México superó este año la cifra de más de 100 mil personas desaparecidas y llega a este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con pendientes a nivel federal como la instalación del Banco Nacional de Datos Forenses y fiscalías locales donde falta personal capacitado para acelerar las búsquedas. Las desapariciones de Mónica y Dan, registradas en distintos años y entidades, dan cuenta de un problema estructural que lleva años sin atenderse.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– Con más de 105 mil personas desaparecidas, México enfrenta una crisis que, aún con la existencia de legislaciones importantes y la reciente creación de instancias especializadas, preocupa a las familias de las víctimas y a la sociedad civil, quienes actúan con sus propios medios en busca de justicia ante la falta de voluntad política.
Los casos de Mónica Ruth Rojas Luna y Dan Jeremeel Fernández Morán, desaparecidos respectivamente en 2019 y 2008 en el Estado de México y Coahuila, muestran que “el tema no tiene que ver con el cambio de partidos políticos en el poder, sino con la poca voluntad institucional para resolver el terrible dolor que las familias sienten”, dice Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización civil Idheas, que acompaña jurídicamente estos y otros casos similares.
En ello coincide Yolanda Morán, activista y mamá de Dan Jeremeel, quien en 14 años de búsqueda se ha enfrentado al desinterés de tres gobiernos priistas en Coahuila y de un gobierno federal del Partido Acción Nacional (PAN), otro del Revolucionario Institucional (PRI) y el actual, encabezado por Morena. Sobre todo a las autoridades de impartición de justicia. Aunque desde 2010 la entonces Procuraduría General de la República atrajo el caso, donde identifica a los principales sospechosos como integrantes del Ejército, eso no ha significado avances que den pistas sobre el paradero de su hijo.
“A las familias nos han dejado hacer todo el trabajo, las búsquedas, las excavaciones. Las fiscalías, las comisiones regionales, las estatales no están para darnos ayuda. Es su trabajo, pero, ¿por qué nosotras tenemos que hacerlo? No importa el color del partido en el poder, las familias seguimos siendo ignoradas”, denuncia.
Desde 2018 está vigente la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General) que obliga a las autoridades a actuar de forma coordinada en la búsqueda, investigación e identificación de las persona desaparecidas. Incluso existen protocolos de búsqueda, pero la realidad es que constantemente las familias de las víctimas deben exigirles cumplir con sus responsabilidades para que los casos avancen.
Eso paso cuando Mónica Ruth Rojas desapareció el 21 de octubre de 2019 en Tlalnepantla, Estado de México, pues si bien la entidad cuenta con una Fiscalía especializada en atender estos casos y ese mismo mes la Secretaría de Gobernación había decretado la primera Alerta de Violencia de Género por el alto índice de mujeres y niñas desaparecidas, pasaron tres días para que las autoridades comenzaran a difundir su ficha de búsqueda.
Mónica Ruth Rojas desapareció en Tlalnepantla y fue hallada sin vida. Foto: Idheas.
Además, policías no pudieron recopilar información importante como los videos de las cámaras de vigilancia de la empresa Resiform, el último lugar donde estuvo Mónica, lo que se sumó a la revictimización: “Lo que se quería era investigarla, si tomaba, qué hacía en las noches, y al inicio se hicieron diligencias para desviar la investigación”, recuerda Juan Carlos Gutiérrez, también destaca que los avances logrados hasta ahora se deben en gran medida a la presión que la familia de la mujer y la organización que lidera mantienen para obtener justicia.
Mónica Ruth fue hallada sin vida en 2020 y este mes, a casi tres años de su desaparición, el Tribunal de Enjuiciamiento de Tlalnepantla sentenció a un hombre a estar 17 años y seis meses privado de la libertad por la conducta que la Ley General describe como esconder o destruir restos o el cuerpo sin vida de una persona para ocultar la comisión de un delito, pero aún están pendientes sanciones contra otras dos personas.
La familia de Mónica Ruth aún espera que la Fiscalía General del Estado de México ejecute otras dos órdenes de aprehensión. Foto: Especial vía Idheas.
Isabel Suárez, abogada en Idheas y representante legal de la familia, reconoce que la atracción del caso por parte de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y su colaboración para avanzar es la excepción no sólo en el Estado de México, pues en otras entidades sigue siendo un reto que las autoridades aborden las desapariciones como tal, pues, por ejemplo, al encontrar sin vida a una persona que no había sido localizada se centran en el homicidio o feminicidio cuando ello suele ser la conclusión de un primer delito, la desaparición.
Entonces, agrega, aún cuando ya existe la Ley General, un Protocolo Homologado de Investigación, recientemente fue inaugurado el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) —que se encargará de resguardar la información para la identificación de personas fallecidas en calidad de desconocidas— y en los últimos años el marco normativo ha avanzado con la creación de las Fiscalías Especializadas en los estados, la Comisión Nacional de Búsqueda y la conformación del Consejo Nacional Ciudadano —un órgano independiente integrado por expertos y familias de personas desaparecidas—, todavía hay poca voluntad a nivel nacional para que funcionen completamente.
Además, todavía hay instrumentos pendientes por integrar, como los registros nacionales de personas desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, todos ellos a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), pero su entrada en funciones ha sido retrasada por años.
LA IMPUNIDAD DE AÑOS
Pese a que ahora existen mejores marcos normativos, poco ha servido para acabar con la impunidad. Un informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que hasta noviembre de 2021, sólo entre el 2 por ciento y el 6 por ciento de los casos de desaparición en México habían sido judicializados, y sólo se habían emitido 36 sentencias por este delito.
Los años que Yolanda Morán lleva buscando a Dan, su hijo, le han dejado claro que las leyes vigentes no funcionan si las autoridades estatales y federales siguen minimizando el problema, por ejemplo, al estigmatizar a las víctimas y al no plantear siquiera líneas de investigación en los casos.
Yolanda busca a su hijo Dan Jeremeel Fernández. Foto: Idheas.
Dan Jeremeel desapareció en 2008, a dos años de que el Gobierno federal encabezado por Felipe Calderón declaró una guerra contra el narcotráfico que agravó la crisis de violaciones a derechos humanos en todo el país y desde entonces no se ha contenido.
Desde 2006, cuando inició su sexenio, se reportó la desaparición de 263 personas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, y 2012, el último año de su mandato, cerró con 4 mil 228. En total, 17 mil 634 personas desaparecidas de 2006 a 2012 siguen sin ser localizadas.
La administración que siguió, la de Enrique Peña Nieto, tuvo en su primer año 4 mil 799 personas desaparecidas y finalizó en 2018 con un registro anual de 7 mil 507, con un acumulado de 35 mil 326 desapariciones.
Con Andrés Manuel López Obrador al frente del Ejecutivo el número de personas sin localizar sigue creciendo, de 2019 hasta agosto de este año ya alcanzó el 82 por ciento de todas las desapariciones contabilizadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues acumula 28 mil 977 registros; sólo en lo que va del año no se sabe del paradero de 6 mil 282 personas.
En ese contexto, México alcanzó este mayo la cifra de más de 100 mil personas desaparecidas y hasta este 30 de agosto acumula 105 mil 083.
El director de Idheas Juan Carlos Gutiérrez recuerda que la negligencia de los gobiernos estatales ha abonado en gran parte al crecimiento de esta crisis en materia de derechos humanos, también insiste en que se trata de un problema estructural que por años ha sido ignorado y suma distintas violencias como la relacionada con el género o el crimen organizado.
“El problema no es exclusivamente del Gobierno federal. El problema radica fundamentalmente en las fiscalías locales, en los vínculos que se tienen allí con grupo de la delincuencia organizada, también por los vínculos de corrupción que hay entre gobiernos estatales con fuerzas federales, fiscalías locales y grupos de la delincuencia organizada”.
El camino para obtener justicia de Yolanda Morán ejemplifica esa situación, pues aunque desde enero de 2009 fue localizado el auto donde su hijo desapareció y lo tenía un militar en servicio, la Fiscalía de Coahuila no siguió esa ni ninguna otra línea de investigación, además de desvirtuar la desaparición forzada, lo mismo ha sucedido en la FGR.
“Cuando he pedido avances, en la FGR me dan hojas de información de mi hijo que buscaron en Google, ¿puedes creerlo? Información que yo misma puedo buscar en Internet e imprimir. Es un desinterés total”, denuncia.
El caso de Dan Jeremeel sigue sin avanzar aún con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que acredita las omisiones de autoridades de distintos ámbitos, y aunque este mes fue admitido por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, Yolanda lamenta que la esperanza deba tenerla ahora en una instancia internacional porque en México han sido años de ser ignorada.
Al alto número de personas desaparecidas en el país se suma la crisis forense que representan las más de 52 mil personas que permanecen sin identificar, esta es una de las razones por las que este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, familias protestarán en distintos puntos del país en búsqueda de justicia para sus seres queridos.
“Pese a todo, como mamá, como familiar de un desaparecido, no perdemos la esperanza, siempre deseamos encontrarlos, por eso seguimos exigiendo a las autoridades que hagan su trabajo”, enfatiza Yolanda Morán.
El exfuncionario fue aprehendido en su domicilo un día después de que se presentaran las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Jesús Murillo Karam, quien fuera Procurador General de la República, por los delitos de desapariciónforzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
En un comunicado, la dependencia federal detalló que la aprehensión de Murillo Karam por parte del personal policiaco de la Fiscalida General fue en cumplimintento a una orden de aprehensión solicitada por esta Institución y otorgada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.
De acuerdo con la FGR, la diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio del exfuncionario en Lomas de Chapultepec, “sin ningún problema”, pues aseguraron que “colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo”.
“El detenido ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para las certificaciones correspondientes; y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial, en cumplimiento de la orden de captura señalada”.
#FGRInforma | Policía Federal Ministerial cumplimenta orden de aprehensión en contra de Jesús “M”. En Breve más información. pic.twitter.com/TUYxgX3Wt0
Como complemento de la información de la diligencia de aprehensión de Jesús Murillo, la Fiscalía General de la República, hazo público su reconocimiento al apoyo táctico y operativo que recibió de personal especializado de la Secretaría de Marina (Semar).
El priista Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido justo un día después de que se presentara el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
El Subsecretario de Gobernación y presidente de esa comisión, Alejandro Encinas, ya había adelantado en 2019 que Murillo Karam era uno de los altos funcionarios que estaba en la mira de las autoridades.
El jueves, al presentar el informe, Encinas indicó que ya se habían presentaron en la fiscalía todos los elementos necesarios para que se deslindaran responsabilidades a 33 personas, pero lo único que aclaró es que el expresidente Enrique Peña Nieto no estaba entre ellos.
La Comisión consideró probado que la desaparición de los 43 jóvenes y la ocultación de la verdad sobre el crimen fueron hechos organizados “desde el más alto nivel del gobierno”, que según dijo alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes.
Murillo Karam dijo que la “verdad histórica” de esos hechos fue que los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en una gran hoguera que hicieron en un basurero de un municipio vecino —Cocula— . Después, según su versión, los criminales tiraron los restos a un río cercano.
Aunque se identificó a tres estudiantes con restos óseos calcinados, tanto los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la actual fiscalía y la Comisión de la Verdad, negaron la versión del basurero y confirmaron que los 43 jóvenes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos.
Además, aseguraron que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia. Las torturas fueron confirmadas también por la ONU. A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes están con vida pero todavía se desconoce qué hicieron con ellos.
La Suprema Corte indicó que en casos de desaparición forzada, las autoridades de amparo pueden fijar medidas tendientes a lograr una reparación integral de los daños, pues estas circunstancias son consideradas como una de las violaciones más graves a derechos humanos.
Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) indicó que en casos de desaparición forzada las autoridades de amparo pueden fijar medidas tendientes a lograr una reparación integral de los daños, pues esta circunstancia es considerada una de las violaciones más graves a derechos humanos. En el caso específico de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, desaparecidos en 2007 en Oaxaca, la Corte resolvió que deberán abrirse cuarteles militares para buscarlos.
En la sentencia emitida por un amparo en revisión discutido este miércoles, las y los ministros determinaron que en casos de desaparición forzada, las autoridades de amparo pueden fijar medidas tendientes a lograr una reparación integral de los daños.
El amparo en cuestión se trata de una sentencia que concedió el amparo a Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y desaparecidos en Oaxacaen 2007.
Luisa Zapata muestra fotos de su hijo Manuel Enrique Solís y su esposo Ángel Enrique Solís, ambos desaparecidos en enero de 2022. Su marido apareció sin vida a principios de febrero. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
En el caso particular del caso en revisión, el Tribunal Máximo confirmó las medidas de reparación siguientes: la publicación de la sentencia por parte de la Sedena, la toma de la declaración de los mandos militares que hubieran estado en funciones en mayo de 2007 en Oaxaca, en la temporalidad en que se dio la desaparición forzada, y la publicación de los avances de la investigación en la página de Internet de la FGR.
Las medidas se extienden a que la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual deberá, de la mano de instancias internacionales que brindan acompañamiento a víctimas, diseñar un plan integral para realizar las diligencias necesarias para la búsqueda en cuarteles.
El recurso fue interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de diversas autoridades estatales y municipales de seguridad y procuración de justicia del estado de Oaxaca, por la desaparición forzada de dos familiares y por la abstención de la agente ministerial de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados.
Asimismo, la SCJN determinó que en casos de desaparición forzada, las autoridades de amparo pueden fijar medidas tendientes a lograr una reparación integral de los daños. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro.
La institución del Poder Judicial volvió a reconocer la desaparición forzada como una de las violaciones más graves a derechos humanos, pues somete a los familiares de la víctima a “actos equiparables a tortura y tratos crueles e inhumanos al desconocer el paradero y destino de su ser querido”.
En este sentido, remarcó que los familiares son orillados a implementar por su propia cuenta acciones de búsqueda y de investigación, además que se enfrentan con obstáculos institucionales al momento de solicitar apoyo de las autoridades.
La Primera Sala determinó que no es necesario que primero se haya acreditado la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados para que exista un estándar de prueba atenuado que le permita analizar indicios y pruebas indirectas y testimoniales, puesto que la desaparición forzada se caracteriza por la falta de pruebas directas.
“Los familiares y seres queridos [de personas desaparecidas] viven un calvario por la falta de información sobre su paradero, y con la zozobra de desconocer si su vida corre peligro, y en qué condiciones de salud e integridad física y emocional se encuentra. Este sufrimiento se ahonda ante la falta de respuesta institucional adecuada y oportuna para localizar a la persona porque genera un sentimiento de impotencia”, expresó la Suprema Corte.
El exfiscal General de Veracruz fue detenido el pasado 25 de julio de 2022 en Puerto Escondido, Oaxaca, luego de estar prófugo de la justicia por más de tres años.
Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- Jorge Winckler Ortiz, exfiscal General de Justicia de Veracruz, fue vinculado a proceso por un Juez de proceso y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación de la libertad en su modalidad de secuestro, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
A través de un comunicado, la dependencia detalló que el impartidor de justicia también confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año y cinco meses de investigación complementaria, dentro del proceso penal 296/2019.
Jorge Winckler fue detenido el pasado 25 de julio en Puerto Escondido, Oaxaca, luego de estar prófugo de la justicia por más de tres años. La Fiscalía de Veracruz había informado que la detención del exfiscal era un objetivo prioritario de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (Coesconpaz).
La Fiscalía General del Estado informa que obtuvo de un juez de proceso y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, vinculación a proceso en contra de Jorge “N”, ex Fiscal General del Estado de Veracruz,
El exfiscal General de Veracruz estuvo en el cargo del 30 de diciembre 2016 al 3 de septiembre de 2019, pero en marzo de 2020 fue separado definitivamente del cargo luego de que el Congreso local aprobara por mayoría un Proyecto de Punto de Acuerdo puesto a consideración por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
En el Proyecto, que obtuvo 33 votos a favor y 12 en contra, las y los diputados especificaron que Winckler Ortiz no cumplió con las tareas designadas en la Constitución para el cargo desde su nombramiento.
Lo aprobado por la LXV Legislatura veracruzana establecía que, al no cumplir con sus labores, Jorge Winckler violó el derecho que tiene la sociedad de tener certeza de que quien ocupa el cargo de Fiscal es sometido evaluaciones y certificaciones, sin embargo, no cumplía con el requisito de revalidación de confianza.
El Juez confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año y cinco meses de investigación complementaria, dentro del proceso penal 296/2019.
El 1 de diciembre de 2019, en su campaña a la gubernatura, el morenista Cuitláhuac García señaló al exfiscal de Veracruz por sus supuestas ligas con el crimen organizado y por su parcialidad a la hora de juzgar delincuentes, lo cuál influyó en la escalada de violencia en la entidad, que heredó el panista Miguel Ángel Yunes, esto fue luego de la matanza de 30 personas en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, el 27 de agosto de ese año.
Winckler fue elegido como Fiscal General en la entidad por el anterior Congreso, entonces de mayoría panista y priista, a finales de 2016 y por nueve años, cuando aún Yunes Linares era Gobernador. Los críticos de ese Gobierno lo consideraron no sólo una imposición, sino una jugada política del mandatario local para cubrirse la espalda.
En mayo de 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que señaló que el Fiscal Winckler y el Fiscal para Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel, habían cometido actos de tortura y tratos crueles en contra de una persona inocente: “Es aterrador pensar que las autoridades encargadas de protegernos y procurar justicia cometen este tipo de delitos”.
Dos meses después, los secretarios de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, y de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, en Veracruz, interpusieron una segunda demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jorge Winckler por presunta dilatación de la justicia y ocultar órdenes de aprehensión giradas por el Poder Judicial contra presuntos criminales.
En un país con más de 100 mil personas desaparecidas sólo existen 36 sentencias por desaparición forzada. Algunos integrantes del ejército, la Marina, agentes ministeriales o policías federales y locales han sido llevados a tribunales; pocos han sido encontrados culpables. Las penas que han recibido son mínimas. El más claro reflejo de la impunidad está en que, durante casi todos los juicios, no se ha logrado conocer el paradero de las víctimas.
Ciudad de México, 3 de julio (A dónde van los desaparecidos).- Rosa Elia Vázquez descansa en su mecedora de madera, al lado de la fotografía de su hijo Román Soto Vázquez, desaparecido desde el 17 de noviembre de 2013. Ese día, cuatro policías municipales de Ahome, Sinaloa, lo detuvieron en la carretera a La Constancia, El Fuerte.
Esta mujer encontró una manera distinta de buscar a personas desaparecidas en el norte de Sinaloa, donde hay cientos de casos en los que se acusa a policías como los principales perpetradores del delito: recabó grabaciones en video, fotografías y testimonios que presentó en la entonces Procuraduría General de Justicia de este Estado. Así logró que tres policías fueran juzgados por desaparición forzada, pero no consiguió que confesaran a dónde se llevaron a su hijo.
Tras un juicio de dos años, los policías municipales Jorge Cota Jiménez, Óscar Guadalupe Huicho Puentes y Jorge Martínez Santos fueron sentenciados a 31 años de prisión. Los detenidos aseguraron que sólo Daniel Vega Murillo —el cuarto policía, a quien señalaron como responsable y que se encuentra prófugo— sabía el paradero de Román.
El caso de Román Soto es uno de los mil 800 expedientes que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU calculó que existen en las fiscalías mexicanas.
Román Soto Vázquez fue desaparecido en noviembre de 2013, después de atender una llamada y avisarle a su familia que regresaba pronto. Foto: Cortesía.
“(Según la información proporcionada por México) sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 por ciento y el 6 por ciento, habían sido judicializados, y sólo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional”, mencionó el CED en el informe que presentó en abril de 2022, tras haber entrevistado a cientos de familiares de personas desaparecidas, académicas, periodistas y funcionarios públicos mexicanos.
Quinto Elemento Lab analizó las 36 sentencias por desaparición forzada que se han emitido en todo el país de 2005 a 2022. Esos documentos contienen narraciones de víctimas y testigos sobre cómo agentes de lo que fue la Dirección Federal de Seguridad, de la Procuraduría General de la República (PGR), marinos, militares y policías de varias corporaciones desaparecieron a mujeres y hombres.
Las 36 sentencias corresponden a la desaparición de 59 personas entre 1977 y 2018. De estas, sólo 15 fueron localizadas con vida y 21 muertas —es decir, fueron asesinadas— y 22 siguen desaparecidas.
El análisis de esas sentencias permite tener los siguientes hallazgos:
-Ocho de las 36 sentencias son contra nueve militares. Esos casos sucedieron entre 2009 y 2014: miembros del ejército desaparecieron a 16 personas para fabricar culpables por crímenes de narcotráfico en Chihuahua, Veracruz, Nuevo León y Jalisco. Los nueve militares fueron condenados.
-En tres de esos casos hubo tortura física y psicológica; en dos de ellos también existió tortura sexual como medida de presión para que las víctimas se autoincriminaran como miembros de cárteles.
-En seis de las ocho sentencias contra militares, los jueces dictaron cinco años de prisión; es decir, la pena mínima en el Código Penal.
-Hay seis sentencias contra miembros de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR); tres derivaron en condenas por casos en Ciudad de México, Jalisco y Chihuahua. Otras tres que ocurrieron en Quintana Roo, Oaxaca y Michoacán terminaron en absoluciones.
-Todas las sentencias que involucran a miembros de la AFI coinciden con un mismo patrón: los agentes detuvieron a personas, las ingresaron a cárceles o separos y extorsionaron a sus familias cobrándoles entre 50 mil y 200 mil pesos a cambio de la libertad.
-En 18 sentencias están involucrados 16 policías municipales y nueve estatales. En 17 de ésas se describe cómo los agentes de las corporaciones locales se convirtieron en perpetradores, tras haber sido corrompidos por grupos criminales.
-Chihuahua es el estado con más casos sentenciados en México: concentra siete sentencias locales por desaparición forzada y otras seis de orden federal. En esos delitos participaron elementos de tránsito, fuerzas especiales, policías municipales, estatales, agentes federales de investigación y militares.
-En 2009 se juzgó un caso de desaparición forzada por crímenes del pasado. Se trata de la desaparición de un hombre en Mazatlán, Sinaloa, en 1977, en el contexto de la llamada “guerra sucia”, por miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y por la Policía Judicial de Sinaloa. Cuando lo desaparecieron, la víctima tenía 19 años y era repartidor de folletos de la revista Sólo un agente de la DFS fue juzgado; recibió una condena de cinco años de prisión.
-El acceso a la justicia para las víctimas y sus familias se ve limitado por investigaciones parciales, que aportan información incompleta sobre los hechos y se enfocan a los perpetradores materiales, generalmente funcionarios públicos aislados, y nunca esclarecen quiénes fueron los autores intelectuales ni tocan la cadena de mando.
-La mayoría de las sentencias —30— son por casos que ocurrieron entre 2006 y 2020; cinco son por desapariciones forzadas ocurridas entre 2002 y 2005. Y uno, el que se menciona de 1977, es por un caso que ocurrió durante los años de la llamada “guerra sucia”.Sólo en una de las 36 sentencias, un juez puso al descubierto la inoperancia de las autoridades y su ineptitud para encontrar a un joven desaparecido.
-Las sentencias permiten conocer que 16 personas sobrevivieron a la desaparición forzada y pudieron denunciar, presentarse ante agentes del Ministerio Público y enfrentar a sus agresores en tribunales.
Las 36 sentencias por desaparición forzada que existían hasta abril de 2022 fueron citados en los informes “Sentencias penales en casos de desaparición forzada de personas en los ámbitos federal y local” y “Poder Judicial y desaparición de personas en México”; además, fueron retomados en respuestas a solicitudes de información al Consejo de la Judicatura Federal y poderes judiciales de los 32 estados de México.
Este crimen, el de las desapariciones forzadas —descrito así cuando las desapariciones son realizadas por servidores públicos— cobró más víctimas desde 2006, cuando inició la llamada “guerra contra las drogas”. Antes de ese año hubo seis sentencias, cuatro contra la Agencia Federal de Investigación y una contra un agente de la DFS.
UN CRIMEN CON LARGA DATA
En 1977, un estudiante de 19 años e integrante de la Liga 23 de Septiembre fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, por la Policía Judicial de ese estado y agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), por repartir folletos de la revista Madera y realizar pintas con la leyenda: “Ante las masacres de la burguesía, ni un paso atrás, gloria eterna a los caídos el 10 de junio, por la revolución proletaria, venceremos”.
El hombre permaneció recluido en celdas de la DFS hasta 1984, de acuerdo con documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN). Tuvieron que pasar 11,706 días para que, por la desaparición forzada del estudiante, se juzgara a un agente de la DFS. Al final, el juez lo condenó a cinco años de prisión.
Esta desaparición forzada ha sido la única que, hasta ahora, se ha juzgado por la llamada “guerra sucia”, un periodo que va desde la década de los sesenta hasta mediados de los noventa y durante el cual fuerzas estatales persiguieron y reprimieron movimientos que se consideraron como insurgencia social.
En el año 2002, la presidencia de Vicente Fox Quezada creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), la cual no logró ni siquiera sacudir la impunidad que se instaló desde los años sesenta en México cuando se habla, por primera vez, de la desaparición de personas. El 6 de octubre de 2021 se emitió un nuevo decreto presidencial para crear la Comisión para el esclarecimiento de las graves violaciones de la Guerra Sucia, organismo que deberá arrojar resultados antes de 2024.
MILITARES: DE LA TORTURA A LA DESAPARICIÓN
El ejército mexicano es la institución cuyos integrantes tienen más sentencias en su contra por desaparición forzada: de las 36 sentencias, ocho corresponden a crímenes que sucedieron entre 2009 y 2014.
Entre 2009 y 2014 sólo nueve militares fueron juzgados por desaparecer personas en Chihuahua, Veracruz, Jalisco y Nuevo León, cuando buscaban que los detenidos se autoincriminaran como responsables de crímenes relacionados con el narcotráfico.
En tres de éstas se acreditó que existió tortura física y psicológica; en dos, además, se ejerció tortura sexual.
Ocho de las 36 condenas por desaparición forzada de personas en México involucra a militares. Foto: Obturador Mx.
El 27 de marzo de 2012, un capitán segundo de infantería militar, perteneciente al Séptimo Batallón de Fuerzas Especiales en Escobedo, Nuevo León, ordenó la detención de un hombre de 23 años de edad, al que torturó, asesinó y desapareció, de acuerdo con una de las sentencias a los que se tuvo acceso.
El militar acusó al hombre de ser un “halcón”, es decir, un informante callejero de un grupo criminal. Lo mandó torturar por 40 minutos. Un grupo de soldados lo asfixió metiendo su cabeza en piletas con agua y lo golpeó hasta hacerlo desfallecer. Según el relato de militares testigos, la golpiza era para tratar de obtener información de grupos criminales para los que supuestamente trabajaba.
La tortura paró porque el joven dijo sentirse mal y uno de los militares que acompañaba al capitán sugirió llevarlo a un centro médico; fue así que lo envolvieron en cobijas y lo echaron en la parte trasera de una camioneta para viajar hacia una base militar en Cadereyta Jiménez, a una distancia de 50 kilómetros, donde un médico se dio cuenta que el joven había muerto. El capitán segundo de infantería ordenó a los subalternos viajar hacia un rancho para tirar el cuerpo. A la fecha sigue sin saberse dónde está el cadáver.
En el juicio, los principales testigos fueron las personas que vieron cuando el joven fue detenido, los soldados que ejecutaron las órdenes del capitán y el médico militar que lo vio muerto en la caja trasera de la camioneta. El juez que revisó el caso juntó los crímenes de desaparición forzada, tortura, asesinato y ocultamiento del cadáver para condenar sólo al capitán a 57 años de prisión.
En las otras siete sentencias que involucran militares también hubo torturas a hombres sospechosos de narcomenudeo. En todos los casos, más de un militar estuvo al tanto o participó del crimen, pero sólo se juzgó a uno. En seis sentencias las penas recibidas fueron mínimas, no pasaron de los cinco años. Y sólo en dos casos se logró conocer el paradero de los desaparecidos.
En cinco de esos casos que involucran a militares, las familias siguen sin saber dónde está su gente. Por ejemplo, en el expediente 19/2013 se narra que miembros del ejército desaparecieron a un joven de 23 años, a quien sacaron de un bar llamado Las Iguanas, en Coatzacoalcos, Veracruz. Eso ocurrió en 2010. La madre de la víctima luchó por tener una condena contra los perpetradores, pero no consiguió saber dónde dejaron a su hijo.
En expediente 22/2013 tiene información sobre la desaparición de un hombre en Ojinaga, Chihuahua, a quien los militares detuvieron por narcomenudeo. Durante un mes, lo tuvieron en una bodega, torturándolo para que se declarara culpable. Cuando lo presentaron ante el Ministerio Público, el hombre denunció a los militares. Luego de tres años de juicio, sólo un militar fue condenado a cinco años de cárcel.
En la sentencia 26/2013 se narra que un grupo de militares sacó a cuatro hombres y dos mujeres de un hotel en Ojinaga, Chihuahua, para llevarlos a un cuartel militar, donde los amarraron, golpearon, violaron con palos de escoba e interrogaron.
Los golpes y los interrogatorios, con traslados por la ciudad para que identificaran casas de seguridad y presuntos cómplices, no pararon. Los metieron a una jaula, los golpearon con los ojos vendados, mientras otros militares gritaban que les arrancarían la piel para exhibirla en cuadros como obras de arte.
Sólo los hombres fueron llevados a una comandancia militar, donde se les acusó de ser traficantes y consumidores de marihuana, pero uno de ellos denunció lo que habían vivido él y sus amigos.
El caso se abrió en un juzgado militar y terminó con la sentencia a un soldado, el encargado del convoy que detuvo y torturó al grupo de mujeres y hombres. El juez le dictó tres años de prisión por la tortura, otros cinco por la desaparición y dos más por la falsificación de pruebas. En este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo que disculparse públicamente en 2016 y pagar una indemnización a los afectados.
PASIVIDAD JUDICIAL ANTE DESAPARICIONES
En el informe que presentó en abril de 2022, el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU se destacó que el alto nivel de impunidad se debe a que “(hay una) pasividad judicial ante un fenómeno tan grave como la desaparición de personas”.
Esa pasividad no es solamente por la falta de investigación en las fiscalías, también involucra a los jueces que han otorgado penas mínimas y que no han ordenado que se localice a las víctimas.
En Jalisco, 17 militares fueron acusados por haber detenido a seis personas, el 1 de octubre de 2010, por portación de arma de fuego, de haberlas llevado a la base de operaciones “León 1”, ubicada en Jilotlán de los Dolores, pero no ante ministerios públicos o jueces, y luego de haberlas entregado a personas desconocidas.
Hubo testigos que vieron el momento en que los hombres fueron subidos a dos Suburban.
Los 17 militares reportaron al Ministerio Público federal el “aseguramiento” de 13 armas, pero no la detención de los seis hombres, cuyas familias presentaron una denuncia por desaparición forzada.
El juicio duró tres años. Sólo 10 de los 17 militares que participaron en los hechos fueron sentenciados. Y sus sentencias fueron de cinco años. Los otros sólo fueron condenados por falsear declaraciones para encubrir a sus compañeros.
Esa sentencia ocurrió en el año 2013. Hasta hoy se desconoce si las seis víctimas fueron localizadas.
Desde el sexenio de Felipe Calderón la presencia de elementos del ejército en las calles, principalmente del norte del país, fue cada vez más común. Foto: Obturador Mx.
En ninguna de las 36 sentencias se describieron los daños ocasionados a las víctimas y sus familias. Sólo en una sentencia el juez reprocha las deficiencias del expediente que integró el Ministerio Público federal contra un militar, porque la investigación no fue suficiente para localizar a la persona desaparecida.
Se trata del expediente 104/2013, que resolvió el juez Eustacio Esteban Salinas Wolberg, donde se documentó cómo el 20 de mayo de 2012, un subteniente de infantería mandó detener a un joven en Escobedo, Nuevo León, para resolver un supuesto crimen en el que se acusó tráfico de drogas.
Hubo dos testigos, entre ellos un amigo del joven que también había sido detenido en esa redada, pero que después fue liberado. Él fue quien buscó a la madre de su amigo, le contó lo que había pasado con su hijo: los militares lo tomaron de los brazos y golpearon casi a muerte para hacerle declarar y aceptar ser miembro del cártel de Los Zetas.
La segunda testigo fue la suegra del joven. A ella le tocó ver cómo su yerno estaba sentado en el porche de su casa cuando los militares llegaron para llevárselo:
“Dijeron que sólo le iban a hacer unas preguntas, pero le taparon la cara con su camisa y se lo llevaron”, dijo la mujer a su consuegra, según el expediente.
La madre fue a la Séptima Zona Militar a preguntar por su hijo. Nadie le dio razón ni de él ni del militar, pero se inició una investigación.
La PGR tomó el caso y recabó todas las versiones posibles, incluso la de un militar señalado como el perpetrador. El subteniente reconoció todo y para justificarse contó que una mujer le denunció a un par de jóvenes vendedores de droga. También dijo que se acercó a ellos para hablar y más tarde los habría invitado a platicar en otro lugar donde no fueran vistos con militares, por eso se los llevó a un paraje donde hay vías del tren para interrogarlos y después liberarlos.
El militar quedó detenido y se presentó ante un juez que no le creyó:
“(Este juez) considera que es muy grave la lesión o la afectación a los bienes jurídicos tutelados, que son múltiples, a saber: la integridad física del desaparecido, su libertad personal y su vida, así como el ámbito de protección a sus familiares, por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr obtener información sobre el paradero del desaparecido y el derecho a la verdad”, señaló el juez de orden federal en la sentencia.
En la resolución, el juez señaló un tema importante: el joven permanece desaparecido, porque el militar se resistió a decir dónde está.
Por esa omisión y el haber utilizado bienes del ejército, el juez dijo que el subteniente, especialista en combate al narcotráfico, según su hoja de vida, debía tener una sanción ejemplar: le dictó 31 años de prisión y 15 más de inhabilitación del servicio público.
“Lo que en el caso es trascendente, ya que al día de hoy lleva desaparecida la víctima por más de tres años, derivado además de una detención ilegal, sin que los familiares hayan obtenido información sobre el paradero a fin de que sea encontrado, vivo o muerto; lo que genera una zozobra en su estado anímico y una violación constante al derecho a la verdad, al que tienen derecho como víctimas indirectas del hecho”, recalcó el juez, de acuerdo con los documentos incluidos en el expediente.
LAS EXTORSIONES Y DESAPARICIONES DE UNA POLICÍA EXTINTA
La segunda dependencia cuyos agentes tienen más sentencias en contra por desaparición forzada de personas es la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la PGR.
Hay seis sentencias contra un número igual de miembros de la AFI, todas ellas relacionadas también con el delito de extorsión.
En los documentos se puede leer que fueron desaparecidas seis personas, cinco fueron localizadas con vida y una más sigue desaparecida.
Todas las sentencias coinciden en un mismo patrón: los agentes detuvieron a personas, las ingresaron a cárceles o separos y luego trataron de extorsionar a familias, haciéndoles pagar sumas entre los 50 mil y 200 mil pesos a cambio de la libertad y la vida.
La AFI fue una corporación que empezó a operar en 2001 como una fuerza civil de seguridad pública, a la que se unieron cientos de exmilitares a los que se otorgaron atribuciones para hacer investigaciones criminales.
Esta policía dejó de existir en 2012, por una reforma a la Ley de Seguridad, aunque en su historia se documentaron decenas de casos de corrupción y delitos.
Un ejemplo se encuentra en el expediente 72/2005, donde se relata cómo, el 29 de julio de 2005, un agente de la AFI entró a una casa en Michoacán, sacó a la fuerza a una mujer y la encarceló en el Centro de Readaptación de Morelia.
El agente habló con el padre de la joven —dueño de una tienda de abarrotes— y le dijo que si quería volver a verla debía pagar 50 mil pesos. El padre comprobó que todo fue un montaje para extorsionar; no era la primera vez que el agente utilizaba esa treta para cobrar dinero a cambio de la libertad de una persona.
El agente fue sentenciado a tres años de cárcel por extorsión y ocho meses más por el crimen de desaparición forzada, pues el juez consideró que este último crimen no era tan grave por haber sido llevada a un reclusorio de donde la víctima fue liberada.
Las otras cinco sentencias contienen narraciones similares: agentes que detuvieron a personas, las inculparon y luego pidieron dinero a cambio de la libertad de las víctimas. También coinciden en que los jueces desestimaron las desapariciones por considerar que habían sido temporales.
Incluso, en dos de las seis sentencias los jueces decidieron otorgar condenas por otros delitos y no contemplar la desaparición forzada.
Normalistas protestan por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: Obturador Mx.
CASOS PENDIENTES
En México hay al menos un 94% de impunidad en las investigaciones sobre desapariciones forzadas, según los análisis realizados por la ONU. Entre los casos que siguen aún en la impunidad está el de 30 elementos de la Secretaría de Marina, quienes en abril de 2021 fueron acusados por la desaparición forzada de José Luis Bautista Carrillo y José Luis Viramontes Arredondo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrida durante 2018. En octubre de 2021, un juez determinó que 12 de los marinos podían enfrentar el juicio en libertad.
Otro caso que sigue impune es el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, que ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Esto a pesar de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha documentado en sus tres informes la participación de toda la maquinaria estatal, incluyendo al ex Procurador General de la República, marinos, militares, policías municipales, estatales y federales.
De ese caso no se tiene una sola sentencia, debido, según señaló el equipo de especialistas del GIEI, a la obstrucción de las mismas autoridades para avanzar en la investigación.
Madres buscan a sus hijas e hijos desaparecidos en un predio denunciado de forma anónima. Foto: Obturador Mx.
SENTENCIAS DEFICIENTES
Sandra Serrano, profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México), estudió 28 de las 36 sentencias y encontró una característica: las investigaciones contra militares y policías son deficientes y no ayudan a construir verdades ni al acceso a la justicia para las víctimas.
“Se trata de versiones incompletas que, en muchos casos, dejan ver una mayor complejidad detrás de la desaparición de la persona, pero que finalmente no es abordada”, mencionó Serrano en el estudio Sentencias penales en casos de desaparición forzada de personas en los ámbitos federal y local.
El documento advierte que las investigaciones aportaron información incompleta sobre los hechos y que sólo tratan sobre los perpetradores materiales y no sobre los intelectuales.
“La mera existencia de sentencias no satisface el derecho de acceso a la justicia de las víctimas ni en términos de verdad ni de justicia, de acuerdo con los estándares de ese derecho”, escribió la académica de la FLACSO en México. “Las sentencias sí abren dudas de las razones por las que las investigaciones fueron limitadas y no se llevaron a cabo con la debida diligencia. Aún más si se considera que las propias sentencias aportan información que apuntaría a problemas complejos en los que se insertan las desapariciones”.
En la mayoría de los casos hay investigaciones centradas en perseguir y juzgar a los perpetradores, limitándose únicamente a recoger testimonios sin ahondar en otros temas, como los daños en las víctimas o en las estructuras de poder que llevaron a cometer esos crímenes.
Un ejemplo de lo que documentó Serrano se encuentra en lo que ocurrió en Chihuahua, estado en donde, hasta mediados de 2022, había más de 3 mil 500 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (RNPDNO).
En esta entidad se registraron 13 de las 36 sentencias por desaparición forzada.
De estas, siete juicios fueron contra policías municipales y estatales, cuatro en contra de miembros del ejército, uno en contra de elementos de la AFI y un integrante de la Policía Federal.
Las desapariciones se dispararon durante el Operativo Conjunto Chihuahua, que inició el 27 de marzo de 2008, estrategia de ocupación territorial con la que el presidente Felipe Calderón Hinojosa dio forma a lo que llamó “la guerra contra las drogas” y que implicó que los militares fueran asignados a tareas de seguridad pública.
Aunque se juzgaron 13 crímenes por desaparición forzada, las sentencias no sirvieron para esclarecer los hechos y evitar nuevas desapariciones.
Las siete sentencias juzgadas en tribunales locales contienen información valiosa sobre policías municipales y estatales que se unieron a las filas de cárteles, pero en ninguna se incluyeron investigaciones con mayor detalle sobre el modus operandi de las organizaciones criminales, tampoco se determinó si las desapariciones formaron parte de un patrón criminal.
De las 36 sentencias por desaparición forzada, en 18 estuvieron involucrados policías municipales y estatales. Foto: Obturador Mx.
En 2018 ocho organizaciones civiles enviaron una comunicación a la Corte Penal Internacional sobre la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad en Chihuahua, en la que alertaron de la complicidad entre grupos criminales y fuerzas estatales.
“La actual situación de violencia refleja una crisis preocupante en materia de seguridad, corrupción e impunidad estructurales, en donde se vinculan crímenes cometidos por agentes del Estado e integrantes de grupos criminales, quienes en ocasiones actúan en colusión”, se indicó en el documento.
En dicho documento se detalló que del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2017 se encontraban 445 personas en prisión militar, adscritas a la I, III y V Región Militar, de las cuales a 31 se les imputa el delito de desaparición forzada.
Entre todos esos casos, sólo hay cuatro sentencias condenatorias contra militares.
FISCALES REVICTIMIZAN
El Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha incluido en su informe sobre el caso México que, como lo señalaron las organizaciones de Chihuahua, existe una revictimización desde las dependencias de procuración de justicia y los tribunales.
Aunque la pasividad judicial y la revictimización no son las únicas violencias que se ejercen desde las autoridades.
Para el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, hay un problema más, el de complicidades de agentes del Ministerio Público para proteger a policías, agentes federales, marinos, militares y otros funcionarios.
“En la mayoría de los casos siempre existe esa parte de colusión de alguna manera”, dijo en entrevista Martín Villalobos Valencia, familiar de Mónica Alejandrina Ramírez, estudiante de psicología de la UNAM, desaparecida el 14 de diciembre del 2004, y miembro del Consejo Nacional Ciudadano.
El consejero señaló que tener sólo 36 sentencias por desaparición forzada en el país provoca distintas sospechas, algunas ya resueltas, como la falta de interés por mejorar los procesos de investigación por la gran cantidad de expedientes acumulados y el poco personal en las agencias del Ministerio Público para atender los casos.
Hay más sospechas, dijo el consejero, como el que se tengan investigaciones deficientes de manera dolosa o que se archiven los expedientes para tratar de encubrir a policías, agentes de investigación, fiscales, marinos y militares.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU indicó que es necesaria una intervención inmediata para tratar de reparar y dejar de revictimizar a las familias, pues si existen sólo 36 sentencias judiciales es porque hay una pasividad y complicidad.
La Fiscalía de Chihuahua ofrece una recompensa de 200 mil pesos por cada uno de los hermanos desaparecidos, es decir, hay un total de 400 mil pesos para quien ayude a dar con su paradero.
Por Blanca Carmona
Ciudad Juárez, 3 de julio (La Verdad).- A 13 días de la desaparición forzada de los hermanos Jesús Armando y Paul Osvaldo Berrelleza Rábago en la comunidad de Cerocahui, Urique, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua lanzó este primero de julio una recompensa de 400 mil pesos en total para quien aporte información que permita localizarlos.
Paul Osvaldo y Jesús Armando desaparecieron el mismo día del asesinato de los jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos, delitos cometidos presuntamente por José Noriel Portillo Gil, apodado “El Chueco”, de acuerdo con reportes de la autoridad investigadora.
El pasado 20 de junio, “El Chueco” presuntamente llegó a la casa de los hermanos Berrelleza, quemó la vivienda, le disparó a Paul Osvaldo y luego se llevó a ambas personas, se informó. La Fiscalía desconoce si Paul está muerto; sin embargo, familiares de las víctimas indicaron que hay datos para creer que el hombre de 22 años fue asesinado y existe la esperanza de que Jesús Armando, de 24 años, pueda estar con vida.
El operativo para buscar a los hermanos Berrelleza y al presunto homicida –por quien también se ofrece una recompensa, pero de cinco millones de pesos–, sigue vigente. Sin embargo, no se han obtenido resultados.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua lanzó una recompensa de 400 mil pesos para quien aporte información que permita localizarlos. Foto: FGE Chihuahua
A la búsqueda se han sumado los familiares de los hermanos Berrelleza, quienes están desesperados y se preguntan por qué no hay avances en la localización.
El viernes primero de julio, la FGE emitió las pesquisas de Paul y Armando, y ofreció una recompensa de 200 mil pesos por cada uno de ellos para quien aporte información útil y veraz que permita encontrarlos.
“La Fiscalía General del Estado de Chihuahua a través de la Comisión Local de Búsqueda ofrece una recompensa de 200 mil pesos, a quien o quienes aporten información veraz, eficiente y útil que permita localizar a los hermanos Jesús Armando y Paul Osvaldo Berrelleza Rábago. Lo anterior forma parte de las diligencias e instrumentos de búsqueda”, se dio a conocer en un parte de prensa emitido antier por personal de la FGE.
En la búsqueda participan elementos de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Comisión Local de Búsqueda de la FGE, además de agentes del Ministerio Público del fuero común.
El operativo para buscar a los hermanos Berrelleza y al presunto homicida sigue vigente. Foto: FGE Chihuahua.
El operativo se llevado en las zonas aledañas a la carretera Creel a San Rafael, en sentido al Divisadero, y se han recorrido diversas extensiones, en una de las últimas la revisión se hizo a lo largo de 15 kilómetros, y con la participación activa de la familia de las personas desaparecidas, refiere información oficial.
Como parte del operativo, 11 personas han sido detenidas. Entre ellas un primo y el abuelo de “El Chueco”, identificados oficialmente como César Iván P.P., y Humberto B.C., quienes presuntamente en estaban en poder de dos armas largas calibre .223; un arma corta calibre .45; también 10 porciones de cocaína y cinco paquete conteniendo marihuana, de acuerdo con datos de la FGE.
LOS HECHOS, LA VIOLENCIA
Días antes del ataque de José Noriel Portillo Gil a la casa de los hermanos Berrelleza Rábago y de sus su desaparición, se había llevado a cabo un partido de béisbol en el que participó un equipo que “El Chueco” patrocinó y tras haber sido derrotados se generó una disputa con el otro equipo en el que participó Paul y Armando, informó el pasado 22 de junio el Fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte.
Horas después de atentar contra la vivienda y la vida de los hermanos Berrelleza Rábago, presuntamente “El Chueco” tuvo contacto con el guía Pedro Eliodoro y lo secuestró. Más tarde esta víctima pudo escapar y llegó “policontundida” a la capilla de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, quienes trataron de brindarle ayuda pero fueron asesinados junto con el guía.
Un policía escolta el cortejo fúnebre de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora que llegan a Cerocahui, estado de Chihuahua, México, el domingo 26 de junio de 2022. Foto: Christian Chávez, AP
Los cadáveres de los religiosos y del guía fueron aventados a la caja de una pick up por “El Chueco” y sustraídos. El 22 de junio, la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, anunció que ambos cuerpos habían sido localizados en una zona conocida como Pitorreal, ubicado entre San Rafael y el poblado de Creel, en la Sierra Tarahumara.
A “El Chueco” se imputan los delitos de homicidio, delincuencia organizada, además de ser el probable responsable de los hechos ocurridos el pasado 20 de junio en perjuicio de las cinco víctimas antes señaladas, dijo Duarte en la conferencia ofrecida el pasado 22 de junio.
Familiares de desaparecidos acusan incomprensión de autoridades federales por los actos criminales de los militares durante la “guerra sucia”.
Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Integrantes del colectivo Eureka reclamaron la “clara incomprensión” de las autoridades federales ante la magnitud del daño causado por los militares responsables durante el periodo conocido como “guerra sucia“, a quienes “se pretende excusar” de los actos criminales “aduciendo la obediencia debida” y homenajearlos en un muro de honor.
Luego de la apertura de instalaciones y archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico por Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, los familiares de desaparecidos cuestionaron las acciones del Gobierno de México.
“Con este acto nos quedó clara la incomprensión del Subsecretario Alejandro Encinas y el director de Estrategias Félix Santana, de la magnitud del daño causado por la represión de todos estos años, pues con toda infamia, omitieron decirnos que quienes asistieran estarían sentados al lado de algunos verdugos y perpetradores y de sus familias”, reclamó el colectivo en un comunicado.
Asimismo, rechazaron que el General Luis Cresencio Sandoval justifique los actos criminales cometidos en cumplimiento de las labores para “garantizar la seguridad, el orden constitucional y el restablecer el estado de derecho”.
Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, dijo que el Ejército tuvo sus propias bajas y que se les recordará en el mural de los caídos. Foto: Gobierno de México
Ante el discurso del titular de las Fuerzas Armadas y del Presidente López Obrador, el colectivo afirmó: “Los agravios recibidos de los gobiernos pasados volvieron a caer sobre nosotros, estrepitosamente y con toda la fuerza con que los recibimos la primera vez”.
“Nos dejó estupefactos y ofendidos la falta de sensibilidad por el daño causado en la sociedad y en las familias y víctimas en todas estas décadas de represión, azorados de la ceguera que les ha nublado también la mente y no los deja ver que esa herida sigue sangrando y que los está salpicando”, agregó.
En su pronunciamiento, el colectivo señaló como responsables de este “abominable crimen de lesa humanidad” que es la desaparición forzada, que inició desde entonces, a los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas como Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; así como “sus cómplices” los Secretarios de Gobernación, Procuradores Generales de Justicia, Secretarios de la Defensa Nacional y todos los que en escala descendente les siguen en la cadena de mando.
Familiares de desaparecidos de la “Guerra Sucia” en reunión con el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas. Foto: Facebook Alejandra Cartagena.
“Por actuación directa, encubrimiento u omisión, eligieron permanecer callados solapando esta terrorífica actividad criminal junto con las nefastas policías ilegales como la Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional”, escribieron en su mensaje.
Para ellos, las Fuerzas Armadas aceptaron involucrarse en estas tareas delictivas al obedecer órdenes contrarias a lo establecido por la Constitución y violatorias de los Derechos Humanos como recluir a los detenidos civiles en campos militares y bases navales, sin las garantías que las leyes otorgan y someterlos a tratos crueles, inhumanos y degradantes nada tiene que ver con el establecimiento del Estado de derecho.
Asimismo, indicaron ante la invitación de la Secretaría de Gobernación al acto protocoloario en el Campo Militar Número 1 que daría inicio a la apertura de campos militares y bases aéreas para la investigación, “muchos familiares abrigaron la esperanza de que con el Gobierno actual sería distinto, que pronto habría justicia y se sabría de sus seres queridos”.
Sin embargo, a casi cuatro años, la respuesta fue “efímero y limitado” Decreto Presidencial que caduca en el 2024 y sólo abarca hasta el año 1990, “permitiendo con ello la persistencia de la impunidad y el que se siga cometiendo”.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Presidente se reunió con familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia y anunció la creación de la Comisión de la Verdad el 30 de agosto de 2021. Foto: Twitter @lopezobrador_
Aún así, el colectivo consideró que en las Fuerzas Armadas hay buenas personas, honestos e incapaces de ejecutar órdenes para cometer abusos contra el pueblo como el teniente Miguel Orlando Muñoz, quien fue desaparecido.
A diferencia de los que transgredieron todas la leyes, los que dieron las órdenes y los que las obedecieron cometiendo desapariciones forzadas, asesinatos y torturas, escudándose en un uniforme y en la institución a la que representan no deben ser honrados y ni siquiera ser comparados con todos nuestros jóvenes revolucionarios que revestidos de dignidad arriesgaron sus vidas y su libertad por una patria mejor”.
Por último, aseguraron que el Gobierno está obligado por las leyes, a dar las respuestas que exigen desde hace casi 50 años.
El 2021 fue un año de terror para muchas familias de comunidades zacatecanas que se vieron obligadas a desplazarse, al mirar cómo se multiplicaban los números de personas desaparecidas y asesinadas. La mayoría de quienes están ausentes son hombres jóvenes; la sospecha de que son víctimas de trabajo forzado inhibe las denuncias. La violencia que comenzó a extender sus raíces en territorio zacatecano desde hace tiempo tomó nuevos aires.
Ciudad de México, 14 de junio (A Dónde van los Desaparecidos).- Luis y Juan recogen los cartuchos percutidos y desperdigados por los costados de la carretera que conduce hacia la comunidad rural de Palmas Altas, en el municipio zacatecano de Jerez. Es abril de 2022 y ambos niños corren por esa vía desierta, custodiada ahora por el Ejército Mexicano. Se guardan algunos entre las bolsas y con otros juegan como si fueran silbatos.
Cómo saber si los casquillos con los que Luis y Juan ahora juegan fueron parte de una bala que hizo blanco en un cuerpo vivo. Los niños soplan el cilindro oscuro y hueco. Ese sonido pareciera ser la dolorida voz zacatecana. En ésta y otras 18 comunidades localizadas en el triángulo que forman los municipios de Jerez, Valparaíso y Fresnillo, en el centro del estado de Zacatecas, cada cartucho percutido tiene algo que contar.
Así como los casquillos se han integrado al paisaje, la palabra desaparecido se ha escuchado más por estos lares.
Durante 2021, al menos 11 personas —la mayoría hombres de entre 40 y 50 años— fueron desaparecidas en las comunidades de Palmas Altas, Sauz de los García y Sarabia, que juntas suman 557 habitantes, de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto significa que por cada 50 personas, hay una ausente.
La cifra exacta de las personas desaparecidas es difícil de conocer, porque en muchos casos no existe una denuncia. El miedo a las represalias ha llevado a los pobladores a optar por el silencio. Aún así, lo que se logra conocer coloca a Zacatecas como uno de los epicentros actuales de la desaparición en México: durante 2021 ocurrieron, al menos, 848 desapariciones en el estado, de acuerdo con los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Esa cifra representa 151 por ciento más desapariciones que el año anterior. En algunos municipios, como Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez, el aumento fue de más del 200 por ciento.
El incremento en el número de personas desaparecidas y de los homicidios están entre las principales razones detrás del desplazamiento forzado que se vive en Zacatecas: alrededor de 3 mil 500 personas han abandonado sus hogares en nueve eventos masivos identificados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
En la narrativa oficial, parte del territorio zacatecano está en disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, por ser una zona desde donde se puede conectar fácilmente con Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí y Coahuila.
La comunidad de La Barca, en Jerez, fue abandonada debido a los asesinatos, desapariciones y enfrentamientos del crimen organizado. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
Los habitantes de la comunidad de Palmas Altas, una de las varias afectadas por el desplazamiento forzado, huyeron a la cabecera municipal de Jerez, a otros estados del país o a Estados Unidos. Los testigos del terror zacatecano cuentan lo que vivieron desde el anonimato; aseguran que su mundo se vio trastocado en enero de 2021 cuando un grupo de 20 hombres armados llegó al poblado. Dijeron que eran ingenieros y que estaban ahí para construir una carretera. La gente de la comunidad se preguntaba: ¿si son ingenieros, por qué las armas?
Uno de los pobladores de la localidad —cuyo nombre se resguarda por su seguridad— asegura que las desapariciones iniciaron el 28 de febrero de 2021, cuando un comando armado secuestró a seis hombres; tres permanecen desaparecidos.
Los datos del RNPNDO muestran que entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de marzo de ese año ocurrieron, al menos, 15 desapariciones; dos personas fueron localizadas con vida y de las demás, hasta principios de junio de 2022, no se sabía nada.
Entre el 1 y el 4 de marzo asesinaron a dos hombres: un poblador en la comunidad de Juana González y a otro en La Noria, ambas ubicadas a pocos kilómetros de Palmas Altas. La información corrió como pólvora; la gente en esos lugares suele conocerse e incluso son familiares. Enterarse de las desapariciones y asesinatos llevaron a los habitantes de diversas comunidades a dejar sus hogares.
Entre balas y sangre, familias zacatecanas dejaron sus casas y pertenencias para poder salvaguardarse de las desapariciones y asesinatos. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
“No sabemos por qué se los llevaron. Unos tenían tienda, otros vivían al día, de peones. A nosotros nos dio miedo y nos hizo irnos. Veníamos (a la comunidad) con las autoridades y en ese tiempo no queríamos tocar mucho el tema porque estaba muy sembrado el pánico. De cualquier denuncia que uno hacía, ellos (la gente de los cárteles) estaban enterados”, dice un poblador, él calcula que sólo el 30 por ciento de todos los casos de personas desaparecidas en la región han sido denunciados ante el Ministerio Público.
A mediados de marzo otro hombre fue desaparecido. El 3 de abril, un tendero y uno de sus clientes que lo acompañaba tomando un refresco fueron secuestrados. Ninguno de los tres ha sido localizado. La tienda, ubicada en la carretera hacia Palmas Altas, ahora luce abandonada, sus anaqueles están saqueados, solo quedó la libreta vieja con el registro de los productos fiados.
Lista de productos y precios en una tienda abandonada en la comunidad jerezana de La Barca. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
Poco tiempo después, el 10 de mayo, desaparecieron otros tres hombres de Sauz De Los García, comunidad de apenas 110 habitantes ubicada a 20 minutos de Palmas Altas. Por esas fechas, más de dos mil habitantes de las comunidades de la zona tuvieron que abandonar sus hogares. La prisa y el miedo las orilló a dejar todo. Algunas lograron llevarse sus documentos más importantes.
Algunas personas pudieron regresar a sus comunidades meses después, entre septiembre y octubre. Pero el 14 de noviembre secuestraron a otras ocho personas en Palmas Altas, entre ellas a una mujer delgada y morena que lavaba ropa en el patio de su casa sencilla y oscura, rodeada por ladrillos de adobe, alambres y palos que funcionan como una cerca. Dos días después, los cuerpos de su esposo y de otro de los hombres secuestrados aparecieron molidos a golpes en una zona serrana perteneciente a Fresnillo.
La mujer y un hombre permanecen desaparecidos; otros cuatro lograron regresar, algunos mutilados. Lo que vivieron fue “un infierno”, dijo uno de los sobrevivientes.
Hombres armados desaparecieron a una mujer el 14 de noviembre de 2021, cuando lavaba ropa en su vivienda. Ese día desaparecieron 7 personas más. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
“En ese rato que andaban con ellos les tocó mirar cómo golpearon a mi hermano. Fui al Ministerio Público a identificar un cuerpo con aquella tristeza de que podría ser él. Lo tenían en la Fiscalía de Fresnillo, nos enseñaron fotos y lo identificamos. Los de la funeraria tenían mucho miedo de ir por su cuerpo, lo tuvimos que sepultar inmediatamente porque estaba mucho muy golpeado. Mi hermano tenía 45 años, siempre trabajó en el campo, le encantaba estar en el rancho”, dice un familiar del hombre desaparecido y asesinado, cuyo nombre prefiere no compartir.
El 25 de enero de 2022, otro hombre de 40 años que conducía cerca de la entrada a la comunidad fue asesinado. Su camioneta apareció días después destartalada y marcada con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De las 134 desapariciones ocurridas en el municipio de Jerez desde 2006, 53 de ellas sucedieron en 2021, de acuerdo con los datos del RNPNDO. Los municipios vecinos de Fresnillo y Valparaíso son dos de los más violentos en la entidad, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el primero hay registro de 505 reportes por desaparición, y en el otro 102. La mayoría son hombres —padres, hermanos, parejas, hijos— en edad productiva.
Artículos personales y recuerdos familiares abandonados por los habitantes que huyeron de sus comunidades en Jerez, Zacatecas. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
UNA COTIDIANIDAD ARREBATADA
Juan, de 12 años, extraña nadar en las piletas de agua de su rancho, Cieneguitas de Fernández, donde el Ejército no ha podido tomar el control del lugar, aunque en marzo de 2022 los soldados se instalaron a menos de 20 minutos de distancia. Dice que en su pueblo cocinaban discada, jugaban voleibol y los partidos se saldaban con un refresco. Antes de que él y su familia se vieran forzados a huir de su comunidad, un tío que vive en Estados Unidos los llevaba al cine de la ciudad de Zacatecas. Ahora, ese familiar ya no los visita; tiene miedo.
A su hermano y a él les gusta recoger piñones en su rancho, situado entre montes y a donde nadie ha podido volver a entrar desde principios de 2021, debido a que permanece bajo el control de grupos del crimen organizado. El camino hacia Cieneguitas de Fernández inicia en Palmas Altas, que está a 15 minutos de distancia. La brecha que conduce hacia ese lugar luce desierta, prohibida.
Carros quemados, casquillos y restos de sangre componen el paisaje hacia las comunidades desplazadas en la Sierra de Cardos, en el municipio de Jerez. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
“Un día fuimos mi hermano y yo a recoger piñones y ellos venían a corre y corre. Nos gritaron que nos echáramos al suelo. Corrimos y nos tiramos. Nos dijeron que no podemos pasar porque nos pueden llevar. Dicen que ya el rancho va a ser de ellos, de los malos”. Mientras habla, Juan revisa la grabadora de voz y pregunta si él también puede comprar una para tener prueba de lo que “los malos” le han dicho.
Los niños ven esos montes y tratan de identificar los lugares en donde antes jugaban o a donde llevaban a pastar a sus animales. Ahora, todo ha cambiado por culpa de “los malos”, dicen enojados, frustrados. No son los únicos.
Cuadritos de santos y vírgenes llenos de mugre adornan las casas destrozadas de Sarabia, una comunidad a 25 minutos de Cieneguitas de Fernández que parece zona de guerra. Fotos antiguas con cumpleaños y bodas campiranas están regadas por doquier, llenas del polvo que aventaron las paredes agujereadas. Una camioneta quemada y colchones con sangre seca completan el escenario. Todo está en silencio, las casas desoladas y abiertas de par en par.
Muchas de las viviendas en la comunidad jerezana de Sarabia lucen baleadas. Colchones con rastros de sangre completan el cuadro de la tragedia. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
Esa comunidad, famosa por sus fiestas con banda, comidas y bailes, se convirtió en 2021 en uno de los epicentros de la violencia.
“Es una tragedia, una angustia. Le bajan a uno la autoestima completamente, uno que se había esforzado por trabajar, por seguir cuidando las tierras de mis padres o de mis abuelos y de un momento a otro dejar todo así por el miedo”, dice un poblador de la zona.
En esa zona de Zacatecas las personas cultivan duraznos y manzanas. Por todos lados se pueden ver los arbustos que en febrero se pintan con las flores de los cultivos.
Tras las desapariciones, asesinatos y enfrentamientos armados, los campesinos perdieron sus cosechas y, en consecuencia, sus recursos económicos. Tras haber tenido que huir de sus hogares, el gobierno de Jerez —cuyo presidente municipal es el morenista José Humberto Salazar— propuso a los productores contratarlos como barrenderos del ayuntamiento. Nadie aceptó, de hecho, les pareció una burla.
Pobladores de comunidades en Jerez, Fresnillo y Valparaíso fueron obligados a abandonar sus hogares por la violencia. Las viviendas lucen saqueadas y destruidas. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
“No había ninguna respuesta del gobierno municipal. Haga de cuenta como si no pasara nada. Pero tan sabían del problema que ni siquiera fueron a hacer campaña el año pasado, no pusieron urnas ni nada. Ellos como si nada, a nadie buscaron para preguntar cómo estábamos”, dice un habitante de Palmas Altas.
En marzo de 2022 y custodiados por la Guardia Nacional, las familias de las comunidades pudieron regresar a recoger algunas de sus cosas, como electrodomésticos y pertenencias de valor. Pero la situación de inseguridad no ha sido solucionada y nada se sabe sobre las investigaciones de las personas desaparecidas que sí fueron denunciadas.
Los habitantes recuerdan con molestia la frase que David Monreal, gobernador morenista de Zacatecas, dijo a inicios de marzo para responder a la pregunta de cuándo las familias desplazadas podrían regresar a sus hogares: “Ojalá tuviera la respuesta, esa no la tiene ni Obama”.
En esta tienda de abarrotes desaparecieron el tendero y una persona que bebía un refresco mientras descansaba en la banca. Se los llevó un grupo de hombres armados en abril de 2021. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
FRESNILLO, MARCADO POR LAS AUSENCIAS
La casa es luminosa y amplia, su piso es de un verde brillante, acentuado por el contraste de las paredes naranjas y las sábanas con flores que cubren los sillones. Es difícil imaginar que ahí se rompió la vida de Luisa Zapata.
Su casa está ubicada en la cabecera municipal de Fresnillo, uno de los municipios más violentos del país, y una ciudad trastocada por el miedo. Los enfrentamientos armados ocurren en las calles, al interior de comercios, frente a las iglesias. Las balas perdidas dejaron de ser una rareza.
De los 58 municipios que tiene Zacatecas, Fresnillo es donde hay un mayor número de desapariciones según los datos oficiales: de las 2 mil 779 ocurridas desde el 2006 en todo el estado, 505 se registraron en Fresnillo. Ahí permanecen desaparecidas 106 mujeres de entre 15 y 29 años de edad, y 399 hombres que oscilan entre los 20 y los 24 años. La mayoría de las personas han desaparecido desde 2017. El 2021 es el año con el mayor número de registros.
El 23 de enero de 2022, hombres armados y encapuchados quebraron los vidrios de la puerta de entrada de la casa de Luisa. Era de madrugada, ella dormía con su esposo, Ángel Enrique Solís, un mecánico de 48 años. En la habitación contigua estaba su hijo de 14 años, Manuel Enrique. Los hombres tomaron a su esposo en calzoncillos y a ella la tiraron al piso. Solo alcanzó a ver que lo sacaban de la casa. Unos minutos después vio pasar junto a ella los pies de su único hijo en pijama y a un hombre armado que lo llevaba de los hombros. Manuel alcanzó a cruzar su mirada temerosa con la de su madre, empujada al piso con un arma en la cabeza. Fue lo último que ella vio antes de que la liberaran y pudiera salir a correr detrás de la camioneta que se llevó su vida entera.
Luisa Zapata muestra fotos de su hijo Manuel Enrique Solís y su esposo Ángel Enrique Solís, ambos desaparecidos en enero de 2022. Su marido apareció sin vida a principios de febrero. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
Las manos de Luisa son pequeñas y morenas, entre ellas sostiene el celular donde muestra la foto de cuerpos embolsados y rodeados por cuerdas, acomodados en una calle de la comunidad rural Pardillo III. Son diez cuerpos, ella señala a uno de ellos y dice que cree que ese era el de su esposo, al que reconoció el 5 de febrero en el Servicio Médico Forense (Semefo) del municipio. Ángel Enrique Solís murió a golpes, torturado. Luisa llora, llora mucho. Sus lágrimas se contagian.
“Me dicen que no esté aquí porque corro peligro, pero yo no tengo miedo, el miedo lo viví en ese rato que se los llevaron. Yo le pedí a Dios que me llevaran también a mí, no sé por qué me dejaron, ellos me vieron el rostro, me vieron todo. Yo creo que mi hijo piensa que me mataron”, narra.
Ella no sabe leer ni escribir, sabe cocinar y de eso ha vivido toda su vida. El único lugar al que no ha podido volver a entrar desde que su esposo fue asesinado y su hijo desaparecido es a la cocina, donde les preparaba tamales y pozole, la comida favorita de ambos. Su rostro marcado por la tristeza esboza una sonrisa cuando platica cómo conoció a Ángel Enrique. El día que desapareció cumplían 18 años de estar juntos. Recuerda que en su primera cita, él la llevó a bailar con el tamborazo de la banda Conjunto Río Grande y la Fe Norteña.
El día en que su hijo y esposo fueron secuestrados por hombres armados al interior de su hogar, Luisa Zapata cumplía 18 años de matrimonio. El desayuno que planeaba para celebrar ya no fue posible. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
A su hijo lo describe como un niño tímido al que le gusta la electrónica, los chicles y la mecánica, como a su papá. “A él no le gusta ser sociable, casi no tiene amigos. Para mí no es un consuelo que lo traigan trabajando porque para mí es un niño, tiene que estar estudiando, no debe de andar en las armas, es un niño chiquito, además es muy enfermizo, no les va a servir. Ese consuelo me dan los de la Fiscalía, que en cualquier rato puede aparecer porque lo traen trabajando”.
Everardo Ramírez, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, asegura que muchos de los desaparecidos en la entidad son obligados a trabajar para los cárteles: “La unidad de análisis de contexto de la Comisión se ha percatado de los perfiles de las víctimas y nos damos cuenta de que, sobre todo, son hombres utilizados como fuerza de trabajo, es reclutamiento para las actividades que ellos (el crimen organizado) realizan”.
Manuel Enrique, el hijo de Luisa, sabía un poco de mecánica y eso, para las autoridades, podría ser la razón de su desaparición.
En Zacatecas, el número de desapariciones en el RNPDNO pasó de 91 en 2015 a 848 en 2021, un salto diez veces mayor en solamente seis años. Para 2022, la cifra va en 258 desapariciones: 199 son hombres y 59, mujeres.
Incluso en el mapa nacional, durante el 2021, cinco municipios del estado —Zacatecas, Río Grande, Fresnillo, Jerez y Guadalupe— presentaron las tasas de desapariciones más altas por cada 100 mil habitantes, considerando a las poblaciones de más de 5 mil habitantes y con más de 50 casos en cada año.
Luisa no tiene dinero para hacer búsquedas, sus días los pasa en el cementerio donde enterraron a su esposo, a donde llega caminando. A veces también lo hace a la delegación de la Fiscalía en Fresnillo, para revisar si entre los cuerpos que escucha en las noticias que aparecen asesinados se encuentra el de su hijo. “Es una carnicería, cuando regreso a casa me pongo muy mal”, dice llorando. Las noches las pasa sin dormir o con pesadillas.
“Estoy dispuesta a investigar qué cártel se los llevó para suplicarles que me regresen a mi hijo, porque ya no tengo a nadie, solo éramos mi esposo, mi niño y yo, ahora estoy sola. (…) Pongo folletos de mi hijo y me dicen que no lo haga porque es peligroso, pero yo ya no conozco ni el peligro ni el miedo. Todo el día tengo presente a esta gente, no me dejaron ni darles un abrazo, se me escaparon de las manos, no pude hacer nada por ellos, se me escaparon como agua”, lamenta.
“Vi al niño de reojo, volteó a verme y le rodaban sus lágrimas, asustado”, cuenta Luisa Zapata sobre el día en que su hijo fue secuestrado. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
El 11 de enero de 2022, a menos de dos cuadras de la casa de Luisa, asesinaron a tres policías. Desde entonces, dice, a las familias de la colonia La Fortuna, al oeste de Fresnillo, “les vino la tragedia”. Luisa menciona que familiares de sus vecinos también han sido víctimas de desaparición o los han encontrado asesinados en esas calles con nombres de piedras preciosas.
En esa colonia también vive su cuñada, María de la Luz Solís, su hijo, José Francisco Álvarez, lo desaparecieron años antes: el 14 de junio del 2016, cuando tenía 31 años y trabajaba como policía vial en el municipio de Calera, a unos 30 kilómetros de Fresnillo. Las dos mujeres pertenecen al Colectivo Rastreador@s Nacionales de Personas Desaparecidas (Ranades).
“Ha sido horrible en este lugar —cuenta María de la Luz. Tengo como 12 años de sentir que esto está muy peligroso; pero horrible, horrible, unos tres o cuatro años. Ya no tenemos paz, ya cualquier ruidito lo sobresalta a uno, de que si llegan aquí o si llegan con la vecina, que también le mataron a su hijo. Nada menos anoche se oyeron tan fuerte unos balazos, nomás está uno con el temor de todo. Ya no tenemos vida”.
Maria de la Luz Solís Zapata tiene un hijo desaparecido desde 2016; la última geolocalización del celular de su hijo fue en el municipio de Sombrerete. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
“Fresnillo, Calera y Río Grande es donde hemos detectado más la desaparición de hombres jóvenes”, dice Everardo Ramírez, de la Comisión Estatal de Búsqueda. Algunos de ellos, asegura, han aparecido con vida; han logrado escapar o se han liberado del trabajo forzado. Una pesadilla de la que poco se conoce en el país. “Hemos intentado dar seguimiento, pero es casi imposible con las víctimas que regresan, nos dicen que ya no quieren nada a pesar de que sufran por toda su vida por falta de atención”.En el caso de las mujeres que se encuentran desaparecidas, la mayoría tienen entre 17 y 23 años, de acuerdo con las autoridades de la Comisión Estatal de Búsqueda, quienes no descartan que sean víctimas de trata sexual.
Eso pudo sucederle a Edith Marimar García, joven que desapareció el 4 de agosto del 2014. Es delgada, de tez blanca y abundante cabello ondulado y negro, exreina de la Feria Regional de Tacoaleche, la localidad más grande del municipio conurbado de Guadalupe. Desapareció a los 17 años, el 21 de octubre del 2016, cuando desayunaba en el municipio de Valparaíso, colindante con Jalisco, Nayarit y Durango.
Su madre, que vive en una casa de interés social en las periferias de la ciudad de Zacatecas, dice que Ana Laura quiere ser modelo, es alegre y de carácter fuerte.
“Que nos digan cómo y en dónde la dejaron, si la dejaron en una fosa, que nos digan el lugar exacto para ir por ella. O si la dejaron en la calle, drogada, mal de sus facultades que nos digan también en dónde, yo no busco culpables, solo busco a mi hija. Que ella sepa que la amamos y que estamos luchando para encontrarla”, dice su madre.
Ana Laura del Río Villalobos tenía 17 años cuando desapareció en el municipio de Valparaíso, en octubre del 2016. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
CIUDAD DE ZACATECAS: VOLVER A LA GUERRA
El 2021 ha sido el año más violento que se haya registrado en Zacatecas, incluso si se compara con el 2010, cuando el Cártel de Los Zetas mantuvo asolada la entidad. Durante el periodo 2015-2021, el número de homicidios dolosos aumentó en más del triple, con un incremento de 466%al cierre del año pasado. La guerra no termina, sólo se transforma.
Frente al Palacio de Gobierno en la capital del estado, en la misma explanada donde en enero de 2022 apareció una camioneta con diez cuerpos en su interior, policías estatales se manifestaron dos meses después contra las malas condiciones laborales, la imposición de mandos y la llegada de ex policías federales a la entidad.
Los policías no ocultaban el miedo. Durante la manifestación llevaban el rostro cubierto por temor a represalias y no respondieron cuando se les preguntaba su nombre. Algunos solicitaron portar su arma también en los días de descanso, bajo el argumento de que podían ser atacados, como ha sucedido con algunos de sus compañeros.
“Zacatecas no merece corruptos, necesita gente que ame nuestro estado. La seguridad merece atención”, se leía en una manta colgada en la puerta del edificio donde se encuentran las oficinas del gobernador David Monreal, quien ocupa ese cargo desde septiembre de 2021. Su llegada al gobierno no significó una disminución de las balaceras, los asesinatos o del número de personas desaparecidas.
Aunque el repunte de desapariciones en Zacatecas ocurrió en 2021 —con 848 desapariciones de acuerdo con el registro oficial—, los años anteriores ya contaban la historia de una tragedia. Entre 2010 y 2011, años de la “guerra contra las drogas” implementada por el gobierno de Felipe Calderón, se registraron 216 desapariciones.
En 2016, las desapariciones volvieron a contarse por centenas. Ese año, ya no se supo de al menos 108 personas. Al año siguiente la tragedia incrementó y se registraron 156 desapariciones. Como una ola que va devorando vidas, en 2020 se pasó a un nuevo nivel: se denunciaron 338 casos de desaparición.
Ya en 2021, la tragedia tomó otra dimensión. Zacatecas se coronó como uno de los territorios más violentos en México: ese año fueron desaparecidas al menos 848 personas en el estado.
“Lo hemos comentado sobre todo con otras autoridades, la constante que vemos es la guerra entre los grupos del crimen organizado. Eso es el factor principal de la desaparición en el estado”, dice en entrevista Everardo Ramírez, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Jorge Salinas Camacho, de 17 años, desapareció la madrugada del 23 de marzo del 2017 en el centro histórico de la capital de Zacatecas, ubicada a 40 minutos de Jerez y a casi una hora de Fresnillo.
Sus padres, Guillermina Camacho y Alberto Salinas, dicen que ese mismo día desaparecieron otros cinco jóvenes en distintos puntos de la ciudad. Con base en algunos indicios, sospechan que Jorge fue reclutado de manera forzada. En 2019 alguien aseguró haberlo visto en Pachuca, Hidalgo, pero la pista nunca se investigó.
Jorge Salinas Camacho desapareció a los 17 años la madrugada del 23 de marzo del 2017 en el centro histórico de la capital de Zacatecas. Su familia mantiene intactas sus pertenencias. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
Una semana después de la desaparición de Jorge, Rodrigo Rosas Collazo, actual fiscal especializado en Atención al Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, informó a medios de comunicación que, según su investigación, el adolescente no quería regresar a casa y deambulaba en el centro histórico. Días después, su padre confirmó que la persona a la que se refirió el fiscal era un turista que de lejos se parecía a su hijo.
Con los ojos color azul-gris, iguales a los de su madre, Jorge Salinas devoraba novelas clásicas y libros sobre salud que permanecen hasta hoy en su cuarto, junto con su ropa, su cama tendida y sus tenis favoritos. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
Sergio Orlando Beltrán Martínez, de entonces 19 años, es otro joven que desapareció en 2017, el 7 de junio, tras asistir a un bar en el centro de la capital de Zacatecas. Rosas Collazo fue el Ministerio Público de la investigación antes de ser designado como fiscal especializado, en 2018. Los padres de Sergio, Martha Angélica Martínez y José Guadalupe Beltrán, afirman que la Fiscalía no realizó ninguna búsqueda, no entregó las grabaciones de las cámaras de vigilancia y a cinco años de la desaparición no han entrevistado a testigos clave.
Jorge Salinas y Sergio Orlando tienen, además de ser jóvenes y haber desaparecido en el centro de la capital zacatecana con dos meses de diferencia, algo más en común: Rodrigo Rosas Collazo cometió graves omisiones en la investigación de sus casos.
En 2018, la familia de Sergio Orlando presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (CDHEZ), órgano que en mayo de 2021 determinó que se habían cometido omisiones en la investigación y emitió la recomendación 02/2021 a la Fiscalía de Zacatecas, en la que solicitó iniciar ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción un procedimiento de investigación administrativa en contra de Rosas Collazo y tres policías ministeriales.
La comisión también pidió que la familia de Sergio Orlando accediera al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas de Zacatecas, para realizar un pago de indemnización que, hasta ahora, no se ha realizado.
Martha Angélica Martínez y José Guadalupe Beltrán, padres de Sergio Orlando Beltrán Martínez, desaparecido a los 19 años el 7 de junio del 2017 en el centro histórico de Zacatecas. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
La investigación por la desaparición de Sergio Orlando se encuentra ahora en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo último que escribió previo a ser desaparecido fue un “te quiero mucho” a su madre, y la letra “Z” en su perfil de Facebook. Sus padres, ella trabajadora de una maquila y él obrero en una mina, creen que se trató de un aviso.
ENCONTRAR PARA VOLVER A PERDER
En Zacatecas es común que las madres buscadoras cuenten que no asistieron a una búsqueda o no presionaron lo suficiente a la Fiscalía Estatal con alguna pista porque tienen otros hijos e hijas a quienes deben proteger. Pese a ello, Elvia Margarita Reyes Rodríguez ha seguido en búsqueda de su hijo, Luis Antonio Dávila Pérez, que desapareció a los 30 años el 21 de junio del 2017, cuando circulaba por el municipio de Loreto, colindante con Aguascalientes, cuando repartía aceites lubricantes para coches.
Elvia Margarita Reyes Rodríguez muestra la fotografía de su hijo Luis Antonio Dávila Pérez, quien desapareció a los 30 años el 21 de junio del 2017, cuando trabajaba en el municipio de Loreto. Foto: Adolfo Valtierra / A Dónde van los desaparecidos
Después de la desaparición de Luis Antonio, su madre fue extorsionada más de una vez para obtener información. En total pagó más de 200 mil pesos.
En marzo de 2019, acompañada de otras familias de víctimas, hizo su primera búsqueda en “El Gallinero”, un predio rural ubicado en el municipio de Loreto: “Nos encontramos muchos restos, pero puro fragmento. El antropólogo que nos acompañó dice que son como de 10 personas y de hace como dos años. Eran como tres mil fragmentitos. Los quemaron, porque también nos encontramos los tambos y las lumbres que ellos hacían”.
La madre de Luis Antonio narra que todo lo que localizaron lo llevaron a la Fiscalía. Han pasado casi tres años y todavía siguen esperando resultados. “Si volvemos a ir seguro nos encontramos más porque era muchísimo, mucho calcinado, había dientitos, muchos huesos, una licencia de un motociclista que hasta la fecha no la han compartido para ver si sale su familia. ¿Qué ganamos con estar trayendo sí no hacen nada? Solo los guardan”.
En 202 1, la Fiscalía de Zacatecas confirmó que tres de los fragmentos que encontraron en Loreto no son positivos con el ADN de la señora Reyes, pero no ha informado a quiénes pertenecen. “Cuando encontramos algún positivo nos da mucho sentimiento. Nos da, de repente, algo de gusto porque alguien va a regresar a casa. Nosotros decimos que va a regresar a casa, pero no es cierto, no regresan porque ahí están, en la Fiscalía, guardados”.
Para Everardo Ramírez, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, la crisis forense es una de las deudas más grandes de la fiscalía zacatecana. “Hemos estado presionando, pidiendo la colaboración con la Fiscalía, para que se hagan los análisis de los restos que se localizaron en ese espacio y en otros”, dice. Otros municipios en donde se han realizado búsquedas desde 2017 son Villa de Cos, Valparaíso, Nochistlán, Jerez y Fresnillo, donde también han buscado en tiros de mina.
De 2020 a septiembre de 2021, la Comisión a su cargo acompañó 27 búsquedas en campo, donde se localizaron de 15 a 18 fosas clandestinas, con un aproximado de 15 cuerpos completos. Además, realizaron otras 14 búsquedas en vida en hospitales, reclusorios y centros de rehabilitación.
Ramírez agrega que el presupuesto estatal para la Comisión de Búsqueda aumentó en más del 300%, pasando de 594 mil 658 pesos en 2020, a 2 millones 384 mil 739 pesos en 2021, cuando también recibieron cerca de 18 millones de pesos de recursos federales.
La señora Reyes cuenta que en una reciente brigada de búsqueda en Monterrey, Nuevo León, un pepenador afirmó haber visto a Luis Antonio dentro de una camioneta. Esa pista no se ha podido investigar.
*Los nombres que aparecen en cursivas fueron cambiados por seguridad de las fuentes.
México llegó la tarde del lunes pasado a la cifra de 100 mil desaparecidos a lo largo y a ancho del país, en una crisis que se intensificó a partir de 2006 pero que no ha cedido con el cambio de gobiernos ni de colores, asediada sobre todo por el narcotráfico.
Ciudad de México 17 de mayo (SinEmbargo).- La guerra contra el narco impulsada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa disparó de manera alarmante los casos de desaparición forzada en México, los cuales no superaban los dos mil registros, aseguró la periodista Marcela Turati, cofundadora de Quinto Elemento Lab y autora, junto con Efraín Tzuc y Thelma Gómez Durán, de “Fragmentos de la Desaparición”, una extenso análisis sobre el origen, el desarrollo y el momento de crisis de desaparición forzada que hoy vive México.
“Lo que sabemos es que antes de diciembre de 2006 la cuenta era de dos mil registrados oficialmente, pero a partir del año 2006 y la estrategia de la guerra contra las drogas, esta política de militarización de la que todavía vemos los efectos, a partir de ahí es que se desata esta epidemia, un patrón, una practica, de llevarse a la gente de sus propias vidas”, afirmó la comunicadora especializada en la investigación de violaciones a los derechos humanos y a la cobertura de temas relacionados con víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico en México en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.
Marcela Turati, también coordinadora del sitio de investigación adondevanlosdesaparecidos.org, expuso que en el 63 por ciento de los municipios de todo el país hay al menos una persona que se encuentra desaparecida. Además, indicó que los datos muestran que existe una gran posibilidad de que un delito se vuelva a repetir en lugares donde ya hay antecedentes.
“Desde el 2006 en adelante explotó un 4 mil por ciento más la cifra de lo que había de desapariciones a lo que tenemos ahora, el ritmo es imparable. Lo que estamos viendo es que los lugares donde ocurrió una desaparición es difícil que el delito no vuelva a ocurrir”, dijo.
El 8 de mayo pasado colectivos de familiares de personas desaparecidas se “apropiaron” de la Glorieta de La Palma y la renombraron como La Glorieta de los Desaparecidos. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
La comunicadora planteó que la lucha que mantienen los grupos del crimen organizado en ciertas entidades del país como Jalisco, Tamaulipas y Michoacán influye de manera directa en el fenómeno de la desaparición forzada.
“A partir de la guerra contra las drogas el país estalla y ya en cada año no bajamos de 250 fosas clandestinas”, dijo.
México llegó la tarde de este lunes a la cifra de 100 mil desaparecidos a lo largo y a ancho del país, en una crisis que se intensificó a partir de 2006 pero que no ha cedido con el cambio de gobiernos ni de colores, asediado sobre todo por el narcotráfico.
Cada año aparecen al menos 250 fosas clandestinas, remarcó Turati. Foto: Marco Ugarte, AP
De acuerdo con el conteo oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob), México acumula 100 mil 008 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 y con corte a las 17:52 horas del 16 de mayo de 2022.
Entre las personas desaparecidas y no localizadas, 24 mil 763 son mujeres y 74 mil 729 son hombres.
Jalisco es la entidad que encabeza el total de desaparecidos no localizados, con 14 mil 951. Le sigue Tamaulipas, con 11 mil 970, y la Ciudad de México, con 10 mil 993.
Con el reciente informe que revela que México ha superado las 100 mil personas desaparecidas desde 1964, la cual se intensificó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado al Gobierno mexicano a enfrentar aquella situación.
Madrid, 17 de mayo (EUROPA PRESS).- La Alta Comisionada de la Organización delas Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha emplazado a las autoridades de México a redoblaresfuerzos para evitar que siga creciendo la cifra de desaparecidos —ya son 100 mil desde 1964— y ha lamentado, entre otras cosas, la “abrumadora” impunidad que aún persiste frente a este tipo de casos.
“El flagelo de las desapariciones es una tragedia humana de enormes proporciones”, ha señalado Bachelet, en un comunicado en el que, por una parte, ha pedido que no se escatimen esfuerzos para poner fin a estos casos y, por otra, ha apelado al derecho de las víctimas “a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) hizo un análisis de la situación en México y precisaron que de finales de noviembre de 2021 hasta hoy desaparecieron más de tres mil 804 personas, “un promedio de 28 personas diarias”. Foto: Isaac Esquivel, EFE.
La ONU no oculta su preocupación por el hecho de que sólo de las 35 desapariciones hayan terminado en un juicio condenatorio, algo que la organización atribuye a la falta de investigaciones efectivas. Esta impunidad “deja solas a las familias”, obligadas también a cargar con los esfuerzos de intentar esclarecer lo ocurrido.
Bachelet, que visitó México en 2019, ha señalado que las familias “han sido actores clave para organizar y proponer soluciones, y lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México”.
La ONU valora los pasos dados por México, entre ellos la reciente creación del Centro Nacional de Identificación Humana y la visita en 2021 del Comité contra las Desapariciones Forzadas, pero Bachelet espera que estos pasos allanen el camino para prevenir futuras desapariciones y depurar responsabilidades por las ya existentes.
La expresidenta chilena espera que las autoridades de México terminen de aplicar la recomendaciones del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzada y todos los aspectos de la Ley General de desapariciones, entre los que figuran la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.
Los desaparecidos en América Latina dejan cientos de miles de huellas en su historia. Una investigación colaborativa de los sitios de prueba controlados y de las búsquedas forenses es vital tanto para el hallazgo de las víctimas, como para la ciencia forense.
Por Jamie Pringle Reader in Forensic Geoscience, Keele University
Alejandra Baena Researcher in Materials Physics, Geophysics and Materials Science., Universidad Antonio Nariño
Carlos Martín Molina Researcher Professor, Universidad Antonio Nariño
Kristopher Wisniewski Lecturer in Forensic Science, Keele University
Vivienne Heaton Lecturer in Forensic Anthropology and Biology, Keele University
Madrid, 3 de mayo (The Conversation).- En la mayoría de los países de América Latina en los que ha habido un alto nivel de conflicto civil en las últimas décadas sigue habiendo un gran número de personas desaparecidas debido a las desapariciones forzadas. Sólo en Colombia se calcula que esta cifra supera las 120 mil personas tras cinco décadas de agria insurgencia. Muchos miles de personas han desaparecido en México, Argentina, Chile, El Salvador y Guatemala.
La búsqueda de restos humanos en Sudamérica supone un enorme desafío, que a menudo es consecuencia de que se desarrolla en lugares remotos, en terreno inhóspito y por el tiempo transcurrido desde la desaparición de la persona, que puede ser de más de 40 años.
Los autores caminan a caballo (con equipo) a través de la selva tropical hasta un presunto lugar de enterramiento masivo de la década de 1980 en los terrenos de una escuela de montaña abandonada. Foto vía The Conversation
UNA INVESTIGACIÓN POR FASES
Tratar de localizar a las víctimas es un proceso muy específico para cada caso: depende en gran medida de cómo, cuándo, dónde y por qué fue asesinada cada víctima y de quién la mató. Dado que los Gobiernos a menudo no están dispuestos a buscar los cuerpos, a menudo ha recaído en investigadores como nosotros.
La estrategia generalmente aceptada para la búsqueda de restos, ya sea en tierra o bajo el agua, consiste en una investigación por fases de una zona que se sospecha ha sido utilizada para enterramientos. A menudo se trata de lugares en los que no es posible entrar y empezar a excavar, sino que primero es necesario reunir las pruebas que permitan obtener un sólido argumento legal para conseguir el permiso oficial.
La investigación parte de la información de fondo disponible y de los datos de satélite para buscar pistas sobre el lugar en el que podrían estar enterrados los cuerpos. A continuación, los equipos sobre el terreno realizan estudios controlados que suelen consistir en enterrar cadáveres de cerdos como sustitutos de los humanos. Esto les permite, durante largos periodos de tiempo, obtener información sobre cómo podría haber respondido el suelo de esa zona a los enterramientos humanos. Así pueden identificar los lugares de la zona donde se sospecha que hay enterramientos y tienen suelos de características similares, momento en el que pueden hacer estudios completos del terreno seguidos de investigaciones más intrusivas.
En una investigación que llevamos a cabo expertos de la Universidad de Keele, junto con colegas españoles de la Universidad de Oviedo, empleamos estas técnicas para localizar con éxito en 2016 los restos de 26 víctimas que habían sido enterradas en la década de 1930 en una región montañosa de la provincia de Asturias, en el norte de España, durante la Guerra Civil española.
La investigación parte de la información de fondo disponible y de los datos de satélite para buscar pistas sobre el lugar en el que podrían estar enterrados los cuerpos. Imagen ilustrativa. Foto: Marco Ugarte, AP
Más recientemente, una organización llamada Equipo Argentino de Antropología Forense, creada originalmente para buscar víctimas desaparecidas en ese país, ha investigado otros conflictos sudamericanos y ha recuperado los restos de víctimas de un asesinato masivo en 1981 en El Salvador utilizando técnicas similares.
RECOGIDA DE PRUEBAS
En un estudio controlado, los científicos identifican lugares de prueba que pueden ser similares a los que encuentran los investigadores forenses durante la búsqueda de víctimas de asesinatos. A continuación, reproducen lo que podrían encontrar los equipos de búsqueda; por ejemplo, simulan víctimas de asesinato en diversos escenarios de enterramiento.
Aunque la mayoría de los investigadores utilizan cerdos como sustitutos de los cadáveres humanos, algunos usan cuerpos donados cuando las leyes lo permiten. Los cerdos suelen utilizarse porque tienen un tamaño similar al de los humanos y una proporción comparable de tejido y grasa corporal, tamaño de los órganos y tipo de piel.
Estos lugares de prueba se estudian para averiguar el mejor método de detección de cadáveres en ese tipo de entorno. Esto se relaciona con el hecho de que, con el tiempo, los cuerpos se descomponen y liberan fluidos. Se convierten en esqueletos y el suelo subyacente se compacta.
El diagrama siguiente muestra las diferentes etapas de una fosa clandestina de una víctima de asesinato, con a) un enterramiento fresco que podría identificarse simplemente caminando sobre el lugar, b) la primera etapa de la descomposición en la que se liberan gases detectables por los perros de búsqueda, c) la descomposición en su última etapa, en la que se liberan fluidos conductores detectables por un estudio de resistividad eléctrica y, d) la etapa de esqueleto, que se detecta mejor con un radar de penetración terrestre (GPR).
Este diagrama muestra las diferentes etapas de una fosa clandestina de una víctima de asesinato. Foto vía The Conversation
Nuestro equipo de investigación estableció sitios de prueba controlados en los terrenos del campus de las universidades de Los Llanos y Antonio Nariňo en Colombia, que tienen diferentes ambientes tropicales, rurales y de campo. Simulamos entierros con cadáveres de cerdos en diferentes tipos de enterramientos. Algunos fueron desmembrados, otros vestidos y otros sin vestir. Estos, lamentablemente, son los escenarios de entierro comunes en Colombia.
Una vez creadas, las tumbas simuladas que contenían los cadáveres de los cerdos fueron rellenadas y supervisadas durante más de dos años. El seguimiento incluyó estudios aéreos con cámaras y equipos de detección especializados con drones no tripulados. También realizamos estudios geofísicos del suelo utilizando resistividad eléctrica, que mide las resistencias de la corriente en el suelo, siendo los fluidos de la descomposición un excelente objetivo geofísico –que se muestra a continuación–, y GPR que detecta objetos enterrados.
Fotografía de un emplazamiento en Colombia que muestra equipos geofísicos de resistividad eléctrica usados para recoger datos sobre los enterramientos clandestinos simulados de víctimas de asesinato (estacas de madera azules y amarillas). Foto vía The Conversatiob
A partir de los resultados de los drones, encontramos cambios en la vegetación que indicaban posiciones recientes de las tumbas, si no estaban en zonas de bosque densas. También crecían plantas diferentes sobre los enterramientos en comparación con las plantas típicas del bosque, por lo que éstas podrían indicar dónde se encuentran los cuerpos si los equipos de búsqueda supieran lo que están buscando.
Los resultados geofísicos del sitio de prueba mostraron que los estudios de resistividad eléctrica eran los que mejor podían detectar las posiciones de los enterramientos. Pero a medida que transcurría el tiempo, esta técnica se volvía progresivamente menos eficaz para detectar las tumbas (esto se ha demostrado en varios estudios europeos controlados). Curiosamente, se consideró mejor un patrón de cuadrícula de prospección relativamente pequeño, debido al menor tamaño de los enterramientos de las víctimas desmembradas.
BÚSQUEDAS EN LA MONTAÑA
Un estudio de caso que hemos publicado recientemente sobre la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia en la década de 1980 ilustra las dificultades para encontrar y vigilar los lugares de enterramiento en terrenos de búsqueda difíciles.
El lugar montañoso del estudio, en una escuela de formación abandonada en la provincia de Casanare, en el centro de Colombia, fue identificado como un potencial sitio de enterramiento. Los investigadores utilizamos una combinación de lugares de entrenamiento paramilitar conocidos, ubicaciones de bases militares, informes policiales e información de búsqueda, así como testimonios de testigos contemporáneos y las actividades de las redes sociales del individuo desaparecido con ubicaciones etiquetadas.
Los estudios geofísicos de resistividad eléctrica y GPR, con las subsiguientes investigaciones intrusivas de las anomalías geofísicas seleccionadas, localizaron con éxito enterramientos que contenían restos, pero estos resultaron ser animales y no humanos.
Los investigadores utilizamos una combinación de lugares de entrenamiento paramilitar conocidos, ubicaciones de bases militares, informes policiales e información de búsqueda, así como testimonios de testigos contemporáneos. Imagen ilustrativa. Foto: Marco Ugarte, AP
Esta investigación colaborativa, tanto de los sitios de prueba controlados como de las búsquedas forenses, será crucial, no sólo para los países latinoamericanos, sino también para los expertos forenses que buscan restos de víctimas en todo el mundo.
El pasado mes de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) cumplimentó una orden de aprehensión contra Javier Duarte por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas.
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- Un Juez de control le negó por cuarta ocasión a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz (2010-2016), un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión que fuera librada en su contra.
El Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó negar de manera definitiva la suspensión contra cualquier mandamiento judicial, sea orden de aprehensión, comparecencia, localización o presentación, que se hubiera librado en contra de Javier Duarte.
“Se niega la suspensión definitiva solicitada por Javier Duarte de Ochoa, en contra de la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o localización y/o presentación y su ejecución, que atribuyó al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Acayucan, Veracruz y otras autoridades”, dicta la sentencia.
En una resolución tomada por el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México se ratificó la negativa a otorgar la suspensión definitiva solicitada por Duarte, quien inicialmente pagó para que se le concediera una suspensión provisional 33 mil 400 pesos.
Javier Duarte Ochoa se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro.
El 18 de mayo de 2020, un Tribunal federal ratificó la condena de nueve años de cárcel en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por asociación delictuosa y lavado de dinero, así como el pago de la multa de 58 mil 890 pesos que se le había impuesto desde el pasado 26 de septiembre de 2018.
El pasado mes de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) cumplimentó una orden de aprehensión contra Javier Duarte por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas.
El pasado 18 de enero de este año, el exgobernador de Veracruz obtuvo una suspensión provisional por parte de un Juez federal.
El exgobernador Javier Duarte lleva preso desde 2018. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro
Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primer de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, otorgó la medida cautelar luego de Duarte promoviera un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión, comparecencia, localización y presentación, que algún Juez de control federal haya librado en su contra.
Por otro lado, el 11 de febrero, un Juez Federal rechazó por segunda ocasión conceder una suspensión definitiva a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por la orden de aprehensión en su contra por el delito desaparición forzada.
El 26 de septiembre de 2018, Duarte de Ochoa se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. El exfuncionario aceptó su culpabilidad para obtener una reducción de la sentencia que autoridades mexicanas dictarían en su contra. Lo anterior fue posible tras una negociación de Duarte y la PGR.
De acuerdo con la investigación, el exgobernador de Veracruz está posiblemente relacionado con el hallazgo de los restos de varias personas en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.
Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- Un Juez Federal rechazó por segunda ocasión conceder una suspensión definitiva a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por la orden de aprehensión en su contra por el delito desaparición forzada.
El titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Material Penal se negó a otorgar la medida cautelar al excitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El fallo podría ser impugnado ante un Tribunal Colegiado. Además, aún falta el pronunciamiento de dos jueces contra la orden de aprehensión, luego de que los abogados de Duerte interpusieran cuatro amparos.
El pasado mes de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) cumplimentó una orden de aprehensión contra Javier Duarte por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas.
Javier Duarte Ochoa, exgobernador del estado de Veracruz, previo al despegue del aeronave que lo trasladará a la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro.
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) apoyaron a personal de la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz (FGE) para realizar el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra del exservidor público.
“El cumplimiento del mandato judicial se realizó conforme al debido proceso y derecho en el área jurídica del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde actualmente se encuentra recluido el individuo”, detalló la FGJ-CdMx en un comunicado.
Además, expuso que de acuerdo con la investigación, el exgobernador de Veracruz está posiblemente relacionado con el hallazgo de los restos de varias personas en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.
El 18 de mayo de 2020, un Tribunal federal ratificó la condena de nueve años de cárcel en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por asociación delictuosa y lavado de dinero, así como el pago de la multa de 58 mil 890 pesos que se le había impuesto desde el pasado 26 de septiembre de 2018.
A pesar de que la Corte IDH emitió una resolución por los casos Atenco y Alvarado hace tres años, el Centro Prodh indicó que el Gobierno no ha tenido una política para garantizar que las víctimas tengan acceso a la verdad.
Ciudad de México, 7 de diciembre (EFE).– México carece de una “política de Estado” para hacer justicia en dos casos de tortura y desaparición forzada de 2006 y 2009 a pesar de la existencia de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), denunció este martes el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
“Al cumplirse tres años de la emisión de dos sentencias de Corte IDH en los casos ‘Alvarado Espinoza y Otros’ y ‘Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco’, ambos contra México, los obstáculos que siguen enfrentando las víctimas para acceder a verdad y justicia revelan la ausencia de un compromiso de Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales”, expresó la organización en un comunicado.
Las dos sentencias fueron notificadas en los primeros días de la actual administración liderada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tomó posesión el 1 de diciembre de 2018.
El caso de “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco” se considera uno de los más emblemáticos en la lucha por los derechos humanos en México. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro
El caso Alvarado se remonta al 29 de diciembre de 2009, cuando en el estado de Chihuahua tres víctimas fueron privadas de libertad por un grupo de entre ocho y diez personas que portaban armas largas y vestían uniformes, a quienes testigos identificaron como militares.
Las desapariciones tuvieron lugar en el marco de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeñaba tareas de investigación criminal.
El caso Atenco se considera uno de los más emblemáticos en la lucha por los derechos humanos en México. Organismos internacionales documentaron la detención ilegal, abusos sexuales, tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos a 11 mujeres el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y en Texcoco, ambos en el central Estado de México, en medio de manifestaciones.
El Centro Prodh dijo que, aunque los procesos de cumplimiento de ambos fallos son independientes, en ambos procesos se da ausencia de “compromiso estatal” ya que las instancias involucradas no están actuando de manera “diligente y sostenida”, lo que genera que la mayor parte de las medidas ordenadas no se hayan cumplido, mantuvo la organización.
La desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado se dio en el contexto de la militarización de la seguridad durante el Gobierno del panista Felipe Calderón, y desde entonces sigue en la impunidad. Foto: Especial
“El incumplimiento de estas obligaciones ha impedido que las víctimas puedan acceder a la justicia y a la verdad aun contando con un fallo internacional”, concretaron.
En el caso de la familia Alvarado, a 12 años de los hechos, el paradero de las víctimas sigue sin ser esclarecido y las autoridades continúan sin investigar las responsabilidades de los agentes implicados.
En el caso Atenco, no se han dado “pasos significativos” para investigar todos los niveles de responsabilidad incluyendo la cadena de mando de las tres corporaciones involucradas, “mientras que la Fiscalía del Estado de México continúa obstaculizando la investigación”, detallaron.
Así, “un camino que debió ser de justicia y reparación vuelve a victimizar a las personas denunciantes a pesar de que, en el discurso, el Estado se ha comprometido a cumplir con las resoluciones” de tribunales, terminó el Centro Prodh.
El exgobernador de Veracruz está posiblemente relacionado con el hallazgo de los restos de varias personas en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.
Ciudad de México, 6 diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) cumplimentó una orden de aprehensión contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas.
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) apoyaron a personal de la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz (FGE) para realizar el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra del exservidor público.
“El cumplimiento del mandato judicial se realizó conforme al debido proceso y derecho en el área jurídica del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde actualmente se encuentra recluido el individuo”, detalló la FGJ-CdMx en un comunicado.
Además, expuso que de acuerdo con la investigación, el exgobernador de Veracruz está posiblemente relacionado con el hallazgo de los restos de varias personas en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.
La Fiscalía de la Ciudad de México cumplimentó una orden de aprehensión contra Javier Duarte por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas. Foto: FGJ-CdMx.
“Al momento de ser notificado, el individuo se negó a firmar el documento, por lo que se solicitaron videograbaciones para que se constatara la notificación de la orden de aprehensión”, agregó.
Javier Duarte, actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, promovió este lunes un nuevo juicio de amparo contra cualquier orden de aprehensión, comparecencia, presentación y localización que se desarrolle.
En la petición de amparo, el exmandatario mencionó como autoridades responsables a jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscritos a la Unidad de Gestión Judicial 12, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CdMx).
Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz. Foto: William Gularte, Cuartoscuro
Antonio González García, Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, fue quien admitió a trámite la demanda y concedió la medida cautelar de suspensión provisional al exfuncionario veracruzano, que desde 2018 se encuentra preso en el Reclusorio Norte.
Cabe destacar que el juzgador fijó el pago de una garantía por siete mil 500 pesos para hacer efectiva la suspensión provisional, el monto deberá ser cumplido en un plazo no mayor a cinco días. Además, se dejó claro que la medida cautelar otorgada de ninguna forma constituye la concesión de amparo.
También mencionó que cuando las autoridades correspondientes rindan su informe previo y en caso de que alguna acepte haber librado una orden de aprehensión contra Duarte, el exgobernador tendrá que comparecer personalmente ante el Juez ordenador en un plazo de tres días, que se contarán a partir de que se notifique, para que responda a los cargos que se le atribuyen.
El exgobernador de Veracruz está posiblemente relacionado con el hallazgo de los restos de varias personas en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Foto: Ilse Huesca, Cuartoscuro.
En dado caso de que se solicite que los delitos ameritan prisión preventiva oficiosa, la suspensión concedida solamente tendrá por objeto que Duarte quede a disposición del Juez de Amparo por lo que hace a su libertad personal, en la prisión que se señale, y ante las autoridades responsables para que continúe el proceso.
El 18 de mayo de 2020, un Tribunal federal ratificó la condena de nueve años de cárcel en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por asociación delictuosa y lavado de dinero, así como el pago de la multa de 58 mil 890 pesos que se le había impuesto desde el pasado 26 de septiembre de 2018.
En 1984 se iniciaron las investigaciones por al menos un caso de desaparición, situación que se fue agravando conforme pasaba el tiempo. Fue en 2006 cuando ya se buscaba a 14 víctimas, cifra que aumentó gradualmente hasta el 2015, año en el que 92 personas no regresaron a casa.
Irapuato, Guanajuato, 15 de Noviembre (ZonaFranca).- Entre el 2019 y el 2020 creció considerablemente el número de desaparecidos en Guanajuato. Actualmente se busca a dos mil 619 personas, de las cuales 222 son menores de edad; y también hay 23 extranjeros, reveló la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
El 44 por ciento de las víctimas se concentra en: Celaya, Irapuato, León y Salamanca, municipios ubicados en el corredor industrial; además de Pénjamo.
Según este registro, 474 mujeres, mil 917 hombres y 228 víctimas más, cuyo género se clasificó como “Indeterminado”, no han regresado a casa.
Los datos arrojan que 165 menores, 84 mujeres y 81 hombres, de 14 a 17 años de edad, están desaparecidos.
Precisamente respecto a los rango de edad, habría que mencionar a otros 667 hombres víctimas de desaparición, quienes tienen de 25 a 34 años.
En esta tabla se muestra el rango de edad de la víctimas de desaparición en el estado de Guanajuato, asi como su género, que en algunos casos se clasificó como “indeterminado”. Foto: Cortesía de Zona Franca
En Guanajuato se denunció la desaparición de 23 extranjeros: cinco estadounidenses; cuatro hondureñas, una de ellas es una menor de edad; cinco personas colombianas; dos canadienses; tres víctimas salvadoreñas; una persona de nacionalidad tunezina; un adolescente australiano; un nicaragüense; y una mujer guatemalteca.
Además, la nacionalidad de 478 personas desaparecidas “se desconoce”.
Desde 1984 se investigaba por lo menos un caso de desaparición, pero el año 2005 cerró con tres denuncias, situación que cambió a partir del 2006 cuando se buscaba a 14 víctimas; y la cifra aumentó gradualmente hasta el 2015, año en el que 68 hombres, 21 mujeres y tres personas más, es decir, un total de 92 personas no llegaron a casa.
Para el 2020 la cifra se elevó a 641 personas desaparecidas y no localizadas.
Foto: Cortesía de Zona Franca
Cabe destacar que en los últimos doce meses, de noviembre del 2020 y hasta octubre del presente año, se sumaron 74 víctimas de desaparición.
DESAPARICIONES EN EL CORREDOR INDUSTRIAL
Celaya con 378 personas desaparecidas; Irapuato con 338; 295 más que se buscan en León; 162 en Salamanca; y Pénjamo, en donde no han sido halladas a 123 víctimas, son los cinco municipios que, en ese orden, concentran el 44 por ciento del total de quienes no regresaron a casa.
En los primeros tres municipios mencionados, ubicados en pleno corredor industrial, hay nueve extranjeros reportados como desaparecidos.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, de 168 víctimas de desaparición se
ignora el municipio al pertenecen, o en el que fueron vistos por última vez.
Foto: Cortesía de Zona Franca
Entre las víctimas de desaparición de Celaya, hay dos hondureños, un salvadoreño y dos mujeres colombianas.
En este municipio, de 58 personas habría referencia de la colonia donde desaparecieron, sin embargo se hizo público doce puntos de dicha ciudad, donde por lo menos hay un caso: Las Delicias, Residencial Tecnológico, Monte Blanco, Del Bosque, San Isidro de Elguera, Del Bosque, Lázaro Cárdenas, Valle del Real, Los Pinos, Valle Naranjos, La Favorita y San José de Guanajuato.
En Irapuato se habría denunciado la desaparición de un hombre de nacionalidad estadounidense.
Únicamente de 44 víctimas de desaparición en Irapuato, hay antecedente del lugar donde habrían sido vistos por última vez, pero sólo se revelan 19 colonias, entre las que se encuentra Álvaro Obregón, mejor conocida como “La Pérdida”, con cuatro casos denunciados; dos en Insurgentes y una persona desaparecida en: Quinta San Joaquín, Juárez, Lucio Cabañas, El Rosario, Los Presidentes, Los Reyes, El Trébol, Los Eucaliptos, Santa Bárbara, Primaveral, Independencia, entre otras.
De las 295 personas desaparecidas en León, hay un estadounidense, un canadiense y una tercera víctima de nacionalidad tunezina.
Foto: Cortesía de Zona Franca
En este municipio se han reportado una desaparición en las colonias: El Paraíso, El Penitente, Ermita, Azteca, San Nicolás, Villas de San Juan, Coecillo, Barranca de Venaderos.
Foto: Cortesía de Zona Franca
En Salamanca se publicó sólo la referencia de la colonia El Edén, de donde desapareció una de las 162 víctimas.
Foto: Cortesía de Zona Franca
De la misma forma en Pénjamo, municipio que reporta 122 personas desaparecidas, destaca una denuncia para la búsqueda de una mujer de la colonia La Loma.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
