La Fiscalía del estado informó que se ha abierto una carpeta de investigación tras reportarse lo ocurrido; “Don Cheque” era padre de Alexander Mora Venancio, uno de los jóvenes que desapareció durante la noche del 26 de septiembre de 2014 junto con otros estudiantes.
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Ezequiel Mora Chona, padre del estudiante normalista de Ayotzinapa desaparecido Alexander Mora Venancio, murió a causa de un infarto durante la madrugada de este lunes.
Autoridades reportaron que “Don Cheque” murió al interior de una habitación en el hotel Vida en el Lago, ubicado en el municipio de Tepecoacuilco, Guerrero, después de haber participado junto con otros padres de los normalistas en una marcha convocada por familiares y amigos del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.
La Fiscalía General del estado (FGE) de Guerrero informó que la dependencia ha iniciado una carpeta de investigación tras el conocimiento de los hechos.
“Personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los Servicios Periciales se trasladaron al lugar para realizar los actos de investigación correspondientes. Es preciso señalar que esta Fiscalía General atendió de manera directa a los familiares de la víctima”, añadió la FGE.
Por su parte, la cuenta de Facebook de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, plantel donde estudiaban los 43 jóvenes que fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, confirmó el deceso y lamentó la noticia.
“Hasta siempre tío Cheque, gracias por enseñarnos a luchar y a no rendirse”.
El 24 de agosto del año psado, Saúl Bruno, padre del normalista Saúl Bruno García, falleció, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Por medio de Twitter, el Centro Prodh expresó su solidaridad con los familiares del difunto, quien era padre de uno de los 43 normalistas que desaparecieron de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de don Saúl Bruno, padre del normalista Saúl Bruno García. Nuestro abrazo a doña Nico y a toda su familia”, indicó.
Lamento profundamente el fallecimiento de Don Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, normalista de Ayotzinapa desaparecido en septiembre de 2014.
Es el segundo padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fallece en menos de dos semanas. El pasado 24 de agosto, Centro Prodh reportó la muerte de Saúl Bruno, padre del normalista Saúl Bruno García.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de don Bernardo Campos, el entrañable “Tío Venado”, padre de José Ángel, estudiante desaparecido de Ayotzinapa. Nuestra solidaridad para todos sus seres queridos y para todas las familias de los 43. Descanse en paz”, expresó la organización.
El Presidente pidió paciencia ante cuestionamientos sobre la investigación del expresidente Enrique Peña Nieto y el extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos; “no se puede cerrar el caso”, declaró.
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que no habrá impunidad en relación a la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que todas las personas que resulten implicadas serán juzgadas.
“No va a haber impunidad. Todos los que participaron van a ser juzgados. Faltan esas órdenes de aprehensión, hay algunos que ya están detenidos. No son 80, son menos. Eso corresponde a la Fiscalía. Sí, pero no son 80”, dijo el Presidente durante la conferencia matutina.
Ante cuestionamientos sobre la inclusión del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, el mandatario mexicano pidió paciencia a que las personas detenidas y que cuentan órdenes de aprehensión declaren.
“Al momento que se detiene a participantes, van a declarar, se van a defender, van a aportar más información, de ahí que no se puede cerrar el caso, lo que nos interesa mucho, mucho, desde luego a los padres, es saber dónde están los muchachos, sus restos, qué pasó con ellos”.
Además, reiteró la continuidad en la investigación y el compromiso con los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tras lamentar lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, lo que calificó como un ejemplo “de abuso de autoridad, de mal Gobierno, de asociación delictuosa y desde luego de injusticias”.
Recientemente, el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las órdenes de aprehensión involucran a 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Todos ellos estarían vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores. Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
El pasado 19 de agosto, la FGR también detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México hace ocho años.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas Rodríguez, quien además presentó el más reciente informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa. Foto: Gobierno de México
Murillo Karam estuvo a cargo de investigar uno de los crímenes que más ha conmocionado dentro y fuera de México. Fue quien calificó como “verdad histórica” una versión de los hechos que decía que los 43 jóvenes fueron quemados en una gran hoguera encendida en un basurero, una explicación que después un grupo de expertos internacionales y la actual fiscalía mexicana echaron por tierra.
Asimismo, el Canciller Marcelo Ebrard declaró el pasado 23 de agosto que el proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio —exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y señalado como presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa— va “por buen camino”.
“Ya está integrado todo el expediente, ya la mayor parte de información que solicitó el Gobierno de Israel, según nos ha informado la Fiscalía General de la República, ya se entregó”, dijo al ser cuestionado al respecto.
El extitular de la AIC ha sido acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa y rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de cooperar en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, informó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el pasado 18 de agosto.
La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa (CoVAJ) destacó en su informe que es necesario continuar con la búsqueda de los normalistas en la ribera del Río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en la brecha Lobos y en el paraje Suriano, en Iguala; así como en las inmediaciones de Tepehuaje.
Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Al menos 12 regiones son las principales zonas de interés y en donde se ha concentrado parte de la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia para el Caso Ayotzinapa (CoVAJ).
El anexo 8 del documento muestra un apartado titulado “¿Dónde están?”, el cual da a conocer estos sitios, identificados a partir de los testimonios de los sicarios de Guerreros Unidos y personas involucradas en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Aunque el análisis de la Comisión no precisa un dato contundente con respecto al paradero de los estudiantes, da cuenta de los principales puntos de interés para la búsqueda de los estudiantes.
Estos son: los pozos y parcelas al norte de Iguala; el basurero de Tepecoacuilco, Las Viñatas; las minas cercanas al CBTIS en Huitzuco; fosas clandestinas en Pueblo Viejo; el poblado Mezcala, en el municipio de Eduardo Neri, algunos puntos al sur de Carrizalillo; y diversos puntos en el ejido Cocula, principalmente la Barranca de la Carnicería.
El anexo del informe también presenta al menos 20 coordenadas en donde están distribuidas fosas clandestinas en Guerrero, en las que hay probabilidad de hallazgos de cuerpos, aunque no especifica que ahí puedan encontrarse los estudiantes.
En la ubicación de Tepochica, en Guerrero, la Comisión detalló al menos tres puntos de interés: una cancha de usos múltiples; una escuela de primaria, secundaria y bachillerato; y la funeraria Ángeles.
Para la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa es “necesario continuar con la búsqueda en la ribera del Río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en la brecha Lobos y en el paraje Suriano en Iguala, así como en las inmediaciones de Tepehuaje”.
Hasta el momento, detalla el documento, “no existe evidencia técnica basada en la información disponible que respalde la hipótesis de que, durante los días 26 y 27 de septiembre, los estudiantes fueron trasladados fuera del municipio de Iguala, y que se considera que es probable que fuesen retenidos en diversas casas de seguridad en ese municipio”.
No obstante, afirma que, considerando los últimos hallazgos por parte de la FGR respecto al caso, no se descarta el empleo de distintos métodos de traslado hacia otras poblaciones, pero que estos probablemente fueron en fechas posteriores al 27 de septiembre.
¿QUÉ PASÓ CON ELLOS?
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario, todos los testimonios, evidencias, acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguezm en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el pasado 18 de agosto.
Este viernes 26 de agosto, el Subsecretario Encinas reiteró que, contrario a lo que dice la “verdad histórica” —que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula y esparcidos sus restos en el río San Juan—, la CoVAJ estableció que en muchos de los casos, debido a la magnitud de la movilización de sicarios y el número de muchachos que pretendían desaparecer, fueron reubicados en distintos puntos, entre ellos de acuerdo con los testimonios, en el Río Balsas; en el pozo de Pueblo Viejo; y la mina hacia Taxco.
Además, el funcionario señaló que al menos 10 de los estudiantes habrían sido enviados “a cocinar e incluso hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados al Coronel” José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
El Subsecretario también aclaró que la orden de desaparecer a los estudiantes no fue de “El Gil” –como se sostuvo en la “verdad histórica”– sino del exalcalde de Iguala, hoy detenido, José Luis Abarca, identificado en el informe como “A1”.
“A1” o Abarca, es quien ordenó en un inicio “darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque […] no quería disturbios, además de recuperar el material (el cual aparentemente venía en uno de los autobuses)”, según se desprende de este documento.
El informe también consigna que Abarca o “A1”, como se identifica en el documento, ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque pensaban que entre ellos había integrantes del grupo antagónico. Además, el documento también destaca que las instrucciones originales eran de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron “repartírselos”.
Sitios de interés para la búsqueda de los estudiantes. Foto: Informe CoVAJ
Además, confirma la versión de que los alumnos que fueron detenidos por la Policía de Iguala y llevados a la Comandancia es falsa. La información que detalla la Comisión es que los normalistas asegurados por la Policía Municipal de Iguala en Juan N. Álvarez fueron los que iban a bordo del autobús número 1568 y trasladados a su comandancia.
En tanto que los estudiantes que iban en el autobús 1531 fueron asegurados por parte de las policías municipales de Huitzuco e Iguala frente al Palacio de Justicia y que, inicialmente la detención era “solamente para darles una chinga a los estudiantes porque el ‘AI’ no quería disturbios, además de recuperar el material [droga] que supuestamente venía en uno de los autobuses”.
El informe, además, muestra un análisis de las comunicaciones que sostuvieron integrantes del grupo delictivo, Guerreros Unidos, de los halcones, sicarios, así como también de comunicaciones entre integrantes de la policía y delincuentes.
“Otro elemento que deja claro el estrecho vínculo y relación entre los policías de la región y Guerreros Unidos es el registro total de comunicaciones ocurrido el 26 y 27 de septiembre en tres policías de Iguala, Cocula y el grupo delictivo”, destaca el informe.
…PERO, ¿Y DÓNDE ESTÁN?
El informe de la CoVAJ presentado el jueves 18 de agosto ha sido criticado por no responder concretamente varias interrogantes que han rondado en el aire desde la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, principalmente, la pregunta: “¿Dónde están?”.
Al respecto, este viernes 26 de agosto, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reprochó durante la conferencia matutina las voces que han señalado que el informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa no tenga elementos nuevos y sea lo mismo que dice la “verdad histórica”.
El funcionario indicó que el documento hace una reconstrucción, minuto a minuto, de los estudiantes y que se ha podido determinar la forma en que se articuló el grupo de Guerreros Unidos con autoridades de Gobierno y cómo en todo momento las autoridades dieron seguimiento a los estudiantes.
Polígonos de búsqueda. Foto: Captura del Informe CoVAJ
No obstante, Encinas Rodríguez fue nuevamente cuestionado en cuanto a las observaciones de que el informe no daba claridad sobre quién dio la orden y aún queda pendiente saber dónde están los estudiantes.
“Lo acabo de decir, estamos diciendo quiénes dieron la orden. Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación”, respondió el funcionario.
Y agregó: “¿Dónde están? Pues por supuesto fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se están tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunas de las personas involucradas de que incluso fueron removidos los restos a otro lugar después de la noche de la desaparición, son los temas que estamos nosotros analizando”.
El informe de la CoVAJ destaca que “la investigación y la búsqueda de los estudiantes continúa” y que hasta el momento se han realizado al menos 101 acciones de búsqueda en siete municipios de Guerrero que han representado 675 jornadas de trabajo.
“De los tres años y medio que llevamos de Gobierno, en el 50 por ciento de esos días ha habido búsquedas de campo en la Sierra de Guerrero, en algunos lugares de distintas entidades, donde en estas acciones hemos tenido 17 hallazgos, 27 cuerpos recuperados, 32 indicios balísticos y prendas de vestir y números restos óseos”, dijo Encinas el 18 de agosto, durante la presentación del informe.
La “reconstrucción de los hechos” del informe de la CoVAJ establece que los estudiantes en ningún momento estuvieron juntos durante su desaparición y que la orden de desaparecerlos se dio “al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y persecución”.
Además, destaca que el grupo delictivo Guerrero Unidos actuó con “un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y con el apoyo de policías municipales y agentes del Estado”.
Omar García Harfuch no huyó por caso Ayotzinapa, ni López Obrador eliminó algún tratado con EU. Tampoco los chinos se unieron al ejército de Rusia; los estadounidenses no atacaron buques rusos en Crimea, ni Bukele buscaba darle una lección a Biden.
Por Abril Mulato y Marcos Martínez Chacón
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:
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FUNCIONARIO MEXICANO NO HUYÓ TRAS SER SEÑALADO POR FISCALÍA EN CASO AYOTZINAPA
LA AFIRMACIÓN: Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, huyó del país luego de que fue señalado por la Fiscalía General por sus posibles nexos con el caso de la desaparición de 43 estudiantes originarios de Ayotzinapa, Guerrero, al sur del país.
LOS HECHOS: El equipo del funcionario mexicano dijo a The Associated Press que la información es falsa y que el Secretario Harfuch se encuentra trabajando normalmente.
El 19 de agosto la Fiscalía General (FGR) de México detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 normalistas hace ocho años.
Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales y que éstos los mataron, los quemaron a todos en un basurero y arrojaron los restos a un río.
En enero de 2015, Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, presentó la “verdad histórica”. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro
El arresto del exprocurador se realizó un día después de que el caso fuera calificado como “crimen de Estado” en un informe realizado por la Comisión de la Verdad, creada por la actual administración liderada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver el caso.
Dicha Comisión dictaminó que tanto el crimen como la ocultación de la verdad sobre lo ocurrido fueron hechos organizados “desde el más alto nivel del Gobierno”, donde se alteraron escenas del delito y se ocultaron no solamente los vínculos de las autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
El 20 de agosto, la FGR señaló durante la audiencia inicial de Murillo Karam que, tras la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, celebró “cónclaves” con altos mandos de la Secretaría de Marina y la Policía Federal, entre ellos García Harfuch, quien en ese entonces se desempeñaba como comisionado de la corporación policial en el estado de Guerrero.
Al darse a conocer dicho señalamiento, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones que sugerían que Harfuch había huido del país. Sin embargo, esa afirmación es incorrecta, pues el Secretario de Seguridad Pública de la capital del país continúa trabajando normalmente en su oficina según lo dicho por el asistente del funcionario a AP el 23 de agosto.
García Harfuch es titular de la SSC-CdMx desde octubre del 2019. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
También, el 22 de agosto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la labor de Harfuch en la Secretaría y aseguró que seguirá al frente de la policía de la capital mexicana.
El mismo día Harfuch negó los señalamientos hechos por la Fiscalía a través de Twitter: “Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica’; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días”.
López Obrador se ha mostrado dispuesto a investigar a todos los involucrados en el caso Ayotzinapa, incluso si eran miembros del Ejército o la Marina, y ha indicado que dar a conocer la verdad y castigar a los culpables “fortalece a las instituciones”.
A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce dónde se encontraría la mayor parte de sus restos.
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LÓPEZ OBRADOR NO ANULÓ TRATADOS CON EU RECIENTEMENTE
LA AFIRMACIÓN: El Presidente de México le enseñó al mandatario estadounidense quién manda y anuló el tratado de Bucareli, un documento firmado en 1923 en el que se estableció que México garantizaba los derechos de propiedad sin límite a particulares extranjeros y a todas las compañías petroleras estadounidenses.
LOS HECHOS: López Obrador no ha anulado ningún tipo de tratado de derechos de propiedad a extranjeros recientemente. El video en el que se afirma esto en realidad menciona hechos que ocurrieron en octubre de 2018, cuando el Presidente de Estados Unidos era Donald Trump.
Una publicación compartida en Facebook asegura incorrectamente: “AMLO anula tratados de Bucareli y muestra a Biden quién manda realmente”.
El video relacionado habla del entonces Presidente de EU, Donald Trump. Foto: John Raoux, AP
El texto acompaña una grabación en la que se escucha una voz en off. “AMLO logra doblegar a Trump y consigue un triunfo aplastante para México, no cede soberanía ni petróleo”, se escucha en la grabación. “Este acuerdo hoy conocido como el USMCA y que viene a sustituir al viejo TLC pretendía que México cediera completamente su soberanía sobre sus recursos naturales como el petróleo, minerales, gas, etcétera”.
Pero a lo que se refiere el video es a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, también conocido como USMCA.
Antes de que López Obrador y sus homólogos estadounidense y canadiense firmaran el documento en 2018, el Gobierno mexicano agregó una cláusula en torno a la soberanía del país sobre sus reservas petroleras y su derecho a cambiar la legislación en materia energética según sus intereses. El tratado entró en vigor el 1 de julio de 2020.
Incluso en la grabación se menciona una “conferencia de prensa en San Luis Potosí”, estado ubicado al norte de México, en la que López Obrador habló sobre dicha cláusula.
Es propio de gobernantes del tipo de López Obrador, que al idolatrarlo como un iluminado líder, produzca este tipo de desviaciones que a la larga no tienen más desembocadura que la tiranía. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Tras realizar una búsqueda refinada en Google, AP encontró que las declaraciones de López Obrador ocurrieron el 5 de octubre de 2018. En esa ocasión, López Obrador aseguró que el entonces Presidente Trump aceptó una cláusula del nuevo Tratado de Libre Comercio tal como él le había solicitado.
“Se logró algo también que consideramos muy importante: querían que se aprobara un capítulo sobre energía así de grueso, en donde prácticamente nos quedábamos sin libertades, sin soberanía. Dijimos: ‘no, eso no lo aceptamos’. Le preguntaron al Presidente Donald Trump y dijo: ‘que quede como lo está pidiendo el Presidente electo de México'”, aseguró López Obrador en un mitin.
AP no encontró registros oficiales mexicanos o estadounidenses que señalen que López Obrador anuló algún tipo de tratado con Estados Unidos recientemente.
Por otro lado, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana, el Tratado de Bucareli firmado en 1923 nunca fue refrendado por los Congresos de Estados Unidos y México, por lo cual desde lo legal se consideraba nulo.
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EJÉRCITO DE EU NO HA ATACADO BUQUES RUSOS EN CRIMEA
LA AFIRMACIÓN: El ejércitoestadounidense destruyó buquesrusos desplegados en la península de Crimea.
LOS HECHOS: El Gobierno estadounidense ha reiterado que no intervendrá militarmente en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania para evitar un escalamiento de la guerra.
Un video que circula en Facebook afirma falsamente que Estados Unidos destruyó buques rusos desplegados en la península de Crimea.
Rusia se anexó la península de Crimea en 2014 y la ha usado como base para lanzar ataques hacia Ucrania después del inicio del conflicto el 24 de febrero. Las autoridades ucranianas han prometido recuperar Crimea y otros territorios ocupados.
El Gobierno de EU declaró que no intervendrá militarmente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: Czarek Sokolowski, AP
Este sábado autoridades rusas informaron que derribaron drones ucranianos en Crimea que habían lanzado “ataques” que activaron los sistemas de defensa aérea.
El Gobernador de Crimea, Sergei Aksyonov, dijo ese mismo día que los ataques no habían dejado víctimas ni daños materiales, reportó AP.
Pero AP no encontró ninguna evidencia de que el ejército estadounidense haya lanzado ataques contra buques rusos en Crimea. El video que circula tampoco provee indicios de que Estados Unidos haya intervenido militarmente en el conflicto.
Al contrario, desde que Rusia invadió Ucrania en febrero el Gobierno estadounidense y los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han reiterado que no intervendrán militarmente en el conflicto para evitar un escalamiento.
Elementos de la Guardia Nacional de Rusia marchan por una calle mientras en un edificio al fondo se ve la imagen de la letra Z, que se ha convertido en un símbolo del ejército de Rusia, en Sebastopol, Crimea. Foto: AP.
Aunque Estados Unidos ha enviado ayuda militar a las fuerzas armadas ucranianas, el Presidente estadounidense Joe Biden ha dicho en repetidas ocasiones que su Gobierno no enviará tropas a Ucrania.
Los ataques recientes que ha sufrido Rusia en Crimea han subrayado la vulnerabilidad de las fuerzas rusas en esa zona.
Las autoridades ucranianas no han llegado a atribuirse públicamente los atentados. Pero el Presidente Volodymyr Zelenskyy aludió a los ataques ucranianos detrás de las líneas enemigas después de las explosiones en Crimea, reportó AP.
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FOTO NO MUESTRA A VOLUNTARIOS CHINOS REGISTRÁNDOSE EN EJÉRCITO RUSO
LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra a voluntarios chinos registrándose en el ejército ruso para participar en una operación militar especial.
LOS HECHOS: La imagen corresponde a dos turistas chinos que acudieron a un centro de atracciones ruso llamado “Polígono del Ejército”, que ofrece servicios como campo de tiro y recorridos en vehículos militares.
Una publicación que circula en Twitter incluye la foto de los turistas chinos frente a una mesa de registro para decir falsamente que corresponde a voluntarios de China registrándose en el Ejército ruso.
No hay ningún tipo de operaciones especiales en las que vayan a participar los chinos. Foto: Alexei Alexandrov, AP
Se añade que los voluntarios buscan participar en una operación militar especial en el contexto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La imagen muestra a los dos individuos con el uniforme del Ejército ruso y la bandera china en una gorra.
Usuarios comentaron equivocadamente en la publicación como si se tratara de un hecho real.
Pero en realidad la fotografía corresponde a turistas chinos que acudieron al centro de atracciones “Polígono del Ejército”, en San Petersburgo, Rusia.
Al hacer reversiones de la foto en Google, AP corroboró que la imagen fue difundida el 23 de julio pasado en el portal del centro de atracciones que ofrece servicios como un campo de tiro y recorridos en vehículos militares.
Equipos militares dejados atrás por el ejército ruso, esparcidos junto a un tanque durante una barrida de las fuerzas ucranianas tras la retirada de los rusos de una zona a las afueras de Kiev, Ucrania. Foto: Rodrigo Abd, AP
La imagen aparece publicada en un artículo del sitio web en el que se habla de la visita de los turistas chinos al parque.
Se añade que a los visitantes les fueron entregados uniformes militares rusos como parte de las actividades en las que participaron los turistas.
“Tomamos precauciones de seguridad en chino para el evento. Nuestro campo de tiro es uno de los más interesantes y seguros”, dice el texto.
El artículo agrega que aunque en China “casi todo lo relacionado con armas está prohibido”, este centro en Rusia ofrece una experiencia con armas reales a los turistas que lo visitan.
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PRESIDENTE DE EL SALVADOR NO MANDÓ MENSAJE ALECCIONADOR A BIDEN
LA AFIRMACIÓN: A mediados de agosto el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió un mensaje aleccionador al Presidente de Estados Unidos tras dar a conocer los resultados de las medidas económicas implementadas en el país centroamericano para combatir la crisis inflacionaria a nivel mundial. Bukele le dijo: “Mira y aprende”.
LOS HECHOS: AP no encontró ninguna evidencia ni en medios oficiales ni en reportes mediáticos de que el mandatario salvadoreño haya enviado un mensaje a Biden. El video en el que se hace dicha afirmación sólo habla de las declaraciones que hicieron otros funcionarios salvadoreños sobre los resultados de las medidas económicas, pero ninguno envió un mensaje a Biden o a su administración.
Un video compartido en Facebook se titula: “Nayib Bukele le envía fuerte mensaje a Joe Biden! “Mira y aprende”.
El texto que acompaña la grabación señala: “‘Mira y aprende Biden”, fue el mensaje que lanzó el Presidente de El Salvador Nayib Bukele a su homólogo de la potencia del norte, Joe Biden, tras dar a conocer el resultado de las medidas económicas que aprobó el Gobierno, con el objetivo de lograr menos impacto de cara a la crisis energética global, en el país, aliviando el bolsillo de las familias salvadoreñas”.
El Presidente Joe Biden habla el lunes 1 de agosto de 2022 en la Casa Blanca, en Washington, D.C. Foto: Jim Watson/Pool vía AP
Pero esta afirmación no es correcta, pues no hay registros oficiales o mediáticos que prueben que el mandatario salvadoreño dijo eso. Además, el video no muestra ninguna evidencia que pruebe dicha afirmación. En realidad, sólo menciona algunas declaraciones que hicieron el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y la ministra de Economía, María Luisa Hayem, sobre las medidas antiinflacionarias, pero ninguna de las citas que se incluyen en el material contiene la frase “Mira y aprende Biden”.
El 17 de agosto funcionarios que integran el gabinete económico del Gobierno de Bukele dieron a conocer los resultados de las medidas implementadas en marzo para amortiguar la inflación.
En ese encuentro con medios Zelaya informó que la fijación de precios de los combustibles y otras medidas antiinflacionarias que han costado unos 360 millones de dólares se mantendrán, pues hay otros factores internacionales que hacen que la crisis pueda ser impredecible, como la guerra entre Rusia y Ucrania.
“Somos el país de Centroamérica que sufrió menos embates de la crisis por los precios de los combustibles. Al contrario, nuestra recaudación, importaciones y producción nacional empezó a crecer”, dijo Zelaya en la conferencia.
El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele no envió un mensaje a Biden o a su administración. Foto: Marco Ugarte, Archivo, AP
En julio de este año la Defensoría del Consumidor informó que El Salvador era de los países de la región centroamericana y latinoamericana con el índice de inflación más bajo.
En ese entonces, el funcionario agregó que incluso Estados Unidos “ha sido seriamente afectado por esta crisis y cerró junio con una tasa del 9.8 por ciento”, mientras que en El Salvador en ese momento era de 7.8 por ciento. Pero tampoco en esa ocasión se envió un mensaje puntual a Biden.
AP contactó a la Presidencia de El Salvador en busca de un comentario, pero no recibió una respuesta inmediata.
Alejandro Encinas Rodríguez confirmó esta mañana que elementos del Ejército estuvieron involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En específico destacó la participación del coronel José Rodríguez Pérez en el asesinato y desaparición de seis estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Miembros del Ejército Mexicano al mando del entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, asesinaron y desaparecieron a seis de los 43 normalistas, reveló el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).
“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del Coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”, expresó Encinas Rodríguez en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque en el informe de esa comisión se menciona textualmente que “el 30 de septiembre ‘El Coronel’ comenta que ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes que habían quedado vivos” en una bodega, es la primera vez que una autoridad federal identifica explícitamente a un militar en los hechos de la llamada Noche de Iguala.
Presento el Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de #Ayotzinapa en el que se muestran los resultados, reconstrucción y análisis de los hechos del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.https://t.co/960QoghP49
José Rodríguez Pérez tenía el grado de Coronel cuando era el comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala y al año siguiente de los hechos fue ascendido a General Brigadier, contra quien un juez libró una de las 20 órdenes de aprehensión contra militares obtenidas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Otro militar de alto rango involucrado en los hechos es el General Alejandro Saavedra Hernández, quien en 2014 era a su vez comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, y quien tuvo conocimiento de lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Igual que Rodríguez Pérez, Saavedra Hernández fue ascendido a General de división y ocupó los cargos de comandante de la novena Región Militar, inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea y jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
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Inclusive, ya en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas hasta el 2 de marzo de 2021, cuando pasó al retiro.
Otros militares que están involucrados en los hechos de Iguala son el teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, el mando inmediato superior del soldado Julio César López Patolzin, a quien se ordenó infiltrarse entre los normalistas y que desapareció junto con ellos.
Además se menciona a los almirantes Marco Antonio Ortega, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y Eduardo Redondo Arámburu, titular de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar).
Es la primera ocasión en que se persigue a tal cantidad de miembros del Ejército y la Marina, cuyo antecedente más inmediato fue el procesamiento contra siete soldados involucrados en el fusilamiento de 22 presuntos delincuentes, en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, tres meses antes de la Noche de Iguala.
De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, los almirantes Ortega y Redondo, y el General Saavedra participaron como “enlaces operativos para desarrollar la investigación” denominada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, encabezada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, ahora preso por estos hechos.
Al presentar el informe, Encinas indicó que los resultados son sustancialmente diferentes de los datos presentados en la “verdad histórica”.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- A diferencia de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, “nosotros no torturamos a nadie” para obtener los datos y llegar a las conclusiones que se muestran en el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, dijo esta mañana Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo que la ‘verdad histórica’, lo cual es absolutamente falso”, afirmó Encinas Rodríguez al presentar más detalles de la elaboración del Informe de la CoVAJ en la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
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“Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo que la ‘verdad histórica’, lo cual es absolutamente falso. La ‘verdad histórica’ se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala y boicotearon el informe de la presidenta del DIF, lo cual es falso porque el objetivo era tomar camiones y su llegada a Iguala fue al momento en que había concluido este evento. Se dice que tras los enfrentamiento de los estudiantes con los policías municipales (enfrentamientos que no existieron porque fueron agresiones a los estudiantes de los policías municipales) la policía de Igual entregó al grupo delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes, quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el Río San Juan.
“Como vamos a demostrar, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, hubo un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distritos perímetros de Iguala y sí hubo actos de agresión en donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del estado municipal y federal ultimaron y desaparecieron a los estudiantes. Y hay una diferencia sustancial y de fondo, que la ‘verdad histórica’ se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, a la fabricación de pruebas y a la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”, insistió el funcionario federal.
Encinas reveló, una a una, las diferencias entre la llamada “verdad histórica” y los resultados de la investigación por la Comisión para la Verdad en una síntesis durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador e instó a que el informe, disponible en la página del Gobierno Federal, sea leído por cualquier interesado.
Encinas presentó un resumen del informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. Foto: Gobierno de México
Respecto a si se trata de un tema político, indicó que “este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad”.
“También hay un contenido político, pues esclarecer un crimen, y más un crimen de Estado, además de que es una responsabilidad del Gobierno es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos”.
De acuerdo con el Subsecretario, se cuenta con 13 fuentes de información básicas, entre las que se encuentran 115 testimonios de personas estuvieron involucradas en los hechos, además de 87 millones de registros telefónicos claves, 17 mil números telefónicos “analizados rigurosamente a lo lago de dos años”, 41 mil 168 documentos aportados por la administración publica federal y otros órganos autónomos, así como datos provistos por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), 50 videos de tortura a detenidos, 467 capturas de pantalla de cinco números telefónicos que ubicaron 37 conversaciones entre distintos actores y 36 atores más relacionados, trabajo de campo, entre otros.
El análisis de los datos ha revelado una red de vínculos entre el grupo Guerreros Unidos, la policía municipal de Iguala, así como seis grupos combinados de halcones, sicarios, policías municipales y autoridades en distintos puntos.
El Subsecretario dijo que el análisis de los datos reveló una red de vínculos entre agentes del Estado, Guerreros Unidos y población civil. Foto: Gobierno de México
Lo anterior “demuestra, con toda certeza, que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos después de su salida de la terminal de camiones de Iguala en los cinco autobuses que tomaron rutas distintas, de cómo fueron dispersados después de que la intervención de distintas policías y de que, evidentemente, se desmorona esa idea de que todos fueron entregados a Guerreros Unidos y fueron trasladados al basurero de Cocula”, expuso.
Encinas también señaló que el análisis de los vínculos a raíz de la información documentada revela “con toda claridad los vínculos y las relaciones, ya no solamente de Guerreros Unidos con las policías municipales, sino también cona autoridades civiles, con población civil y con algunos elementos del 27 batallón de infantería de Iguala en el estado de Guerrero”.
La información presentada por el funcionario acredita el involucramiento de agentes del Estado en la desaparición de los normalistas, resaltó, así como las omisiones de las autoridades que permitieron dichos actos.
“Nosotros hemos definido esta actuación como un crimen de Estado porque no solamente se trata de la desaparición, la pérdida de vida de los estudiantes, en donde se conjuga cuatro delitos graves y violaciones a los derechos humanos como la privación de la libertad, homicidio, involucramiento de agentes estatales que actúan en apoyo y consentimiento del Estado”.
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A su vez, el Subsecretario indicó que la “verdad histórica” dice que la desaparición fue un hecho fortuito, lo cual es “absolutamente falso”.
Respecto a un informante dentro del grupo de los normalistas, para el que no se activó el protocolo de búsqueda como está establecido, y las acciones a tomar, Encinas recalcó que “nosotros somos una Comisión Por la Verdad y la Justicia no somos policía, la autoridad jurisdiccional tiene que hacer su trabajo y respecto al soldado informante hay responsabilidad de la autoridad militar y será ésta la que tome las acciones”.
“El GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes] tiene todo el acceso, son coadyuvantes de la Fiscalía General de la República [FGR] y tienen todos los datos”, concluyó.
La Fiscalía General de la República ha basado de su acusación en contra de Jesús Murillo Karam, en las conferencias de prensa que dio como Procurador y como principal responsable de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Curiosamente, la defensa del funcionario del Gobierno Peña Nieto ha empleado la misma evidencia para desestimar los cargos.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Las al menos cinco conferencias que Jesús Murillo Karam dio entre octubre de 2014 y enero de 2015 como Procurador General de la República y principal responsable del caso Ayotzinapa forman parte de la evidencia que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en contra del más alto funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto que hasta ahora ha sido colocado en el asiento de los imputables por la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida en septiembre de 2014.
Se trata de las ruedas de prensa ofrecidas los días 6, 7 y 27 de octubre de 2014; la del 7 de noviembre del mismo año y la del 27 de enero del 2015, en la que presentó su “verdad histórica”, así como la reunión conclave celebrada entre altos funcionarios en Iguala, en la que salieron relucir los nombres del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre y el actual Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quienes han rechazado los señalamientos.
La Fiscalía ha basado su acusación en esas conferencias en las que el propio Murillo Karam expuso lo que —para el Ministerio Público— son indicios clave para imputarlo por los delitos de tortura, contra la administración de justicia y desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y mantener abierto el proceso en su contra.
En el mensaje del 6 de octubre, por ejemplo, Murillo Karam anunció que, por instrucción del entonces Presidente, él se haría cargo de la investigación del caso Ayotzinapa y que sería el responsable de resolverlo; en la del 27 de octubre, el entonces funcionario habló de la detención de uno de los hombres que —después se supo— apenas estaba siendo arrestado justo en ese momento. En tanto que en la conferencia del 27 de enero fue cuando presentó la “verdad histórica”, que también ha sido tomada por la Fiscalía como evidencia, sobre todo porque esta versión ha sido derrumbada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y recientemente por la Comisión de la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa.
Las declaraciones de Murillo Karam en estos mensajes públicos han adquirido relevancia en el caso que se sigue en su contra, como advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que el propio exprocurador se había autoincriminado cuando declaró que él y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio —detenido en Israel en espera de ser extraditado a México— eran los responsables directos de la investigación.
“En el caso del Procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía [General de la República]… Existe la prueba, es pública, existe la conferencia de prensa, está citando lo que dijo el Procurador: ‘Nosotros somos los responsables’”, expresó López Obrador en su conferencia de prensa matutina del pasado 23 de agosto.
En enero de 2015, Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, es cuando presentó la “verdad histórica”. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro
El peso que la Fiscalía ha dado a las ruedas de prensa también generó que la defensa estableciera en la audiencia del miércoles una estrategia para desestimarlas como elementos de prueba. Los abogados de Murillo Karam argumentaron que no contaban como pruebas porque vulneraban el derecho a la no autoincriminación, porque se trata de declaraciones que no se hicieron frente a un Ministerio Público o ante un Juez, y porque el exprocourador no estaba acompañado de un representante legal.
La Fiscalía defendió las conferencias como elementos probatorios al destacar que no podían considerarse autoincriminatorias porque al momento en que se realizaron el exfuncionario no tenía calidad de indiciado y porque, además, fueron ofrecidas de manera pública y cuando Murillo Karam ostentaba un cargo público.
A pesar de los esfuerzos de los abogados defensores, el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia desestimó los argumentos, vinculó a proceso al exfuncionario y lo mantuvo en prisión ante un posible riesgo de fuga. La defensa indicó en ese sentido que buscarán mantener sus argumentos por medio de recursos de amparo.
¿COMO SE VINCULAN LAS CONFERENCIAS A LOS DELITOS?
Los delitos que se le imputan a Murillo Karam están vinculados a la construcción de la “verdad histórica”. La tortura que se le imputa es porque esta versión, señala la Fiscalía, se maquinó a base de la supuesta tortura ejercida a los presuntos sicarios detenidos por la desaparición de los 43 normalistas.
La acusación por la administración en contra la justicia se basa en que se habrían alterado hechos y escenas; y el de desaparición forzada porque a raíz de su “verdad” habría provocado el ocultamiento del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, mediante una versión falsa para cerrar el caso, lo cual propició que se obstaculizaran investigaciones alternas que permitieran encontrar a los estudiantes .
Para sostener a Murillo Karam como auto material de la verdad histórica y su participación, la Fiscalía presentó ante el Juez al menos tres testimonios clave: el de Bernardo Cano Muñozcano, exsecretario particular del Tomás Zerón de Lucio, quien habría reconocido que él grabó a las cuatro personas que fueron torturadas para que dijeran exactamente lo que las autoridades querían sobre el caso Ayotizinapa; el de Erika Ramírez Ortiz, exministerio Público Federal adscrita a la Unidad Antisecuestros de la PGR, quien testificó que le ordenaron alterar informes y documentos para poder cuadrar y procesar a las personas que habían sido torturadas y fueran presentadas como responsables de la desaparición de los estudiantes; y el testimonio de Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a quien Murillo Karam durante un vuelo por el Río de Cocula le habría adelantado que ya tenía a las personas que iban a decir que en ese lugar estaban los restos de los estudiantes.
La Fiscalía basó gran parte de su hipótesis y evidencia contra Murillo Karam en las siguientes conferencias de prensa:
6 de octubre de 2014: En esa conferencia Murillo Karam habría girado órdenes a Tomas Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal y ahora prófugo de la justicia, a actuar con toda la fuera y con todo el peso de la ley.
La Fiscal, Lydia Bustamente, quien estuvo al frente de la parte acusadora desde la audiencia inicial en contra de Murillo Karam, explicó que esas declaraciones evidenciaban que Murillo, al ser el superior de Tomás Zeron, tiene responsabilidad, pues era ilógico pensar que su subordinado cometía actos de tortura.
7 de octubre de 2014: Los representantes de la Fiscalía General de la República señalaron durante la audiencia del sábado que Murillo Karam había organizado una reunión, o “cónclave”, para fraguar la entonces llamada “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, que postulaba la incineración de todos los normalistas en el basurero de Cocula.
En la reunión, realizada en Iguala, habrían participado, entre otros, Omar García Harfuch, hoy Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y que en aquel momento era delegado de la extinta Policía Federal en Guerrero, algo que él ha negado.
Jesús Murillo Karam se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte. Foto: Cuartoscuro.
27 de octubre de 2014: Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República y Tomás Zerón de Lucio, entonces Director en Jefe de la AIC, realizaron la conferencia de prensa a las 16:00 horas informando que habían detenido a 4 integrantes del grupo Guerreros Unidos y que eran las primeras detenciones que realizaban de quienes habían confesado que participaron en la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos, incluyendo la historia del basurero de Cocula y el Río San Juan.
La Fiscalía resaltó que eso cobraba especial relevancia pues en ese momento, los detenidos ni siquiera habían sido puestos a disposición de la PGR, ni habían declarado, por lo que estaban informando sobre hechos que, al menos en el expediente, aún no habían ocurrido.
Además, la Fiscalía citó la declaración de una testigo protegida a la que sólo identificó como Ericka, quien testificó que previo a esa conferencia en las instalaciones de la SEIDO, vio que llegaron los detenidos y que sus superiores estaban nerviosos porque no sabían como “iban a cuadrar” los delitos. Además, señaló que a ella le pidieron alterar informes y las fechas de la puesta a disposición para que pareciera que los detenidos ya habían sido presentados ante un Juez.
Por su parte, de acuerdo con el Tercer Informe del GIEI, un día después de esta acción “de la que no existe registro alguno” en la investigación del caso, se llevó a cabo otra diligencia —de la cual sí se tiene constancia—, el 28 de octubre, la cual fue instruida por Murillo Karam y operada por Tomás Zerón de Lucio, quien fue visto “junto a uno de los detenidos que tenía evidentes signos de tortura, y posteriormente algunos peritos de medicina legal, en una diligencia que no constaba en ninguna actuación en el expediente”.
7 de noviembre: En esta rueda de prensa, el entonces Procurador dijo que que no se había dejado “un día sin que haya habido una acción de búsqueda sin que haya habido una acción con el propósito de encontrar a los desaparecidos por parte del Gobierno de la República”, y en la que respondió con un “ya me cansé” a los cuestionamientos de la prensa,
27 de enero del 2015: Fue la primera vez que el extitular de la PGR expuso la “verdad histórica”, según la cual “los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan, en ese orden. Esa es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”.
Ahora, a siete años de esa construcción sobre los sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, Jesús Murillo Karam enfrenta a la justicia, con sus propias palabras empleadas en su contra.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos quieren que las autoridades demuestren con pruebas que no hay indicios de que los normalistas de Ayotzinapa se encuentren con vida como lo asegura el informe que presentó la semana pasada la Comisión de la Verdad.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no desestiman el informe presentado esta semana por la Comisión de la Verdad, pero piden pruebas contundentes e irrefutables de que los estudiantes no están vivos, así lo informó VidulfoRosales, integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y abogado de las familias.
“Las familias de las y los 43 merecen pruebas contundentes, irrefutables de que los estudiantes ya no están vivos. Necesitan certezas indubitables, certezas de que sus hijos están sin vida”, dijo Rosales en entrevista con el noticiero del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de México.
“Esto no significa que desestimamos el informe”, aclaró.
La Comisión de la Verdad, creada para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes, dijo el pasado 18 de agosto en un informe que lo ocurrido hace ocho años fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el Ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y sabía lo que estaba ocurriendo.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión, confirmó que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida, y anunció que México le ha ofrecido a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso y prófugo en Israel, un acuerdo para que colabore con la justicia proporcionando información que pueda esclarecer los hechos.
Vidulfo Rosales destacó que el informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa concentra tres puntos importantes:
–Se reconoce que es un crimen de Estado
–Se establece responsabilidad de los tres niveles de Gobierno.
–Se establecen los sucedido en 2014 como un hecho complejo.
No obstante, dijo, un cuarto punto, polémico, es la suerte de los estudiantes.
“No vamos a desestimar lo que está apuntando el informe, pero tampoco hay una aceptación tal cual”, explicó el abogado al señalar que para sustentar la nueva versión oficial se requiere certeza científica.
“Para establecer el paradero de los jóvenes normalistas al día de hoy hay elementos preliminares, pero deben ser corroborados. La Fiscalía debe seguir echando mano de más testigos, informantes, colaboradores”, agregó. “Falta todavía dilucidar. Lo cierto es que no tenemos a los 43”.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.
LOS HALLAZGOS DEL INFORME
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino —Cocula— y tiró los restos a un río cercano.
Tanto los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que continúan colaborando con la investigación_, como la actual fiscalía negaron la versión del basurero e insistieron en que los 43 no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, aunque confirmaron la identificación de tres estudiantes a través de restos óseos calcinados. Aseguraron también que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia.
Encinas subrayó que los miles de nuevos documentos analizados confirman no sólo esos puntos, sino que se trató de un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel del gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Dijo también que el Ejército es responsable, al menos, “por acción, omisión o negligencia” en el caso porque uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien sus mandos no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación, y esa inacción iba en contra de los protocolos vigentes.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, durante la presentación del nuevo informe de la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro
El Subsecretario ofreció también datos que reavivan la hipótesis de que el tráfico de heroína que se realizaba en esa región del sur de México pudo estar en el epicentro del crimen.
El grupo de expertos internacionales pidió desde 2016 investigar esta posibilidad porque, según sus informes, la Policía Federal había bajado a los estudiantes de uno de los autobuses que los jóvenes pretendían llevarse, y escoltó ese vehículo hasta la salida de la ciudad, lo que les hacía sospechar que podía haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago y que los estudiantes pudieran haberlo tomado por error.
El Subsecretario anunció que ya se presentaron en la fiscalía todos los elementos necesarios para que deslinde responsabilidades de 33 personas, entre las que hay funcionarios federales. Lamentó también que 26 “personas clave” en la investigación han muerto o fueron “ejecutadas”.
El Gobierno notificó a las familias de los 43 los hallazgos antes de hacerlos públicos y garantizó que continuarán tanto las búsquedas como el análisis de todos los restos óseos encontrados para intentar hallar información genética.
Epigmenio Ibarra indicó que Jesús Murillo Karam no es el único funcionario que debe ser juzgado por el caso Ayotzinapa. Personajes como el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong tuvieron una participación directa en los hechos, señaló.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- El exprocurador Jesús Murillo Karam “no es una víctima, sino un victimario” que impidió que se conociera la verdad sobre los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, afirmó el productor y periodista Epigmenio Ibarra.
“Murillo Karam no es una víctima, es un victimario, no es un perseguido, es el hombre que impidió la persecución de los criminales, e impidió, no solamente que se conociera la verdad, es corresponsable directo, junto a Enrique Peña nieto, de la suerte corrida por los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, dijo Ibarra en entrevista con Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.
El productor televisivo indicó que Murillo Karam no puede ser considerado una víctima de persecución política, pues él fue uno de los principales actores de la llamada “verdad histórica”.
“Hacer justicia se le llama persecución y liberar culpables se le llama justicia, en el mundo al revés de la oposición en México los criminales son perseguidos y a los criminales liberales se les ha hecho justicia. Lo político es la argumentación en sentido contrario, lo político fue la toma de posesión de la prensa, de los columnistas, de los intelectuales orgánicos a favor del régimen defendiendo la mentira histórica”, comentó.
Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en una conferencia de prensa de diciembre de 2014. Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro
El pasado 24 de agosto, el Juez de Control Marco Antonio Tapia determinó que el exprocurador Jesús Murillo Karam permanecerá en prisión.
Al exfuncionario de Enrique Peña Nieto se le vinculó a proceso por los delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición Forzada —reclasificado con base en el Código Penal Federal— en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014.
El priista Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido la tarde del pasado 19 de agosto por la Fiscalía General de la República (FGR), justo un día después de que se presentara el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
En 2014, el exfuncionario calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales y que éstos los mataron, los quemaron en un basurero y arrojaron sus restos a un río.
El ex Presidente Enrique Peña Nieto y Jesús Murillo Karam, quien se desempeñó como encargado de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cuando desaparecieron los 43 jóvenes. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
Epigmenio Ibarra indicó que Jesús Murillo Karam no es el único funcionario que debe ser juzgado por el caso Ayotzinapa, pues dijo, personajes como el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong tuvieron una participación directa en los hechos.
“Murillo Karam es un hombre que con Peña Nieto, Osorio Chong, el director del CISEN y todos los que estaban involucrados diseñó una operación de encubrimiento, de distorsión de los hechos, de obstrucción de la justicia que permitió que se consumara el objetivo final de los criminales, borrar de la faz de la tierra todo rastro de los 43 para que no fueran bandera, para que no se aglutinara en torno a ellos el malestar popular”.
Finalmente, el periodista indicó que las autoridades se empeñaron en ocultar a como diese lugar los cuerpos de los restos para evitar una manifestación masiva.
“La finalidad del régimen era negar los restos, lo de los ataúdes es absolutamente relevante, imagínate una manifestación con 43 ataúdes, se cae Peña”.
La FGR solicitó un plazo de seis meses para el cierre de investigación al señalar lo complejo del caso. No obstante, la defensa de Murillo Karam indicó que le parecía excesivo el tiempo, en vista de que la medida cautelar era privativa de la libertad para su representado. Finalmente se estableció un tiempo de 90 días naturales.
El exprocurador Jesús Murillo Karam es la máxima autoridad hasta el moment0 que ha sido presentada ante el juez y que enfrenta en la cárcel las acusaciones por la “verdad histórica” y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Sentado, con los hombros hacia delante y cabizbajo. Así escuchó el exprocurador Jesús Murillo Karam los intentos de sus defensores, primero, para que no lo vincularan a proceso y, después, para que no le impusieran prisión preventiva como medida cautelar. La derrota se dibujó en el rostro del exfuncionario en la audiencia de ayer en el Reclusorio Norte: se tapó la cara y la dejó caer sobre sus manos, las cuales mantuvo casi todo el tiempo en los bolsillos de su chamarra color beige, que portaba junto con un pantalón cargo del mismo color; el que usan los internos del penal. La defensa no logró ninguna de sus dos cometidos y el padre de la llamada “verdad histórica”, a la que se aferró y defendió ayer, permanecerá en prisión por su papel frente al caso Ayotzinapa.
“Los datos de prueba son razonables. […] Sí es razonable la hipótesis de la Fiscalía”, dijo el Juez Fuerte Tapia al concluir que los indicios presentados por los fiscales y los abogados coadyuvantes fueron pertinentes, idóneos y lícitos y eran suficientes para la vinculación a proceso del exfuncionario.
El exprocurador enfrentará la investigación de su proceso penal dentro del Reclusorio Norte cuando menos tres meses, así lo dice la medida cautelar que este miércoles reafirmó el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia después de casi 12 horas de audiencia en los juzgados federales que se encuentran al lado del penal.
La relación entre Peña Nieto y Murillo es importante y crucial para ambos. Foto: Cuartoscuro.
Inicialmente la Fiscalía había solicitado seis meses como plazo para el cierre de la investigación, pues dijo que necesitaba tiempo suficiente debido a la complejidad del caso y porque debía de allegarse de más pruebas, como solicitar la bitácora de vuelos de Murillo Karam cuando visitó el basurero de Cocula, registros telefónicos de cuando fue Procurador así como el testimonio de personas que señalaron haberlo visto en el lugar de los hechos entre otros.
La defensa argumentó que era excesivo ese tiempo, en vista de que a su representado le habían impuesto privación de la libertad como medida. La Fiscalía no debatió la solicitud de la defensa. Esa fue su única batalla ganada: el juez determinó 90 días naturales como periodo de investigación.
“El justiciable”, así se referían a él como imputado de los delitos de tortura en contra de cuatro personas y desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ambos en calidad de autor material, así como el delito contra la administración de justicia, éste último por ser el que artífice de la llamada “verdad histórica”.
El riesgo de que abandone el país y de que pueda obstaculizar el proceso quedaron sentados desde la primera audiencia y confirmados en la vinculación como la justificación para imponerle prisión.
También se dio a conocer que junto a las cinco propiedades que tiene repartidas en Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero, hay una más que no estaba en el radar de la Fiscalía: un departamento ubicado en la calle Edgar Allan Poe en Polanco, una de las zonas exclusivas de la Ciudad de México.
Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, experto en medidas cautelares citado por la defensa como “prueba de descargo”, trató de disuadir al Juez diciendo que Murillo Karam era un hombre de prestigio, respetable, con arraigo familiar y que quería mucho a sus dos perritos.
Además, dijo que el exprocurador tiene gastos que oscilan entre los 80 mil a 120 mil pesos y que “vive de sus ahorros, de sus rentas e inversiones”. Y aunque esa información fue presentada por la defensa, la Fiscalía la utilizó para reafirmar las condiciones económicas y facilidades que tiene el acusado para huir del país.
El experto citado por la defensa trató de disuadir al Juez diciendo que Murillo Karam era un hombre de prestigio, respetable, con arraigo familiar y que quería mucho a sus dos perritos. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro
El debate de la audiencia se centró, en buena parte, en dos temas: en la pertinencia de considerar las ruedas que ofreció Murillo Karam, notas de prensa donde reconoció que estaba a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa y en la temporalidad de los delitos de desaparición forzada y tortura.
La defensa de Murillo, integrada por los abogados José Javier López García, Antonio López y Alba Vázquez, trató de derrumbar las acusaciones, primero señalando que las conferencias no podían ser utilizadas como indicio, bajo el argumento de que tenía derecho a la no autoincriminación, y segundo, al indicar que el delito de tortura y desaparición forzada habían prescrito.
La parte acusadora, integrada por las fiscales Lidia Bustamante Vargas y Daniela Aguirre, asesoradas por los abogados coadyuvantes, Daniela Aguirre, representante de las víctimas de tortura, y Santiago Aguirre, representante de los padres de los 43, refutó y derrumbó con argumentos sólidos los dichos por los abogados defensores.
El Juez les dio la razón a los fiscales: “Hay indicios que corroboran estos hechos”.
Las ruedas de prensa Jesús Murillo Karam, fue uno de los principales elementos que ahora lo hundieron. Foto; Cuartocscuro
Al lado, en una sala contigua, se encontraba la madre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa acompañada por el abogado de las familias, Vidulfo Rosales. Al final, la mujer confrontó al exfuncionario.
“Necesito exigir a Murillo que se haga justicia. Queremos la verdad y saber dónde están nuestros hijos. ¿A dónde los dejó?”, expresó la madre al final de la audiencia confrontando a Murillo Karam, quien en la sesión de ayer defendió su “verdad histórica”.
“Desde hace siete, ocho años han buscado alternativas, han inventado muchas y todas se caen. Hubo restos encontrados, sí, en la Barranca (de la Carnicería) y en el camino. Podemos aceptar algunos errores, pudo haber fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero no la han podido tirar”, expresó a mitad de la audiencia, tiempo en el que ya tenía su mascarilla en la barbilla.
La defensa ha alegado que el exprocurador padece enfermedades crónico degenerativas y por ello pidió que llevara su proceso en libertad, sólo entregando el pasaporte y con una firma periódica, lo cual fue rechazado.
La “verdad histórica” fue uno de los ejes torales de la Fiscalía, pues eso permitió que Murillo Karam, aunque no haya participado de manera directa en la desaparición de los estudiantes, sí contribuyó a la misma al crear “dolosamente” una versión falsa para cerrar el caso, lo que provocó el ocultamiento del paradero de los jóvenes, porque el desvió de la investigación no permitió otras líneas alternas que permitieran conocer la verdad y dar con el paradero de los estudiantes.
Al salir de los juzgados, José Javier López García, abogado del exprocurador y que también ha representado a Juan Collado, dijo en entrevista que van a analizar “a la luz de la calma” si interponen un recurso de amparo.
Los abogados defensores no se veían contentos con la determinación del Juzgador, pues incluso uno de ellos, Antonio López, fue apercibido por el juez y regañado por la forma en la que expuso su argumentación en la que insistía que Murillo Karam, presuntamente no debía ser juzgado por el delito de desaparición forzada con la nueva Ley General de Desaparición Forzada, pues los hechos que le atribuían se cometieron entre octubre de 2014 a enero de 2015, antes de la expedición de dicha legislación, que fue en 2017, y eso violentaba el principio de retroactividad, que dice que no puede aplicarse en perjuicio de un gobernado.
Ya en la noche de los juzgados una vez concluida la audiencia y con Murillo Karam en prisión preventiva, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, pidió que se procese a los demás funcionarios involucrados.
“Vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, hasta encontrarlos, hasta saber la verdad y que se castigue a los responsables”.
El Presidente López Obrador detalló que el Primer Ministro israelí le envió una carta donde expresaba su intención de cooperar; sin embargo, aseguró que “ya pasó mucho tiempo” de ese momento.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador instó al Gobierno deIsrael para que proceda con el proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Invstigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Aprovecho para enviar un recordatorio respetuoso al Gobierno de Israel: no pueden estar protegiendo a personas así. El Primer Ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta de que iban a cooperar, que iban a apoyar, pero ya pasó mucho tiempo”, dijo durante la conferencia matutina de este miércoles.
El día de ayer, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, afirmó que la extradición de Tomás Zerón “va por buen camino”, aunque la decisión final aún depende del Gobierno israelí.
“Ya está integrado todo el expediente, ya la mayor parte de información que solicitó el Gobierno de Israel, según nos ha informado la Fiscalía General de la República, ya se entregó”, dijo al ser cuestionado al respecto.
“Y nosotros, allá está el director jurídico, viendo todo lo que sea apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la República, pero yo diría que vamos por buen camino”, expuso, y reconoció que justo ahora no es posible contar con una fecha de extradición. Lo anterior, debido a que México no tiene un tratado de extradición con dicho país.
Tomás Zerón fue director de la AIC y ha sido señalado como un agente clave detrás de la “verdad histórica” junto al exprocurador Jesús Murillo Karam, recientemente detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.
¿Tomás Zerón será extraditado pronto?
Marcelo Ebrard (@m_ebrard) aseguró que ya se entregó toda la documentación necesaria al gobierno de Israel para que Zerón pueda ser extraditado, pero aún no hay fecha.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó el pasado jueves 18 de agosto que Tomás Zerón rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa para que cooperara en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas.
Dio a conocer que la Comisión de la Verdad sostuvo un encuentro con Zerón de Lucio los días 16 y 17 de febrero pasado, en la cual, le ofrecieron un “criterio de oportunidad que no aceptó”.
El Subsecretario de Gobernación detalló que la comunicación y reunión con el extitular de la AIC, quien se encuentra en Israel desde el 13 de agosto de 2019, se realizó de forma independiente al proceso de extradición que encabeza la Fiscalía General de la República, (FGR) con el acompañamiento de la SRE.
Además, aseguró que se mantenía comunicación con los abogados de Zerón de Lucio con la esperanza de que pronto puedan avanzar y concretar un acuerdo de colaboraciones y no esperar el proceso de extradición.
Con respecto al tema de extradición, Encinas dijo que desconocía los motivos por lo que se ha dilatado tanto el proceso. “Yo también quisiera saber por qué ha tardado tanto. Es un asunto que encabeza la FGR”, dijo.
El Presidente López Obrador también afirmó que existe la posibilidad de que al exprocurador se le otorgue el criterio de oportunidad por la FGR; durante la mañana de este miércoles se reanudará la audiencia inicial de Murillo Karam para saber si finalmente será vinculado a proceso.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El PresidenteAndrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que Jesús Murillo Karam, exprocurador del Gobierno de Enrique Peña Nieto, diga quién o quiénes dieron la orden para llevara cabo la fabricación de la “verdad histórica” del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Es bueno que salga todo. Los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá hablen: que todos hablen. Si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial”, dijo el mandatario durante la conferencia matutina de este miércoles.
Además, el Presidente no descartó la posibilidad de que Murillo Karam pudiera acceder al criterio de oportunidad que le otorgaría la Fiscalía General de la República (FGR).
“Sí, todos, inclusive sin acogerse: este es un asunto de dignidad. Si alguien está siendo acusado injustamente, pues tiene que hablar”, añadió.
Este miércoles a las ocho de la mañana se tiene previsto que reinicie la audiencia del exprocurador Jesús Murillo Karam, donde podría ser vinculado a proceso.
Durante la primera audiencia del sábado, que se extendió por 12 horas y donde se le dictó prisión preventiva por riesgo de fuga, los fiscales fueron regañados por el Juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, por “no estar preparados” al grado de que les advirtió “dar parte a sus superiores jerárquicos de la FGR por el desorden”.
Sin embargo, la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero ha sido cuestionada por la conducción que ha tenido en los casos del exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht; contra Rosario Robles Berlanga, por la Estafa Maestra, y por exonerar a Salvador Cienfuegos, señalado por la DEA por supuestos nexos con el narcotráfico.
Dentro del mismo caso de los estudiantes de Ayotzinapa, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sigue sin ser extraditado de Israel; a la par que persisten las dudas sobre si la Fiscalía indagará en el algún momento al Presidente Enrique Peña Nieto o al exsecretario General Cienfuegos sobre el caso.
El exprocurador Murillo Karam durante su llegada al Reclusorio Varonil Norte para ser presentando ante un Juez tras su detención. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
MURILLO KARAM SE INCULPA POR CASO AYOTZINAPA
El Presidente López Obrador aseguró durante la conferencia matutina de este lunes que Jesús Murillo Karam está preso porque “él mismo se inculpa” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando declaró que él y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, eran los responsables directos de la investigación.
“En el caso del Procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía [General de la República]… Existe la prueba, es pública, existe la conferencia de prensa, está citando lo que dijo el Procurador: ‘Nosotros somos los responsables’”, dijo.
El Jefe del Ejecutivo federal compartió que él quería dar a conocer un fragmento del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, cuando presentó el informe ante familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa “porque existe la prueba, es pública, hubo una conferencia de prensa”. “Lo que está haciendo el Fiscal es citando lo que dijo el Procurador en ese entonces: ‘Nosotros somos responsables’, dice. Y creo que se refiere al otro señor, Tomás Zerón. Son los dos que asumen la responsabilidad de acuerdo al Fiscal”, insistió.
Frente a los representantes de los medios de comunicación, recordó que toda la información sobre el caso fue investigada por la Comisión para la Verdad que se creó y que se tienen todas las pruebas.
“El informe que está en Internet, hay que leerlo, habla de los responsables y hay una relatoría de todo lo que va sucediendo día con día, quiénes intervienen y en ese informe la Comisión menciona los nombres de los responsables y ese informe con todos los anexos se presenta a la Fiscalía y ya es la Fiscalía la que está procediendo, solicitando órdenes de aprehensión al Poder Judicial, a los jueces que son los que van a impartir justicia”, precisó AMLO.
Murillo Karam fue detenido el pasado 19 de agosto al exterior de su domicilio en La Lomas de Chapultepec y después fue trasladado en un convoy de cinco camionetas pertenecientes a la FGR y a la Secretaría de Marina (Semar) desde muy temprano para el inicio de la audiencia.
La extradición del exdirector de la AIC por el caso Ayotzinapa avanza y va por buen camino, declaró el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La extradición de Tomás Zerón de Lucio, señalado como presunto implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, va “por buen camino”, declaró el Canciller Marcelo Ebrard, aunque la decisión final depende del Gobierno de Israel.
“Ya está integrado todo el expediente, ya la mayor parte de información que solicitó el Gobierno de Israel, según nos ha informado la Fiscalía General de la República, ya se entregó”, dijo al ser cuestionado al respecto.
“Y nosotros, allá está el director jurídico, viendo todo lo que sea apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la República, pero yo diría que vamos por buen camino”, expuso, y reconoció que justo ahora no es posible contar con una fecha de extradición. Lo anterior, debido a que México no tiene un tratado de extradición con dicho país.
Tomás Zerón fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y ha sido señalado como un agente clave detrás de la “verdad histórica” junto al exprocurador Jesús Murillo Karam, recientemente detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.
Tomás Zerón fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y ha sido señalado como un agente clave detrás de la “verdad histórica”. Foto: María Martínez, Cuartoscuro
El exdirector de la AIC ha sido acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa y rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de cooperar en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, informó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el pasado 18 de agosto.
Encinas dio a conocer ese día en conferencia de prensa que la Comisión de la Verdad sostuvo un encuentro con Zerón de Lucio los días 16 y 17 de febrero pasado, en la cual, le ofrecieron un “criterio de oportunidad que no aceptó”.
El Subsecretario de Gobernación detalló que la comunicación y reunión con el extitular de la AIC, quien se encuentra en Israel desde el 13 de agosto de 2019, se realizó de forma independiente al proceso de extradición que encabeza la FGR, con el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Encinas no dio más detalles sobre el ofrecimiento que se le realizó al exfuncionario de la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, uno de los artífices de la famosa “verdad histórica”, según la cual, los 43 normalistas fueron llevados al basurero de Cocula, en donde fueron asesinados y sus restos quemados.
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El funcionario federal dijo aquel día que esa versión “fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
La Comisión de la Verdad, abundó, mantiene comunicación con los abogados de Zerón de Lucio con la esperanza de que pronto puedan avanzar y concretar un acuerdo de colaboraciones y no esperar el proceso de extradición.
El pasado 28 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que se sustentaron las investigaciones durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, al dar a conocer que al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) manipularon el basurero de Cocula, en Guerrero, durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014.
En ese tercer informe del GIEI se dio a conocer sobre la presencia de distintos funcionarios en la zona, en donde se alteró evidencia. El Grupo de Expertos confirmó que entre esas personas estuvieron el exprocurador de Justicia Murillo Karam y Tomá Zerón.
El activista Vidulfo Rosales destacó que los padres de los 43 normalistas siempre tuvieron información extraoficial de que el Ejército estuvo inmiscuido en los hechos, pero el Gobierno de Enrique Peña Nieto lo desestimó por completo. Ahora las investigaciones arrojan que hay militares que sí tienen responsabilidad penal, por lo que “deben de enfrentarla”.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– La narrativa del General Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue siempre la de deslindar a los militares y evitar que fueran llamados a declarar por este caso. El General Secretario sostuvo en el Gobierno pasado que el Ejército no tuvo ninguna relación, nada que ver y ninguna responsabilidad de acción en la Noche de Iguala. Hoy se sabe que no fue así.
“¿Por qué aquí deberíamos haber intervenido? Primero, no teníamos gente; segundo, no teníamos por qué haber intervenido”, dijo Cienfuegos hace casi siete años, en octubre de 2015, en una entrevista con Televisa en la que aseguró que la institución a su cargo no incurrió en una “omisión” durante las horas en las que los estudiantes de Ayotzinapa fueron agredidos y 43 de ellos desaparecidos. El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y el último elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmienten esto y aseguran que el Ejército tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo durante la desaparición de los normalistas, pues elementos de esa institución fueron testigos de primera mano de los diferentes episodios que tuvieron lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El General Cienfuegos es el mando militar en el que ha recaído la exigencia, de padres y activistas, de que sea llamado a declarar para rendir cuentas sobre los acontecimientos de esa noche en Iguala. Y ahora que se confirma la participación del Ejército —con un informe emitido desde una instancia gubernamental, que reconoce que fue “un crimen de Estado”— resurge la demanda de que el General Salvador Cienfuegos explique hasta dónde llegaron sus conocimientos y órdenes frente a los hechos de Iguala y los eventos posteriores.
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“Los padres siempre tuvieron información extraoficial de que el Ejército mexicano estaba inmiscuido, pero el Gobierno pasado lo desestimó por completo. Dijo que eso era una locura, que cómo se podía imputar eso. El General rechazó rotundamente que fueran investigados los elementos del Ejército y ahora resulta que las investigaciones arrojan que sí tienen responsabilidad penal y por eso deben de enfrentarla”, comentó Vidulfo Rosales, abogado representante de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
El alto mando militar no sólo se negó a abrir los cuarteles —una de las demandas de los padres de los normalistas desaparecidos— durante su gestión frente a la Sedena, sino que advirtió que no iba a permitir que los integrantes de las fuerzas armadas fueran investigados. Fue en octubre del año 2015, justo el mes en que la Marina manipuló el basurero de Cocula (como ahora se sabe), cuando el General Cienfuegos Zepeda dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no tenían por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] en ningún momento dice que pueden interrogarlos. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro, ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”, dijo en una entrevista difundida en el espacio del periodista Joaquín López-Dóriga en Televisa.
El General Salvador Cienfuegos deslindó al Ejército de responsabilidades en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro
El informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, presentado el pasado jueves por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, desmantela lo dicho por el General: El Ejército no sólo tuvo conocimiento, además tenía la responsabilidad de actuar en los hechos, debido a que uno de sus soldados estaba infiltrado y se encontraba entre los estudiantes desaparecidos. Se trata de Julio César López Patolzin, quien llevaba cuando menos dos años con los normalistas.
El informe detalla que el soldado se encontraba activo en el Ejército Mexicano “realizando funciones de informante” y que su superior jerárquico, el Teniente Marcos Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, sabía que él se encontraba dentro del grupo de estudiantes que fue atacado. El Ejército, agrega el documento, aunque estaba al tanto de lo que ocurría, “no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece en el Protocolo para Militares Desaparecidos” que obliga a los mandos a implementar medidas contundentes a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y, en su caso, rescate del personal militar desaparecido.
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No es la primera vez en que se asegura que el Ejército conoció el desarrollo de los hechos de la Noche de Iguala. El informe del Grupo de Expertos también dio cuenta de ello en marzo pasado —con base en documentación militar y de inteligencia— que la milicia estaba enterada de lo que ocurría, minuto a minuto, durante la desaparición de los normalistas ya que hubo dos operaciones de inteligencia en las que esa institución dio un seguimiento casi contrainsurgente a los estudiantes, operaciones en las que incluso, según el GIEI, tenían a elementos de inteligencia infiltrados desde hacía por lo menos 10 años.
Frente a las nuevas revelaciones del GIEI, los expertos, activistas y los padres y madres de los 43 estudiantes exigieron, en ese entonces, investigaciones exhaustivas al Ejército, Marina y al expresidente Enrique Peña Nieto, quien —insistieron— debe ser llamado a declarar por los hechos contra los 43 estudiantes y la fabricación de la llamada “Verdad Histórica”, lo cual ha prolongado la desaparición de los normalistas y ha obstaculizado el acceso a la verdad y justicia.
“Hoy con mayor relevancia se determinaría la necesidad de escuchar al General Cienfuegos para que nos cuente historias sobre el pasado, el durante y el después de este caso también […] esa información (los videos y lo que reveló el GIEI) reposaba hace 7 años. La conocían todos los estamentos y la conocía inclusive el Secretario de Defensa de esa época y el Secretario de Marina de esa época. Yo lo que puedo decir es que sí sería interesante que por lo menos intenten dar una explicación de qué fue lo que supieron, cómo lo supieron, qué ordenaron y hasta dónde lo ordenaron”, expresó desde abril pasado en entrevista con SinEmbargo, Angela Buitrago, integrante del GIEI.
Una bandera de México con la leyenda “Ayotzinapa Vive”. Las autoridades han señalado que la investigación sigue. Foto: Sugeyry Romina Gándara/SinEmbargo.
Hasta el momento los padres de los 43 no han fijado públicamente una postura misma que se estima pueda presentarse este miércoles. No obstante, persiste la exigencia de una explicación y respuestas por parte de todas las autoridades que pudieron estar involucradas no sólo en la desaparición, sino en la construcción de la “verdad histórica”.
Aunado a los dos informes —el del GIEI y el de la Comisión de la Verdad—, el viernes 20 de agosto, el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión, las cuales, involucran a 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El comunicado emitido por la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero no detalla quiénes son los mandos militares y tropa involucrados y ahora son buscados por las autoridades para ser presentados ante un juez.
Vidulfo Rosales indicó a Los Periodistas, que las órdenes de aprehensión contra los militares tienen mucha relevancia porque esa operación a gran escala que se hizo en Iguala, el pacto de silencio, solamente podía venir de una institución como el Ejército mexicano.
“Esa imposibilidad de hablar, de que se sepan las cosas, solamente pude devenir de una institución, de una institución que cuenta con hermetismo, con una disciplina capaz de no romper esos pactos de silencio y esa institución es el Ejercito mexicano. Siempre los padres tuvieron información extraoficial de que el Ejército mexicano estaba inmiscuido, el Gobierno pasado lo desestimó por completo y dijo que eso era una locura, que cómo se podían imputar esas cuestiones al Ejército”, comentó.
El abogado recalcó que es necesario que se procese de inmediato a esos mandos militares y del batallón porque si el caso si sólo se queda en la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam y en un anuncio de las órdenes de captura de corte político–, esos ordenamientos legales no tendrán sentido.
A su vez el abogado dijo que los familiares de los normalistas consideran que las responsabilidades llegan hasta el más alto nivel del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Sabemos que la FGR y la Comisión de la Verdad no tienen en el radar (a General Salvador Cienfuegos), pero nosotros estamos insistiendo que se investigue la cadena de mando hasta el más alto nivel, por supuesto a estas dos personas (Cienfuegos y Peña Nieto) que a nuestro juicio deberían de ser objeto de procesamiento”, destacó Vidulfo Rosales.
Aunque hasta el momento no se ha detallado con precisión quiénes son los elementos del Ejército que cuentan con las órdenes de aprehensión, el informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, elaborado por la Segob, detalla con nombre de pila a algunos de los elementos, da cuenta de los testimonios de soldados y lo que pudieron observar, así como de los mandos que estaban al tanto de sus operaciones.
Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han exigido desde hace años investigar al Ejército. Foto: Sugeyry Romina Gándara/SinEmbargo.
PARTE DE LOS MILITARES
José “N”, es Segundo Capitán de Infantería y tenía a su cargo a Eduardo “N”, soldado de Infantería que observó la detención de 10 de los estudiantes en el Palacio de Justicia y tomó fotografías, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad
El Capitán también estaba a cargo de la fuerza de reacción que observó a uno de los camiones donde iban los estudiantes, el cual estaba abandonado y fue remolcado por grúas. Esa misma fuerza de reacción acudió a la Clínica Cristina donde tomaron fotografías y resguardarlo el lugar.
Roberto. “N”, fue uno de los que atendió el accidente de la pipa y acudió a verificar el dato de personas heridas por arma de fuego en el Hospital General de Iguala. También fue de los elementos que brindó seguridad perimetral posterior a los hechos de Santa Teresa en Iguala y también acudió a obtener datos sobre los ingresos en el Hospital General.
José “N”, declaró que él se encontraba en su oficina durante los hechos de los días 26 y 27 de septiembre, no obstante, la gente a su mando le comunicaba los acontecimientos de Iguala. De acuerdo con la información que le llegaba, José iba dando órdenes y organizando a sus elementos.
La narración de los hechos que da en sus declaraciones coincide con la cronología presentada en los informes de Sedena, cuando la información mencionada es la que fue recibida en el C-4 por Joel “N”, Ezequiel “N” y por los Órganos de Búsqueda de Información (OBIS) que estaban laborando ese día.
Al Teniente Jorge N le instruyeron ir a la colonia Industrial, donde fue hallado el cuerpo de Julio César Mondragón. Joel tenía como tarea recibir y emitir informes del C-4; él daba cuenta inmediatamente al Coronel José Rodríguez Pérez y al cuartel general de la 35 Zona Militar.
El 26 de septiembre, la noche de la desaparición de los estudiantes, recibió una llamada del C-4 del Sargento Felipe “N”, quien le informó de dos camiones con estudiantes normalistas de Ayotzinapa, provenientes de Chilpancingo con rumbo a Iguala y que uno de los camiones, el que iba al Rancho del Cura, y otro, visto en la caseta, se dirigían a la central de autobuses Estrella Blanca, donde los estudiantes se apoderaron de dos autobuses y vandalizaron otro inmueble.
También recibió otra llamada, entre las 21:30 y 22:00 horas, donde Cano le informó que la Policía Municipal de Iguala y normalistas tenían un enfrentamiento.
Joel “N” le ordenó al soldado Eduardo “N” hacer un recorrido en el periférico, quien informó a las 22:30 horas que frente al Palacio de Justicia había un autobús con normalistas y que éste estaba rodeado de varias patrullas de la policía municipal (encapuchados), quienes les ordenaban con groserías a los estudiantes que bajaran del camión, pero que ellos se negaron y ante la negativa les arrojaron gas.
Vidulfo Rosales dijo que desde hace años los padres de los 43 normalistas tenían información extraoficial de que el Ejército sabía y tenía más participación en los hechos, de lo que ellos decían tener. Foto: Cuartoscuro.
El soldado Ezequiel “N”, dijo que el Coronel Rodríguez le pidió que acudiera al evento de la Presidenta del DIF de Iguala Maria de los Angeles Pineda, esposa del Alcalde José Luis Abarca, y llegó al lugar aproximadamente a las 17:50 horas.
Además, recibió una llamada del Coronel quien le pidió que se trasladara a la caseta de cobro para observar qué hacían los estudiantes ahí. Llegó a dicha caseta las 20:20 horas; en el lugar observó a 40 estudiantes realizando actividades de boteo, información que le notificó a su superior. Permaneció, indica el informe, cerca de 40 minutos en el lugar, observó cómo se iban los estudiantes con rumbo a Chilpancingo y se retiró a su casa.
El Sargento Felipe “N”, era el encargado del C4 por parte de la Sedena y de pasarle esa información a Joel “N”, quien era el encargado de recibir los reportes. Alrededor de las 21:20 horas, detalló en su declaración, los estudiantes habían entrado a la central de autobuses y querían llevarse un autobús. Posteriormente, empezaron a llegar reportes por parte del 066 de enfrentamientos y personas heridas. El soldado terminó su turno a las 10 horas del siguiente día.
Eduardo “N”, es un soldado de infantería que recibió órdenes de verificar un autobús abandonado con normalistas en el periférico a la altura del Palacio de Justicia. El 26 de septiembre, entre las 22 y 22:30 horas, el Teniente Joel le instruyó que acudiera a la carretera que conduce a Chilpancingo, ya que habían reportado un autobús abandonado, al parecer con estudiantes.
El soldado indicó que él acudió en su motocicleta particular y observó que se encontraba un camión Estrella de Oro rodeado de elementos de la Policía Municipal de Iguala, quienes iban en cinco patrullas. Los policías intentaban bajar a los estudiantes, pero estos se negaban; lo reportó al teniente Joel, quien le dijo que se quedara a observar, pero que no se arriesgara.
Foto: Moisés Pablo, Cuartocuro
El soldado indicó que llegaron otras dos patrullas de la Policía Municipal con elementos que venían más agresivos, pues les aventaron gas lacrimógeno por lo que aproximadamente 10 jóvenes se bajaron y de inmediato fueron esposados con las manos hacia atrás y, de forma agresiva, puestos en el piso boca abajo. El elemento permaneció en ese lugar hasta las 23:30 horas, donde tomó entre cuatro o cinco fotografías con su celular; sin embargo, declaró que en ningún momento se percató de las detonaciones de arma de fuego.
Eduardo “N”, soldado, señaló que salieron del batallón cerca de las 00:30 horas del 27 de septiembre abordo de dos camionetas y que al llegar a Palacio de Justicia sólo vieron el camión, pero ya no estaban los estudiantes. Dijo que observaron a las grúas remolcando el camión, que estuvieron cinco minutos y se retiraron.
Agregó que, cuando iban de regreso al batallón, recibió una llamada de Joel “N”, diciéndole que habían recibido un reporte, por C4, el cual decía que sujetos habían entrado armados a la Clínica Cristina, por lo que se dirigieron de inmediato, pero que en su traslado se percataron de tres autobuses a media calle de Juan N. Álvarez y periférico, además de observar dos cuerpos masculinos sin vida.
Comandante Roberto “N”, era el encargado de la fuerza de reacción que acudió a brindar seguridad perimetral en el crucero de Santa Teresa. El 26 de septiembre, por la mañana le instruyeron a él y a su fuerza de acción atender el hecho del tráiler con material explosivo accidentando en el kilómetro 43 de la carretera federal 95, lugar donde permaneció hasta las 22:20 horas.
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LOS ENLACES DE LA “VERDAD HISTÓRICA”
De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, los almirantes Ortega y Redondo, y el General Saavedra participaron como “enlaces operativos para desarrollar la investigación” denominada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, encabezada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, preso por estos hechos.
No está claro en la información oficial si los dos almirantes y el general, actual director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, tienen ya órdenes de aprehensión en su contra y si ya están detenidos, pero la Fiscalía General de la República informó, el viernes, que obtuvo de un juez 20 de éstas contra mandos y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, Guerrero, relacionados con los hechos de Iguala.
Los elementos castrenses están involucrados en las 83 órdenes de aprehensión que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró a petición de la FGR, y que involucran también a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de los municipios de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, así como 11 policías estatales y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Hasta ahora el único militar preso por la Noche de Iguala es el capitán José Martínez Crespo, quien fue uno de los militares que fueron identificados por los normalistas sobrevivientes y quien está preso desde noviembre de 2020, acusado de delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada.
El informe sobre la investigación de lo ocurrido con los 43 normalistas presentado por el Subsecretario Alejandro Encinas, el jueves, identifica a parte de los responsable de fabricar la “verdad histórica” por la que está preso Murillo Karam, entre ellos funcionarios federales del Gobierno de Enrique Peña Nieto y de Guerrero, encabezado por Aguirre Rivero.
“La verdad histórica es resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder en la que participaron en su implementación: el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el Subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el director de la AIC, Tomás Zerón, quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno federal”, dice el documento.
Y añade: “Los enlaces operativos para desarrollar la investigación fueron: Por parte de Semar, el almirante Marco Antonio Ortega Liu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y el titular de la Unidad de Inteligencia Naval, el almirante Eduardo Redondo Arámburo. Por parte del CISEN, José Miguel Espinoza Pérez, delegado en Guerrero; por la Policía Federal el comisionado Omar García Harfuch; el comandante de la zona militar en Chilpancingo, Alejandro Saavedra; el policía ministerial Carlos Gómez Arrieta”.
La Fiscalía General de la República obtuvo el viernes, de un Juez, 20 órdenes de aprehensión contra mandos y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, Guerrero, relacionados con la Noche de Iguala, cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– Al menos veinte elementos de las Fuerzas Armadas de México, mandos y tropa, han sido involucrados por las autoridades en el caso Ayotzinapa, entre ellos el General de división Alejandro Saavedra Hernández, así como los almirantes Marco Antonio Ortega, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y Eduardo Redondo Arámburu, titular de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar).
Es la primera ocasión en que se persigue a tal cantidad de miembros del Ejército y la Marina, cuyo antecedente más inmediato fue el procesamiento contra siete soldados involucrados en el fusilamiento de 22 presuntos delincuentes, en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, tres meses antes de la Noche de Iguala.
Hasta ahora el único militar preso por la Noche de Iguala es el capitán José Martínez Crespo, quien fue uno de los militares que fueron identificados por los normalistas sobrevivientes y quien está preso desde noviembre de 2020, acusado de delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada.
De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), los almirantes Ortega y Redondo, y el General Saavedra participaron como “enlaces operativos para desarrollar la investigación” denominada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, encabezada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, preso por estos hechos.
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No está claro en la información oficial si los dos almirantes y el General, actual director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, tienen ya órdenes de aprehensión en su contra y si ya están detenidos, pero la Fiscalía General de la República (FGR) informó, el viernes, que obtuvo de un juez 20 de éstas contra mandos y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, Guerrero, relacionados con los hechos de Iguala.
Los elementos castrenses están involucrados en las 83 órdenes de aprehensión que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró a petición de la FGR, y que involucran también a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de los municipios de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, así como 11 policías estatales y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
El informe sobre la investigación de lo ocurrido con los 43 normalistas presentado por el Subsecretario Alejandro Encinas, el jueves, identifica a parte de los responsable de fabricar la “verdad histórica” por la que está preso Murillo Karam, entre ellos funcionarios federales del Gobierno de Enrique Peña Nieto y de Guerrero, encabezado por Aguirre Rivero.
“La verdad histórica es resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder en la que participaron en su implementación: el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el Subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el director de la AIC, Tomás Zerón, quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno federal”.
Padres de familia de los 43 estudiantes y normalistas se han manifestado en diversas ocasiones contra los militares. Foto: Cuartoscuro
Añade: “Los enlaces operativos para desarrollar la investigación fueron: Por parte de Semar, el almirante Marco Antonio Ortega Liu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y el titular de la Unidad de Inteligencia Naval, el almirante Eduardo Redondeo Arámburo. Por parte del CISEN, José Miguel Espinoza Pérez, delegado en Guerrero; por la Policía Federal el comisionado Omar García Harfuch; el comandante de la zona militar en Chilpancingo, Alejandro Saavedra; el policía ministerial Carlos Gómez Arrieta”.
Otros funcionarios identificados por la Comisión de la Verdad son la encargada de los Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina; el exvocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, y el exrepresentante del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi), Vidal Diazleal Ochoa.
El informe también mencjiona al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, el exprocurador Iñaki Blanco, el Secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez, y a Ernesto Aguirre Gutiérrez, coordinador de Proyectos Estratégicos, todos del gobierno de Guerrero, contra quienes presuntamente se libraron órdenes de aprehensión a petición de la FGR.
Un Juez en Materia Penal de la Ciudad de México instó al director del Reclusorio Norte a que existen las condiciones óptimas para que el exprocurador Jesús Murillo Karam tenga garantías de salud y vida, a fin de evitar contraer la COVID-19; el extitular de la PGR también está amparado para no permanecer incomunicado mientras esté preso.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Un Juez de amparo concedió una suspensión de plano a Jesús MurilloKaram, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), para que reciba la atención médica necesaria, se garantice su integridad física y suvida, y se evite que esté incomunicado durante su permanencia en el Reclusorio Norte.
El Juez del Juzgado Segundo de Distrito de Amaro en Material Penal de la Ciudad de México, Antonio González García, fue la autoridad judicial que admitió que se tramitara la demanda de garantías para el exprocurador detenido el pasado viernes.
“Dado el contexto de la pandemia derivada del virus COVID-19, a efecto de garantizar su derecho a la salud y de encontrarse al quejoso en las instalaciones que ocupa el Reclusorio Norte de la Ciudad de México: El director [del Reclusorio Norte de la Ciudad de México] queda obligado a garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica [de Murillo Karam]”, dijo el Juez González García.
El exprocurador Murillo Karam arribó al Reclusorio Varonil Norte para ser presentando ante un Juez tras su detención ayer. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
El Juez de Distrito agregó que la autoridad penitenciaria deberá de ser respetuosa de la dignidad y derechos humanos de Murillo Karam durante su permanencia en el Reclusorio Norte de la capital del país, evitando que haya cualquier tipo de acto que pretenda afectar su esfera personal.
Además, fue Rosa Azucena Vargas Hernández quien presentó en nombre de Jesús Murillo Karam la petición de demanda de garantías de conversación de la vida y no estar incomunicado.
El pasado sábado, el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia determinó la prisión preventiva como medida cautelar contra Jesús Murillo Karam al considerar como válidos los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre que el exfuncionario cuenta con recursos suficientes para fugarse. La dependencia lo acusa de los delitos de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
En una audiencia de más de 12 horas, el Juez consideró que hay elementos suficientes del riesgo de fuga, pues dijo que se trata de una figura de alto perfil y que la Fiscalía entregó indicios objetivos que hacen suponer que puede abandonar el país, porque tiene vigente su pasaporte. Además, hay antecedente de que ha salido del país en vuelos privados y que cuenta con solvencia económica para hacerlo. Las altas penas de los delitos que se le imputan pueden influir en la decisión de querer huir.
Durante la audiencia en el Reclusorio Norte, la Fiscalía acusó al exprocurador Jesús Murillo Karam por delitos de tortura y de administración de la justicia –en calidad de intelectual– y hasta de desaparición forzada –en calidad de autor material– en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Por su parte, la defensa de Murillo Karam solicitó la duplicidad del término de plazo Constitucional para la audiencia de vinculación a proceso, por lo que la siguiente audiencia se realizará el próximo miércoles 24 de agosto a las 8:00 horas. Ahí se decidirá su situación jurídica. Los abogados defensores salieron sin dar declaraciones.
Los representantes legales argumentaron el mal estado de salud del exprocurador, quien tiene enfermedades crónicas como hipertensión arterial, insuficiencias vascular cerebral, y enfermedad pulmonar crónica (por fumar), para pedir que el proceso lo lleve en libertad sólo con una firma periódica y la entrega de su pasaporte para que no pueda huir del país. Pero el Juez no concedió estas medidas.
Murillo Karam fue detenido el pasado viernes al exterior de su domicilio en La Lomas de Chapultepec y después fue trasladado en un convoy de cinco camionetas pertenecientes a la FGR y a la Secretaría de Marina (Semar) desde muy temprano para el inicio de la audiencia.
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