El titular de la Secretaría de Gobernación se negó a comprometerse, por medio de un documento firmado, a brindar una audiencia formal a las manifestantes, quienes solicitaron un diálogo para tratar la violencia contra las mujeres y casos de personas desaparecidas.
Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se dirigió a colectivos de mujeres a las afueras de la dependencia para hablar al respecto de las inconformidades con las autoridades respecto a acciones para atender la violencia contra las mujeres, así como casos de personas desaparecidas.
Sobre la Calle Abraham González, agrupaciones como la Colectiva Feminista Ehécatl y de la Organización Pobladores de San Sebastián Nopalera, municipio de Santa Lucía Monteverde Oaxaca se reunieron para intentar vocear sus preocupaciones con el servidor público.
El funcionario atendió a las demandas de las manifestantes, quienes solicitaron una audiencia formal y que se comprometiera con la firma de un documento de que las atenderá, aunque el Secretario se negó al decirles que en ese momento ya las estaba atendiendo.
“Vamos a atenderlos a todos, yo no soy Ministerio Público o el Fiscal [General de la República], pero todo tiene un proceso y se va a resolver; son diferentes asuntos, pero se les va a encontrar solución. Esto no es un conflicto, pues es la tarea de Gobernación”, prometió el Secretario.
Colectivos de madres de desaparecidos protestan afuera de SEGOB, y ante la exigencia de las protestantes se le sale decir a @adan_augusto que tampoco confía en ellas. pic.twitter.com/Yn5jLqphE1
“Le solicitamos de verdad que nos reciba”, dijo una de las mujeres protestantes, a lo cual López Hernández le respondió que sí estaba platicando con ellas.
“Pero queremos un documento firmado y sellado, no nada más palabras”, remarcó otra de ellas.
“Lo voy a ver señora, ¿usted confía en mí?”, cuestionó el titular de la dependencia.
“La verdad yo no confío en nadie”, reprochó. “Bueno, yo tampoco confío en usted”, concluyó el servidor público.
“Le voy a decir que yo soy una madre de una desaparecida y por eso mismo no confío en las autoridades, yo necesito papel con firma y sello”, reviró la activista.
Una joven cuyo nombre se desconoce aprovechó para tomarse una fotografía con el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, junto con una cartulina que decía “Oaxaca lo tiene todo”; sin embargo, al momento de posar, cambió este cartel por uno que denunciaba la cantidad de feminicidios que han ocurrido en el estado.
Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- Una feminista engañó al Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, con tomarse una fotografía acompañada con la cartulina colorida que después cambió por una que denunciaba los feminicidios que ocurren en el estado.
El momento fue viralizado en redes sociales, donde se muestra cómo la joven, durante el convite de la Guelaguetza, se acercó con el Gobernador priísta para pedirle una foto, hecho al que Murat accedió; sin embargo, al momento de posar para la fotografía, la chica volteó su colorida cartulina para mostrar uno que denuncia que han ocurrido 666 feminicidios en el estado de Oaxaca.
Ante esto, uno de los escoltas del Gobernador intentó arrebatarle el cartel a la joven, fallando en el proceso; por el otro lado, Alejandro Murat al percatarse del contenido de la cartulina, se despegó de ella y siguió su camino mostrando una cara molesta con lo ocurrido.
Mujeres chingonas exponiendo al gobernador de Oaxaca Alejandro Murat 🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽 pic.twitter.com/eFs83V79HR
Una vez ocurrido el suceso, varias mujeres presentes aplaudieron el acto, gritándole ánimos como “¡Eso!”, mientras alrededor continuaba el desarrollo de la máxima fiesta oaxaqueña.
Este mismo fin de semana, una manta de 25 metros de longitud fue desplegada en el atrio del emblemático templo de Santo Domingo de Guzmán que llevaba la leyenda “Oaxaca feminicida” en protesta por dicho crimen ocurrido en el estado.
Durante ese mismo momento, feministas del colectivo “Oaxaperras”, realizaron un performance donde cambiaron la letra del tema “Mujer Oaxaqueña” para darle un nuevo sentido de denuncia ante los continuos feminicidos que acontecen en el estado.
Asimismo, la sublevación por las feministas oaxaqueñas fue en solidaridad con la saxofonista Marí Elena Ríos quien el lunes pasado fue agredida por policías luego de que ella también desplegara una manta con la misma leyenda de “Oaxaca feminicida” en el Auditorio Guelaguetza.
En un video compartido por Ríos se mostró como elementos de seguridad del evento quitaron una manta con el mensaje de “Oaxaca Feminicida” que portaban algunas manifestantes, mientras otras personas gritaban “que lo dejen, que lo dejen [la manta]”.
“Toda esta policía me está reprimiendo por parte del Gobernador [Alejandro Ismael Murat Hinojosa], porque el Gobernador no quiere que el Estado y los extranjeros sepan que él también es cómplice de mi agresor”, dijo la saxofonista mientras la policía la retiraba del lugar.
Pese a que hasta el año pasado en México se habían emitido 25 AVGM en 22 entidades, de las cuales tres, Veracruz, Guerrero y Estado de México, cuentan con doble alerta, los crímenes contra mujeres por razón de género no cesan, ya que en 14 entidades federativas el número de feminicidios creció durante 2021 en comparación con el año en que se decretó, situación que, de acuerdo con especialistas, se debe a la inacción de las autoridades correspondientes y a la falta de investigaciones con perspectiva de género.
– Con información de Romina Gándara
Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- Pese a que en el país hay 22 estados que cuentan con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en al menos 14 entidades los feminicidios han seguido al alza desde el momento en que se decretó la alerta, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Activistas y especialistas en violencia género consideraron que la inacción y no realizar las investigaciones con perspectiva de género es lo que provoca que persistan estos delitos en contra de las mujeres.
Hasta el año pasado en México se habían emitido 25 alertas en 22 entidades, de las cuales tres, Veracruz, Guerrero y Estado de México, cuentan con doble AVGM. En los dos primeros estados fue por Violencia Feminicida y por Agravio Comparado, mientras que en el territorio mexiquense la segunda se decretó por el alto índice de desaparición de mujeres.
Actualmente están en proceso las solicitudes de Alertas de Violencia de Género para la Ciudad de México y otra por violencia feminicida para Veracruz, por lo que, de decretarse, esta entidad acumularía tres AVGM.
En 14 entidades federativas el número de feminicidios creció durante 2021 en comparación con el año en que se decretó. Estos estados son: Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.
Familiares de víctimas y ciudadanía se manifestaron en mayo pasado en las calles del centro de la ciudad de Puebla, exigiendo justicia y alto a la ola de feminicidios. Foto: Hilda Ríos, Cuartoscuro.
La violencia de género ha sido una de los principales retos de los estados. Crímenes como los de Luz Raquel Padilla, Margarita Ceceña, Irma Lydia, Debanhi Escobar, Abril Pérez, Fátima, Ingrid Escamilla, entro muchos más, han generado indignación a lo largo y ancho del país y le han valido críticas a las autoridades de procuración de justicia.
Luz María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), indicó que la Alerta de Violencia de Género, a pesar de que es un buen mecanismo se ha enfrentado a las resistencias por parte de las entidades federativas que la han implementado.
“El problema es que se enfrentó a que no había una política mínima de atención, prevención y sanción a la violencia de género en los estados y un ejemplo de ello es que a la fecha no hay bancos de datos desagregados por género en las entidades federativas […] Lo que ha pasado es que este mecanismo, que está establecido en una Ley, tenía que tener un marco y un reglamento que lo aterrizara, y (las autoridades) le han puesto candados. Entonces, el reglamento, más que facilitar, se vuelve un obstáculo”, dijo en entrevista.
La experta insistió en que la falla es que no se establecieron mecanismos y parámetros metodológicos adecuados para el seguimiento y para evaluar los estados, a fin de medir el impacto de la Alerta.
“Lo que no ha funcionado es que se decretó una Alerta, pero no se estableció nada en cuanto a la temporalidad (de dar informes), ni los criterios en los que se podía levantar, nunca se desarrollaron esos criterios. Los criterios establecidos eran muy generales, pero no se establecieron cuáles serían los indicadores de medición que permitan saber cuáles fueron los cambios importantes en la prevención, en el tema de seguridad y en el tema de procuración de justicia”, dijo.
En México los feminicidios no paran. Foto: Yerania Rolón, Cuartoscuro.
ALERTAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
María de la Luz Estrada indicó que las problemáticas que buscan atender la mayoría de las declaratorias son los feminicidios y la falta de debida diligencia en las investigaciones, las cuales se realizan muchas veces sin perspectiva de género. Esto llevó a que las organizaciones peticionarias exhibieran la impunidad y discriminación en la que yacen las investigaciones.
De los 22 estados que cuentan con AVGM, en más de la mitad (63 por ciento) la violencia feminicida aumentó. Los estados son: Estado de México donde creció 145 por ciento hasta 2021 en comparación con 2015 cuando se decretó la alerta; en Morelos, los feminicidios fueron 60 por ciento mayores en 2021 en contraste con el 2016, cuando se decretó alerta; en Michoacán crecieron 15 por ciento; en Chiapas subió 50 por ciento; Nuevo León, mil 200 por ciento, pues de tres casos que tenían cuando se decretó la alerta en 2016, para el 2021 subieron a 66. En Veracruz creció 14.75 por ciento; Colima, 50 por ciento; San Luis Potosí, 26 por ciento; Quintana Roo, 525 por ciento; Nayarit, 60 por ciento; Oaxaca, 50 por ciento; Durango, 150 por ciento; Campeche, 80 por ciento y Jalisco, 127 por ciento.
El Estado de México fue la primera entidad en donde se declaró Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y hasta el momento cuenta con dos, la primera se decretó el 31 de julio de 2015 en 11 municipios de la entidad: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. La segunda, el 20 de septiembre de 2019, en respuesta al incremento en la desaparición de mujeres en la entidad.
Pese a estas declaratorias, en el Estado de México los feminicidios fueron al alza, ya que aumentaron 145 por ciento, en comparación con el año en que se emitió la Alerta. Por ejemplo, en el 2015, cuando se decretó la primer AVGM, se registraron 60 feminicidios, según datos registrados en el SESNSP, para 2016 la cifra de feminicidios se repitió, y de ahí en adelante siguió en aumento: en 2017, se registraron 74 feminicidios; en 2018, 118; en 2019, 124; en 2020, 152; y en 2021, hubo 147 feminicidios. En lo que va de este 2022, hasta el pasado mes de junio, el SESNSP ha contabilizado 78 feminicidios.
La directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio detalló que esta primera declaratoria de Alerta de Violencia de Género se dio porque la entidad fue obligada:
“Es importante recordar porque fueron cinco años de un proceso judicial donde el Poder Judicial obliga al Estado de México y a Conavim a que se realice la investigación para poder determinar si había o no un contexto que está poniendo en riesgo la vida y la integridad de las mujeres, pero se llevaron cinco años en este proceso”.
“La definición de feminicidio, desde el punto de vista sociológico, implica el homicidio de una mujer por razones de género e indica que existen varones con un odio tan profundo contra ellas, que son capaces de asesinarlas por el sólo hecho de ser mujeres”. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro
La situación en el Estado de México se vio reflejada con el caso de Andrés “N”, conocido como el feminicida serial de Atizapán, quien fue detenido el pasado 18 de mayo de 2021, momento en que confesó haber cometido 30 feminicidios en los últimos 20 años. En el cateo realizado en el domicilio del sujeto se localizaron más de cuatro mil 300 restos óseos que corresponden a 19 víctimas, de las cuales, el pasado mes de febrero, seis han sido identificadas por un proceso para la obtención de un perfil genético, el cual estuvo a cargo de peritos y expertos en antropología de la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP).
Morelos es otro estado que cuenta con AVGM, misma que se declaró el 10 de agosto de 2015, en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, pese a lo cual los feminicidios no han cesado, ya que en el mismo año en que se declaró la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres se registraron 15 feminicidios, según datos del SESNSP, pero su máximo llegó en 2019 cuando hubo 40 crímenes de esta índole, mientras que durante el 2021 tuvieron lugar 24 feminicidios y hasta junio de este 2022, se habían registrado 23.
El pasado 1 de junio, un sujeto identificado como Román Villalobos fue detenido en San Juan del Río, en Querétaro, por su probable responsabilidad en el feminicidio de Evelyn Afiune Ramírez, una joven estudiante que desapareció el pasado 24 de marzo y fue hallada sin vida tres días después en el municipio de Cuautla, Morelos. Sin embargo, tras la aprehensión del sospechoso las autoridades lo vincularon con al menos siete feminicidios, que escondían historias de engaño en las que les ofrecía trabajar en hoteles o establecimientos dedicados a los servicios de belleza.
Román Villalobos utilizaba varios nombres para llevar a cabo los delitos en contra de mujeres de los estados de Puebla, Morelos y Veracruz, incluso, en este último estaba acusado de otro feminicidio ocurrido el mes de mayo, por lo que huyó hacia Querétaro en donde finalmente fue capturado en compañía de una mujer.
Objetos hallados en el domicilio de Andrés “N”. Foto: Twitter vía @FiscalEdomex
Durante 2016 se declaró AVGM para Michoacán, en los municipios de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío, ya que en ese mismo año tuvieron lugar 26 feminicidios, cifra que ha ido en aumento y llegó en dos años a 30 casos, en 2017 y 2021, respectivamente. Asimismo, hasta junio de este 2022, han tenido lugar 14 homicidios contra mujeres por razones de género.
En el mismo año, en cinco municipios de Nuevo León: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey se activó la Alerta. Sin embargo, las víctimas de feminicidio fueron en aumento. Tan sólo en 2017, un año después de que se declaró la Alerta de Género, en el estado hubo 43 víctimas; en 2018, ascendió a 79, casi el doble; en los tres años siguientes se presentó una ligera disminución que se ha mantenido, en 2019, con 67 víctimas de feminicidios, cifra que se repitió en 2020, mientras que en 2021 hubo 66 de estos crímenes por razones de género y durante este año, hasta el pasado mes de junio, se han registrado 58 feminicidios.
Para siete municipios de Chiapas también hubo AVGM en 2016: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Además, en este mismo estado se determinó que en la región de los Altos eran requeridas acciones específicas para detener la Violencia de Género contra las Mujeres, debido a que durante el 2016 se registraron 32 feminicidios, y aunque durante dos años, 2018 y 2019, este delito presentó una ligera disminución, de 23 y 20 feminicidios, respectivamente, en 2021, este tipo de delito volvió a aumentar, ya que llegaron a 48 las víctimas. Mientras que en lo que va de este 2022, se han registrado 21.
El 23 de noviembre de 2016, se emitió la primer AVGM por Violencia Feminicida (VF) para 11 municipios del estado de Veracruz: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, debido a que en ese mismo año se registraron 61 feminicidios, pero en lugar de lograr una disminución de estos crímenes, como es el propósito de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres, al siguiente año los feminicidios aumentaron 63 por ciento, ya que durante el 2017, estos sumaron 100.
Además, en 2018 y 2019, se registraron 106 feminicidios, respectivamente. Sólo en 2020 y 2021, hubo una disminución de este delito, ya que tuvieron lugar 79 y 70 feminicidios por año, y hasta el pasado mes de junio tuvieron lugar 43 de estos crímenes. Además, Veracruz también cuenta con una segunda AVGM, misma que se decretó el 13 de diciembre de 2017, por Agravio Comparado (AC), debido a que se detectaron acciones que transgreden los Derechos Humanos de las Mujeres.
Durante 2017 la Alerta se puso en marcha en seis entidades más: Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nayarit y Guerrero, de las cuales Quintana Roo es el estado que año con año ha incrementado el número de víctimas por este delito, ya que de los cuatro feminicidios que hubo en el año que se declaró la Alerta por Violencia de Género pasó a 25 en 2021. Además, en 2018 se registraron 18 de estos crímenes y 15 en 2019, mientras que en lo que va de este 2022, ya suma ocho feminicidios.
Diversos grupos de mujeres han marchado en distintos puntos del país para denunciar la violencia de género. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro
En San Luis Potosí y Guerrero tampoco han logrado reducciones significativas de feminicidios. Por ejemplo, cuando se declaró la Alerta en el primer estado se registraron 19 de estos delitos, y en los dos siguientes años, 2018 y 2019, hubo 28, respectivamente. Al siguiente año, en 2020, tuvieron lugar 27 crímenes de esta índole, sólo en el 2021, se logró reducir la cifra a 24 feminicidios, y en lo que va de este 2022, ya suma ocho de este tipo de homicidios.
Guerrero es otra entidad que cuenta con doble AVGM, la primera, el 22 de junio de 2017 en los municipios de Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort, luego de que en ese mismo año se registraron 21 feminicidios, delito que el siguiente año, en 2018, cobró la vida de 35 mujeres, y en los siguientes tres años las cifras se mantuvieron una tendencia de entre 14 y 18 víctimas; 2019, con 18; 2020, con 14; y 2021, con 18.
Hasta junio de 2022 en Guerrero hubo cuatro feminicidios, según datos del SESNSP, entidad en donde el 5 de junio de 2020, se activó una segunda Alerta, esta vez por Agravio Comparado (AC), debido a que se detectaron, como en Veracruz, prácticas que transgreden los Derechos Humanos de las Mujeres.
Tras la declaratoria de este mecanismo en 2017 en Colima, año en que se registraron cuatro feminicidios, hubo un aumento de hasta 200 por ciento, ya que en 2018 se registraron 12 de estos crímenes y en 10 en 2019; para 2020 la cifra descendió a ocho feminicidios; en 2021, se registraron seis; y hasta junio de este 2022, el Secretaria de Seguridad indica que no se ha presentado ningún feminicidio en dicha entidad.
En Nayarit, la Alerta se dio en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic, luego de que en 2017 se registraron cinco feminicidios, cifra que se repitió los dos siguientes años, en 2018 y 2019. Para 2020 hubo una alza a 12 caos, que en el 2021 se redujeron a ocho, y en lo que va de este 2022, se ha registrado sólo uno de estos delitos.
En Sinaloa, durante 2017, año en que también se declaró la AVGM en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato, tuvieron lugar 84 feminicidios; en 2018, hubo una reducción y el delito cayó a 49 casos; en los dos años siguientes, 2019 y 2020, también hubo reducciones, 39 y 27, respectivamente. Pero en 2021, volvieron a aumentar este tipo de crímenes, ya que se registraron 42, y hasta el pasado mes de junio de este 2022, se tenía conocimiento de ocho feminicidios en la entidad.
En 2018, Zacatecas, Oaxaca, Durango, Campeche y Jalisco fueron los estados en donde se decretó la AVGM, de los cuales Zacatecas es el único que ha tenido disminuciones temporales en este tipo de crímenes, ya que en el año en que se declaró la Alerta registró 21 víctimas de este delito; al siguiente año, en 2019, 11; en 2020, 10, aunque en 2021, registró 12, y en lo que va de este 2022, han tenido lugar ocho feminicidios.
Activistas y especialistas en violencia género consideraron que la inacción y no realizar las investigaciones con perspectiva de género es lo que provoca que persistan estos delitos en contra de las mujeres. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
En Oaxaca, los feminicidios han aumentado año con año, en 2018 presentó 30; en 2019, 29; en 2020, 38; el 2021, fue el año que más casos presentó, con un total de 45, tras la declaratoria, y en lo que va del año las víctimas de este tipo de crímenes, ya suman 26. En Durango, estos asesinatos pasaron de cuatro en 2018 a 13 en 2020, y aunque en 2021, presentaron una reducción, ya que sólo se registraron 10, en lo que va de este 2022, ya se tiene contabilizadas ocho víctimas de este delito.
Campeche es otra entidad en donde el número de feminicidios ha ido en aumento poco a poco, ya en 2018, año en que se declaró Alerta por Violencia de Género se registraron cinco feminicidios, en 2019, hubo seis, y pese a que en 2020, hubo tres, al siguiente año, en 2021, la cifra se triplicó y llegó a nueve. Además, en los primeros seis meses de este 2021, ya se tienen siete víctimas de feminicidios.
Jalisco ha ido escalando en el número de víctimas de feminicidios, ya de las 33 que se registraron en 2018, cuando se decretó AVGM, en 2021, aumentaron a 75. Además, en los años intermedios, en 2019 y 2020, estos crímenes cobraron la vida de 67 y 70 mujeres, respectivamente, y hasta junio de este 2022, se sumaron otros 17 homicidios de esta índole.
El caso más reciente en Jalisco tuvo lugar el 19 de julio, la víctima fue identificada como Luz Raquel Padilla, quien falleció después de estar tres días internada en el Hospital Civil de Guadalajara por quemaduras graves en el 80 por ciento de su cuerpo, ocasionadas por un ataque en el cual fue quemada viva en un parque de Zapopan. La madre de 35 años tenía el 80 por ciento de su cuerpo quemado, con un pronóstico de 90 por ciento de mortalidad.
El ataque ocurrió el pasado sábado 16 de julio, luego de una discusión en un parque de la calle Arco Tácito al cruce de Arco Constantino, en la colonia Arcos de Zapopan, en el municipio de Zapopan. El caso, por el cual ya hay un detenido, ha causado rabia e indignación entre la sociedad y colectivos por la manera en como la Fiscalía ha conducido las investigaciones, las cuales, señalan colectivos, buscan responsabilizar a Luz Raquel de su muerte.
Luz Raquel Padilla Gutiérrez, una mujer que fue violentada y quemada viva en un parque. Foto: @GutirrezPadilla, Twitter.
En 2019, se declaró AVGM en Puebla, en donde ese mismo año se registraron 59 víctimas de feminicidio, y aunque el número de mujeres asesinadas ha presentado reducciones, el delito no ha sido erradicado del todo. En 2020, los homicidios de este tipo sumaron 54 víctimas, mientras que en 2021 hubo 38, y hasta junio de este 2022, se tiene conocimiento de 12 mujeres asesinadas por razones de género en la entidad.
Pese a que se pueda percibir una reducción, la directora del OCNF recordó que en Tlaxcala y Puebla también se ha solicitado que se emitan alertas sobre el tema de la trata de mujeres y desaparición de mujeres. Además, en Jalisco, ejemplificó, en su AVGM se incorporaron medidas de desaparición, entre otros. En tanto que en estados como Veracruz y Guerrero también se ha solicitado que en las alertas se incluya el tema de la falta de acceso al aborto legal, principalmente por las víctimas de violación.
“En Veracruz y en Guerrero se ha logrado la despenalización porque el informe que se ha hecho (de las AVG) para dar cuenta de los contextos que viven las mujeres cuando son víctimas de violencia sexual, donde no se les da una atención integral”.
¿QUÉ FALLÓ?
La directora del OCNF detalló que la AVGM es uno de los mecanismos más importantes que tiene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por el que las organizaciones y colectivos han luchado, el cual ha sido incómodo para las autoridades desde que se creó.
“Es incómodo porque es un mecanismo de rendición de cuentas, que debe evaluar la política de atención, prevención y sanción, y que la misma alerta surge para evitar una mayor descomposición de los tejidos sociales que pongan en riesgo la vida y la integridad de las mujeres. Plantea la coordinación de los niveles de gobierno y de poderes.
La experta insistió que la falla es que no se establecieron mecanismos y parámetros metodológicos adecuados para el seguimiento y para evaluar los estados, a fin de medir el impacto de la Alerta.
Para María de la Luz Estrada un aspecto fundamental por el que no avanzan las alertas como se esperaba es la falta voluntad política en todos los órdenes de gobierno.
“Ha faltado voluntad política de todos porque al final, si las fiscalías estatales han fracasado, que ahora hablamos que son autónomas, pero se coordinan con el Ejecutivo. Entonces también me parece que la voluntad de los ejecutivos es fundamental para el avance de las medidas”.
La especialista destacó que, precisamente para que los mecanismos funcionen y avancen tiene que haber voluntad política de todas las autoridades:
“La Alerta sólo viene a coadyuvar viene a empujar y a coordinar. También aquí implica que el Gobierno federal trabajé con los estados y los estados trabajen con los municipios para poder tener resultados efectivos […] Porque puedes tener los mecanismos más novedosos con todas las rutas y la metodología, pero si las autoridades no lo toman en serio, no trabajan, no generan sus planes de implementación, ni trabajan coordinadamente cualquier mecanismo no va a poder mejorar a un país que tiene violaciones graves a los derechos de las mujeres”.
LOS ÚLTIMOS ESTADOS EN DECRETAR AVGM
Para Baja California se decretó la AVGM el 25 de junio de 2021, año en que se registraron 20 víctimas de feminicidios, que se suman a las 14 mujeres que durante la primera mitad de este 2022, perdieron la vida por el mismo delito.
Además, de acuerdo con el documento emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el 24 de octubre de 2021, en la Ciudad de México, Chihuahua, y Veracruz, son las entidades que están pendientes para que se resuelva si se decreta o no Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres. En el caso de Veracruz se solicitó una alerta más por Violencia Feminicida, por lo que de declararse la entidad sumaría tres alertas.
En agosto de 2021, en los estados de Chihuahua, Tlaxcala y Sonora también se decretó Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. El 17 de ese mes se dio a conocer que Javier Corral, entonces Gobernador del estado, “recibió de manos del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chihuahua (AVGM), para los municipios de Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc”.
“El Gobernador afirmó que la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género para los cinco municipios es consecuencia de las preocupaciones presentadas por las organizaciones de la sociedad civil ante el clima de inseguridad y el aumento de homicidios por razones de género”, se detalló en un comunicado emitido por el Gobierno de Chihuahua, en donde durante el 2021, se registraron 46 víctimas de feminicidio y en lo que va de este 2022, ya suman 23.
Un día después del decreto en Chihuahua, el 18 de agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que notificó al Gobierno de Tlaxcala “la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los 60 municipios que existen en la entidad”.
A través de un comunicado, la Segob se refirió a “la implementación urgente de casi 80 acciones específicas elaboradas por el grupo de trabajo para la declaratoria de AVGM para Tlaxcala, en diferentes ámbitos, como reforzar el acceso a la educación, a la salud y al desarrollo para mujeres y niñas”, con el propósito de combatir la violencia contra las mujeres en Tlaxcala, en donde datos del SESNSP señalan que durante el 2021 se cometieron 10 feminicidios, y hasta junio de este año se tiene registro de una víctima de ese delito.
Cientos de mujeres marcharon el pasado 8 de marzo desde la Fiscalía General del Estado hasta el centro de la capital poblana para protestar por los feminicidios en el Día Internacional de la Mujer. Foto: Mireya Novo, Cuartoscuro
El 20 de agosto de 2021, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación, notificó al Gobierno de Sonora “la emisión de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres para todo el estado, aunque particularmente para seis municipios de la entidad: Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado, debido a la alza de feminicidios, que durante el 2021 cobraron la vida de 44 mujeres en la entidad, y en lo que va de este año a 12 más.
“Las medidas se extienden a los 72 municipios de la entidad, y en los que deberán fortalecerse con más urgencia las medidas propuestas en este mecanismo —que se derivaron de dos años de indagación por parte del grupo de trabajo conformado para atender la segunda solicitud de alerta para el estado—”, se ahondó en un comunicado.
Sonora, Tlaxcala y Chihuahua fueron las entidades donde se decretaron las últimas alertas, el año pasado, confirmó la Estrada Mendoza, quien resaltó el caso de Tlaxcala, del que dijo es un estado “donde ya se había solicitado y en dos veces se negó. En otra el mismo Conavim dijo que no había problema si se solicitaba por el tema del trata y desaparición y sí procedió el año pasado; igual Sonora es un estado que ya se había solicitado y se negó inicialmente porque la Conavim, había considerado el Estado estaba cumpliendo al dar un informe con las medidas, sin embargo, se solicitó de nuevo por desaparición de niñas y mujeres, y por eso se decreta la alerta de género el año pasado en Sonora”.
La madre de la niña de 11 años denunció el ataque de feminicidio que vivió su hija cuando estaba internada en el albergue “Casa de Vida Camino a la Fortaleza”, ubicado en Tonalá, Jalisco.
Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– Una niña de 11 años fue torturada y quemada en el albergue “Casa de Vida Camino a la Fortaleza”, ubicado en la colonia Santa Isabel de Tonalá, Jalisco, apenas una semana después de que Luz Raquel Padilla, también de la entidad, falleciera a causa de una agresión en la que le prendieron fuego.
La niña sufrió quemaduras de segundo grado en el13 por ciento de su cuerpo, específicamente en el tórax, brazo izquierdo y abdomen.
La madre, Mónica, contó en entrevista para El Informador que la menor de edad había ingresado el 30 de junio a dicho albergue debido a una ansiedad severa y ataques epilépticos, pero el viernes 22 de julio habría sido rociada con alcohol y quemada. Mónica no fue notificada de los hechos hasta el sábado, cuando el propietario del centro le hizo saber de la agresión.
La niña de 11 años habría sido rociada con alcohol y luego se le habría prendido fuego, lo cual resultó en quemaduras de segundo grado en el 13 por ciento de su cuerpo. Foto: Fernando Díaz, EFE
Cuando se le informó al respecto, explicó al medio, el personal del albergue quiso dar a conocer la agresión como un accidente para deslindarse de la responsabilidad.
“Ellos quisieron manejarlo como un accidente y no fue así. La niña los acusó enfrente de ellos, me dice ‘no mamá me echaron alcohol y me dieron un chicharrazo (pistola taser)’, y señaló en su cuello, fue entonces que pensé en una opción de cómo sacarla, y dije que la llevaría a revisión”, dijo la madre a El Informador.
Tras los hechos, Mónica acudió a la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Menores de Edad “Ciudad Niñez” a levantar una denuncia, y a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica, pero fue canalizada hacia el Centro Médico.
Una vez ahí, la niña entró a quirófano para una primera cirugía plástica, y se espera que tenga otra operación el próximo jueves, donde se decida si se realizan injertos de piel.
CASO LUZ RAQUEL: IRA E INDIGNACIÓN
Apenas la semana anterior, el 19 de julio, Luz Raquel Padilla falleció después de estar tres días internada en el Hospital Civil de Guadalajara por quemaduras graves en el 80 por ciento de su cuerpo, ocasionadas por un ataque en el cual fue quemada viva en un parque de Zapopan, también en Jalisco.
La madre de 35 años tenía el 80 por ciento de su cuerpo quemado, con un pronóstico de 90 por ciento de mortalidad.
El ataque ocurrió el pasado sábado 16 de julio, luego de una discusión en un parque de la calle Arco Tácito al cruce de Arco Constantino, en la colonia Arcos de Zapopan, en el municipio de Zapopan.
Luz Raquel, de 35 años, tenía el 80 por ciento de su cuerpo quemado, con un pronóstico de 90 por ciento de mortalidad. Foto: Twitter @GutirrezPadilla
El caso, por el cual ya hay un detenido, ha causado rabia e indignación entre la sociedad y colectivos por los resultados preliminares de la investigación abierta por la Fiscalía de Jalisco, la cual aseguró que tiene evidencia que señala que Luz Raquel Padilla Gutiérrez compró en una farmacia botellas de alcohol y un encendedor en una vinatería.
Esta versión se basa parcialmente en las declaraciones de la madre del acusado de la agresión, Sergio “N”, quien fue vinculado a proceso la tarde de este martes por delitos contra la dignidad de las personas y por lesiones, aunque no será procesado por la muerte de la mujer, la cual fue derivada directamente de las lesiones que sufrió cuando fue atacada y quemada.
La desconfianza en las autoridades en estados como Nuevo León, Jalisco y Morelos ha incrementado en los últimos meses, al darse pocos o cuestionables avances en las investigaciones por los feminicidios de Luz Raquel Padilla, Margarita Ceceña y Debanhi Escobar.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La noticia de que una mujer que había sido amenazada por vecinos molestos con su hijo autista fue quemada viva en el occidente de México indignó a gran parte de la sociedad de esa región.
Pero la ira de familiares y colectivos feministas aumentó el martes cuando los fiscales del estado de Jalisco sugirieron que fue ella misma la que se prendió fuego en un parque después de comprar alcohol medicinal y un encendedor.
El caso de Luz Raquel Padilla, ocurrido en Zapopan, un suburbio de Guadalajara, la capital de Jalisco, tiene lugar después de varios asesinatos de mujeres en México de gran repercusión mediática, algunos de ellos sin resolver. Coincide, además, con el de otra mujer quemada viva en el centro del país.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la Policía no actuó ante una orden de alejamiento y protección obtenida por Padilla después de que alguien garabateara “Te voy a quemar viva” frente a su apartamento. Los vecinos aparentemente se quejaban por los ruidos que hacía su hijo autista.
Integrantes del colectivo Yo Cuido México se manifiestan a las afueras de las oficinas de la representación del Gobierno de Jalisco, en Ciudad de México, para exigir justicia para Luz Raquel Padilla Gutiérrez. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.
Después de su muerte, la policía detuvo a un vecino que supuestamente había sido nombrado en la orden de protección pero dijo que no había pruebas de que estuviera cerca de la escena del crimen.
Sin embargo, el martes, Luis Méndez Ruiz, fiscal de Jalisco, explicó que las imágenes de vídeo de las cámaras de seguridad mostraban que Padilla había comprado dos botellas de alcohol y un mechero en tiendas cercanas al parque donde fue encontrada con graves quemaduras el 16 de julio. Murió días más tarde en un hospital.
“La intención jamás es revictimizar o criminalizar a nadie”, dijo Méndez Ruiz. “La persona que está detenida también tiene derechos”.
El 6 de mayo, Padilla había solicitado una orden de alejamiento contra un vecino, que creía que estaba detrás de las amenazas.
Un Juez concedió esa orden, y el hecho de que muriera mientras estaba supuestamente protegida alimentó la ira por su muerte. Activistas dijeron que las autoridades no habían hecho lo suficiente.
La Cámara de Diputados de México emitió un comunicado el martes en el que condenaba los hechos y pedía mejorar los sistemas de protección de mujeres amenazadas y personas con discapacidad.
“Este feminicidio pudo haberse evitado si las autoridades hubieran reforzado las medidas por la gravedad de las amenazas”, dijo María de la Luz Estrada, de la ONG Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. “Minimizaron los hechos”.
El asesinato de Luz Raquel Delgadillo Gutiérrez, quien había denunciado constantemente amenazas y fue previamente agredida con una sustancia química en Zapopan, Jalisco, ha puesto de nueva cuenta en los reflectores la violencia “ácida” o ataques con corrosivos. Foto: Facebook
Méndez Ruiz indicó que Padilla tenía un conflicto de larga data con los vecinos, y la madre del detenido proporcionó a la policía su propia grabación de seguridad en la que se ve a Padilla aparentemente prendiendo fuego a unos papeles frente a su propia puerta. Otro vídeo la muestra cambiando el ángulo de la cámara de la vecina para ocultar la escalera en la que estaba garabateada la amenaza.
Ahora, la madre del detenido ha denunciado que ha recibido amenazas, según Méndez Ruiz.
Por otra parte, el domingo murió otra mujer en similares circunstancias en el estado de Morelos, al sur de la capital, informó la Fiscalía local. Margarita Ceceña falleció a causa de las quemaduras que un familiar le ocasionó casi un mes antes, el 1 de julio, cuando la roció con gasolina y le prendió fuego aparentemente debido a una disputa familiar, indicaron las autoridades.
El Gobierno mexicano se jacta de que la tasa de homicidios va ligeramente a la baja. En 2020 superaron los 36 mil 700; en 2021 bajaron a poco más de 35 mil 600, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Pero aunque la tasa de asesinatos de hombres decreció un poco, la de mujeres se mantuvo estable y la desconfianza hacia las autoridades permanece.
Pero aunque la tasa de asesinatos de hombres decreció un poco, la de mujeres se mantuvo estable y la desconfianza hacia las autoridades permanece. Foto: Daniel Augusto, EFE.
Los sucesos de las mujeres en llamas de este mes llegan, además, cuando en el recuerdo de muchos mexicanos todavía está la fotografía de la joven Debanhi Escobar, que se hizo viral en redes: la imagen de una muchacha de 18 años, mirando al infinito y desamparada en una carretera del norte de México en plena noche.
Escobar se bajó de un taxi y el conductor tomó la foto para demostrar que estaba viva cuando la dejó. Su cadáver fue encontrado días después en una cisterna de agua de un motel cerca de la ciudad de Monterrey.
El último análisis forense, de los varios —y contradictorios- que se realizaron, mostró que murió por asfixia, y en concreto, por sofocación debido a la “obstrucción de orificios respiratorios”. Previamente, el servicio forense de Nuevo León había determinado que la muerte se debió a un golpe en la cabeza y que estaba viva dentro de la cisterna subterránea donde encontraron su cadáver. Y un tercer análisis, encargado por la familia hablaba de agresiones sexuales y asesinato.
Otra “crónica de un asesinato anunciado” estremece al país. Un caso más en el que una mujer alerta en sus redes sociales de las amenazas que sufre y clama por ayuda, pero no es atendida debidamente por las autoridades, lo que detona en las peores consecuencias. Se trata de Luz Raquel Padilla, cuyo feminicidio ha conmocionado a gran parte del país.
Ciudad de México 21 de julio (SinEmbargo).- Eran las 02:01 de la madrugada del pasado 17 de mayo cuando Luz Raquel Padilla Gutiérrez escribió en sus redes sociales: “Hasta cuando voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo, a mi familia, y mi agresor sigue campante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño. Auxilio. No quiero morir”. Fue un grito desesperado que la joven madre de un niño con Trastorno del Espectro Autista plasmaba con hashtags acompañados de al menos cuatro fotografías que mostraban las amenazas de quemarla viva. El llamado en ese momento no resonó entre las autoridades de Jalisco, a quienes etiquetó para pedirles por ayuda. Hoy su mensaje ha dado la vuelta al país, justo cuando ha sido asesinada.
Sus compañeras de colectivo Yo Cuido México, al que ella pertenecía, han hecho eco de ese grito vuelto reclamo ante el atroz crimen y la indolencia de un Estado ausente que no protegió a su compañera. Es otra “crónica de un feminicidio anunciado”. Un caso más en el que una mujer alerta de las amenazas que sufre y que clama por ayuda sin ser atendida debidamente por las autoridades. Para Luz Raquel las amenazas se cumplieron.
El feminicidio de esta joven madre se une a otros casos que, en circunstancias parecidas, evidencian cómo las autoridades minimizan estas violencias y las intimidaciones de muerte que reciben las mujeres, tales como el feminicidio de Alejandra Castellanos Méndez, que al igual que Luz Raquel, fue asesinada en el mismo estado, Jalisco, justo después de denunciar en múltiples ocasiones el infierno que vivían frente a la violencia y amenazas. Ella fue acribillada a balazos cuando conducía en la colonia Jardines del Zapote, en Tlajomulco, Jalisco, en diciembre de 2017.
¿De qué sirve una Alerta de Violencia de Géneros, los protocolos o las leyes, si las autoridades no los aplican?, cuestionan a modo de reclamo activistas y abogadas especialistas en violencia de género.
“El punto es que esta muerte pudo ser absolutamente evitada. Raquel había denunciado las amenazas. Existía evidencia de los actos violentos que había generado su agresor y las autoridades no intervinieron en su momento para frenar esa violencia, para creerle a Raquel, para brindarle protección”, señaló Karla Michell Salas, experta en violencia de género.
Luz Raquel Padilla Gutiérrez, una mujer que fue violentada y quemada viva en un parque. Foto: @GutirrezPadilla, Twitter.
UN FEMINICIDIO ANUNCIADO
Luz Raquel Padilla Gutiérrez, de 35 años de edad, madre de Bruno, un niño con Trastorno del Espectro Autista —lo que la llevó al activismo en el tema— falleció el pasado martes después de permanecer tres días internada en el Hospital Civil de Guadalajara, tras haber sido violentada y quemada viva en un parque en la colonia Arcos, al poniente del Área Metropolitana de Guadalajara.
La joven madre y activista había alertado en múltiples ocasiones que era amenazada:
“Si algún día desaparezco, que quedé el antecedente que pedí ayuda y NADIE ME PROTEGIÓ… No tengo miedo, sólo me preocupa mi hijo”, fueron las palabras que Raquel escribió en un video de Tiktok, donde nuevamente muestra fotografías de más amenazas en su contra. “Viene lo peor”, se lee en uno de los mensajes que recibió.
Las intimidaciones se volvieron realidad en mayo de este año, cuando ella fue atacada con cloro industrial, lo que le causó quemaduras en el pecho.
“Ayuda, mi agresor me atacó con cloro industrial y mi seno izquierdo está mal y las amenazas de muerte son a diario porque es mi vecino mi agresor, ya levanté mi denuncia, pero no hacen nada por protegerme, tengo miedo por mi vida y la de mi familia”, narró en mayo pasado.
El Colectivo Yo Cuido México confirmó que Luz recibía constantes amenazas de muerte en su domicilio, en contra de ella y su hijo, por parte de un vecino que era intolerante a los ruidos que su hijo hacía en los momentos de crisis.
El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que Luz Raquel, tenía medidas de protección vigentes y una carpeta de investigación judicializada.
Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal escribió: “Luz tenía medidas de protección vigentes y una carpeta judicializada. Había rondines de vigilancia y se le dio atención de manera personal, pero nada fue suficiente ante una atrocidad así”.
Por su parte, el Fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruíz, informó que el vecino de Raquel que ha sido señalado en redes sociales como el probable agresor se presentó voluntariamente en la Comisaría de Zapopan y a la Fiscalía de Jalisco.
“Sergio, conocido en redes sociales como Ismael Q, se encuentra en el área de Feminicidios de la Fiscalía de Jalisco dando su declaración como persona de interés en el caso”, dijo el funcionario, quien aclaró que el hombre no está detenido.
No obstante, las autoridades han sido cuestionadas a que salgan a hablar luego de que la joven fuera asesinada y que no se le haya brindado ayuda cuando la necesitaba.
Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer esta mañana que ya fue detenido el presunto asesino de Luz Raquel Padilla, quien fue identificado como Sergio Ismael “N”, el vecino de Luz, quien ayer se había presentado voluntariamente en la Comisaría de Zapopan y la Fiscalía de Jalisco.
De acuerdo con información dada a conocer, los vecinos de Luz escuchaban música con volumen muy alto, lo que provocaba crisis en el menor y que éste golpeara las paredes, lo que los molestaba.
Yo Cuido México también detalló que —luego del ataque— Luz Raquel presentó una denuncia ante la Comisaría de Zapopan y solicitó ser integrada al programa “Pulso de vida” para recibir protección. “Sin embargo, le negaron ser integrada al programa al considerar que las amenazas que recibía por parte de ‘terceros’ no eran causa suficiente”, explicó el colectivo en un comunicado compartido en una serie de tuit.
— Luz Raquel Padilla Gutirrez (@GutirrezPadilla) June 10, 2022
Especialistas en materia coincidieron que el crimen contra Luz Raquel pone en evidencia que a pesar de las Alertas de Violencia de Género se siguen minimizando las violencias contra las mujeres, así como la inacción en las investigaciones.
“Este caso es muy grave, sobre todo porque Jalisco cuenta con la Alerta de Violencia de Género, que se decretó desde noviembre de 2018. Otra vez se minimizó la situación de riesgo en la que ella estaba porque ya había sufrido una agresión, porque denunció, pero no la atendieron. Porque el Estado no te protege, minimiza tu riesgo y eso acabó matándola a ella. Si la autoridad realmente hubiera hecho una investigación y la hubiera protegido, se habría evitado que el agresor pasara a un nivel más alto. A mí me parece algo atroz y una incapacidad de las autoridades por proteger a las mujeres”, destacó María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF).
Luz Raquel era activista y madre cuidadora de un niño con Trastorno del Espectro Autista y luchaba por la concientización para la tolerancia de las personas en esta condición.
En sus publicaciones, Padilla Gutiérrez pedía y exigía mejores condiciones, así como políticas enfocadas, no solo para las menores que están en esta condición, sino para las madres que estén a su cuidado.
“¿Quién cuida a las madres cuidadoras?”, una de las premisas que llevaba Raquel a foros legislativos y mesas de trabajo para visibilizar .
— Familias y Retos Extraordinarios AC (@BNVNDaHolanda) July 16, 2022
Activistas y colectivos dedicados a visibilizar la intolerancia social y discriminatoria hacia las personas con Trastorno del Espectro Autista, exigieron a las autoridades que el caso también sea investigado como crimen de odio, ante las violencias que Raquel enfrentaba por la condición de su hijo.
No obstante, María de Luz Estrada destacó que el crimen contra Raquel sí tiene las características de feminicidio.
“Al final a ella es a la que someten y acaba muriendo por el líquido que le arrojaron y es parte de esta tolerancia de las autoridades a las agresiones. La minimización de las situaciones de riesgo que están enfrentando a las mujeres”, destacó.
El “proyecto de trabajo” presentado por el Ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea contempla un banco genético de mujeres desaparecidas, un Protocolo Nacional de Investigación de Feminicidios, el derecho a la no revictimización, entre otras disposiciones.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, defendió el proyecto que presentó ante el Congreso de la Unión para incrementar las penas en casos de feminicidio, pues consideró que hay más gente preocupada por la presentación de la iniciativa que por encontrar soluciones.
En conferencia de prensa este miércoles, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal anotó que su propuesta de una ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio fue el resultado de un diálogo entre legisladores federales y él.
“Cuando están matando entre 10 y 11 mujeres todos los días, es increíble que haya gente que esté preocupada por si presenté o no iniciativa, que no fue iniciativa, y no preocupada por encontrar soluciones para resolver los problemas”, remarcó al respecto. “
En este sentido, aseguró que genera más molestia a la opinión pública el documental que financió la Suprema Corte y la propuesta, que el propio asesinato de mujeres en México.
“Cómo les molesta que haya un documental y una propuesta, pero no les molesta que maten a miles de mujeres en este país, eso no les molesta”, acusó el Ministro presidente.
Zaldívar recordó que la propuesta presentada no es en sí una iniciativa de ley, pues no tiene las facultades para hacerlo, sino que es un “proyecto de trabajo” para que las y los legisladores consideren la posibilidad de crear una iniciativa de ley a partir de ello.
“Es cierto que una ley no puede cambiar por sí misma la realidad, pero también es un hecho que cuando tenemos un marco normativo inadecuado no se puede solucionar un problema tan grave como este”, comentó.
El documento de trabajo del Ministro presidente contempla hasta 90 años de prisión contra quien cometa el delito de feminicidio, y establece medidas de prevención, reglas especiales para la investigación y medidas de asistencia, protección y reparación integral.
Asimismo, considera que miembros del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) asuman la representación legal de víctimas, y se establezca la obligación de emitir un Protocolo Nacional de Investigación de Feminicidios.
Los asesinatos de mujeres en México registraron en mayo récord histórico de 272 víctimas, un promedio de 8.7 muertes diarias, de acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Zaldívar destacó que no es una ley punitivista, sino que es una ley que busca prevenir, y una reparación integral, y establece también, esta ley, la obligación de emitir un Protocolo Nacional de Investigación de Feminicidios.
Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, la cual contemplan hasta 90 años de prisión contra quien cometa este delito.
Al presentar la agenda legislativa para la prevención de la violencia contra la mujer y el feminicidio en el Senado, Zaldívar dijo que su propuesta de Ley no se agota en el aspecto punitivo, sino que establece medidas de prevención, reglas especiales para la investigación y medidas de asistencia, protección y reparación integral.
“No pueden seguir matando impunemente a las niñas y mujeres mexicanas. Las autoridades no podemos seguir mirando hacia otro lado, tenemos un compromiso con la gente, sobretodo con las niñas y las mujeres de México. Ojalá todas y todos estemos a la altura de este momento histórico y podamos sumar esfuerzos para dar un estado donde nuestras niñas y mujeres puedan salir a la calle sin miedo”, dijo durante la presentación.
De acuerdo con el Ministro, esta iniciativa tomó como ejemplo la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas.
“Esta Ley Modelo sirve de inspiración para este proyecto que estamos sometiendo a su consideración y queremos decir algo muy importante: esta ley no se agota en el aspecto punitivo, sino que establece, primero, medidas de prevención; segundo, reglas especiales para la investigación, así como medidas de asistencia, protección y reparación integral”, indicó.
Zaldívar destacó que no es una ley punitivista, sino que es una ley que busca prevenir, y una reparación integral, y establece también, esta ley, la obligación de emitir un Protocolo Nacional de Investigación de Feminicidios.
“La idea de este proyecto es reformar el Artículo 73, fracción XXI, inciso A, para agregar, a los delitos a que se refiere este artículo, aquellos delitos como secuestro, trata de personas, en los cuales, si bien son materia local, la Ley General establece el tipo y las sanciones que la Ley General establezca el tipo de feminicidio y las sanciones correspondientes. Obviamente, la investigación y los procesos serán a nivel local”, detalló el Ministro.
En México se matan al menos 11 mujeres al día. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
El Ministro mencionó que hizo llegar al Presidente este mismo proyecto para que también en la sede del Poder Ejecutivo se pueda valorar y ponderar si hacen suya esta iniciativa. DE la misma manera está disponible en la página de internet de la Suprema Corte para que toda la ciudadanía pueda conocerlo.
La propuesta también establece la obligación de emitir un protocolo nacional de investigación de feminicidios.
“En un asunto de tal gravedad que llena de dolor y sufrimiento a miles de familias mexicanas todos los poderes del Estado debemos de estar del mismo lado, aquí no debe haber intereses partidistas, no debe haber intereses personales, no debe haber ninguna otra razón sino simplemente avanzar en revertir este mal que no podemos seguir tolerando”, señaló.
La propuesta también establece la obligación de emitir un protocolo nacional de investigación de feminicidios. Foto: Cuartoscuro.
Los asesinatos de mujeres en México registraron en mayo récord histórico de 272 víctimas, un promedio de 8.7 muertes diarias, de acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Con las 272 muertes de mujeres, mayo superó a agosto de 2021, que tenía el récord de víctimas con 271.
Los estados con más víctimas mujeres de homicidio doloso, la mayoría de 18 años o más, son Guanajuato (115;), Michoacán (121), Baja California (109), Estado de México (89) y Chihuahua (74).
Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Oaxaca, Jalisco, Querétaro, Puebla, Sonora, y Tabasco han modificado sus códigos penales para sancionar las filtraciones de fotografías e información de víctimas de feminicidios.
Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Al menos once entidades federativas han avanzado en tipificar las filtraciones de imágenes o información de víctimas de feminicidios o delitos sensibles luego de la indignación que han causado casos emblemáticos como el de Ingrid Escamilla o recientemente el de Debani Escobar.
Son al menos once estados de la República que ya modificaron sus códigos penales para castigar a los servidores públicos o quienes graben y difundan imágenes, audios, videos o documentos que contengan cadáveres de mujeres y estén bajo resguardo de una investigación penal.
Se trata de los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora y Tabasco, que desde febrero de 2021 y hasta la fecha han hecho reformas en sus códigos penales para sancionar esas conductas.
Las modificaciones han sido bautizadas o conocidas como Ley Ingrid, en referencia a la joven de 25 años de edad originaria del estado de Puebla, quien fue asesinada por su pareja sentimental, identificado como Erick Francisco, de 46 años de edad.
Además, el pasado 22 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Artículo 225 del Código Penal Federal para sancionar a servidores públicos que difundan información o material audiovisual relacionado con un procedimiento penal.
Sin embargo, la aprobación aún no entra en vigor, pues el dictamen fue turnado al Senado de la República para su discusión y posterior votación.
Sesión ordinaria del pasado 23 de marzo en la Cámara de Diputados donde se discutió la Ley Ingrid, la cual evita la difusión de imágenes de mujeres víctimas de violencia. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.
El dictamen contempla entre 100 y 150 días de multa y de cuatro a 10 años de prisión para los servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, audiograben, videograben, reproduzcan, difundan, entreguen, revelen, remitan, compartan, distribuyan, publiquen, transmitan, expongan, oferten, intercambien o comercialicen, imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con una investigación penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de los hechos.
Las sanciones también contemplan la difusión no solo de casos de feminicidios sino en crímenes contra niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
“Tuvimos que llegar a esto para proteger la dignidad humana de las víctimas y nosotros lo que pedimos fue la agravante para que en el caso de ser mujer, niño, niñas o personas con discapacidad, porque esto (las filtraciones) son una manera de violencia contra las mujeres, es revictimización, y nosotros buscamos prohibir la crueldad y el amarillismo con que se han manejado los medios de comunicación. El caso de Ingrid fue muy revelador ya que cuando son los feminicidios es cuando más se exacerba este amarillismo y esta revictimización”, explicó la Diputada federal Yolanda de la Torre en entrevista con SinEmbargo.
Por su parte, la Diputada de Morena, Laura Pérez Segura, de Morena, indicó que el dictamen sobre la Ley Ingrid sigue en comisiones y esperan que pueda ser presentada a pleno cuando la Cámara Alta termine el receso y entre a periodo ordinario, es decir, hasta el mes de septiembre.
“Estamos esperando a que la Cámara de Senadores logre dictaminar la iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados. Creemos que tiene un buen pronóstico, toda vez que esta iniciativa tuvo el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias. Esperamos que una vez que se apruebe en la Cámara de Senadores, que sea pronto, es decir iniciado el periodo legislativo, pueda ser enviada al Ejecutivo para su publicación”, dijo.
La difusión de imagenes e información sensible de los casos de feminicidio es revictimización, coinciden legisladores. Foto: Ginnette Riquelme, AP
EL FEMINICIDIO QUE DETONÓ TODO
La Ley Ingrid es la respuesta legislativa a las demandas de justicia luego del feminicidio de Ingrid Escamilla en febrero de 2020; su pareja la apuñaló e intentó deshacerse de los restos. Las fotografías del cuerpo se difundieron en redes sociales y medios de comunicación cuando se realizaban las investigaciones sobre su asesinato.
La difusión de las fotografías que mostraban los restos de Ingrid, así como de las declaraciones del presunto feminicida, que habrían sido filtradas por la policía capitalina y que se publicaron en varios medios nacionales, generaron gran indignación entre colectivos feministas, y entre la sociedad en general, por lo que los hashtags #JusticiaParaIngrid e #IngridEscamilla se posicionaron rápidamente en Twitter, en donde los internautas también exigieron castigos ejemplares para los responsables de la filtración y difusión de las imágenes.
Lo anterior desató múltiples marchas de exigencia de justicia por el feminicidio y la difusión de las fotografías de Ingrid, que impulsaron esta Ley que evitará la revictimización de las mujeres, adolescentes y niñas.
El feminicidio de Ingrid, en donde se difundieron fotografías de su crimen, desató las legislaciones en la materia. Foto: Cuartoscuro.
TIPIFICACIONES EN CASCADA
La Ciudad de México fue la primera entidad que tipificó las filtraciones año después del feminicidio de Ingrid. El Congreso de la Ciudad de México aprobó el 24 de febrero de 2021, la reforma al Artículo 239 del Código Penal local, con la que ahora se tipifica como delito la difusión de contenidos de investigaciones judiciales como imágenes y videos de víctimas, con la que se determinó castigar a personas del servicio público que indebidamente compartan información, fotografías o documentos relacionados con algún procedimiento penal. La pena será de entre dos a seis años de cárcel y una multa de 500 hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
“El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida, es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte, nunca debe ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado, tanto a los que lo sufren como a los familiares y comunidad que les rodea”, se lee en el comunicado del Congreso de la capital mexicana.
La Ley Ingrid fue aprobada en Oaxaca también en febrero de 2021: la 64 legislatura local aceptó reformar la adición de la Fracción VII al Artículo 207 del Código Penal de ese estado con la que se establecen de dos a siete años de prisión y de 30 a 50 días de multa a la persona que cometa la falta señalada.
La redacción señala que comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público quien difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, documentos, audios o videos del lugar de los hechos del hallazgo; indicios, evidencias, objetos de cadáveres o parte de ellos.
Además, los legisladores oaxaqueños incluyeron en la modificación a quien difunda imágenes sobre las circunstancias de su muerte, las lesiones o estado de salud de personas, mujeres, niñas, niños, adolescentes, integrantes de la comunidad LGBTTIQ, o de instrumentos relacionados con un hecho que la ley señale como delito.
Todo surgió por la rabia que generó la forma en cómo asesinaron a Ingrid, cómo los medios exhibieron su cuerpo. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
En mayo de 2021, el Congreso de Colima se sumó a la aprobación. Los legisladores adicionaron el artículo 240 Bis al Código Penal del Estado de Colima, en el que establecen que quienes indebidamente difundan, entreguen, revelen, publiquen, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con el procedimiento penal tendrán una pena de tres a seis años de prisión y una multa equivalente de 50 a 100 UMAS.
El 23 de julio del año pasado, el Congreso del Estado de México aprobó la Ley también con penas de hasta nueve años a quien grabe y difunda imágenes, audios, videos o documentos que contengan cadáveres de mujeres y estén bajo resguardo de una investigación penal. Por unanimidad, los legisladores mexiquenses reformaron el Artículo 227 Bis de su Código Penal, en materia de difusión de información relacionada con cuerpos de víctimas de crímenes.
Los cambios consideran que cuando se trate de imágenes, audios o videos de mujeres, niñas o adolescentes en las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarían hasta en una mitad, es decir, hasta nueve años, y 11 si el delito fue cometido por un servidor público.
Casi dos años después del feminicidio de Ingrid, el 1 de febrero de este año, el Congreso de Chihuahua aprobó diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chihuahua con el propósito de establecer sanciones a las conductas cometidas desde la procuración e impartición de justicia en perjuicio de las mujeres y demás víctimas del delito, con base en casos emblemáticos de México para homologar en el estado las leyes “Abril” e “Ingrid”, se informó.
Los diputados locales adicionaron el artículo 264 Bis; y la fracción X, al artículo 288, del Código Penal del Estado de Chihuahua, para sancionar a quien dé a conocer documentos, constancias o información que obre en una investigación o proceso penal y que por disposición de la ley sean reservados o confidenciales.
El Congreso de Durango se unió a las reformas el pasado 26 de abril. Los legisladores reformaron el Código Penal del Estado, para castigar con seis meses a seis años de prisión y multa de 36 a 432 veces la Unidad de Medida y Actualización a los servidores públicos que difunda imágenes, audios o videos relacionados con una víctima o algún delito.
El 1 de abril del presente año, el legislativo de Sonora hizo lo mismo al aprobar por unanimidad imponer cuatro años de prisión como pena mínima y diez años de cárcel como la máxima, más multa que irá de 100 (9 mil 622 pesos) a 150 (14 mil 433 pesos) Unidades de Medida y Actualización, UMA, a quienes incurren en dicha conducta.
En México se matan al menos 11 mujeres al día. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
Pocos días después, el 6 de abril pasado, la Ley Ingrid también fue aprobada por el Congreso local de Tabasco, el cual impuso una pena de hasta seis años, y multas de 500 a mil días a quién difunda fotografía de mujeres asesinadas.
La medida también contempla una multa de 500 a mil UMAS, a la persona servidora pública que de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes sensibles con las características señaladas en el párrafo anterior.
Así también audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos del hallazgo, indicios, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con un procedimiento penal o una investigación relacionada con un hecho delictivo.
La adición prevé que dichas sanciones aumentarán en una tercera parte si la información difundida es con el fin de menoscabar la dignidad de la víctima o su familia; se trate de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes; o se refiera a circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud de la víctima.
La tipificación a nivel federal aun está pendiente de ser aprobada por el Senado. Foto: Rodrigo Sura, EFE.
En Querétaro las modificaciones se avalaron el pasado 8 de mayo para castigar con dos a ocho años de prisión, así como una multa que va de 48 mil 110 pesos a 96 mil 220 pesos, equivalentes a entre 500 y mil Unidades de Medidas de Actualización el delito de difundir o revelar imágenes, videos o grabaciones relacionadas con la muerte de alguna persona se aplican de
Querétaro considera una multa casi 10 veces mayor que la estipulada dentro de la Ley Ingrid, iniciativa para reformar el Código Penal federal que actualmente se analiza y se votará en el Senado de la República.
Estas modificaciones se replicaron después en los estados Jalisco, Puebla, y Quintana Roo, respectivamente.
Sin embargo, esta “problemática se encuentra arraigada” en todo el país, misma que se ve favorecida por las nuevas tecnologías que “han permitido la rápida circulación de la información”, según se señaló en la “iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 2014 del Código Penal Federal, en materia de filtración de imágenes, videos, audios y documentos”, promovida el 9 de diciembre de 2021, por la Diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Ana María Balderas Trejo.
El Observatorio Nacional del Feminicidio planteó la posibilidad de iniciar un segundo procedimiento de Alerta de Género ante los pocos resultados que ha tenido la primera declaratoria.
Por Elena Domínguez
Puebla, 18 de junio (Periódico Central).- En medio del aumento de feminicidios en Puebla en el morenovallismo, fue tramitada por primera vez la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Puebla, el proceso inició en 2016, pero se emitió en 2019 y, hasta ahora, registra pocos resultados.
En abril de 2019, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declaró la Alerta de Género en 50 municipios del estado con el fin de reducir la incidencia. Para esto, se solicitó que la entidad implementara 45 medidas.
Si bien, los feminicidios han registrado una baja en los últimos dos años, lo cierto es que otros tipos de violencia se mantienen al alza. En general, en 20 de los 50 municipios con Alerta de Género no se ha observado muchos resultados ni una baja en la cantidad de mujeres víctimas de diferentes delitos.
#DandoData dio a conocer que, desde 2019 que se declaró la Alerta de Género en Puebla y hasta noviembre de 2021, sólo se había cumplido una de las 45 medidas que envió la Conavim, 17 se calificaron como no cumplidas y 27 en proceso de cumplimiento.
El Observatorio Nacional del Feminicidio planteó la posibilidad de iniciar un segundo procedimiento de Alerta de Género ante los pocos resultados que ha tenido la primera declaratoria.
Familiares de víctimas y ciudadanía se manifestaron en las calles del centro de la ciudad de Puebla, exigiendo justicia y alto a la ola de feminicidios ocurridos recientemente en el estado. Foto: Hilda Ríos, Cuartoscuro
De acuerdo con información de la Conavim hay 22 estados con Alerta de Género, pero en total son 25 procedimientos. Esto se debe a que el Estado de México tiene dos, igual que Guerrero y Veracruz, por lo que Puebla estaría en posibilidad de tramitar y obtener otra declaratoria.
AlLERTA DE GÉNERO DEJA POCOS RESULTADOS
La declaratoria de Alerta de Género se dio en 50 municipios del estado y el objetivo es hacerle frente a la violencia feminicida, como parte de los resultados, se ha registrado una baja de 35.5 por ciento en la cantidad de feminicidios.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), en 2019 hubo 59 víctimas de feminicidio, en 2020 fueron 54 y en 2021 la entidad registró 37 asesinatos en razón de género. Hasta abril de este año, según datos oficiales, sólo ha habido siete feminicidios.
Sin embargo, la cantidad de víctimas de delitos ha tenido alzas y bajas, pues al considerar lo registrado en los 50 municipios con Alerta de Género, es notoria la falta de resultados.
Las cifras de georreferenciación de la violencia indican que, en 2019, los 50 municipios sumaron 11 mil 523 mujeres víctimas; en 2020 hubo una ligera baja con 11 mil 253; mientras que en 2021 la entidad reportó un alza con 11 mil 495 víctimas del delito.
En México se matan al menos 11 mujeres al día. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
Además de observar esta tendencia a nivel general, también se tiene a nivel municipal, pues la Alerta de Género no ha generado resultados en al menos 20 de los 50 municipios que abarcan la declaratoria, ya que, en vez de disminuir la cantidad de víctimas, aumentó.
Uno de los factores que han impedido la realización de acciones para combatir la violencia de género es la falta de recursos. Tan sólo para este 2022 el Gobierno Federal programó tres millones 107 mil pesos para entregar al estado a través de la Conavim y para atender la Alerta de Género.
CRONOLOGÍA: UN LARGO CAMINO PARA OBTENER LA ALERTA DE GÉNERO
La primera vez que se tramitó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres fue en marzo de 2016, cuando el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica A.C. presentó su solicitud ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
El proceso fue por violencia feminicida y a éste se sumó el de la organización Todos para Todos A.C. también en marzo de 2016. La agrupación solicitó la Alerta de Género para 28 municipios del estado.
Los dos procesos fueron acumulados y como resultado del análisis, el Grupo de Trabajo determinó 11 propuestas remitidas al Gobierno del Estado de Puebla para hacer frente a la violencia feminicida.
A partir de la notificación y aceptación de las conclusiones en julio de 2016, el Gobierno Federal dio seis meses para la implementación de las 11 medidas. El informe de cumplimiento de éstas fue entregado en enero de 2017.
En México, uno de los países más violentos contra la mujer, los feminicidios siguen al alza. Foto: Cuartoscuro.
En julio del mismo año se analizó y aprobó el dictamen respecto a la implementación de las 11 medidas, como resultado, la Secretaría de Gobernación y Conavim determinaron la no emisión de la Alerta de Género en el estado.
En octubre de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres la solicitud de declaratoria de Alerta de Género por violencia feminicida, a pesar de los resultados del dictamen ya aprobado.
A ésta se sumó la petición de organizaciones como Protección Popular Nacional A.C. y Sumando por Guerrero A.C. durante octubre y, en noviembre, se sumó la de la organización Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos A.C.
En marzo de 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla presentó una solicitud de declaratoria de Alerta de Género para los municipios de Puebla y Tehuacán por violencia feminicida. La petición se acumuló a los anteriores.
Aunque entre 2017 y 2019 no se declaró la Alerta de Género, en junio de 2018 se giraron 15 propuestas formuladas al Gobierno del Estado de Puebla el objetivo era obtener resultados contra la violencia feminicida.
Para que la Alerta de Género fuera una realidad en Puebla, en julio de 2017 la organización Todos para Todos A.C. presentó una demanda de amparo indirecto en contra de la resolución por la que se decidió no emitir la declaratoria.
En marzo de 2018 se concedió el amparo a la asociación y se sobreseyó el juicio. Después, se presentaron recursos de revisión. Hasta febrero de 2019 se concedió la protección federal y se ordenó emitir la Alerta de Género, misma que ha dado pocos resultados a tres años de la declaratoria.
Los casos de feminicidio y violencia de género han ido en aumento y la mayoría de ellos no cuentan con una resolución final.
Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- Nuevo León se ha identificado como uno de los estados de México en los que la violencia de género y feminicidios han incrementado y los casos se han quedado sin una respuesta, de acuerdo con una investigación de Redes Quinto Poder.
“En Nuevo León solo se han resuelto el 4.30 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas por los principales delitos relacionados con la violencia de género entre el 2015 y 2021”, concluyó Redes Quinto Poder luego de realizar un estudio de las cifras y casos.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2021 se abrieron en Nuevo León un total de 142 mil 946 carpetas de investigación por los 10 principales delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.
México tiene una alta incidencia de los delitos relacionados con la violencia de género. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
De dichos casos, solo se han resuelto seis mil 166 ya sea por medio de una sentencia condenatoria en contra de los responsables o por la vía de las salidas alternas al proceso penal previstas dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como son los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso.
“De acuerdo con bases de datos entregadas por la Fiscalía tras solicitudes de transparencia, entre las carpetas de investigación resueltas, mil 149 fueron concluidas mediante una sentencia condenatoria y otras 5 mil 17 por la vía de una salida alterna”, detalló Redes Quinto Poder.
Sólo el 4.30 por ciento, unas seis mil 166 carpetas de investigación han sido resueltas y se alcanzó la justicia durante los siete años que abarca el estudio, por lo que todavía de ese periodo queda un 95.70 por ciento por resolver, lo que es igual a 136 mil 780 casos pendientes, señaló el medio.
En comparación con las 132 mil personas que habitan en San Pedro, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra de los casos pendientes es superior, por lo tanto, existen más víctimas que están en espera de la justicia por un delito relacionado con la violencia de género que habitantes en dicho municipio.
Los delitos que fueron considerados dentro del estudio son: homicidio doloso con víctima femenina, feminicidio, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación, violación equiparada, violencia familiar, corrupción de menores y trata de personas.
El estudio se realizó a partir de carpetas de investigación acumuladas de 2015 hasta 2021, debido a que en dicho año arrancó el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Además es el año más antiguo en el que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública adoptó el formato actual de clasificación de delitos.
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Durante la identificación del cuerpo de Debanhi Escobar, el pasado abril, el Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez admitió que la atención de las víctimas y la persecución de delitos es tarea de la Fiscalía.
“Al Estado le corresponde la seguridad de la comunidad y a la Fiscalía la persecución de los delitos”, expresó.
Por su parte, en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León señala que a la Fiscalía, a través del Ministerio Público, le compete dirigir la investigación de los delitos y brindar la debida atención y protección a las víctimas; perseguir a los posibles responsables de los mismos; ejercer ante los tribunales la acción penal y exigir la reparación de los daños y perjuicios.
La Fiscalía de Nuevo León cuenta con un bajo grado de efectividad del 4.30 por ciento para resolver las carpetas de investigación iniciadas por los principales delitos relacionados con la violencia de género.
Ante esto, se detalló que ese organismo autónomo opera con menos recursos de los que solicita, aunque cada año ha tenido un incremento en su presupuesto.
“Para el 2022 la Fiscalía solicitó más de cuatro mil 500 millones de pesos, entre otras cosas, según se detalló, para la contratación de más agentes del Ministerio Público, sin embargo, de acuerdo con el portal de Transparencia del organismo autónomo, el Congreso le aprobó una partida de poco más de tres mil 676 millones, es decir, un 22 por ciento menos”, expuso Redes Quinto Poder.
“En 2021 el presupuesto de la Fiscalía rondó los tres mil 379 millones, en 2020 fue de dos mil 888 millones y en 2019, el primer año completo en el que operó como organismo autónomo, fue de dos mil 634 millones”, añadió.
Con dicho estudio se demostró que el organismo autónomo ha contado con un incremento en los recursos con los que cuenta para operar, por lo que el monto ha crecido en poco más de mil millones entre 2019 y 2022, lo que es igual a un 40 por ciento más.
DEBANHI ESCOBAR
El caso de Debanhi Escobar se investiga como feminicidio y su cuerpo será exhumado para una tercera autopsia, dijo el pasado 26 de mayo Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Anteriormente, Mario Escobar, padre de Debanhi, dijo que siente tristeza al pensar que pudo haber encontrado con vida a su hija, pues su campamento de búsqueda se encontraba tan sólo a unos metros del Motel Nueva Castilla, lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de la joven. Y dijo que él sabe que ella fue asesinada, es decir, que se trata de un feminicidio.
Debanhi Susana fue encontrada sin vida después de dos semanas de haber sido reportada como desaparecida en Nuevo León. Foto: Instagram @debanhi_escobar_1
“Me da tristeza saber que estábamos a un lado, nuestro búnker de batalla era afuerita, a 10 metros, estábamos a un lado de la barda donde teníamos caninos, donde teníamos drones, y a mí me llena de mucha tristeza pensar que pude haberla encontrado viva, si es que estuvo viva, me daría yo de golpes internos, saber que estuvo viva y no pude encontrarla”, dijo el papá de Debanhi en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.
Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años de edad, desapareció el pasado 9 de abril tras acudir a una fiesta en una quinta en el municipio de Escobedo, Nuevo León, y su cuerpo fue hallado 13 días después en el fondo de una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla.
Su muerte ha atraído la atención de la sociedad debido a las inconsistencias, opacidad, contradicciones de las autoridades y filtraciones en medios de comunicación.
YOLANDA MARTÍNEZ
El pasado 14 de mayo, el padre de Yolanda Martínez Cadena, cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de mayo, aseguró que su hija fue víctima de feminicidio y no de un suicidio, como señala la investigación de la Fiscalía de Nuevo León.
La dependencia informó que la posible causa de muerte de la madre de 26 años desaparecida en Monterrey era suicidio; al igual que en le caso de Debanhi Escobar, una nueva necropsia reveló otra causa.
Yolanda desapareció el 31 de marzo en la colonia Constituyentes de Querétaro tercer sector, en San Nicolás de los Garza. Foto: Especial.
El señor Gerardo Martínez aseguró que una autopsia realizada por peritos forenses de Guatemala podría señalar un feminicidio.
El pasado 9 de mayo, la Fiscalía confirmó que el cuerpo hallado el domingo pasado en el municipio de Juárez es el de Yolanda Martínez Cadena, la mujer de 26 años que desapareció el 31 de marzo en la colonia Constituyentes de Querétaro tercer sector, en San Nicolás de los Garza.
Según información difundida en redes sociales por la hermana de Yolanda, en un video grabado por una cámara de seguridad se muestra cuando la mujer salió de casa de su abuela a las 11:27 de la mañana a entregar una solicitud de empleo. Sin embargo, los familiares no saben que pasó después de eso.
“¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!”, gritaron familiares y amigos de una víctima de presunto feminicidio y de desaparición en Tapachula, mientras exigieron a las autoridades mejores condiciones de seguridad.
Tapachula, 25 de mayo (EFE).– Cientos de personas, amigos y familiares de Valeria Estefany Alegría y Monserrat Vázquez, víctimas de presunto feminicidio y desaparición, respectivamente, marcharon para exigir a las autoridades de justicia y mayor seguridad en Tapachula, en el sureño estado de Chiapas.
Los manifestantes reclamaron en su marcha pacífica que se implementen medidas para garantizar la seguridad en Tapachula “en cualquier momento del día”, dijeron.
Además, durante la marcha pidieron el regreso de las mujeres que, como Montserrat, permanecen en paradero desconocido.
“¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!” o “Solución, solución, queremos justicia”, gritaron los familiares de Valeria Estefany.
Cientos de personas, amigos y familiares de Valeria Estefany Alegría y Monserrat Vázquez, víctimas de presunto feminicidio y desaparición, respectivamente, se manifestaron en Tapachula para exigir a las autoridades de justicia mayor seguridad. Foto: Damián Sánchez, Cuartoscuro.
El cuerpo de Valeria Estefany fue encontrado en el fraccionamiento los Llanes, en el sur de Tapachula, el pasado domingo.
Según dijo en entrevista con Efe Ruth Arely Cruz, madre de la víctima, su hija salió de la zona donde vivían a comprar tacos. En este trayecto tuvo comunicación con su esposo y le dijo: “mira amor, esto te voy a llevar “.
La madre de esta joven narró que su hija “fue a comprar la cena de su esposo y nunca más regresó. Se rastreó donde estuvo ella con las personas ese día, y al ver que no llegaba su yerno se comunicó para avisarle y desde ahí no se supo de ella”.
La casa donde residía Valeria Estefany estaba muy cerca del establecimiento donde vendían la comida, pero según familiares y amigos es una zona insegura, al igual muchas colonias de este municipio fronterizo.
Montserrat Vázquez de 18 años, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en el primer semestre de Ciencias Químicas, desapareció el pasado 21 de mayo. Foto: Damián Sánchez, Cuartoscuro.
Por su parte, Vázquez García, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en el primer semestre de Ciencias Químicas, desapareció el pasado 21 de mayo a los 18 años de edad.
Fue vista alrededor de las 21:00 horas (5:00 del 22 de mayo) en su domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata.
“Tenemos mucha desesperación y no se lo deseo a nadie, es desesperante no saber nada de ella, algunos dicen que la han visto”, dijo la madre de Monserrat, Juana García.
Indicó también que la desaparición de mujeres les preocupa a los ciudadanos, y es por ello que demandan mayor vigilancia. “Para que no ocurra este problema, porque es un infierno para las familias”, dijo.
“No responde a su celular mi hija, no tenemos ninguna noticia de ella. Por eso, pedimos a las personas que si la ven que nos digan o nos den información”, sentenció.
La presidenta de la Unión de Colonias Populares de Tapachula, Marcela Rubio Pereyra, denunció que se haya agravado la inseguridad y uno de los factores que pueden generar los presuntos secuestros, opinó, es la llegada de migrantes a la ciudad desde países centroamericanos donde hay una fuerte presencia de pandillas.
Por ello, pidió al Gobierno federal que ponga en marcha los operativos antipandillas para evitar que continúe la inseguridad en la frontera sur de México.
La producción Caníbal. Indignación total tratará sobre el caso de Andrés Mendoza Celis, conocido como “El Caníbal de Atizapán”; constará de cinco capítulos y será transmitido por Justicia TV, el Canal de las Estrellas y otros medios públicos.
Ciudad de México, 18 may (EFE).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de México, Arturo Zaldívar, anunció este miércoles el estreno de una serie documental, financiada por la institución, que aborda el delito del feminicidioen el país.
La serie, llamada Caníbal. Indignación total, tiene como guía el caso de Andrés Mendoza Celis, conocido como “El Caníbal de Atizapán”, feminicida serial al que se le acusa del asesinato de al menos 19 mujeres.
“Esta serie tiene como objetivo mover conciencias, evidenciar que no podemos seguir investigando los casos de las mujeres muertas y desaparecidas con una enorme frivolidad e ineficiencia, que no podemos seguir revictimizando a las familias, que no podemos seguir pensando que simplemente son estadísticas”, dijo Zaldívar en una conferencia de prensa.
Esta serie tiene como objetivo mover conciencias, evidenciar que no podemos seguir investigando los casos de las mujeres muertas y desaparecidas con una enorme frivolidad e ineficiencia: Ministro Presidente @ArturoZaldivarL
La serie, que se estrenará el próximo 27 de junio, está integrada por cinco capítulos y se transmitirá por los canales de televisión Justicia TV, el Canal de Las Estrellas y otros medios públicos.
El magistrado agregó que la producción se hizo con “seriedad y cuidado” y dijo además que “no busca generar morbo, sino provocar reflexión, y no busca señalar culpables, sino apuntar a soluciones”.
En México, en promedio, más de 10 mujeres son asesinadas cada día y en 2021 sumaron más de mil feminicidios, según cifras oficiales.
Andrés “N”, el feminicida serial, de 72 años de edad, cumple actualmente una sentencia. Foto: Fiscalía Edomex
OTRAS MEDIDAS A FAVOR DE LAS MUJERES PRESAS
Zaldívar también anunció medidas para responder a la grave situación que enfrentan las mujeres en reclusión, luego de su visita al penal femenino de Santa Martha Acatitla, el pasado 11 de mayo.
Entre ellas, dijo, están “una defensa efectiva, inmediata, de calidad para 200 internas” de Santa Martha Acatitla, a cargo del Instituto de la Defensoría Pública Federal (IDPF).
Además de la revisión de la prisión preventiva en los casos donde la persona acumule más de dos años recluida.
Otra medidas serán la defensa de mujeres y hombres indígenas que están en prisión y recordó que actualmente se tiene un programa piloto en los estados de Oaxaca y de Chiapas “para determinar cuál es la situación de las personas indígenas en procesos locales”.
El presidente de la SCJN aseguró que la mayoría de estas medidas tienen una dimensión nacional que buscan hacer una diferencia en la vida de la gente.
“Espero que estas medidas sean la punta de lanza para que nos tomemos en serio una reflexión a nivel legislativo y a nivel de la sociedad sobre un cambio de paradigma en relación con la prisión preventiva oficiosa y justificada”, finalizó.
Tras ser agredida, Cinthia fue abandonada por sus agresores en una zona alejada de la ciudad; la creyeron muerta, pero al día siguiente recuperó el sentido y logró comunicarse con su familia.
Por Guadalupe Peñuelas
Ciudad de México, 14 may (EFE).- El caso de una joven torturada y violada presuntamente por trabajadores de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha encendido las movilizaciones en Ciudad Juárez, uno de los epicentros de los feminicidios que fustigan a México desde hace décadas.
En Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua y fronteriza con Estados Unidos, mujeres del poblado de Samalayuca se han manifestado para exigir justicia para Cinthia, una joven de 31 años que fue violada, torturada, mutilada y abandonada en un paraje por sus agresores, que la creían muerta.
Los hechos ocurrieron el pasado 23 de abril, cuando la mujer fue invitada a una fiesta por parte de un trabajador de la CFE. Ella aceptó la invitación y horas después de su llegada, sin percatarse, presuntamente introdujeron una sustancia alucinógena en su bebida.
Isabel, tía de la víctima declaró a EFE: “Después de que le pusieron drogas, ella [Cinthia] no recuerda mucho. Pero si se acuerda de los sujetos que la violaron”. La joven aseguró que no solamente fue violada, también fue mutilada.
Cinthia, de 31 años, fue violada, torturada, mutilada y abandonada en un paraje por sus agresores. Foto: Luis Torres, EFE
Y como sus agresores la creyeron muerta, la abandonaron en una parte alejada de la ciudad. La dejaron sin percatarse de que tenía su teléfono móvil y, por eso, al día siguiente, cuando recuperó el sentido, logró comunicarse con su familia.
“Cuando nos llamó, fue llevada al Hospital de la Mujer, fue monstruoso lo que le hicieron. En la Fiscalía [Fiscalía General del Estado de Chihuahua], hemos visto que se están vendiendo, no se vale. Ya han sido señalados los responsables, ella [Cinthia] los conoce y no se ha procedido en contra de ellos”, relata Isabel.
Asegura, que Cinthia ya identificó a los responsables y los ha señalado, pero no hay respuesta por parte de las autoridades.
“Ella está mal emocionalmente, los responsables están de vacaciones en su trabajo, no es justo”, lamenta.
Cinthia identificó a los responsables, pero no hay respuesta de las autoridades. Foto: Twitter @Info7Mty
SIN RESPUESTAS DE LA EMPRESA
EFE trató de obtener una respuesta por parte de la CFE sobre este caso, pero el superintendente de Ciudad Juárez Alejandro Hernández dijo que esta zona de la ciudad no es su área de acción.
Aunque confirmó que él es el superintendente de Distribución de la CFE, quien subordina a los señalados en este caso, dijo que “no sabría” qué comentar sobre el tema.
María Elena Ramos, activista en Ciudad Juárez por los feminicidios en la frontera, pide medidas por parte del Gobierno. “Es preocupante la impunidad en Chihuahua, en el país”, afirma.
Añadió que la sociedad “ha perdido la sensibilidad” sobre los brutales ataques contra las mujeres. “Exigimos a la comunidad que se sume y participe en las acciones de prevención y les provea a las mujeres espacios seguros para divertirse”.
Manifestantes bloquearon la Carretera Panamericana para exigir justicia por una violación. Foto: Blanca Carmona, La Verdad
De acuerdo con datos de la Fiscalía de Chihuahua, en lo que va de año se han registrado 73 asesinatos dolosos contra mujeres en el estado, de los cuales 41 -el 56 por ciento- ocurrieron en el municipio de Juárez.
Imelda Marrufo, líder de Red Mesa de Mujeres, sostiene que “la impunidad en esta ciudad va a llamar a mayor violencia, es un llamado a los agresores a seguir cometiendo los mismos hechos porque no va a pasar nada”.
Refiere que manifestarse es hacer un llamado a la sociedad a no ser indiferentes ante situaciones como esta, a no normalizar casos como el de Cinthia.
“Es importante que las investigaciones sean rápidas, es la necesidad de poner más policías de investigación. Pediremos ante las autoridades la atención de este y otros casos pendientes por resolver”, concluye.
La Coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo, en el poblado de Samalayuca, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Foto: Luis Torres, EFE
El Gobierno mexicano registró mil 004 víctimas de feminicidio en 2021, como se tipifica el asesinato motivado por violencia de género, un 2.66 por ciento más que en 2020.
Al sumar las dos mil 747 víctimas femeninas de homicidio doloso, un total de tres mil 751 mexicanas murieron asesinadas el año pasado, lo que representa más de 10 al día.
Madres de todo México se han juntado en diversas ciudades del país para exigir a las autoridades justicia por las hijas víctimas de feminicidio, los hijos desaparecidos, los asesinatos impunes que dejan al país como una tumba abierta donde los 10 de mayo no hay nada que festejar.
Por María Verza
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de mayo (AP).— Desde hace más de una década, el Día de las Madres en México está marcado por las mujeres que no pueden celebrarlo con sus hijosy exigen justicia en un país donde los asesinatos no cesan, las desapariciones crecen, los feminicidios continúan y los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas son amenazados y asesinados en medio de una impunidad que, según Naciones Unidas, es casi absoluta.
Éstas son algunas de las voces de esas madres que este 10 de mayo no tuvieron nada que festejar.
HASTA ENCONTRARLOS
A sus 72 años, Guadalupe Fernández es de las pioneras en la búsqueda de desaparecidos. Su hijo, el ingeniero José Antonio Robledo, desapareció en 2009 en el norte del país. Al año siguiente, fue una de las dos docenas de mujeres que decidieron pasar el día de las madres plantadas en el Zócalo de Ciudad de México en señal de protesta. “Ni llamamos la atención de las pocas que éramos”, recordó.
Ahora se juntan cientos “por desgracia”, dijo, porque el número de madres de víctimas de violaciones de derechos humanos también ha crecido.
Decenas de madres y familiares de personas desaparecidas se reunieron en las inmediaciones de la Glorieta de los Niños Héroes en Guadalajara, Jalisco, para marchar para pedir justicia y alzar la voz por sus hijos y encontrar a sus seres queridos. Foto: Fernando Carranza García, Cuartoscuro.
Gracias al esfuerzo de miles como ella, hay mejores leyes y más información aunque la cifra de desaparecidos casi llega a los 100 mil, según datos oficiales. El 98 por ciento de ellos desde 2006, cuando se incrementó la violencia vinculada a los cárteles.
“Es catártico”, afirmó Fernández después de la marcha en la capital. “Este día saca uno todo lo que tiene acumulado aunque hayan pasado los años”.
LA MADRE DE LA PERIODISTA SILENCIADA
Aurora Falconi, de 83 años, pasó el martes velando a su hija Yessenia Mollinedo, la directora de un portal de noticias de Veracruz, en el Golfo de México, asesinada la víspera junto a una de sus reporteras.
A ratos sentada junto al féretro, a ratos reposando en una mecedora fuera de la vivienda, la anciana no lloraba aunque su rostro se descompuso al mostrar a la prensa una pequeña foto de su hija cargando a su nieta.
Pese al dolor, se dedicó a atender a los medios que cubrían el velorio ofreciéndoles comida o retirar el mueblecito donde reposaban sus pies para que tuvieran mejor toma. La familia tenía claro que informar de estos nuevos asesinatos era importante.
Aurora Falconi muestra fotos antiguas de su hija asesinada, la periodista Yessenia Mollinedo Falconi, durante el velatorio de su hija en Minatitlán. Foto: Félix Márquez, AP.
Mollinedo y la reportera Sheila Johana García fueron acribilladas dentro de un vehículo frente a una tienda en Cosoleacaque. El miedo impidió a muchos a acudir a dar el pésame a Falconi.
Este año han sido asesinados 11 comunicadores en México, el lugar no en guerra más peligroso para la prensa, según las organizaciones de defensa de periodistas.
MADRES CONTRA FEMINICIDIOS
Lorena Gutiérrez tiene 52 años. Antes era ama de casa. Cuando asesinaron a su hija de 12 años en 2015 se convirtió en luchadora a tiempo completo y una mujer amenazada por exigir justicia en un crimen donde, según explicó, estaban implicados miembros del crimen organizado y también servidores públicos.
Gutiérrez tomó la palabra este martes en el centro de Ciudad de México. Luego, ya sin el micrófono, temblaba y lloraba indignada contando su historia con más detalles de los que nadie se atreve a preguntar.
Su hija estuvo desaparecida solo unas horas, luego encontraron su cadáver en uno de los suburbios que rodean la capital. “La torturaron, la lapidaron, la violaron, le abrieron el pecho 30 centímetros, la entrepierna, le sacaron un ojo y le tumbaron todos sus dientes”, describía casi sin respirar. “Era una niña… y luego hacen esto con Daniel”.
Madres de colectivos de desaparecidos marcharon en Xalapa este 10 de mayo. Foto: Yerania Rolón, Cuartoscuro.
Daniel era otro de sus hijos. Murió con 16 años en 2020 en Monterrey donde huyeron buscando seguridad. “Lo mataron en el hospital de sobredosis de ansiolíticos”, dijo. Cree que fue una represalia por buscar justicia.
“Ya no tenemos vida… pero al Gobierno no le importa”. Y recordó al presidente y al resto de autoridades “que el silencio también asesina”.
Los asesinatos de mujeres calificados como “feminicidios” también han aumentado: pasaron de 977 en 2020 a mil 015 en 2021. En los dos primeros meses de este año hubo 157, según cifras del Gobierno federal.
EN BUSCA DE MIGRANTES PERDIDOS
Yolanda Ramírez es una costurera salvadoreña de 57 años que busca a su hija, Ana María, desde 2007. “La dejaron perdida en el desierto de Arizona”, en la frontera con Estados Unidos, aseguró.
Ramírez pertenece a otro grupo de madres que cada año peregrinan desde Centro América a la Ciudad de México buscando a los seres queridos perdidos en la ruta migratoria. Ellas han tejido redes y han localizado a algunos migrantes con vida. “Me dijeron que la han visto en Oaxaca”, explicaba Ramírez el martes, tras participar en la caravana de madres centroamericanas por tercer año consecutivo.
Madres de distintas nacionalidades llegan cada año desde Centroamérica a la Ciudad de México buscando a los seres queridos perdidos en la ruta migratoria. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
Esas redes también han cruzado el océano Atlántico.
Gianfranco Crua, un técnico electricista, y Ugo Zamburru, un psiquiatra jubilado, no son madres pero el martes representaban en México a muchas del norte de África que perdieron a sus hijos al cruzar el Mediterráneo o los Balcanes. En sus pechos llevan los retratos de hijos de esas mujeres.
Estos italianos son parte de un colectivo que ha conectado a madres tunecinas o argelinas con las centroamericanas que hicieron que muchas magrebíes perdieran el miedo. “Las dijeron que hay que llorar pero también luchar”, explicó Zamburro.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2014 más de seis mil 200 migrantes han muerto en su ruta hacia Estados Unidos. Casi 24 mil, en el Mediterráneo. De los desaparecidos, no hay cifras claras pero se cuentan por miles.
Para mantener las fuerzas y la esperanza, Zamburro recordó un lema de las buscadoras argentinas. “Las madres de Plaza de Mayo dicen que no hay lucha sin alegría”.
La joven recordó que la motocicleta que utilizó un hombre que la intentó secuestrar en Ecatepec es una tipo DM color verde con listones morados en su volante.
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– En las últimas semanas, grupos de motociclistas empezaron a circular una iniciativa en la cual utilizan un listón morado en su vehículo como señal para mujeres que se pueden acercar a ellos en caso de estar en una vía pública y sin manera de llegar a sus casas o algún lugar seguro.
Sin embargo, el pasado 27 de abril, una usuaria de Facebook denunció que uno de estos motociclistas intentó secuestrarla en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.
La mujer identificada como Alicia Hernández indicó que el conductor se hizo pasar como un “aliado feminista” y le ofreció apoyo para llevarla a su destino ya que ella se había sentido insegura.
“Hoy, aproximadamente a las 07:00 horas, recurrí a tomar mi combi rumbo a San Cristóbal, siempre la tomo en la clínica 76. Una camioneta se estacionó cerca de mí, me alejé mirando una moto más adelante, me dijo que si necesitaba ayuda, me empecé a poner nerviosa, le dije que sí, y al subirme empezó mi infierno”, narró en redes sociales.
Algunos motociclistas tuvieron la iniciativa de utilizar un listón morado para apoyar a mujeres a llevarlas a un lugar seguro. Foto: Captura de pantalla.
De acuerdo con la publicación, el conductor le dijo que una camioneta los venía siguiendo y tomaría la dirección hacia “El Chapulín” para perder su rastro.
Sin embargo, en ese momento la motocicleta se paró y el conductor la empezó a amenazar.
“La moto se paró, me dijo que no hiciera panchos y que me subiera a la camioneta. Luché con todas mis fuerzas, pero un hombre tiene más fuerza. La camioneta ya venía atrás, gracias a dios logré soltarme, estaba muy adolorida porqué me tenía del cuello”, describió la joven.
Afortunadamente, logró soltarse de su agresor, quien le dijo a un compañero que le metiera un balazo, y corrió hacia una tienda cercana donde se refugió hasta que llegaran elementos de la Policía Municipal.
Según recordó, la motocicleta en cuestión es una tipo DM color verde con listones morados en su volante.
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