Greenpeace destacó la necesidad de que los ministros de la Suprema Corte, velen por el medio ambiente y la salud en lugar de privilegiar los intereses de empresas contaminantes que recurren a medidas para evitar cumplir la ley y mantener sus negocios a costa del planeta.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- Greenpeace consideró este jueves que la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre declarar inconstitucional la legislación de Oaxaca que prohíbe el uso de empaques desechables “pone por encima los intereses de las empresas promoventes y de Coca Cola-Femsa, para que sigan vendiendo productos en envases altamente contaminantes, sin ningún tipo de consideración por el bienestar general, la salud de las personas y la protección ambiental”.
Consideró que los proyectos presentados por la Ministra Presidenta de la Segunda Sala, Yasmín Esquivel Mossa y por el Ministro Javier Laynez Potisek, fueron elaborados con un análisis limitado a las competencias de las entidades federativas, por lo que consideró que no hacen el estudio de ponderación y proporcionalidad en cuanto a la protección máxima del Sistema Interamericano, al estar implicados derechos humanos, ya que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado el derecho a un medio ambiente sano como un derecho.
“A lo largo de varios años de lucha de activistas y organizaciones, se ha logrado que en las legislaciones locales se prohíban los empaques de plástico de un sólo uso como el PET y el unicel, lo que ha llevado al encuentro de alternativas para consumir productos por ejemplo, bolsas reutilizables y regresar al uso de envases retornables”.
Asimismo, Greenpeace recordó que los proyectos de los magistrados concluyen que las autoridades del estado de Oaxaca invaden la esfera de competencia de la federación al prohibir la venta, distribución y uso de envases, embalajes y otros productos plásticos de un solo uso como el PET y el unicel, y que estas prohibiciones dentro de las leyes locales son inconstitucionales pues, según lo que argumentan, no se ajustan a lo dispuesto por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y a la política nacional en materia de gestión integral de residuos de manejo especial.
Noticias preocupantes: @SCJN se manifiesta en contra de avances en la prohibición de plásticos en Oaxaca protegiendo los intereses de FEMSA Coca-Cola. Sí, ¡Ministros y Ministras pusieron por encima los intereses de las empresa!
Por ello, dijo que es necesario que las autoridades del país, así como los ministros de la Suprema Corte, velen por el medio ambiente y la salud en lugar de privilegiar los intereses de empresas contaminantes que han recurrido a medidas para evitar cumplir la ley y mantener sus negocios a costa del planeta.
“Al aprobar este amparo, la SCJN sienta precedente y las empresas hoy tienen un incentivo para enfrentarse a las legislaciones locales que buscan reducir la producción de residuos de PET, unicel y otros plásticos de un solo uso, lo que significa un retroceso en batallas ganadas a lo largo de los años por organizaciones ambientalistas, ciudadanos y gobiernos locales”, añadió.
La Ley AntiPET en Oaxaca, propuesta por el Diputado morenista Horacio Sosa Villavicencio, se aprobadó por la mayoría del Pleno Legislativo el 10 de abril de 2019 y entró en vigor el pasado 22 de junio de 2019, luego de publicarse en el Periódico Oficial del Estado.
Pero la empresa PROPIMEX Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable impugnó la constitucionalidad de las fracciones XI y XII del artículo 98 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos que prohíben la venta, distribución o empleo de envases y embalajes de un solo uso elaborados con tereftalato de polietileno y/o poliestireno expandido.
— Horacio Sosa Villavicencio (@HoracioSosaOax) August 17, 2022
Luego de la decisión de la SCJN, el Diputado morenista Horacio Sosa Villavicencio señaló que los ministros prefirieron el interés de las empresas antes que del medio ambiente y adelantó que analizará el caso para tomar las medidas pertinentes.
“Nos enteramos que hace unos minutos se dio un revés de la SCJN ante la Ley Pet. Lamentamos mucho el actuar de los señores ministros, prefirieron el interés económico, el interés de una empresa como Coca Cola al interés del medio ambiente, de los ecosistemas. Vamos a revisar e informar a las comunidades porque esta Ley no viene de una ocurrencia, sino de una necesidad”, dijo el Diputado en un video difundido en sus redes sociales.
De acuerdo con el legislador, la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, que buscan evadir las empresas, reduciría hasta en 70 por ciento la cantidad de plástico que se genera en México.
En México, 26 estados han legislado para prohibir la venta de bolsas plásticas, envases de unicel y otros productos plásticos de un solo uso, medidas que podrían ser revertidas por la decisión tomada hoy por la Corte.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la legislación de Oaxaca que prohíbe el uso de empaques desechables. En la imagen kilos de PET se pueden observar en las presas del río Becerra, ubicadas en la zona de las lomas de la delegación Álvaro Obregón, cerca de la zona de Santa Fé. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.
La empresa, que es la principal distribuidora de bebidas azucaradas en México, presentó un amparo contra el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas.
Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– Coca-Cola Femsa promovió un amparo contra el nuevo etiquetado para alimentos y bebidas ultraprocesados argumentando que la reforma podría generar afectaciones a su negocio y las operaciones en México.
“La Compañía ha promovido un juicio de amparo en contra de esta reforma, la cual se encuentra pendiente de resolución. La compañía no puede asegurar que esta reforma no tendrá un efecto adverso en su negocio y en los resultados de sus operaciones en México”, informó a la Bolsa Mexicana de Valores.
El juicio de amparo impulsado por la compañía va en contra de la reforma a la Norma Oficial Mexicana 051 (NOM-051), que obliga a las empresas a especificar en octágonos de color negro si sus productos son dañinos para la salud, por ejemplo, por el exceso de calorías o azúcar.
La compañía, así como otras empresas, tienen como plazo el 30 de noviembre de este año para cumplir con los lineamientos que establece la NOM-051 y colocar las advertencias en sus productos.
Coca-Cola Femsa también informó que promovió otro amparo contra la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que desde 2019 prohibe en Oaxaca el uso de botellas de resina PET de un solo uso para botellas.
El principal distribuidor de bebidas azucaradas en México es la compañía Fomento Económico Mexicano (Femsa). Según datos de la empresa y publicados en junio pasado por Pie de Página, en el país tienen un mercado que llega a más de 75 millones de personas, entre sus principales productos están Coca Cola, jugos Del Valle, Sprite, Fresca, Fanta, Vitamin Water, productos lácteos Santa Clara, Heineken y Powerade. Pero la empresa regiomontana no sólo es la embotelladora más grande del mundo de la marca Coca Cola. También posee la marca Oxxo, con más de 19 mil 598 tienditas en México y otros países de Sudamérica, además de las gasolineras Oxxo Gas.
La compañía se opone al el nuevo etiquetado con el que los productos incluirán etiquetas con advertencias como: “exceso de calorías” y “exceso de sodio”, el sistema que estaba vigente en México –el que vemos en la parte inferior de los paquetes– era el de Guías Diarias de Alimentación (GDA), que consiste en mostrar los porcentajes de azúcares totales, grasa saturada, otras grasas, sodio y calorías de una porción del producto respecto a las cantidades recomendadas en una dieta de 2 mil kilocalorías.
En julio de esta año Alejandro Calvillo, de la organización El Poder del Consumidor, informó en entrevista con SinEmbargo.
acerca del ataque de las empresas de la comida chatarra a López-Gatell por la aprobación del etiquetado. Dijo que las corporaciones que forman parte de ConMéxico, como Coca-Cola FEMSA, Nestlé, Kellog’s y Bimbo, perdieron el apoyo que tenían desde el Gobierno y por eso emprenden campañas contra el funcionario, quien ha respaldado la modificación a la Ley General de Salud, aprobada en enero y que en octubre hará obligatorio un nuevo etiquetado frontal en productos que contengan altos niveles de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías.
“Coca-Cola FEMSA es la que más ha emprendido estas campañas”, expuso. “Nestlé actúa por debajo del agua, pero varios exfuncionarios y exsecretarios de Salud han estado vinculados con la empresa a través de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), que ha tenido una influencia muy fuerte en las políticas de salud del país”.
Calvillo acusó al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (ConMéxico) “de ser el principal actor de cabildeo y bloqueo de políticas contra la obesidad en el país”.
La solicitud para la cancelación de la concesión se solicitó a fin de dar prioridad a las necesidades de la población sancristóbalense sobre el uso comercial e industrial, en virtud de que el municipio sufre de escasez de agua.
Chiapas, 1 mayo (ChiapasParalelo).- Por primera vez, el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, a través de su Síndico Municipal, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la revocación de la concesión de aprovechamiento de agua que le ha sido otorgada a la “Inmobiliaria del Golfo S.A. de C.V.”, razón social utilizada por Coca-Cola FEMSA en Chiapas.
El pasado día 26 de marzo del presente año, el Síndico Miguel Ángel de los Santos Cruz, envió comunicación oficial a la Titular Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Doctora Blanca Elena Jiménez Cisneros, así como al Director del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la CONAGUA, Licenciado Francisco Zebadúa Alba, en la que expresa los motivos para la revocación de la concesión otorgada a la empresa Coca-Cola FEMSA para aprovechar el agua del subsuelo en el municipio.
Según organizaciones, la empresa refresquera extrae al día 1 millón 300 mil litros de agua, al hacer el ejercicio, la extracciones iniciaron en el pozo 1 en 1994 y el pozo 2 en 1995 para finalizar el permiso 20 años después. Se hablaría de una extracción aproximada de 18 mil 980 millones de litros de agua hasta el 2014 y 2015.
De los Santos Cruz comentó los efectos negativos de los refrescos en la salud, ya que pone en riesgo el abasto del vital líquido, así como en los graves daños colaterales relacionados con el consumo de refrescos, como son la diabetes, obesidad, hipertensión, caries, entre otros.
“La cancelación de la concesión se solicita a fin de dar prioridad a las necesidades de la población sancristóbalense sobre el uso comercial e industrial, en virtud de que nuestro municipio sufre de escasez de agua. Con independencia de que no existan datos actualizados y precisos sobre el aprovechamiento que del vital líquido realiza la empresa, sí tenemos precisión de la carencia de agua en el municipio, puesto que cada vez son más los barrios y colonias que no disponen de agua” expresó el Síndico.
San Cristóbal de Las Casas cuenta con una población aproximada de 209 mil 591 habitantes, y el Organismo Operador, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), reporta un consumo aproximado de agua de 10 mil 688 millones 520 mil al año en la ciudad.
El Síndico manifestó que no contar con el líquido suficiente para proveer el flujo continuo y constante de agua a los hogares, con diversidad de quejas por la falta de disponibilidad y suministro de agua hace evidente necesidad de contar con la cantidad suficiente y disponible de este vital líquido para satisfacer su creciente demanda.
“Es nuestra expectativa que el organismo federal con facultades para otorgar las concesiones sobre aprovechamiento de agua, revise la solicitud presentada en el marco de las disposiciones en materia de derechos humanos, considerando los principios precautorios y de prevención previsto en la legislación nacional e internacional y claramente reivindicados en las decisiones de los organismos que protegen los derechos humanos, así como en los casos analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación” añade la carta.
Embotelladora de FEMSA en San Cristóbal. Foto: Chiapas Paralelo, Cuartoscuro
El Ayuntamiento comunicó que el Síndico municipal cuenta entre sus principales atribuciones y obligaciones, previstas en el artículo 58 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal, la de “procurar, defender y promover los intereses del municipio”, razón por la cual, la solicitud presentada representa u imperativo legal, dadas las consecuencias en la población generadas por la concesión otorgada.
EPIDEMIA DE DIABETES
Jaime Page Pliego, investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR), afirma en su más reciente estudio, que en Chiapas en promedio cada persona de la entidad bebe 821.25 litros por año, situación que se relación con la alta prevalencia de diabetes mellitus, que en la última década ha sido la principal causa de muerte.
Page Pliego, en su investigación, informa que el aumento del consumo de refrescos en la región sur del país fue ocasionado, en parte, por una modificación de la vida social y religiosa de sus habitantes, según comparte CONACYT, agencia informativa.
Cada vez que una persona adulta bebe cuatro botellas de 600 mililitros de este refresco, está ingiriendo una cantidad que equivale a 50 cucharadas cafeteras de azúcar de 5 gramos cada una, es decir, consume más del 500 por ciento de la ingesta diaria de azucares recomendada, de acuerdo con estimaciones de la organización civil, El Poder del Consumidor, este cálculo fue realizado en 2013 por la nutrióloga Xaviera Cabada, coordinadora de Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor.
Page Pliego menciona que otras de las razones de la prevalencia del consumo de las bebidas carbonatadas y azucaradas, relata el artículo publicado en la Revista Medicina Social en 2019, son: una laxa legislación hacia las empresas refresqueras, campañas de mercadotecnia en lenguas locales y la poca accesibilidad de agua potable de calidad y en cantidad suficiente para los habitantes.
Lo que ha provocado que las familias chiapanecas, “destinen el mayor porcentaje de su ingreso en alimentos y bebidas no alcohólicas (38.4 por ciento), de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Gasto (Engasto) 2012”, declaró Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor.
Anuncio de Coca-Cola a la entrada de la cabecera municipal de San Juan Chamula. Foto: Marcos Arana vía Chiapas Paralelo
“La primera vez que sintió sed en exceso, como síntoma inicial de la enfermedad (diabetes), ingirió cuatro cocas”, comentó Kay, originario de San Juan Chamula, respecto a su hermana, que al igual que él y sus dos hermanos fueron diagnosticados con el mismo padecimiento, detalla la investigación.
Además, Pliego registra que el mal sabor de boca que ha dejado este escenario para los pueblos de la región sur del país se refleja en los problemas de salud que les ocasionan. Ahora se presentan casos en los que las personas cuentan con una situación de “doble carga de malnutrición», definida por la Organización Mundial de la Salud como el aumento de la obesidad sin haber controlado por completo las enfermedades crónicas ni la desnutrición.
Mientras tanto, directivos de grupo FEMSA argumentaron en entrevista con The New York Times en 2018, que una de las razones del aumento de la diabetes tipo II es que los mexicanos tienen una proclividad genética a desarrollar diabetes. Sin embargo, se ha documentado el impacto del cambio drástico de las comidas tradicionales de las poblaciones rurales, las cuales, por ejemplo, han sustituido el agua y el pozol por refresco y cerveza.
SALUD
El Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC) en conferencia de prensa realizada el pasado 25 de julio de 2018 informó que la sobreexplotación de los mantos acuíferos del Valle de San Cristóbal por Femsa-Coca-Cola alimenta la epidemia de diabetes en la región Altos de Chiapas, al tiempo de que se agrava la crisis por la contaminación y la escasez de agua disponible para sus habitantes.
El Centro acompañado por la Fundación Cántaro Azul y El Poder del Consumidor AC se sumó a la petición de que las autoridades revisen las concesiones de agua a la embotelladora en su sede de San Cristóbal de las Casas, así como garantizar el derecho vital al agua potable y políticas efectivas para reducir consumo de bebidas azucaradas, según informa el comunicado.
Marcos Arana, director del CCESC, señaló que la falta de acceso al agua y el alto consumo de refrescos son la principal determinante de la grave epidemia de diabetes que sufre la población de la zona Altos, con deducciones a que la situación es de urgencia nacional:
Los testimonios de los servicios de salud en la región vienen señalando un incremento de casos por diabetes descompensada y de diversas complicaciones generadas por esta enfermedad que era una condición poco común entre la población indígena hace 25-30 años.
Arana agregó que el agua es extraída a un ritmo insostenible y es en gran parte utilizada para inundar de Coca-Cola y otras bebidas azucaradas a cientos de comunidades indígenas a precios reducidos, en las que estas bebidas son los productos más disponibles y fáciles de encontrar.
Cada vez que una persona adulta bebe cuatro botellas de 600 mililitros de este refresco, está ingiriendo una cantidad que equivale a 50 cucharadas cafeteras de azúcar. Foto: Chiapas Paralelo, Especial
ACCESIBILIDAD
Léo Heller, Relator de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y el Saneamiento, en su visita del año pasado, indicó que durante su llegada a una comunidad a escasos kilómetros de distancia de esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas, presenció conmovido cómo mujeres y niñas, acompañadas de burros acuden a un charco de agua turbia varias veces al día para llenar pesadas garrafas de plástico para abastecerse de la única agua a la que tienen acceso durante varios meses del año, el Relator comentó que la situación ahí era “peor de la que había visto en varios países africanos”.
Durante la reunion que el Relator sostuvo con representantes de la sociedad civil de Chiapas en mayo de 2017, le fue presentado un panorama general de la crítica situación en la que se encuentra el derecho al agua en el estado, la cual quedó ejemplificada con 19 casos documentados y presentados al Relator.
Durante esta misma reunión, se le hizo entrega de un documento en el que se le solicita qué recomendaciones específicamente importantes para Chiapas, entre las que se citaron urgir al Estado Mexicano para que las concesiones que otorga CONAGUA para la explotación de agua en Chiapas y en el resto del país prioricen la disponibilidad y accesibilidad de este líquido de forma suficiente, salubre y potable para satisfacer las necesidades de sus habitantes para uso personal y doméstico por encima de cualquier otro uso comercial o industrial.
SOCIEDAD CIVIL
Alma Rosa Rojas, integrante del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio, afirmó que la empresa FEMSA-Coca Cola ha visitado diversos municipios en los últimos meses con la intención de identificar afluentes de agua; materia prima para la producción de refrescos embotellados.
En el marco de la movilización nacional para impulsar la Iniciativa de Ley Ciudadana del Agua, la ambientalista comentó que ese esfuerzo busca garantizar el derecho humano al agua bajo principios de equidad y sustentabilidad, por ello, esta lucha se ve clara en San Cristóbal con el control del vital líquido de la empresa, así como en otros sitios que requieren grandes cantidades para minería, agroindustria, empresas lecheras, cerveceras y refresqueras.
“Esta iniciativa de alguna manera demuestra esperanza, hay muchos colectivos, pueblos y organizaciones que buscan acercarse al agua y no permitir que sea CONAGUA, sino la federación quien detalle los procesos de aprovechamiento. Se está dejando a la gente sin agua” explicó.
Sin embargo, la misma empresa en un comunicado desmintió la versión de buscar otros pozos para extracción del vital líquido.
América Móvil (64 por ciento en promedio), Bimbo (5), Cemex (52), Coca-Cola Femsa (73), Grupo México (77), Gruma (70) y Televisa (61 por ciento) acaparan sus respectivos mercados en México e incurrirían en prácticas monopólicas relativas. Estos siete corporativos, sin embargo, han sido prácticamente intocables en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.
Aunque estas empresas no son investigadas en la actualidad, su tamaño les da la capacidad potencial de imponer barreras comerciales, desplazar a la competencia y/o determinar los precios de los bienes y servicios, dijo a SinEmbargo el doctor en Economía de la UNAM, César Armando Salazar.
Las siete compañías han sido señaladas de ejercer competencia desleal. Algunas han sido investigadas y sancionadas por el Gobierno federal. Otras juegan al monópoli con los mercados sin Ley o autoridad que las detenga. Pero en todo caso –según los datos– su dominio representa un riesgo para los bolsillos de los mexicanos.
Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- América Móvil, Bimbo, Cementos Mexicanos, Coca-Cola Femsa, Grupo México, Gruma y Televisa dominan sus respectivos mercados a nivel nacional. Su preponderancia no las vuelve monopolios por sí mismas; aunque implica riesgos a la sana competencia económica por la posibilidad que tienen de imponer condiciones de mercado.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, estas compañías no han sido investigadas por prácticas monopólicas absolutas, según el archivo público de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Pero su tamaño las convierte en agentes potenciales de prácticas monopólicas relativas, de acuerdo con el doctor César Armando Salazar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En la opinión del investigador, estas empresas “son monopolios por la forma en que actúan” porque tienen la capacidad potencial de acaparar la producción de un determinado bien o servicio, que conlleva la posible imposición de barreras, el desplazamiento de la competencia y/o la determinación de precios.
Los monopolios restringen los procesos de oferta y demanda. De ese modo, determinan los mercados a través del control de la competencia y de los precios de los bienes y servicios, confirma lo establecido en las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.
Según la normatividad vigente desde 2014, la diferencia entre prácticas monopólicas absolutas y relativas radica en que, las primeras, involucran un acuerdo entre los principales competidores de una determinada actividad, para restringir, controlar y beneficiarse del uso exclusivo de un mercado. Las segundas, por otro lado, implican la capacidad de uno o varios competidores para acaparar el mercado.
No obstante, dijo a SinEmbargo el doctor Salazar, “el principal elemento por el que nosotros identificamos un monopolio es porque éste tiene la capacidad de imponer un precio”.
Ejemplo de ello fue el aumento “injustificado” de 27 por ciento en los precios del cemento por parte de las cementeras, ocurrido entre enero y junio del año pasado.
La “guerra del cemento” –como fue llamada– concluyó casi dos meses después de que Cemex rompiera relaciones con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) y posterior a un acuerdo empresarial, para mantener precios competitivos como parte de una “estrategia de valor”.
A pesar de que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) acusó a Cemex de elevar los precios de manera discrecional, la compañía cementera no fue sancionada por las autoridades competentes.
Para Salazar, Cemex tuvo la capacidad de elevar los precios del cemento “por el poder de mercado que tiene”, además de la “agresiva” política de precios que ha mantenido en México –su principal mercado– luego de tener “grandes problemas financieros” de deuda.
En 2016, el Gobierno federal inauguró los Parques Eólicos Ventika, en Nuevo León. El proyecto contó con 650 millones de dólares de inversión privada en la que Cemex participó. Presidente Ejecutivo del Consejo. Foto: Presidencia de la República.
Otro indicador que determina prácticas monopólicas –dijo el economista– es la diferencia entre el precio de reserva de un bien o servicio (que es la cantidad máxima que un consumidor está dispuesto a pagar) y el precio real del producto (lo que paga el consumidor).
La Cofece, por ejemplo, planteó a principios de octubre de este año que la falta de competencia y los monopolios de mercado hacen que los hogares mexicanos paguen un sobreprecio de hasta 98.23 por ciento al momento de consumir bienes de consumo final –tortilla de maíz, pan, cárnicos y huevo, lácteos, frutas, verduras, bebidas no alcohólicas, medicamentos y materiales de construcción– y servicios como el transporte foráneo de pasajeros.
En ese sentido, la Comisión refirió que los “mercados con menores elasticidades donde hay empresas con poder de mercado, tienen mayores probabilidades de observar precios más altos que aquellos mercados con elasticidades grandes o donde no hay empresas con poder de mercado”.
LOS GRANDES CONSORCIOS
A diferencia de otros países, dijo en entrevista el doctor César Armando Salazar de la UNAM, el Gobierno mexicano no obliga a las grandes corporaciones –que pueden incurrir en prácticas monopólicas relativas o absolutas por su tamaño– a dividirse, sino que aplican medidas para abrir la competencia económica.
Ejemplo de ello es es la reducción del grado de concentración del mercado de servicios de telefonía móvil en México por el incremento de la competencia. Entre 2013 y 2018, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la competencia de América Móvil se cuadruplicó (de cuatro a 16 compañías) y su presencia en el sector se redujo (pasó de 69 a 64 por ciento).
Aunque mejorar la competencia es fundamental para el desarrollo económico, no obstante, las medidas que no están acompañadas de mejores y más efectivas regulaciones y sanciones para equilibrar el mercado, “no necesariamente limitan las actividades o el comportamiento monopólicos”.
Salazar explicó que “cuando no hay una competencia real que obligue a los grandes monopolios a intentar mejorar las condiciones del consumidor”, siempre van a existir prácticas de imposición de condiciones.
El investigador recordó lo sucedido en el sector bancario, en que la apertura a la inversión foránea –a partir de 1994– derivó en el monopolio de los extranjeros que, en la actualidad, controlan el 70 por ciento del sistema de pagos. Como efecto adverso, la banca mexicana tiene comisiones “extremadamente altas”, se lee en el estudio de la UNAM “Los bancos extranjeros en México: diversificación de actividades y su efecto en la estructura de ingresos” (2014).
En este contexto, la preponderancia de empresas como América Móvil, Bimbo, Cementos Mexicanos, Coca-Cola Femsa, Grupo México, Gruma y Televisa –por mencionar algunas– implica riesgos a la sana competencia económica.
Estas siete compañías han tenido un crecimiento económico considerable en los últimos años. Aunque las utilidades netas (o ganancias reales) de algunas de ellas fueron inferiores entre 2014 y 2017 –como en los casos de América Móvil y Televisa– su valor contable (o patrimonio neto) fue en ascenso.
Durante ese mismo periodo, el valor real de Gruma fue ocho veces mayor (803 por ciento). El de Grupo México, por otro lado, aumentó en 55.4 por ciento, seguido del de Bimbo (43), Cemex (37), Televisa (30), Coca-Cola Femsa (16) y América Móvil (5.3 por ciento).
Pese a que México presenta avances en materia antimonopólica, persisten grandes retos a nivel nacional. Entre ellos –señala un estudio (2018) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM– están los problemas de raíz de la Ley Federal de Competencia Económica. La investigación del doctor Ruperto Patiño Manffer refiere dos principales aspectos.
Primero que, a pesar de que existen sanciones y actos de responsabilidad penal en la comisión de prácticas monopólicas absolutas, las prácticas monopólicas relativas sólo son consideradas como violatorias de la Ley cuando se comprueba que el presunto responsable tiene poder sustancial sobre el mercado relevante.
En consecuencia –señala Patiño– “debemos considerar que las prácticas monopólicas clasificadas como relativas no son objeto de regulación por parte de la Ley”. Asimismo –añade– “en lo tocante a las prácticas relativas, sus efectos positivos o negativos no siempre son claros” porque “se hace necesario definir el mercado en que se lleve a cabo la conducta, así como el impacto probable o actual de la misma antes de dictaminar si es anticompetitiva”.
El segundo problema es la omisión en la fijación de precios máximos a materias primas y artículos o servicios necesarios para la economía nacional y/o el consumo popular. En lugar de ello, la normatividad “se limitó a conceder amplias y discrecionales facultades al Ejecutivo Federal para que sea esta autoridad en exclusiva la que determine cuales bienes y servicios podrán sujetarse a precios máximos”.
Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que, en México, la exigencia normativa “sigue siendo relativamente alta” en varios sectores productivos y limita la facilidad con que las nuevas empresas pueden acceder a los mercados.
Por ello, recomienda “abolir o modificar” disposiciones, “de forma tal que sean menos restrictivas para los proveedores y consumidores”, sin menoscabo a los avances realizados en materia de competencia económica.
AMÉRICA MÓVIL
Hablar de este conglomerado es mencionar a una poderosa mano empresarial –la de Carlos Slim Helú– que se extiende por casi todo el Continente Americano (salvo por Canadá, Bolivia, Venezuela, las Guyanas y Suriname) y parte de Europa (Austria, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria, Macedonia y Bielorrusia).
“Al 31 de marzo de 2018, la compañía contaba con 362 millones de líneas de acceso, que incluyen 279 millones de suscriptores móviles, 33 millones de líneas fijas, 28.6 millones de accesos de banda ancha y 21.5 millones de unidades de TV de paga”, se lee en su sitio de Internet.
En México, controla en promedio el 64 por ciento del mercado de los servicios de Internet (fijo y móvil) y de telefonía (fija, móvil y pública), según datos del IFT (2018) analizados por la Unidad de Datos de SinEmbargo. De sus 33 competidores, Telefónica Movistar es el único que le compite en todos los rubros, con una participación promedio de 11 por ciento.
En abril de este año, América Móvil (Telmex, Telcel y Claro) fue objeto de una multa por 96.8 millones de pesos. El IFT consideró que la firma de un contrato de exclusividad con la empresa Blue Label México, incurrió en prácticas monopólicas relativas al impedir la comercialización de tiempo aire de sus competidores en telefonía móvil, entre 2012 y 2014.
TELEVISA
El imperio de “El Tigre” –que heredó Emilio Azcárraga Jean– concentra el 61 por ciento del mercado de televisión restringida en México, donde sólo dos de sus nueve competidores tienen una participación importante en el mercado (Dish-MVS y Megacable con 16 y 14 por ciento, cada una).
La concentración de poder de esta compañía creció con las adquisiciones de Cablecom (2014), Cablevisión Red (2015) y Cablemás (2016). Este año, Grupo Televisa podría comprar a Megacable. La adquisición le daría control sobre el 75 por ciento del mercado de televisión restringida, además de controlar el 27 por ciento del mercado de telefonía fija y el 39 por ciento del mercado del servicio fijo de acceso a Internet.
El año pasado, el IFT determinó que la empresa de Azcárraga Jean, a través de Cablevisión y de Sky, tenía “poder sustancial en el mercado relevante de televisión de paga”. Esto quiere decir que tenía la capacidad de fijar precios por arriba deI mercado y por ende, la posibilidad de inhibir a la competencia.
En la actualidad, el grupo compite como cualquier otra empresa en lugar de ser limitada con una “regulación asimétrica”. O bien, con barreras adicionales que permitan a los demás competidores equilibrar la ventaja competitiva de Televisa, que tiene más de 12 millones de suscriptores.
BIMBO
Grupo Bimbo tiene presencia en 32 países de América, África, Asia y Europa. Con 199 plantas productoras y más de 3.2 millones de puntos de venta en México y el mundo, produce y distribuye bollos, galletas, pastelitos, tortillas, botanas, confitería y muchos productos industrializados más. La empresa de la familia Servitje, que opera desde 1945, es líder mundial en el mercado de alimentos horneados.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en nuestro país el 34 por ciento del salario de los mexicanos es destinado a los alimentos (Inegi). De cada 100 pesos de gasto en este rubro, Bimbo recibe 24, refieren datos de la agencia de investigación de mercados Euromonitor International.
Sin embargo, en la actualidad, esta panificadora cuenta con menos del cinco por ciento del mercado de pan en México.
En la última década –según datos del Inegi– las pacificadoras industriales perdieron 10.3 puntos porcentuales de su participación en el rubro. En cambio, los negocios tradicionales de pan –Lecroz, La Esperanza, La Espiga, etcétera– y las más de 55.6 mil panaderías que operan en todo el territorio nacional, ganaron peso.
Entre 2007 y 2017, la participación del mercado de las panificadoras industriales pasó de 63.5 a 53.2 por ciento. En contraste, las panaderías tradicionales y locales aumentaron su presencia en 10.3 puntos porcentuales durante el periodo (al pasar de 36.5 a 46.8 por ciento).
A pesar de las cifras, el sistema agrícola mexicano “se ha convertido en un sistema agroindustrial integrado”, dijo en abril a SinEmbargo, la doctora Helena Cotler Ávalos. Para la especialista en Ciencias Agronómicas, esto significa que “nuestra alimentación hoy está controlada por 10 grandes empresas”, entre ellas, Gruma, Bimbo, Pioneer, Syngenta y Monsanto-Bayer.
GRUMA
La empresa fundada en 1949 por Roberto González Barrera se ostenta como el “líder global de producción de harina de maíz y tortillas”. Con 79 plantas de producción y presencia en 112 países de América, Asia, Europa y Oceanía, tiene una capacidad instalada de producción de harina en México de tres millones de toneladas, superando a sus competidoras Minsa (878 mil toneladas), Harimasa (80 mil) y Cargill (que no reporta capacidad instalada en México).
De este modo, la dueña de marcas como Maseca, Mission y TortiRicas acapara el 70 por ciento del mercado. Junto con Minsa, que controla el 23 por ciento del sector, el 93 por ciento de la producción de harina de maíz a nivel nacional está en manos de dos empresas.
Esta “gran capacidad” de producción instalada –resultado de sus enormes inversiones– le permite a Gruma y a sus competidores “excluir o desalentar a nuevos entrantes” y fijar precios “por encima del competitivo”, refiere el estudio de la UNAM “El mercado de harina de maíz en México. Una interpretación microeconómica”.
De acuerdo con cifras de este año de la Cofece, las tortillas de maíz tienen un sobreprecio aproximado de 26 por ciento sobre su precio de producción. Y según el estudio de la UNAM, entre 2002 y 2012 se observó un sobreprecio en la harina de entre 12.1 y 21 por ciento por encima del crecimiento anual del precio de la tonelada de harina. Esta tendencia –refiere– pudo ser replicada en 2017.
COCA-COLA FEMSA
“Coca-Cola FEMSA ha crecido en México desde 1979”. En la actualidad cuenta con 145 centros de distribución, 854 mil 459 puntos de venta, 17 plantas embotelladoras y una cartera de 71.1 millones de consumidores a nivel nacional, se lee en el sitio oficial de la compañía.
La embotelladora Fomento Económico Mexicano (Femsa) data de la década de los 70 y está ligada a las familias Garza Sada (Grupo Alfa) y Garza Lagüera (Cervecería Cuahutemoc-Moctezuma). Aunque ya era fuerte desde entonces, con el impulso de Coca-Cola adquirió en 2003 a Panamco, que era la embotelladora más importante de América Latina.
Femsa y Coca-Cola, en conjunto, acaparan el 73 por ciento de las ventas en tiendas de abarrotes y de autoservicio en México, además del 47.3 por ciento del mercado de las bebidas bajas en azúcar, refiere un análisis de Euromonitor International.
En 2007, el más grande socio de Femsa incurrió en prácticas monopólicas relativas por imponer cláusulas de exclusividad de venta a sus compradores, con la finalidad de evitar que las tiendas vendieran productos de la competencia. Ese año, la Cofece multó a Coca-Cola con 10.5 millones de pesos.
GRUPO MÉXICO
La empresa de Germán Larrea Mota Velasco es líder en producción de cobre, transporte ferroviario e infraestructura. En un periodo de 80 años, sus negocios se han extendido de América a Europa y Asia.
En nuestro país, acapara la producción nacional de cobre con una participación del 77 por ciento del mercado, según datos del “Informe Anual 2016” de la Cámara Minera de México (Camimex). En la producción de cobre (en forma de concentrados minerales) le siguen la Minera Frisco (4.2), Cobre del Mayo (2.9), Peñoles (2.8) y “otros” (8.9).
Además, Grupo México es el mayor productor de cátodos electrobeneficiados (que sirven para el desarrollo de conductores eléctricos). En 2015 aportó el 69 por ciento de la producción nacional, seguida por Cobre del Mayo y Peñoles (11 por ciento cada uno), Kores (tres) y Minera Frisco y “otros” (dos por ciento cada uno).
En 2016, al término de una sesión del Consejo Mexicano de Negocios, Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México (derecha) platicó con el Presidente Enrique Peña Nieto (centro) y con Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía (izquierda). Foto: Adolfo Vladimir, Claroscuro.
En materia de minería, la compañía de Larrea ha sido señalada por presuntas prácticas opacas e ilícitas que involucran al Gobierno mexicano. De 1994 –el último año de gobierno del ex Presidente Carlos de Salinas de Gortari– a la fecha, Grupo México ha recibido 333 concesiones, algunas con vigencia hasta 2063, de acuerdo con una revisión de SinEmbargo al Portal de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
En materia de transporte e infraestructura, el grupo que carga con la pena de haber envenenado dos ríos en Sonora (2014) fue señalada de incurrir en prácticas, que al filo de la letra legal, son monopólicas relativas.
El año pasado, la Cofece determinó que este grupo, junto con la compañía Kansas City, no tenía competencia real en las líneas férreas del país porque controlaban el 72 por ciento de los sistemas ferroviarios.
Por su capacidad para fijar precios, la Comisión señaló que la falta de competencia generó daños a los usuarios del sector, con incrementos hasta 8.3 veces mayores en las tarifas ordinarias de interconexión.
CEMEX
Con 122 años de existencia, Cementos Mexicanos (Cemex) es un gigante de la industria que opera en América, África, Asia, Europa y Medio Oriente, con 1 mil 617 plantas, 269 minas y molinos, además de 253 terminales terrestres y marítimas.
Por sí sola, Cemex domina el mercado nacional con cerca de 52 por ciento de la producción y de las ventas. En participación le siguen Holcim-Apasco (20) y Cruz Azul (14), además de las compañías Fortaleza (ligada a Carlos Slim y Antonio del Valle), Cementos Moctezuma y Cementos Chihuahua (15 por ciento en conjunto), según datos del estudio de la UNAM “Industria del Cemento en México: Análisis de sus Determinantes (2017).
Un año antes de causar la “guerra del cemento” de 2017, Cemex –junto con Holcim y Cementos Portland Valderrivas– fue sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, por fungir como “un cártel” de intercambio de “información comercial sensible” para el reparto del mercado español con acuerdo de precios, entre 1999 y 2014.
Asimismo, en 2012, la Comisión de Competencia (ahora Cofece) multó a Cemex por impedir la importación a México de cemento proveniente de Rusia. Sin embargo, la cementera se ahorró la multa mediante un amparo legal.
Una vez completada la operación, el plan es que el negocio de AdeS forme parte de la plataforma de bebidas no carbonatadas que Coca-Cola Femsa comparte con su socio, Coca-Cola, en los territorios donde opera, como México, Argentina, Paraguay,Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile y Colombia, en los que la marca de bebidas de soya también se hace presente.
El plan es que el negocio de AdeS forme parte de la plataforma de bebidas no carbonatadas de Coca. Cola. Foto: AP.
Nueva York, 1 jun (EFE).- La estadounidense Coca-Cola y la mexicana Coca-Cola Femsa anunciaron hoy que llegaron a un acuerdo con Unilever para hacerse con AdeS, el negocio de bebidas de soya líder en Latinoamérica, por un total de 575 millones de dólares.
“AdeS es una marca líder en la categoría y estamos muy entusiasmados de añadirla a nuestro portafolio de bebidas no carbonatadas”, dijo en un comunicado el presidente del Grupo Latinoamérica de Coca-Cola, Brian Smith.
La operación ha sido aprobada ya por los consejos de administración de las compañías y está pendiente del visto bueno de los reguladores.
“AdeS complementa y refuerza nuestro portafolio de bebidas no carbonatadas, ofreciendo a nuestros consumidores una mayor cantidad de opciones”, señaló John Santa Maria, director general de Coca-Cola Femsa, la empresa mexicana que produce y distribuye los productos de la marca en buena parte de Latinoamérica.
Una vez completada la operación, el plan es que el negocio de AdeS forme parte de la plataforma de bebidas no carbonatadas que Coca-Cola Femsa comparte con su socio, Coca-Cola, en los territorios donde opera.
En el resto de países, Coca-Cola desarrollará AdeS en conjunto con los embotelladores locales de esos mercados, explicó la compañía.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
