La iniciativa enviada por el Presidente López Obrador busca que la Guardia Nacional sea controlada operativa y administrativamente por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ciudad de México, 31 de agosto (Zeta).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió este miércoles a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa preferente, misma que será legal, no constitucional, para pasar por completo las funciones de seguridad de la GuardiaNacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Así lo informó Sergio Gutiérrez Luna, presidente saliente de la Mesa Directiva de San Lázaro. A través de su cuenta de la red social Twitter, el político veracruzano indicó que los diputados federales también recibieron de parte del titular del Poder Ejecutivo Federal, el dictamen de impacto presupuestario.
“Hemos recibido la iniciativa del Presidente López Obrador en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, así como también recibimos el dictamen de impacto presupuestario. Desde la Cámara estaremos atentos al seguimiento de esta iniciativa”, tuiteó el legislador federal, integrante del grupo parlamentario de Morena, en la Cámara baja del Congreso de la Unión.
Hemos recibido la iniciativa del Presidente @lopezobrador_ en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, así como también recibimos el dictamen de impacto presupuestario. Desde la Cámara estaremos atentos al seguimiento de esta iniciativa. pic.twitter.com/twKnYxkkMn
“Con fundamento en lo establecido en el Artículo 27, fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del comunicado signado por el Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, a través del cual en ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a ese Órgano Legislativo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública”, señala el oficio enviado a San Lázaro, firmado por Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Asimismo, con fundamento en el Artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño la presente copia simple del oficio 315 A.-3496 de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” y 353. A- 1060 de la Dirección General Jurídica de Egresos, ambas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se emite el dictamen de impacto presupuestario”, agregó el oficio que llegó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que también fue signado por Maria Estela Ríos González, Consejera Juridica del Poder Ejecutivo Federal.
El Presidente López Obrador advirtió elpasado 26 de agosto que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que es constitucional el “acuerdo” para pasar por completo las funciones de seguridad de la GN a la Sedena, él ya cumplió con su labor.
La iniciativa pretende darle el control de la Guardia Nacional a la Sedena. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro
Además, recordó que el próximo 1 de septiembre enviará una iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional, misma que será legal, no constitucional; y defendió su propuesta de militarizar la GN, al asegurar que las Fuerzas Armadas cuentan con el respaldo de la gente.
Por su parte, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) insistió el mismo día durante la reunión plenaria de las y los diputados de Morena, que lo mejor para el país es que la GN dependa de la Defensa Nacional y deje de estar bajo su adscripción.
Rodríguez Velázquez señaló que la coordinación es clave para fortalecer la seguridad pública y resaltó que derivado de la labor de la Guardia Nacional, según ella, “hay una reducción histórica de homicidios dolosos”, así como disminución de robos, secuestros, feminicidios y “huachicoleo” o robo de hidrocarburos.
La Secretaria aseguró que la incorporación permitirá que la GN prevalezca como una política de Estado transexenal y que se consolide por completo como el proyecto de seguridad “más importante en la historia moderna de México”.
A pesar de que el General Alejandro Saavedra Hernández estuvo involucrado en dos casos polémicos (la ejecución en Tlatlaya y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa), dentro del Ejército mexicano fue promovido a diversos cargos hasta su retiro el 2 de marzo de 2021.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– El General Alejandro Saavedra Hernández se encuentra entre los 20 integrantes del Ejército mexicano que la Fiscalía General de la República (FGR) señala por estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Es el militar de más alto rango de esa lista.
De acuerdo con la FGR, quien ya notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sobre estas 20 órdenes de aprehensión giradas en contra de sus elementos, en 2014 cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas, el General Alejandro Saavedra Hernández era el titular de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo.
El informe de la Comisión de la Verdad destaca que el 26 de septiembre de 2014 el General tuvo acceso directo a las comunicaciones de inteligencia que en tiempo real tuvo el C-4 de todas las actividades de los estudiantes.
El General Alejandro Saavedra Hernández. Foto: Sedena
De acuerdo con la Comisión, “los mandos involucrados incumplieron su deber de intervenir para salvaguardar las vidas de los civiles desarmados, que estaban bajo ataque de criminales y policías municipales”.
A Saavedra Hernández se le señala de ignorar las llamadas de alerta y grabaciones del C-4 sobre el ataque y la desaparición de los normalistas, así como el asesinato de seis personas más la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Según la investigación, los miembros del 27 Batallón de Infantería tuvieron los reportes de los hechos y se los hicieron saber al coronel José Rodríguez Pérez, también investigado, y éste se lo reportó a Saavedra, pero la orden fue no intervenir.
Como lo reportó SinEmbargo, al menos veinte elementos de las Fuerzas Armadas de México, mandos y tropa, han sido involucrados por las autoridades en el caso Ayotzinapa, entre ellos el General de división Alejandro Saavedra Hernández, así como los almirantes Marco Antonio Ortega, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y Eduardo Redondo Arámburu, titular de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar).
Es la primera ocasión en que se persigue a tal cantidad de miembros del Ejército y la Marina, cuyo antecedente más inmediato fue el procesamiento contra siete soldados involucrados en el fusilamiento de 22 presuntos delincuentes, en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, tres meses antes de la Noche de Iguala.
De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, los almirantes Ortega y Redondo, y el General Saavedra participaron como “enlaces operativos para desarrollar la investigación” denominada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, encabezada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, preso por estos hechos.
El informe sobre la investigación de lo ocurrido con los 43 normalistas presentado por el Subsecretario Alejandro Encinas, el jueves, identifica a parte de los responsable de fabricar la “verdad histórica” por la que está preso Murillo Karam, entre ellos funcionarios federales del Gobierno de Enrique Peña Nieto y de Guerrero, encabezado por Aguirre Rivero.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, durante la presentación del nuevo informe de la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro
Añade: “Los enlaces operativos para desarrollar la investigación fueron: Por parte de Semar, el almirante Marco Antonio Ortega Liu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y el titular de la Unidad de Inteligencia Naval, el almirante Eduardo Redondeo Arámburo. Por parte del CISEN, José Miguel Espinoza Pérez, delegado en Guerrero; por la Policía Federal el comisionado Omar García Harfuch; el comandante de la zona militar en Chilpancingo, Alejandro Saavedra; el policía ministerial Carlos Gómez Arrieta”.
El General Saavedra Hernández, quien también participó en el caso Tlatlaya, fue nombrado comandante de la 35 Zona Militar el 2 de junio de 2014.
Después del ataque a los normalistas fue movido a diferentes áreas de la Sedena, es decir, no lo removieron del cargo. El 20 de noviembre de 2014 fue promovido de General de Brigada a General de División y luego se convirtió en comandante de la IX Región Militar, según un perfil suyo publicado en el blog del Estado Mayor.
En octubre de 2015 fue nombrado coordinador de la Estrategia Federal de Seguridad en el estado de Guerreo y al año siguiente, el 28 de noviembre de 2016, pasó a ser Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea.
Posteriormente, el 1 de diciembre de 2017 fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.
De acuerdo con diversas versiones periodísticas, el General Alejandro Saavedra era uno de los hombres de confianza de Salvador Cienfuegos, extitular de la Sedena, tanto que fue uno de los dos generales que le propuso al Presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo en el cargo.
El otro propuesto por Cienfuegos era el subsecretario Arturo Granados, pero finalmente López Obrador optó por Luis Crescencio Sandoval.
Saavedra Hernández fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas hasta su retiro el 2 de marzo de 2021.
A lo largo del posicionamiento, la agrupación de expertos reiteró su compromiso con los familiares de los estudiantes normalistas, la sociedad y las autoridades de México para coadyuvar a conocer la verdad completa del caso Ayotzinapa, incluyendo la búsqueda de los que aún se encuentran desaparecidos e insistiendo en la protección del debido proceso.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Después de la presentación del nuevo Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que se llevó a cabo el pasado 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió este lunes que se le permita revisar las pruebas que se integraron, y exigió que las madres y los padres de los jóvenes vean los reportes antes de hacerlos públicos.
“Conocimos el contenido del informe sólo a partir de la exposición del 18 de agosto del 2022, cuando se presentó a los padres y madres, representantes y otros integrantes de la Comisión en presencia del Presidente de México y altas autoridades del Estado. El texto completo nos fue entregado a las 9 de la noche del día 18 de agosto de 2022″, informó en un comunicado.
En el documento, el grupo saludó que “existan eventuales nuevas revelaciones en el esfuerzo de la COVAJ en la investigación del caso, quien ha puesto todo el interés y el trabajo en ello”, sin embargo, insistió en que toda la información debe ser conocida de manera previa por las madres y los padres de los estudiantes.
“Como GIEI, hemos recobrado con la COVAJ muchos de los medios de prueba que quedaron registrados en nuestro informe de marzo de 2022”, señaló. No obstante, acusó que no ha tenido acceso directo al “material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe”, por lo que no ha podido examinarlo.
Asimismo, la agrupación detalló que tampoco ha tenido acceso a los peritajes que se practicaron sobre ese material. Por ello, dio a conocer que desde la presentación de los nuevos hallazgos, solicitó el acceso no sólo a lo que se incluyó en el informe, sino a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información.
“De igual manera hemos pedido que se entreguen cuanto antes a la Fiscalía (UEILICA), tanto los mensajes, como los dispositivos de los cuales fueron extraídos. Todo ello es clave para evaluar las características, fiabilidad y calidad de la información señalada”, subrayó.
El GIEI también confirmó que en cuanto tenga acceso directo a la información y pueda analizar a profundidad el contenido del informe, compartirá sus valoraciones sobre las nuevas revelaciones que se incluyen en el texto.
Además, recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) y los fiscales son autónomos en el ejercicio de sus funciones; que el Poder Judicial es independiente, así como cada uno de los jueces, “a quienes corresponde evaluar y, en su caso, dar curso a las informaciones presentadas”.
Por último, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes aclaró que no ha participado en la redacción del informe de la Comisión para la Verdad y que no ha señalado presuntos responsables.
“Reiteramos la importancia de que estos casos avancen también en su diligencia ante las autoridades judiciales pertinentes y que, con las evidencias que se aporten a dichos procesos, puedan llevar a sentencias condenatorias donde se establezca la responsabilidad penal de los perpetradores respetando el debido proceso”, concluyó.
¿QUÉ DICE EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD?
La Comisión de la Verdad, creada para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, dijo el jueves en un informe que lo ocurrido hace ocho años fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el Ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y sabía lo que estaba ocurriendo.
Reactivó también la hipótesis de que el crimen esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión, confirmó que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida, y anunció que México le ha ofrecido a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso y prófugo en Israel, un acuerdo para que colabore con la justicia proporcionando información que pueda esclarecer los hechos.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino —Cocula— y tiró los restos a un río cercano.
Tanto los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que continúan colaborando con la investigación_, como la actual Fiscalía negaron la versión del basurero e insistieron en que los 43 no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, aunque confirmaron la identificación de tres estudiantes a través de restos óseos calcinados. Aseguraron también que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia.
Encinas subrayó que los miles de nuevos documentos analizados confirman no sólo esos puntos, sino que se trató de un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel del Gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Dijo también que el Ejército es responsable, al menos, “por acción, omisión o negligencia” en el caso porque uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien sus mandos no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación, y esa inacción iba en contra de los protocolos vigentes.
En el pasado, el Ejército ha argumentado que no actuó porque la policía estaba a cargo de la situación y no era su responsabilidad involucrarse.
La Secretaría de la Defensa no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios por parte de la AP.
El Subsecretario ofreció también datos que reavivan la hipótesis de que el tráfico de heroína que se realizaba en esa región del sur de México pudo estar en el epicentro del crimen.
El grupo de expertos internacionales pidió desde 2016 investigar esta posibilidad porque, según sus informes, la Policía Federal había bajado a los estudiantes de uno de los autobuses que los jóvenes pretendían llevarse, y escoltó ese vehículo hasta la salida de la ciudad, lo que les hacía sospechar que podía haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago, y que los estudiantes pudieran haberlo tomado por error.
México pidió información a Estados Unidos sobre este tema, pero apenas ahora se confirmó que ese autobús sin pasaje libró esa noche al menos 16 retenes que habían puesto las fuerzas federales y “nunca fue detenido”, señaló Encinas. Según mensajes interceptados a presuntos criminales posteriormente, ahí se encontraba “la mercancía”, la cual “es o droga o dinero”, agregó.
El Subsecretario anunció que ya se presentaron en la Fiscalía todos los elementos necesarios para que deslinde responsabilidades de 33 personas, entre las que hay funcionarios federales que no especificó. Lamentó también que 26 “personas clave” en la investigación han muerto o fueron “ejecutadas”.
Desde finales de 2020 el Gobierno hizo público que había 25 órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos, entre los que se encontraban militares y policías federales. Aunque hubo algunos arrestos, se desconoce cuántos siguen prófugos.
El funcionario de mayor rango conocido es Zerón, a quien México acusa de tortura y desaparición forzada. Encinas dijo que, cuando se reunieron con él en febrero para ofrecerle colaborar con la justicia, se negó, por lo que siguen los trámites para intentar su captura con fines de extradición. Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, es considerado el artífice de la versión oficial, ya totalmente desacreditada.
Este año, el grupo de expertos internacionales aseguraron en su más reciente informe que la Marina de México formó parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior, y tuvo acceso a videos con interrogatorios a 50 detenidos que confirmaron que la tortura fue una práctica sistemática. Esa información fue puesta a disposición de la Comisión de la Verdad.
Unas 140 personas han sido detenidas desde 2014 por este caso, pero la mayoría fueron excarceladas por irregularidades en sus procesos o cuando se demostró que habían sido torturadas. Sólo unas 50 siguen en prisión.
El Gobierno notificó a las familias de los 43 los hallazgos antes de hacerlos públicos y garantizó que continuarán tanto las búsquedas como el análisis de todos los restos óseos encontrados para intentar hallar información genética.
En un breve mensaje, sus abogados dijeron que, “por la dureza de lo informado” —es la primera vez que este Gobierno da por muertos a los muchachos_, los padres analizarían en profundidad el informe y pedirían la opinión de los expertos internacionales antes de fijar una postura.
El informe de la Comisión de la Verdad del caso de Ayotzinapa revela que el soldado desaparecido junto con los normalistas tenía al menos dos años como infiltrado; también señala que el Ejército se apoyó de una empresa, que utilizaba el programa Pegasus para intervenir comunicaciones de objetivos clave, policías e integrantes de Guerreros Unidos.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- El soldado Julio César López Patolzin llevaba cuando menos dos años infiltrado con los normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos y asesinados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, de acuerdo con el informe presentado por la Comisión de la Verdad sobre este caso.
El joven militar tenía como objetivo informar de lo que pasaba en las asambleas que se realizaban en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”; dar seguimiento a las marchas, mítines y cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en el estado de Guerrero y fuera de la ciudad, según la misma información.
Además, según el informe, López Patolzin también tenía como tareas detectar vínculos con integrantes de grupos subversivos, grupos de la delincuencia organizada y “todo movimiento que pusiera en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional”.
No obstante, Julio César fue abandonado por la institución a la que le brindó servicio activo desde hacía por lo menos cinco años, a pesar de que era obligación de la Sedena protegerlo.
El informe detalla que el soldado se encontraba activo en el Ejército Mexicano “realizando funciones de informante” y que su superior jerárquico, el Teniente Marcos Macías Barbosa del 27 Batallón de Infantería, tenía conocimiento de que él se encontraba dentro del grupo de estudiantes que fueron atacados y privados de la libertad.
El Ejército, agrega el documento, teniendo conocimiento de lo que ocurría, “no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece en el Protocolo para Militares Desaparecidos” que obliga a los mandos a implementar medidas contundentes a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y en su caso, rescate del personal militar desaparecido.
La infiltración de este elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue confirmada el jueves por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, al dar a conocer el informe de la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa.
Previamente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) había revelado en su Tercer Informe, presentado en marzo de este año, que los estudiantes de la Escuela “Raúl Isidro Burgos” eran un blanco de inteligencia por parte de las autoridades militares, desde años anteriores de la desaparición.
El GIEI reveló que hubo dos operaciones de inteligencia por parte de dos batallones del Ejército Mexicano cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que ellos dieron un seguimiento “casi contrainsurgente” a los estudiantes. Esto incluía la infiltración de militares en el contingente de los normalistas que fungían como “agentes de inteligencia”.
En ese entonces, Claudia Paz, exfiscal de Guatemala e integrante del Grupo de Expertos, detalló que fueron operaciones de espionaje ordenadas por la Comandancia de la 35 zona militar dos días antes del 26 de septiembre. En ese momento también se afirmó que el Ejército tuvo conocimiento “minuto a minuto”, de la desaparición de los jóvenes.
“Un seguimiento que vamos a llamar histórico, casi contrainsurgente a las actividades de la escuela, un seguimiento a las actividades de los estudiantes. Hay una orden expresa por parte de autoridades militares de dar seguimiento a los movimientos de los estudiantes dos días antes del 26 de septiembre, es decir, que las autoridades en aquel momento contaban con información prácticamente minuto a minuto de lo que está ocurriendo”, indicó Claudia de la Paz y Paz, integrante del GIEI, en marzo pasado.
Ambos informes, el del GIEI y el de la Comisión de la Verdad, coinciden en que todas las corporaciones, Ejército, CISEN y Policía Federal y Estatal, hacían seguimiento y reporte en tiempo real de todas las actividades de los normalistas de Ayotzinapa.
Por su parte, el documento presentado esta semana por la Comisión de la Verdad, precisa que Julio César López causó alta como soldado de infantería el 16 de enero de 2009 en el 50 batallón de infantería de Chilpancingo, es decir, que tenía 5 años y ocho meses como tiempo de servicio.
Otro de los aspectos que detalla el documento oficial es que los informes de Julio César daban cuenta del plan de acción de los estudiantes para el 2 de octubre de 2014. El último reporte que emitió el joven, fue precisamente el 26 de septiembre de 2014 cerca de las 10 de la noche.
El informe de la Comisión confirma las versiones que se habían dado a conocer desde años atrás: que el Ejército tenía un informante. En el año 2019, la revista Proceso publicó un reportaje realizado por el periodista Ezequiel Flores Contreras en el que entrevistaba a los padres de Julio César, quienes aceptaban que el joven era soldado, pero indicaban que había desertado.
El texto también daba cuenta que desde el año 2015 se dio a conocer que un soldado estaba infiltrado. En ese mismo año, también se divulgó un video que mostraba el momento en el coronel de Infantería Diplomado, Gregorio Espinoza Toledo, notificaba a la madre de Julio César López que su hijo era informante, que podría estar muerto y le entrega 5 mil 667 pesos, presuntamente correspondientes al sueldo del militar en activo.
Julio César López, uno de los #43deAyotzinapa, era soldado en activo y realizó trabajos de inteligencia para el Ejército hasta el día de la desaparición. En este video se ve a militares pagar a su madre, Joaquina Patolzin, una quincena pendiente y ofrecer información de él pic.twitter.com/sQm6FxXqqy
El informe también revela que la Sedena se apoyó en una empresa que utilizaba el programa Pegasus para intervenir comunicaciones de policías, integrantes de Guerreros Unidos y otros objetivos clave el día de la desaparición de los normalistas.
Elementos militares intervinieron las comunicaciones, al menos en dos ocasiones, entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, tras analizar 17 mil documentos obtenidos de los archivos militares en las regiones, zonas y batallones militares de Guerrero y su área de inteligencia.
El informe también revela que la empresa llamada Proyectos y Diseños VME, vinculada con el Programa Pegasus, –que en ese momento era el más utilizado por las fuerzas de seguridad– registró las llamadas telefónicas de las fuerzas de seguridad.
El documento detalla que la empresa vinculada a Pegasus operaba desde el año 2014, pero que se establecieron los contratos con el Gobierno federal a partir del año 2015 y que el 93 por ciento de los contratos realizados con Proyectos y Diseños fueron con la Sedena de ese entonces.
“Los servicios relacionados con los contratos se refieren al mantenimiento y refacciones para diversos fines”, señala el informe.
La Comisión de la Verdad analizó la información de las comunicaciones telefónicas que dicha empresa realizó en los meses de septiembre y octubre de 2014 y encontró que la empresa intervenía a seis personas consideradas como objetivos de alto nivel, de nivel medio, como policías e integrantes de Guerreros Unidos.
“El expediente proporcionado por el CISEN corrobora la existencia de distintas intervenciones de comunicaciones a objetivos relevantes de Guerreros Unidos en la fecha de los eventos”.
Tanto autoridades estatales, municipales y federales estuvieron al tanto de las acciones de los estudiantes de las Normal de Ayotzinapa, previo a su viaje a la CdMx para participar en la marcha del 2 de octubre, reveló Encinas esta tarde.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró al soldadoJulio César López Patolzin en la Normal de Ayotzinapa para documentar las acciones de los normalistas en septiembre de 2014, por lo que en todo momento las autoridades estaban al tanto de lo que acontecía en el lugar.
“Desde el momento en que se estaban haciendo los preparativos de la movilización de los estudiantes, de cara al 2 de octubre, todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento y las acciones de los estudiantes. Tan es así que impidieron la toma de los autobuses, pero además la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la Normal al soldado Julio César López, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la Normal”, detalló Encinas en la presentación del informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
“Era el responsable de informar de lo que aconteció en las asambleas de la Normal y de las movilizaciones de los estudiantes e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado estaba bajo el mando del Teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27 Batallón”, agregó.
El Subsecretario de Derechos Humanos explicó que los reportes del soldado terminaron el día de la desaparición de los 43 y la Sedena no actuó para dar con su paradero como lo marca su protocolo de desapariciones militares.
“Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López, lo cual era su obligación. Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia en la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Su último reporte fue al filo de las 10:00 de la mañana de ese día”, indicó.
“Desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, mencionó.
Alejandro Encinas en reunión con padres de los 43 normalistas. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
Encinas aseguró que debido a que la Sedena tenía un soldado infiltrado, todas las autoridades estatales y municipales estaban al tanto del movimiento de los normalistas y pudieron haber impedido su desaparición, pero no fue así.
“Todas las autoridades estatales y municipales estuvieron informados de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada al rancho del cura y en la caseta de Iguala, su llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia del que fueron objeto. Las omisiones en las que incurrió esta autoridad acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción u omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición de los estudiantes”, afirmó.
Luego del informe, los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa emitieron un breve pronunciamiento en el que están analizando la información para posteriormente emitir una postura. Destacaron que en el informe se reconocen los obstáculos militares y ministeriales en la desaparición de los estudiantes.
“FUE UN CRIMEN DE ESTADO”
La desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano”, concluyó este día el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, al presentar las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo Encinas en conferencia de prensa en Palacio Nacional, a la par que indicó que “la creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
Normalistas protestan por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: Obturador Mx.
El Subsecretario Encinas indicó que “la investigación continúa y la búsqueda de los estudiantes continúa” e informó que como parte de las conclusiones preliminares se determinó que las autoridades federales y estatales “del más alto nivel” fueron omisas y negligentes existiendo elementos de presunción respecto de “alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”.
El Subsecretario explicó que se han llevado a cabo 101 acciones de búsqueda en 7 municipios de Guerrero que han representado 675 jornadas de trabajo. “Es decir, de los tres años y medio que llevamos de gobierno, en el 50 por ciento de esos días ha habido búsquedas de campo en la Sierra de Guerrero, en algunos lugares de distintas entidades, donde en estas acciones hemos tenido 17 hallazgos, 27 cuerpos recuperados, 32 indicios balísticos y prendas de vestir y números restos óseos”.
El Subsecretario recalcó que “todavía no se pasa [la Guardia Nacional a la Sedena]”, pero que “hay una discusión en que aún está en el Congreso”.
Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, rechazó la posible adhesión de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dijo que “la seguridad pública deben mantenerse en el ámbito civil”.
En el marco de la presentación del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, sostuvo se debe “mantener el mandato constitucional”, pues “la seguridad pública es un asunto de la autoridad civil”.
Además, apuntó que “todavía no se pasa [la Guardia Nacional a la Sedena]”, pero que “hay una discusión en este país, que aún está en el Congreso. Yo creo nosotros debemos mantener el mandato constitucional”.
🔴 En representación del pueblo mexicano, recibimos el informe de la Comisión de la verdad de Colombiahttps://t.co/gSI3Qnxjlc
Encinas recibió en el evento recibió el informe de la Comisión de la Verdad de Colombia, y con ello, según la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, “refrendó el compromiso y responsabilidad para conocer la verdad, reivindicar la memoria, buscar la reparación del daño y continuar con la búsqueda de personas desaparecidas, a fin de dar respuesta a la sociedad mexicana sobre los lamentables crímenes de Estado que se cometieron durante el periodo de la llamada Guerra Sucia”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 8 de agosto que enviaría un decreto para que la Guardia Nacional dependa completamente de la Sedena, en cuestiones de seguridad, lo cual desató críticas entre organizaciones civiles y expertos.
Luego de las fuertes críticas que realizaron organizaciones humanitarias contra el anuncio, López Obrador dijo en su conferencia matutina que buscará una reforma legal para extender la permanencia de los militares en calles, que según un transitorio de la Constitución sólo está autorizado hasta marzo del 2024.
Muñoz Ledo advirtió que el Presidente López Obrador pretende “desaparecer la Guardia Nacional y entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato del Estado” algo que calificó como una “grave violación constitucional”.
Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, llamó a todos los mexicanos a “denunciar y combatir por todos los medios legítimos el sórdido propósito de militarizar al país” luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara un decreto para que la Guardia Nacional (GN) pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A través de una carta titulada “Llamado a restaurar la República”, el político criticó a López Obrador al calificar como una “grave violación constitucional” pretender “desaparecer a la Guardia Nacional y entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato de Estado”.
“De nuevo los militares en las calles junto al derrame indetenible de sangre ciudadana. Una guerra interna pactada por el Gobierno con el crimen”, agregó Muñoz Ledo haciendo referencia a la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) durante su sexenio.
En su misiva, el expresidente de la Cámara de Diputados afirmó que los “soldados y marinos no son ‘corcholatas’ al servicio de caciques tropicales, sino el último reducto de soberanía y de las libertades públicas”.
“Rechacemos la provocación y la mentira. Forjemos la unidad combatiente por la paz. Ejerzamos el derecho sagrado de la resistencia a la opresión. Toda flaqueza frente al despotismo en un suicidio anticipado”, concluyó.
El pasado 8 de agosto, el Presidente López Obrador anunció un decreto para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Ya por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa a la Secretaría de la Defensa, ya la cuestión operativa está a cargo, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Sedena y esperamos además el resultado de la reforma, pero ya quiero que sea la Sedena la que se haga cargo”, dijo en su conferencia de prensa diaria.
La Guardia Nacional de México nació con la aspiración de ser una fuerza civil, bien entrenada e incorruptible, que pacificara al país y desbancara a los militares en las labores de seguridad pública. Ocurrió al revés.
Y en la sección de los ¡DECRETAZOS!
AMLO ya dijo que en los próximos días expedirá un acuerdo para que la Guardia Nacional pase por completo a la Sedena pic.twitter.com/Jfp4FcPfh1
El Presidente de México aspira a que la labor de los militares en esta área sea permanente. Y pretende hacerlo, aunque no tenga el apoyo del Congreso, pero la idea ya ha hecho saltar todas las alarmas y no sólo por cuestiones legales, también porque ni la Guardia Nacional, ni los militares han logrado bajar los niveles de violencia en el país.
Además, organizaciones civiles han criticado que la institución pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana, pues ello significaría la militarización de la seguridad pública, algo que constituye un riesgo para los derechos humanos.
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que desde que se reportaron los sucesos, se tuvo una comunicación permanente con gobernadoras, gobernadores y fiscales de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Baja California y Chihuahua.
Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, dijo esta mañana que los eventos de violencia que se suscitaron en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California la semana pasada fueron una reacción del crimen organizado por las acciones que realiza el Gobierno de México para contenerlos. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se llevó la mayoría de las menciones en el informe presentado hoy, pero no es el único grupo criminal al que se señala.
El General Secretario hizo una revisión de cada uno de los eventos de días pasados, ciudad por ciudad, para exhibir las razones. “Las causas de los hechos sucedidos el fin de semana se tienen plenamente identificadas y aquí se dará información al respecto”, había dicho previamente Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Sandoval González aseguró que en 19 estados de la República ya se tienen más elementos de la Guardia Nacional (GN) que las fuerzas estatales y que hay una coordinación nacional que permite reaccionar a las acciones del crimen organizado.
A la conferencia asistieron además Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación; José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina; Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública federal.
El Secretario de la Defensa afirmó que las organizaciones criminales también intentan mostrar músculo, exhibirse fuertes, como reacción al debilitamiento de sus estructuras y por el daño económico que provocan los decomisos recientes de drogas.
Sin embargo, el General aseguró que a pesar de ello, las organizaciones criminales se han ido debilitando debido a la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno federal, la cual, dijo, ha ido avanzando.
“De alguna forma van buscando cómo hacer para poder distraer, inclusive, a las fuerzas de seguridad para que atiendan una situación y ellos poder hacer otra. O también por el debilitamiento quieren sentirse aún fuertes, generan situaciones de violencia donde mandan mensajes de que aún son fuertes cuando en realidad se ha ido avanzando y eliminando esta estructura delincuencial”, expresó.
Aseguran que la estrategia de seguridad está funcionando y prueba de ello es la ola de violencia…
Sí, así como lo escuchan, los actos de la semana pasada son para distraer a las fuerzas o porque quieren “sentirse” fuerte las células delictivas después de su debilitamiento. ? pic.twitter.com/TLIAoqW4eK
Sobre qué detonó la violencia en Jalisco y Guanajuato, Luis Cresencio Sandoval explicó que las autoridades fueron alertadas sobre una reunión entre dos grupos criminales, y que a su llegada y captura de seis presuntos delincuentes, integrantes de una organización delictiva comenzaron a realizar bloqueos y quema de vehículos en la zona. Lo anterior, debido a que creían que se había capturado a líderes delincuenciales; no obstante, el funcionario confirmó que en este operativo no se detuvo a ningún objetivo prioritario.
En Guanajuato, donde el Secretario de la Defensa destacó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, dijo que se quemaron comercios, vehículos y también hubo detenidos de quienes realizaron los actos de violencia.
Mientras que en Ciudad Juárez, Cresencio Sandoval mencionó que los ataques armados contra civiles y la quema de varios negocios fue con la intención de ser un distractor para que autoridades no atendieran la riña al interior del penal, donde dos presos murieron baleados y otros 20 resultaron lesionados, cuatro de ellos por proyectil de arma de fuego y el resto por contusiones. Además, señaló que la riña fue entre integrantes del Cártel del Pacífico y el Cártel de Juárez, quienes se disputaban el control de actividades ilícitas.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se llevó la mayoría de las menciones en el informe presentado hoy, pero no es el único grupo criminal al que se señaló. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro
En Baja California, el titular de la Secretaría de la Defensa destacó la presencia de los cárteles del Pacífico, Jalisco Nueva Generación y los Arellano Félix, quienes mantienen una disputa constante por controlar las rutas y realizar actividades ilícitas.
“De ahí que se presenten actos vandálicos, como lo mencionó el Presidente [Andrés Manuel López Obrador], para llamar la atención [porque] no atentaron contra la sociedad, pero si fue un efecto de llamar la atención y buscar que las autoridades atendieran esto, y generar una conducción hacia la población para presumir que hay una falta de seguridad”, aseveró.
Sobre los hechos registrados en Michoacán, Luis Cresencio Sandoval refirió que fueron las fuerzas federales y estatales quienes detectaron el desplazamiento de una caravana de 167 hombres armados. Estas personas, dijo, supuestamente pertenecen al grupo identificado como Pueblos Unidos.
Más de 100 personas, incluyendo tres adolescentes, fueron detenidos por elementos de seguridad por la presunta portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Foto: Twitter @FGRMexico
De acuerdo con el Secretario de la Defensa, los integrantes de Pueblos Unidos pretendían enfrentarse con miembros del Cártel Jalisco Nuevo Generación, luego de que se diera un choque entre ambos grupos.
Por su parte, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que desde que se reportaron los sucesos, se tuvo una comunicación permanente con gobernadoras, gobernadores y fiscales de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Baja California y Chihuahua.
La funcionaria reiteró que en el país “hay gobernabilidad y estabilidad” como lo había mencionado previamente el Jefe del Ejecutivo, quien llamó a la población a estar tranquila e informada.
En el país hay gobernabilidad y estabilidad. El presidente @lopezobrador_ llamó a la población a estar tranquila e informada y no hacer caso de la campaña amarillista en medios. El gabinete de seguridad dará un informe completo sobre los últimos acontecimientos del pais.
Finalmente, el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, refirió que por los eventos en Jalisco registrados el 9 de agosto, hay cinco detenidos; en Guanajuato, 11; en Ciudad Juárez hay 12 detenidos, mientras que en Baja California fueron 12.
“Siguen en curso diferentes acciones de persecución criminal para poder detener a más sujetos involucrados en estos hechos para lograr la vinculación a proceso y para en su momento tener sentencias ejemplares que incluyen diversos delitos como tentativa de homicidio, utilización de armas de uso exclusivo del Ejército y demás que el propio Ministerio Público como representante social presente como imputación ante los jueces correspondientes”, concluyó.
La tripulación del avión huyó al darse cuenta de la cercanía del personal militar, además de optar por abandonar la presunta carga y aeronave ilícita, alejándose del lugar en diferentes direcciones.
MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) – La Secretaría de Defensa de México ha comunicado este domingo que el Ejército del país ha interceptado una avioneta que viajaba con 460 kilogramos de cocaína.
El Sistema Integral de Vigilancia Aérea del ministerio había detectado el sábado una aeronave no identificada procedente de Sudamérica, por lo que se solicitó el despliegue de dos aviones Embraer EMB-145 y tres helicópteros UH-60 para dar seguimiento a la nave, según ha explicado la cartera en un comunicado.
El aparato realizó un aterrizaje forzoso a 79 kilómetros de Campeche, ciudad portuaria situada al sur del país, en el golfo de México.
La tripulación del avión huyó. “Al darse cuenta de la cercanía del personal militar, optaron por abandonar la presunta carga y aeronave ilícita, dispersándose del lugar en diferentes direcciones”, describe la Sedena en la misiva.
Los agentes encontraron 38 paquetes con un peso aproximado de 460.5 kilogramos de cocaína. Estos paquetes han sido puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de la confirmación pericial.
“Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, así como garantizar la soberanía, seguridad y protección del espacio aéreo nacional, contribuyendo con el gobierno de México para mantener la paz y seguridad de la población”, ha concluido la Sedena.
A pesar del aumento de la presencia policial, en la ciudad de Mexicali se reportó la quema de tres vehículos la noche del sábado; los incidentes en Baja California dejaron un lesionado y 19 detenidos, entre ellos tres presuntos miembros del CJNG.
Por Jorge Lebrija
TIJUANA, México (AP) — Con cientos de militares y policías patrullando las calles, la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, buscaba el domingo retornar a la normalidad tras ser alcanzada por una ola de violencia que ha golpeado en los últimos días a varias urbes del centro y norte de México.
Las principales vías de la ciudad fronteriza tenían el domingo escasa presencia de transeúntes, vehículos particulares y transportes públicos, y algunos comercios volvieron abrir.
Tras los eventos violentos del viernes, donde presuntos integrantes de bandas delictivas y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) incendiaron una veintena de vehículos en las localidades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate y Ensenada, el transporte público se retiró de las calles y muchos comercios cerraron.
Los refuerzos comenzaron a patrullar las calles de Tijuana este domingo. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro
Para hacer frente a la ola de violencia en el estado de Baja California, el Gobierno envió el sábado a Tijuana un contingente de 300 elementos de las fuerzas especiales del Ejército y 50 guardias nacionales, dijo a The Associated Press el Comisario de la Guardia Nacional en la entidad, Jorge Enrique Martínez Medina.
“La seguridad se ha recuperado”, afirmó Martínez Medina, y agregó que las fuerzas de seguridad militares y civiles y demás autoridades de Baja California acordaron una serie de acciones para “reestablecer y mantener la paz social”.
Entre los pocos comerciantes de Tijuana que se atrevieron a salir a trabajar estaba Marco Antonio Villavicencio, propietario de un pequeño local de platos típicos mexicanos, quien expresó que decidió abrir “por la necesidad de trabajar, pues aquí vivimos con el pan de cada día”, pero admitió que sentía que su vida estaba en riesgo.
A pesar del aumento de la presencia policial, en la ciudad de Mexicali se reportó la quema de tres vehículos la noche del sábado.
Los incidentes en Baja California dejaron un lesionado y 19 detenidos, entre ellos tres presuntos miembros del CJNG.
La Fiscalía General de Baja California dijo el domingo en un comunicado que los detenidos fueron enviados a la Ciudad de México para ser investigados y resolver su situación jurídica.
Por otra parte, las autoridades del estado occidental de Michoacán dijeron el domingo que avanzan en las investigaciones tras la captura de 167 presuntos integrantes de una célula delictiva, en el municipio de Uruapan.
Son 300 soldados y 50 guardias nacionales los que reforzaron BC, informó la autoridad. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro
Durante la operación fueron incautadas 233 armas, dos granadas de fragmentación, dos aditamentos lanzagranadas y 25 vehículos, informó la Secretaría de la Defensa. En represalia por las detenciones, presuntos delincuentes realizaron seis bloqueos de vías y casetas en algunas localidades de Michoacán, los cuales fueron levantados por las autoridades.
Algunos medios locales informaron que los detenidos formarían parte del grupo armado Pueblo Unido, que mantiene enfrentamientos con el CJNG por el control territorial en Michoacán.
En los estados de Jalisco y Guanajuato se registraron el pasado martes una serie de ataques armados a civiles y quemas de comercios y vehículos por los que fueron detenidos 16 presuntos delincuentes y se reportó la muerte de tres personas, entre ellas un supuesto integrante de un grupo delictivo.
En Ciudad Juárez, próxima a la frontera con Estados Unidos, ocurrieron el jueves ataques armados contra civiles, quema de varios negocios, y una riña en una cárcel que según las autoridades desencadenó la violencia en la localidad fronteriza.
En esos incidentes fallecieron 11 personas, entre ellos un menor de 13 años, dos mujeres de 54 y 18 años, y cuatro empleados de la emisora MegaRadio que estaban transmitiendo un evento promocional en vivo fuera de una pizzería cuando fueron baleados. La Fiscalía General estatal informó que 12 personas sufrieron lesiones por arma de fuego y quemaduras durante los ataques.
Durante la riña en la cárcel de Ciudad Juárez murieron baleados dos presos y otros 20 resultaron lesionados, cuatro de ellos por proyectil de arma de fuego, y el resto por contusiones.
El presidente nacional de Morena aseguró que la Guardia Nacional es una institución que está “del lado del pueblo” y no es corrupta, caso contrario a como fue durante los “gobiernos neoliberales”.
Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, hizo un llamado a fortalecer la Guardia Nacional (GN) tras las recientes olas de violencia que se han vivido en distintosestados del país.
Delgado comentó que es necesario que la GN se fortalezca para que siga creciendo, ya que lo considera una institución de seguridad “leal” ante la ciudadanía.
“Hacía falta tener una institución como la Guardia Nacional, de dimensión nacional que fuera leal y que no fuera corrupta como eran las instituciones en el pasado. Ahora nuestras instituciones ya no se corrompen, están del lado del pueblo, y hay que seguir apoyándolos”, dijo.
Asimismo, aseguró que a diferencia entre la actual Administración y la derecha, es que ahora ya existe una colaboración con el crimen organizado, al igual que vulneración a los derechos humanos desde el Gobierno, fabricación de casos ni ocultamiento de información.
La propuesta del Presidente López Obrador busca integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Foto: Christian Palma, AP.
“El fuego no se apaga con más fuego, tenemos que ir a las causas que generan la violencia, por eso la Cuarta Transformación ha hecho una inversión social histórica, para que los jóvenes tengan oportunidades, los campos vuelvan a ser productivos y tengamos una paz que sea fruto de la justicia”, argumentó Delgado al afirmar que los programas de bienestar son algunas de las maneras que ha empleado el Gobierno para atacar las causas de la corrupción de las instituciones de seguridad.
Añadió que gracias al “Gobierno honesto, una Guardia Nacional con reacción inmediata y una inversión social histórica”, se llegará a la paz en México, la cual fue “robada” durante los gobiernos neoliberales.
“No cedamos ante esta derecha corrupta que quiere malinformar a la población, diciendo que los gobiernos tienen complicidades con los grupos organizados; no, los que tienen hechos probados de complicidad, justamente son los gobiernos de la derecha. Así que, vamos con todo a apoyar a nuestro Presidente en esta estrategia de seguridad”.
Hacemos un reconocimiento al Ejército mexicano, a la Marina armada de México y a la Guardia Nacional por el extraordinario esfuerzo que están haciendo para mantener la paz y la tranquilidad en todo el territorio nacional. #BoletínDePrensa 🛑👇https://t.co/FSM5abPQKJ
La violencia marcó esta semana a Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Michoacán, donde la quema de vehículos, los bloqueos de vialidades, ataques armados e incendios de comercios pusieron en alerta a la ciudadanía durante horas.
En Chihuahua, por ejemplo, Ciudad Juárez registró el jueves una jornada violenta con ataques armados contra civiles y quema de varios negocios que dejaron 11 muertos, entre ellos un niño, cuatro empleados de una radio y dos personas privadas de la libertad, además de al menos 20 heridos en una riña en el Centro de Reintegración Social (Cereso) número 3.
En #Guanajuato pasan estos actos de #terrorismo porque son de los últimos estados en rechazar al gobierno de morena, que le da abrazos a los delincuentes y crucifica a la población culpando siempre al pasado, cuando Guanajuato siempre fue un estado en calma en el pasado. pic.twitter.com/CTEX3T1i6n
Días antes, el martes por la noche, Jalisco y Guanajuato vivieron horas de terror luego de que, de acuerdo con la versión de autoridades federales, el Ejército irrumpió en un lugar donde estaban presuntos líderes de dos grupos criminales, lo que desencadenó enfrentamientos y quema de vehículos y negocios.
Mientras que en Baja California, este viernes se registraron bloqueos y la quema de 24 vehículos en Tijuana, Tecate, Ensenada, Rosarito y Mexicali. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó esta tarde que 17 personas fueron detenidas por los actos violentos, tres de ellas tendrían relación con el cártel Jalisco Nueva Generación.
También en Michoacán: en la madrugada de este sábado, incendian gasolinera en Zitácuaro; la oportuna intervención de los bomberos evitó una tragedia pic.twitter.com/uuxleZCjpb
Ese mismo día, en los municipios de Celaya y Comonfort, en Guanajuato, también se reportó un enfrentamiento entre hombres armados y elementos de las fuerzas de ciudad pública de de la entidad que habría desatado una persecución y la quema de vehículos.
A estos hechos se suma que este sábado una gasolinera fue atacada en Zitácuaro, Michoacán, lo que provocó el incendio de dos bombas de combustible y un vehículo.
Marko Cortés reprochó que el Gobierno de López Obrador esté asignando tareas que no le corresponden a las Fuerzas Armadas, sobreexponiendo a la administración y manejo de recursos públicos.
Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) anunció esta mañana que exigirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que haga valer el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho, declarando inconstitucional el decreto presidencial para que la Guardia Nacional (GN) pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A través de un comunicado, el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, agregó que acudirán a las instancias internacionales de derechos humanos a presentar las denuncias correspondientes.
“Porque nosotros estamos convencidos de que en las democracias la seguridad pública está a cargo de la autoridad civil y no de militares”, expresó el líder panista, quien además acusó que la violencia en el país “sigue y sigue incrementándose”.
Recordó que sólo esta semana “se presentaron actos de terrorismo en Guadalajara, Zitácuaro, Irapuato, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana y Ensenada”. “Con los abrazos del Gobierno la gente vive con miedo, y el crimen organizado avanza y se expande”, añadió.
La estrategia de “abrazos, no balazos” resultó un rotundo fracaso. Hoy vivimos la peor inseguridad, más violencia, homicidios y feminicidios que nunca.
URGE corregir el rumbo, para que todas y todos los mexicanos podamos vivir y trabajar en paz. pic.twitter.com/OGLzqtyM73
Marko Cortés consideró que “el país entero se le está incendiando al Presidente Andrés Manuel López Obrador”. Y dijo que “la incapacidad de gobernar ya duele a los mexicanos. Tristemente, México se está convirtiendo en uno de los países más violentos del mundo”.
Por ello, destacó que es urgente corregir el rumbo, pues señaló que la estrategia “resultó un rotundo fracaso”. “Hoy vivimos la peor inseguridad, más violencia, homicidios y feminicidios que nunca”.
Además, el dirigente del PAN manifestó que la Guardia Nacional, creada a inicios de la administración de López Obrador, podía estar conformada por militares de manera temporal, pero esto no funcionó.
En ese sentido, recriminó que ahora el Gobierno está asignando tareas que no le corresponden a las Fuerzas Armadas, sobreexponiéndolas a la administración y manejo de recursos públicos, poniendo en riesgo que se generen “complicidades y corrupción”.
El Presidente López Obrador aspira a que la labor de los militares en materia de seguridad sea permanente. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro
La violencia actual, reprochó, es consecuencia de que en este Gobierno se desmanteló la Policía Federal, y se les quitó los recursos a las policías estatales y municipales, “por ello ahora estamos pagando las consecuencias”.
De acuerdo con Marko Cortés, México lo que requiere es asignar recursos para la seguridad pública, pero con policías civiles, bien capacitados, pagados, organizados y equipados, no a través de soldados y marinos que son para defender la soberanía nacional, y sólo actuar de manera temporal y en situaciones de excepción respaldando a las fuerzas civiles.
“Urge que a la gente buena se le abrace y se le proteja frente a la violencia, el secuestro, la extorsión y al terrorismo, y que a los criminales, con apego a la Ley, se les combata y se les detenga. Eso es lo que queremos en Acción Nacional, que todos los mexicanos podamos vivir y trabajar en paz”, concluyó.
El pasado 8 de agosto, el Presidente López Obrador anunció un decreto para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El país se le incendia a @lopezobrador_, los “abrazos” han aumentado la violencia y el crimen organizado sigue avanzando, la gente tiene miedo de salir a las calles y la incapacidad del gobierno está convirtiendo a México en un país sin leyes ni justicia.pic.twitter.com/0hwHgMlL0G
“Ya por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa a la Secretaría de la Defensa, ya la cuestión operativa está a cargo, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Sedena y esperamos además el resultado de la reforma, pero ya quiero que sea la Sedena la que se haga cargo”, dijo en su conferencia de prensa diaria.
La Guardia Nacional de México nació con la aspiración de ser una fuerza civil, bien entrenada e incorruptible, que pacificara al país y desbancara a los militares en las labores de seguridad pública. Ocurrió al revés.
El Presidente de México aspira a que la labor de los militares en esta área sea permanente. Y pretende hacerlo, aunque no tenga el apoyo del Congreso, pero la idea ya ha hecho saltar todas las alarmas y no sólo por cuestiones legales, también porque ni la Guardia Nacional, ni los militares han logrado bajar los niveles de violencia en el país.
Además, organizaciones civiles han criticado que la institución pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana, pues ello significaría la militarización de la seguridad pública, algo que constituye un riesgo para los derechos humanos.
Y en la sección de los ¡DECRETAZOS!
AMLO ya dijo que en los próximos días expedirá un acuerdo para que la Guardia Nacional pase por completo a la Sedena pic.twitter.com/Jfp4FcPfh1
Los opioides sintéticos como el fentanilo han estado detrás de un gran incremento en las muertes por sobredosis en Estados Unidos, pues es una droga 100 veces más poderosa que la morfina.
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de agosto (AP).— Soldados mexicanos incautaron casi 1.5 toneladas de metanfetaminas y 149 kilos (328 libras) de lo que aparentemente es fentanilo en polvo en un retén en el estado de Sonora, informó el Ejército.
Los militares también hallaron 816 mil 486 píldoras que aparentemente contenían fentanilo empacadas en 46 barriles dentro del camión el miércoles.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicó que obtuvo información de que un camión que transportaba concentrados de jugos de frutas en polvo a la ciudad fronteriza de Tijuana también llevaba drogas. Los cárteles del país suelen pasarle información a las autoridades sobre envíos propiedad de bandas rivales.
Los opioides sintéticos como el fentanilo han estado detrás de un gran incremento en las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Imagen ilustrativa. Foto: Arizona Daily Star vía AP.
Los narcotraficantes mexicanos manufacturan fentanilo, un opioide sintético, a partir de precursores importados de China, y posteriormente lo compactan en pastillas que tienen aspecto de los fármacos Xanax, Adderall u Oxycodone.
Los opioides sintéticos como el fentanilo han estado detrás de un gran incremento en las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Es una droga 100 veces más poderosa que la morfina; tan sólo dos miligramos pueden ser letales.
Con frecuencia las personas que consumen las píldoras falsificadas no saben que están tomando fentanilo, lo cual ha contribuido al incremento en los fallecimientos por sobredosis.
El titular de la Sedena dio a conocer que un elemento militar del Equipo de Respuesta Inmediata a Emergencias o Desastres y un rescatista civil realizaron los descensos al interior del pozo número tres.
Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- Cuatro fueron los descensos que autoridades realizaron ayer en la mina del municipio de Sabinas, Coahuila, para explorar las condiciones previas al rescate de los 10 trabajadores que quedaron atrapados hace una semana, informó este jueves Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Durante su intervención en la conferencia de prensa presidencial, el General detalló que un elemento militar del Equipo de Respuesta Inmediata a Emergencias o Desastres y un rescatista civil realizaron los descensos el miércoles al interior del pozo número tres, donde retiraron 13 polines de madera y 15 metros de manguera flexible.
No obstante, Cresencio Sandoval destacó que posteriormente dos buzos militares, quienes también entraron a la mina, “encontraron que no tienen espacio para avanzar, tienen obstrucciones, hay maderas y siguen habiendo algunos polines”, aunque aseguró que “se va a continuar el trabajo” para rescatar a los mineros.
Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dio a conocer que buzos de las Fuerzas Armadas y rescatistas ingresaron el miércoles a la mina del municipio de Sabinas para evaluar las condiciones para el rescate de 10 trabajadores. Foto: Gobierno de México.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, señaló que es importante reducir el agua de los pozos con la finalidad de que los rescatistas puedan ingresar con seguridad.
Asimismo, dio a conocer que la extracción del agua es constante. En ese sentido, explicó que el total del volumen reducido desde el pasado 3 de agosto hasta el día de hoy ha sido de 148 mil 460 metros cúbicos, mientras que la cantidad de agua extraída el día de ayer fue de 18 mil 425 metros.
La funcionaria confió en que este jueves los rescatistas puedan entrar al pozo dos; sin embargo, subrayó que es importante evaluar la situación “para no exponer a nadie”. “Entendemos la urgencia de entrar y ojalá que el día de hoy pueda ser”, añadió.
Los mineros quedaron atrapados allí el 3 de agosto luego de que se derrumbó un área contigua de una vieja mina que estaba llena de agua, lo que provocó una fuerte inundación. Las labores de evaluación y retiro de obstáculos se iniciaron después de que las autoridades lograron reducir los niveles del agua.
En la mina de carbón, ubicada en el municipio Sabinas, laboraban 15 trabajadores, pero sólo cinco lograron salir tras el ingreso del agua. Los mineros, todos de bajos recursos, trabajaban en el lugar sin medidas de seguridad ni supervisión de las autoridades.
Desde el día del accidente, las autoridades iniciaron la extracción de agua de los pozos, de unos 60 metros de profundidad, con la ayuda de una veintena de bombas de extracción. Sin embargo, el proceso se demoró debido a que el nivel bajaba con mucha lentitud, porque mientras el agua salía por un lado, entraba por otro. Ante esa situación, el equipo a cargo de la emergencia decidió realizar dos perforaciones en el área para evitar que continuara ingresando más agua.
La @CNPC_MX#informa el avance en la extracción de agua en la mina #Pinabete es la siguiente (6:00 h):
?️Pozo 2:Se han reducido 32.83 m, faltarían 2.9 m
?️Pozo 3:Se han reducido 32.87 m, faltarían 5.9m
?️Pozo 4:Se han reducido 35.16 m, faltarían 7.7 m (metros)@laualzua, @CFEmxpic.twitter.com/I7ti21gnri
Sobre la condición en la que se encontrarían los 10 mineros atrapados, las autoridades no han ofrecido información, pero especialistas han reconocido que es muy complicado que puedan salir con vida y dicen que todo dependerá de si lograron encontrar un espacio para guarecerse del agua.
Desde hace varios días rescatistas y buzos habían tratado de entrar a los pozos, pero la profundidad de la inundación, y la acumulación en la mina de elementos sólidos y maderas, obligaron a las autoridades a posponer el ingreso al área por razones de seguridad.
Unos 672 agentes de las fuerzas militares y otros cuerpos de seguridad participan en las labores de rescate.
Presencia de militares equipados con equipo de rescate se observa en la entrada de la mina la Agujita. Foto: Alejandro Rodríguez, Cuartoscuro.
Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía de Coahuila iniciaron investigaciones y tomaron declaración a una persona que dijo ser el dueño de la mina, pero hasta el momento no se han realizado anuncios sobre el avance del proceso.
El caso ha reactivado las críticas sobre las precarias condiciones en las que trabajan muchos mineros en México, sin cumplir con medidas de seguridad como sistemas de ventilación, salidas de emergencia y equipos de seguridad, y sin la supervisión de la Secretaría del Trabajo.
El Presidente López Obrador confirmó que ya hay personas detenidas, quienes estaban en la reunión de “jefes de grupos delictivos”; aunque no especificó la cantidad.
Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- Los incendios y actos de violencia registrados ayer en Guanajuato y Jalisco se desataron después de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y policías estatales intervinieran en un encuentro de alto perfil entre dos bandas de la delincuencia organizada, reveló este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según distintas versiones, en el operativo se habría detenido a Ricardo Ruiz Velazco, alias “El Doble R”, un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Se informó hoy en la mañana, intervino la Secretaría de la Defensa y también los policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento”, detalló el mandatario en su rueda de prensa diaria.
Elementos de la policía de Zapopan, Jalisco, atienden los vehículos incendiados por presuntos criminales tras un enfrentamiento con autoridades. Foto: Fernando Carranza, Cuartoscuro.
López Obrador dijo que eso fue lo que generó la jornada violenta con diversos acontecimientos como bloqueos y quema de vehículos en ambos estados.
El Jefe del Ejecutivo confirmó que ya hay personas detenidas, quienes estaban en la reunión de “jefes de grupos delictivos”; aunque no especificó la cantidad.
“Está todavía la Secretaría de la Defensa, las policías en la zona porque están buscando detener a más presuntos delincuentes […] Ya hoy se va a informar también de lo que sucedió, más tarde”, añadió.
Después de los enfrentamientos, y de la quema de vehículos y tiendas de autoservicio, este miércoles Guanajuato y Jalisco amanecieron en calma; a pesar de ello, escuelas y negocios en diferentes municipios de Guanajuato anunciaron la suspensión de sus actividades.
Por su parte, las autoridades estatales no reportaron personas lesionadas ni fallecidas tras los hechos violentos registrados durante la noche del martes.
El Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó que reforzó la seguridad en la entidad y los operativos coordinados con los municipios.
Quiero compartirles que me encuentro en atención permanente a los incendios provocados en distintos puntos del estado y he girado instrucciones a las instituciones de reforzar la seguridad y operativos en coordinación permanente con los municipios, al momento no hay lesionados.
— Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) August 10, 2022
A través de sus redes sociales, mandatario externó que se encuentra en atención permanente de los incendios que fueron provocados en distintos puntos del estado.
“He girado instrucciones a las instituciones de reforzar la seguridad y operativos en coordinación permanente con los municipios, al momento no hay lesionados”, compartió el Gobernador.
De acuerdo con Zona Franca, el municipio en donde más afectaciones se reportaron fue Irapuato, con 11 comercios incendiados y varios vehículos en llamas, entre ellos un camión de pasajeros.
En México no son buenos días
Despertamos con una jornada violenta en #Guanajuato.
Esta madrugada se reportó una jornada violenta con la quema de vehículos y tiendas de conveniencia en varios puntos de Celaya e Irapuato
Mientras que el Gobierno Municipal, con el argumento de dar una información “éticamente correcta”, confirmó hasta después de la medianoche que fueron calcinados vehículos en tres puntos de la ciudad.
El primer reporte se recibió diez minutos antes de las 23:00 horas, por un bloqueo sobre la carretera Panamericana, en el tramo Salamanca- Celaya, a la altura la colonia Villas 400, donde se ubicó un vehículo Chevy blanco.
Sobre el mismo tramo carretero, pero en dirección a Salamanca, una camioneta Tornado blanca bloqueó la circulación de vehículos.
El tercer hecho se registró sobre el libramiento carretero Celaya Irapuato, a la altura de la comunidad La Luz, donde se bloqueó con una camioneta de redilas.
Tras la notificación de los hechos, se informó que se desplegaron operativos en coordinación con el Ejército mexicano y la Guardia Nacional.
En Valle de Santiago, sólo se reportó el intento de incendiar dos tiendas Oxxo.
Varios vehículos públicos y privados fueron calcinados luego de un enfrentamiento entre autoridades y presuntos criminales. Foto: Fernando Carranza, Cuartoscuro.
En Jalisco, el Gobernador Enrique Alfaro explicó que miembros de la delincuencia organizada ingresaron a la Zona Metropolitana de Guadalajara para tratar de evitar el paso de las autoridades luego del enfrentamiento registrado entre el municipio de Ixtlahuacán del Río y Cuquío.
No obstante, dio a conocer que no hay lesionados y aseguró que la situación está bajo control. “Estamos trabajando en el tema en coordinación entre los tres niveles de Gobierno. Les seguiremos informando”, agregó.
Los cortes de carreteras y la quema de establecimientos es una reacción habitual de los grupos delictivos cuando hay arrestos a fin de bloquear y distraer a las autoridades.
Afortunadamente no hay ningún lesionado. La situación está bajo control y estamos trabajando en el tema en coordinación entre los tres niveles de Gobierno. Les seguiremos informando.
El Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara emitió una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses que viajen al área metropolitana debido a los múltiples bloqueos de carreteras, vehículos quemados y tiroteos entre las fuerzas de seguridad mexicanas y elementos criminales.
Mediante un comunicado, el Consulado aconsejó a sus ciudadanos a seguir los consejos de las autoridades locales y permanecer en el lugar hasta nuevo aviso.
La ola de violencia que azota al país, se manifestó nuevamente, ahora en Zapopan.
Un grupo de delincuentes bloqueó tres accesos carreteros para evitar que refuerzos arribarán a Ixtlahuacán del Río, punto en el que se registró un enfrentamiento entre autoridades y el crimen. pic.twitter.com/94mJIunjsl
El Presidente de México aseguró que la Guardia Nacional seguirá siendo una institución de carácter civil, pero dependiendo de la Secretaría de la Defensa.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que el Poder Judicial será el encargado de resolver si es constitucional o no que la Guardia Nacional (GN) sea de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Ayer por la mañana, el mandatario federal había anunciado que enviaría un acuerdo esta misma semana para que la Guardia Nacional dependa completamente de la Sedena, en cuestiones de seguridad, lo cual desató críticas entre organizaciones civiles y expertos.
Por ello, hoy en su rueda de prensa diaria, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que será el Poder Judicial quien resuelva, en caso de que la oposición presente una controversia constitucional en contra de su propuesta.
Asimismo, explicó que recurrió al decreto presidencial para hacer algo similar a la que hizo con la Ley de la Industria Eléctrica, luego de que su reforma constitucional en la materia fuera rechazada.
El presidente @lopezobrador_ asegura que el hecho de que la Guardia Nacional entre a SEDENA es para proteger al pueblo…
La historia nos cuenta lo contrario, ¿Ya no se acuerda de lo que tanto criticaba? pic.twitter.com/mhqIntiIs2
“Voy a enviar una iniciativa de Ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la Reforma a la Ley Eléctrica. Como sé que los conservadores no están trabajando, todo lo rechazan, están en huelga, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes […] Van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar al Congreso”, dijo desde el Salón de la Tesorería.
“Va a ser el Poder Judicial el que va a resolver, así fue como sucedió con la Reforma Eléctrica. Sabía yo que estos legisladores conservadores, traidores a la Patria, no iban a defender a las empresas de México, a la Comisión Federal de Electricidad, iban a defender a las empresas, a Iberdrola. No me equivoqué y pensaron ‘ya se resolvió ‘. Se aprobó la ley y fueron a hacer lo mismo con la Suprema Corte, y allá se resolvió que era constitucional”, agregó López Obrador.
El Presidente aseguró que este acuerdo no es un acto autoritario y que tampoco está en contra del Poder Legislativo:
“Si hay alguna violación a la Constitución para eso está el Poder Judicial. Ya no depende, como era antes, del Presidente. Antes, el Poder Judicial dependía del Ejecutivo, así era la simulación […] el poder de los poderes era el titular del Ejecutivo, ahora ya no es así”.
Además, el Presidente firmó que la Guardia Nacional seguirá siendo una institución de carácter civil, pero dependiendo de la Secretaría de la Defensa.
Ayer por la mañana, López Obrador informó que emitiría un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional: “Por acuerdo de la Presidencia, pasa la seguridad, que tiene que ver con la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional”.
“Ya la cuestión operativa está a cargo de la Sedena, pero voy a emitir un acuerdo para que, ya por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma”, subrayó.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario indicó su Gobierno utilizará todos los recursos legales a fin de garantizar la operatividad de la Guardia Nacional.
Personal de la Guardia Nacional resguarda la zona donde se registro un enfrentamiento entre civiles armados y policías de El Salto, Jalisco. Foto: Fernando Carranza, Cuartoscuro.
“Va una iniciativa para la reforma constitucional, pero vamos a buscar la forma de que lo podamos hacer en lo administrativo. Por si no pasa, de todas maneras, va a quedar así. Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás”, explicó.
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