El Ministro explicó que hasta junio del presente año, en el país había 226 mil 916 personas en prisión, de las cuales 92 mil 595, aún no reciben sentencia.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El Ministro Luis María Aguilar Morales propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, regulada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La propuesta para ser aprobada debe ser votada por mayoría calificada de ocho votos, y propone invalidar el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 19, párrafo segundo, última parte, de la Constitución, que contempla la prisión automática para 16 delitos.
Para Aguilar Morales la prisión preventiva es una medida cautelar que implica la privación de la libertad durante el desarrollo de un procedimiento penal, por lo que constituye una restricción a los derechos de libertad personal y a la presunción de inocencia.
La SCJN ya declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal. Foto: Gabriela Pérez, Cuartoscuro.
“Este Tribunal Pleno advierte que la cifra que muestra el total de personas en prisión preventiva (sin condena penal) es alarmante, y esta situación se agrava en los casos de grupos vulnerables, pues la prisión preventiva es una doble o, incluso, triple condena: se sanciona con una pena anticipada de prisión y, además, es una condena de estigmatización familiar y social que hace mucho daño a las personas”, señaló el Aguilar Morales.
“Pero más grave aún, la prisión preventiva golpea en forma más dura a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y, por estar privadas de la libertad, condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a sus familiares”, agregó.
El Ministro advierte que la medida afecta a las personas más vulnerables. Foto: Cuartoscuro.
El estudio del tema deriva de acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Ministro explicó que hasta junio del presente año, en el país había 226 mil 916 personas en prisión, de las cuales 92 mil 595, aún no reciben sentencia.
El pasado 25 de octubre, la SCJN declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, contrabando y por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos.
Un Ministro de la SCJN busca quitar la medida cautelar de prisión preventiva. Foto: Graciela López, Cuartoscuro
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la Constitución sino de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional”, declaró El Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, quien votó a favor.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, agregó.
El mandatario ucraniano rechazó la versión de los hechos anunciada por autoridades de las regiones separatistas apoyadas por el Gobierno ruso donde culpabilizaban a las propias tropas de Ucrania por causar el bombardeo a la cárcel donde murieron más de 40 prisioneros.
MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha acusado a las Fuerzas Armadas rusas del ataque contra una cárcel en la localidad de Yelenovka, a causa del que han fallecido al menos 50 presos ucranianos, y ha aseverado que se trata de un “crimen planeado” por Rusia.
Si bien en un primer momento Moscú ha acusado a Kiev de haber ejecutado el ataque, más tarde desde Ucrania han respondido con la versión contraria, señalado a las fuerzas rusas como responsables de un incidente que han catalogado como crimen de guerra.
En este punto, el presidente ucraniano ha mantenido una reunión con altos cargos del Ejército, Defensa y la Inteligencia ucraniana para discutir “en detalle” lo que considera un “ataque terrorista organizado por monstruos inhumanos rusos”.
Prisión en Olenivka que sufrió bombardeos presuntamente por la propia milicia ucraniana, de acuerdo con información del vocero de las regiones separatistas. Foto: Captura de pantalla de video.
“Hay suficiente evidencia de que fue un crimen planeado. Y esta es otra confirmación de que Rusia es un Estado terrorista”, ha subrayado el presidente ucraniano en una publicación en su canal de la red social Telegram.
En esta línea, ha instado a Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a que se manifiesten respecto a lo ocurrido. “La ONU y el CICR, que se suponía que debían garantizar la vida y la saluda de nuestros prisioneros de guerra, deberían reaccionar de inmediato”, ha aseverado.
Antes que él, el Ministro de Asuntos Exteriores del país, Dimitro Kuleba, ha dicho en su perfil de Twitter que “Rusia ha cometido otro horrible crimen de guerra al atacar una instalación correccional en la ciudad ocupada de Yelenovka, donde retenía a presos de guerra ucranianos”.
Rusia ha continuado su ofensiva contra Ucrania. Imagen ilustrativa. Foto: Evgeniy Maloletka, AP
Así, ha hecho un llamamiento a todos los “socios” de Ucrania para que “condenen firmemente” lo que considera una “brutal violación del Derecho Humanitario” y que den el paso de reconocer a Rusia como “un Estado terrorista”.
Desde el lado ruso, el jefe adjunto de la Administración Militar de la República Popular de Donetsk, Eduard Basurin, ha tildado también el suceso como “un crimen de guerra” pero, según él, perpetrado por Ucrania, a quien ha acusado de “matar a sus propios ciudadanos”.
La guerra en Ucrania estalló el 24 de febrero tras la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, quien días antes había reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk (este), escenario de un conflicto armado desde 2014.
Thomas Lane acompañaba al entonces agente Derek Chauvin cuando asfixió al afroamericano George Floyd en 2020 y cumplirá en una prisión federal, por haber violado los derechos civiles de la víctima.
Los Ángeles, 21 de julio (SinEmbargo).- El expolicía de Minneapolis, Thomas Lane, de 39 años, fue sentenciado a dos años y medio de prisión en un tribunal federal este jueves por violar los derechos civiles de George Floyd.
Se trata de uno de los tres oficiales que fueron condenados a principios de este año por privar a Floyd de su derecho a la atención médica cuando el hombre afroamericano de 46 años, esposado y desarmado, fue inmovilizado bajo la rodilla de su oficial superior, Derek Chauvin.
El asesinato grabado en video de Floyd en Minneapolis provocó protestas contra el racismo y llamados a la Reforma Policial en los Estados Unidos y en todo el mundo.
Lane, un oficial novato en su cuarto día de trabajo, sujetó las piernas de Floyd durante el arresto, mientras Alexander Kueng, de 28 años, sujetaba su torso y Tou Thao, de 35, estaba cerca y retenía a una multitud de transeúntes molestos.
La muerte de George Floyd desencadenó una iniciativa para reformar la Policía de Minneapolis. Foto: Captura del video
Chauvin fue condenado el año pasado por asesinato y homicidio involuntario en un juicio estatal y fue sentenciado a más de 22 años de prisión.
Además, se declaró culpable de los cargos federales de violar los derechos civiles de Floyd en diciembre y fue sentenciado a 21 años de prisión, una sentencia que se ejecutará simultáneamente con su sentencia estatal.
Sobre Lane, los fiscales habían pedido al Juez federal de distrito Paul Magnuson que sentenciara a Lane a entre cinco y seis y medio años de prisión, mientras que el abogado de Lane pidió 27 meses.
Bajo las reglas federales de libertad condicional, suponiendo buen comportamiento, esta sentencia resultaría en sólo dos años de prisión. Después de la sentencia, el hermano de Floyd expresó su decepción con la decisión del Juez.
En esta foto de archivo del 20 de abril de 2021, tomada de video, el exagente de policía Derek Chauvin escucha el veredicto en su juicio por el asesinato de George Floyd en Mineápolis. Horas antes de dar a conocer su pena, el Juez rechazó el pedido de Chauvin de un nuevo juicio, viernes 25 de junio de 2021. Foto: Court TV vía AP, Pool, File
“Creo que es insultante que no haya tenido la máxima cantidad de tiempo”, dijo Philonise Floyd, el hermano de George Floyd, informó KSTP, afiliada de ABC en Saint Paul, Minnesota. Agregó que Lane no mostró empatía ni compasión y que le pareció terrible que aún recibiera una sentencia más leve de lo que pedían las pautas.
Por su parte, en un comunicado emitido después de la sentencia, la Fiscal general adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia dijo que la muerte de George Floyd deja en claro las consecuencias fatales que puede tener un oficial de policía que no interviene para proteger a las personas bajo su custodia.
“Si este acusado y otros oficiales en la escena con Derek Chauvin hubieran tomado medidas simples, George Floyd estaría vivo hoy. Esta oración debería enviar un mensaje de que proteger a las personas bajo custodia es el deber afirmativo y la obligación de cada oficial de la ley, independientemente de su rango o antigüedad”, dijo Clarke.
En esta imagen del jueves 30 de septiembre de 2021, una escultura de George Floyd, una de tres esculturas que forman parte de la exhibición “SEEINJUSTICE”, es develada por el hermano de Floyd, Terrence, en Union Square. Foto: John Minchillo, AP
La condena emitida hace 10 años, pero que nunca fue ejecutada, fue realmente dictada por un Juez en Irán después de que el director fuera a la Fiscalía de Teherán para preguntar por sus colegas, Mohamad Rasoulof y Mostafa al-Ahmad, quienes también fueron detenidos.
DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 19 de julio (AP).— Uno de los cineastas más destacados de Irán cumplirá una sentencia de seis años emitida hace una década que nunca se había ejecutado, según ordenó el martes la justicia iraní. El Gobierno ha emprendido una campaña para silenciar las críticas en medio de crecientes problemas económicos y presiones políticas.
El premiado director Jafar Panahi, quizá el más conocido de Irán, cumplirá la pena de seis años que se le impuso en 2011 por producir propaganda contra el Gobierno, según dijo Masoud Setayeshi, vocero de la judicatura iraní, que añadió que la sentencia debería haberse aplicado en su momento.
Al director Jafar Panahi se le había prohibido salir de Irán, dar entrevistas y realizar películas; sin embargo, con sus propios recursos realizo los filmes Taxi y 3 Faces en completa clandestinidad. Foto: Arnd Wiegmann, AP/Pool
Aunque Panahi ha tenido prohibido viajar en los últimos años, la sentencia nunca se aplicó y él siguió haciendo películas clandestinas que se estrenaron en el extranjero con gran éxito de crítica. Ha ganado varios premios en festivales, como el Oso de Oro de Berlín en 2015 por Taxi. Sus desafiantes cintas sobre pobreza, sexismo, violencia y censura en la república islámica han sido desde hace mucho una fuente de enojo para el Gobierno.
Las autoridades detuvieron a Panahi la semana pasada cuando visitó la fiscalía de Teherán para interesarse por los casos de otros cineastas disidentes detenidos, Mohamad Rasoulof y Mostafa al-Ahmad. Rasoulof y al-Ahmad fueron detenidos este mes y acusados de socavar la seguridad del país al criticar en medios sociales la violenta represión del Gobierno de las protestas en el suroeste del país.
La detención de Panahi en la prisión iraní de Evin ha provocado críticas generalizadas de grupos de derechos y llamado la atención sobre la campaña de represión, que afecta no sólo a la reconocida industria cinematográfica del país, sino también a manifestantes y activistas.
El Gobierno ha escalado su represión sobre la disidencia en su intento de frenar la caída de la moneda iraní, el rial. Las negociaciones para reactivar el debilitado acuerdo nuclear iraní con potencias internacionales siguen estancadas, y la desesperación por la crisis económica se ha agrava sin la perspectiva de que se levanten las sanciones.
En esta área, conocida como “El Pueblito”, se comercializaba todo tipo de productos y generaba ganancias de hasta tres millones de pesos semanales.
Los Ángeles, 15 de julio (LaOpinión).- La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó el hallazgo, en el interior del penal de San Miguel, de un área con 104 cuartos ocultos que servían como gimnasios, zapaterías, restaurantes, farmacias y hasta celdas de lujo con “privados” para encuentros íntimos.
En esta sección, conocida como “El Pueblito”, se comercializaba todo tipo de productos, y se desconoce quién o quiénes tenían el control de estos negocios privados dentro de la sección.
A través de un comunicado, la dependencia estatal informó que procedieron a la demolición de todos estos cuartos construidos ilegalmente, los cuales generaban ganancias estimadas en al menos tres millones de pesos semanales.
Al respecto, el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reconoció que esta área de privilegio funcionó en al menos la mitad de su administración, argumentando que sus anteriores secretarios de seguridad lo engañaron, al asegurarle que la habían destruido y nunca lo hicieron.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Cruz Luna, aseguró que, a partir de enero, cuando él fue nombrado al frente de la dependencia, esa área fue desalojada, con lo que reconoció que en al menos dos años y medio de la actual administración, los reos que pudieron pagar, disfrutaron de esa área.
En algunas de las fotos publicadas en el comunicado, se pueden apreciar parte de los lujos a los que podía acceder todo aquel que pudiera pagar por los servicios.
#Puebla | #LoÚltimo La SSP informó que se concluyó con la demolición de 104 cuartos o locales que fueron construidos ilegalmente en el pasado al interior del penal de San Miguel, ubicado en la capital poblana. Estos generaban ganancias de al menos 3 millones de pesos semanales. pic.twitter.com/w4zLrBE15h
En el documento también se señala que estas acciones forman parte de las actividades emprendidas por el Gobierno del estado, para regularizar las actividades al interior de los centros penitenciarios poblanos.
Cabe recordar que el penal de San Miguel fue noticia anteriormente, luego de que se hallara el cuerpo de un bebé dentro de un contenedor de basura en dicha prisión. Posteriormente se dio a conocer que el cuerpo del pequeño, identificado como Tadeo, de tres meses, habría sido utilizado para ingresar droga al centro de reclusión, y sus restos habrían sido sustraídos de un cementerio en la Ciudad de México.
Dentro del Centro Penitenciario de Santa Bárbara, conocido como “El Pozo”, murieron seis personas que cumplían su condena al interior del centro por presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18.
TEGUCIGALPA, 5 de julio (AP).— Integrantes de la pandilla 18, una de las más sanguinarias de Centroamérica, asesinaron a seis compañeros en uno de los módulos de la prisión de la ciudad de Ilama, en el norte de Honduras.
Un grupo de policías penitenciarios encontraron los cuerpos tirados en los pasillos al realizar durante la mañana una inspección de rutina en la cárcel ubicada en el departamento de Santa Bárbara.
“Tenemos a seis personas que han fallecido en ese centro penitenciario. Estamos realizando las investigaciones y requisa e incluso entrevistando a los coordinadores de los módulos para determinar el móvil del hecho”, expresó a medios locales el subcomisionado Marlon Lagos.
El oficial comentó que se desconoce la forma en que fueron asesinados los seis pandilleros, pero que las autoridades de Medicina Forense trabajan en la escena del crimen para poder determinar la causa de muerte.
— Secretaría de Seguridad Honduras (@SSEGURIDADHN) July 4, 2022
En el lugar de la cárcel donde ocurrió la matanza se encuentran privados de la libertad al menos 90 integrantes de la pandilla 18, dedicada al tráfico de drogas, sicariatos, secuestros y extorsiones a comerciantes y operadores de transporte.
La pandilla tiene vínculos con el crimen organizado en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Las autoridades de la Policía Nacional no descartan que los seis pandilleros hayan sido ultimados por órdenes desde afuera de la cárcel de líderes de esa estructura criminal que están en libertad.
Aunque la versión de la Fiscalía General de El Salvador alega que Lesly Lisbeth de 19 años fue condenada por “homicido en agravado”, información compartida por una organización feminista revela que la joven inició labor de parto en una letrina y después fue llevada a un hospital, donde sufrió un fuerte deterioro en su salud debido a una emergencia obstétrica.
SAN SALVADOR, 5 de julio (AP).— Un juzgado de El Salvador impuso una condena de 50 años de prisión a una joven que tuvo un parto en su casa y que inicialmente fue procesada porabortoycondenada por homicidio agravado. Esta es la primera vez que se aplica la pena máxima desde que se penalizó de manera absoluta el aborto en el país.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto rechazó la decisión judicial y anunció el lunes que apelará el fallo dictado el pasado 29 de junio por un juzgado de San Miguel, 135 kilómetros al este de la capital.
“El Estado salvadoreño una vez más continúa ensañándose con mujeres que no han tenido derecho ni condiciones para defenderse”, dijo en un comunicado de prensa Morena Herrera, quien dirige el colectivo que defiende los derechos de las mujeres en El Salvador.
La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que los practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima y las mujeres pueden llegar a ser condenadas de 30 a 50 años de prisión.
El Ministerio Público informó que la condena de Lesly Lisbeth Ramírez se basó en las pruebas presentadas en el juicio por los fiscales del caso y el dictamen forense que determinó como causa del fallecimiento de la bebé “degüello por herida tipo contuso-cortante producido con arma blanca”.
#ElSalvador condenó a 50 años de prisión a una joven que a sus 19 años enfrentó una emergencia obstétrica.
— Agrupación Ciudadana #JusticiaParaBeatriz (@AbortoPORlaVIDA) July 4, 2022
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la joven, que residía en una zona rural del oriente del país, “ocultó su embarazo a los familiares y tuvo un parto extrahospitalario en el que dio a luz a una niña que nació con vida y que, a través del reconocimiento forense, se estimó que tenía entre las 37 y 40 semanas de gestación”.
Sin embargo, el colectivo feminista sostiene que la joven que en ese momento tenía 19 años, un nivel de educación escolar bajo y sin educación sexual integral “desconocía lo que estaba sucediendo en su cuerpo y el 17 de junio de 2020, a las 9:30 de la noche, tuvo una emergencia obstétrica en su casa, sintió deseo de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto”.
La joven fue al baño y tuvo un parto precipitado. Según el colectivo, que reproduce una cita de la joven, ella “sentía que algo salía, estaba oscuro y no lograba ver lo que expulsaba”. Añaden que se asustó y entró en pánico, “todo era confuso, ya que era primeriza”
Los familiares llamaron a emergencias de la policía para que la trasladaran a un hospital, donde fue detenida y acusada inicialmente de aborto.
Ramírez es la tercera de siete hermanos de una familia que vive en situación de pobreza extrema que no tiene en acceso a agua potable ni electricidad y subsiste con el trabajo agrícola. Sólo cursó hasta el séptimo grado y asumió las tareas del hogar y el cuidado de sus cuatro hermanos menores de edad.
#Condena I A 50 años de prisión fue condenada Lesly Lisbeth Ramírez, de 23 años de edad, por el Homicidio Agravado en perjuicio de su hija recién nacida.
Los hechos sucedieron el 17 de junio del 2020, al interior de una vivienda en el cantón El Volcán de San Miguel. pic.twitter.com/HjhcUee85P
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) June 29, 2022
El colectivo asegura que el proceso jurídico contra la joven estuvo lleno de irregularidades y prejuicios y que el juez no admitió la incorporación de pruebas que demostraban su inocencia. Tampoco “valoró el peritaje social de Medicina Legal que evidencia la violencia de genero a la que Lesly había sido sometida, ni el peritaje psicológico que sugería la realización de un estudio psiquiátrico”.
Herrera dijo a la AP que esta sentencia es contraria al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Manuela vs El Salvador”. En noviembre de 2020, la CIDH declaró responsable al Estado salvadoreño de violar los derechos de una mujer identificada como “Manuela”, que fue detenida en 2008 y luego de ser condenada a 30 años murió en la cárcel, dejando huérfanos a sus dos hijos.
El colectivo afirma que a “Manuela” se le negó atención médica mientras estaba detenida y la CIDH condenó al Estado salvadoreño por el caso y le exigió no perseguir ni criminalizar a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas.
Desde diciembre de 2021, el Gobierno salvadoreño ha conmutado la condena a nueve mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y que fueron procesadas por aborto.
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíben el aborto sin excepciones junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado salvadoreño derogar la ley que prohíbe la interrupción del embarazo, pero no se ha tenido resultado.
Los legisladores mexiquenses aprobaron por unanimidad sancionar con penas de prisión a quien, sin causa justificada, impida, restrinja, explote o comercialice el flujo de agua en la entidad.
Estado de México, 14 de mayo (AFondo).- El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad tipificar y sancionar con penas de dos a seis años prisión a la persona que, sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por una autoridad competente, sustraiga y se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica, o restrinja su flujo destinado al suministro de las y los usuarios, así como hasta ocho años de cárcel en contra de quien la explote o comercialice.
De acuerdo con el dictamen, expuesto por el Diputado Daniel Andrés Sibaja González (Morena), la pena máxima, que será de hasta nueve años de prisión, aplicará cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública cuyo encargo o comisión facilite la sustracción del agua potable de la infraestructura hidráulica estatal.
Para el legislador, esta reforma al Código Penal es producto del consenso de todos los grupos parlamentarios pues el robo de agua ocurre no sólo en Ecatepec, sino en todo el Valle de México y busca justicia para familias que tienen más de cinco años sin agua.
Las reformas establecen diversas modalidades y sanciones, por lo cual, quien distribuya o suministre agua potable, a través de pipa u otro medio, para obtener un beneficio económico sin permiso de la autoridad competente se le impondrán de dos a seis años de prisión; y a quien distribuya agua potable a través de pipa y la extraiga de una fuente de abastecimiento diversa a la autorizada se le impondrán de uno hasta tres años de prisión.
— Diputad@s Morena Estado de México (@DipMorenaEdomex) May 14, 2022
Además, se equiparará con este delito la comercialización, explotación, almacenamiento, transportación o suministro del agua potable sustraída o apropiada, casos que se sancionarán con penas de uno a ocho años de prisión cuando las cantidades extraídas vayan de 400 litros a más de cinco mil, mientras que a la persona propietaria, arrendataria o poseedora de algún predio donde exista una toma clandestina se le aplicarán de dos a cuatro años de prisión.
En este punto, el Diputado Francisco Javier Santos Arreola (PAN) se pronunció por agilizar el análisis de la normatividad relacionada con este tema, como la emisión de una ley orgánica para los organismos del agua, a fin de sancionar los fraudes en el suministro y la eficiencia en su recaudación.
Las reformas, impulsadas por las diputadas Elba Aldana Duarte, Azucena Cisneros Coss y Luz Ma. Hernández Bermúdez, así como por los diputados Daniel Andrés Sibaja y Faustino de la Cruz Pérez, del grupo parlamentario de Morena, y enriquecidas por asociaciones civiles, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad de la entidad, garantizan el principio de presunción de inocencia, pues no se busca tener más personas inocentes en las cárceles.
El fundador de la constructora recibió un crédito de 456 millones 743 mil pesos por parte de Bancomext que no fue usado para los proyectos pactados, sino transferido a fines ajenos.
Por Carlos Álvarez
Tijuana, 6 de mayo (Zeta).- Daniel Niño Jiménez, Juez Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, dictó, el 5 de mayo del 2022, formal prisión a Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, fundador de la Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V., una de las constructora de vivienda más grandes en México, fundada en 1989, en Culiacán, Sinaloa.
Ello por el delito de violación al Artículo 112, fracción cuarta, de la Ley de Instituciones de Crédito, que sanciona con ocho a 12 años de prisión al deudor que no destine un crédito para los fines pactados y, como consecuencia, ocasione un quebranto o perjuicio patrimonial al acreedor.
El empresario sinaloense recibió el 1 de noviembre del 2012, en una cuenta de HSBC, un crédito de 456 millones 743 mil pesos, por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), cuyo consejo directivo era presidido por José Antonio Meade Kuribreña, entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Según lo informó el diario Reforma, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el también expropietario del club de fútbol Dorados de la capital sinaloense -que en la actualidad compite en la Liga MX- no usó dicho crédito -que con intereses acumulados, asciende a más de mil millones de pesos- para los proyectos pactados con Bancomext y que el dinero lo transfirió a fines ajenos.
De Nicolás Gutiérrez se desempeñó como director general de Homex desde 1997 hasta el 30 de septiembre del 2006. Foto: Cuartoscuro
El citado rotativo detalló que el empresario sinaloense fue procesado bajo las reglas del sistema de justicia tradicional o escrito, en que el ilícito es considerado grave y en principio no le permite llevar el juicio en libertad provisional o alguna otra medida cautelar, excepto por una evaluación de riesgos de la Unidad de Medidas Cautelares.
DETENIEN A EUSTAQUIO DE NICOLÁS, FUNDADOR DE HOMEX, POR PRESUNTO FRAUDE
Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez fue detenido el 28 de abril del 2022 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla, por un presunto fraude.
El expropietario de Dorados, regresaba de Madrid, España, cuando fue detenido y posteriormente trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.
De Nicolás Gutiérrez se desempeñó como director general de HOMEX desde 1997 hasta el 30 de septiembre del 2006. Después se incorporó en julio del 2007 hasta el 13 de febrero del 2018, cuando se ausentó de su cargo de director ejecutivo, por lo que fue rescindido por la compañía sinaloense y su lugar fue ocupado por William J. Crombie.
El empresario está acusasdo por el delito de violación al Artículo 112, fracción cuarta, de la Ley de Instituciones de Crédito, que sanciona con ocho a 12 años de prisión al deudor. Foto: Cuartoscuro
LA CONSTRUCTORA SINALOENSE HOMEX, IMPLICADA EN EL CASO DE INÉS GÓMEZ MONT Y SU ESPOSO ÁLVAREZ PUGA
Iván Aarón Zeferín Hernández, Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró, el 28 de septiembre del 2021, un total de 10 órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente implicadas en el caso contra la conductora de televisión, Inés Gómez Mont Arena, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.
Las órdenes de captura incluyen a Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de dicho organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuando el titular de esa dependencia era Miguel Ángel Osorio Chong.
La FGR señaló que los implicados -entre los que está Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, considerado como el principal prestanombres de Álvarez Puga- desviaron dos mil 950 millones de pesos a empresas “factureras”, supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que dicho dinero provenía de dos contratos con el OADPRS, mismos que fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia, para diversos penales federales.
Así como para la adquisición de la interconexión de otros tres CEFERESOS. De los exfuncionarios federales que la FGR busca detener por este caso -entre los que también se encuentran José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras-, Uribe Arriaga ya cuenta con citatorio para una audiencia por otro caso, que se realizará el próximo 18 de octubre.
Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont. Foto: Instagram @inesgomezmont
La FGR buscaría imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la titularidad de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, a empresas como ICA, Arendal, PRODEMEX, GIA, TRADECO y la sinaloense HOMEX, para la construcción de un penal privatizado, con capacidad para 20 mil internos.
LA SEC ESTADOUNIDENSE PRESENTA DEMANDA CIVIL CONTRA EXEJECUTIVOS DE HOMEX
El 17 de octubre del 2017, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda civil, con número 17CV2086 JAH AGS, contra cuatro exejecutivos de la mexicana Homex -entre ellos Gerardo de Nicolás Gutiérrez, exdirector general de la empresa sinaloense- a quienes señalaba como responsables del fraude contable por tres mil 300 millones de dólares, por reportar ventas de más 106 mil casas inexistentes entre 2010 y 2012.
La demanda por ocho cargos de fraude fue presentada el 11 de octubre del 2017 ante la Corte para el Distrito Sur de California, en contra de Gerardo de Nicolás Gutiérrez; así como del exdirector Financiero, Carlos Moctezuma Velasco; el excontralor Ramón Lafarga Bátiz; y Noé Corrales Reyes, un gerente que supuestamente fabricó la contabilidad paralela con ventas infladas por instrucciones de sus superiores.
La SEC pidió a la Corte para el Distrito Sur de California, un juicio con jurado y condenar a los demandados “a pagar, con intereses, todas las ganancias ilegales obtenidas por esas conductas, por un periodo de cinco años previos a la presentación de la demanda”, así como al pago de multas previstas en la Ley de Valores estadounidense.
El 17 de octubre del 2017, la SEC presentó una demanda civil contra cuatro exejecutivos de Homex por un fraude contable por tres mil 300 millones de dólares. Foto: Noroeste
Los hechos por los cuales se presentó la demanda contra los exejecutivos de la empresa sinaloense, eran los mismos que motivaron una investigación contra Homex, anunciada en marzo del 2017, por la cual la constructora constituida en Culiacán en 1989, aceptó que se le prohíba acceder a los mercados estadounidenses durante cinco años, sin aceptar, ni negar su responsabilidad.
Sin embargo, la nueva demanda era más detallada y personalizaba las conductas de los ejecutores del fraude, detectado con el uso de mapeo satelital, mismo que reveló que los desarrollos de viviendas reflejados en los informes a los accionistas no existían.
No obstante, la demanda no detallaba las ganancias obtenidas por los acusados, pero señalaba que De Nicolás Gutiérrez ganó dinero vendiendo acciones de Homex en el año 2013. La SEC alegó en marzo del 2017 que la empresa sinaloense incrementó el número de casas vendidas durante el periodo de tres años, en aproximadamente 317 por ciento y sobrevaloró sus ingresos en 355 por ciento, según las imágenes de satélite del proyecto.
Otra de las acusaciones era que el plan de reestructura de la empresa sinaloense para salir de su concurso mercantil, aprobado por los acreedores en octubre de 2015, utilizó un modelo financiero basado en los datos históricos de ventas e ingresos, incluida la información falsa.
La SEC alegó que la empresa sinaloense incrementó el número de casas vendidas durante el periodo de tres años, en un 317 por ciento y sobrevaloró sus ingresos en 355 por ciento. Foto: Noroeste
“De Nicolás y Moctezuma no revelaron el uso de información falsa a los asesores que crearon el modelo financiero, ni les avisaron de la investigación de la SEC contra Homex […] El acceso al Módulo de Tesorería del Sistema Integral de Administración de Homex estaba restringido a pocas personas en el corporativo, entre ellas De Nicolás, Moctezuma, Lafarga, y algunos empleados de menor nivel, como Corrales”, acusó la SEC.
Este último era quien alimentaba información falsa sobre ventas en el SIA, por instrucciones de Lafarga, para luego exportarla al sistema Contpaq, que era el utilizado para los reportes financieros, señaló la SEC.
“Un correo electrónico interno citado en la demanda, informó a De Nicolás que las ventas reales en 2011 fueron de 23 mil 894 casas, pero en el reporte anual a la SEC, Homex afirmó haber vendido 52 mil 486”, indicó el diario Reforma, que informó del hecho.
“Con base en cifras infladas de ventas, y ofreciendo las cuentas por cobrar respectiva, De Nicolás y Moctezuma acordaron esquemas de factoraje financiero con al menos 13 bancos por 7 mil 500 millones de dólares, cuya existencia y requisitos de pago fueron omitidos en los reportes financieros”, agregó el mismo rotativo.
El extenista fue declarado culpable por encubrimiento de deudas y extracción de bienes, tras haberse transferido miles de dólares de manera ilícita después de haberse declarado en bancarrota.
LONDRES, 29 de abril (AP).- El legendario extenistaBoris Becker fue sentenciado el viernes a dos años y medio en prisión por transferir de manera ilícitagrandes sumas de dinero y ocultar activos después de declararse en bancarrota.
El extenista alemán Boris Becker sale del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, el viernes 8 de abril de 2022. Foto: Alberto Pezzali, AP.
El tres veces campeón de Wimbledon fue condenado a principios de este mes por cuatro cargos en virtud de la Ley de Quiebra y enfrentaba una sentencia máxima de siete años de cárcel.
La jueza Deborah Taylor anunció la sentencia después de escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa.
El alemán de 54 años fue declarado culpable de transferir cientos de miles de dólares desde su cuenta empresarial a otras cuentas, incluyendo la de su exesposa Barbara y la de su esposa Sharlely “Lilly” Becker, después de su bancarrota de junio de 2017.
Según los informes desde UK, de la sentencia total Boris #Becker podrá tener libertad condicional por buen comportamiento a partir de la segunda mitad, es decir que el ex tenista alemán deberá cumplir en prisión más de un año. Terrible noticia para una leyenda. pic.twitter.com/jziSNHbK4O
Becker también fue condenado de no declarar una propiedad en Alemania y de ocultar un préstamo bancario por 825 mil euros (871 mil dólares) y acciones en una compañía tecnológica.
El jurado en la Corte Real de Sothwark, en Londres, lo absolvió de otros 20 cargos, incluyendo el no haber entregado sus premios, incluyendo dos trofeos de Wimbledon y una medalla olímpica de oro.
Vestido con una corbata a rayas con los colores morado y verde de Wimbledon, ingresó al tribunal de la mano de su novia Lilian de Carvalho Monteiro.
Boris Becker concentrado en el juego. Foto: Boris Becker , Facebook
El seis veces campeón de torneos de Grand Slam ha negado todos los cargos, asegurando que ha cooperado con los fideicomisarios encargados de incautar sus bienes, incluso ofreciendo su anillo de matrimonio, y que actuó bajo consejo de expertos.
Durante la audiencia de sentencia del viernes, la fiscal Rebecca Chalkley dijo que Becker actuó “de manera deliberada y deshonesta” y que “sigue intentando culpar a los demás”.
Su abogado defensor Jonathan Laidlaw pidió clemencia, asegurando que su cliente no había gastado dinero en un “estilo de vida lujoso” sino en manutención infantil, alquiler y gastos legales. Becker, dijo a la corte, ha sufrido de “humillación pública” y no tiene potencial para futuros ingresos.
El caso de bancarrota de Becker se deriva de un préstamo bancario por 4.6 millones de euros (5 millones de dólares) en 2013, así como los 1.6 millones que pidió a un empresario británico un año después, según el testimonio durante el juicio.
Durante el juicio, Becker dijo que los 50 millones de dólares que ganó en su carrera se fueron en pagos por un “costoso divorcio” y las deudas cuando perdió grandes sumas de sus ingresos tras el retiro.
Becker saltó al estrellato en 1985 a los 17 años, cuando se convirtió en el primer jugador no sembrado en ganar el título de Wimbles y posteriormente alcanzó el número uno del escalafón mundial. Ha vivido en Gran Bretaña desde 2012.
Luego de una audiencia de más de 10 horas, agentes vincularon formalmente al exgobernador por haber confiscado bienes de un particular sin indemnización.
Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- El Juez de Control Eduardo Hoyuelas Orozco vinculó a proceso a Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” por el delito de abuso de autoridad en la requisa del sistema de transporte Ecovía.
Luego de una audiencia de más de 10 horas, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción pidieron formalmente vincular a proceso al exgobernador de Nuevo León.
Además, a Rodríguez Calderón se le acusa de haber confiscado bienes de un particular sin indemnización, refiriéndose a la requisa de la Ecovía que pertenecía al empresario del transporte Abelardo Martínez, de Transporte Tecno Ecológico.
El exgobernador ingresó al Penal de Apodaca después de ser detenido en el municipio de General Terán. Foto: Especial
Se alegó que al haber sido una orden directa de “El Bronco”, sería el responsable del daño al concesionario, quien interpuso la denuncia en el 2020 ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
“[La requisa] es una acto de arbitrariedad jurídica, atenta contra los derechos que asisten a la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, afectó a los bienes del concesionario”, dijo el Juez.
El Juez de Control estatal Juan Roberto Ortiz, había aplazado la audiencia a petición de la defensa del exgobernador, sin embargo, se reanudó este lunes en forma privada y vía virtual por Hoyuelas Orozco.
Los abogados de don Jaime Rodríguez Calderón, hacemos del conocimiento de la opinión pública los hechos y las artimañas ilegales que hoy mantienen al ex gobernador en prisión preventiva. pic.twitter.com/5YD4o6OJz2
La Ecovía -de 30 kilómetros de recorrido y 80 unidades- fue requisada en octubre de 2016 al considerar que “El Bronco” prestaba un deficiente servicio de transporte.
Rodríguez Calderón fue detenido el pasado 15 de marzo, y se encuentra actualmente detenido en el Penal de Apodaca y se mantendrá ahí al menos hasta el 12 de abril, cuando se llevará a cabo la primera audiencia por el caso de las “Broncofirmas”, en el cual se le acusa del uso indebido de recursos públicos para conseguir las firmas requeridas para su candidatura independiente a la Presidencia en las elecciones de 2018.
El extenista fue declarado culpable por encubrimiento de deudas y extracción de bienes, tras haberse transferido miles de dólares de manera ílicita después de haberse declarado en bancarrota.
LONDRES, 8 de abril (AP).- La exestrella del tenisBoris Becker podría ir a prisión tras ser declarado culpable el viernes de transferir ilícitamentemiles de dólares de una cuenta bancaria después de haberse declarado en bancarrota.
Boris Becker concentrado en el juego. Foto: Boris Becker, Facebook
Un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, halló a Becker culpable de cuatro cargos en virtud de la Ley de Insolvencia, incluyendo la extracción de bienes, el encubrimiento de deudas y dos cargos por no revelar el patrimonio.
Se descubrió que la estrella alemana transfirió cientos de miles de dólares después de su bancarrota en junio de 2017 de su cuenta comercial a otras cuentas, entre ellas las de su exesposa Barbara y su esposa Sharlely “Lilly” Becker, de quien se encuentra actualmente separado.
¡Esto me sorprendió! Boris Becker, ha sido declarado culpable hoy en Londres en 4 de 24 cargos en su contra vinculados a su bancarrota.
El hecho es debido a un préstamo de 3.5 millones de Euros de un banco privado, Arbuthnot Latham.
— 📷 Siempre en Objetivo 📸 (@AlejandroEFigue) April 8, 2022
También fue condenado por no declarar una propiedad en Alemania y ocultar un préstamo bancario de 825 mil euros (895 mil dólares) y acciones en una empresa de tecnología.
Fue absuelto de otros 20 cargos, que incluyen el no haber entregó sus muchos premios —entre ellos dos trofeos de Wimbledon y una medalla de oro olímpica.
El extenista Boris Becker. Foto: Boris Becker, Facebook
El hexacampeón de Grand Slam había negado todos los cargos y dijo que había cooperado con los fideicomisarios encargados de asegurar sus activos, incluso ofreciendo su anillo de bodas, y había seguido el consejo de un experto.
La bancarrota de Becker se debió a un préstamo de 4.6 millones de euros (cinco millones de dólares) de un banco privado en 2013, así como a un préstamo de alrededor de 1.6 millones de dólares de un empresario británico al año siguiente, según testimonios en el juicio.
Durante el juicio, Becker, de 54 años, dijo que los cerca de 50 millones de dólares que ganó a lo largo de su carrera se agotaron en los pagos de un “divorcio costoso” y las deudas cuando perdió gran parte de sus ingresos después de jubilarse.
Dijo que tuvo “compromisos de un estilo de vida caro”, incluida una casa en Wimbledon que alquilaba en 22 mil libras (28 mil 800 dólares) al mes. El alemán señaló que la mala publicidad había dañado la “marca Becker”, lo que le dificultaba ganar lo suficiente para pagar sus deudas.
“[Es] muy difícil cuando estás en bancarrota y en los titulares todas las semanas por ello”, dijo al jurado. “[Es] muy difícil ganar mucho dinero con mi nombre”.
Los cargos conllevan una pena máxima de siete años de prisión. A Becker se le concedió la libertad bajo fianza hasta la audiencia de sentencia, programada para el 29 de abril.
El artista denunció el 2019 que había sido atacado por 2 hombres en el centro de Chicago, rociándolo y ahorcándolo con una soga alrededor de su cuello; sin embargo, una corte determinó que eso no sucedió, por lo que condenó a Smollett a 150 días en prisión más otros 30 meses en libertad condicional y una multa de indemnización por 120 mil dólares.
Los Ángeles (EU), 10 mar (EFE).- El actor Jussie Smollett, conocido por la serie Empire, fue condenado este jueves a 150 días de prisión por haber fingido un presunto ataque racistayhomófobo en Chicago (Estados Unidos) en enero de 2019.
Además de pasar casi medio año en la cárcel, el actor permanecerá otros 30 meses bajo libertad condicional y deberá pagar 120 mil dólares de indemnización a la ciudad de Chicago, más 25 mil dólares de multa.
El actor, de 39 años, denunció en 2019 que había sido atacado por dos hombres en el centro de Chicago, que -dijo- lo insultaron, le rociaron con un líquido supuestamente cáustico y le colgaron una soga alrededor del cuello.
Aseguró que los atacantes le habían gritado “Este es un país MAGA”, en referencia al eslogan de campaña del expresidente Donald Trump (2017-2021) “Make America Great Again” (Hagamos a Estados Unidos Grande de Nuevo, en español).
El actor Jussie Smollett, en el centro, sale del juzgado penal de Leighton con hermanas no identificadas. Foto: AP
Sin embargo, en las investigaciones se descubrió que todo fue un engaño preparado por el actor, que quería impresionar a los productores de la serie y reforzar su carrera, pues gracias a la influencia de la que gozaba consiguió movilizar a varios de sus seguidores en señal de protesta.
El juez James Linn del condado de Cook, en el estado de Ilinois, consideró al enunciar su sentencia que Smollet no pretendía ganar dinero con el engaño y que se inventó el suceso para conseguir “atención”.
“Realmente anhelabas la atención… Sabías que este era un país que intentaba sanar lentamente y arrancaste las costras de algunas heridas que estaban curándose”, le dijo a Smollet, según la prensa local.
Tras escuchar la sentencia, el actor gritó que podría morir en prisión e insistió en que no era una “persona suicida”, por lo que si “algo le pasaba”, no sería culpa suya.
“Si hice esto, significa que metí el puño en los miedos de los estadounidenses negros en este país durante más de 400 años y los miedos de la comunidad LGBT”, justificó a voces.
Las primeras acusaciones penales contra Smollett por denuncia falsa fueron desestimadas en una polémica decisión de la Procuradora de Justicia de ese condado.
En una segunda instancia, el fiscal especial Dan Webb revisó el caso y logró que un jurado especial aprobara en febrero de 2020 seis cargos contra el actor, por alteración del orden público y mentir a la policía sobre un supuesto crimen de odio.
Smollett insistió durante el juicio en que era inocente, a pesar del testimonio de los otros dos hombres implicados en el suceso, dos hermanos que aseguraron que el actor les había pedido atacarle y que incluso habían “ensayado” la agresión.
Narin Kulpongsathorn de 33 años fue acusado a dos años en prisión por insultar a la monarquí, pegando un logotipo de Facebook en un retrato del Rey Maha Vajiralongkorn; temporalmente fue puesto bajo libertad bajo fianza puesto que negó los cargos y está en espera de una apelación.
Ciudad de México, 5 de marzo (RT).- Un tribunal de Tailandia ha condenado este viernes a un hombre a dos años de prisión por insultar a la monarquía al desfigurar un retrato del Rey Maha Vajiralongkorn.
Según documentos judiciales obtenidos por Reuters, el acusado es Narin Kulpongsathorn, de 33 años, quien fue declarado culpable de colocar una pegatina con el logotipo de una página de Facebook de sátira política en un gran retrato del monarca situado frente a la Corte Suprema durante una manifestación política en septiembre de 2020.
Kulpongsathorn negó los cargos y fue puesto en libertad bajo fianza en espera de una apelación.
Tailandia tiene una de las leyes de lesa majestad más estrictas del mundo, que tipifican como delito difamar, insultar o amenazar al rey, la reina, el heredero o el regente y conllevan penas de tres a 15 años de cárcel por cada delito. Esta ha sido la primera sentencia por lesa majestad en más de un año.
https://youtu.be/am72K4rfeh8
El Gobierno del país justifica estas duras penas bajo el argumento de que la monarquía es un asunto de seguridad nacional y debe ser protegida.
Mientras tanto, los partidos políticos opositores se han mostrado preocupados por el aumento en el número de arrestos y cargos de lesa majestad contra críticos del Gobierno que pedían abiertamente reformas a la monarquía.
La última condena fue en enero del año pasado, cuando una mujer de 66 años fue sentenciada a 43 años de cárcel por violar la ley 29 veces al compartir y publicar contenidos en las redes sociales.
El exagente de moda de 76 años enfrentaba imputaciones por violación y acoso sexual, al igual que su amigo Jeffrey Epstein y el Príncipe Andrés; ya inició la investigación pertinente para determinar la causa de su fallecimiento.
París, 19 feb (EFE).- El exagente de modelos francés Jean-Luc Brunel, imputado por violación de menores de más de 15 años y acoso sexual en una investigación abierta en Francia por el “caso Epstein”, ha sido hallado muerto en prisión, informaron este sábado fuentes judiciales.
La Fiscalía de París confirmó a EFE que se ha abierto una investigación para determinar las causas del fallecimiento. Las pesquisas están en manos de la Policía Judicial.
Brunel se encontraba en la prisión La Santé de París y según la cadena BFM TV, se ahorcó el viernes por la noche.
Era sospechoso de violaciones, agresiones y acoso sexuales sobre diferentes víctimas, menores o mayores de edad, y también de haberse encargado del transporte y del alojamiento de esas jóvenes llevadas a los encuentros de Jeffrey Epstein.
El empresario Jeffrey Epstein fue acusado por una red de abuso sexual y trata de menores junto con su pareja Ghislaine Maxwell (izquierda), quien podría cumplir una condena de hasta 65 años en prisión. Foto: Especial.
La Fiscalía francesa abrió su investigación en agosto de 2019 para determinar posibles ramificaciones en el país del llamado “caso Epstein”. El multimillonario estadounidense falleció ese mismo mes cuando estaba en prisión a la espera de su juicio por varios delitos sexuales.
Brunel era el fundador de varias agencias de modelos, como Karin Models o MC2 Model, y los interrogatorios de varias mujeres en Francia le habían colocado como uno de los responsables de buscar chicas para esas fiestas, aunque su nombre también fue citado por otros testimonios en Estados Unidos.
El exagente, de 76 años, fue detenido en diciembre de 2020 en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle cuando se disponía a tomar un vuelo a Senegal y fue presentado dos días después ante el juez instructor.
Juez Federal redujo un año la sentencia de Joe Exotic debido a un tratamiento contra cáncer que afronta el acusado; Exotic fue sentenciado a 21 años de prisión por asesinato y delitos contra la fauna silvestre.
Por Jill Bleed y Sean Murphy
OKLAHOMA, EU, 28 de enero (AP).- Un juez federal volvió a sentenciar a Joe Exotic de “Tiger King” a 21 años de prisión el viernes, reduciendo su castigo en solo un año a pesar de las súplicas del excuidador de zoológico de clemencia mientras comienza un tratamiento contra el cáncer.
Joseph Maldonado-Passage, alias Joe Exotic. Foto: Netflix, Facebook.
“Por favor, no me haga morir en prisión esperando la oportunidad de ser libre”, le dijo a un juez federal que lo sentenció nuevamente por un cargo de asesinato a sueldo.
Joe Exotic, cuyo verdadero nombre es Joseph Maldonado-Passage, fue condenado en un caso que involucra a la activista de bienestar animal Carole Baskin. Ambos aparecieron en Tiger King: Murder, Mayhem and Madness de Netflix.
Maldonado-Passage, que vestía un traje naranja de presidiario, todavía tenía su característico peinado tipo “mullet”, pero el rubio blanqueado se estaba desvaneciendo a gris.
Baskin, quien asistió con su esposo al proceso judicial, dijo que temía que Maldonado-Passage pudiera amenazarla.
“Él sigue albergando malos sentimientos intensos hacia mí”, dijo.
Los procedimientos judiciales del viernes se produjeron después de que un tribunal federal de apelaciones dictaminara el año pasado que la pena de prisión que Maldonado-Passage cumple por asesinato a sueldo debería acortarse.
Joseph Maldonado-Passage, aka “Tiger King” Joe Exotic, was re-sentenced to 21 years in prison today for a murder-for-hire plot targeting animal activist Carole Baskin pic.twitter.com/j8FT59eVX3
Los partidarios llenaron la sala del tribunal, algunos con máscaras con estampado de animales y camisetas que decían “Free Joe Exotic” (Liberen a Joe Exotic). Sus abogados dijeron que apelarán la nueva sentencia y solicitarán un nuevo juicio.
El exguardián de zoológico fue sentenciado en enero de 2020 a 22 años de prisión luego de ser declarado culpable de intentar contratar a dos hombres para matar a Baskin. Un jurado de tres miembros de la Corte Federal de Apelaciones del Décimo Circuito estuvo de acuerdo con Maldonado-Passage en que la corte debería haberlos tratado como una sola condena al momento de dictar sentencia porque ambos involucraban el mismo objetivo de matar a Baskin, quien dirige un santuario de rescate para grandes felinos en Florida y había criticado el trato de Maldonado-Passage a los animales.
En esta imagen proporcionada por la Cárcel del Condado de Santa Rosa en Milton, Florida, Joseph Maldonado-Passage. Foto: AP.
Los fiscales dijeron que Maldonado-Passage ofreció 10 mil dólares a un agente encubierto del FBI para matar a Baskin durante una reunión grabada en diciembre de 2017. En la grabación, dijo al agente: “Sólo síguela hasta el estacionamiento de un centro comercial, remátala y vete”. Los abogados de Maldonado-Passage han dicho que su cliente, que una vez operó un zoológico en Wynnewood, Oklahoma, unos 105 kilómetros (65 millas) al sur de Oklahoma City, no hablaba en serio.
Maldonado-Passage, quien mantiene su inocencia, también fue condenado de matar cinco tigres, vender cachorros de tigre y falsificar registros de vida silvestre.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
