Marko Cortés reprochó que el Gobierno de López Obrador esté asignando tareas que no le corresponden a las Fuerzas Armadas, sobreexponiendo a la administración y manejo de recursos públicos.
Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) anunció esta mañana que exigirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que haga valer el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho, declarando inconstitucional el decreto presidencial para que la Guardia Nacional (GN) pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A través de un comunicado, el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, agregó que acudirán a las instancias internacionales de derechos humanos a presentar las denuncias correspondientes.
“Porque nosotros estamos convencidos de que en las democracias la seguridad pública está a cargo de la autoridad civil y no de militares”, expresó el líder panista, quien además acusó que la violencia en el país “sigue y sigue incrementándose”.
Recordó que sólo esta semana “se presentaron actos de terrorismo en Guadalajara, Zitácuaro, Irapuato, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana y Ensenada”. “Con los abrazos del Gobierno la gente vive con miedo, y el crimen organizado avanza y se expande”, añadió.
La estrategia de “abrazos, no balazos” resultó un rotundo fracaso. Hoy vivimos la peor inseguridad, más violencia, homicidios y feminicidios que nunca.
URGE corregir el rumbo, para que todas y todos los mexicanos podamos vivir y trabajar en paz. pic.twitter.com/OGLzqtyM73
Marko Cortés consideró que “el país entero se le está incendiando al Presidente Andrés Manuel López Obrador”. Y dijo que “la incapacidad de gobernar ya duele a los mexicanos. Tristemente, México se está convirtiendo en uno de los países más violentos del mundo”.
Por ello, destacó que es urgente corregir el rumbo, pues señaló que la estrategia “resultó un rotundo fracaso”. “Hoy vivimos la peor inseguridad, más violencia, homicidios y feminicidios que nunca”.
Además, el dirigente del PAN manifestó que la Guardia Nacional, creada a inicios de la administración de López Obrador, podía estar conformada por militares de manera temporal, pero esto no funcionó.
En ese sentido, recriminó que ahora el Gobierno está asignando tareas que no le corresponden a las Fuerzas Armadas, sobreexponiéndolas a la administración y manejo de recursos públicos, poniendo en riesgo que se generen “complicidades y corrupción”.
El Presidente López Obrador aspira a que la labor de los militares en materia de seguridad sea permanente. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro
La violencia actual, reprochó, es consecuencia de que en este Gobierno se desmanteló la Policía Federal, y se les quitó los recursos a las policías estatales y municipales, “por ello ahora estamos pagando las consecuencias”.
De acuerdo con Marko Cortés, México lo que requiere es asignar recursos para la seguridad pública, pero con policías civiles, bien capacitados, pagados, organizados y equipados, no a través de soldados y marinos que son para defender la soberanía nacional, y sólo actuar de manera temporal y en situaciones de excepción respaldando a las fuerzas civiles.
“Urge que a la gente buena se le abrace y se le proteja frente a la violencia, el secuestro, la extorsión y al terrorismo, y que a los criminales, con apego a la Ley, se les combata y se les detenga. Eso es lo que queremos en Acción Nacional, que todos los mexicanos podamos vivir y trabajar en paz”, concluyó.
El pasado 8 de agosto, el Presidente López Obrador anunció un decreto para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El país se le incendia a @lopezobrador_, los “abrazos” han aumentado la violencia y el crimen organizado sigue avanzando, la gente tiene miedo de salir a las calles y la incapacidad del gobierno está convirtiendo a México en un país sin leyes ni justicia.pic.twitter.com/0hwHgMlL0G
“Ya por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa a la Secretaría de la Defensa, ya la cuestión operativa está a cargo, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Sedena y esperamos además el resultado de la reforma, pero ya quiero que sea la Sedena la que se haga cargo”, dijo en su conferencia de prensa diaria.
La Guardia Nacional de México nació con la aspiración de ser una fuerza civil, bien entrenada e incorruptible, que pacificara al país y desbancara a los militares en las labores de seguridad pública. Ocurrió al revés.
El Presidente de México aspira a que la labor de los militares en esta área sea permanente. Y pretende hacerlo, aunque no tenga el apoyo del Congreso, pero la idea ya ha hecho saltar todas las alarmas y no sólo por cuestiones legales, también porque ni la Guardia Nacional, ni los militares han logrado bajar los niveles de violencia en el país.
Además, organizaciones civiles han criticado que la institución pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana, pues ello significaría la militarización de la seguridad pública, algo que constituye un riesgo para los derechos humanos.
Y en la sección de los ¡DECRETAZOS!
AMLO ya dijo que en los próximos días expedirá un acuerdo para que la Guardia Nacional pase por completo a la Sedena pic.twitter.com/Jfp4FcPfh1
El Gobierno federal recortará provisionalmente al total del volumen de agua concesionado a empresas para priorizarlo a su uso doméstico y de uso público; la Sedena activará el Plan DN-III para también abastecer de agua a los municipios afectados.
Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- El decreto presidencial firmado esta mañana que establece el plan de accióninmediata para atender el desabasto de agua en el estado de Nuevo León fue publicado durante la tarde de este viernes en el Diario Oficialde la Federación (DOF).
El documento firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina de este viernes entrará en vigor a partir de este sábado 30 de julio, momento en que las autoridades involucradas deberán de iniciar las acciones correspondientes para su cumplimiento.
El decreto señala en su segundo artículo que, debido al carácter de interés público y de asunto de seguridad nacional, “se ordena aprovechar temporalmente los derechos de agua existentes, mediante la modificación o reducción provisional de volúmenes concesionados” destinados a fines distintos a los domésticos o urbano. Esta situación deberá de ser coordinada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Suelo agrietado en presa La Boca, Nuevo León. Foto: Fernando Llano, AP.
Conforme persista la emergencia de escasez, los volúmenes de agua extraídos deberán de ser entregados directamente desde el punto de extracción hasta la red de distribución, los cuales también deberán de contabilizarse con aparatos de medición cuya instalación corresponde al organismo operador de Nuevo León.
Dicho organismo, a su vez, debería de cubrir los pagos de derechos de uso público urbano con respecto a los volúmenes de agua aprovechados, liberando así temporalmente a las empresas de cumplir con dicha cuota.
Una vez que la emergencia de disponibilidad de agua en Nuevo León cese, los propios concesionarios podrán disponer nuevamente del total del volumen de agua concesionado y así mismo, “serán responsables del cumplimiento de las obligaciones inherentes a los mismos”.
Germán Martínez, Director general de la #Conagua Reforzaran en cinco puntos:
Por el otro lado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Conagua, se activará el Plan DN-III con el fin de complementar los esfuerzos para mitigar la emergencia en el estado. Dicha ayuda será a través de la distribución de agua en los municipios afectados con el uso de carrotanques.
Asimismo, el Gobierno federal financiará y construirá las obras hidráulicas “Presa la Libertad” —la cual está actualmente en cosntrucción— y “Acueducto Cuchillo II”, cuyas labores de construcción iniciarán el próximo mes de septiembre de este año, los cuales servirán para “el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana de Monterrey”.
El Presidente presentó y firmó el decreto del reforzamiento de las acciones del Gobierno federal en el Estado de Nuevo León para garantizar el abasto de agua. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó la mañana de este viernes de la firma de un decreto para formalizar apoyos para el combate de la escasez de agua que actualmente azota a Nuevo León.
“Las soluciones que nosotros estamos proponiendo y se van a llevar a cabo con el apoyo del Gobierno del estado y con el apoyo de los gobiernos municipales, nos van a permitir seguir trabajando hacia adelante, pero vamos a poder garantizar agua ocho o 10 años hacia adelante, y ya vienen otras autoridades para que se continúe invirtiendo y se amplíe el plazo”, dijo López Obrador.
Marko Cortés Mendoza acusó que el Presidente de México pretende “tapar la corrupción” por medio del nuevo decreto presidencial que emitió este lunes con respecto a la información relacionada a megaproyectos como el Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– El Partido Acción Nacional (PAN) empleará todos los recursos legales posibles en contra del decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el cual establece que la información sobre los proyectos de infraestructura de la administración federal es declarada como asunto de seguridad nacional, informó el dirigente nacional Marko Cortés Mendoza.
Asimismo, el presidente nacional del PAN acusó que hay una red de corrupción de trasiego de hidrocarburos de manera ilegal en Tamaulipas, vinculado con empresarios que están financiando y prestándoles vehículos a políticos como el Diputado Erasmo González Robledo, del partido Morena, por lo que exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una investigación.
“Hay diputados federales, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la Cámara de Diputados, Diputado de Morena con un vehículo, asignado, prestado por un empresario vinculado a este tráfico ilegal de hidrocarburos, Alcalde de Morena en el estado de Tamaulipas”, denunció.
Por medio de un comunicado, el partido de oposición aseguró que el Gobierno federal pretende “tapar la corrupción” de megaproyectos como el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” por medio del decreto presidencial que se publicó este lunes, por lo que mostró su apoyo hacia organismos y particulares que lo impugnen.
Le pedimos al presidente @lopezobrador_ que sus hechos hablen más que sus palabras, porque fue a decir a Washington lo que no quiere hacer en México.pic.twitter.com/DAu1SuUKgr
“Lo que está haciendo con este decreto es generar puras adjudicaciones directas, discrecionales y evitar que la información pueda ser consultada”, puntualizó Cortés Mendoza, a la vez que dijo a la administración actual que “el que nada debe, nada teme”.
El abanderado del blanquiazul declaró que la decisión del Ejecutivo federal es “preocupante”, inconstitucional y “peligrosa” porque atenta contra la libre competencia, el libre mercado, la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional, ya que se trata de recursos públicos que deben estar al escrutinio de los ciudadanos. A su vez, declaró que el decreto busca evitar las licitaciones públicas para los contratos de proyectos de infraestructura y darlos directamente a quien el Gobierno decida.
Sin embargo, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en contra del nuevo decreto presidencial.
“El decreto del Presidente López Obrador de los proyectos de infraestructura es para tapar la corrupción de su Gobierno, es para que no la podamos conocer y por ello es que la vamos a combatir, y estamos seguros que en la Corte nos darán la razón, les darán la razón a los mexicanos y se desechará este decreto que es tapadera de los actos de corrupción de todos los cercanos del Presidente”, sostuvo.
El “Tren Maya”, uno de los megaproyectos prioritarios del Gobierno federal, contará con mil 475 kilómetros de extensión y atravesará cinco entidades del sureste de México. Foto: Cuauhtémoc Moreno, EFE.
DECRETO PRESIDENCIAL BLINDA MEGAPROYECTOS
El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este lunes por la tarde de interés público y seguridad nacional “la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura”, incluidos el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y otros.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF), edición vespertina, el acuerdo indica que los proyectos incluidos son “de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Además, el acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Tras darse a conocer el acuerdo, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, entre las que destacan la del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío, y la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Valeria Moy.
Al cierre de 2020 se reportó que del total de personas privadas de la libertad, 6 mil 889 pertenecían a algún pueblo indígena y la gran mayoría estaba presa por delitos que no cometieron, por lo que organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas piden que el decreto presidencial para liberar a reos aplique de manera directa para los indígenas.
–Con información de Obed Rosas
Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– Chiapas es el estado con el mayor número de personas (198) que salieron libres gracias a un decreto presidencial que prevé liberar a reos torturados, sin condena, adultos mayores de 70 años, adultos mayores de 65 con enfermedades crónicas, pero también a indígenas sin una defensa adecuadaque cumplan con los supuestos establecidos, una petición que organizaciones como Asilegal y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas llevan haciendo desde hace años, y en la que ahora demandan que no se reduzca a las causales previstas por el Gobierno.
“Hace unos meses el estado de Chiapas dio a conocer que había liberado a algunos reos, pero de la gente que le hemos dado seguimiento no hemos tenido respuesta, ahora con este anuncio pedimos al Gobierno que como una medida de reparación frente a esas graves violaciones que el Estado mexicano ha cometido con los presos indígenas, los tome en cuenta para que sean de los primeros en ser beneficiados”, dijo en entrevista Rubén Moreno del Centro Frayba.
Será un acto de justicia en favor de personas en prisión con enfermedad degenerativa, adultos mayores de 70 años, víctimas de tortura con Protocolo de Estambul, indígenas sin defensa adecuada y personas con dos años o más en prisión preventiva o sin sentencia. 2/2 pic.twitter.com/jHjErVOkg0
El Gobierno mexicano ubicó 4 mil 233 expedientes de reos torturados, sin condena, adultos mayores o con enfermedades crónicas que pueden beneficiarse del decreto del 25 de agosto para su liberación, según informó el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien esta semana anunció la liberación de 681 personas.
“Confiamos en que serán resueltos gradualmente para que las personas puedan obtener su libertad, lo que vamos a anunciar el día de hoy es sólo el principio de un proceso cuyos avances estaremos viendo cada mes”, dijo el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) el pasado martes en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador donde también señaló que serán liberados los indígenas sin una defensa adecuada, pero siempre y cuando cumplan con los supuestos establecidos.
El decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ordena un comité para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas y presos con 10 años sin sentencia y torturados. Es decir, no incluye de manera directa a los indígenas presos.
Donde sí se incluyen es en la Ley de Amnistía, aprobada en 2020 y que aplica a los indígenas que hayan sido procesados sin un traductor.
El Presidente acompañado de Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, durante el anuncio de la liberación de presos. Foto: Cuartoscuro.
“El decreto no contempla a las personas indígenas que se encuentran privadas de la libertad, el que sí lo contempla es la Ley de Amnistía. Hoy por hoy este decreto se centra en personas torturadas, en prisión preventiva, que tengan más de 70 años y estén por delitos menores y personas que tengan una enfermedad crónico degenerativa”, mencionó José Luis Gutiérrez, director de Asilegal.
Al cierre de 2020 se reportó que del total de personas privadas de la libertad, 6 mil 889 (3.3 por ciento) pertenecían a algún pueblo indígena, de los cuales el pueblo Náhuatl concentró el 16.8 por ciento, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario en los ámbitos estatal y federal publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el estado de Chiapas, donde hay 19 centros penitenciarios, se encuentran privadas de libertad 4 mil 192 personas, de las cuales 284 son indígenas (6.77 por ciento). La mayoría son tseltales (128), seguidos por choles (97), tsotsiles (45), zoques (6), tojolabales (6), zapotecos (1) y mayas (1), de acuerdo con el informe “El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de la libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca” publicado en 2017 por la organización Asilegal.
Al cierre de 2020 se reportó que del total de personas privadas de la libertad, 6 mil 889 pertenecían a algún pueblo indígena. Foto: Cuartoscuro.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, por su parte, tiene documentados al menos 20 casos de personas presas en donde se ha denunciado tortura, todas pertenecientes a un pueblo indígena.
“Los patrones de impunidad que hemos podido identificar en el marco del sistema penal acusatorio se deriva a partir de detenciones arbitrarias por faltas administrativas o bien, simulación de iniciar una investigación penal, lo que permite mantener a la persona detenida por 48 horas bajo custodia del Ministerio Público, dentro de las cuales se tortura como castigo, intimidación, para para obtener una declaración autoinculpatoria y/o otras pruebas ilícitas con las que posteriormente el Ministerio Público solicita orden de aprehensión al Juez de Control y por medio de esta orden, en la audiencia inicial, saltarse el debate sobre la legalidad o no de la detención”, explicó Rubén Moreno del Centro Frayba.
La organización destaca varias características que las autoridades cometen en contra de los indígenas, entre ellas están la falta de traductor desde la detención, la tortura para obligarlos a culparse por un delito que no han cometido, la falta de una defensa y la discriminación que se vive al interior de las cárceles.
“Por ejemplo, hay un grupo de presos que estamos acompañando en Comitán y San Cristobal de las Casas que tuvieron que presentar un amparo para que pudieran ser atendidos dentro de la cárcel porque tenían síntomas de COVID”, denunció Rubén Moreno.
El Centro Frayba destaca varias características que las autoridades cometen en contra de los indígenas, entre ellas están la falta de traductor desde la detención
Por estas razones, el Centro de Derechos Humanos Fray plantea que el beneficio de excarcelación no sólo aplique en la Ley de Amnistía, también en el decreto presidencial.
Pero la organización Asilegal va más allá y plantea una aplicación adecuada de la Ley General de Ejecución Penal para despresurizar las cárceles del país y beneficiar no sólo a indígenas, también a todos los presos que se encuentran purgando una condena de manera injusta.
“Lo que se tiene que hacer es un uso adecuado de la implementación de la Ley General de Ejecución Penal, tener más jueces de ejecución penal que estén capacitados y que éstos sepan que son garantes de los derechos de las personas privadas de su libertad”, señaló. “Estas acciones las tendría que estar haciendo el Poder Judicial, pero está muy pasivo y por eso el decreto del Presidente”.
INDÍGENAS PRESOS EN CHIAPAS
Uno de los casos que ejemplifica los abusos a derechos humanos en el sistema de procuración de justicia en Chiapas, es el de Carlos Antonio López Robles, detenido en octubre de 2019 y preso desde entonces en Centro Estatal de Reinserción Social (CERSS) número 14 “El Amate” luego de haber sido torturado y confesar un delito que, señala, no cometió.
En una carta dirigida al Presidente López Obrador, y difundida por el Centro Fray Bartolomé de las Casas, López Robles denunció el pasado 11 de febrero su situación. Expuso que fue detenido por agentes judiciales de la Fiscalía, quienes irrumpieron en su domicilio ubicado en la Colonia las granjas, en Tuxtla Gutiérrez, para sacarlo a golpes junto con su esposa, Julia.
“El día 29 de octubre del 2019 fuimos envueltos con vendas en la cara, en el cuerpo y envueltos en los codos para inmovilizarnos y torturarnos, con golpes, con agua y con toques eléctricos, con bolsas en la cara hasta dejarnos inconscientes y después colgarnos de pies y manos hasta dejarnos inconscientes hasta levantarme con el chorro de agua, con bomba de agua y franelas en el rostro”, acusó en el documento.
Carlos Antonio López Robles, es sobreviviente de tortura. Ha acudido a la CIDH solicitando medidas cautelares debido a las secuelas y la falta de atención adecuada a su salud que pone en riesgo su vida al interior de la cárcel. pic.twitter.com/ME4DhlKGfN
— Frayba Derechos Humanos (@CdhFrayba) June 24, 2021
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó que ese día aproximadamente las 18:00 horas, 40 policías vestidos de civil, armados y encapuchados, allanaron la casa del familiar en la que se encontraba Julia y Carlos Antonio quien desde el primer momento fue torturado.
Carlos Antonio López Robles explicó en la misiva que los elementos del estado lo interrogaron bajo tortura a él y a su esposa respecto a drogas y unos robos. “Sr. Presidente de la República a raíz de la tortura mi estómago estuvo apunto de estallar y estuve a punto de morirme. Fui trasladado al Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez Chiapas donde fui operado inmediatamente postoperado de laparotomía exploradora por traumatismo cerrado de abdomen”, expuso.
En cuanto a su esposa, relató que la dejaron en libertad, pero con amenazas de que si demandaba o lo apoyaba la iban a “levantarla de nuevo”. López Robles denunció que por meses la persiguieron y amenazaron hasta que interpuso un amparo “por miedo a la fiscalía y sus amenazas”.
“Lo que le pido me ayuda para poder obtener mi libertad inmediatamente toda vez que soy inocente el delito que se me acusa no me parece que se me violan mis derechos constitucionales y humanos te suplico la investigación por parte de la Fiscalía General de la República y que se me haga justicia por el delito de tortura de mi persona y de mi esposa la atención médica e inmediata y medicamentos que necesite protección a mi persona la de mi esposa y salud e integridad física y psicológica”, pidió en la carta al Presidente.
“Julia y Carlos Antonio, representan el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos cometidas en el estado de Chiapas frente a la ineficacia de la Fiscalía para investigar de manera sería y diligente las denuncias de hechos de Tortura”, acusó el Frayba que debido a las omisiones en el caso solicitó en marzo pasado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República valorar la atracción del caso para la investigación de la Tortura.
Otro caso que demuestra “ el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos cometidas en el estado de Chiapas” es el de Adrián Gómez Jiménez, quien el pasado 7 de septiembre obtuvo su libertad absoluta luego de haber pasado 17 años, 8 meses y 4 días privado de su libertad, pagando por un delito que no cometió en el Centro de Readaptación Social No. 5 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
#DDHH#Chiapas#FábricaDeCulpables#StopTortura
Adrián es ejemplo de persistencia por la vida; sobreviviente de la tortura, de la fábrica de culpables y de la gran impunidad con la que las fiscalías mexicanas han llenado los centros de reclusión de personas inocentes. pic.twitter.com/WeNHvnkAyN
Gómez Jiménez llevó un proceso de 14 años, denunciando graves violaciones a sus derechos humanos así como las irregularidades en su caso, el cual fue apoyado el Frayba, el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha y el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs que expusieron que en esta misma situación se encuentran Marcelino Ruiz Gómez, sobreviviente de tortura, que lleva 19 años pagando injustamente por un delito que no cometió.
Marcelino Ruíz Gómez es otro de los casos documentados por el Centro Frayba en Chiapas. Él pertenece al pueblo indígena Maya Tsotsil. Lo detuvieron el 5 de febrero del 2002 y lo sentenciaron a 25 años y 8 años de prisión por diversos delitos. Lleva compurgando 19 años y le falta 14 años con 11 meses por cumplir la sentencia.
Fue privado de su libertad en la colonia la Hormiga en San Cristóbal de Las Casas Chiapas. Durante su detención fue esposado y vendado de sus ojos con el objetivo que no viera a donde lo trasladaban. En el lugar donde permaneció detenido fue torturado física y psicológicamente durante tres días. Por ejemplo, le rociaron la nariz con tehuacán con chile y fue obligado a firmar para autoinculparse. En el expediente penal 41/2002, por el delito de homicidio calificado ya se encuentra sentenciado.
Yonny Ronay Chacón González, de 21 años de edad, es otro de los indígenas que se encuentran presos de manera injusta, según el Centro Frayba. Originario del municipio de Cintalapa, Chiapas, fue privado arbitrariamente de la libertad el día 13 de marzo de 2019 en un retén policíaco ubicado a la altura de La Pochota en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Durante su traslado y puesta a disposición en la Fiscalía, fue sometido a actos de tortura por elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía de Alto Impacto bajo la conducción del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con el propósito de autoinculparlo por delitos que no cometió.
El día 14 de marzo del 2019, Yonny Ronay junto con otras personas fueron exhibidas públicamente en las redes sociales con armas de grueso calibre y en periódicos de circulación del estado de Chiapas. La Fiscalía las dio a conocer como integrantes de una banda delincuencial, pero él lo niega.
Chacón González es un estudiante de ingeniería automotriz en el Centro Tecnológico de Especialidades Automotrices, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Actualmente se encuentra privado arbitrariamente de su libertad en el Centro penitenciario de Villaflores, con la Causa penal: 49/2019 (homicidio calificado) y 78/2019 (violencia con robo agravado).
“Con el Acuerdo emitido por el titular del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no se les otorga facultades extraordinarias, sino se les regula y delimita plenamente su actuación”, mencionó Ricardo Monreal.
Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, afirmó esta tarde que la determinación del Gobierno federal de disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad pública no les proporciona atribuciones extraordinarias, sino que, más bien, su intervención será delimitada y regulada.
“Con el Acuerdo emitido por el titular del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no se les otorga facultades extraordinarias, sino se les regula y delimita plenamente su actuación”, mencionó.
En ese sentido, Monreal Ávila explicó que dicho decreto tiene por propósito disponer del Ejército y la Marina durante cinco años, pero de manera regulada, subordinada y complementaria, tal cual lo indica la Constitución.
Y dejó en claro que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es y será la responsable de diseñar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, políticas y acciones en ese tema.
#EnVivo Es importante aclarar la función y las tareas de seguridad pública que realizarán las Fuerzas Armadas durante el proceso de formación y consolidación de la Guardia Nacional. https://t.co/HXlg4QpMix
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 12, 2020
Por otra parte, el legislador detalló que, con relación a la fiscalización y subordinación de las Fuerzas Armadas, este proceso no se llevaba a cabo, pues el uso de las mismas se realizaba sin una orden previa.
Luego del decreto presidencial, el pasado 11 de mayo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoció que requiere de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la ola de violencia e inseguridad que vive el país, ya que la Guardia Nacional (GN) se encuentra aún en proceso de consolidación.
Mediante un comunicado, la dependencia de seguridad federal recordó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se determinó que el Ejército y la Marina podrán intervenir en asuntos de seguridad pública hasta el año 2024. Tal acuerdo se encuentra asentado en el artículo quinto transitorio.
“El artículo quinto transitorio establece que, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente sólo en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, se lee en el documento.
De acuerdo con el documento publicado esa misma mañana, el actuar de las Fuerzas Armadas será regido por el respeto a los Derechos Humanos, en términos del artículo primero de la Constitución y de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia.
La Guardia Nacional nació en esta administración como una corporación para hacerle frente a los altos nieles de inseguridad que actualmente prevalecen en territorio nacional desde al menos 12 años atrás. El domingo 19 de abril de 2020 registró 105 homicidios dolosos y se convirtió así en el día más violento en lo que va del año.
Hasta el pasado 15 de abril, habían más de 79 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados a lo largo de todo el territorio nacional. Las autoridades prevén que esta cifra llegue a los 100 mil elementos entre 2020 y 2021.
Sus predecesores en la Presidencia, Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), ya usaron a los militares para combatir el crimen en la llamada guerra contra el narcotráfico, pero nunca llegaron a formalizarlo por ley.
Siendo líder opositor, López Obrador criticaba la “militarización” del país y pedía el retorno del Ejército a los cuarteles.
México, 14 may (EFE).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este jueves el reciente decreto con el que se formalizó la participación de las FuerzasArmadas en tareas de seguridadpública hasta 2024, una decisión muy criticada por defensores de los derechos humanos.
“No quiero, lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional quede como la Policía Federal preventiva, sería un rotundo fracaso. Por eso aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo en que nos deben ayudar las FuerzasArmadas en tareas de seguridadpública, estoy convencido de que es necesario, y como no tengo problema de conciencia por eso puedo plantearlo; todos los días estoy pendiente de que no haya abusos, de que no haya masacres, de que no haya violación a los derechos humanos. Estoy pendiente y además estoy viendo cómo se están adaptando estas dos instituciones a las nuevas circunstancias y nos están ayudando”, expresó durante su encuentro con la prensa en PalacioNacional.
El Almirante Rafael Ojeda, Secretario de Marina. Foto: Captura de video
López Obradordefendió que el Ejército y la Marina son “pilares” para el Estado y opinó que “se estaba desaprovechando la utilización de estas instituciones” atender la crisis de la inseguridad y de la violencia, que dejó 35 mil asesinatos en 2019, la mayor cifra registrada.
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“¿Por qué teniendo ahí el Ejército y la Marina no se utilizaba para darle protección al pueblo?”, expresó el mandatario, quien subrayó que México es “un país en paz” y por lo tanto no requiere de militares para declarar la guerra a otra nación.
Los soldados patrullan un vecindario en Irapuato, estado de Guanajuato, Foto: Rebecca Blackwell, archivo, AP
El pasado lunes, el Presidente emitió un polémico decreto en el que formaliza la Participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024 como apoyo a la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo policial creado el año pasado.
Cuestionado este jueves por el decreto, López Obrador dijo que es un trámite requerido en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional con el apoyo unánime de todos los partidos.
“Esto que se hizo ahora de autorizar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública se aprobó hace seis meses en el Congreso, fue una reforma constitucional que estableció que había que emitir un decreto, es realmente un trámite”, aseguró.
Por eso, dijo que quienes critican ahora el decreto actúan “de mala fe”, pero aseguró que los mexicanos no se dejarán engañar porque “la gente es muy avispada, informada, consciente y no cree en calumnias”.
Siendo líder opositor, López Obrador criticaba la “militarización” del país y pedía el retorno del Ejército a los cuarteles. Foto Moisés Pablo, Cuartoscuro
Organizaciones civiles han criticado duramente lo que consideran la “militarización” del país y consideran que las Fuerzas Armadas, acusadas de muchos casos de violaciones a los derechos humanos, no deben patrullar en las calles.
López Obrador, del partido izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recordó las Fuerzas Armadas dependen del Presidente y prometió que no dará ninguna orden de que “el Ejército y la Marina repriman al pueblo”.
“Tanto en la Secretaría de la Defensa como en la de la Marina hay una transformación y un proceso hacia el respeto a los Derechos Humanos. Se está trabajando mucho en ese sentido”, expresó.
Sus predecesores en la Presidencia, Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), ya usaron a los militares para combatir el crimen en la llamada guerra contra el narcotráfico, pero nunca llegaron a formalizarlo por ley.
La ONU-DH pidió que quede claro el actuar de las Fuerzas Armadas. Foto: Cuartoscuro.
Siendo líder opositor, López Obrador criticaba la “militarización” del país y pedía el retorno del Ejército a los cuarteles.
En el Decreto publicado este día en el Diario Oficial de la Federación, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones, implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran, con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad.
Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador expidió el Decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia.
En el Decreto publicado este día en el Diario Oficial de la Federación, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones, implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran, con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad.
También se ordena la conformación de una Comisión que deberá ser integrada, al menos, por los familiares de los estudiantes desaparecidos o quien ellos designen que los represente; un representante de las secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público, así como por los expertos profesionales y técnicos que se requieran y que sean contratados con los recursos con los que se provea a la Comisión.
“El propósito es conformar un equipo de trabajo autónomo interdisciplinario, que otorgue la asistencia que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa requieran ante la autoridad competente, a fin de hacer valer con efectividad el derecho humano que las víctimas u ofendidos tienen consagrado, así como a un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad”, indica el documento.
El decreto indica que la Secretaría de Gobernación, por conducto del Subsecretario de Derechos Humanos, implementará los mecanismos necesarios, para procurar que las investigaciones se realicen sin sesgos, con independencia, imparcialidad y en estricto apego a la legalidad, hasta el debido esclarecimiento de la verdad.
Además, la SHCP celebrará los acuerdos con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y/o expertos profesionales y técnicos que se requieran, a fin de precisar los términos en que serán destinados los recursos correspondientes
Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que cuenten con información o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, en búsqueda de la verdad, facilitarla a la Comisión, para que ésta a su vez la haga llegar a la autoridad competente, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
El documento señala que la Secretaría de Gobernación, por conducto del Subsecretario de Derechos Humanos, en coordinación con los familiares o sus representantes, diseñarán los lineamientos para la implementación de medidas de protección o de colaboración eficaz, para aquellas personas que apoyen en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de su competencia, deberá celebrar los convenios o acuerdos que permitan la asistencia y cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con cualquier otro organismo, autoridad o experto internacional que pueda coadyuvar en el esclarecimiento del caso.
“La Secretaría de Gobernación habrá de celebrar todos los convenios que sean necesarios con las entidades federativas, a fin de que éstas colaboren, dentro del ámbito de sus competencias, para el cumplimiento del presente Decreto”.
El Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un plazo no mayor a treinta días hábiles deberá instalarse la Comisión debiendo emitir los lineamientos de operación en la siguiente sesión posterior a su instalación.
El día de ayer, Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó, frente a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa –que previamente arribaron a Palacio Nacional–, su primer Decreto Presidencial, para crear la Comisión de la Verdad. Ofreció justicia, y llegar a la verdad; dar todas las facilidades y que “la autoridad competente, que sería la Fiscalía General, constituya esta comisión”
En el 2017, el Gobierno federal destinó 585 mil millones de pesos a contrataciones y de acuerdo con la Cofece, la mayor competencia habría maximizado dichos recursos y se habría traducido en servicios e infraestructura de mejor calidad.
Otra de las propuestas que sostiene la agenda de la Cofece es la creación de un mercado virtual para las compras pequeñas, lo cual incentivaría la participación de las pequeñas empresas. Foto: Twitter / @cofecemx
Por Laura Quintero
Ciudad de México, 18 de julio (EconomíaHoy/SinEmbargo).- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) propone la emisión de un decreto Presidencial para participar en licitaciones relevantes, es decir, las que son mayores a mil millones de pesos, lo cual implicaría cerca de 30 licitaciones al año, así lo indicó Alejandra Palacios Prieto, titular de la dependencia.
“No queremos participar en todas las licitaciones, sólo en las relevantes, esto significa que se hará una investigación de mercado transparente que a su vez promoverá la competencia y eficiantará los recursos del Gobierno”, afirmó la funcionaria durante la presentación de la “Agenda de competencia para un ejercicio íntegro de las contrataciones públicas”.
En el 2017, el Gobierno federal destinó 585 mil millones de pesos a contrataciones y de acuerdo con la Cofece, la mayor competencia habría maximizado dichos recursos y se habría traducido en servicios e infraestructura de mejor calidad.
Palacios Prieto destacó que la colusión entre los proveedores del Gobierno puede ocurrir desde las investigaciones de mercado cuando éstos se ponen de acuerdo para manipular cotizaciones y precios de referencia. “No es fácil comprar, se necesita capacitar a los servidores públicos”, destacó.
De acuerdo con la Comisión, el mal diseño de las licitaciones es la causa más importante de falta de competencia, esto, a través del establecimiento de requisitos para favorecer a un participante, condiciones innecesarias que limitan a otros o simplemente no se determinan formas de evaluación y adjudicación objetivas y transparentes.
La funcionaria comentó que esta agenda la presentará al actual Secretario de Hacienda, pero también al equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo, con quien dijo que buscará reunirse pronto.
PROPONEN CREACIÓN DE MERCADO VIRTUAL
Otra de las propuestas que sostiene la agenda de la Cofece es la creación de un mercado virtual para las compras pequeñas, lo cual incentivaría la participación de las pequeñas empresas.
La agenda de la Cofece contempla seis acciones que no necesitan reformas legislativas, se pueden llevar a cabo mediante decretos presidenciales o por instrucciones de las secretarías de la Función Pública o Hacienda y otras siete acciones que sí implicarían modificaciones legislativas.
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