En 2018, el FBI y la DEA capturaron al presidente y a otros cuatro ejecutivos de la firma Phantom Secure, con sede principal en Canadá y sucursal en Dubai.
Los Ángeles, 29 de junio (La Opinión).- La ciudad de Dubai es conocida por sus espectaculares rascacielos y los lujos que desafían la imaginación, sin embargo, también se está convirtiendo en todo un paraíso para los narcotraficantes.
Y es que, de acuerdo con diversas agencias de seguridad del mundo, ese territorio resulta atractivo como puerta de entrada de la droga para los mercados del norte de África, Medio Oriente, Asia Central y Europa.
Así lo han revelado varios decomisos de cocaína en las rutas que salen de Sudamérica hacia el Mediterráneo, en donde Dubai aparece involucrado.
Como ejemplo, el pasado 5 de mayo fue desmantelada una organización transnacional que exportó a Europa 2.5 toneladas de cocaína desde el puerto colombiano de Buenaventura. La droga estaba escondida en un cargamento de azúcar. En la llamada “Operación Sugar” capturaron a 18 personas: diez franceses, siete colombianos y un francoárabe que dirigía la red desde Dubai.
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Otro caso es el del exdirigente deportivo paraguayo Diego Isaac Benítez, quien fue detenido en Dubai tras ser acusado por el envío de varias toneladas de cocaína a Europa.
María Vélez de Berliner, asesora del Pentágono en Estados Unidos y profesora de George Washington University, declaró en entrevista para el diario El Colombiano, que en Dubai estos grupos tienen conexiones de alto nivel que cobran una tarifa por su protección, el cual ronda el 40 por ciento del precio final total del envío.
“Si el envío es confiscado, el traficante pierde el dinero, pero al protector siempre se le paga pase lo que pase”, señaló María.
El hotel Burj Al Arab, uno de los edificios más representativos de Dubái. Foto: Kamran Jebreili, AP
Asimismo, se descubrió que los narcos de Dubai invierten en empresas de telecomunicaciones y startups de tecnología para encubrir sus coordinaciones a distancia.
En 2018, el FBI y la DEA capturaron al presidente y a otros cuatro ejecutivos de la firma Phantom Secure, con sede principal en Canadá y sucursal en Dubai. Esta compañía ofrecía a sus clientes dispositivos móviles con encriptación de grado militar para chats y datos, cuya información era indetectable y se podía autodestruir a distancia. Según la investigación, los aparatos fueron usados para coordinar el tráfico de miles de toneladas de cocaína.
Omar García Harfuch hizo referencia al Cártel de Sinaloa luego del aseguramiento de 300 kilogramos de cocaína y la detención de seis integrantes de una célula ligada a esa organización en la capital del país.
Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), Omar García Harfuch, reconoció que la capital es un mercado atractivo para los grupos del narcotráfico como el Cártel de Sinaloa, pero aclaró que no busca un control territorial, sino espacios donde tenga la facilidad de almacenar droga y armas como bodegas o casas de seguridad.
“Ellos [el Cártel de Sinaloa] no están buscando un control territorial de la zona, no están establecidos como una estructura delictiva como tal. Ellos lo que buscan son zonas de confort, bodegas, casas donde puedan pasar desapercibidos, ahí nadie, en los cateos que hizo la fiscalía no vendían droga, no se cometía ahí ningún delito aparente, más que el almacenamiento de cantidades fuertes de droga, y de vehículos con compartimientos secretos, como fueron los otros tres aseguramientos”, aseguró en conferencia de prensa.
El funcionario hizo referencia al Cártel de Sinaloa luego del aseguramiento de 300 kilogramos de cocaína y la detención de seis integrantes de una célula ligada a esa organización en la capital del país.
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Agregó que el Cártel de Sinaloa actualmente tiene presencia en las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco y Gustavo A. Madero, de acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía General de Justicia capitalina.
“Para todos los cárteles siempre significa un gran mercado. ¿Por qué? Porque es donde más habitantes hay, es un punto neurálgico del país, así como lo es para los empresarios un punto neurálgico de todo el país, pues también para la delincuencia y no va a haber una ciudad más importante o más atractiva que la Ciudad de México, ya que el mercado pues es el más grande”, dijo.
A pesar de que las autoridades negaron durante años que existieran cárteles en la Ciudad de México, al menos 40 bandas criminales operan actualmente en la capital.
Apenas en febrero pasado García Harfuch mencionó que el Cártel de Sinaloa siempre ha querido expandirse a la capital, ya que, a su consideración siempre ha tenido presencia en la Ciudad de México.
El político de larga carrera consideró que la administración actual del Gobierno federal ha creado una alianza con el narcotráfico, misma que no se podrá heredar al próximo gobernante en 2024.
Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).– El político Porfirio Muñoz Ledo, con larga trayectoria en la vida pública de México y crítico de la administración de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los grupos criminales se han convertido en un aliado del Gobierno federal, durante la Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal).
El exlegislador consideró que desde hace dos o tres años, México dejó la transición democrática y comenzó “una reversión autoritaria” en la cual el narcotráficoes un nuevo actor de los procesos políticos.
DURÍSIMO MENSAJE DE PORFIRIO MUÑOZ LEDO A AMLO‼️
“El Presidente piensa que puede heredar su asociación con los delincuentes, y que eso le otorga mayor poder. Piensa que con el respaldo del narco nada se le puede oponer” pic.twitter.com/MUaJLAfson
“Ha explotado una bomba en el jardín electoral (…) ha aparecido un nuevo actor que no existía en los procesos políticos, que viene a revolucionar lo que entendemos como procesos políticos. Participó durante las últimas décadas en terrorismos, en caídas de gobiernos, en lo que se quiera, hasta en Ucrania está ahora; con Al Qaeda, con Irak, que es la participación del narcotráfico en guerras internas”, explicó Muñoz Ledo.
El también expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro advirtió al Presidente López Obrador “que su contubernio o alianza con el narco no es heredable” a futuras administraciones.
“[López Obrador] piensa que puede heredar al siguiente Gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder. Porque además de tener la autoridad y los recursos del Gobierno federal, éstos se suman a los del narcotráfico y entonces no hay nada que se le pueda oponer”, afirmó.
Muñoz Ledo consideró que la relación entre el narcotráfico y la administración pública federal es un tema de análisis político, así como un tema moral, pues el narco “ya no va a necesitar del Presidente”, y la problemática de grupos criminales exigirá la presencia de nuevos actores sociales.
“Yo pienso que México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social, pacto de poder, le llama mi amigo Alberto Aguilar Iñárritu hace muchos años. Porque de otra manera no veo salida a los problemas”, concluyó.
Elementos de la Policía Municipal de Tijuana y del Ejército mexicano detectaron un narco túnel al interior de un domicilio ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Nueva Tijuana.
Por Elliot Spagat
SAN DIEGO, 17 de mayo (AP).— Las autoridades estadounidenses anunciaron el lunes el hallazgo de un túnel para contrabando en la frontera con México que tiene la longitud de unos seis campos de futbol americano y llega a un almacén en una zona industrial de Estados Unidos.
El pasaje secreto desde Tijuana hasta San Diego contaba con rieles, sistemas de ventilación, electricidad y muros reforzados, señalaron las autoridades. Fue descubierto cerca del cruce fronterizo de Otay Mesa, en una zona en donde se han encontrado otros sofisticados túneles en las últimas dos décadas.
Las autoridades estadounidenses señalaron que se desconoce cuánto tiempo estuvo el túnel en operaciones y qué cantidad de droga se traficó, si es que alguna, sin ser detectada. Los agentes incautaron 799 kilogramos (mil 762 libras) de cocaína, 75 kilogramos (165 libras) de metanfetamina y 1.6 kilogramos (3.5 libras) de heroína a consecuencia de la investigación.
Un agente policial vigila la entrada de un túnel transfronterizo el lunes 16 de mayo de 2022, el cual se extiende desde la ciudad mexicana de Tijuana al área de San Diego. Foto: Elliot Spagat, AP
Seis personas, de entre 31 y 55 años, fueron acusadas de conspirar para distribuir cocaína. Las seis residen en el sur de California.
La construcción del túnel se realizó en uno de los tramos más blindados de la frontera, lo que ilustra las limitaciones del muro fronterizo del expresidente Donald Trump.
Aunque se consideran eficaces contra los pequeños túneles construidos de forma rudimentaria, llamados “agujeros de topo”, los muros no son eficaces contra los pasajes más sofisticados que discurren a mayor profundidad.
El lugar se encuentra en resguardo para que las instancias correspondientes realicen las acciones de investigación pertinentes. Foto: Zeta.
El túnel descubierto el viernes se extendía 532 metros (un tercio de milla) hasta Tijuana. Su diámetro era de 1.2 metros (cuatro pies) y se ubicaba a unos seis pisos de profundidad.
El tipo de drogas incautadas podría indicar un cambio respecto a los cargamentos de varias toneladas de mariguana que se descubrían a menudo antes de que California legalizara su uso con fines recreativos en 2019.
Las drogas duras como la heroína, las metanfetaminas y el fetanilo suelen contrabandearse a través de cruces fronterizos oficiales desde México debido a que su tamaño pequeño y carencia de olor las hacen difíciles de detectar.
El túnel cruzaba hacia los Estados Unidos, y al parecer era utilizado para el contrabando de droga. Foto: Zeta.
Pero los túneles les dan a los traficantes la ventaja de mover cargas de enormes dimensiones a gran velocidad.
Del lado estadounidense, la salida del túnel se encontraba en un almacén no llamativo de nombre “Amistad Park”, en un calle con gran actividad de camiones de carga durante el día, pero tranquila por la noche. El lunes, guardias armados vigilaban un pequeño pozo con una escalera que descendía hacia el túnel.
Luego de vigilar una casa que había sido utilizada recientemente para almacenar drogas, los agentes comenzaron a detener vehículos que habían estado allí o en un depósito cercano a la frontera, hallando cajas llenas de cocaína, según una denuncia penal federal presentada ante la Corte Federal de Distrito de San Diego.
Autoridades localizaron el “narcotúnel” en colonia Nueva Tijuana. Foto: Zeta.
Registraron las propiedades y no encontraron ninguna otra droga en el almacén, pero sí una entrada a un túnel excavado en el suelo de cemento, dijeron fiscales federales.
Las autoridades han encontrado unos 15 túneles sofisticados en la frontera de California con México desde 2006.
La mayoría de los túneles, incluido el que se anunció el lunes, se encuentran en la zona industrial de Otay Mesa, en San Diego, donde el suelo tipo arcilloso facilita la excavación y las bodegas proporcionan cobertura.
El túnel descubierto se extiende por 532 metros, de Tijuana a San Diego. Imagen ilustrativa. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro
Los túneles transfronterizos se remontan a la década de 1990 y se han utilizado principalmente para el contrabando de toneladas de mariguana.
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dijo en 2020 que los túneles suelen encontrarse en California y Arizona, y que están vinculados con el Cártel de Sinaloa.
Las autoridades se negaron a vincular el túnel más reciente con un cártel específico. Declararon victoria a pesar de desconocer cuánto tiempo estuvo en operaciones.
Las autoridades han encontrado unos 15 túneles en la frontera de California desde 2006. Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro
“No hay más luz al final de este narcotúnel”, dijo Randy Grossman, Fiscal federal por el distrito sur de California. “Cerraremos todas las rutas subterráneas de contrabando que encontremos para evitar que las drogas ilegales lleguen a nuestras calles y destruyan a nuestras familias y comunidades”.
Según la ley federal, las autoridades de Estados Unidos deben rellenar de concreto el lado estadounidense de los túneles una vez descubiertos.
La Unidad de Investigaciones Especiales (SIU, por sus iniciales en inglés) en la Policía Federal era el principal canal por el que las autoridades de ambos países intercambiaban información confidencial sobre operaciones de narcotráfico transfronterizo. Y aunque todavía hay una unidad de este tipo que colabora con la Fiscalía General, ésta tiene menor capacidad operativa.
Por Victoria Dittmar
Ciudad de México, 26 de abril (InSightCrime).- El Gobierno mexicano desmanteló una unidad especializada que colaboraba de manera cercana con agentes antidrogas de Estados Unidos, lo que plantea dudas sobre el estado actual de la cooperación bilateral y la confianza entre ambos gobiernos para tratar con información sensible.
El 21 de abril, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que su Gobierno disolvió “hace más de un año” una Unidad de Investigaciones Especiales (SIU, por sus iniciales en inglés) que trabajaba en conjunto con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus iniciales en inglés) para desmantelar redes criminales.
Las declaraciones se dieron unos días después de que la agencia Reuterspublicara un reportaje informando sobre el hecho. Antes de esa fecha, el Ejecutivo mexicano no había hecho pública esta decisión.
Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, durante la presentación del libro “Numeralia del Ejército y Fuerza Aérea mexicana en el Siglo XXI, Otra Visión”, del autor Arturo Ávila Anaya, en 2018. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
Según Reuters, la unidad fue cerrada en abril del año pasado, seis meses después de que las autoridades estadounidenses arrestaran –y posteriormente liberaran– a Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional de México, en un caso que desató una crisis diplomática.
No obstante, según un reportaje de Proceso, lo que resultó en la clausura de la unidad fue la exoneración en Estados Unidos del excomandante de la SIU, Iván Reyes Arzate, quien estuvo al mando de 2008 a 2016. Reyes Arzate se declaró culpable el año pasado de recibir sobornos de miles de dólares y de filtrar información confidencial a una federación criminal conocida como El Seguimiento 39. A cambio de su testimonio, las autoridades estadounidenses redujeron su sentencia a 10 años en prisión.
En el pasado, la DEA describió a las SIU como uno de sus “programas más exitosos” para desmantelar organizaciones internacionales de narcotráfico. Desde 1997, las SIU en México habían colaborado con las autoridades estadounidenses para la captura de notables capos, incluyendo a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El Presidente mexicano justificó el cierre de la unidad bajo el argumento de que había sido infiltrada por el crimen organizado y aseguró que la cooperación bilateral sigue, pero “bajo otros términos”.
Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, fue recapturado el 8 de enero de 2016. Foto: Issac Esquivel, Cuartoscuro
AANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
El cierre de la SIU se dio en un contexto en el que la confianza entre ambos países en materia de seguridad es cada vez más tensa.
El arresto de Cienfuegos a finales de 2020 parece haber sido el detonante de estos roces, ya que resultó de una investigación de la cual el Gobierno mexicano supuestamente no tenía conocimiento. Unos meses después, el Presidente López Obrador exoneró a Cienfuegos y acusó a la DEA de “fabricar” los cargos en contra del exsecretario.
En ese periodo, los legisladores mexicanos también modificaron la Ley de Seguridad Nacional para restringir las operaciones de agentes extranjeros en el país, lo cual afectó, sobre todo, a funcionarios estadounidenses.
Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, durante la presentación del libro “Numeralia del Ejército y Fuerza Aérea mexicana en el Siglo XXI, Otra Visión” del autor Arturo Ávila Anaya, en 2018. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
Días antes de que se aprobara esta reforma, el Fiscal General de Estados Unidos expresó sus preocupaciones al respecto y afirmó que estos cambios dificultarían la cooperación de seguridad y justicia entre ambos países.
Para el exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, la clausura de la SIU es sólo el ejemplo más reciente de este deterioro de confianza entre ambos gobiernos.
Según Vigil, al cerrar este conducto, el intercambio de inteligencia entre ambos gobiernos será más difícil, debido a que habrá menos certeza por parte de las agencias estadounidenses sobre quién recibe la información sensible que comparten.
“Desafortunadamente, el desmantelamiento de la SIU pone a la DEA y a otras agencias del orden en un dilema, porque no podrán pasar información altamente sensible [a las autoridades mexicanas] que [en manos equivocadas] podría poner en peligro investigaciones, operaciones, informantes y agentes”, dijo a InSight Crime en una llamada telefónica.
En este boceto de la corte, el exsecretario de la Defensa de México, General Salvador Cienfuegos Zepeda, aparece en la corte federal el viernes 16 de octubre de 2020 en Los Ángeles. Foto: Bill Robles vía AP
No obstante, las SIU también han sido relacionadas a casos de corrupción y actos violentos en la región. Una investigación de ProPublica encontró que una filtración de la SIU en 2011 desencadenó una masacre en el norte de México en la que murieron unas 60 personas. En Colombia, el excapitán de la policía Juan Pablo Mosquera que dirigía una SIU en la ciudad de Cali, también fue acusado en Estados Unidos de vender evidencia e información a actores criminales.
Maureen Meyer, vicepresidenta para programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), menciona que la corrupción que existía dentro de la SIU ya era uno de los principales retos para este intercambio de información. La falta de vigilancia y responsabilidad de esta unidad también era una preocupación para ambos gobiernos, dados los diferentes episodios violentos que resultaron tras malos usos de la información.
“Se tenía que desarrollar una nueva relación de cooperación en materia de seguridad, que tuviera límites claros con respecto al rol de las agencias estadounidenses en México”, dijo.
Meyer argumenta que, si bien es cierto que la confianza entre ambos gobiernos se ha deteriorado, no se debe subestimar que recientemente se firmó el Entendimiento Bicentenario, un nuevo acuerdo de cooperación bilateral que renueva la alianza con respecto a la lucha contra el crimen organizado transnacional.
“Esto es una señal clara de que ambos gobiernos están comprometidos para seguir cooperando”, dijo.
El estado tiene desde hace un tiempo grandes dificultades para garantizar la permanencia de su cuerpo de policía, ya que, ante el asesinato de varios de sus colegas, y la falta de justicia, los agentes de seguridad temen por sus propias vidas.
Por Vera Sistermans
Ciudad de México, 4 de abril (InSightCrime).- Los policías asesinados en el primer trimestre de 2022 completan 16 en Zacatecas, otra muestra descarnada de la violencia que sacude a este estado del centro de México.
Durante los últimos cuatro días, la policía de todo el estado ha participado en una huelga general, exigiendo que los colegas que han sido despedidos sean reintegrados a sus cargos, reclamando mejores salarios y atención médica, y protestando por las peligrosas condiciones de seguridad.
El 26 de marzo, fue asesinado a tiros un agente de la Policía Metropolitana, en Fresnillo, Zacatecas, mientras conducía un vehículo en su día libre. Civiles armados bloquearon la vía y descargaron más de 20 balas en el auto para luego prenderle fuego.
El 9 de marzo, fue acribillado otro agente a pocos metros de la estación de policía, y varios más fueron asesinados en vehículos públicos o particulares a comienzos de este año.
El estado tiene desde hace un tiempo grandes dificultades para garantizar la permanencia de su cuerpo de policía. Foto: Fernando Carranza, Cuartoscuro.
Según un registro de homicidios de policías que lleva la organización Causa en común, el estado de Zacatecas ostenta el mayor número de homicidios de personal de la fuerza pública en 2022, lo que marca un continuo incremento después de pasar de la decimotercera posición en 2020 a la tercera en 2021.
El estado tiene desde hace un tiempo grandes dificultades para garantizar la permanencia de su cuerpo de policía. María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, señala que según las recomendaciones de la ONU sobre la relación de agentes de policía por número de habitantes, el estado presenta un déficit de más de tres mil agentes de policía. En noviembre de 2021, había nueve municipios sin un solo policía.
Esta crisis de la policía coincide con el auge de la violencia en Zacatecas. Según las cifras divulgadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el incremento de los homicidios en el estado se situó en el 143.7 por ciento entre 2020 y 2021, al pasar de 789 a 1134, lo que llevó a Zacatecas a presentar con las tasas de homicidios más altas en 2021. En respuesta a estos alarmantes números, el gobierno envió tres mil 848 soldados del Ejército y la Guardia Civil en el marco de la Operación Zacatecas II.
ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
Los preocupantes niveles de asesinatos de policías pueden entenderse mejor a la luz de la disputa territorial que azota a Zacatecas y de la incapacidad del estado para proteger sus fuerzas.
Zacatecas es el campo de batalla del Cartel de Sinaloa y el CJNG, además de otros grupos más pequeños con quienes ambos carteles han hecho alianzas. El estado tiene gran importancia para estos carteles por su conveniente ubicación sobre corredores de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y por su proximidad a laboratorios de fentanilo.
En medio del incremento de la violencia a raíz de esta disputa, que se intensificó en 2021, los agentes de policía no han logrado protegerse de manera adecuada. Según las leyes de porte de armas en México, los agentes de policía no tienen permitido llevar consigo armas cuando se encuentran fuera de servicio. Por esta razón, son blancos más fáciles luego de salir de su trabajo. Además, se han hecho muy pocos arrestos en relación con estos homicidios, lo que tiene a los agentes y sus familias temiendo por sus vidas.
Los preocupantes niveles de asesinatos de policías pueden entenderse mejor a la luz de la disputa territorial que azota a Zacatecas y de la incapacidad del estado para proteger sus fuerzas. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
La falta de capturas no es sorpresa, pues la impunidad es un problema extendido en el país, y se ve con mayor claridad en Zacatecas. En 2020, la “cifra negra” (el porcentaje de los delitos que no fueron denunciados o no se investigaron) alcanzó el 93.3 por ciento, y ese número fue de 95 por ciento en Zacatecas, un fenómeno que reduce enormemente los riesgos asociados a la comisión de delitos.
Gustavo Aguilar, presidente municipal de Loreto, uno de los municipios donde no hay un solo agente de policía, explicó que no había policía porque desde la muerte de sus colegas, los agentes de seguridad se habían asustado. El 19 de marzo, los policías salieron a paro, acusando a altos oficiales de abuso de poder y hostigamiento, y exigiendo apoyo financiero para las familias de las víctimas. El mismo día, al menos 20 agentes abandonaron sus cargos porque se sentían amenazados.
Aunque la operación Zacatecas II se inició en noviembre de 2021 y el Gobernador del estado David Monreal asegura que esta operación estaba haciendo avances en la reducción de delitos violentos, la ola de muertes de policías demuestra lo contrario.
En diversas comunidades de los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Tecamachalco, Tochtepec y Huixcolotla, es común que las escuelas de todos los niveles educativos estén infiltradas por el crimen organizado, incluso hasta en las primarias.
Por Bryan Rivera González
Puebla, 14 marzo (Periódico Central).- Los adolescentes de por lo menos cinco municipios del Triángulo Rojo de Puebla cambiaron los cuadernos, los lápices y las mochilas, por armas, dinero o las drogas, se han convertido en el ejército de los grupos de la delincuencia organizada en esta región del estado, pues resulta más económico sostenerlo y son más leales, les han vendido su alma, cuerpo, así como sangre.
La delincuencia organizada en el Triángulo Rojo de Puebla se dedica a reclutar estudiantes de secundaria y preparatoria para que sirvan como halcones y sicarios en su ejército. Los esfuerzos de los padres de familia, así como de los maestros, para evitar esta situación han sido en vano. Ahora viven amenazados y algunos hasta han perdido la vida.
En diversas comunidades de los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Tecamachalco, Tochtepec y Huixcolotla, es común que las escuelas de todos los niveles educativos estén infiltradas por el crimen organizado, incluso hasta en las primarias.
La delincuencia organizada en el Triángulo Rojo de Puebla se dedica a reclutar estudiantes de secundaria y preparatoria para que sirvan como halcones y sicarios en su ejército. Foto: Imagen ilustrativa, Marco Ugarte, AP
Su presencia y el dinero fácil han atraído a los estudiantes al narcomenudeo, además del consumo de sustancias, también son contratados como halcones por bandas como “Los Pérez”, “Los Sánchez” y “Los Camarillo”, quienes además de reclutar menores se disputan las zonas.
Los profesores y padres que intentan oponerse enfrentan un destino trágico, a través de amenazas o mediante ajustes de cuentas, que imponen el silencio en las poblaciones.
Periódico Central publicó que, en enero pasado, un grupo de delincuentes interceptó a una directora de una primaria en Tecamachalco, la levantaron y le robaron su auto Versa. Ella y su acompañante fueron dejados con vida en una carretera y el carro fue hallado en el municipio de Tochtepec.
A raíz de esta situación, Periódico Central se dio a la tarea de documentar la situación de los docentes y padres de familia, y de los niños que son reclutados para el ejército del crimen organizado en la región del Triángulo Rojo. A continuación, presentamos los testimonios que recabamos, pero los nombres de las fuentes fueron cambiados por seguridad.
CON DROGAS Y TRABAJO, SEDUCEN A ALUMNOS PARA ENTRAR AL CRIMEN ORGANIZADO
“Antonio” señaló que el narcomenudeo en el Triángulo Rojo de Puebla es inseparable de las escuelas de nivel medio-superior.
Expuso como ejemplo de la filtración de las bandas delictivas, la situación que se vive en la Telesecundaria María Bustamante, ubicada en la coloniaSan Pablo Actipan; lo mismo que en la primaria Benito Juárez, de la comunidad deSan Nicolás Zoyapetlayoca; así como el bachillerato Los Limones, de San Hipólito, todos pertenecientes al municipio de Tepeaca.
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De igual forma, otras escuelas de Acatzingo, Tecamachalco, Tochtepec y Huixcolotla.
Su acercamiento en estas localidades le permite identificar que miembros de “Los Pérez” y “Los Chávez” —grupos dedicados al narcomenudeo y al robo de autopartes— se acercan a los jóvenes de secundaria e incluso a alumnos de sexo año de primaria, ofreciéndoles sueldos bajos para las actividades que desempeñan, pero muy atractivos para los menores de edad.
En San Hipólito los han enganchado con cocaína, mariguana cristal y piedra. “Antonio” hizo hincapié en que se trata de un gancho, pues la misión es otra: “introducirlos al negocio a través del reclutamiento”.
“Más jalan a los chicos que se dejan llevar ahorita por el recurso económico. Si yo gano algo (los jóvenes), lo primero que se compran es un celular mejor, y pues ya tengo para ir aquí a pachanguear, y los mismos chicos pues también lo comentan”, dijo.
En una región con alto nivel de marginación como el Triángulo Rojo, el narcomenudeo se muestra ante los jóvenes como una alternativa para obtener lo que solo ganarían con años de esfuerzo, conforme a los oficios familiares.
Los profesores y padres que intentan oponerse enfrentan un destino trágico, a través de amenazas o mediante ajustes de cuentas, que imponen el silencio en las poblaciones. Foto: Imagen ilustrativa, Marco Ugarte, AP
Antonio es enfático al señalar que le preocupa la efervescencia de estudiantes ante el dinero. Ellos dicen: “es que yo gano más que mi papá, me dan esto, me dan 300 pesos por estar tres o cuatro horas, o cuatrocientos, quinientos, algunos (jóvenes) dicen que hasta mil pesos les han dado”.
Las consecuencias son visibles en los salones de clase: deserción escolar, desinterés sobre algún crecimiento educativo. Se gradúan menos alumnos de los que ingresan en secundaria y preparatoria. Buena parte de estos niños han sido reclutados al ejército del crimen organizado en el Triángulo Rojo.
ALUMNOS ENTRAN COMO HALCONES
Principalmente, los estudiantes que se integran a las filas de las bandas de “Los Chávez y “Los Pérez” ejercen como halcones de sus comunidades, pero el dinero les nubla la vista porque no dimensionan los peligros que corren.
Antonio recordó el caso de un menor de 13 años, que fue halcón durante tres años, hasta que su juventud acabó en octubre del 2021.
Estas bandas entraron en un conflicto por la disputa de los territorios. Dentro de esa pugna, identificaron al menor como “halcón”.
Por la noche, el alumno de la primaria Benito Juárez de la comunidad San Nicolás Zoyapetlayoca, en Tepeaca, fue sacado de su hogar. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado junto a las vías del tren. Estaba cercenado.
No es la primera degollación que ocurre, es un escenario habitual en el narcomenudeo del Triángulo Rojo de Puebla. A 34.5 kilómetros de Zoyapetlayoca, una cabeza fue arrojada en una carretera de Quecholac, cerca de un campo de futbol rumbo a la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, según consignó el portal Municipios Puebla.
Estas bandas entraron en un conflicto por la disputa de los territorios. Dentro de esa pugna, identificaron al menor como “halcón”. Foto: Imagen ilustrativa, Dassaev Téllez, Cuartoscuro.
EL PELIGRO DE LEVANTAR LA VOZ
Las familias de San Hipólito y Pablo Actipan, en Tepeaca, están hartas de esta situación. No son pocos quienes han intentado poner un freno al narcomenudeo en las escuelas, entre ellos docentes y padres de familia. Sin embargo, cada una de las voces han sido silenciadas, algunas con amenazas y otras con la muerte directa.
En mayo del 2021, una imagen terrible conmocionó a la comunidad de San Hipólito. Un padre de familia fue encontrado con una cartulina y un cuchillo enterrado en el estómago, según relata “Fabián”, otro de los testigos.
Aquel hombre perdió la vida a manos de los grupos de delincuencia locales, cuando solo intentó que las bandas dejaran de comercializar y reclutar a los menores de las escuelas, entre ellos su hijo.
Con sus propias palabras, Fabián externó el mismo pensamiento de la comunidad: no confían en las autoridades porque han sido infiltradas por estos grupos. A algunos policías municipales los han visto bebiendo con integrantes del narcotráfico en el Triángulo Rojo de Puebla.
Hace cuatro años un profesor de Tecamachalco también fue asesinado. Su pecado: hacer una junta con los padres de familia del bachillerato en el que daba clases, para pedirles que cuidaran a sus hijos, que hablaran con ellos y los motivaran a estudiar, pero al día siguiente apareció asesinado.
Eso no es todo, los jóvenes que ya son parte del ejército del crimen organizado en el Triángulo Rojo acuden a sus patrones cuando los profesores los reprueban; de inmediato son amenazados. Además, si los padres de familia intentan castigarlos o sacarlos de las actividades ilícitas, también corren con la misma suerte, para estos menores de edad la única palabra que vale es la de aquellos adultos que les dan dinero.
¿QUIENES SON “LOS PÉREZ” Y “LOS CHÁVEZ”?
De acuerdo con fuentes consultadas por Periódico Central, “Los Pérez” son un grupo delictivos formado por una familia oriunda del pequeño municipio de Tochtepec, con presencia en Tecamachalco, Tepeaca, entre otros, dedicada al robo de autos, autopartes y narcomenudeo.
En cambio, “Los Chávez” provienen de la colonia La Purísima de Tecamachalco. Esta banda liderada mayoritariamente por jóvenes se dedicaba al robo de hidrócarburos, migrando de actividad cuando este delito comenzó a perseguirse con mayor ahínco en Puebla, a partir del 2018.
No son pocos quienes han intentado poner un freno al narcomenudeo en las escuelas, entre ellos docentes y padres de familia. Foto: Imagen ilustrativa, Cuartoscuro/Archivo
Ahora, se dedican al robo de autopartes y al narcomenudeo, como “Los Pérez”, con quienes rivalizan en el Triángulo Rojo.
Otros implicados en agresiones a maestros por narcomenudeo es la banda de “Los Camarillo”, quienes intimidan a docentes en Yehualtepec, Acatzingo y Quecholac.
En 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un diagnóstico de los niños reclutados en ejército del crimen organizado, en este, Puebla destacó cómo el quinto estado a nivel nacional con más niños dedicados a la venta del huachicol.
Los agentes que se suman a Jalisco provienen de unidades de Infantería, Guardia Nacional, Paracaidistas y Fuerzas Especiales.
Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que se sumarán 500 elementos al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para llevar a cabo diversas operaciones para reforzar la seguridad pública.
Elementos de la Comandancia de la 15/a. Zona Militar, bajo la estrategia denominada “Fuerza de Tarea Conjunta México”, mediante la cual llevarán a cabo diversas operaciones en coadyuvancia a las autoridades locales.
“La Fuerza de Tarea Conjunta México tiene las características de gran movilidad y potencia, pero sobre todo la capacidad de ser desplegada de manera rápida a una o varias partes del territorio nacional por tierra o aire”, detalló la Sedena.
Los agentes que se suman a Jalisco provienen de unidades de Infantería, Guardia Nacional, Paracaidistas y Fuerzas Especiales.
Elementos de la Comandancia de la 15/a. Zona Militar, bajo la estrategia denominada “Fuerza de Tarea Conjunta México”, mediante la cual llevarán a cabo diversas operaciones en coadyuvancia a las autoridades locales. Foto: Sedena vía Cuartoscuro
La Sedena expuso que la misión principal de esta estrategia “es el fortalecimiento del Estado de Derecho y el desarrollo de las actividades cotidianas de la sociedad, actuando en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos”.
Durante esta semana, se registraron acciones de la delincuencia organizada como en Teocaltiche, donde desde una avioneta se repartieron “narcovolantes” con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), y alertaban de una limpia contra el Cártel de Sinaloa.
Además, en Encarnación de Díaz se han registrado varios enfrentamientos armados, incluso teniendo como blanco al Ejército, al igual que en Tamazula y La Manzanilla de la Paz, donde sujetos armados quemaron vehículos y arremetieron contra paramédicos y policías que auxiliaban en un choque carretero; los elementos policiales murieron baleados.
En Betulia, municipio de Lagos de Moreno, elementos del Ejército Mexicano se enfrentaron con civiles armados; un militar resultó herido y se detuvo a un sujeto de origen colombiano y a otro mexicano. Se les aseguró equipo táctico.
CIUDADES VIOLENTAS EN MÉXICO
Tijuana y Ensenada están en el cuarto y séptimo lugar entre el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de acuerdo con información del año 2021 del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), haciendo un balance internacional por cada 100 mil habitantes.
En 2021, las ocho ciudades más violentas del mundo, fueron todas ellas mexicanas: Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan. México es el país con el mayor número de ciudades violentas: 18 de 50.
Durante esta semana, se registraron acciones de la delincuencia organizada como en Teocaltiche, donde desde una avioneta se repartieron “narcovolantes” con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), y alertaban de una limpia contra el Cártel de Sinaloa. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro
“Tijuana, Baja California, ocupó el primer lugar en alguno de nuestros rankings y ahora está pasando en el lugar cuarto con la tasa de 100.92 por cada 100 mil habitantes, es un ligero avance. Se requiere un mejor avance, en Tijuana específicamente para que los delitos se estén castigando. Nos pasó con Ciudad Juárez, por tres años estuvo en el primero lugar por 2010 y sí bajó, pero es un trabajo de varios años hasta que se trabajó y salió, pero basta con que se confíen las autoridades y salen”, explicó José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano por la Seguridad y la Justicia.
Comparativamente, Tijuana tiene mayor población y cantidad de homicidios que los primeros lugares, pero evaluando por cada cien mil habitantes es como ocupa el cuarto lugar en ciudades más peligrosas. Tijuana cuenta con 2 mil 124 homicidios en 2021 con una población de dos millones 058 mil 246 personas con una tasa de 103.19. Ensenada reportó 343 homicidios en 2021 con una población de 445 mil 720 personas y una tasa de 76.95.
México ya lleva tres años como epicentro mundial de la violencia homicida urbana. Para el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, es el resultado de la política de “abrazos, no balazos”, practicada por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, “política que consiste en dejar a los grupos criminales en casi absoluta libertad de asesinar, desaparecer personas, extorsionar y robar”, explicó el presidente Ortega.
La denuncia recibida en la Mesa de Seguridad de Baja California Sur, negada hasta el cansancio por el Gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, pone de manifiesto el control de la pesca en Puerto San Carlos, comunidad pesquera de Comondú.
Tijuana, 14 de febrero (Zeta).- Hasta hace unas semanas, el control que el narcotráfico tenía en la pesca era un secreto a voces, apenas conocido entre pescadores y los habitantes de Comondú, pero para el Gobierno de Baja California Sur, esto no era un tema a discutir, mucho menos a investigar.
Sin embargo, el panorama cambió con la denuncia que hizo el Obispo Miguel Ángel Alba Díaz el 23 de enero:
“Hoy las bandas ya no pretenden eso (control de droga), pretenden el control absoluto de nuestras comunidades, les quitan a nuestros pescadores el fruto de su pesca y les dan a cambio migajas de dinero”.
La denuncia recibida en la Mesa de Seguridad de Baja California Sur, negada hasta el cansancio por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, pone de manifiesto el control de la pesca en Puerto San Carlos, comunidad pesquera de Comondú.
La delincuencia organizada encabezada por Juan Antonio alias “El Güero Boco”, cobra piso y extorsiona a pescadores de Puerto San Carlos en BCS. Autoridad estatal desestima las denuncias. Foto: Especial vía Zeta.
Según informes extraoficiales, miembros de la delincuencia organizada vinculados a “El Tiburón” mantienen secuestrado a Puerto San Carlos y a la comunidad privada de la pesca, aunado a la compra de insumos y el cobro de piso y extorsión.
Elementos de Seguridad Pública filtraron la estructura criminal que opera el guaterismo en la comunidad, encabezada por Juan Antonio alias “El Güero Boco” vinculado directamente a “El Tiburón”. Le apoyan Leonardo Rafael, Benito López Duarte “El Beni”, Jesús Alberto Sepúlveda Naranjo “El Cepillo”; además de “El Catarino” -jefe de plaza en San Carlos- y su pistolero, de apodo “El Pelón”.
A pescadores y sus familias, les piden porcentajes de venta o les compran el marisco a precios por debajo del mercado, especies como almeja generosa, camarón abulón, langosta y pepino de mar.
“Mi esposo prefirió salir del mercado, ni camarón que hay están dejando sacar, a uno de sus primos lo levantaron, no quería pagar piso y lo tablearon, apenas el fin de semana desapareció y lo encontraron todo golpeado. También hace meses encontraron a un guatero (pescador ilegal) muerto, dicen que se estaba metiendo al mar sin avisar a la maña”, explicó a ZETA un familiar de pescadores.
En las mesas de reunión interinstitucional ya revisan la intervención del narco en la pesca en Comondú. Foto: Especial vía Zeta.
Desde 2020, los habitantes de San Carlos han denunciado a través de sus familiares el abuso al que están siendo sometidos. Durante la pandemia, la célula criminal en la comunidad se apropió de la “venta de cerveza, cigarros, horarios, y todo insumo, eran los únicos que tenían permitido vender”, comunicaron al Obispo.
Incluso a la entrada de la Alcaldesa Iliana Talamantes, los servidores públicos que llegaron con ella al Ayuntamiento de Comondú estaban enterados de que la venta de alcohol estaba restringida por miembros de la delincuencia organizada hasta Ciudad Constitución.
“Tenemos miedo, más aún que se enteren que enviamos este mensaje, confiamos que las autoridades van a actuar, necesitamos que esto escale a nivel nacional, ya que las autoridades de Baja California Sur están con ese grupo armado, saben quiénes son y hasta negocian los mariscos a grandes empresas, están protegidos por el gobierno”, expresó el denunciante, mientras el mandatario Víctor Castro niega que exista tal denuncia por extorsión y cobro de piso a pescadores:
“No tenemos ningún caso de extorsión denunciado respecto a lo que mencionas (pesca), sí hay comentarios, por supuesto, pero nosotros el comentario no lo desdeñamos, no lo dejamos; aunque sea una alta personalidad de la Iglesia, como un humilde pescador, que nos dice ‘aquí está pasando esto en San Carlos’, no podemos ser omisos ante comentarios de diversos sectores”.
Unidades de la Mesa de Seguridad acuden constantemente a recorridos a San carlos, aún así no evitan que el narco cobre piso y extorsione a pescadores. Foto: Especial vía Zeta.
En el Ayuntamiento de Comondú, a nivel local, la Mesa de Seguridad trae el tema en el radar desde diciembre de 2021, tratándolo con seriedad, pues afirman, es una denuncia muy sentida que está afectando a la pesca y podría traer consecuencias en la exportación de abulón, langosta y almeja generosa.
“Lo estamos tratando de manera interinstitucional, en diciembre tuvimos una mesa con Sedena, Marina, Capitanía de Puerto, gente de Sepada, Conapesca, Fonmar, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, para hacer acciones coordinadas en materia de pesca, sobre todo en cuanto a cuestiones de extorsión, robo a los pescadores y el guaterismo, que es la pesca furtiva”, reconoció Humberto Arce Cordero, secretario general de Gobierno de Comondú.
ASÍ OPERA EL COBRO DE PISO
Frente a las diversas autoridades que conforman la Mesa de Seguridad Estatal, y justo después que el Gobernador negara la denuncia que evidencia la presencia del crimen organizado en el cobro de piso, extorsión y control de la pesca, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México revelaron roces con guateros en las aguas de Puerto San Carlos, inclusive hubo disparos.
“Ha habido dos altercados, el primero fue cuando nos turnamos para acudir a las embarcaciones que andan haciendo sus trabajos (ilegales), y hace unos días tuvimos el segundo, donde hicieron disparos y chocaron la lancha de pescadores (…) Hace unos días detuvimos a cinco elementos en otra embarcación que andaban también en guaterismo, se detuvo a la embarcación y a las personas, y se pusieron a disposición de las autoridades correspondientes”, refirió un Teniente de la Marina.
En el combate contra la pesca ilegal, Martín Inzunza Tamayo, director del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar) ordenó un operativo contra guateros de Puerto San Carlos, logrando la detención de una embarcación el 23 de enero y de por lo menos cinco pescadores.
Según habitantes de la comunidad, los pescadores están limitados en la pesca, más si su sentido es la comercialización; para contar con producto suficiente deben comprarlo a través de los grupos que lo controlan, “para poder sacar ya sea camarón, callo de hacha y todo lo comercial, sí tienes que comprar el producto a la maña, si no, no la armas, tienen todo acaparado, a pesar de que tengas el contacto de a quién le vas a vender fuera del Estado, no estamos libres para vender”, indicó uno de los afectados.
Con elementos de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) presentes, los trabajadores del mar dan cuenta que están siendo cercados desde el primer momento que salen al mar, cuando regresan, ya los esperan para levantar bitácora de la cantidad de producto extraído.
“Prácticamente desde que sales al mar ya saben que vas por el producto, y siempre tienen a un chavalón que te está checando, casi, casi te lo pesan y así ya saben cuánto hay que pagar”, comentó el denunciante.
El Gobierno del Estado ha sido informado desde el primer momento, por ello se solicitó la intervención de la Marina a través de Fonmar, saben que hay delincuencia organizada incrustada en las operaciones. Incluso en días pasados, el propio secretario general de Gobierno, Homero Davis Castro, confirmó a medios locales el cobro de piso, y argumentó, “nos ocupa” combatirlo; en cambio, los pescadores deben respetar la veda impuesta por el narco si quieren trabajar.
“Te vigilan, en el caso del camarón, qué talla sacas y todo anotan, por ejemplo, la almeja generosa antes la pagaban en 350 pesos viva, como la manejamos; hoy la pagan a 200, es lo más que están pagando ya facturado”, concluye la denuncia.
En el combate contra la pesca ilegal, Martín Inzunza Tamayo, director del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar) ordenó un operativo contra guateros de Puerto San Carlos, logrando la detención de una embarcación el 23 de enero y de por lo menos cinco pescadores. Foto: Peter Hammarstedt/Sea Shepherd, AP
LA DENUNCIA DEL OBISPO
La denuncia del Obispo Miguel Ángel tuvo fuerte resonancia a nivel nacional e internacional, gobiernos con negociaciones en tratados de libre comercio ya se encuentran preocupados, el propio Víctor Castro Cosío confirmó que las embajadas de Estados Unidos y China visitarán pronto a la Media Península.
Al tiempo que presumió la visita a Los Cabos del Gobernador de California, Gavin Newsom, externó que es de conocimiento del tema de seguridad y pronto se reunirá con emisarios de esos países.
“La violencia que experimentamos en nuestra tierra, el crimen organizado, visitó las comunidades en los cinco municipios, crecen la extorsión, el cobro de piso, las amenazas. Antes las bandas criminales querían tener el monopolio de la venta de la droga en un determinado territorio, hoy las bandas ya no pretenden eso, pretenden el control absoluto de nuestras comunidades, les quitan a nuestros pescadores el fruto de su pesca y les dan a cambio migajas de dinero”, demandó el Obispo.
“Los secretos a voces” -como le llama el gobierno de Baja California Sur-, poco a poco cobran relevancia, los mismos pescadores hicieron llegar su sentir a ZETA y confirman los dichos del Obispo de la Diócesis de La Paz.
“Prohíben la venta de cerveza, de cigarros, alcohol, de sexo, porque ellos tienen el monopolio, imponen el orden a base de tablazos, a base de castigos sin juicios, nada más porque ellos quieren y así lo decidieron, la violencia en todo su esplendor”, acusó Alba Díaz.
Desde luego que no cayó de buena manera al mandatario estatal, que el máximo representante de la Iglesia en BCS demandara justicia por los pescadores de San Carlos.
A pesar que el religioso externó su preocupación en medio de una mesa oficiada el domingo 23 de enero, Castro Cosío le exigió que si comparte el sentir de los pescadores, lo haga por la vía jurídica, “y si él tiene denuncias, y si otro religioso tiene denuncias, que las haga por la vía jurídica, a eso lo invito”, reiteró.
Por su parte, el procurador general de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, confirmó que no hay una denuncia que especifique que hay cobro de piso y extorsión a pescadores en lo particular, “debemos ceñir a lo que está resultando por todos los ciudadanos, cabe resaltar que todas se están atendiendo, y aquí en ese sentido, por ello se han formado grupos de investigación especializada y estarán recibiendo cualquier denuncia”.
Molesto, el Gobernador solicitó al Obispo que diga dónde y cómo están operando los miembros del crimen organizado, y si hay alguien más que tenga información, la haga llegar a Palacio de Gobierno.
Y es que, según Castro Cosío, no cuentan con datos de lo que están pasando los pobladores de Puerto San Carlos.
“A representantes de todos los cultos que tienen interés de aportar, les hago la invitación, que no nos manden a decir en las misas, les invito de una vez. Están abiertas las puertas del gobierno para que vayan y lleven documentos públicos. Que digan de una vez, dónde y cómo, ahí está la procuraduría con puertas abiertas”, expuso Víctor Castro.
Incluso, advirtió que de continuar recibiendo mensajes “desde las misas”, tendrá que entrar a una situación incómoda, dando a entender que habrá conflictos.
Cerró el tema diciendo que “de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”, y respecto a si el Obispo tiene debe ir a declarar, “puede hacerlo y están las puertas abiertas del gobierno, ya no mande más mensajes de esos, nos vamos a ver precisados en entrar en una situación incómoda para la sociedad, no la propicie, señor Obispo. Lo aprecio mucho, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ya estuvo bien, le mando este mensaje”.
COMONDÚ YA TOMA CARTAS EN EL ASUNTO
Mientras la administración estatal niega los problemas que atraviesan los pobladores de Puerto San Carlos, en el Ayuntamiento de Comondú se trabaja para atender el problema.
Aunque el Secretario General del Gobierno de Comondú, Humberto Arce Cordero, se sale de la competencia municipal, confió que sí están solicitando el apoyo a las instituciones encargadas, todo sea por regresar la tranquilidad a los habitantes.
“Estamos por llevar a cabo una nueva Mesa de Seguridad, pero como retrocedimos en el Semáforo Sanitario a nivel Naranja, están prohibidas las reuniones públicas o privadas y no se ha concretado, pero sí estamos tratando de esa manera, para que no sea sólo el Municipio el que se involucre, sino que sean todas las instituciones, ya sean problemas que se generen en el mar, zona federal y temas de seguridad nacional. Debe entrar el Ejército, la Marina y las instituciones federales y estatales en conjunto con nosotros”, manifestó.
Por Ley están impedidos, pero hacen acto de presencia para disuadir la comisión de los delitos y los ciudadanos sientan que no están solos.
Mientras la administración estatal niega los problemas que atraviesan los pobladores de Puerto San Carlos, en el Ayuntamiento de Comondú se trabaja para atender el problema. Foto: Joshua Goodman, AP
“La Policía Municipal no puede patrullar el mar ni hacer detenciones en Zona Federal Marítimo Terrestre, ahí tienen que ser otras instituciones, por eso lo trabajamos de manera coordinada”, explicó el secretario general de Gobierno, dejando claro que harán lo posible por atender las demandas.
El compromiso que tienen es con los ciudadanos y no con grupos de intereses, por ello continuarán con las Mesas de Seguridad interinstitucional para encontrar una salida en la que los ciudadanos ganen.
Reconocieron que a la llegada al gobierno municipal se enteraron del grave problema y desde entonces no han soltado el tema, y pese a que el Estado dijo desconocerlo, a nivel local ya solicitaron la intervención de la Federación.
“La ventaja de la presidente (Iliana Talamantes) es que llega libre al poder, no atada a grupos políticos ni empresariales y económicos, con el único compromiso de gobernar para los comundeños, no para grupos de interés o grupos políticos o económicos, únicamente para buscar el bienestar y el bien común”, concluyó Humberto Arce.
El narcotraficante acusó que el Juez federal no atendió sus alegatos en el sentido de que presenta discapacidad auditiva, visual y motora, lo que amerita el cambio de lugar de internamiento a su domicilio.
Sinaloa, 31 de diciembre (Río Doce).- José Elías Pacheco Martínez, titular del Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, negó el amparo para que Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el “Jefe de Jefes”, pudiera acceder al beneficio de prisión domiciliaria.
El 22 de noviembre, el capo sinaloense interpuso un juicio de amparo para lograr un confinamiento domiciliario, pero fue desechado por el juez, por la poca claridad en sus argumentos, según lo informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En su recurso judicial Félix Gallardo acusó de haber sido víctima de discriminación, al no haber sido valorado su estado físico, por su condición de salud y su avanzada edad, con lo que se violó una serie de derechos humanos.
Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara en los 80, y sentenciado por el asesinato de Enrique Camarena. Está preso desde 1989. Foto: Cuartoscuro.
Ante ello, el Juez federal señaló al “Jefe de jefes” modificar los motivos de amparo y autoridades contra las que promueve el recurso, y le dio cinco días hábiles como plazo, mismo que venció el día 22 de diciembre.
En el séptimo día hábil Félix Gallardo presentó sus argumentos, sin embargo ya era fuera de tiempo, donde detalló en una lista las autoridades a las que señala como responsables, sin especificar de manera clara, precisa y puntual qué acto es el que reclama de cada una de ellas.
El principal argumento en su solicitud es que su “grave” estado de salud y su avanzada edad se traducen en una desventaja para cumplir con el tiempo que le resta en prisión.
El narcotraficante acusó que el Juez federal no atendió sus alegatos en el sentido de que presenta discapacidad auditiva, visual y motora, lo que amerita el cambio de lugar de internamiento a su domicilio.
Hasta el momento se han interpuesto tres juicios sin efecto para que el detenido pueda purgar su condena de 37 años en un domicilio de la colonia Paseos del Sol en Zapopan, Jalisco.
Los homicidios dolosos registrados en Michoacán al cierre del año 2020 son al menos 198 por ciento superiores al número de asesinatos (661) registrados en el año 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa puso en marcha el Operativo Conjunto Michoacán para “liberar a esa entidad de los poderes fácticos” y con la cual, dio a inicio a su llamada “Guerra contra el Narco”.
Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Michoacán se ha vuelto el botín de guerra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que busca hacerse del control de esa entidad en donde hace exactamente 15 años Felipe Calderón dio inicio al “Operativo Conjunto Michoacán”, estrategia con la cual hizo una declaratoria de Guerra al crimen organizado y que se replicó a lo largo del país al igual que lo hicieron los enfrentamientos, la violencia y la inseguridad.
En ese entonces, el Presidente Calderón sumó al Ejército a las labores de Seguridad Pública para reducir la presencia del crimen en la zona. De esta manera se desplegaron inicialmente cerca de cuatro mil 260 elementos castrenses, 46 aeronaves y 246 vehículos intervinieron la entidad. Pero además de apoyarse en la milicia empleó a la Policía Federal —que en ese entonces apenas nacía—, frente a la cual colocó a Genaro García Luna, un hombre de todas sus confianzas que actualmente se encuentra preso por presuntos vínculos con los cárteles de la droga, aquellas agrupaciones a las que debía combatir.
Hoy a la vuelta de tres lustros, la violencia no sólo no se redujo en Michoacán, sino que se extendió por todo el territorio. Esta entidad no solo germinó la estrategia calderonista a la cual se le ha adjudicado la crisis de homicidios dolosos, desapariciones, masacres y violaciones de derechos humanos, sino que también vio nacer a uno de los cárteles más poderosos y bélicos de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación, al tiempo que se desvanecieron otros como Los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana. También ha sido el origen de al menos seis cárteles y hasta 100 células criminales, de acuerdo con especialistas.
El periodista y especialista en temas del crimen organizado, Ricardo Ravelo, recordó en entrevista con SinEmbargo que la guerra de Calderón ha sido evaluada como una guerra fallida porque ningún cártel fue desarticulado durante su mandato.
“Yo creo que estamos ante un escenario de mayor nivel de violencia, de mayor crimen y mayor impunidad […] Desde entonces a la fecha la situación ha empeorado porque hoy la estructura de Gobierno, a nivel estado, está totalmente desdibujada, sin capacidad de reacción, sin capacidad de poner a salvo a la población michoacana, que es la más impactada por la violencia”, comentó.
Felipe Calderón ese 11 de diciembre de 2006 al dar inicio a su guerra contra el narcotráfico. Foto: Cuartoscuro
EL MAPA EN MICHOACÁN
El surgimiento de al menos seis cárteles —tras la caída de los Los Caballeros Templarios— ha acentuado la violencia en Michoacán a lo largo de los últimos años. El vacío de poder propiciado por el debilitamiento de las que antes eran las agrupaciones criminales dominantes provocó el nacimientos de nuevas organizaciones criminales y con ello el repunte de la inseguridad. A ello se le suma que las policías municipales quedaron rebasadas.
“Desde que se desmembró o mejor dicho desde que perdieron fuerza los Caballeros Templarios, en Michoacán se creó una especie de vacío de poder, que ha sido intentado llenar por muchas organizaciones pequeñas, pero también por una muy grande que en este caso es CJNG, y lo que estamos viendo es este proceso de lucha para llenar ese vacío que quedó ante el debilitamiento de Caballeros Templarios”, indicó Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador y especialista en seguridad pública.
En 2006, había al menos tres cárteles: Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y Los Valencia; además una célula llamada “La Empresa” que era una incisión de Los Zetas. En ese entonces el cártel de Los Valencia, asociado con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se enfrentaba al del Golfo y a una organización delincuencial apenas naciente: La Familia Michoacana.
“Ya desde entonces Michoacán era un estado de excepción y desde entonces a la fecha, la situación ha empeorado gravemente”, indicó Ricardo Ravelo.
En ese entonces el panorama en las cifras de delitos de homicidio doloso en Michoacán, ascendía a un total de 527 asesinatos —reportados en 2006—, de los cuales, 239 se cometieron con arma de fuego, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ante el avance del crimen organizado, en el año 2013, se crearon los llamados grupos de autodefensa, los cuales impusieron su ley y frente a lo cual el Gobierno de Enrique Peña Nieto decidió nombrar a Alfredo Castillo como Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, en un intento por llevar la paz a la entidad, pero que resultó otro fracaso
A la fecha, existen en varias localidades nuevos grupos de autodefensa que han buscado frenar el avance del Cártel de Jalisco, como ocurre en Aguililla; no obstante, también los grupos de autodefensa, de acuerdo con pobladores y algunos especialistas, se han relacionado o aliado con integrantes del crimen organizado.
“Las autodefensas son híbridas, no todas, pero son un híbrido entre grupos que buscan defender del crimen y grupos que están a favor del crimen, es decir, hoy ya no se sabe bien a bien qué autodefensas son realmente legitimas y cuales están al servicio del crimen organizado”, expresó Ravelo.
Hombres armados que dicen pertenecer a un grupo de “autodefensas” fotografiados en Taixtán, Michoacán, el 28 de octubre del 2021. Foto: Eduardo Verdugo, AP.
Hoy en día, al menos nueve cárteles de la droga operan en las diversas regiones de Michoacán: el CJNG, La Nueva Familia Michoacana, La (antigua) Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Los Reyes, Cártel de Los Correa, Cártel de Zicuirán y Cártel de El Camaleón.
La Nueva Familia Michoacana —integrada en su mayoría por exautodefensas y extemplarios, según ha reportado la agencia EFE con informes de Gobierno—, cuenta con el apoyo de dos brazos armados autodenominados como Los Viagras y Blancos de Troya.
Además de los cárteles se han generado diversas células criminales que se dedican también a extorsiones, secuestros y diversos crímenes. Ricardo Ravelo estima que en esa entidad federativa nacieron al menos unas cien células delictivas.
“En Michoacán hablamos de cuatro o cinco organizaciones, pero todas las ramificaciones tienen copado todo el territorio; estamos hablando de por lo menos otras cien células y ni se diga las autodefensas”.
El estado es deseado por los grupos criminales debido a su ubicación geográfica clave al ser la puerta de entrada a la ruta del Pacífico que la coloca como un punto estratégico de abastecimiento de droga. Además se le suman las arterias que conectan a Michoacán —que colinda con Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero— con el norte del país.
La pugna por ese estado la protagonizan el CJNG, de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, contra La Nueva Familia Michoacana.
No obstante, la principal amenaza la representa el Cártel de Jalisco, que en 2019 expandió sus tentáculos a todas las regiones de Michoacán, estado que quiere recuperar “El Mencho”, oriundo de esta tierra, quien se ha vuelto el narcotraficante más buscado por Estados Unidos y México, tras la caída de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
México es uno de los países con mayor número de delitos vinculados al narcotráfico. Foto: Archivo, Cuartoscuro.
La crisis de violencia y las condiciones en esta entidad han empeorado porque la estructura de Gobierno a nivel estado, explicó el periodista Ricardo Ravelo, está totalmente desdibujada, sin capacidad de reacción ante el crimen que los ha rebasado y que ha impedido que pongan a salvo a la población.
“Desde Calderón a la fecha, en realidad todas las estrategias que se han implementado en Michoacán lamentablemente han fallado, incluida la actual”, dijo Ravelo.
Un ejemplo de ello son los mil 974 homicidios dolosos reportados al cierre del 2020 en Michoacán que son al menos 198 por ciento superiores a los registrados en 2006 (661); en tanto que los secuestros al cierre del año anterior son un 200 por ciento superiores a los 16 que se perpetraron en 2006.
Pero no sólo la violencia en esa entidad se ha recrudecido en términos numéricos, sino que ahora los crímenes son cada vez más sanguinarios.
Víctor Manuel Sánchez y Amalia Pulido Gómez, investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicaron que la inseguridad que vive actualmente Michoacán es multifactorial, pero una de las principales razones a las que se adjudica, es que el CJNG está apretando la lucha con organizaciones pequeñas por el control territorial.
Genaro García Luna, hoy detenido en Estados Unidos por los cargos de “conspiración del narcotráfico y declaraciones falsas”, fue el encargado de diseñar y conducir la guerra contra el narco. Foto: Cuartoscuro.
LA GUERRA DE CALDERÓN
Felipe Calderón Hinojosa, originario de Michoacán, eligió su tierra natal para iniciar lo que él llamó la lucha frontal contra el crimen organizado, un megaoperativo en el que los militares tomaron las calles y las carreteras de la entidad.
En ese entonces, el panorama en las cifras de homicidio doloso a nivel nacional —los que recibió Calderón el país— eran de al menos 11 mil 806 carpetas de investigación por asesinatos, de los cuales, 3 mil 610 eran cometidos con arma de fuego.
De hecho, en 2006, la tasa nacional de homicidios había bajado a ocho por cada 100 mil habitantes, de 19 homicidios en esa misma proporción en 1992.
Genaro García Luna, hoy detenido en Estados Unidos por los cargos de “conspiración del narcotráfico y declaraciones falsas”, fue el encargado de diseñar y conducir la estrategia de Calderón Hinojosa supuestamente “contra los cárteles mexicanos”.
El expresidente panista lo designó en 2006 como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que controlaba la fuerza de la hoy extinta Policial Federal.
No obstante, de acuerdo a la información dada a conocer por la Fiscalía estadounidense tras el proceso en contra del llamado “super policía de Calderón”, García Luna en realidad lo que hizo fue favorecer al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más sanguinarias.
Se le acusa de cuidar los intereses de “El Chapo” Guzmán, de Ismael “El Mayo” Zambada y de Héctor Beltrán Leyva.
Ricardo Ravelo destacó que con ello queda en evidencia que la supuesta guerra contra el crimen organizado, en realidad fue una simulación de la administración del panista.
La línea de ataque del Cártel Jalisco en Michoacán. Foto: Cuartoscuro
En la actualidad, la cifra de asesinatos en México —registrados tan sólo de enero a octubre de este año— es de al menos 23 mil 845 homicidios dolosos, de los cuales, 16 mil 310 se perpetraron con algún tipo de arma de fuego.
A nivel nacional, si se hace una comparación anual de las cifras violentas del 2006 con las del 2020 —28 mil 824 homicidios dolosos, 833 secuestros y 7 mil 960—, los asesinatos en el país crecieron al menos un 144.23 por ciento; los plagios están por encima en un 13.64 por ciento y las extorsiones en 152.13 por ciento.
El mapa criminal, apuntó el entrevistado, creció como consecuencia de la guerra contra el narco y a la fecha existen al menos 14 organizaciones en todo el territorio nacional, de las cuales, tres son las más importantes: Cártel de Sinaloa, CJNG y el Cártel del Noroeste.
“Hay un crimen diseminado por todo el territorio, eso una de las causas de la violencia que no para”, dijo Ravelo.
No obstante, para el especialista, la fragmentación de las estructuras y su diseminación no es el único factor por el que la violencia persiste en el país; la corrupción política y policiaca que no han sido combatidas a profundidad son otra de sus causas.
Los grupos criminales hoy en día tienen control político de varios los municipios y de las policías:
“Hoy estamos peor que hace 15 años, porque el 85 por ciento del territorio mexicano está tomado por el crimen; porque el 85 por ciento de los municipios del país están gobernados por alcaldes financiados por el crimen organizado, porque el problema de la narcopolítica no se combate y el Presidente López Obrador no quiere observar ese flagelo, no se quiere meter con los grupos de poder. No quiere generar una crisis metiéndose con grupos empresariales y políticos involucrados con el crimen, de tal manera que, ante esta situación de omisión, creo que lo que va ganando y lo que ha ido ganando a lo largo de 15 años ha sido la impunidad”, destacó el especialista.
LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
La ofensiva de Calderón también ha sido identificada como una estrategia de “militarización” que duró toda su gestión y se extendió hasta el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, dándole tal poder a las fuerzas castrenses y que, a la fecha, la inercia sigue causando muertes y sangre en el país.
“Como consecuencia de la inercia de estas estrategias, México ha acumulado cifras alarmantes de personas muertas, torturadas, desaparecidas y desplazadas, y como resultado de la violencia generalizada se ha desencadenado corrupción y la impunidad”, destacó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos Humanos (CMDPDH) en su informe “Violaciones graves a derechos humanos en la guerra contra las drogas en México
Para organizaciones de la sociedad civil, las violaciones a los derechos humanos se dispararon con el incremento de militares en labores de seguridad cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó la llamada guerra contra el narcotráfico.
La estrategia de Calderón le abrió la puerta a la militarización en México, ha acordado especialistas. Foto: Cuartoscuro.
El estudio Violaciones de Derechos Humanos en la Guerra contra el narcotráfico destaca que la magnitud de la intervención del Ejército en operaciones que corresponden a la policía fue tal que del 2006 al 2012 se registraron 50 mil 915 civiles detenidos por militares; además de 6 mil 254 personas detenidas por la Secretaría de Marina (Semar) del 2006 al 2014.
En el informe “Sombra sobre el Sexto Examen de México ante el Comité de Derechos Humanos”, también de la CMDPDH, resaltó que la milicia es la autoridad más señalada de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió del 2006 al 2014, al menos 56 recomendaciones en relación con la privación del derecho a la vida, que involucraron a 187 víctimas; 31 estaban dirigidas a la Secretaría de Defensa Nacional y seis a la Secretaría de Marina. Así pues, tres de cada cuatro recomendaciones del organismo relativas al derecho a la vida, en ese periodo, fueron dirigidas a las fuerzas armadas.
En lo que va del año Panamá ha confiscado 119 toneladas de droga, la mayor cantidad de estupefacientes incautados en la historia en el país y que supera las 95 toneladas decomisadas en 2019.
PANAMÁ, 7 de diciembre (AP) — El Clan del Golfo fue responsable del trasiego de toda la droga que transitó por el Caribe panameño, donde ocurrieron el 40 por ciento de los decomisos del país en lo que va del año, informaron las autoridades de seguridad el lunes.
Días después de una operación en la que se incautaron más de diez millones de dólares en efectivo, decenas de autos e inmuebles provenientes de actividades ligadas a esta organización dedicada al narcotráfico, los estamentos de Seguridad informaron también que el cártel colombiano busca infiltrarse en sectores de servicios de Panamá.
El Ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, dijo que no descarta nuevas detenciones como parte de esa acción, que desarticuló una de las células del Clan del Golfo en este país. Al menos 57 personas, incluidos varios funcionarios y miembros de los estamentos de seguridad, fueron detenidos por acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas y lavado de dinero.
Fotografía cedida por la Presidencia Colombia que muestra al mandatario de Colombia, Iván Duque, junto a miembros de su gabinete tras la captura del líder de la banda criminal del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”. Foto: Presidencia Colombia, EFE.
“De repente salen más personas que están en esta parte administrativa de las cuentas bancarias, los nombres de las compañías… los testaferros porque también ellos se dedican a lavar mucho dinero”, señaló Pino en una reunión con varios medios extranjeros y en la que estuvieron presentes algunos directores de los estamentos de seguridad. “Es lo impactante, le dimos al control logístico y al financiero”, añadió el ministro.
Es el decomiso más grande de dinero en efectivo ligado a presuntas actividades del narcotráfico de que se tenga registro en Panamá, mientras que los decomisos de drogas han aumentado como nunca antes en el 2021, y muchos de esos cargamentos proceden del Clan del Golfo, según las autoridades.
Fotografía cedida por la Presidencia Colombia que muestra al número uno de la banda criminal del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, posterior el pasado 23 de octubre, en Carepa. Foto: Presidencia Colombia vía EFE.
Esa organización “tenía un control absoluto de todas las actividades del narcotráfico y rutas hacia Centroamérica, donde han consolidado importantes alianzas con células del crimen en Panamá, Costa Rica y Honduras”, apuntó Pino. Informó que en lo que va del año Panamá ha confiscado 119 toneladas de droga, la mayor cantidad de estupefacientes incautados en la historia en el país y que supera las 95 toneladas decomisadas en 2019. Poco menos de la mitad de la droga se capturó en el Caribe panameño, donde el Clan del Golfo controla las rutas de trasiego, mencionó el director del Servicio Nacional Aeronaval Jeremías Urieta.
John Dornheim, director de la Policía Nacional, advirtió que el narcotráfico busca infiltrarse en actividades importantes de la economía, como el sector portuario, en cuyas terminales las autoridades han confiscado 40 toneladas de cocaína este año. “El sector servicio es el principal rubro en Panamá: dos puertos en el Pacífico y tres en el Caribe, donde se mueven siete millones de contenedores por año que generan economía lícita al país, [pero] las organizaciones usan ese servicio que presta el país para desarrollar sus actividades ilícitas”. Aseguró, por otro lado, que más del 70 por ciento de homicidios que se registran en Panamá están ligados al tráfico de drogas.
El Clan del Golfo opera en una zona del Caribe próxima a la frontera colombo-panameña. Previamente, las autoridades de Panamá capturaron a algunos de los líderes de esa organización que luego extraditó a Estados Unidos.
Narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación provocaron balaceras y se enfrentaron con soldados mexicanos en zona donde mantienen disputa con Cártel de Sinaloa.
Los Ángeles, 6 de diciembre (La Opinión).- Presuntos narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocaron balaceras y se enfrentaron con soldados mexicanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Teocaltiche, el estado de Jalisco.
Habitantes de la comunidad Huejotitlán, municipio de Teocaltiche, reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego a primeras horas de este domingo.
Incluso en un video difundido por el sitio web Dominio Público, muestra el momento en que hombres armados circulan a bordo de dos camionetas.
Hasta el momento se desconoce si ha habido víctimas por los enfrentamientos, ni las autoridades han confirmado ni desmentido dicha información, pero se prevé que en las próximas horas den una versión oficial de los hechos.
El municipio de Teocaltiche es una zona de Jalisco que colinda con Zacatecas, cuyo control se disputan el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa y en el que a pesar del refuerzo de autoridades, siguen realizando todo tipo de actividades ilícitas.
Los recientes hechos de violencia en Guaymas perpetrados por un grupo criminal abren la discusión sobre cuáles son los cárteles de la droga que se disputan el control en esta plaza privilegiada por su cercanía con EU.
Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- En la época en los que los grandes cárteles del narco no se habían fragmentado, la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva, en un tiempo aliados, y además parientes de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se había adueñado de la plaza de Sonora, ahora, son al menos 10 los grupos del narco que se disputan la entidad.
Sonora es una plaza codiciada por los cárteles criminales gracias a su privilegiada geografía que los conecta con Arizona y Nuevo México en Estados Unidos; Sinaloa y Baja California, en México, al mismo tiempo que tiene distintas salidas marítimas hacia el Golfo de California.
Después de años de relativa calma, la violencia entre cárteles llevó a que hasta septiembre de este 2021 la violencia llegará a niveles por encima de los registrados en cualquier otro año.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citados por el diario local El Imparcial, señalan que los homicidios dolosos, feminicidios, narcomenudeo, secuestro, secuestro, violación y violencia familiar, mostraron un aumento en el periodo de enero a septiembre del 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020.
De acuerdo a las cifras, las carpetas de investigación, el homicidio doloso aumentaron 26.28 por ciento de enero a septiembre del 2021 con mil 235 casos, en el mismo periodo del 2020 se registraron 978. El secuestro registró un incremento de 66.7 por ciento.
Un ataque perpetrado el Guaymas el 25 de noviembre en el que perdieron la vida tres personas puso en alerta a las autoridades estatales, recién estrenadas en septiembre.
El objetivo del atentado era el secretario de Seguridad Pública del municipio Andrés Humberto Cano, sin embargo, el ataque se perpetró en medio de una “toma simbólica” del edificio del Gobierno local por parte de colectivos feministas que conmemoraban el Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
El grupo Feministas del Mar convocó a una toma simbólica del palacio municipal que inició a las 17:00 horas y una hora más tarde hombres armados con rifles de asalto y granadas comenzaron el ataque contra el recinto público.
Mujer sosteniendo ficha de búsqueda de familiar durante manifestación en Guaymas, Sonora. Foto: Twitter @Femdelmar
“Reprobamos categóricamente los hechos violentos en Guaymas. Nuestras condolencias a las y los familiares de las personas fallecidas. Autoridades de los tres órdenes de gobierno se encuentran en el lugar, apoyando investigaciones para llevar ante la justicia a los responsables”, publicó en su cuenta de Twitter el Gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Las tres víctimas mortales han sido identificadas como dos guardias de seguridad de la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova, mientras que la mujer era la activista Marisol Cuadras, de 17 años.
CARO QUINTERO Y OTROS NARCOS
Hasta ahora, las autoridades han atribuido el atentado a grupos de la delincuencia organizada, aunque no se ha especificado cuál o cuáles son los que estarían involucrados.
Hace unos meses, el repunte de la violencia en Sonora se atribuyó al sinaloense Rafael Caro Quintero, prófugo de la justicia desde 2013 y fundador en la década de los ochenta del extinto Cártel de Guadalajara. Desde la clandestinidad, el que una vez fuera llamado “El Príncipe del Narco”, habría fundado el llamado Cártel de Caborca para disputar el dominio de la plaza a organizaciones criminales más poderosas.
Rafael Caro Quintero ha sido señalado frecuentemente como uno de los involucrados en el repunte de la violencia en Sonora. Foto: FBI vía AP, Archivo
Citando a integrantes del Gabinete de Seguridad, este domingo el diario La Jornada publica que son 10 las organizaciones que se disputan el negocio de la droga en la entidad. Las más grandes, los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) que han llevado su guerra criminal a todos los rincones del país.
El CDS se habría asentado en la parte norte de la entidad con los grupos de Los Salazar y Gente Nueva, que defienden los intereses de la fracción de “Los Chapitos”, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
En el centro y la serranía de la entidad se habría asentado el CJNG; mientras que el sur estaría dominado por remanentes de Los Beltrán Leyva.
Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el “Chapo Isidro”, es un operador de los Beltrán Leyva tendría bajo sus control un grupo llamado Los Meza Flores; el reporte de La Jornada menciona que otros grupos que pelean la plaza con La Línea (brazo armado del Cártel de Juárez), Los Jaguares, Los Mazatlecos (otro grupo ejecutor de los Beltrán Leyva también bajo el mando del Chapo Isidro) y la Poderosa Nueva Línea.
Tan sólo tres de los 21 automóviles decomisados durante operativos en tres casas de Zapopan el lunes tienen precios en millones de pesos, de algunos, son contadas las unidades que circulan en el país.
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- De los 21 autos que decomisó el lunes la Fiscalía General de la República (FGR) en tres narco mansiones de Zapopan, al menos fue posible identificar ls marcas de cinco de los que aparecen en las fotografías.
El más emblemático es un Lamborghini amarillo, marca de la cuál sólo existen 350 unidades en el país de acuerdo con datos de 2020. En el caso del de color canario, tiene un precio estimado de 380 mil euros, más de 8 millones de pesos mexicanos.
“Palpita y ruge con furor, mientras que el solo del tubo de escape superdeportivo silencia cualquier otra cosa. Las líneas aerodinámicas, perfectas y estilizadas, surcan el aire”, señala la página corporativa de la empresa.
La Lamborghini Urus es una SUV deportiva y de lujo y tiene un precios superior a los 5 millones de pesos. Foto: Lamborghini
Una de las camionetas decomisadas, de color gris, es una Lamborghini SUV Urus de lujo. Su precio de partida equivalente es de 5 millones 857 mil 290 pesos, aunque con el equipamiento extra esto aumenta el valor.
Otro de los autos decomisados fue un Corvette blanco que en el mercado tiene un precio de entre 1.9 y 2.8 millones de pesos. Entre las características de este auto está que puede acelerar de 0 a 96 km/h en 2.9 segundos.
Otras de las marcas de autos los decomisados facilitadas por la FGR son Audi y Lincoln.
En una de las tres narco casas fue decomisado un Lincoln. Foto: Instagram, Lincoln
EL OPERATIVO
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), realizó tres cateos en casas ubicadas en el municipio de Zapopan, en Jalisco, luego de recibir denuncias anónimas.
El aseguramiento se dio una semana después de la detención de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la misma ciudad, y también luego de la desaparición de dos elementos de la Marina, también en Zapopan, acción que presuntamente involucra a la hija menor de la pareja, Laisha Michelle Oseguera González.
El Lamborghini es un auto emblemático de este decomisohttps://www.sinembargo.mx/16-11-2021/4062789. Foto: FGR
Los marinos aparecieron con vida el fin de semana en un poblado cercano a Puerto Vallarta, también en Jalisco.
En un comunicado, la FGR informó que en las dos casas, ubicadas en la lujosa Colonia Universidad fueron aseguradas metanfetamina, armas de fuego largas, cargadores, cartuchos, 21 vehículos de lujo, una motocicleta, teléfonos celulares y documentos, entre otros objetos.
Cifras en millones de pesos. Fuente: elaboración propia con datos de las empresas.
“Resultado del seguimiento de una denuncia anónima, el Ministerio Público Federal (MPF) de la FEMDO recabó datos de prueba que permitieron identificar diversos inmuebles como posibles puntos generadores de violencia, por lo que elementos de la Guardia Nacional (GN), en compañía de peritos oficiales, ejecutaron diligencias de cateo, las cuales fueron previamente autorizadas”, señala el comunicado distribuido el lunes por la Fiscalía.
El decomiso se realizó en tres casas ubicadas en la lujosa colonia Universidad, a una semana de la detención de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), realizó tres cateos en casas ubicadas en el municipio de Zapopan, en Jalisco, luego de recibir denuncias anónimas.
El aseguramiento se dio una semana después de la detención de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes“El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la misma ciudad, y también luego de la desaparición de dos elementos de la Marina, también en Zapopan, acción que presuntamente involucra a la hija menor de la pareja, Laisha Michelle Oseguera González.
Los marinos aparecieron con vida el fin de semana en un poblado cercano a Puerto Vallarta, también en Jalisco, pero desde la detención de González Valencia, no han cesado los operativos en Zapopan por parte de fuerzas federales.
Los cateos de realizaron luego de recibirse denuncias anónimas. Foto: Cortesía FGR
En un comunicado, la FGR informó que en las dos casas, ubicadas en la lujosa Colonia Universidad fueron aseguradas metanfetamina, armas de fuego largas, cargadores, cartuchos, 21 vehículos de lujo, una motocicleta, teléfonos celulares y documentos, entre otros objetos.
“Resultado del seguimiento de una denuncia anónima, el Ministerio Público Federal (MPF) de la FEMDO recabó datos de prueba que permitieron identificar diversos inmuebles como posibles puntos generadores de violencia, por lo que elementos de la Guardia Nacional (GN), en compañía de peritos oficiales, ejecutaron diligencias de cateo, las cuales fueron previamente autorizadas”, señala el comunicado de la Fiscalía.
En uno de los domicilios se aseguraron mil dosis de sustancia sólida y cristalina al parecer metanfetamina, un arma de fuego larga, tres cargadores, tres cartuchos, 14 vehículos de lujo, una motocicleta, tres teléfonos celulares y diversa documentación.
Foto: Cortesía FGR
Foto: Cortesía FGR
Foto: Cortesía FGR
En uno de los domicilios se localizaron 14 vehículos de lujo. Foto: Cortesía FGR
También, 500 envoltorios azules con sustancia sólida y cristalina al parecer metanfetamina, un arma de fuego larga, tres cargadores, 27 cartuchos, siete vehículos y equipos electrónicos, en el segundo domicilio ubicado en un fraccionamiento del mismo municipio.
En otro inmueble en la citada colonia Universidad, de la misma ciudad, se aseguraron mil 500 envoltorios con sustancia sólida y cristalina al parecer metanfetamina, cuatro vehículos y equipos electrónicos.
Además de autos, las autoridades también decomisaron droga, una motocicleta, droga y documentos. Foto: Cortesía FGR
“Una vez concluida las diligencias, los predios quedaron sellados para continuar con las investigaciones que deriven del caso; en tanto que lo asegurado quedó a disposición del MPF, quien solicitará los dictámenes periciales correspondientes”, explicó la Fiscalía.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
