El mandatario mencionó a algunos de los legisladores que en su momento votaron a favor de la prisión preventiva, como Marko Cortés —actual dirigente del PAN—, Santiago Creel y Jesús Murillo Karam.
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que exhibirá a las y los diputados que votarona favor de una reforma constitucional en 2008 para aprobar la prisión preventiva oficiosa.
“Otra cosa que es interesante resulta que esta modificación a la Constitución se hizo en el Gobierno de Calderón, para las detenciones, la prisión preventiva, en el 2008. Y hoy en la mañana pedí quiénes votaron a favor. Estamos haciendo la investigación: Santiago Creel a favor, Marko Cortés a favor, Murillo Karam a favor”, dijo durante la conferencia matutina de este miércoles.
Igualmente, señaló que, además de tener el listado de todos aquellos que votaron a favor, también quiere revisar qué fue lo que opinaron los medios de comunicación al respecto; así como algún tipo de declaración de oposición por parte de algún Ministro.
Además, continuó con sus críticas hacia el poder Judicial, afirmando que en éste hay mayor control por parte de la gente con privilegios.
“Entonces el poder Judicial de ser un poder históricamente apéndice del Ejecutivo, porque eso era, se convierte en el poder de los poderes, porque los potentados tienen más control de ese poder. Les es más fácil ahí hacer valer sus privilegios”.
El Presidente López Obrador también anunció esta mañana que hoy enviará al Poder Judicial de la Federación (PJF), al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una fundamentación y los argumentos por los que no se debe eliminar la prisión preventiva oficiosa.
“Hoy se iba a presentar toda nuestra fundamentación, los argumentos, el porqué estamos en contra de esa decisión que quiere tomar la Corte. Vamos a poner ejemplos. Vamos a buscar la forma de hacerlo porque lo he estado pensando, porque son muchos casos, muchos casos, muy fuertes y no queremos dar a conocer los nombres de los jueces porque los estaríamos, yo diría que humillando. Es fuerte”, dijo en su conferencia de prensa matutina.
El próximo 5 de septiembre, la SCJN deberá de resolver la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa que el Congreso estableció en el Artículo 19 constitucional desde el 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá la prisión preventiva oficiosa contemplada en la Constitución mexicana. Foto: SCJN vía Cuartoscuro
Los críticos de la prisión preventiva oficiosa han argumentado que la medida afecta principalmente a grupos vulnerables. El propio proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales —que plantea declarar inconstitucional esta medida de oficio— señala que “configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta también contra la propia funcionalidad del sistema”.
Arturo Zaldívar, Ministro presidente de la Suprema Corte, aclaró que no se trata de desacatar la Constitución mexicana, sino que se busca “tomar en serio los derechos humanos” integrantes en el Artículo Primero de la Carta Magna.
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa […] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, añadió.
La Fiscalía acusa a Castillo, a varios familiares, al actual Ministro de Transportes Geiner Alvarado, y a un Alcalde del pueblo donde vivía el mandatario, de integrar un grupo criminal.
LIMA (AP) — Un Juez peruanodictó el domingo una sentencia de dos años y medio en prisión para Yenifer Paredes, la cuñada del Presidente Pedro Castillo, mientras se le investiga por su presunta participación en una organización criminal para lavar activos, a la que también pertenecerían el mandatario y la Primera Dama.
Después de postergar su decisión por dos ocasiones, el Juez Johnny Gómez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dijo que existía “una alta probabilidad de peligro de fuga”, por lo que no se podía dictar otra medida que la prisión preventiva.
A pesar de ser la cuñada del mandatario, Paredes, de 26 años, fue criada desde pequeña como hija de la pareja presidencial después de la muerte de su madre.
Paredes permanecerá encarcelada en la prisión Santa Mónica, de la capital, hasta el 9 febrero de 2025. La defensa de la acusada apeló la decisión.
Un opositor al Gobierno del presidente Pedro Castillo sostiene fotografías de Castillo, cuñada Yenifer Paredes y su esposa Lilia Paredes con la leyenda “Delincuentes”. Foto: Martín Mejía, AP
La semana pasada, la Fiscalía peruana había solicitado a un Juez una condena de tres años de cárcel preventiva contra Yenifer Paredes mientras se lleva a cabo la investigación. Paredes cumplió el domingo 18 días desde que fue detenida.
Paredes se entregó a la Fiscalía el 10 de agosto, un día después de que la policía fracasó en su intento de detenerla en el palacio presidencial.
La Fiscalía acusa a Castillo, a varios familiares, al actual Ministro de Transportes Geiner Alvarado, y a un Alcalde del pueblo donde vivía el mandatario, de integrar un grupo criminal. La coordinadora sería la Primera Dama y los testaferros tres cuñados de Castillo, incluyendo a Yenifer Paredes. En tanto, las empresas fachada serían propiedad de allegados a la familia presidencial.
La Fiscalía presume que Yenifer Paredes ayudó al dueño de una de estas empresas a obtener contratos de obras públicas a pesar de no tener la capacidad económica ni la experiencia para garantizar la ejecución de las obras.
Castillo suma al momento seis investigaciones fiscales, pero niega todas las acusaciones.
El próximo 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá de resolver la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa que el Congreso estableció en el Artículo 19 constitucional desde el 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso.
Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre si el uso en México de la prisión preventiva de oficio es violatorio de derechos humanos y sobre la necesidad de eliminar esta figura legal de la Constitución Mexicana.
El señalamiento, que se dio en la Corte Interamericana, se dio al presentar sus conclusiones en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron 17 años en prisión preventiva en México tras ser acusados del asesinato en 2001 de la regidora de Atizapán María de los Ángeles Tamés.
📌También se escuchó la declaración de la presunta víctima, Sr. Daniel García Rodríguez, al perito propuesto por la representación de las presuntas víctimas, Sr. José Ramón Cossío Díaz y al perito propuesto por el Estado, Sr. Rogelio Arturo Bárcena Zubieta.👇🏿 pic.twitter.com/4S86ueWMN7
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) August 26, 2022
La comisionada Esmeralda Arosemena expuso en la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizada ayer en Brasilia, que la legislación mexicana habilita a la autoridad judicial a proceder con la prisión preventiva de los imputados solo en razón de la gravedad del delito, sin considerar su carácter excepcional.
“La Comisión enfatiza en la necesidad de eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa de la Constitución”, expresó Arosemena. “Una figura de este tipo, que faculta la detención basada en la gravedad del delito y presunta responsabilidad de la persona es inconvencional, pues implica una detención arbitraria, contraria a la presunción de inocencia”.
En el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, Arosemena de Troitiño destacó que las detenciones fueron arbitrarias, ya que no se les notificó el delito del que estaban acusados al momento de su detención y primero fueron encerrados en dos hoteles, bajo la figura del arraigo, sin que hubiera una orden legal para esto y luego se les aplicó la prisión preventiva oficiosa que se extendió hasta 2019.
“El Estado no ha demostrado cumplir los requisitos de legalidad ni haber informado las razones de la detención”, señaló la representante de la CIDH y llamó a la Corte a que, en su sentencia sobre el caso de García Rodríguez y Alpízar Ortiz, haga explícito que las restricciones constitucionales, como las que sustentan el arraigo y la prisión preventiva, no pueden prevalecer sobre la Convención Americana de Derechos Humanos.
El Ministro en retiro José Ramón Cossío, quiero participó como perito en la audiencia, indicó que la prisión preventiva puede ser una medida razonable, pero no si se aplica de forma automática a partir de criterios ambiguos.
“Mi país vive una situación de violencia grave y la prisión preventiva me parece una medida razonable, pero es una medida razonable cuando los jueces tengan parámetros dentro de los cuales puedan moverse y no una prisión preventiva oficiosa que se declara bajo condiciones muy vagas en términos de la dispuesto en la Constitución”, destacó el Ministro en retiro.
Simón Hernández y David Peña, representantes de García Rodríguez y Alpízar Ortiz, solicitaron a la Corte Interamericana que incluya en su sentencia la anulación del proceso judicial contra ambos, la sanción a los funcionarios señalados como responsables de detención arbitraria y tortura y la eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa que los mantuvo encarcelados del año 2002 a 2019.
LA DISCUSIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
El próximo 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá de resolver la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa que el Congreso estableció en el Artículo 19 constitucional desde el 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso.
Los críticos de la prisión preventiva oficiosa han argumentado que la medida afecta principalmente a grupos vulnerables. El propio proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales —que plantea declarar inconstitucional esta medida de oficio— señala que “configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta también contra la propia funcionalidad del sistema”.
La SCJN discutirá la figura de la prisión preventiva oficiosa. Foto: Gabriela Pérez, Cuartoscuro.
El Gobierno federal, por su parte, ha alertado que eliminar la prisión preventiva oficiosa implicaría la pérdida de vidas humanas, tanto de víctimas como de elementos de la policía, el Ejército y los propios jueces.
“Ahora estamos viendo infinidad de casos de jueces [que liberan detenidos]. Esto que pasó hace dos días que se detiene a un señor promotor de violencia en Colima y un Juez lo libera”, dijo el Presidente durante la conferencia matutina del viernes, haciendo alusión a José Bernabé “N” , alias “La Vaca”, quien no fue vinculado a proceso después de que lo determinara un Juez en el Estado de México.
La prisión preventiva justificada se dicta cuando un Juez o Jueza determina que existe un riesgo de que la persona acusada se fugue, o exista algún riesgo a las víctimas del delito, a testigos o a la propia investigación por la posibilidad de destrucción o alteración de pruebas y evidencia.
Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa se puede extender a todos los delitos, siempre y cuando, el Ministerio Público lo justifique ante un Juez, como señala el artículo 19:
“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, anunció el cambio de la fecha de discusión durante la Sesión Ordinaria Pública de la Suprema Corte de este jueves, aunque no dio motivos sobre el retraso.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso el proyecto de eliminación de la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa para el próximo5 de septiembre.
El Ministro presidente, Arturo Zaldívar, dio comienzo la Sesión Ordinaria del pleno de este jueves anunciando la modificación de la fecha de discusión, aunque no dio explicaciones sobre el cambio.
“Informo a la opinión pública que por acuerdo de este tribunal pleno, los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre”, dijo.
🚨#ÚLTIMAHORA | SE RETRASA DISCUSIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
La discusión en la @SCJN relativa a los temas de prisión preventiva oficiosa se posponen para el lunes 5 de septiembre. pic.twitter.com/GmHKTszHW3
El día de ayer, el Gobierno de México pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la figura de prisión preventiva oficiosa en la Constitución, pues asegura que eliminarla podría tener efectos negativos en el combate a la inseguridad en el país.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra Ley fundamental”, señala un comunicado difundido por la Presidencia de la República.
La SCJN resolverá próximamente dos asuntos de transcendencia nacional referentes a la prisión preventiva oficiosa que el Poder Constituyente Permanente estableció en el Artículo 19 constitucional desde el año 2008. En dicha sesión se resolverá un juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019.
Sobre este proyecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que la eliminación de la obligatoriedad de prisión preventiva oficiosa en delitos graves propiciaría la impunidad y la corrupción.
El mandatario condenó las dos reformas discutidas ante el pleno de la SCJN, como la de “eliminar delitos considerados graves” y la mencionada que involucra la prisión preventiva oficiosa “para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan”, por lo que comisionó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal aclarar el asunto por si los ministros esconden objetivos del proyecto que “no se entienden”.
Por su parte, Arturo Zaldívar, aclaró que no se trata de desacatar la Constitución mexicana, sino que se busca “tomar en serio los derechos humanos” integrantes en el Artículo Primero de la Carta Magna.
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa […] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, añadió.
El Subsecretario reiteró la postura del Gobierno federal de estar de acuerdo con la permanencia de la medida cautelar de prisión preventiva, pues si ésta se eliminara, incrementaría el riesgo para los jueces, las víctimas denunciantes y los testigos.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- La eliminación de la prisión preventiva oficiosa daría pie a corrupción,mercadeo de abogados y jueces, y representaría una amenaza para la sociedad, aseguróRicardo Mejía Berdeja, Subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“Si se está al arbitrio de que cada detención sea el juzgador el que resuelva, puede dar lugar en múltiples casos de corrupción, mercadeo de abogados, jueces; incrementa peligrosidad para los jueces, para la víctima que se atreve a denunciar, para los testigos; y sobre todo es una amenaza para la sociedad porque estos individuos seguirían en libertad”, dijo durante la conferencia matutina de este jueves.
Asimismo, detalló la importancia que tiene esta medida cautelar específicamente para los casos en que se cometen delitos graves del orden común, de delincuencia organizada y financieros llevados a cabo por servidores públicos.
El día de ayer, el Gobierno de México pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la figura de prisión preventiva oficiosa en la Constitución, pues asegura que eliminarla podría tener efectos negativos en el combate a la inseguridad en el país.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra Ley fundamental”, señala un comunicado difundido por la Presidencia de la República.
De acuerdo con la actual Adminsitración, es fundamental la existencia de esta figura jurídica en ciertos delitos de alta gravedad para la sociedad, por lo que “dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica”.
Además, aseguraron que algunos delitos implican que los presuntos criminales, a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal.
La SCJN resolverá en los próximos días dos asuntos de transcendencia nacional referentes a la prisión preventiva oficiosa que el Poder Constituyente Permanente estableció en el Artículo 19 constitucional desde el año 2008. En dicha sesión se resolverá un juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019.
Sobre este proyecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que la eliminación de la obligatoriedad de prisión preventiva oficiosa en delitos graves propiciaría la impunidad y la corrupción.
El mandatario condenó las dos reformas discutidas ante el pleno de la SCJN, como la de “eliminar delitos considerados graves” y la mencionada que involucra la prisión preventiva oficiosa “para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan”, por lo que comisionó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal aclarar el asunto por si los ministros esconden objetivos del proyecto que “no se entienden”.
La SCJN está considerando eliminar la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa. Foto: SCJN vía Cuartoscuro
Por su parte, el Ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aclaró que no se trata de desacatar la Constitución mexicana, sino que se busca “tomar en serio los derechos humanos” integrantes en el Artículo Primero de la Carta Magna.
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa […] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, añadió.
El Presidente comisionó a Adán Augusto López y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para que le informen más sobre las reformas de la SCJN, pues asegura que con el tecnicismo “no se entiende la esencia del asunto”, la cual afirma que es la impunidad y la corrupción.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El proyecto de la Suprema Cortede Justicia de la Nación (SCJN) que busca la eliminación de la obligatoriedad de prisión preventiva oficiosa en delitos graves propiciaría la impunidad y lacorrupción, sentenció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario condenó las dos reformas discutidas ante el pleno de la SCJN, como la de “eliminar delitos considerados graves” y la mencionada que involucra la prisión preventiva oficiosa “para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan”.
Además, el Presidente comisionó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que informen sobre las propuestas de la Suprema Corte, pues aseguró que los términos jurídicos empleados por los ministros de la SCJN podrían esconder los objetivos del proyecto porque “no se entienden”.
“A veces, con todo respeto, se usa tecnicismo y se habla de tesis, jurisprudencia, y no se entiende la esencia del asunto: la esencia es que se busca impunidad y corrupción”, alertó durante la conferencia matutina.
Creo que AMLO no ha entendido bien sobre la discusión que tendrá la #SCJN al respecto de la prisión preventiva.
No es eliminar delitos, es eliminar un modelo que mantiene en la cárcel a gente sin juicio, muchas veces, inocente. pic.twitter.com/v9Z4EgleWq
El Ministro Luis María Aguilar Morales porpondrá ante el pleno de la SCJN declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, regulada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La propuesta para ser aprobada debe ser votada por mayoría calificada de ocho votos, y propone invalidar el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 19, párrafo segundo, última parte, de la Constitución, que contempla la prisión automática para 16 delitos.
Para Aguilar Morales la prisión preventiva es una medida cautelar que implica la privación de la libertad durante el desarrollo de un procedimiento penal, por lo que constituye una restricción a los derechos de libertad personal y a la presunción de inocencia.
La SCJN propone la eliminación del carácter obligatorio de la prisión preventiva oficiosa. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
“Este Tribunal pleno advierte que la cifra que muestra el total de personas en prisión preventiva [sin condena penal] es alarmante, y esta situación se agrava en los casos de grupos vulnerables, pues la prisión preventiva es una doble o, incluso, triple condena: se sanciona con una pena anticipada de prisión y, además, es una condena de estigmatización familiar y social que hace mucho daño a las personas”, señaló el Aguilar Morales.
“Pero más grave aún, la prisión preventiva golpea en forma más dura a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y, por estar privadas de la libertad, condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a sus familiares”, agregó.
Por su parte, el Ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aclaró que no se trata de desacatar la Constitución mexicana, sino que se busca “tomar en serio los derechos humanos” integrantes en el Artículo Primero de la Carta Magna.
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa […] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, añadió.
Jesús Murillo Karam es acusado por los delitos de tortura, contra la administración de la justicia y hasta de desaparición forzada por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- “Ya se derrotó la presunción de inocencia”, declaró el exprocurador Jesús Murillo Karam, luego de que un Juez de Control le dictara prisión preventiva al considerar como válidos los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre que el exfuncionario cuenta con los recursos suficientes para fugarse.
En una audiencia de más de 12 horas, el Juez Marco Antonio Fuerte Tapia consideró que hay elementos suficientes para temer el riesgo de fuga, pues dijo que se trata de una figura de alto perfil y que la Fiscalía entregó indicios objetivos que hacen suponer que puede abandonar el país, porque tiene vigente su pasaporte. Además, hay antecedente de que ha salido del país en vuelos privados y que cuenta con solvencia económica para hacerlo.
La Fiscalía acusa al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto por los delitos de tortura y contra la administración de la justicia –en calidad de intelectual– y hasta de desaparición forzada –en calidad de autor material– en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon desde el Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
La próxima audiencia será el próximo 24 de agosto a las 08:00 horas, en donde el Juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinará si vincula o no a proceso a Murillo Karam por los delitos antes mencionados. En tanto, el exfuncionario deberá permanecer en el Reclusorio Norte.
Los abogados de Murillo Karam esperaban que pudiera enfrentar su proceso en libertad bajo el argumento de que el exfuncinario tiene enfermedades crónicas como hipertensión arterial, insuficiencias vascular cerebral, y enfermedad pulmonar crónica (por fumar), pero el Juez no concedió esta medida.
Murillo Karam fue detenido el pasado 19 de agosto en la colonia Lomas de Chapultepec, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.
Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, hoy FGR, fue detenido el viernes pasado. Foto: Cuartoscuro.
Ante la presión pública para que se aclarara un crimen que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales, y que éstos los mataron, los quemaron a todos en una gran hoguera en un basurero y arrojaron los restos a un río.
Sin embargo, un grupo de expertos internacionales y la actual Fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron distintas autoridades, fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.
En 2020, el actual Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, acusó a Murillo Karam de “orquestar un engaño mediático masivo”. Dos años después fue detenido en su casa en la Ciudad de México y, según el comunicado oficial, sin que opusiera resistencia. Se convertía en el primer exprocurador General mexicano en ser capturado por la institución que él mismo dirigió.
#FGRInforma | #FGR obtuvo 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa en Iguala, autoridades de Guerrero; policías estatales, policías municipales y 14 miembros del grupo Guerreros Unidos, vinculados al caso Ayotzinapa.
Horas después de la captura de Murillo Karam, la Fiscalía informó en un comunicado de la emisión de 83 órdenes de captura, 20 de ellas de militares y el resto de policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Murillo Karam, exlegislador y exgobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 74 años, dirigió la entonces Procuraduría General de la República de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Dejó el cargo cinco meses después del crimen, tras haberse convertido en una de las personas más criticadas por los padres de los estudiantes, que desde hace años habían pedido su arresto. En una ocasión dio por terminada una conferencia de prensa con el argumento de que ya se había cansado de dar explicaciones.
Durante la audiencia, la FGR señaló a Murillo Karam por haber fraguado de forma “dolosa” la “verdad histórica” durante una reunión con altos mandos, incluidos el entonces Gobernador Ángel Aguirre, Tomás Zerón e incluso Omar García Harfuch.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– El exprocurador Jesús Murillo Karam se queda en prisión, así lo determinó el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia al considerar como válidos los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre que el exfuncionario cuenta con recursos suficientes para fugarse. La dependencia lo acusa de los delitos de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
En una audiencia de más de 12 horas, el Juez consideró que hay elementos suficientes del riesgo de fuga, pues dijo que se trata de una figura de alto perfil y que la Fiscalía entregó indicios objetivos que hacen suponer que puede abandonar el país, porque tiene vigente su pasaporte. Además, hay antecedente de que ha salido del país en vuelos privados y que cuenta con solvencia económica para hacerlo. Las altas penas de los delitos que se le imputan pueden influir en la decisión de querer huir.
Durante la audiencia en el Reclusorio Norte, la Fiscalía acusó al exprocurador Jesús Murillo Karam por delitos de tortura y de administración de la justicia –en calidad de intelectual– y hasta de desaparición forzada –en calidad de autor material– en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
La dependencia, a cargo del Fiscal Alejandro Gertz Manero, solicitó al Juez que le diera prisión preventiva justificada, porque existía el riesgo de fuga ya que Murillo tiene cinco casas: en Hidalgo, Ciudad de México y Guerrero.
Por su parte, la defensa de Murillo Karam solicitó la duplicidad del término de plazo Constitucional para la audiencia de vinculación a proceso, por lo que la siguiente audiencia se realizará el próximo miércoles 24 de agosto a las 8:00 horas. Ahí se decidirá su situación jurídica. Hoy, los abogados defensores salieron sin dar declaraciones.
El exprocurador Murillo Karam arribó al Reclusorio Varonil Norte para ser presentando ante un Juez tras su detención ayer. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
LA AUDIENCIA
Los representantes de la FGR habían argumentado que Murillo Karam debía permanecer en prisión hasta que se resuelva su situación, ya que tiene la solvencia suficiente para abandonar el país, pues tiene cuentas bancarias en México y Estados Unidos por hasta 85 millones de pesos.
En su explicación, los representantes de la FGR recordaron el antecedente de Tomás Zerón, el extitular de la Agencia Federal de Investigación que hoy se encuentra prófugo en Israel, un país sin convenio de extradición con México, y también señalado en el caso Ayotzinapa.
Por su parte, Murillo Karam dijo que el tiempo que tendrá la defensa desde hoy al miércoles servirá para analizar el expediente y ver cosas “que puedan probar claramente qué pasó y cómo pasó”, todo esto desde su asiento, en donde lo acompañaban tres abogados.
Jesús Murillo Karam, exprocurador de la República, arribó al Reclusorio Varonil Norte para ser presentando ante un Juez. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
El Juez dictó un breve receso de 20 minutos, que amplió a uno de dos horas, para continuar con el debate de las medidas cautelares. Pasadas las 19:00 horas, la audiencia se reanudó con los alegatos de la defensa.
“Ando tan mal que no le doy confianza a mis abogados”, dijo el exprocurador Jesús Murillo Karam, al reservarse su derecho de declarar en la audiencia inicial del sábado.
Durante el debate de las medidas cautelares, donde la Fiscalía pide prisión preventiva justificada, la defensa de Karam solicitó una medida alterna, que fracasó.
Los abogados alegaron el mal estado de salud del exprocurador, quien tiene enfermedades crónicas como hipertensión arterial, insuficiencias vascular cerebral, y enfermedad pulmonar crónica (por fumar), para pedir que el proceso lo lleve en libertad sólo con una firma periódica y la entrega de su pasaporte para que no pueda huir del país. Pero el Juez no concedió estas medidas.
El exprocurador fue detenido este viernes por la FGR y Semar. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro.
Para tal efecto, presentó a un médico internista que ha tratado las enfermedades crónicas de Murillo Karam desde hace años. La Fiscalía revirtió y refutó el argumento. Primero preguntó al médico cuánto tiempo lleva con las enfermedades. El médico respondió que con hipertensión tenía al menos 25 años y con la enfermedad pulmonar unos 10 años.
Al respecto, la Fiscalía aludió que las enfermedades no son motivo suficiente para que no le den prisión preventiva, porque ya las tenía cuando era Procurador y le permitieron desempeñar un cargo de alto nivel, que incluso conlleva escenarios hostiles, así que no deberían ser pretexto, argumentaron.
En punto de las 20:30 horas, el Juez de control dictó un breve receso para valorar los argumentos de la Fiscalía y defensa y determinar la medida cautelar a Murillo Karam. Al regresar, cerca de las 22:00 horas, definió la prisión preventiva para el exfuncionrio Peñista.
La defensa también argumentó la edad de Murillo Karam –74 años– para que, en caso de que dicten privación de la libertad como medida cautelar, que ésta sea arraigo domiciliario. Ninguna de estas explicaciones funcionó para convencer al Juzgador federal.
El exprocurador Murillo Karam compareció prácticamente durante todo el sábado ante un Juez de Control en el Centro de Justicia Federal para ser imputado por presuntos delitos cometidos en el caso Ayotzinapa, en especial de la tortura en contra de seis integrantes de Guerreros Unidos, la organización criminal que desapareció a los 43 normalistas.
Elementos de la Semar y la FGR detuvieron al exprocurador de Justicia, Jesús Murillo Karam. Foto: FGR vía Cuartoscuro.
Los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron durante la audiencia que Murillo Karam había organizado una reunión, o “cónclave”, para fraguar la entonces llamada “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, que postulaba la incineración de todos los normalistas en el basurero de Cocula.
En la reunión, realizada en Iguala, habrían participado, entre otros, Omar García Harfuch, hoy Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en aquel momento delegado de la extinta Policía Federal en Guerrero.
Las autoridades federales detallaron que el cónclave habría ocurrido el 7 de octubre de 2014, una semana y media después de la desaparición de los estudiantes. Otros participantes incluyen al entonces Gobernador guerrerense, Ángel Aguirre; Tomás Zerón, titular de la Agencia Federal de Investigación y hoy prófugo del Gobierno mexicano en Israel; así como de Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces Fiscal especializado en delitos de secuestro.
Los familiares de Murillo Karam no dieron declaraciones a la prensa. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo
Explicó que él ya había sido designado a cumplir con una serie de labores en el estado de Michoacán en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Es importante precisar que cuando suceden esos hechos, es importante decir donde estaba yo. Yo estaba en Michoacán, exactamente en Buenavista, Tomatlán y en Nueva Italia, Michoacán […] Yo no estaba en Guerrero, si hubiera estado en Guerrero, por supuesto salir a asumir y dices ‘me hago responsable de la Policía Federal’”, indicó en entrevista.
Murillo Karam, quien fue detenido ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) al exterior de su domicilio en La Lomas de Chapultepec, fue trasladado en un convoy de cinco camionetas pertenecientes a la dependencia y a la Secretaría de Marina (Semar) desde muy temprano para el inicio de la audiencia. Ya no volverá a salir por ahora.
La Fiscalía de Chihuahua dio a conocer que la audiencia de vinculación o no a proceso de los cinco implicados será el próximo 19 de agosto a las 09:30 horas.
Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo/AP).- Un Juez de Control dictó prisión preventiva a cinco de los implicados en los ataques armados contra civiles y quema de varios negocios registrados el pasado jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, informó este lunes la Fiscalía General del Estado (FGE).
A través de un comunicado, la Fiscalía estatal detalló que a los implicados, quienes fueron identificados como Manuel Alfredo L. G., Jorge Adrián V. L., Ezequiel A. C., Víctor Hugo L. T. y José Antonio L. E., se les acusa de atacar con armas de fuego a un grupo de Policías Municipales y causar daños a vehículos oficiales.
La medida cautelar otorgada por el Juez de Control, dijo, se logró durante el desarrollo de la audiencia inicial de los cinco detenidos, luego de que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte demostrara, a través de datos de prueba, la posible participación de los hombres en la agresión armada perpetrada en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Púbica Municipal, en donde uno de los agentes resultó lesionado.
Los involucrados permanecerán en prisión preventiva por los hechos violentos registrados en Ciudad Juárez. Foto: FGE Chihuahua.
Recordó que los hechos de que se les acusa ocurrieron durante la madrugada del 12 de agosto en la calle Ajenjo, en la colonia Ampliación Aeropuerto, al momento en que los uniformados llevaban a cabo operativos de seguridad y prevención por los hechos de violencia registrados el pasado jueves.
La Fiscalía General del Estado explicó que el Juez de Control calificó como legal la detención de los implicados en los hechos y fijó como medida cautelar la prisión preventiva por 24 meses, quedando la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo 19 de agosto a las 09:30 horas.
En cuanto al sexto detenido, identificado como William Serafín L. P. y/o Francisco Alejandro M., la dependencia dio a conocer que se está a la espera de su recuperación, después de que en los hechos resultara lesionado, para que el Ministerio Público, en presencia del Juez, pueda fincarle los cargos.
Los involucrados permanecerán en prisión preventiva por los hechos violentos registrados en Ciudad Juárez. Foto: FGE Chihuahua.
El jueves pasado, en Ciudad Juárez se registraron ataques armados contra civiles, quema de varios negocios, y una riña en una cárcel que según las autoridades desencadenó la violencia en la localidad fronteriza.
En los incidentes fallecieron 11 personas, entre ellos un menor de 13 años, dos mujeres de 54 y 18 años, y cuatro empleados de la emisora MegaRadio que estaban transmitiendo un evento promocional en vivo fuera de una pizzería cuando fueron baleados. La Fiscalía General estatal informó que 12 personas sufrieron lesiones por arma de fuego y quemaduras durante los ataques.
Durante la riña en la cárcel de Ciudad Juárez murieron baleados dos presos y otros 20 resultaron lesionados, cuatro de ellos por proyectil de arma de fuego, y el resto por contusiones.
Continuamos con el operativo de manera permanente en Ciudad Juárez supervisado por el secretario de seguridad pública @comisarioloya
Tras los violentos incidentes, la localidad fronteriza amaneció el viernes en tensa calma con numerosos comercios y centros educativos cerrados, poca presencia de personas en las calles y patrullaje constante de militares y policías en algunos puntos de la ciudad.
Ciudad Juárez, ubicada en el estado de Chihuahua, ha sido durante mucho tiempo una zona violenta. Las pandillas involucradas en los disturbios a menudo sirven como ejecutoras de los poderosos cárteles de la droga que ejercen un fuerte control sobre las rutas fronterizas, que necesitan para llevar las drogas a Estados Unidos.
La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dijo el viernes en un video en su cuenta de Twitter que el operativo de seguridad especial se mantendrá en los próximos días para “restablecer la paz” en Ciudad Juárez, donde habita más de un millón y medio de habitantes.
Hace dos días se registraron también hechos violentos en los estados de Jalisco y Guanajuato, luego de que el Ejército irrumpió en un lugar donde estaban presuntos líderes de dos grupos criminales, lo que desencadenó enfrentamientos, quema de vehículos y negocios.
Tras esos hechos fueron detenidas 16 personas en Jalisco y Guanajuato, y se reportó la muerte de tres personas, entre ellas un supuesto integrante de un grupo delictivo.
No daremos un paso atrás, seguimos trabajando al límite de nuestras capacidades para esclarecer los hechos, alcanzar la justicia y recuperar la paz. pic.twitter.com/QLeu7gqcIg
La defensa del exlíder del Cártel de Guadalajara aseguró que Caro Quintero ha recibido malos tratos que ponen en riesgo su integridad física.
Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- El narcotraficanteRafael Caro Quintero busca que con un cuarto amparo se eviten los actos de tortura que denunció sufrir en el penal de máxima seguridad del Altiplano en espera de su juicio de extradición.
La demanda de amparo a favor del narcotraficante fue promovida el 2 de agosto por José Mora León ante un Juez de distrito del Estado de México por actos como incomunicación, cautiverio con tormentos físicos, psicológicos y tortura que “ponen en riesgo la vida” del exlíder del Cártel de Guadalajara.
“De la presente demanda se advierte que la parte quejosa reclama en la incomunicación, segregación, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos, malos tratos, abuso de autoridad, tortura y lesiones que ponen en riesgo la vida del quejoso”, expuso el documento promovido contra el director general del Centro Federal de Prevención y Reinserción Social.
Por lo anterior, el Juez Fernando García ordenó que cesen de cualquier tipo de actos consistentes desde su detención el pasado 15 de julio en el municipio de Choix, Sinaloa.
La captura del fundador y exlíder del Cártel de Guadalajara Rafael Caro Quintero. Foto: Ríodoce.
“Se decreta de plano y oficio la suspensión para que cesen los actos consistentes en la incomunicación, segregación, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos, malos tratos, abuso de autoridad, tortura y lesiones que ponen en riesgo la vida de Rafael Caro Quintero, así como cualquier otro acto prohibido por el Artículo 22 constitucional”, indicó el acuerdo.
El exlíder del Cártel de Guadalajara obtuvo el martes, de un Juez federal, una resolución que suspende la orden de aprehensión e incomunicación con fines de extradición a Estados Unidos hasta que se resuelva el amparo que tramitó el capo, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) podría impugnar la decisión de la juzgadora.
El pasado lunes, Caro Quintero, capturado hace unas semanas, aceptó que su defensa durante el juicio de extradición a EU al que será sometido esté a cargo de un abogado de oficio al menos por ahora, del cual se reservó el nombre, aunque ya solicitó acceso al expediente y a las constancias de la demanda de amparo y de la suspensión de plano, que un Juez federal de Puente Grande, Jalisco, concedió al detenido para no ser extraditado.
También se le autorizó a conocer el expediente del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, en donde se presentó la primera demanda de amparo, en la que se pedía que el detenido no estuviera incomunicado.
Rafael Caro Quintero fue ingresado al Penal del Altiplano. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro.
Rafael Quintero fue detenido en el noroeste de México, casi una década después de salir de la cárcel debido a un aparente error judicial. El capo tenía dos órdenes de aprehensión en México, pero fue ejecutada una tercera con fines de extradición a Estados Unidos.
Caro Quintero fue uno de los principales proveedores de heroína, cocaína y marihuana a Estados Unidos a fines de la década de 1970 y principios de los 80. Adempas, es acusado por el asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, en 1985 y por los de otros ciudadanos estadounidenses en la misma época.
México dejó en claro que Caro Quintero fue capturado con la intención de extraditarlo. No obstante, sus abogados dejaron entrever con sus primeras presentaciones que el proceso de extradición tomará tiempo.
El imputado fue señalado por los delitos contra la dignidad de personas, amenazas y lesiones, por lo que actualmente se encuentra bajo prisión preventiva en un penal en el estado de Jalisco; su audiencia será el próximo 26 de julio.
Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- Sergio Ismael “N”,vecino de Luz Raquel Padilla, le fueron imputados los delitos contra la dignidad de personas, amenzas y lesiones, por lo que fue trasladado al penal de Puente Grande, en el estado de Jalisco, como prisión preventiva.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco informó durante la mañana de este jueves que Sergio Ismael “N” se mantendrá bajo prisión preventiva porque “justifica por el término constitucional” y ya que la defensa del imputado solicitó la ampliación de la audiencia próxima a realizarse el próximo martes 26 de julio.
Personal de la Fiscalía del Estado imputó esta mañana delitos contra la dignidad de personas, amenazas y lesiones a Sergio Ismael I., a quién se le cumplimentó un mandato judicial tras la denuncia que presentó Luz Raquel. pic.twitter.com/fbkNDsQhlm
— Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) July 21, 2022
“A Sergio Ismael I. se cumplimentó un mandato judicial por los delitos antes señalados después de que el agente del Ministerio Público reunió diversos datos de prueba que fueron presentados ante el juez”, detalló la Fiscalía en un comunicado.
El pasado 5 de mayo, Luz Raquel fue agredida física y verbalmente por Sergio Ismael después de que este se molestara por ver que su perro se mojó cuando a la víctima se le cayó una cubeta de agua.
Durante su participación en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador de este jueves, el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, detalló que el detenido fue identificado como Sergio Ismael “N”, el vecino de Luz, quien ayer se había presentado voluntariamente en la Comisaría de Zapopan y la Fiscalía de Jalisco.
“En el caso de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, quien fuera agredida y rociada con alcohol, y después prendida en la colonia Arcos, en Zapopan. […] Tenemos conocimiento de que ayer compareció en calidad de testigo con relación a la carpeta que se abrió por este delito de feminicidio”.
Luz Raquel Padilla Gutiérrez, quien fue violentada y quemada viva en un parque en la colonia Arcos, falleció el martes pasado después de permanecer tres días internada en el Hospital Civil de Guadalajara.
La madre de 35 años tenía el 80 por ciento de su cuerpo quemado, con un pronóstico de 90 por ciento de mortalidad.
El ataque ocurrió el pasado sábado 16 de julio, luego de una discusión en un parque de la calle Arco Tácito al cruce de Arco Constantino, en la colonia Arcos de Zapopan, en el municipio de Zapopan.
Previamente había sufrido un ataque con cloro industrial y recibido numerosas amenazas de muerte de su vecino, quien no toleraba los ruidos que hacía su hijo, quien es autista.
— Luz Raquel Padilla Gutirrez (@GutirrezPadilla) June 10, 2022
Tras el ataque con cloro, Luz Raquel presentó una denuncia ante la comisaría de Zapopan “sin recibir debida atención ni seguimiento”, denuncia el colectivo “Yo cuido México”.
También compartió en Twitter lo que le había hecho su agresor, pintando frases como “Te voy a quemar viva”, “Te vaz a morir Lus (sic)”, “Te vaz a morir machorra” y “Te voy a matar Luz”.
De acuerdo con la Fiscalía General de Jalisco, el agente del Ministerio Público había girado medidas de protección a la mujer, mismas que ya habían sido notificadas a las partes involucradas. No obstante fue agredida nuevamente y murió luego de estas hospitalizada.
El abogado de “El Bronco” había adelantado que una vez que saliera del hospital, se dirigiría a su residencia para continuar con el resguardo domiciliario.
Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, salió del Doctors Hospital, nosocomio privado en Monterrey, para regresar a su residencia y cumplir la medida preventiva de resguardo domiciliario.
Según los reportes, “El Bronco” abandonó el hospital privado alrededor de las 12:00 horas, en silla de ruedas y acompañado de su abogado, Gabriel García Pérez, para luego retirarse en una camioneta RAM.
García Pérez había adelantado el pasado 11 de junio, que el Juez de control le quitó la prisión preventiva a su defendido, y que pasaba a resguardo domiciliario, por lo que ahora permanecerá en su residencia en Garza, Nuevo León.
El exgobernador fue detenido el pasado 15 de marzo. Foto: Cuartoscuro, Archivo.
“Ya podemos decretar que no volverá al Cereso [Centro de Reinserción Social] de Apodaca. Del hospital [privado], cuando lo determinen los médicos, podrá regresar a su casa”, dijo en aquella ocasión el abogado.
El pasado 30 de mayo, el estado de salud de Rodríguez Calderón fue reportado como delicado después de la segunda cirugía de colon a la que fue sometido.
Su defensa legal anunció que promovería un amparo para que al exgobernador de Nuevo León se le retirara la prisión preventiva.
Rodríguez Calderón fue llevado inicialmente al Penal de Apodaca. Foto: Gabriela Pérez Montiel, Cuartoscuro.
El excandidato presidencial se encontraba “en condiciones de salud inestables”, según reportaron a través de un boletín informativo difundido en las redes sociales del político mexicano.
“El Bronco” fue detenido el pasado 15 de marzo y llevado al Penal de Apodaca acusado del uso indebido de recursos públicos para conseguir las firmas requeridas para su candidatura independiente a la Presidencia en las elecciones de 2018.
Además, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en la requisa del sistema de transporte Ecovía que pertenecía al empresario Abelardo Martínez, de Transporte Tecno Ecológico, por haber confiscado bienes de un particular sin indemnización.
Jaime Rodríguez está acusado de uso indebido de recursos públicos para conseguir las firmas para su candidatura presidencial de 2018. Foto: Gabriela Pérez Montiel, Cuartoscuro
Se alegó que al haber sido una orden directa del exgobernador, sería el responsable del daño al concesionario, quien interpuso la denuncia en el 2020 ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
Desde su detención a mediados de marzo, y su estancia en el Penal de Apodaca, el excandidato presidencial en 2018 ha presentado dificultades en su salud, siendo necesario su traslado a hospitales para recibir valoraciones médicas y estudios para determinar su estado clínico.
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).– El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, seguirá los procesos en su contra desde su casa, ya que un Juez modificó la medida de prisión preventiva contra el político y, debido a sus problemas de salud, enfrentará las acusaciones en “resguardo domiciliario”.
“Ya no cuenta con ninguna prisión preventiva. El ingeniero continuará su proceso en libertad y con otra medida cautelar: la de resguardo domiciliario”, indicó este sábado su abogado, Gabriel García Pérez.
“Ya podemos decretar que no volverá al Cereso de Apodaca. Del hospital, cuando lo determinen los médicos, podrá regresar a su casa”, añadió.
Desde su detención a mediados de marzo, y su estancia en el Penal de Apodaca, el excandidato presidencial en 2018 ha presentado dificultades en su salud, siendo necesario su traslado a hospitales para recibir valoraciones médicas y estudios para determinar su estado clínico.
El exmandatario estatal permanecerá en el Hospital Universitario, donde se encuentra internado desde el pasado 1 de mayo, “pues su estado de salud es inestable y le es necesario los cuidados médicos especializados”, de acuerdo con su defensa.”
“Raza, mi salud sigue siendo muy delicada e inestable, me estoy poniendo en manos de los doctores y de Dios. (…) Gracias por todas sus oraciones y muestras de apoyo; me dan fuerza y ánimo para seguir luchando”, escribió en su cuenta de Facebook Rodríguez Calderón, a través de su equipo legal.
El exgobernador ingresó al Penal de Apodaca después de ser detenido en el municipio de General Terán, pero ha pasado más tiempo en el hospital. Foto: Especial
“El Bronco”, detenido el pasado 15 de marzo, se encuentra en el Penal de Apodaca acusado del uso indebido de recursos públicos para conseguir las firmas requeridas para su candidatura independiente a la Presidencia en las elecciones de 2018.
Además, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en la requisa del sistema de transporte Ecovía que pertenecía al empresario Abelardo Martínez, de Transporte Tecno Ecológico, por haber confiscado bienes de un particular sin indemnización.
Se alegó que al haber sido una orden directa del exgobernador, sería el responsable del daño al concesionario, quien interpuso la denuncia en el 2020 ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
La Fiscalía aseguró ayer que cuenta con todos los datos de prueba suficientes en contra del exgobernador, a quien acusa de diversos casos de corrupción y de haber malversado millones de dólares de fondos público.
Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- El Fiscal de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte confirmó que hoy por la mañana se celebraría la audiencia de formulación de imputación en contra del exgobernador César Duarte Juárez y que los ministerios publicos solicitarán como medida cautelar la prisión preventiva, derivado de que existe riesgo de fuga.
En conferencia de prensa, hoy por la mañana, el funcionario estatal confirmó que ayer jueves a las 17:00 horas arribó el avión de la Marinadonde trasladaron a César Duarte, quien fue entregado por las autoridades estadounidenses. Dijo que posteriormente fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social (Cereso) 1 de Aquiles Serdán, un municipio aledaño a la capital.
La audiencia de formulación comenzó a las 8:40 horas (9:40 horas del centro de México). Humberto Chávez Allende encabeza la audiencia y acusa al exgobernador Duarte de peculado agravado.
El funcionario señaló que se le hizo el examen médico y detalló que en cuanto al estado de salud del exmandatario, se confirmó que tiene una hernia en la columna para lo cual trae una fama soporte, es hipertenso, bajo tratamiento, y tiene múltiples procedimientos quirúrgicos, siendo el más significativo en el área lumbar.
El Fiscal detalló que fue puesto a disposición de un Juez de control y ya se solicitó la celebración de la audiencia de formulación de imputación que fuera pública, para lo cual, la audiencia fue programada a las 8:00 horas en la Ciudad Judicial que se ubica en el centro de la Ciudad de Chihuahua. Para tal efecto, elexgobernador fuetrasladado del penal a las 6:00 horas a los juzgados.
Humberto Chávez Allende encabeza la audiencia. Fotos: Patricia Mayorga, Raíchali
Reiteró que los ministerios públicos presentarán los datos suficientes que acrediten las conductas delictivas del imputado con las que causó daños al erario y solicitarán que se imponga prisión durante su proceso penal pues hay elementos suficientes para considerar que tiene alto riesgo de sustracción de la justicia.
Duarte Juárez llegó ayer 2 de junio en la noche al Cereso 1, acusado de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada, gracias a orden de aprehensión en su contra, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua.
La Fiscalía aseguró ayer que cuenta con todos los datos de prueba suficientes en contra del exgobernador.
“Los hechos que se le imputan ocurrieron entre los años 2011 a 2014, periodo en el que presuntamente desvío una cuantiosa cantidad de dinero mediante operaciones celebradas entre el Gobierno del estado de Chihuahua con empresas en los que él fue fundador”, explicó.
Estados Unidos extraditó este jueves a México a César Duarte, acusado de diversos cargos de corrupción y de haber malversado millones de dólares de fondos público.
El exgobernador César Duarte. Foto: FGR.
Duarte gobernó Chihuahua, estado vecino de Texas, de 2010 a 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al acabar su mandato, se trasladó a vivir a Estados Unidos y fue detenido en Miami en 2020 gracias a una orden de captura con fines de extradición emitida un año antes.
Según la acusación, Duarte, en colaboración con otros funcionarios y con personas ajenas a la función pública, “logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos (unos 4.8 millones de dólares) extraídos entre los años 2011 y 2014″, indicó el Gobierno mexicano el jueves. Se estima que hay más de 40 exfuncionarios involucrados.
En una audiencia, el Juez modificó dicha medida cautelar al argumentar el estado de salud que presenta el exgobernador, quien se encuentra internado en el Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León.
Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).- Un Juez de Control cambió la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, por el delito de abuso de autoridad en la requisa del sistema de transporte Ecovía.
Durante una audiencia celebrada este jueves de manera virtual, el Juez modificó dicha medida cautelar al argumentar el estado de salud que presenta el exgobernador, quien fue sometido a una segunda cirugía de colon el pasado 28 de mayo.
Sin embargo, el exmandatario estatal permanecerá en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el uso indebido de recursos públicos para conseguir las firmas requeridas para su candidatura independiente a la Presidencia en las elecciones de 2018.
El pasado 30 de mayo, el estado de salud de Jaime Rodríguez Calderón fue reportado como delicado después de la segunda cirugía de colon a la que fue sometido.
Boletín informativo sobre la salud del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón. pic.twitter.com/tuw5e559yK
El excandidato presidencial “se encuentra en condiciones de salud inestables”, según reportaron a través de un boletín informativo difundido en las redes sociales del político mexicano.
Después de la cirugía de colon que se le practicó, “El Bronco” actualmente utiliza oxígeno suplementario, una sonda nasoástrica y un catéter venoso central.
“Su estado de salud es delicado desde la primera cirugía y ahora se le vuelve a complicar la segunda intervención, con el derrame pleural bilateral [líquido en los pulmones], con tendencia a la consolidación”, detalló el comunicado.
Ante la presencia de este derrame, se sugiere que Jaime Rodríguez se encuentra en etapa inicial para desarrollar un cuadro de neumonía.
En la imagen, el Hospital Universitario de Monterrey donde fue trasladado el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Foto: Gabriela Pérez, Cuartoscuro.
“El Bronco” se encuentra internado en el Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León, donde fue llevado desde el Penal de Apodaca, donde había estado recluido.
El 11 de abril, el Juez de Control Eduardo Hoyuelas Orozco vinculó a proceso a Jaime Rodríguez Calderón por el delito de abuso de autoridad en la requisa del sistema de transporte Ecovía.
Luego de una audiencia de más de 10 horas, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción pidieron formalmente vincular a proceso al exgobernador de Nuevo León.
Además, a Rodríguez Calderón se le acusa de haber confiscado bienes de un particular sin indemnización, refiriéndose a la requisa de la Ecovía que pertenecía al empresario del transporte Abelardo Martínez, de Transporte Tecno Ecológico.
Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León. Foto: Gobierno de Nuevo León
La Ecovía -de 30 kilómetros de recorrido y 80 unidades- fue requisada en octubre de 2016 al considerar que “El Bronco” prestaba un deficiente servicio de transporte.
Este viernes, la corte de Chile anunció que el cineasta deberá ingresar a la cárcel Santiago 1, donde deberá cumplir su condena tras ser declarado culpable de dos casos por abuso sexual.
Ciudad de México, 20 de mayo (ASMéxico).- El cineasta chilenoNicolás Lopéz quedará en prisión preventiva a partir de este viernes, acusado de abuso sexual en el marco de una investigación donde fue declarado culpable.
El director chileno de Cine Nicolás López. Foto: EFE
Durante la mañana, la defensa del acusado aseguró que López se trasladará desde su casa en Providencia a la cárcel 1 Santiago 1, donde quedará recluido. Hasta este momento existía una orden de arresto en su contra.
En paralelo también solicitaron que cumpla su pena en el centro penitenciario Capitán Yaber, por el “alto riesgo que corre su seguridad”, sin embargo, el tribunal desestimó la solicitud y López cumplirá su pena en Santiago 1.
SENTNENCIA NICOLÁS LÓPEZ: ¿CUÁNTOS AÑOS DEBERÁ IR A LA CÁRCEL?
El lunes pasado el cineasta fue condenado a cinco años y un día de cárcel por delitos de abuso sexual contra dos actrices nacionales. Al mismo tiempo se desestimaron las acusaciones de violación que se habían interpuesto en su contra.
— Yenni Vallejos Meriño (@YenniVallejosM) April 26, 2022
“Se condena a Nicolás Javier López Fernández como autor de dos delitos de abusos sexual, previstos y sancionados en el artículo 366, en relación con los Artículos 361, número 1 y 366 ter, todos del Código Penal, cometidos en la ciudad de Santiago entre los meses de noviembre y diciembre de 2015, en perjuicio de M.J.V.S., y a fines de noviembre de 2016, en perjuicio de D.A.M.C.”, dictó el Tribunal.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
