La mandataria explicó que los otros dos detenidos son menores de edad por lo que llevarán su proceso aparte con un Juez especializado.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- La Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, anunció este sábado que dos de los cuatro detenidos por los ataques ocurridos en la capital de la entidad fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Dos de los cuatro detenidos fueron entregados a la Fiscalía General de la República y trasladados a las instalaciones de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)”, publicó Vizcaíno en sus redes sociales.
En cuanto a los otros dos aprehendidos, detalló que al ser menores de edad seguirán sus procesos con un Juez especializado.
Les informo que la mañana de este sábado, dos de los cuatro detenidos fueron entregados a la Fiscalía General de la República y trasladados a las instalaciones de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). pic.twitter.com/VMnGZF3U2Z
La Gobernadora comunicó ayer que ya había personas detenidas por los violentos actos ocurridos la noche del jueves y madrugada del viernes en distintos puntos de Colima por la detención del líder criminal José Bernabé Brizuela Meraz, alias “La Vaca”, en la Ciudad de México.
Por estos hechos, las autoridades reportaron detonaciones a fachadas de tres comercios, 14 vehículos incendiados y 11 indicentes en la capital de la entidad y en el municipio Villa de Álvarez.
Acerca de la detención de “La Vaca” en la CdMx, identificado como el líder del Cártel Los Mezcales o Independiente de Colima, indicó que es una noticia importante porque es uno de los principales generadores de violencia en el Estado.
Nos encontramos reunidas y reunidos en el C5i, como parte de la sesión permanente de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.
Todas las corporaciones nos encontramos en alerta y coordinadas para proteger a las y los colimenses. pic.twitter.com/egfXRDN1V7
Desde inicios de este año, el detenido mantiene una pugna con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ha dejado más de 500 muertos en Colima, la cual inició a finales de enero con una riña en el Centro de Reintegración Social (Cereso) de Colima y desde entonces hay una disputa permanente en la zona metropolitana.
Según el Fiscal, se encontraban en posesión de sustancias ilícitas e iban en dos vehículos huyendo de Baja California rumbo al occidente de México.
Tijuana, 17 de agosto (Zeta).- Ricardo Iván Carpio Sánchez, Fiscal General de Baja California, emitió este martes 16 de agosto un mensaje para dar a conocer la detención de seis de los responsables de los bloqueos de vehículos incendiados del pasado viernes 12 de agosto en el estado.
“Con inteligencia y estrategia se efectuaron acciones operativas que derivaron en la detención de seis personas por delitos del orden Federal en un hotel de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, mismas que están siendo investigadas por su participación en los hechos violentos han perturbado a nuestra sociedad”, informó el Fiscal General.
Entre los detenidos se encuentran Luis Enrique Galindo Coronado, alias “El Ñoño”, de 35 años, quien fue identificado como el líder del grupo criminal encargado de realizar los ataques del viernes pasado; Juan José “N”, de 34; Jonathan Raymundo de 29 años; Víctor Aldair Córdova Ramírez, alias “El Gusano”, de 18; Jorge de 32 y Sara Isabel de 24, quienes según el Fiscal se encontraban en posesión de sustancias ilícitas y de dos vehículos en los que huían de Baja California hacia rumbo al occidente de México.
Ricardo Carpio, Fiscal General de Baja California, informó las detenciones. Foto: Zeta.
Dicha información ya había sido adelantada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este 16 de agosto.
“Ya se han detenido a muchos de los que participaron en estos actos. Ayer se llevó a cabo la detención de quienes participaron en Tijuana, fueron detenidos en Sinaloa, entre Mochis y Culiacán, dos o tres dirigentes y al parecer de los jefes. Y se va a continuar con las detenciones”, había comentado el mandatario.
Según lo informaron diversos medios locales sinaloenses, el lunes 15 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Sinaloa confirmó la detención de al menos cinco hombres en un motel ubicado en la salida norte de Culiacán, tras el reporte de la privación de la libertad de una mujer, quien fue llevada a declarar ante el Ministerio Público.
Los cinco sujetos detenidos en un primer momento fueron acusados por la privación ilegal de la libertad de la citada mujer, además de que las autoridades les aseguraron dos vehículos y diversos paquetes con droga, tras un operativo en que participaron elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.
La semana pasado hubo varios hechos violentos en la entidad federativa. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro
“Dando la vuelta”, eso dijeron los detenidos que andaban haciendo en Sinaloa, cuando cuatro hombres procedentes de Tijuana, fueron detenidos en Los Mochis como sospechosos de haber participado en la quema de autos y bloqueos hechos en Baja California.
Aseguraron que habían llegado a Sinaloa el sábado 13 de agosto, “yo tengo familia en Los Mochis” e iba a visitarlos, manifestó, Jesús García Arredondo; “yo voy a La Trinidad…voy solo”, expuso Luis Enrique Galindo Coronado, alias “Julio García Coronado” de 35 años, detenido en Tijuana, por daños en propiedad privada en 2009, en 2011 capturado con 4.8 kilos de marihuana, y el 16 de diciembre del 2013 como parte de un grupo que había secuestrado a una mujer en un comercio de la unidad habitacional Infonavit Ejército Trigarante, de la misma ciudad, también tiene un juicio de amparo por otro delito del 2018, bajo el expediente 223/2018.
Diego Sinhue agregó que al sobrevolar la zona con helicópteros, se localizó a otro grupo, donde tres personas fueron abatidos.
Por Laura Villafana
Irapuato, Gto, 16 de agosto (ZonaFranca).- El Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció que hay cinco detenidos más, acusados de los ataques que se registraron el martes pasado.
Asimismo detalló que entre los 16 presuntos responsables, hay menores de edad.
“El tipo penal de terrorismo existe y que vamos aplicarlo y lo vamos a seguir aplicando, quien cause temor a la sociedad a través de incendios, el tipo penal aplica”, apuntó.
Diego Sinhue Rodríguez es el Gobernador de la entidad. Foto: Cuartoscuro.
El mandatario estatal dijo que algunos detenidos son de Jalisco y dos originarios de Irapuato, cuyas familias defienden que hubo arbitrariedades en su arresto, pero serán las autoridades judiciales quienes determinen o no su responsabilidad.
Justificó que los dos chóferes que perdieron la vida la misma noche de los ataques en la carretera Irapuato-Abasolo, no se contabilizaron entre las víctimas de los ataques, pues se habla de un posible asalto, ya que uno de los camiones no fue incendiado.
Rodríguez Vallejo defendió que hubo coordinación con la Federación, el Estado y los municipios, donde destacó que se realizaron detenciones.
Como parte de los actos violentos registrados ayer, se reportó que 25 tiendas OXXO fueron incendiadas en Guanajuato. Foto: Especial vía Zona Franca.
Nosotros tenemos, los FSPE [Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato] detuvieron personas, pueden ver, quienes hicieron detenciones, municipales, estatales y fiscalía, ahí están resultados, Fuerza del Estado detuvieron a tres personas, la Fiscalía [General del Estado] detuvo uno, la Policía Municipal de Celaya detuvo a tres y la de León a dos y en San Francisco se detuvieron a dos”, señaló.
Diego Sinhue agregó que al sobrevolar la zona con helicópteros, se localizó a otro grupo, donde tres personas fueron abatidos.
Añadió que la Fiscalía General del Estado (FGE) dará a conocer más detalles sobre los hechos.
El asesinato del director del medio Tu Voz, Ernesto Méndez, se debió a una extorsión; hay un detenido y una orden de aprehensión pendiente contra un segundo presunto responsable por el homicidio.
Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este jueves que el asesinato del periodistaErnestoMéndez el pasado 2 de agosto en un bar de Guanajuato, podría estar relacionado con la extorsión a unnegociofamiliar.
El Subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja, reveló que este sería el móvil del homicidio del director del periódico Tu Voz, quien murió en un ataque armado al interior de un bar de la colonia Cerro Prieto, que sería propiedad de su familia.
“El móvil, según informa la Fiscalía, tuvo que ver con un tema de extorsión por el negocio ‘Mas Caguamas’, que la familia de la víctima tiene en la localidad de San Luis de la Paz”, detalló Mejía Berdeja.
En conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario explicó en su informe semanal “Cero Impunidad”, que la Unidad Especializada de Homicidios y una célula especial de la Fiscalía de Guanajuato lograron la detención de Roberto “N”, alias “El Borrachito”, señalado como el presunto autor material del homicidio.
Avances en el caso del periodista Ernesto Méndez. Foto: Gobierno de México
“El Borrachito”, presunto miembro del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenido el pasado sábado en la delegación Villa Cayetano Rubio en Querétaro, y vinculado a proceso el miércoles con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el asesinato del periodista.
Ernesto Méndez fue asesinado tras un ataque armado en un bar de la colonia Cerro Prieto en San Luis de la Paz, Guanajuato, poco después de las 23:00 horas del 2 de agosto, cuando un grupo armado irrumpió en el lugar y arremetió contra cuatro personas entre las que se encontraba el también excolaborador de Zona Franca y Periódico Correo.
En total, el ataque dejó un saldo de cuatro personas muertas y dos más lesionadas en la avenida Ferrocarril esquina con Libramiento Sur en San Luis de la Paz, donde Ernesto Méndez celebraba con familia y amigos haber obtenido una de las concesiones entregadas para la Feria del Noroeste.
Cabe recordar que el comunicador había sido amenazado en administraciones municipales anteriores, como la encabezada por el priista Timoteo Villa Ramírez.
Capturado presunto responsable del homicidio de periodista Ernesto “N” y tres personas más, ocurrido en #SanLuisdelaPaz
ROBERTO "N", fue detenido por elementos de la UEIHOM y una célula especial de la @AIC_Guanajuato, en próximas horas será llevado ante un Juez pic.twitter.com/7EkMPpgfAu
— Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) August 6, 2022
Entre junio de 2021 y mayo de 2022, periodo que cubre los primeros tres meses del estado de emergencia, las autoridades decomisaron dos mil 965 armas de fuego, según cifras del Ministerio de Seguridad. Ese número se compara con tres mil 683 armas decomisadas en lo corrido de 2018, y tres mil 413 incautadas en 2019, y muestra un leve incremento sobre las dos mil 682 halladas en 2020, según datos de la Policía Nacional de El Salvador.
Por Roberto Valencia
Ciudad de México, 28 julio (InSight Crime).- Después de casi cuatro meses de régimen de excepción en El Salvador no han desarmado a las pandillas.
A finales de marzo, el Presidente Nayib Bukele desató la #GuerraContraPandillas –ese es el hashtag oficial–, y el Gobierno se jacta de haber detenido ya a más de 46 mil “terroristas”, casi todos ellos presuntos integrantes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18-Revolucionarios y Barrio 18-Sureños. Sin embargo, el número de fusiles incautados apenas supera el centenar.
InSight Crime ha tenido acceso exclusivo a informes internos de la Policía Nacional Civil (PNC) que registran al detalle la incautación de fusiles de asalto. La PNC asegura haber restado a las maras 39 fusiles en el mes de abril, 24 en mayo y 34 en junio.
Esos 97 fusiles más los 37 que la PNC había incautado en el primer trimestre del año totalizan 134, cifra ligeramente superior a los 117 fusiles que la PNC incautó –sin régimen de excepción– en la primera mitad de 2021. Si la comparación es con los años anteriores, esos 134 fusiles en seis meses palidecen aún más: la PNC arrebató a la delincuencia organizada 321 fusiles en 2020, 508 en 2019 y 540 en 2018.
Entre junio de 2021 y mayo de 2022, periodo que cubre los primeros tres meses del estado de emergencia, las autoridades decomisaron dos mil 965 armas de fuego, según cifras del Ministerio de Seguridad. Ese número se compara con tres mil 683 armas decomisadas en lo corrido de 2018, y tres mil 413 incautadas en 2019, y muestra un leve incremento sobre las dos mil 682 halladas en 2020, según datos de la Policía Nacional de El Salvador.
“Las pandillas todavía siguen ahí, con fuerza para atacar”, admitió el Presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en la improvisada conferencia de prensa que brindó la noche del 28 de junio, horas después de que una clica del Barrio 18-Sureños asesinara a tres agentes de la PNC en Santa Ana. Según las indagaciones preliminares, los tres policías –dos hombres, una mujer– fueron ametrallados con fusiles.
Foto: InSight Crime
¿Qué es un fusil de asalto? Son armas largas automáticas (disparan sin cesar cuando se hala el gatillo) que la legislación salvadoreña considera “armas de guerra” y que, por lo tanto, no deberían estar en manos de civiles; sin embargo, desde hace una década los fusiles son un arma habitual en los arsenales de las pandillas. Fusiles son el M-16, el AR-15, el AK-47, el Galil, el G3, el ARAD.
Los informes a los que tuvo acceso InSight Crime evidencian el escaso éxito que el Estado salvadoreño está teniendo para ubicar los arsenales de las maras. Esos informes también permiten poner en cuarentena el triunfalismo de Bukele, quien el pasado 1 de junio, día en el que se cumplían tres años de su mandato, llegó a la Asamblea Legislativa y pronunció estas palabras: “Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas”.
GUERRA CONTRA PANDILLAS
El Salvador vive desde el 27 de marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende a la ciudadanía derechos constitucionales, y faculta a la PNC y a la Fuerza Armada a realizar detenciones hasta por 15 días sin que el detenido sea presentado ante un Juez. El propio Bukele solicitó el régimen de excepción por 30 días, y ya ha sido prorrogado en cuatro ocasiones por una Asamblea ampliamente controlada por el oficialismo.
El régimen de excepción y la #GuerraContraPandillas fueron la respuesta del bukelismo a la matanza ocurrida el último fin de semana de marzo, cuando en tres días fueron asesinados 87 salvadoreños. Una investigación del periódico digital El Faro publicada el 17 de mayo reveló que la matanza fue obra de la MS13, pandilla que quiso mandar un mensaje tras la detención de varios de sus líderes, en el marco de las negociaciones que el Gobierno mantenía con las tres principales pandillas desde finales de 2019, negociaciones que el Gobierno niega.
Ahora, en los primeros casi cuatro meses del régimen de excepción, la administración Bukele se jacta de haber capturado a “46 mil 694 terroristas”, mientras que desde que inició el año hasta el 27 de marzo la PNC había detenido a poco más de dos mil supuestos pandilleros. Dos mil pandilleros en los tres meses previos frente más de 46 mil en el trimestre largo de la #GuerraContraPandillas.
Con estas cifras de detenciones, que la incautación de fusiles de asalto en 2022 sea similar a la de 2021 sugiere que las pandillas han logrado ocultar bien la mayoría de sus M-16, AR-15, AK-47 y demás fusiles.
En una entrevista que concedió a la BBC a finales de abril, cuando ya se había cumplido el primer mes del régimen de excepción, la pandilla Barrio 18-Sureños aseguró que no responderían con fuego a la ofensiva estatal y que tratarían de ocultar sus fusiles y demás armas. “La propuesta del Barrio 18-Sureños es mantener nuestro equipo a la sombra”, dijeron.
Los informes de la PNC sobre incautaciones modestas de fusiles avalan la hipótesis de que las tres pandillas han optado, de momento, por no confrontar con el Estado.
Armas incautadas a pandillas en El Salvador. Foto: Secretaría de Comunicaciones El Salvador.
“Nosotros nos mantenemos de pie, en la paz, dejando la opción del fuego, de la guerra, como última instancia, como última alternativa, de sobrevivencia”, dijo la rueda de la 18-Sureños (integrada por sus principales cabecillas en libertad) en la entrevista a la BBC.
Durante el régimen de excepción, El Salvador presenta unas cifras de violencia homicida particularmente bajas, más bajas incluso que las registradas en las semanas y meses previos a la matanza de marzo que desató la #GuerraContraPandillas.
Contrario a lo que sucedió en 2015, cuando se rompieron las negociaciones entre las pandillas y el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) –proceso de diálogo conocido como la Tregua–, la ruptura de la negociación con la administración Bukele no se ha traducido en una confrontación abierta entre las fuerzas de seguridad y los pandilleros. No al menos de momento.
Los tres policías asesinados por la 18-Sureños el 28 de junio en Santa Ana más parecen una acción puntual de una entre las cientos de clicas que operan en El Salvador que una decisión de esa pandilla de abandonar la estrategia de contención. En las tres semanas posteriores al triple homicidio esa pandilla no ha protagonizado ataques similares a la PNC o a la Fuerza Armada.
MEJOR NEGOCIACIÓN Y MEJOR COMBATE
“Sí estoy sorprendido, sí estoy sorprendido… precisamente porque es muy diferente a lo visto antes”, responde Luis Enrique Amaya, investigador y consultor salvadoreño especializado en seguridad pública a InSight Crime, al ser cuestionado sobre por qué las pandillas no han respondido (de momento) la ofensiva estatal desatada el 27 de marzo. Amaya es investigador y consultor especializado en seguridad pública, un referente en El Salvador cuando se habla de estos temas.
“Este Gobierno, el Gobierno de Bukele, ha sido el que mejor ha negociado con las pandillas y, a la vez, el que mejor ha golpeado a las pandillas”, agrega Amaya.
Lo que Amaya llama “la mejor negociación y el mejor combate contra las pandillas” tiene como fundamento dos elementos: en primer lugar, la concentración de poder que tiene este presidente, que va mucho más allá del Poder Ejecutivo y le permite crear o reformar leyes “de un día para otro”, algo de lo que no dispusieron ninguno de los seis gobiernos que le precedieron; y en segundo lugar, porque todas las encuestas serias publicadas señalan que el presidente conserva un respaldo popular masivo.
“Bukele tiene menos restricciones legales y de derechos humanos que otros presidentes, lo que le ha permitido tener una negociación mejor y un combate mejor que los anteriores, y desde ahí explico yo que no haya una contraofensiva de momento de parte de las pandillas, porque este presidente las está golpeando más que los anteriores”, remarca Amaya.
Armas incautadas a pandillas en El Salvador. Foto: Secretaría de Comunicaciones el Salvador.
InSight Crime también consultó a Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, un think tank respetado en el campo de resolución de conflictos. Breda también cree que el escenario actual es radicalmente distinto al vivido en 2015, tras la ruptura de la Tregua.
“Las pandillas pagaron un precio muy alto en 2015-2016 [cuando optaron por la guerra abierta contra la PNC y la Fuerza Armada], y por eso probablemente estén considerando una confrontación abierta como el último y menos deseable escenario, esperando tal vez que, como en ocasiones pasadas, esta muestra de músculo del Gobierno Bukele sea temporal”, dice.
“La segunda razón –prosigue Breda– es que el despliegue de fuerzas del Estado y la magnitud de los arrestos han sido sorpresivos, forzando las pandillas a priorizar la retirada estratégica para evitar la detención. Hay que decir también que, a pesar de la retórica oficial, la ofensiva del Estado actual se está enfocando más en los arrestos que en la aniquilación”, como sucedió después de la Tregua.
Según Breda, “que las pandillas hayan logrado esconder la mayoría de sus armas” es una de las razones que explica las relativamente bajas incautaciones de fusiles que reporta la PNC.
¿Y AHORA QUÉ?
Los dos analistas consultados coinciden en que, en el corto y medio plazo al menos, son remotas las posibilidades de que el país sufra un repunte homicida similar al de 2015, cuando se registró una tasa surrealista de 106 homicidios por cada 100 mil habitantes. Proyectados para todo el año los datos oficiales cosechados en el primer semestre, El Salvador cerraría 2022 con unos 14 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más baja del siglo en curso.
“No me parece que haya condiciones para una contraofensiva de las pandillas en el corto plazo. Yo veo más, veo la posibilidad de que haya un intento de reconstruir las condiciones para el diálogo y la negociaciones, sobre todo de cara al proceso electoral del año 2024”, dice Luis Enrique Amaya.
“Que El Salvador regrese a los índices de 2015 me parece improbable, pero el riesgo de que los registros de homicidios vuelvan a subir es muy alto, sobre todo si el Gobierno se cierra a una reanudación del proceso que regía antes de marzo o una propuesta de desmovilización para aquellos que quieran dejar la vida pandilleril y rehabilitarse”, dice Tiziano Breda.
De momento, el discurso gubernamental ante la opinión pública se mantiene firme en la #GuerraContraPandillas. “Un mensaje que queremos enviar a las pandillas es que esto no va a quedar así, y que van a pagar caro el asesinato de estos tres héroes”, dijo Bukele en la conferencia tras el triple homicidio de policías perpetrado por una clica de la 18-Sureños.
Incluso se ha iniciado en el área rural de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, la construcción de una megacárcel diseñada para albergar a unos 20 mil pandilleros.
No obstante, Bukele ya ha demostrado una capacidad para negar que está negociando con las maras –y hasta maldecir a quienes lo hicieron en el pasado– mientras sus funcionarios lo están haciendo bajo la mesa. Uno de esos interlocutores, la pandilla Barrio 18-Sureños, lo evidenció en la entrevista concedida a la BBC.
Los detenidos enfrentan las acusaciones de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, cohecho, portación ilegal de armas, asociación delictuosa y delitos contra la salud.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- Los 10 detenidos del enfrentamiento en San Miguel Topilejo, en la Alcaldía Tlalpan el pasado 12 de julio, fueron trasladados del penal de Santa Martha Acatitla al Reclusorio Norte para continuar con su audiencia, en la que un Juez de control definirá su situación legal.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) transportaron a los detenidos en un camión blindado y custodiado.
En la primera audiencia, que se prolongó casi 12 horas, el juzgador falló que las 10 personas aprehendidas fueran retenidas en un centro penitenciario. Por su parte, la defensa argumentó que los inculpados habrían sido torturados al momento de la detención, por los golpes que se presentan, y solicitó que se aplicara el Protocolo de Estambul.
Las autoridades transportaron a los detenidos en los famosos camiones “Rhino”. Foto: Twitter AcciónCivilMX
Sin embargo, el Juez de control determinó en la primera sesión que la detención fue legal, por lo que los abogados de los acusados pidieron la duplicidad del término constitucional para entregar pruebas por las acusaciones formuladas en contra de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, cohecho, portación ilegal de armas, asociación delictuosa y delitos contra la salud.
Un total de 14 personas fueron detenidas en un enfrentamiento entre agentes de la SSC-CdMx y presuntos delincuentes el pasado martes 12 de julio, aunque cuatro de ellos fueron dejados en libertad luego de las entrevistas. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura de la zona de Topilejo, al sur de la Ciudad de México.
Elementos de la Guardia Nacional custodiaron el lugar donde se produjo el enfrentamiento. Foto: Marco Ugarte, AP.
El gran operativo, que conllevó el despliegue de unos 150 policías, elementos de la GN y del Ejército, camiones blindados y helicópteros en la carretera de salida de la capital por el sur, logró presuntamente desarticular una célula del crimen organizado aparentemente asociada a los hijos de “El Chapo”, conocida como “Los Chapitos”, proveniente del estado de Sinaloa, así como todo un arsenal de armas de alto calibre.
Algunos de los detenidos durante el operativo portaban placas falsas de policías con imagen e iniciales de “El Chapo” Guzmán.
“Todo indica que es un grupo criminal de esa zona [Sinaloa]”, declaró el titular de la Secretaríoa de Seguridad Ciudadana de la CdMx Omar García Harfuch, pues varios de los detenidos afirmaron ser originarios de dicho estado del norte del país; fotografías revelan que podrían ser miembros de “Los Chapitos”, célula comandada por los hijos de “El Chapo” Guzmán.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- Los 14 detenidos este martes tras una balacera registrada en la carretera México-Cuernavaca podrían pertenecer a una célula del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) y su titular Omar García Harfuch.
“Creemos definitivamente que es un grupo proveniente de Sinaloa, no quisiera especular, pero uno [de los detenidos] refirió ser de Culiacán, Sinaloa; otros refirieron ser del estado de Sinaloa, entonces todo indica que es un grupo criminal de esa zona”, reveló Harfuch en una conferencia de prensa.
Por su parte, información del diario El Universal detalla que de acuerdo con fuentes dentro de la SSC-CdMx, los detenidos por el enfrentamiento armado con elementos de la mencionada institución, podrían pertenecer a “Los Chapitos”, célula del Cártel de Sinaloa integrada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
De acuerdo con fotografías difundidas por el periodista Carlos Jiménez, a los detenidos se les vio con placas que portaban la imagen del “Chapo” y las iniciales del Cártel de Sinaloa; así como otras placas con la insignia de un ratón, alusión a “El Ratón”, apodo otorgado a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera.
Un enfrentamiento entre personal de la SSC-CdMx y presuntos delincuentes en Topilejo fue registrado este martes en la carretera México-Cuernavaca.
Los hechos ocurrieron en el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura de la zona de Topilejo, al sur de la Ciudad de México.
El Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Garcia Harfuch informó que hay 14 detenidos y dos policías heridos.
“Hay aseguradas armas largas y droga. Tenemos todavía compañeros trabajando en el lugar, en un momento más informaremos”, expuso en Twitter.
Además, detalló que hay dos víctimas liberadas, se aseguraron 10 armas largas incluyendo un Barrett.50 y una ametralladora, tres armas cortas, 12 granadas, chalecos balísticos, 74 cargadores y droga.
García Harfuch explicó que el operativo se dio luego de ubicar una casa de seguridad en la colonia San Andrés Totoltepec.
Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSc-CdMx), Omar García Harfuch, informó este martes que hay 14 detenidos luego de la balacera en Topilejo y son presuntos integrantes de una célula delictiva de los hijos del Chapo, conocida como “Los Chapitos”, proveniente del estado de Sinaloa.
“Todo indica que son un grupo proveniente de Sinaloa (…) Creemos que definitivamente es un grupo de Sinaloa, varios de los detenidos refirieron que son de Sinaloa, uno indicó que es de Culiacán y otro de Sinaloa“, dijo a medios.
Se aseguraron 10 armas largas incluyendo un Barrett.50 y una ametralladora, tres armas cortas, 12 granadas, chalecos balísticos y 74 cargadores. Foto: SSC.
Droga asegurada por elementos de la SSC. Foto: SSC.
Además, explicó que el operativo se dio luego de ubicar una casa de seguridad en la colonia San Andrés Totoltepec, en donde personal de inteligencia llegó a la zona, pero los policías fueron agredidos por sujetos armados que se encontraban dentro del domicilio, lo que activó el operativo masivo para controlar la zona.
Hay cuatro elementos se encuentran heridos, incluyendo uno de gravedad.
García Harfuch, informó este martes que hay 14 detenidos luego de la balacera en Topilejo. Foto: SSC.
Durante este martes se registró un enfrentamiento entre personal de la SSC-CdMx y presuntos delincuentes en Topilejo en la carretera México-Cuernavaca.
Garcia Harfuch informó que hay dos policías heridos y detalló que se aseguraron 10 armas largas incluyendo un Barrett.50 y una ametralladora, tres armas cortas, 12 granadas, chalecos balísticos, 74 cargadores y droga.
Hay cuatro elementos se encuentran heridos, incluyendo uno de gravedad. Foto: SSC.
Los hechos ocurrieron en el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura de la zona de Topilejo, al sur de la Ciudad de México.
García Harfuch se presentó en donde ocurrió la balacera, junto con agentes de la SSC-CdMx y de la Guardia Nacional (GN).
El funcionario dio a conocer que de las 16 personas hospitalizadas, tres son mexicanas y que de las restantes todavía no se tiene registro de su nacionalidad.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- Francisco Garduño Yáñez, titular de Instituto Nacional de Migración (INM), informó que de los tres detenidos se identificaron a dos mexicanos, Juan Francisco “N” y Juan Claudio “N”, como presuntos responsables de la tragedia del tráiler en San Antonio, Texas, Estados Unidos.
Ambos sujetos de nacionalidad mexicana fueron relacionados con el hecho por tener el mismo domicilio del registro estatal del camión que transportaron y porque durante una revisión judicial se les encontraron armas.
[pdf-embedder url=”https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2022/06/INM-Caso-Texas-29jun22.pdf” title=”INM Caso Texas, 29jun22″]
Garduño Yáñez explicó que el INM no cuenta con registro de flujos migratorios de esas personas. “[Instituto Nacional de] Migración ofreció el registro nacional migratorio, consulta e investigación de los fallecidos, lesionados y sobrevivientes. También ofreció gestionar ante las autoridades de seguridad pública la consulta de bases de datos dactilares para la investigación de los hechos, de acuerdo con Plataforma México, y lo que determine la Fiscalía General de la República”, añadió.
El titular del INM también informó que en el tráiler que fue encontrado en San Antonio, Texas, viajaban 67 migrantes de distintas nacionalidades, de los cuales, 51 fallecieron y 16 están hospitalizados.
Una ambulancia sale del lugar donde la policía dijo que decenas de personas fueron encontradas muertas en un tráiler en un área remota en el suroeste de San Antonio, el lunes 27 de junio de 2022. Foto: Eric Gay, AP
“De los migrantes, en el tráiler viajaban 67 migrantes. Se incrementó a 51 el número de fallecidos, 39 mujeres y 12 hombres, fallecidos mexicanos 27, hondureños 14, guatemaltecos siete, salvadoreños dos y un cuerpo pendiente por identificar. Asimismo, 16 migrantes permanecen en seis hospitales de la zona”, apuntó.
El funcionario dio a conocer que de las 16 personas hospitalizadas, tres son mexicanas y que de las restantes todavía no tienen registro de su nacionalidad.
En San Antonio, Texas, 51 personas fueron encontradas muertas dentro y cerca de un camión de carga. De los otros 19 aún se desconoce su nacionalidad. Foto: Eric Gay, AP.
De acuerdo con información del jefe de policía William McManus, un empleado municipal escuchó un pedido de auxilio desde el camión poco antes de las 18:00 horas el lunes 27 de junio y descubrió la escena horripilante. Horas después había bolsas para cadáveres tendidas en el suelo y los cuerpos seguían en el interior del camión.
Inicialmente, se informó de 46 migrantes muertos en el camión, y este miércoles se reportó que cinco más murieron en el hospital.
Este es el número de muertos es el más alto jamás registrado en un incidente de tráfico de personas en Estados Unidos, según Craig Larrabee, agente especial en funciones de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Antonio.
De las cinco denuncias presentadas por la joven, han caído Nicolás “B” y Carlos “N”, dos de los cuatro violentadores, y la youtuber Yoseline Hoffman por la distribución del material.
Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) detuvieron a Nicolás “B”, por su presunta participación en la violación sexual de Ainara Suárez, quien fue agredida por cuatro adolescentes cuando era menor de edad.
La FGJ-CdMx emitió un comunicado en el que informó que la aprehensión del joven fue por “su probable participación en los delitos de violación equiparada y trata de personas (modalidad de pornografía), en agravio de una persona menor de 18 años de edad, ocurridos en mayo de 2018”.
El operativo fue llevado a cabo en la colonia Vertiz Narvarte, en la Alcaldía Benito Juárez, a cargo de detectives de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Fiscalía Especializada en Justicia Penal para Adolescentes de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.
Aprehende FGJCDMX a un joven, por su probable participación en violación y trata de personas en agravio de persona menor de edad https://t.co/EdGmM1pW6C
El individuo fue puesto a disposición de un Juez de la Unidad de Gestión Judicial en Materia de Justicia para Adolescentes, ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, quien determinará su situación jurídica.
De acuerdo con la investigación de la FGJ-CdMx, el aprehendido posiblemente tuvo participación en la agresión sexual a una persona de 15 años de edad, ocurrida al interior de un domicilio ubicado en la colonia San Jerónimo Lídice, en la Alcaldía Magdalena Contreras.
A la persona mencionada, según dijo la FGJ-CdMx, se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.
Tres de las cinco personas denunciadas por Ainara han sido detenidas: dos de los agresores y una influencia por distribuir el material. Foto: Instagram @not.arafonte
LA DENUNCIA DE AINARA
La joven Ainara Suárez presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una denuncia por violación sexual contra cuatro hombres en marzo de este año.
Ainara expuso que cuando tenía 16 años, en 2018, fue violentada sexualmente por Axel “N”, Carlos “N”, Nicolás “N” y Julián “N” durante una fiesta, quienes también grabaron el momento de la agresión.
Por este caso, la youtuber Yoseline Hoffman, conocida como “YosStop” también fue denunciada; la joven Ainara la acusó por el delito de pornografía infantil y un Juez la vinculó a proceso y dictó la medida de prisión preventiva el 5 de julio.
Los hechos ocurrieron cuando Suárez era menor de edad. Foto: Instagram @not.arafonte
El pasado 1 de diciembre, Hoffman salió del penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, tras conseguir la suspensión condicional por 3 años del proceso penal en su contra, al llegar a un acuerdo reparatorio con Ainara Suárez.
El pasado 8 de septiembre, agentes cumplimentaron el martes la orden de aprehensión contra Carlos “N”, la cual fue obtenida por el Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes.
El joven es investigado por su probable participación en el delito de violación equiparada y trata de personas, en su modalidad de pornografía contra una persona menor de 18 años de edad.
Greek Román “N” sería de acuerdo con las investigaciones un feminicida serial de cuatro a siete mujeres más, ocupando el mismo modus operandi.
Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).- Verónica Hernández Giadáns, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó de la detención de Greek Román “N” y Adamari “N” como presuntos responsables del feminicidio de Viridiana Moreno Vásquez.
El pasado 18 de mayo, Viridiana Moreno Vásquez, de 31 años, acudió a una cita de solicitud de trabajo, y posteriormente no se supo de su paradero hasta el 24 de mayo, cuando su cuerpo fue encontrado sin signos vitales en un predio en la localidad de Chachalacas, ubicado a 10 kilómetros de Ciudad Cardel, el último sitio donde la joven fue vista con vida.
Hernández Giadáns indicó que Greek “N” presuntamente habría cometido otro feminicidio en Morelos en el mes de marzo, donde según dijo se identificaba con otros nombres y actuaba con el mismo modus operandi de solicitudes de empleo y engaños.
En la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador de este jueves, Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad, señaló que el hombre detenido estaría involucrado en al menos siete casos.
Conforme a las investigaciones de las autoridades, Greek “N” llegó a trabajar a Chachalacas, Veracruz, el 1 de mayo de 2022, en compañía de su pareja.
De acuerdo con el relato de la Fiscal, Viridiana llega al Hotel Bienvenido en Cardel, pero nunca ingresa. Posteriormente, la joven de 31 de años realiza una llamada en espera de encontrarse con el que sería su presunto feminicida. Luego, se retiran en una motocicleta. El recorrido fue monitoreado y las última imágenes de ella son hasta las 18:56 horas cuando ella todavía estaba en la motocicleta.
Greek Román “N” habría cometido más feminicidios. Foto: Fiscalía General del Estado de Veracruz
La titular de la FGE estableció que la búsqueda de responsables del asesinato de Moreno Vázquez fue gracias a un trabajo coordinado entre la Fiscalía de Veracruz, Querétaro, Morelos y Puebla.
La Fiscalía encontró gracias a la investigación el domicilio donde fue llevada la joven de 31 años, así como su ropa, su camioneta e identificaciones. De esta manera, se solicitaron órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas contra Greek Román “N” y su pareja sentimental Adamari “N”.
El pasado 20 de mayo, Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador de Veracruz, a dos días de la desaparición de Viridiana afirmó a medios locales que no estaba desaparecida y que estaba resguardada, sin embargo, dos días después fue encontrada muerta.
Foto: Gobierno de Veracruz
“No está desaparecida, está resguardada, es un asunto que no se puede decir en público”, aseguró el Gobernador.
Debido a la presión de la familia por el paradero de la mujer de 31 años tras las declaraciones del Cuitláhuac García, el Gobierno de Veracruz señaló, a través de un comunicado, que “tampoco debe tergiversarse, ni interpretarse en los medios para presuponer que está en el resguardo de alguna dependencia gubernamental”.
Horas antes, familiares y amigos de Moreno Vásquez habían bloqueado la carretera federal 140, para exigir a las autoridades veracruzanas dar con el paradero y localización de la joven.
Ricardo Mejía expuso que además de los 10 detenidos, también se tienen identificados los autobuses en los que arribaron personas originarias del Estado de México.
Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- El Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, informó este jueves que ya fueron detenidas 10 personas, entre ellas una mujer, por el enfrentamiento con armas de fuego entre dos grupos contrarios de trabajadores en la planta cementera de Cruz Azul, ubicada en el en poblado de Jasso, en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, ocurrido el pasado 27 de abril.
Los detenidos fueron identificados como Ismael “N”, Mario “N”, Martín “N”, César “N”, Daniel “N”, Ian “N”, Cristian “N”, Oscar “N”, Gustavo “N”, y Mitzi “N”.
Ricardo Mejía expuso durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador que también se tienen identificados los autobuses en los que arribaron personas originarias del Estado de México.
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Durante los hechos, perdieron la vida ocho hombres, uno de ellos por disparo con arma de fuego y los siete restantes por múltiples traumatismos.
También se contabilizaron 12 personas lesionadas y tres de ellas serán detenidas.
Desde ayer Omar Fayad, Gobernador Hidalgo, condenó este acto de violencia en las inmediaciones de la planta.
Captura de pantalla de la presentación durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Condeno enérgicamente los violentos enfrentamientos ocurridos en la Cooperativa Cruz Azul en #Tula, que hasta el momento han dejado un saldo de ocho muertos, 11 heridos y 9 detenidos”, dijo en Twitter.
Por esa razón, aseguró que fuerzas de seguridad resguardaron la zona para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo hiciera los procesamientos correspondientes. También se instruyó a la Secretaría de Gobierno hidalguense para investigar los hechos e impulsar mesas de diálogo entre las partes y así evitar que se repitan este tipo de enfrentamientos.
Los hechos habrían comenzado entre las 4:00 y 4:45 horas de la madrugada del 27 de abril, cuando varios autobuses que pudieron ser procedentes del Estado de México se presentaron en la zona de la planta cementera y posteriormente se reportaron las detonaciones de fuego, así como distintos vehículos incendiados y explosión de bombas molotov.
Condeno enérgicamente los violentos enfrentamientos ocurridos en la Cooperativa Cruz Azul en #Tula, que hasta el momento han dejado un saldo de 8 muertos, 11 heridos y 9 detenidos.
Además, por dichos hechos fue desplegado un operativo de fuerzas armadas y la situación ha sido controlada, sin embargo, según La Jornada, integrantes del grupo “Socios por la Transparencia”, conocidos también como “La disidencia”, llegaron para intentar tomar la planta, que se encontraba resguardada por un grupo de trabajadores contrario denominado como “Grupo de los 20”, señalado de estar relacionado con Grupo de los 20, expresidente de la empresa, y Federico Sarabia, acusados de corrupción y de controlar la planta.
Sin embargo, al no lograr su cometido, “La disidencia” se fue de la zona.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo dio a conocer que tanto las instituciones de seguridad, Protección Civil, como unidades médicas llegaron al lugar para brindar la atención correspondiente y que fue resguardada la zona.
La Cooperativa del Cruz Azul lamentó y condenó los hechos de violencia ocurridos en la planta productora de cemento.
“Los socios de esta Cooperativa y quienes encabezamos de forma legal y legítima los actuales consejos de administración y vigilancia lamentamos profundamente y condenamos enérgicamente los hechos de violencia acaecidos la madrugada de este día en nuestra planta productora de cemento ubicada en el municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo”, mencionó.
Asimismo aclaró que las acciones contra Federico Sarabia y quienes hasta el día de hoy mantienen retenida ilegalmente la planta, se han llevado a cabo bajo la guía legal y privilegiando los canales institucionales con certeza jurídica, pero sobre todo por la integridad física de los ocupantes.
— Cooperativa La Cruz Azul SCL (@CruzAzulSCL) April 27, 2022
En caso contrario, el grupo de disidentes, además de ostentarse como presidentes de los consejos de administración y vigilancia, según el comunicado, “le ha permitido el acceso a grupos de vándalos ajenos a las instalaciones, agrediendo y poniendo en riesgo a la comunidad”.
La Cooperativa puntualizó diciendo que a raíz de todo lo anterior solicitó la intervención de las autoridades competentes para investigar, deslindar responsabilidades y sancionar a quienes resulten responsables de estos sucesos para dar fin a la ilegalidad que persiste en la planta cementera y llevar orden y justicia a las comunidades.
En total ya se suman 59 órdenes de aprehensión por los hechos ocurridos en el enfrentamiento ocurridos en el Estadio Corregidora, en Querétaro y que dejaron 26 lesionados.
Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- El Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que se giraron otras 20 órdenes de aprehensión en contra de los implicados que participaron en la riña en el Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo.
En total ya se suman 59 órdenes de aprehensión por los hechos ocurridos en el enfrentamiento en Querétaro y que dejaron 26 lesionados.
Agregó que de 59 órdenes de aprehensión instrumentadas, ya se cumplimentaron 39 de ellas.
“La Fiscalía fue impecable ante los trabajos que se hicieron, les puedo adelantar que ya tenemos 39 órdenes de aprehensión ejecutadas, ya nos otorgaron otras 20 órdenes de aprehensión más y vamos por ellos”, expresó Kuri a medios.
Aficionados del Querétaro y del Atlas riñen durante un partido de la Liga MX, el sábado 5 de marzo de 2022, en el Estadio Corregidora de Querétaro. Foto: Sergio González, AP.
Kuri compartió que también continúan solicitando información a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro y a la directiva del Club Atlas sobre los 19 aficionados del equipo que son buscados en aquella entidad, donde todavía no hay detenidos.
“Con los del Atlas seguimos pidiendo información, ya mandamos un cartel”, expuso.
El pasado 30 de marzo, un elemento de la Policía Municipal de Querétaro fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de justicia en el ejercicio de funciones por los hechos violentos que se presentaron durante el partido entre los Gallos Blancos y el Atlas.
La Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa, explicó que la pena máxima que se le podría aplicar por el delito de abuso de autoridad es de ocho años de prisión.
Aficionados del Querétaro y del Atlas riñen durante un partido de la Liga Mx, el sábado 5 de marzo de 2022, en el Estadio Corregidora de Querétaro. Foto: Sergio González, AP
Además, Ponce Villa dio a conocer que derivado de la riña existe un total de seis órdenes de aprehensión en contra de funcionarios públicos, de las cuales, ya se han cumplimentado cuatro.
El 27 de marzo, dos policías del municipio de Querétaro, uno del estado, además de un elemento de Protección Civil, fueron detenidos por “omisiones injustificadas” por la batalla multitudinaria entre hinchas de ambos equipos.
La Fiscalía de Querétaro ha informado que ya son 31 los detenidos por la trifulca en La Corregidora, 27 de los cuales fueron presuntos asistentes a las gradas y dos de los cuales fueron liberados por decisión de un Juez que consideró que la dependencia no aportó pruebas suficientes que comprueben que cometieron algún delito.
De los 27 aprehendidos, dos fueron liberados por un Juez que concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron concluyentes, sin embargo, la institución aseguró que en los próximos días habrá más detenidos.
Querétaro (México), 17 mar (EFE).- La Fiscalía de Querétaro informó este jueves la detención de dos más presuntosinvolucrados en los hechos violentos en el partido de Querétaro-Atlas del fútbol mexicano con lo que subieron a 27 los capturados por la batalla multitudinaria en el estadio La Corregidora.
“A estas dos personas se les detuvo por el delito de violencia en espectáculos deportivos y se les presentará ante el Juez de Control para definir su situación jurídica. Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas en la capital del estado”, explicó la autoridad en una nota de prensa.
De los 27 aprehendidos, dos fueron liberados por un Juez que concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron suficientes para probar que estuvieron involucrados en la violencia en el duelo Querétaro contra Atlas, que dejó 26 heridos el pasado 5 de marzo.
Elementos de la PID detuvieron, en los últimos días, a dos personas del sexo masculino que contaban con orden de aprehensión por hechos ocurridos en el partido Gallos vs Atlas. En total, suman 27 mandatos judiciales cumplimentados.
— Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) March 17, 2022
La Fiscalía aseguró que en los próximos días habrá más detenidos ya que continúan las investigaciones para encontrar a los posibles culpables.
Además de las detenciones, la institución registró el pasado viernes las instalaciones de la directiva del Querétaro en busca de información que ayude a esclarecer los hechos del partido que correspondió a la novena jornada del torneo Clausura 2022.
Junto a las instalaciones de los Gallos Blancos de Querétaro, se catearon las de la empresa encargada de la seguridad del partido.
Se realizaron cateos en el estadio, las oficinas de la directiva, así como en la empresa de seguridad de privada contratada para el partido. Imagen ilustrativa. Foto: Enrique Contla, EFE.
Por la batalla multitudinaria en su estadio, el Querétaro recibió castigos por parte de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), entre los que se encuentran un cambio de dueños.
La directiva que encabezó Gabriel Solares fue expulsada por cinco años del balompié local tuvo que regresar la administración del club a su antiguo propietario, Jorgealberto Hank Inzunza, quien tiene como plazo hasta antes del final del año para vender la entidad.
También, a los Gallos se le impuso una multa de uno 75 mil dólares, su barra no podrá animar a su equipo en La Corregidora por tres años y hasta nuevo aviso no podrán entrar porras visitantes a los inmuebles del balompié mexicano.
La FGE detalló que también obtuvo 11 órdenes de aprehensión de un Juez de Control, y que se realizaron 10 cateos, para la intervención de un total de 31 domicilios en los municipios de Corregidora, Pedro Escobedo y en la capital del estado.
Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- Las Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro informó acerca de cinco nuevas detenciones relaciones a los hechos del pasado 5 de marzo, en el partido de futbol entre Querétaro y Atlas, en el estadio Corregidora.
De las cinco detenciones, tres fueron debido al cumplimento de mandato judicial, de las otras dos, una se entregó la tarde del viernes 11 de marzo ante la Policía de Investigación del Delito, mientras que la restante, fue asegurada por posible relación en los hechos. En total, ya hay 22 detenciones, cuya situación jurídica “se resolverá en las próximas horas”, señaló la FGE.
La FGE detalló que también obtuvo 11 órdenes de aprehensión de un Juez de Control, y que se realizaron 10 cateos, para la intervención de un total de 31 domicilios de distintas colonias de seis municipios del estado.
La Fiscalía realizó además 10 cateos. Foto: Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Las revisiones se realizaron en las colonias Cerrito Colorado, Lomas de Casa Blanca, San Pedrito Peñuelas, Reforma Agraria y Linda Vista, Las Palmas de la capital del estado; El Pueblito, Lomas de Balvanera y Los Ángeles del municipio de Corregidora; además de La Venta en Pedro Escobedo.
El pasado jueves 10 de marzo, la FGE detuvo a tres personas presuntamente implicadas en la violencia que se generó entre aficionados.
Sin embargo, la Fiscalía sólo ha informado que seis fueron vinculados a proceso, mientras que otros dos fueron liberados por un Juez porque “no había certeza de que los materiales gráficos presentados como datos de prueba fueran del lugar y la fecha de los hechos”.
La FGE ha intervenido en 31 domicilios en seis municipios de Querétaro. Foto: Fiscalía General del Estado de Querétaro.
“La carpeta iniciada por los hechos ocurridos en el partido Gallos vs Atlas continúa abierta y las investigaciones se mantienen de manera ininterrumpida, por lo que hay posibilidad de identificar a más personas y lograr más detenciones”, prometió la Fiscalía.
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) determinó el martes 8 de marzo, después de una asamblea de dueños que el Querétaro jugará sin aficionados sus partidos como local durante un año y deberá pagar una multa de un millón y medio de pesos, unos 75 mil dólares.
Además, la directiva encabezada por Gabriel Solares fue expulsada cinco años del balompié del país.
La medida se produce una semana después de la muerte del exguerrillero Hugo Torres, uno de los 46 opositores encarcelados por el Gobierno de Daniel Ortega entre mayo y noviembre, y parte de los más de 170 “presos políticos” que guardan prisión desde 2018, de acuerdo con la oposición.
Ciudad de México, 20 de febrero (AP) — Las autoridades judiciales de Nicaragua otorgaron “detención domiciliaria” a tres políticos opositores presos y con problemas de salud, recluidos en la cárcel policial conocida como “El Chipote” desde mediados de 2021, se informó oficialmente en Managua.
En un comunicado emitido la noche del viernes, el Ministerio Público indicó que solicitó a las autoridades judiciales “el cambio de medida cautelar “de prisión preventiva a detención domiciliaria con custodia policial” para el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, el exvicecanciller José Pallais (68) y el exembajador Arturo Cruz Sequeira (68).
La entidad señaló que la decisión se tomó “al tener conocimiento del estado de salud” de los tres detenidos y “por razones humanitarias”, y que la autoridad judicial ya autorizó su traslado.
Aguirre Sacasa, Pallais y Cruz han sido acusados por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, un delito imputado a la mayoría de los opositores sometidos a juicios y condenados desde el pasado 1 de febrero.
La medida se produce una semana después de la muerte del exguerrillero Hugo Torres, uno de los 46 opositores encarcelados por el Gobierno de Daniel Ortega entre mayo y noviembre, y parte de los más de 170 “presos políticos” que guardan prisión desde 2018, de acuerdo con la oposición.
Daniel Ortega junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, en una imagen de marzo de 2019, en Managua. Foto: Alfredo Zuniga, AP.
Arturo Cruz, catedrático y exembajador sandinista en Washington (2007-2009), fue uno de los siete aspirantes a la presidencia que fueron encarcelados en 2021 tras anunciar sus intenciones de participar en los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega se reeligió para un cuarto mandato consecutivo.
El fallecimiento de Hugo Torres, que murió a los 73 años tras permanecer encarcelado durante ocho meses, produjo críticas de gobiernos y organismos internacionales, incluyendo la de 27 países miembros de la OEA, que el viernes demandaron la liberación de todos los opositores presos.
El Grupo de Secuestrados Políticos Unidos (GSPU) reveló esta semana que en las cárceles de Nicaragua “hay más de 100 presas y presos políticos con síntomas de la COVID-19” y “al menos 22 (prisioneros) son personas de la tercera edad”.
Según datos de organizaciones de “presos políticos”, en “El Chipote” también guardan prisión otros adultos mayores, como el exembajador ante la OEA Edgard Parrales (80), el periodista Pedro Joaquín Chamorro (70), los exguerrilleros Víctor Hugo Tinoco (69) y Dora María Téllez (65), el exdiplomático Mauricio Díaz (71) y las opositoras Violeta Granera y Nidia Barbosa, de 68 y 66 años, respectivamente.
Pedro Joaquín Chamorro Barrios, también excongresista, fue detenido la noche del viernes 25 de junio de 2021, acusado de actos contra “la soberanía e independencia”, según las autoridades. Foto: AP.
En el caso Granera, sus familiares han denunciado que tiene problemas cardíacos y que ha perdido mucho peso y varias piezas dentales desde su encarcelamiento el 8 de junio, mientras que Parrales, preso desde el 22 de noviembre, padece enfermedades crónicas y no tiene colon, por lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares al considerar que se encuentra en una situación de “gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable”.
El gobierno de Ortega ha justificado el encarcelamiento de los opositores acusándolos de promover un “fallido golpe de Estado”, en alusión a las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 y que fueron sofocadas con violencia por la policía, con un saldo de 355 muertos, dos mil heridos y más de 100 mil exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al reaccionar a la decisión del gobierno de excarcelar a los tres opositores, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió al gobierno de Nicaragua la liberación de todos los reos de conciencia enfermos o de edad avanzada.
En esta fotografía de archivo del 28 de enero de 2014, el legislador opositor Víctor Hugo Tinoco, del MRS, hace un gesto antes de que la Asamblea Nacional vote para enmendar la constitución de Nicaragua para incluir la eliminación de los límites al mandato presidencial en Managua. Foto: AP.
“Ante el otorgamiento el día de ayer (18 de febrero) de prisión domiciliaria a tres personas procesadas, cabe recordar al Estado que hay varias más, vulnerables por edad y/o enfermedad, que deberían dejar de inmediato las inhumanas condiciones de detención a las que están sometidas”, señaló la OACNUDH en un mensaje de Twitter.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) puso en duda que el cambio de medida cautelar signifique realmente el fin del encierro que los opositores han vivido en prisión, y exigió que se les permita “acceso sin límites a sus familiares”.
“¿Qué significa esto? ¿Será la prolongación de la cárcel a la casa? ¿Seguirá la tortura?”, se preguntó el CENIDH en un tuit. ”¿Les pondrán patrullas en las afueras de las casas y cortarán las vías de comunicación? Eso sería inaceptable, estas personas se encuentran graves de salud y el régimen Ortega Murillo lo sabe”.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
