuales 92 mil 595, aún no reciben sentencia.
El pasado 25 de octubre, la SCJN declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, contrabando y por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos.
Un Ministro de la SCJN busca quitar la medida cautelar de prisión preventiva. Foto: Graciela López, Cuartoscuro
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la Constitución sino de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional”, declaró El Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, quien votó a favor.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, agregó.
Greenpeace destacó la necesidad de que los ministros de la Suprema Corte, velen por el medio ambiente y la salud en lugar de privilegiar los intereses de empresas contaminantes que recurren a medidas para evitar cumplir la ley y mantener sus negocios a costa del planeta.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- Greenpeace consideró este jueves que la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre declarar inconstitucional la legislación de Oaxaca que prohíbe el uso de empaques desechables “pone por encima los intereses de las empresas promoventes y de Coca Cola-Femsa, para que sigan vendiendo productos en envases altamente contaminantes, sin ningún tipo de consideración por el bienestar general, la salud de las personas y la protección ambiental”.
Consideró que los proyectos presentados por la Ministra Presidenta de la Segunda Sala, Yasmín Esquivel Mossa y por el Ministro Javier Laynez Potisek, fueron elaborados con un análisis limitado a las competencias de las entidades federativas, por lo que consideró que no hacen el estudio de ponderación y proporcionalidad en cuanto a la protección máxima del Sistema Interamericano, al estar implicados derechos humanos, ya que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado el derecho a un medio ambiente sano como un derecho.
“A lo largo de varios años de lucha de activistas y organizaciones, se ha logrado que en las legislaciones locales se prohíban los empaques de plástico de un sólo uso como el PET y el unicel, lo que ha llevado al encuentro de alternativas para consumir productos por ejemplo, bolsas reutilizables y regresar al uso de envases retornables”.
Asimismo, Greenpeace recordó que los proyectos de los magistrados concluyen que las autoridades del estado de Oaxaca invaden la esfera de competencia de la federación al prohibir la venta, distribución y uso de envases, embalajes y otros productos plásticos de un solo uso como el PET y el unicel, y que estas prohibiciones dentro de las leyes locales son inconstitucionales pues, según lo que argumentan, no se ajustan a lo dispuesto por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y a la política nacional en materia de gestión integral de residuos de manejo especial.
Noticias preocupantes: @SCJN se manifiesta en contra de avances en la prohibición de plásticos en Oaxaca protegiendo los intereses de FEMSA Coca-Cola. Sí, ¡Ministros y Ministras pusieron por encima los intereses de las empresa!
Por ello, dijo que es necesario que las autoridades del país, así como los ministros de la Suprema Corte, velen por el medio ambiente y la salud en lugar de privilegiar los intereses de empresas contaminantes que han recurrido a medidas para evitar cumplir la ley y mantener sus negocios a costa del planeta.
“Al aprobar este amparo, la SCJN sienta precedente y las empresas hoy tienen un incentivo para enfrentarse a las legislaciones locales que buscan reducir la producción de residuos de PET, unicel y otros plásticos de un solo uso, lo que significa un retroceso en batallas ganadas a lo largo de los años por organizaciones ambientalistas, ciudadanos y gobiernos locales”, añadió.
La Ley AntiPET en Oaxaca, propuesta por el Diputado morenista Horacio Sosa Villavicencio, se aprobadó por la mayoría del Pleno Legislativo el 10 de abril de 2019 y entró en vigor el pasado 22 de junio de 2019, luego de publicarse en el Periódico Oficial del Estado.
Pero la empresa PROPIMEX Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable impugnó la constitucionalidad de las fracciones XI y XII del artículo 98 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos que prohíben la venta, distribución o empleo de envases y embalajes de un solo uso elaborados con tereftalato de polietileno y/o poliestireno expandido.
— Horacio Sosa Villavicencio (@HoracioSosaOax) August 17, 2022
Luego de la decisión de la SCJN, el Diputado morenista Horacio Sosa Villavicencio señaló que los ministros prefirieron el interés de las empresas antes que del medio ambiente y adelantó que analizará el caso para tomar las medidas pertinentes.
“Nos enteramos que hace unos minutos se dio un revés de la SCJN ante la Ley Pet. Lamentamos mucho el actuar de los señores ministros, prefirieron el interés económico, el interés de una empresa como Coca Cola al interés del medio ambiente, de los ecosistemas. Vamos a revisar e informar a las comunidades porque esta Ley no viene de una ocurrencia, sino de una necesidad”, dijo el Diputado en un video difundido en sus redes sociales.
De acuerdo con el legislador, la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, que buscan evadir las empresas, reduciría hasta en 70 por ciento la cantidad de plástico que se genera en México.
En México, 26 estados han legislado para prohibir la venta de bolsas plásticas, envases de unicel y otros productos plásticos de un solo uso, medidas que podrían ser revertidas por la decisión tomada hoy por la Corte.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la legislación de Oaxaca que prohíbe el uso de empaques desechables. En la imagen kilos de PET se pueden observar en las presas del río Becerra, ubicadas en la zona de las lomas de la delegación Álvaro Obregón, cerca de la zona de Santa Fé. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.
El Presidente López Obrador expresó que aunque hay cosas que no le parecen en la controversia contra el Gobernador de Tamaulipas, se debe respetar la decisión del Poder Judicial.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este viernes su respeto ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la orden de aprehensión en contra del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lavado de dinero y delincuenciaorganizada.
“Es una decisión del Poder Judicial. Hay cosas que a mí no me parecen, como seguramente a muchos otros, pero tenemos que respetar la decisión del Poder Judicial”, declaró en su conferencia de prensa matutina.
Desde Palacio Nacional, López Obrador explicó que la sentencia de la SCJN no significa que haya impunidad, pues ahora el Congreso del estado será el encargado de decidir si se aplica o no la determinación de la Corte contra el Gobernador del Partido Acción Nacional (PAN).
“Es una decisión del Poder Judicial. Hay cosas que a mí no me parecen, como seguramente a muchos otros, pero tenemos que respetar decisión del Poder Judicial”
Fue lo dijo el presidente sobre invalidar orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca pic.twitter.com/mcxsEAsuIC
Sin embargo, aclaró que sólo sería en el caso de la orden de aprehensión “por corresponder al Poder Legislativo local el procedimiento. Eso no significa impunidad, al menos eso es lo que yo entiendo”.
El Presidente López Obrador argumentó que la decisión de dejar sin efecto la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) se trata de una controversia que resolvió el Máximo Tribunal de Justicia del país.
“Es una controversia. Su nombre lo indica. Es una controversia entre poderes, y en este caso, la autoridad competente es la SCJN que resuelve no dándole la razón al Poder Legislativo”.
La SCJN decidió dejar el fuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Foto: Twitter @fgcabezadevaca
La Primera Sala de la SCJN resolvió ayer invalidar la orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca luego de que la FGR lo señalara de ser presunto responsable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por votación unánime, los ministros de la Corte decidieron que Cabeza de Vaca mantendrá el fuero constitucional y determinó que el Congreso local actuó de acuerdo a sus atribuciones cuando acordó no secundar la decisión de la Cámara de Diputados de quitar dicha inmunidad al mandatario. Un precedente al considerar que los congresos locales no se encuentran obligados a cumplir las decisiones de la Cámara de Diputados respecto al desafuero de un Gobernador.
El 30 de abril del año pasado, Cabeza de Vaca fue desaforado por el pleno de la Cámara de Diputados, con lo que el mandatario quedó en manos de los poderes estatales: el Congreso de Tamaulipas y, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, para dar el veredicto final. En ese entonces, la Cámara de Diputados aprobó con 302 votos a favor, 133 en contra y 14 abstenciones el desafuero por defraudación fiscal.
De acuerdo con la resolución de la Suprema Corte, las prohibiciones en torno a la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos no contempla la venta, distribución o uso de envases de materiales como PET o unicel, declarando la ley oaxaqueña como inconstitucional.
Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la legislación de Oaxaca que prohíbe el uso de empaques desechables y por unanimidad de votos dieron entrada al amparo presentado por Coca Cola-Femsa a través de su embotelladora PROPIMEX y su distribuidora Oxxo.
El Ministro ponente Javier Laynez Potisek le otorgó el amparo y le ordenó a la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca que se “abstenga de sancionar e infraccionar” a la compañía. Lo mismo se resolvió en el amparo 230/2022 interpuesto por Oxxo y que fue atendido por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
“El artículo 100 de la Ley General prevé de forma limitativa, un catálogo de prohibiciones que podrán contener las legislaciones estatales en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos; no obstante, ninguno de sus supuestos contempla alguna relacionada con la venta, distribución o uso de envases, embalajes u otros productos de un solo uso, elaborados con PET o unicel”, se detalla en las sentencia.
— Horacio Sosa Villavicencio (@HoracioSosaOax) August 17, 2022
“Esta Segunda Sala considera que el hecho de prohibir venta, distribución y empleo de envases de PET y unicel representa una de las sanciones máximas para efectos de la norma administrativa, pues es una negativa de cualquier posibilidad de hacer uso de esos materiales para efectos de envasar o empaquetar alimentos o bebidas”, agregó la Corte.
La ley AntiPET en Oaxaca, propuesta por el Diputado morenista Horacio Sosa Villavicencio, se aprobadó por la mayoría del Pleno Legislativo el 10 de abril de 2019 y entró en vigor el pasado 22 de junio de 2019 tras publicarse en el Periódico Oficial del Estado.
Pero la empresa PROPIMEX Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable impugnó la constitucionalidad de las fracciones XI y XII del artículo 98 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos que prohíben la venta, distribución o empleo de envases y embalajes de un solo uso elaborados con tereftalato de polietileno y/o poliestireno expandido.
Luego de la decisión de la SCJN, el Diputado morenista Horacio Sosa Villavicencio señaló que los ministros prefirieron el interés de las empresas antes que del medio ambiente y adelantó que analizará el caso para tomar las medidas pertinentes.
“Nos enteramos que hace unos minutos se dio un revés de la SCJN ante la Ley Pet. Lamentamos mucho el actuar de los señores ministros, prefirieron el interés económico, el interés de una empresa como Coca Cola al interés del medio ambiente, de los ecosistemas. Vamos a revisar e informar a las comunidades porque esta Ley no viene de una ocurrencia, sino de una necesidad”, dijo el Diputado en un video difundido en sus redes sociales.
De acuerdo con el legislador, la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, que buscan evadir las empresas, reduciría hasta en 70 por ciento la cantidad de plástico que se genera en México.
En México, 26 estados han legislado para prohibir la venta de bolsas plásticas, envases de unicel y otros productos plásticos de un solo uso, medidas que podrían ser revertidas por la decisión tomada hoy por la Corte.
El mandatario de Tamaulipas celebró que la resolución de la Suprema Corte pone fin a “la burda persecución en su contra y la de su familia”; por su parte, Santiago Nieto lamentó el concenso de la SCJN: “la justicia alcanzará a los corruptos”, aseguró.
Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– El Gobernador Francisco Javier GarcíaCabeza de Vaca celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya decidido dejarle su fuero y aseguró que las denuncias promovidas en su contra “fueron fabricadas”.
No obstante, la decisión de la SCJN solo se limita a la validez de su fuero como Gobernador, no a los delitos que presuntamente cometió en Tamaulipas, por lo que Santiago Nieto Castillo, asesor del Gobernador electo Américo Villarreal , advirtió que será sancionado cuando se retire del cargo.
“La decisión de la SCJN sobre Cabeza de Vaca se limita a la validez de su actual fuero como Gobernador. Los delitos que cometió en perjuicio de las y los tamaulipecos serán sancionados cuando se retire finalmente del encargo. Como lo señalé, la justicia alcanzará a los corruptos”, escribió en su cuenta de Twitter.
La decisión de la @SCJN sobre Cabeza de Vaca se limita a la validez de su actual fuero como gobernador. Los delitos que cometió en perjuicio de las y los tamaulipecos serán sancionados cuando se retire finalmente del encargo. Como lo señalé, la justicia alcanzará a los corruptos.
El Gobernador de Tamaulipas, quien deja su cargo el próximo 30 de septiembre, dijo hoy en un video difundido en sus redes que la SCJN revirtió este día “la burda persecución en su contra y la de su familia”.
“Por un lado los ministros determinaron como ilegal la actuación de los legisladores de Morena en su intento por desaforarme, por el otro, destacaron la ilegalidad de un Juez federal que sin motivo intentó removerme a la mala como Gobernador de mi estado”, señaló.
“Las denuncias en mi contra fueron fabricadas, estaban sustentadas en mentiras. El proceso de desafuero fue impuesto por el partido en el Gobierno para sacar tajada política en los procesos electorales de 2021 y 2022”, agregó.
García Cabeza de Vaca celebró la decisión de la Suprema Corte y aseguró que “sienta un precedente”. También agradeció a quienes concierto en él.
“He demostrado mi inocencia, sacudiré mi honra del lodo que por motivaciones electorales han aventado sobre mí y seguiré trabajando con nuevos bríos por mi estado y por México. Los tamaulipecos nunca nos doblegamos ni frente al poderoso ni mucho menos frente a la mentira”, aseguró.
Les comparto este mensaje sobre la resolución emitida este día por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. pic.twitter.com/U5bmapGPlJ
La Primera Sala de la SCJN resolvió invalidar la orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señalara de ser presunto responsable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Sala decidió de forma unánime que Cabeza de Vaca mantendrá el fuero constitucional y determinó que el Congreso local actuó de acuerdo a sus atribuciones cuando acordó no secundar la decisión de la Cámara de Diputados de quitar dicha inmunidad al mandatario.
Lo anterior sienta un precedente al considerar que los congresos locales no se encuentran obligados a cumplir las decisiones de la Cámara de Diputados respecto al desafuero de un Gobernador.
El 30 de abril del año pasado, Cabeza de Vaca fue desaforado por el pleno de la Cámara de Diputados, con lo que el mandatario quedó en manos de los poderes estatales: el Congreso de Tamaulipas y, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, para dar el veredicto final.
El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
El mandatario panista fue acusado por la FGR por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión.
La Cámara de Diputados, que fungió como Jurado de Procedencia, escuchó los argumentos de la parte acusadora y a la defensa del mandatario, quien concluye su periodo de Gobierno en 2022.
La FGR, por conducto de la Fiscal Elizabeth Alcantar Cruz, exhibió “un caudal de bienes y recursos ocultos” del Gobernador tamaulipeco: 30 casas en México y Texas, así como diversas empresas usando prestanombres, entre estos hermanos y familiares.
En febrero de 2021, la FGR lanzó su primera intención para pedir el desafuero del mandatario panista, aunque ya desde 2020 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), brazo de la FGR, investigaba al tamaulipeco luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) consiguiera audios de llamadas telefónicas que, presuntamente, ligan a García Cabeza de Vaca con el crimen organizado.
Marko Cortés reprochó que el Gobierno de López Obrador esté asignando tareas que no le corresponden a las Fuerzas Armadas, sobreexponiendo a la administración y manejo de recursos públicos.
Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) anunció esta mañana que exigirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que haga valer el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho, declarando inconstitucional el decreto presidencial para que la Guardia Nacional (GN) pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A través de un comunicado, el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, agregó que acudirán a las instancias internacionales de derechos humanos a presentar las denuncias correspondientes.
“Porque nosotros estamos convencidos de que en las democracias la seguridad pública está a cargo de la autoridad civil y no de militares”, expresó el líder panista, quien además acusó que la violencia en el país “sigue y sigue incrementándose”.
Recordó que sólo esta semana “se presentaron actos de terrorismo en Guadalajara, Zitácuaro, Irapuato, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana y Ensenada”. “Con los abrazos del Gobierno la gente vive con miedo, y el crimen organizado avanza y se expande”, añadió.
La estrategia de “abrazos, no balazos” resultó un rotundo fracaso. Hoy vivimos la peor inseguridad, más violencia, homicidios y feminicidios que nunca.
URGE corregir el rumbo, para que todas y todos los mexicanos podamos vivir y trabajar en paz. pic.twitter.com/OGLzqtyM73
Marko Cortés consideró que “el país entero se le está incendiando al Presidente Andrés Manuel López Obrador”. Y dijo que “la incapacidad de gobernar ya duele a los mexicanos. Tristemente, México se está convirtiendo en uno de los países más violentos del mundo”.
Por ello, destacó que es urgente corregir el rumbo, pues señaló que la estrategia “resultó un rotundo fracaso”. “Hoy vivimos la peor inseguridad, más violencia, homicidios y feminicidios que nunca”.
Además, el dirigente del PAN manifestó que la Guardia Nacional, creada a inicios de la administración de López Obrador, podía estar conformada por militares de manera temporal, pero esto no funcionó.
En ese sentido, recriminó que ahora el Gobierno está asignando tareas que no le corresponden a las Fuerzas Armadas, sobreexponiéndolas a la administración y manejo de recursos públicos, poniendo en riesgo que se generen “complicidades y corrupción”.
El Presidente López Obrador aspira a que la labor de los militares en materia de seguridad sea permanente. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro
La violencia actual, reprochó, es consecuencia de que en este Gobierno se desmanteló la Policía Federal, y se les quitó los recursos a las policías estatales y municipales, “por ello ahora estamos pagando las consecuencias”.
De acuerdo con Marko Cortés, México lo que requiere es asignar recursos para la seguridad pública, pero con policías civiles, bien capacitados, pagados, organizados y equipados, no a través de soldados y marinos que son para defender la soberanía nacional, y sólo actuar de manera temporal y en situaciones de excepción respaldando a las fuerzas civiles.
“Urge que a la gente buena se le abrace y se le proteja frente a la violencia, el secuestro, la extorsión y al terrorismo, y que a los criminales, con apego a la Ley, se les combata y se les detenga. Eso es lo que queremos en Acción Nacional, que todos los mexicanos podamos vivir y trabajar en paz”, concluyó.
El pasado 8 de agosto, el Presidente López Obrador anunció un decreto para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El país se le incendia a @lopezobrador_, los “abrazos” han aumentado la violencia y el crimen organizado sigue avanzando, la gente tiene miedo de salir a las calles y la incapacidad del gobierno está convirtiendo a México en un país sin leyes ni justicia.pic.twitter.com/0hwHgMlL0G
“Ya por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa a la Secretaría de la Defensa, ya la cuestión operativa está a cargo, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Sedena y esperamos además el resultado de la reforma, pero ya quiero que sea la Sedena la que se haga cargo”, dijo en su conferencia de prensa diaria.
La Guardia Nacional de México nació con la aspiración de ser una fuerza civil, bien entrenada e incorruptible, que pacificara al país y desbancara a los militares en las labores de seguridad pública. Ocurrió al revés.
El Presidente de México aspira a que la labor de los militares en esta área sea permanente. Y pretende hacerlo, aunque no tenga el apoyo del Congreso, pero la idea ya ha hecho saltar todas las alarmas y no sólo por cuestiones legales, también porque ni la Guardia Nacional, ni los militares han logrado bajar los niveles de violencia en el país.
Además, organizaciones civiles han criticado que la institución pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana, pues ello significaría la militarización de la seguridad pública, algo que constituye un riesgo para los derechos humanos.
Y en la sección de los ¡DECRETAZOS!
AMLO ya dijo que en los próximos días expedirá un acuerdo para que la Guardia Nacional pase por completo a la Sedena pic.twitter.com/Jfp4FcPfh1
La Ministra Margarita Ríos-Farjat explicó que con la sentencia aprobada este día en la Primera Sala de la Suprema Corte, por una doble desaparición forzada ocurrida hace 15 años en Oaxaca, la Fiscalía General de la República tendrá que solicitarle a la Comisión Nacional de Búsqueda que integre una comisión multidisciplinaria para indagar todo lo posible en la localización de estas personas.
Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amplió los lineamientos para buscar a víctimas de desaparición forzada a partir de la sentencia que aprobó este miércoles por el caso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos por militares en 2007 en Oaxaca.
“Se establecen tiempos de cumplimiento, por ejemplo, se desdoblan cómo se pueden y cómo se deben de organizar la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía […], pero no porque a la Corte le parezca así, sino a partir del marco jurídico que a cada autoridad corresponde”, comentó la Ministra Margarita Ríos-Farjat, autora del proyecto que aprobó este día la Primera Sala de la Corte, en entrevista con Alejandro Páez Varela para el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.
“Si hay que poner orden, hay que poner orden”, agregó la Ministra en la plática.
Ríos-Farjat precisó que con esta sentencia la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que solicitarle a la Comisión Nacional de Búsqueda que integre una comisión multidisciplinaria para indagar todo lo posible en la localización de las dos personas desaparecidas hace 15 años, “y tener acceso a los cuarteles (militares) acompañados de las víctimas si es necesario”.
“No es que vaya a crear un órgano burocrático, sino a crear un órgano multidisciplinario de técnicos y expertos, un acompañamiento, pero que tengan esa posibilidad de entrar, incluso a los cuarteles militares para la investigación”, explicó la Ministra.
La desaparición persiste en el país de forma grave, indicaron los activistas. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro
La Primera Sala de la Corte reconoció este día que los familiares de personas desaparecidas tienen el derecho a conocer las circunstancias de la desaparición y lo ocurrido con sus seres queridos, a saber quiénes fueron los responsables, a agotar todas las posibilidades posibles para encontrarlos, a tener acceso a información que permita ese propósito y a medidas de reparación.
Esto fue determinado en el amparo en revisión revisión 51/2020, resuelto por la Corte, en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Fiscalía General de la República, así como de diversas autoridades estatales y municipales de seguridad y procuración de justicia del estado de Oaxaca, por la desaparición forzada de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz y por la abstención de la agente ministerial de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados.
“Lo que sucedió aquí es que en 2007 desaparecieron dos personas, los familiares los buscaron, indagaron, hicieron todo lo que haría cualquier persona razonable para ver dónde están. Lo último que se supo de ellos, es que se los llevaron unos elementos del Ejército, y que los iban a llevar a la Fiscalía, y se dejó a saber de ellos; iban a llevarlos a la Procuraduría y luego al campo militar y se desconoció su paradero”, comentó.
Una familiar de una persona desaparecida cuelga una fotografía en una instalación durante una protesta en Ciudad de México, el sábado 6 de agosto de 2022. (AP Foto/Fernando Llano)
La Ministra Ríos-Farjat dijo que para 2013 los familiares promovieron el juicio de amparo, y una Jueza de Distrito resolvió que tenía que establecerse una serie de medidas en coordinación de la Sedena, la Fiscalía, la Comisión Nacional de Búsqueda y las víctimas indirectas para lograr en conjunto una estrategia de búsqueda, que en su sentencia de este día la Corte ha establecido con tiempos.
“Cuando los familiares de las personas desaparecidas buscan a las autoridades para tratar de promover las medidas de acompañarlas en la búsqueda, de encontrar a su familiar desaparecido, carecen de elementos […] eso detenía muchas de las dinámicas y de las estrategias que se pueden seguir para localizar a la víctima directa y para ayudar a paliar el sufrimiento de las víctimas indirectas”, lamentó.
En ese sentido, la Ministra explicó que la sentencia aprobada hoy también determina que se debe publicar, por ejemplo, un extracto de la sentencia en un periódico de circulación nacional, testando los nombres de los elementos castrenses que participaron en la desaparición forzada, porque todavía está en curso una investigación, en un periodo de 30 días.
“Todas las medidas que de alguna forma están ideadas desde las propias leyes mexicanas y que la Jueza de Distrito son las que toma en su sentencia; ésas lo que hizo la Corte fue desmenuzarlas, entrar a detalle y ponerle: cómo, quién, cuándo, porque si no sucedía esto, la coordinación puede generar confusión”, ahondó la Ministra Ríos-Farjat.
En el caso particular del caso en revisión, la Corte confirmó de igual forma la toma de la declaración de los mandos militares que hubieran estado en funciones en mayo de 2007 en Oaxaca, en la temporalidad en que se dio la desaparición forzada, y la publicación de los avances de la investigación en la página de Internet de la FGR.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
