La detención del exprocurador Jesús Murillo Karam representa para los padres un avance en el camino del acceso a la justicia porque reconoce lo que ellos dijeron desde un principio y les dio la razón: que la versión ofrecida por el Gobierno de Peña Nieto era una gran mentira.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La oscuridad aún continúa para los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos a casi ocho años y a pesar del nuevo informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CoVAJ), mismo que aceptaron, pero bajo reserva, pues indicaron que no aceptarán indicios o la hipótesis de que sus hijos fueron asesinados, si no les muestran pruebas irrefutables.
“A pesar de las inclemencias del tiempo, nosotros los padres, mientras no tengamos verdad saldremos a las calles. […] A casi ocho años hemos sufrido tragos amargos y llorado lágrimas de sangre por la desaparición de nuestros hijos. La oscuridad continúa, el alba no aparece en el horizonte. Es como si se hubiese detenido esa noche lluviosa y oscura del 26 de septiembre”, indicó la señora Hilda Legideño Vargas, mamá de Jorge Antonio Tizapa Legideño, al leer el posicionamiento conjunto.
La lluvia arreció esta tarde de viernes mientras se desarrollaba la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa sobre el Paseo de la Reforma. El contingente caminó con pancartas y consignas de exigencia para el esclarecimiento del caso, justicia y que todos los implicados —no sólo en la desaparición forzada, sino en la construcción de la mal llamada “verdad histórica”— sean llamados a rendir cuentas.
Este viernes, a un mes de que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 normalistas, los padres de los jóvenes salieron a marchar en la Ciudad de México. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.
Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa reiteraron su postura de que no aceptarán sólo indicios de que sus hijos están muertos si el Gobierno no les presenta pruebas científicas e irrefutables del paradero de los normalistas.
“Las madres y los padres necesitamos pruebas científicas indudables del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con los indicios preliminares que no aclaran a cabalidad donde están y qué pasó con ellos”, señalaron.
El reciente informe de la CoVAJ ha sido relevante para los padres, indicaron, pues tiene elementos positivos que ayudarán al conocimiento de la verdad y a obtener justicia.
Entre los aspectos que reconocieron y aplaudieron está el reconocimiento por parte de Gobierno de que los hechos acontecidos la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre de 2017 se trataron de un crimen de Estado.
“El reconocimiento es significativo ya que evidencia que diversas entidades estatales participaron en la desaparición de nuestros hijos y que deberán ser investigadas y sancionadas […] Los hechos de Ayotzinapa fueron complejos. Se desarrollaron en varios lugares porque fue una agresión de gran magnitud que implicó la participación de diversas corporaciones estatales y grupos delictivos que les permitieron controlar y dirigir la agresión cobarde contra nuestros hijos”, dijeron.
Hoy marcharon para pedir el esclarecimiento del caso. Foto: Romina Gándara
No obstante, no todo está dicho, ni aclarado y aún falta un largo camino por recorrer para los padres, aclararon.
Emiliano Navarrete, padre de José Ángel destacó que mientras no haya evidencias sólidas, mientras no les pongan en la mesa a ellos las pruebas científicas e irrefutables de los hechos, ellos no pueden aceptar una versión preliminar.
El padre también cuestionó que hasta el momento solo el exprocurador Jesús Murillo Karam sea el único enjuiciado y demandó que los demás involucrados, principalmente altos mandos del Ejército y el expresidente Enrique Peña Nieto, rindan cuentas ante la justicia.
“¿Por qué no han tocado a Enrique Peña Nieto a Salvador Cienfuegos? Tantos personajes políticos de alto nivel involucrados, pero ¿Y Peña Nieto? Claro que él también fue partícipe y colaboró por acción u omisión”, dijo el hombre.
Emiliano recordó que Peña Nieto se burló de los padres al decir que los jóvenes estaban muertos. “A mí me sigue dando coraje este tipo tan despreciable que se burló de nuestro dolor y miren donde está viviendo ahora. ¿Vive en México? No. Roban y se van; y son aceptados en otro país”
Emiliano Navarrete, padre de José Ángel. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.
El padre de José Ángel Navarrete insistió en entrevista con medios de comunicación que ellos seguirán en la lucha social y que no descansarán hasta saber qué pasó exactamente con sus hijos y, sobre todo, dónde están.
—Pero, ¿está consciente que al ser algo tan difícil podrían quizá nunca saberlo? —le preguntó un periodista.
—Si no hay paz para nosotros, no habrá paz para el Gobierno —dijo el hombre.
Por su parte, Clemente Rodríguez Morena, papá de Cristian Rodríguez Telumbre, también destacó que él necesita respuestas concretas y claras para saber qué ocurrió con su hijo y dónde está. Su hijo es uno de los tres estudiantes de los cuales ya encontraron un resto y este fue identificado con el estudio de ADN realizado en la Universidad de Innsbruck.
Sin embargo, para Clemente eso no es prueba suficiente y pidió que su hijo sea entregado completo, es decir, todo su cuerpo.
“Ese día que me dan la noticia de mi hijo Cristian, del fragmentito, ellos hablaban de restos. Pero yo les digo ‘dónde están los restos?’ Yo no me puedo quedar satisfecho con un fragmentito, yo para poder aceptar, quiero el cuerpo completo porque a mi hijo le pueden cortar una pierna, me pueden cortar un brazo y la esperanza no me la pueden quitar”, recordó.
Don Clemente coincidió con los demás padres que el reciente informe de la CoVAJ es un avance porque el Gobierno mexicano ya aceptó que participó el Estado.
“A mí parecer, desde mi punto de vista, queda uno satisfecho que el caso no diera carpetazo, que las investigaciones siguen, entonces esperemos que pronto las investigaciones avancen porque ya se van a cumplir 8 años y más que nada el Gobierno mexicano ya va de salida”, dijo.
Uno de los contingentes alistándose para la marcha. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.
Sin embargo, el padre coincidió en que aún faltan investigaciones y procesar a más culpables.
“Se habla de ciertos funcionarios que van a detener, pero que aporten más información, a lo que nosotros nos importa es dónde están los jóvenes y lo dije yo como padre de familia y la consigna va a ser esa, que, así como se los llevaron vivos así los queremos, la fe mueve montañas y pues el Gobierno mexicano debe de seguir todas las líneas de investigación”, expresó.
La detención del exprocurador Jesús Murillo Karam representa para los padres un avance en el camino del acceso a la justicia porque reconoce lo que ellos dijeron desde un principio y les dio la razón: que la versión ofrecida por el Gobierno de Peña Nieto era una gran mentira.
“Murillo Karam condujo una investigación turbia, irregular, plagada de tortura, manipulación y siembra de pruebas construyendo así una mentira que impidió saber el paradero de nuestros hijos. De haberse explorado otras líneas de investigación a escasos días de la desaparición el éxito de saber su paradero pudo haber sido más objetivo, sin embargo, la acción criminal y humana de este señor y otros funcionarios lo impidieron. Por ello, es importante no dejar impune la actuación ilegal de tales funcionarios, por lo que estamos pendientes del proceso penal que se le sigue a esta persona”, señalaron en su posicionamiento.
Finalmente reiteraron que seguirán “la exigencia de presentación con vida de los 43. No podemos claudicar en la lucha hasta no tener prueba plena que indique su paradero”.
La Fiscalía General de la República ha basado de su acusación en contra de Jesús Murillo Karam, en las conferencias de prensa que dio como Procurador y como principal responsable de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Curiosamente, la defensa del funcionario del Gobierno Peña Nieto ha empleado la misma evidencia para desestimar los cargos.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Las al menos cinco conferencias que Jesús Murillo Karam dio entre octubre de 2014 y enero de 2015 como Procurador General de la República y principal responsable del caso Ayotzinapa forman parte de la evidencia que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en contra del más alto funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto que hasta ahora ha sido colocado en el asiento de los imputables por la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida en septiembre de 2014.
Se trata de las ruedas de prensa ofrecidas los días 6, 7 y 27 de octubre de 2014; la del 7 de noviembre del mismo año y la del 27 de enero del 2015, en la que presentó su “verdad histórica”, así como la reunión conclave celebrada entre altos funcionarios en Iguala, en la que salieron relucir los nombres del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre y el actual Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quienes han rechazado los señalamientos.
La Fiscalía ha basado su acusación en esas conferencias en las que el propio Murillo Karam expuso lo que —para el Ministerio Público— son indicios clave para imputarlo por los delitos de tortura, contra la administración de justicia y desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y mantener abierto el proceso en su contra.
En el mensaje del 6 de octubre, por ejemplo, Murillo Karam anunció que, por instrucción del entonces Presidente, él se haría cargo de la investigación del caso Ayotzinapa y que sería el responsable de resolverlo; en la del 27 de octubre, el entonces funcionario habló de la detención de uno de los hombres que —después se supo— apenas estaba siendo arrestado justo en ese momento. En tanto que en la conferencia del 27 de enero fue cuando presentó la “verdad histórica”, que también ha sido tomada por la Fiscalía como evidencia, sobre todo porque esta versión ha sido derrumbada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y recientemente por la Comisión de la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa.
Las declaraciones de Murillo Karam en estos mensajes públicos han adquirido relevancia en el caso que se sigue en su contra, como advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que el propio exprocurador se había autoincriminado cuando declaró que él y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio —detenido en Israel en espera de ser extraditado a México— eran los responsables directos de la investigación.
“En el caso del Procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía [General de la República]… Existe la prueba, es pública, existe la conferencia de prensa, está citando lo que dijo el Procurador: ‘Nosotros somos los responsables’”, expresó López Obrador en su conferencia de prensa matutina del pasado 23 de agosto.
En enero de 2015, Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, es cuando presentó la “verdad histórica”. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro
El peso que la Fiscalía ha dado a las ruedas de prensa también generó que la defensa estableciera en la audiencia del miércoles una estrategia para desestimarlas como elementos de prueba. Los abogados de Murillo Karam argumentaron que no contaban como pruebas porque vulneraban el derecho a la no autoincriminación, porque se trata de declaraciones que no se hicieron frente a un Ministerio Público o ante un Juez, y porque el exprocourador no estaba acompañado de un representante legal.
La Fiscalía defendió las conferencias como elementos probatorios al destacar que no podían considerarse autoincriminatorias porque al momento en que se realizaron el exfuncionario no tenía calidad de indiciado y porque, además, fueron ofrecidas de manera pública y cuando Murillo Karam ostentaba un cargo público.
A pesar de los esfuerzos de los abogados defensores, el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia desestimó los argumentos, vinculó a proceso al exfuncionario y lo mantuvo en prisión ante un posible riesgo de fuga. La defensa indicó en ese sentido que buscarán mantener sus argumentos por medio de recursos de amparo.
¿COMO SE VINCULAN LAS CONFERENCIAS A LOS DELITOS?
Los delitos que se le imputan a Murillo Karam están vinculados a la construcción de la “verdad histórica”. La tortura que se le imputa es porque esta versión, señala la Fiscalía, se maquinó a base de la supuesta tortura ejercida a los presuntos sicarios detenidos por la desaparición de los 43 normalistas.
La acusación por la administración en contra la justicia se basa en que se habrían alterado hechos y escenas; y el de desaparición forzada porque a raíz de su “verdad” habría provocado el ocultamiento del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, mediante una versión falsa para cerrar el caso, lo cual propició que se obstaculizaran investigaciones alternas que permitieran encontrar a los estudiantes .
Para sostener a Murillo Karam como auto material de la verdad histórica y su participación, la Fiscalía presentó ante el Juez al menos tres testimonios clave: el de Bernardo Cano Muñozcano, exsecretario particular del Tomás Zerón de Lucio, quien habría reconocido que él grabó a las cuatro personas que fueron torturadas para que dijeran exactamente lo que las autoridades querían sobre el caso Ayotizinapa; el de Erika Ramírez Ortiz, exministerio Público Federal adscrita a la Unidad Antisecuestros de la PGR, quien testificó que le ordenaron alterar informes y documentos para poder cuadrar y procesar a las personas que habían sido torturadas y fueran presentadas como responsables de la desaparición de los estudiantes; y el testimonio de Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a quien Murillo Karam durante un vuelo por el Río de Cocula le habría adelantado que ya tenía a las personas que iban a decir que en ese lugar estaban los restos de los estudiantes.
La Fiscalía basó gran parte de su hipótesis y evidencia contra Murillo Karam en las siguientes conferencias de prensa:
6 de octubre de 2014: En esa conferencia Murillo Karam habría girado órdenes a Tomas Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal y ahora prófugo de la justicia, a actuar con toda la fuera y con todo el peso de la ley.
La Fiscal, Lydia Bustamente, quien estuvo al frente de la parte acusadora desde la audiencia inicial en contra de Murillo Karam, explicó que esas declaraciones evidenciaban que Murillo, al ser el superior de Tomás Zeron, tiene responsabilidad, pues era ilógico pensar que su subordinado cometía actos de tortura.
7 de octubre de 2014: Los representantes de la Fiscalía General de la República señalaron durante la audiencia del sábado que Murillo Karam había organizado una reunión, o “cónclave”, para fraguar la entonces llamada “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, que postulaba la incineración de todos los normalistas en el basurero de Cocula.
En la reunión, realizada en Iguala, habrían participado, entre otros, Omar García Harfuch, hoy Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y que en aquel momento era delegado de la extinta Policía Federal en Guerrero, algo que él ha negado.
Jesús Murillo Karam se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte. Foto: Cuartoscuro.
27 de octubre de 2014: Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República y Tomás Zerón de Lucio, entonces Director en Jefe de la AIC, realizaron la conferencia de prensa a las 16:00 horas informando que habían detenido a 4 integrantes del grupo Guerreros Unidos y que eran las primeras detenciones que realizaban de quienes habían confesado que participaron en la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos, incluyendo la historia del basurero de Cocula y el Río San Juan.
La Fiscalía resaltó que eso cobraba especial relevancia pues en ese momento, los detenidos ni siquiera habían sido puestos a disposición de la PGR, ni habían declarado, por lo que estaban informando sobre hechos que, al menos en el expediente, aún no habían ocurrido.
Además, la Fiscalía citó la declaración de una testigo protegida a la que sólo identificó como Ericka, quien testificó que previo a esa conferencia en las instalaciones de la SEIDO, vio que llegaron los detenidos y que sus superiores estaban nerviosos porque no sabían como “iban a cuadrar” los delitos. Además, señaló que a ella le pidieron alterar informes y las fechas de la puesta a disposición para que pareciera que los detenidos ya habían sido presentados ante un Juez.
Por su parte, de acuerdo con el Tercer Informe del GIEI, un día después de esta acción “de la que no existe registro alguno” en la investigación del caso, se llevó a cabo otra diligencia —de la cual sí se tiene constancia—, el 28 de octubre, la cual fue instruida por Murillo Karam y operada por Tomás Zerón de Lucio, quien fue visto “junto a uno de los detenidos que tenía evidentes signos de tortura, y posteriormente algunos peritos de medicina legal, en una diligencia que no constaba en ninguna actuación en el expediente”.
7 de noviembre: En esta rueda de prensa, el entonces Procurador dijo que que no se había dejado “un día sin que haya habido una acción de búsqueda sin que haya habido una acción con el propósito de encontrar a los desaparecidos por parte del Gobierno de la República”, y en la que respondió con un “ya me cansé” a los cuestionamientos de la prensa,
27 de enero del 2015: Fue la primera vez que el extitular de la PGR expuso la “verdad histórica”, según la cual “los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan, en ese orden. Esa es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”.
Ahora, a siete años de esa construcción sobre los sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, Jesús Murillo Karam enfrenta a la justicia, con sus propias palabras empleadas en su contra.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos quieren que las autoridades demuestren con pruebas que no hay indicios de que los normalistas de Ayotzinapa se encuentren con vida como lo asegura el informe que presentó la semana pasada la Comisión de la Verdad.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no desestiman el informe presentado esta semana por la Comisión de la Verdad, pero piden pruebas contundentes e irrefutables de que los estudiantes no están vivos, así lo informó VidulfoRosales, integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y abogado de las familias.
“Las familias de las y los 43 merecen pruebas contundentes, irrefutables de que los estudiantes ya no están vivos. Necesitan certezas indubitables, certezas de que sus hijos están sin vida”, dijo Rosales en entrevista con el noticiero del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de México.
“Esto no significa que desestimamos el informe”, aclaró.
La Comisión de la Verdad, creada para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes, dijo el pasado 18 de agosto en un informe que lo ocurrido hace ocho años fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el Ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y sabía lo que estaba ocurriendo.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión, confirmó que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida, y anunció que México le ha ofrecido a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso y prófugo en Israel, un acuerdo para que colabore con la justicia proporcionando información que pueda esclarecer los hechos.
Vidulfo Rosales destacó que el informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa concentra tres puntos importantes:
–Se reconoce que es un crimen de Estado
–Se establece responsabilidad de los tres niveles de Gobierno.
–Se establecen los sucedido en 2014 como un hecho complejo.
No obstante, dijo, un cuarto punto, polémico, es la suerte de los estudiantes.
“No vamos a desestimar lo que está apuntando el informe, pero tampoco hay una aceptación tal cual”, explicó el abogado al señalar que para sustentar la nueva versión oficial se requiere certeza científica.
“Para establecer el paradero de los jóvenes normalistas al día de hoy hay elementos preliminares, pero deben ser corroborados. La Fiscalía debe seguir echando mano de más testigos, informantes, colaboradores”, agregó. “Falta todavía dilucidar. Lo cierto es que no tenemos a los 43”.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.
LOS HALLAZGOS DEL INFORME
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino —Cocula— y tiró los restos a un río cercano.
Tanto los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que continúan colaborando con la investigación_, como la actual fiscalía negaron la versión del basurero e insistieron en que los 43 no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, aunque confirmaron la identificación de tres estudiantes a través de restos óseos calcinados. Aseguraron también que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia.
Encinas subrayó que los miles de nuevos documentos analizados confirman no sólo esos puntos, sino que se trató de un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel del gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Dijo también que el Ejército es responsable, al menos, “por acción, omisión o negligencia” en el caso porque uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien sus mandos no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación, y esa inacción iba en contra de los protocolos vigentes.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, durante la presentación del nuevo informe de la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro
El Subsecretario ofreció también datos que reavivan la hipótesis de que el tráfico de heroína que se realizaba en esa región del sur de México pudo estar en el epicentro del crimen.
El grupo de expertos internacionales pidió desde 2016 investigar esta posibilidad porque, según sus informes, la Policía Federal había bajado a los estudiantes de uno de los autobuses que los jóvenes pretendían llevarse, y escoltó ese vehículo hasta la salida de la ciudad, lo que les hacía sospechar que podía haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago y que los estudiantes pudieran haberlo tomado por error.
El Subsecretario anunció que ya se presentaron en la fiscalía todos los elementos necesarios para que deslinde responsabilidades de 33 personas, entre las que hay funcionarios federales. Lamentó también que 26 “personas clave” en la investigación han muerto o fueron “ejecutadas”.
El Gobierno notificó a las familias de los 43 los hallazgos antes de hacerlos públicos y garantizó que continuarán tanto las búsquedas como el análisis de todos los restos óseos encontrados para intentar hallar información genética.
El exprocurador Jesús Murillo Karam es la máxima autoridad hasta el moment0 que ha sido presentada ante el juez y que enfrenta en la cárcel las acusaciones por la “verdad histórica” y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Sentado, con los hombros hacia delante y cabizbajo. Así escuchó el exprocurador Jesús Murillo Karam los intentos de sus defensores, primero, para que no lo vincularan a proceso y, después, para que no le impusieran prisión preventiva como medida cautelar. La derrota se dibujó en el rostro del exfuncionario en la audiencia de ayer en el Reclusorio Norte: se tapó la cara y la dejó caer sobre sus manos, las cuales mantuvo casi todo el tiempo en los bolsillos de su chamarra color beige, que portaba junto con un pantalón cargo del mismo color; el que usan los internos del penal. La defensa no logró ninguna de sus dos cometidos y el padre de la llamada “verdad histórica”, a la que se aferró y defendió ayer, permanecerá en prisión por su papel frente al caso Ayotzinapa.
“Los datos de prueba son razonables. […] Sí es razonable la hipótesis de la Fiscalía”, dijo el Juez Fuerte Tapia al concluir que los indicios presentados por los fiscales y los abogados coadyuvantes fueron pertinentes, idóneos y lícitos y eran suficientes para la vinculación a proceso del exfuncionario.
El exprocurador enfrentará la investigación de su proceso penal dentro del Reclusorio Norte cuando menos tres meses, así lo dice la medida cautelar que este miércoles reafirmó el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia después de casi 12 horas de audiencia en los juzgados federales que se encuentran al lado del penal.
La relación entre Peña Nieto y Murillo es importante y crucial para ambos. Foto: Cuartoscuro.
Inicialmente la Fiscalía había solicitado seis meses como plazo para el cierre de la investigación, pues dijo que necesitaba tiempo suficiente debido a la complejidad del caso y porque debía de allegarse de más pruebas, como solicitar la bitácora de vuelos de Murillo Karam cuando visitó el basurero de Cocula, registros telefónicos de cuando fue Procurador así como el testimonio de personas que señalaron haberlo visto en el lugar de los hechos entre otros.
La defensa argumentó que era excesivo ese tiempo, en vista de que a su representado le habían impuesto privación de la libertad como medida. La Fiscalía no debatió la solicitud de la defensa. Esa fue su única batalla ganada: el juez determinó 90 días naturales como periodo de investigación.
“El justiciable”, así se referían a él como imputado de los delitos de tortura en contra de cuatro personas y desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ambos en calidad de autor material, así como el delito contra la administración de justicia, éste último por ser el que artífice de la llamada “verdad histórica”.
El riesgo de que abandone el país y de que pueda obstaculizar el proceso quedaron sentados desde la primera audiencia y confirmados en la vinculación como la justificación para imponerle prisión.
También se dio a conocer que junto a las cinco propiedades que tiene repartidas en Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero, hay una más que no estaba en el radar de la Fiscalía: un departamento ubicado en la calle Edgar Allan Poe en Polanco, una de las zonas exclusivas de la Ciudad de México.
Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, experto en medidas cautelares citado por la defensa como “prueba de descargo”, trató de disuadir al Juez diciendo que Murillo Karam era un hombre de prestigio, respetable, con arraigo familiar y que quería mucho a sus dos perritos.
Además, dijo que el exprocurador tiene gastos que oscilan entre los 80 mil a 120 mil pesos y que “vive de sus ahorros, de sus rentas e inversiones”. Y aunque esa información fue presentada por la defensa, la Fiscalía la utilizó para reafirmar las condiciones económicas y facilidades que tiene el acusado para huir del país.
El experto citado por la defensa trató de disuadir al Juez diciendo que Murillo Karam era un hombre de prestigio, respetable, con arraigo familiar y que quería mucho a sus dos perritos. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro
El debate de la audiencia se centró, en buena parte, en dos temas: en la pertinencia de considerar las ruedas que ofreció Murillo Karam, notas de prensa donde reconoció que estaba a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa y en la temporalidad de los delitos de desaparición forzada y tortura.
La defensa de Murillo, integrada por los abogados José Javier López García, Antonio López y Alba Vázquez, trató de derrumbar las acusaciones, primero señalando que las conferencias no podían ser utilizadas como indicio, bajo el argumento de que tenía derecho a la no autoincriminación, y segundo, al indicar que el delito de tortura y desaparición forzada habían prescrito.
La parte acusadora, integrada por las fiscales Lidia Bustamante Vargas y Daniela Aguirre, asesoradas por los abogados coadyuvantes, Daniela Aguirre, representante de las víctimas de tortura, y Santiago Aguirre, representante de los padres de los 43, refutó y derrumbó con argumentos sólidos los dichos por los abogados defensores.
El Juez les dio la razón a los fiscales: “Hay indicios que corroboran estos hechos”.
Las ruedas de prensa Jesús Murillo Karam, fue uno de los principales elementos que ahora lo hundieron. Foto; Cuartocscuro
Al lado, en una sala contigua, se encontraba la madre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa acompañada por el abogado de las familias, Vidulfo Rosales. Al final, la mujer confrontó al exfuncionario.
“Necesito exigir a Murillo que se haga justicia. Queremos la verdad y saber dónde están nuestros hijos. ¿A dónde los dejó?”, expresó la madre al final de la audiencia confrontando a Murillo Karam, quien en la sesión de ayer defendió su “verdad histórica”.
“Desde hace siete, ocho años han buscado alternativas, han inventado muchas y todas se caen. Hubo restos encontrados, sí, en la Barranca (de la Carnicería) y en el camino. Podemos aceptar algunos errores, pudo haber fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero no la han podido tirar”, expresó a mitad de la audiencia, tiempo en el que ya tenía su mascarilla en la barbilla.
La defensa ha alegado que el exprocurador padece enfermedades crónico degenerativas y por ello pidió que llevara su proceso en libertad, sólo entregando el pasaporte y con una firma periódica, lo cual fue rechazado.
La “verdad histórica” fue uno de los ejes torales de la Fiscalía, pues eso permitió que Murillo Karam, aunque no haya participado de manera directa en la desaparición de los estudiantes, sí contribuyó a la misma al crear “dolosamente” una versión falsa para cerrar el caso, lo que provocó el ocultamiento del paradero de los jóvenes, porque el desvió de la investigación no permitió otras líneas alternas que permitieran conocer la verdad y dar con el paradero de los estudiantes.
Al salir de los juzgados, José Javier López García, abogado del exprocurador y que también ha representado a Juan Collado, dijo en entrevista que van a analizar “a la luz de la calma” si interponen un recurso de amparo.
Los abogados defensores no se veían contentos con la determinación del Juzgador, pues incluso uno de ellos, Antonio López, fue apercibido por el juez y regañado por la forma en la que expuso su argumentación en la que insistía que Murillo Karam, presuntamente no debía ser juzgado por el delito de desaparición forzada con la nueva Ley General de Desaparición Forzada, pues los hechos que le atribuían se cometieron entre octubre de 2014 a enero de 2015, antes de la expedición de dicha legislación, que fue en 2017, y eso violentaba el principio de retroactividad, que dice que no puede aplicarse en perjuicio de un gobernado.
Ya en la noche de los juzgados una vez concluida la audiencia y con Murillo Karam en prisión preventiva, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, pidió que se procese a los demás funcionarios involucrados.
“Vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, hasta encontrarlos, hasta saber la verdad y que se castigue a los responsables”.
Este miércoles a las ocho de la mañana se tiene previsto que reinicie la audiencia del exprocurador Jesús Murillo Karam, donde podría ser vinculado a proceso. Sin embargo, la Fiscalía General de la República que lo acusa por fabricar una “verdad histórica” entorno al caso Ayotzinapa arrastra un historial de cero sentencias contra exfuncionarios de alto nivel.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– Jesús Murillo Karam, el primer Procurador detenido en la historia reciente de México, enfrenta este miércoles una audiencia donde podría ser vinculado a proceso, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presunta tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia por su conducción en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
Durante la primera audiencia del sábado, que se extendió por 12 horas y donde se le dictó prisión preventiva por riesgo de fuga, los fiscales fueron regañados por el Juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, por “no estar preparados” al grado de que les advirtió “dar parte a sus superiores jerárquicos de la FGR por el desorden”.
El exprocurador Murillo Karam al arribar el sábado al Reclusorio Varonil Norte. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
La Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero ha sido cuestionada por la conducción que ha tenido en los casos del exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht; contra Rosario Robles Berlanga, por la Estafa Maestra, y por exonerar a Salvador Cienfuegos, señalado por la DEA por supuestos nexos con el narcotráfico.
Dentro del mismo caso de los estudiantes de Ayotzinapa, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sigue sin ser extraditado de Israel; a la par que persisten las dudas sobre si la Fiscalía indagará en el algún momento al Presidente Enrique Peña Nieto o al exsecretario General Cienfuegos sobre el caso.
“Está en manos de jueces. Y sí coincido de que tardan mucho, o sea, porque no hay sentencias. Deben de acelerar más los procesos para que haya sentencias”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana.
Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en un mensaje a medios en 2015. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.
El abogado de las familias del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró en entrevista con Los Periodistas, en SinEmbargo al Aire, que Murillo Karam tuvo “una intención deliberada” de ocultar el paradero de los jóvenes, por lo que están pendientes de la audiencia de este día y esperan que se avance con las detenciones de los otros responsables –incluyendo militares y al expresidente Enrique Peña Nieto– para que no parezca “un tema de índole política”.
“De parte de los padres, decir que no hay un afán de ajustar cuentas, más bien un afán de que se sepa qué fue lo que ocurrió, ese es el interés”, aseveró. “Que se pase de inmediato a ejercer las acciones penales ya, a procesar a esas personas porque se anuncia nada más que se detiene al señor Murillo Karam, se anuncia la existencia de acciones penales como un tema más político, pero si esto no es seguido de acciones penales, no le vemos mucho sentido”.
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TORTURAS Y PRESIONES
El Fiscal Alejandro Gertz Manero expuso la semana pasada que pudieron demostrar con “pruebas judicializadas” que el propósito del Procurador Jesús Murillo Karam y del director de la Agencia de Inteligencia, Tomás Zerón, era el de “engañar a la población” para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, “adjudicando la brutalidad sucedida sólo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los cárteles [Guerreros Unidos] que se disputaban el control de las drogas en esa ciudad”.
Para lograr lo anterior, planteó el Fiscal, ambos funcionarios cometieron “un número incalculable de abusos, torturas y presiones” para obtener las confesiones de dichos policías e “inventar la supuesta verdad histórica”, que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente. Existe un video donde se observa a Zerón cerca del basurero de Cocula, donde habría sembrado pruebas. El Canciller Marcelo Ebrard Causabón dijo el martes que su extradición de Israel está avanzando y ya se entregó todo el expediente.
No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz no sólo ha sido señalado por el lento avance de las investigaciones contra exfuncionarios federales del peñismo, sino él mismo fue denunciado por torturar a Lozoya y familiares para obtener declaraciones falsas sobre el caso Odebrecht. La denuncia la presentó el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño.
“Hace mucho que la figura del Fiscal está en duda y es poco legítimo. Es un misterio el cómo y el por qué sigue siendo apoyado desde la federación, por qué se le sigue solapando”, dijo Carlos Pérez Ricart, investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE). “La Fiscalía es probablemente la institución que más ha dejado a desear en esta nueva Administración. Ha sido una Fiscalía ineficiente que se sigue mostrando opaca”.
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Pero el académico reconoció que, como lo han solicitado las familias de los jóvenes, se está llegando a altos mandos. “No están siendo solamente los subordinados, sino que en el caso de Murillo Karam y el General Alejandro Saavedra (contra quien pesa una orden de aprehensión), se está llegando a las cúpulas, lo que es una buena noticia porque así se rompen los circuitos de impunidad”, afirmó Pérez Ricart.
La detención del exprocurador se dio un día después de la presentación del informe preliminar sobre el caso Ayotzinapa por parte de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, en el cual se reconoce que se trató de un crimen de Estado, que se fabricó una “verdad”, que había un militar infiltrado y, según un testigo, seis de los normalistas habrían sido mantenidos con vida cuatro días después de la noche de Iguala. Este miércoles el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas estará en Palacio Nacional para dar más detalles, como pidió el Presidente López Obrador.
Al respecto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) marcó distancia del informe y solicitó en un comunicado tener acceso no sólo a lo que se incluyó en el documento público, sino a todo lo que se extrajo (capturas de pantalla censuradas) y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información para conocer la verdad completa del caso con un debido proceso. Hasta entonces, dijo, sus miembros emitirán un comentario.
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en avenida Reforma. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
Por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia, la Fiscalía también obtuvo 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Entre los militares en la mira, resalta el General Alejandro Saavedra Hernández, el militar de más alto rango de esa lista. En septiembre de 2014 era el titular de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, y tuvo acceso directo a las comunicaciones de inteligencia que en tiempo real tuvo el C-4 de todas las actividades de los estudiantes, de acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad.
“Lo de Ayotzinapa y lo del señor Murillo Karam, lamento mucho, pero esas injusticias no pueden quedar impunes. ¿Cómo veo yo a las madres, a los padres de los muchachos? Llevo tres años reuniéndome con ellos, informándoles en reuniones, algunas ríspidas, porque imagínense el dolor de las madres, de los padres de no ver a sus hijos y todo esto que se está conociendo”, comentó el Presidente López Obrador. “Ya habían cometido esta atrocidad. ¿Por qué ocultar los hechos?, ¿a quién protegieron?”, cuestionó.
ROBLES EN PROCESO LIBRE
El Fiscal Alejandro Gertz también ha sido señalado por presionar a Rosario Robles para que, en prisión preventiva por presunto ejercicio indebido de la función pública, accediera al criterio de oportunidad respecto al desvío de más de 7 mil millones de pesos a través de diversas dependencias y universidad públicas.
Tres años después, por cuestiones de salud, un juez le cambió la medida cautelar para que siga enfrentando su proceso desde casa sin poder salir del país y presentándose ante la autoridad cada 15 días. A la fecha, el Oficial Mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, sigue libre pese a haber presidido el comité que firmó los convenios y no haberse presentado a comparecer.
“Sobre estas observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en el caso concreto de Rosario, no se le acusa de haber dispuesto de alguna cantidad de dinero ni tampoco haberse quedado con alguna cantidad, estaríamos en presencia de peculado. Lo que a ella se le atribuye es un ejercicio indebido de la función pública en su modalidad de omisión, es decir, supuestamente no haber supervisado que con la firma de estos convenios supuestamente se podía crear una afectación al patrimonio de la nación”, dijo el abogado de Robles, Epigmenio Mendieta, en entrevista radiofónica con MVS.
Luego de tres años presa, Rosario Robles seguirá su proceso penal en libertad. Foto: Édgar Negrete, Cuartoscuro.
La Fiscalía no sólo pidió al juez que, por razones de edad y enfermedad, lleve su proceso por el delito de omisión desde su casa, sino que no ejecutó, en dos años, la orden de aprehensión para procesarla por delincuencia organizada y lavado de dinero.
“En contra de esa orden se promovió un amparo, mediante el cual hubo una suspensión definitiva. El juez de amparo analizará el fondo del asunto planteado y una vez que lo haya analizado llegará a la determinación sobre si esta orden de aprehensión sigue vigente o queda suspendida”, afirmó el abogado Mendieta.
En sólo dos días, la FGR concedió a Robles la petición que ésta le hizo el miércoles 17 de agosto para seguir desde su domicilio el proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión por el caso de la “Estafa Maestra”, por el que se le ordenó prisión preventiva en agosto de 2019. La institución que encabeza Alejandro Gertz Manero le pidió al juez el cambio de medidas cautelares y que ya no siga en prisión preventiva, “en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad”.
Ante las versiones en el sentido de que Robles Berlanga cooperó con la FGR para implicar a altos funcionarios, como el exsecretario Luis Videgaray y Peña Nieto, uno de sus abogados, que pidió no ser identificado, rechazó esa posibilidad. “Si fuera así, se habría apolillado un criterio de oportunidad que nunca cuajó”, subrayó el litigante el sábado pasado a SinEmbargo.
En un artículo de opinión en El Universal, Robles expuso que se necesita reformar el sistema penal acusatorio y el “punitivo” sistema penitenciario porque “Rosarios hay muchas y hay que conseguir su libertad”.
LOZOYA, EN PRISIÓN PREVENTIVA
Emilio Lozoya Austin, extitular de Pemex con Enrique Peña Nieto, es señalado por recibir un soborno de 10 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de contratos, dinero que habría sido destinado para las elecciones presidenciales de 2012. También se le involucra con el caso Agronitrogenados que generó un daño al erario.
Sin embargo, a dos años de su detención y extradición desde Málaga, España, no ha sido sentenciado y sus audiencias se pospusieron hasta noviembre en búsqueda de un nuevo acuerdo entre la Fiscalía y la defensa legal.
Hace unas semanas se filtraron audios de 2019 donde se oye al Fiscal Alejandro Gertz presionar al padre, Emilio Lozoya Thalmann, para que él y su otro hijo no se amparara contra cualquier orden de aprehensión, a la par de que la madre y la hermana de Lozoya también eran acechadas.
Acto seguido de las llamadas, su hijo fue aprehendido, razón por la que el extitular de Pemex, Carlos Treviño, denunció al Fiscal por presunta tortura psicológica a Lozoya para que aceptara el criterio de oportunidad y diera supuestamente declaraciones falsas. Pese a haber enlistado a diversos funcionarios en la denuncia, entre ellos el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, legisladores panistas y a Treviño, el exdirector de Pemex no aportó mayores pruebas.
Emilio Lozoya Austin fue captado en octubre de 2021 en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Foto: Lourdes Mendoza
Luego de ser fotografiado por la periodista Lourdes Mendoza en un restaurante de lujo de la Ciudad de México durante su prisión domiciliaria, Lozoya quedó en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, donde este miércoles el exprocurador Jesús Murillo Karam podría ser vinculado a proceso.
Su situación se aclarará hasta el 4 y 7 de noviembre, cuando se lleven a cabo nuevas audiencias. Estos encuentros estaban originalmente agendados para abril pasado, pero la Fiscalía General y los representantes legales de Emilio Lozoya solicitaron posponer las fechas con el fin de establecer un posible arreglo entre ambas partes.
El extitular de Pemex está dispuesto a pagar la cantidad de 10.7 millones de dólares bajo el concepto de reparación del daño para obtener un acuerdo reparatorio y criterio de oportunidad para que, en consecuencia, se suspendan los procesos penales en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.
La extradición del exdirector de la AIC por el caso Ayotzinapa avanza y va por buen camino, declaró el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La extradición de Tomás Zerón de Lucio, señalado como presunto implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, va “por buen camino”, declaró el Canciller Marcelo Ebrard, aunque la decisión final depende del Gobierno de Israel.
“Ya está integrado todo el expediente, ya la mayor parte de información que solicitó el Gobierno de Israel, según nos ha informado la Fiscalía General de la República, ya se entregó”, dijo al ser cuestionado al respecto.
“Y nosotros, allá está el director jurídico, viendo todo lo que sea apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la República, pero yo diría que vamos por buen camino”, expuso, y reconoció que justo ahora no es posible contar con una fecha de extradición. Lo anterior, debido a que México no tiene un tratado de extradición con dicho país.
Tomás Zerón fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y ha sido señalado como un agente clave detrás de la “verdad histórica” junto al exprocurador Jesús Murillo Karam, recientemente detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.
Tomás Zerón fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y ha sido señalado como un agente clave detrás de la “verdad histórica”. Foto: María Martínez, Cuartoscuro
El exdirector de la AIC ha sido acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa y rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de cooperar en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, informó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el pasado 18 de agosto.
Encinas dio a conocer ese día en conferencia de prensa que la Comisión de la Verdad sostuvo un encuentro con Zerón de Lucio los días 16 y 17 de febrero pasado, en la cual, le ofrecieron un “criterio de oportunidad que no aceptó”.
El Subsecretario de Gobernación detalló que la comunicación y reunión con el extitular de la AIC, quien se encuentra en Israel desde el 13 de agosto de 2019, se realizó de forma independiente al proceso de extradición que encabeza la FGR, con el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Encinas no dio más detalles sobre el ofrecimiento que se le realizó al exfuncionario de la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, uno de los artífices de la famosa “verdad histórica”, según la cual, los 43 normalistas fueron llevados al basurero de Cocula, en donde fueron asesinados y sus restos quemados.
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El funcionario federal dijo aquel día que esa versión “fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
La Comisión de la Verdad, abundó, mantiene comunicación con los abogados de Zerón de Lucio con la esperanza de que pronto puedan avanzar y concretar un acuerdo de colaboraciones y no esperar el proceso de extradición.
El pasado 28 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que se sustentaron las investigaciones durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, al dar a conocer que al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) manipularon el basurero de Cocula, en Guerrero, durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014.
En ese tercer informe del GIEI se dio a conocer sobre la presencia de distintos funcionarios en la zona, en donde se alteró evidencia. El Grupo de Expertos confirmó que entre esas personas estuvieron el exprocurador de Justicia Murillo Karam y Tomá Zerón.
En la audiencia de este sábado, el Juez determinará si fue legal la detención que realizó la FGR, con base en una orden de aprehensión por presunta responsabilidades en los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– El exprocurador Jesús Murillo Karam comparece desde esta mañana ante un Juez de Control en el Centro de Justicia Federal para ser imputado por presuntos delitos cometidos en el caso Ayotzinapa, en especial de la tortura en contra de seis integrantes de Guerreros Unidos, la organización criminal que desapareció a los 43 normalistas.
Los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron durante la audiencia que Murillo Karam había organizado una reunión, o “cónclave”, para fraguar la entonces llamada “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, que postulaba la incineración de todos los normalistas en el basurero de Cocula.
En la reunión, realizada en Iguala, habrían participado, entre otros, Omar García Harfuch, hoy Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en aquel momento delegado de la extinta Policía Federal en Guerrero.
Las autoridades federales detallaron que el cónclave habría ocurrido el 7 de octubre de 2014, una semana y media después de la desaparición de los estudiantes. Otros participantes incluyen al entonces Gobernador guerrerense, Ángel Aguirre; Tomás Zerón, titular de la Agencia Federal de Investigación y hoy prófugo del Gobierno mexicano en Israel; así como de Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces Fiscal especializado en delitos de secuestro.
Murillo Karam fue acusado por la FGR de fraguar la “verdad histórica” de manera dolosa y de organizar un “cónclave” con figuras clave. Foto: FGR.
Explicó que él ya había sido designado a cumplir con una serie de labores en el estado de Michoacán en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Es importante precisar que cuando suceden esos hechos, es importante decir donde estaba yo. Yo estaba en Michoacán, exactamente en Buenavista, Tomatlán y en Nueva Italia, Michoacán […] Yo no estaba en Guerrero, si hubiera estado en Guerrero, por supuesto salir a asumir y dices ‘me hago responsable de la Policía Federal’”, indicó en entrevista.
Los familiares de Murillo Karam no dieron declaraciones a la prensa. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo
Por otra parte, este sábado, Murillo Karam, quien fue detenido ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) al exterior de su domicilio en La Lomas de Chapultepec, fue trasladado en un convoy de cinco camionetas pertenecientes a la dependencia y a la Secretaría de Marina (Semar).
La defensa de Murillo Karam pidió un receso argumentando que la Fiscalía General de la República apenas le entregó esta mañana la carpeta de investigación, petición a la que accedió el Juez. Luego se volvió a decretar un receso, pero para tomar alimentos y para que un médico revisara al exprocurador.
En la audiencia de este sábado, el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia determinará si fue legal la detención que realizó la FGR, con base en una orden de aprehensión por presunta responsabilidades en los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. La defensa de Murillo Karam pidió un receso argumentando que la Fiscalía General de la República apenas le entregó esta mañana la carpeta de investigación, petición a la que accedió el Juez.
Murillo Karam será presentando ante un juez tras su detención el día de ayer. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
Entre el grupo de cuatro abogados que conforman la defensa del exprocurador están José Javier López García, abogado de Juan Collado, y Antonio López Ramírez, quien también defiende a Raúl Beyruti, “El Rey del outsourcing”.
Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también acudió a la audiencia, al igual que una representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y cuatro fiscales del Caso Iguala que formularán la imputación contra Murillo Karam.
El convoy que trasladó a Murillo al Reclusorio Norte. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
Murillo Karam comparecerá en audiencia. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
INFORME DERRIBA VERSIÓN DE MURILLO KARAM
Ante la presión pública para que se aclarara un crimen que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales, y que éstos los mataron, los quemaron a todos en una gran hoguera en un basurero y arrojaron los restos a un río.
Sin embargo, un grupo de expertos internacionales y la actual Fiscalía General de la República echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron distintas autoridades, fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.
En 2020, el actual Fiscal general, Alejandro Gertz Manero, acusó a Murillo Karam de “orquestar un engaño mediático masivo”. Dos años después fue detenido en su casa en la Ciudad de México y, según el comunicado oficial, sin que opusiera resistencia. Se convertía en el primer exprocurador general mexicano en ser capturado por la institución que él mismo dirigió.
Jesús Murillo Karam fue detenido por Marinos a petición de la FGR por el caso Ayotzinapa. El político priista fue detenido cuando salía de su casa en Lomas de Chapultepec. Foto: FGR.
Horas después de la captura de Murillo Karam, la Fiscalía informó en un comunicado de la emisión de 83 órdenes de captura, 20 de ellas de militares y el resto de policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Murillo Karam exlegislador y exgobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 74 años, dirigió la entonces Procuraduría General de la República de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Dejó el cargo cinco meses después del crimen, tras haberse convertido en una de las personas más criticadas por los padres de los estudiantes, que desde hace años habían pedido su arresto. En una ocasión dio por terminada una conferencia de prensa con el argumento de que ya se había cansado de dar explicaciones.
Casi a media noche del viernes, sus abogados emitieron un breve comunicado en el que dijeron que “de ser sólido y apegado a derecho, el proceso que inicia podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas” y dejaron claro que a los padres no les mueve la venganza sino “la esperanza de que se sepa la verdad”.
El PRI indicó en su cuenta de Twitter que la detención de Murillo Karam “responde más a un tema político, que de justicia” y le ofreció todo el respaldo del partido.
El arresto se realizó un día después de que el caso fuera calificado como “crimen de Estado” por la Comisión de la Verdad, creada por la actual administración.
En un informe, dicha entidad consideró probado que tanto el crimen como la ocultación de la verdad sobre lo ocurrido fueron hechos organizados “desde el más alto nivel del gobierno”, donde se alteraron escenas del delito y se ocultaron no solamente los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Enrique Peña Nieto junto a Jesús Murillo Karam. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro.
Hasta ahora, el más alto funcionario acusado en el caso, también por torturas y desaparición forzada, era Tomás Zerón, el jefe de la investigación y subalterno de Murillo Karam. Zerón se encuentra oculto en Israel. México le ofreció un acuerdo para que colabore con la justicia, pero Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, dijo que no aceptó.
La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, trascendió a nivel nacional e internacional porque, pese a la violencia en la que ha estado sumido el país desde hace años, este caso resumía muchos de sus males: víctimas jóvenes, la acción del narcotráfico, la corrupción de las autoridades, la impunidad y el fenómeno de los desaparecidos.
Murillo Karam ofreció innumerables detalles sobre cómo los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados por criminales en una inmensa hoguera en un basurero y de cómo se encontró una bolsa con algunos restos óseos en un río cercano. Sus explicaciones estaban sustentadas en testimonios de detenidos, que posteriormente se confirmó que fueron torturados.
Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República. Foto: Cuartoscuro.
Aunque se identificó a tres estudiantes con restos óseos calcinados recuperados en ambas administraciones, la versión del basurero quedó finalmente descartada. En su informe presentado el jueves, la Comisión corroboró que los 43 jóvenes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, y también denunció la manipulación de pruebas y la alteración de escenarios, así como torturas y obstrucción de la justicia.
En su último informe este año, el grupo de expertos internacionales indicó que la Marina también formó parte activa de la manipulación y ocultamiento de pruebas y presentó a la Fiscalía videos que lo confirmaban —en alguno de ellos aparecía Murillo Karam—, así como grabaciones de interrogatorios que confirmaron que la tortura fue una práctica sistemática cuando él estuvo al mando de la Procuraduría.
A finales de 2020, el Gobierno anunció por primera vez que había órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos, y entre ellos se incluía a militares, un anuncio de especial simbolismo dado que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los más férreos defensores de las fuerzas armadas, a las que les ha asignado gran cantidad de tareas que solían ser realizadas por civiles.
Meses después se detenía a un primer miembro del Ejército. Posteriormente, no se ha informado de nuevos arrestos de militares. El viernes, el comunicado de la Fiscalía decía que entre los buscados hay mandos y personal de los batallones que están situados en Iguala.
Reportes pasados del GIEI y otras instituciones, así como algunos testigos, ya habían señalado en el pasado la participación de las Fuerzas Armadas en el caso. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
En el informe de la Comisión, Encinas subrayó la responsabilidad del Ejército “por acción, omisión o negligencia” por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado y los militares tenían información de lo que ocurría en tiempo real.
Aunque el móvil del crimen sigue sin estar claro, el documento reactivó la hipótesis de que esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.
López Obrador se ha mostrado dispuesto a investigar a todos los involucrados, incluso si eran miembros del Ejército o la Marina, y el viernes indicó que dar a conocer la verdad y castigar a los culpables “fortalece a las instituciones”.
A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce dónde se encontrarían la mayor parte de sus restos.
Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido el viernes en la Ciudad de México, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– Fue el 7 de noviembre de 2014. Habían transcurrido más de 40 días desde que los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero, en una acción concertada entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y autoridades municipales. También habían pasado 33 días desde que la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía, había atraído el caso. El entonces Procurador Jesús Murillo Karam —detenido ayer en la Ciudad de México— aseguró en esa ocasión que no se había dejado “un día sin que haya habido una acción de búsqueda sin que haya habido una acción con el propósito de encontrar a los desaparecidos por parte del Gobierno de la República”.
Mentía, ahora se sabe. La conferencia de ese día, ya hace casi 8 años, marcó el rumbo que tomaría el discurso oficial en el sexenio de Enrique Peña Nieto sobre este caso, que ha sido reconocido por el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como “un crimen de Estado”. Esa rueda de prensa la remataría, todavía, con su famoso “ya me cansé”, frase con la cual respondió a las presiones de la prensa sobre su “verdad”. Murillo Karam pronunciaría semanas después, en su mensaje a medios del 27 de enero de 2015, la llamada “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas habían sido privados de su libertad para ser llevados al basurero de Cocula, donde, de acuerdo con sus palabras, fueron asesinados y sus cuerpos calcinados.
“Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan, en ese orden. Esa es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, dijo Murillo Karam en esa ocasión.
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Esta versión ha sido señalada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa como una “acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
“La verdad histórica es resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder en la que participaron en su implementación: el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el Subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el director de la AIC, Tomás Zerón (quien está en Israel en espera de ser extraditado a México por su actuar en el caso), quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno federal”, señala el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
El documento precisa que la desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano” y que no hay “indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida; por el contrario todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
En una imagen del 27 de enero de 2015, Tomás Zerón y el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro
Además refiere que las detenciones que dieron sustento a esta versión anunciada por el entonces Procurador Murillo Karam estuvieron a cargo de policías federales ministeriales, policías federales, elementos de la Semar y Sedena, “quienes permitieron o participaron en los actos de tortura para obtener las declaraciones”.
“En sus declaraciones los detenidos Agustín N, ‘El Chereje’; Jonathan N, ‘El Jonás’; Patricio N, ‘El Pato’; Miguel Ángel N ‘El Duva’ o ‘El Duvalin’, y Felipe N ‘El Cepillo o El Terco’, hacen referencia al basurero de Cocula como el lugar de ejecución de los estudiantes. En estas declaraciones, los detenidos señalan que después de la ejecución de los estudiantes, los restos y las cenizas fueron recogidas en bolsas negras de basura y aventadas al río San Juan”, se lee en el informe.
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Ayer, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, le concedió una orden de arresto contra Murillo Karam “por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa”, la cual permitió que el exprocurador fuera detenido a fuera de su domicilio en la Ciudad de México. El Subsecretario de Gobernación y presidente de esa comisión, Alejandro Encinas, ya había adelantado en 2019 que Murillo Karam era uno de los altos funcionarios que estaba en la mira de las autoridades.
“Si hubo violaciones al procedimiento, pues adelante, que se castigue a quien las haya hecho. No tengo ningún inconveniente en eso, estoy en la mejor disposición, estoy aquí a la hora que gusten, estoy a sus órdenes, a mí nadie me ha buscado, nadie me ha llamado, y estoy a sus órdenes para que esta investigación se haga correcta y debidamente“, dijo Murillo Karam el pasado 17 de septiembre 2019 a Imagen Televisión, luego de que aumentó la presión y cuestionamientos en el presente Gobierno sobre su versión con la cual la Procuraduría, entonces a su cargo, condujo el caso.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia señala en su reporte que en la “verdad histórica”, término que adoptó el Procurador Murillo Karam, “prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones, generando vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso al derecho a la verdad y la justicia”.
Peña Nieto y Jesús Murillo Karam. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
“[La detención] es importante porque fue el constructor de la verdad oficial, la verdad histórica, donde se aseguraba que mis compañeros, se los había llevado el narco y los habían calcinado en un basurero además de que el trato que tenía hacia las familias y los sobrevivientes, esas ganas de encontrar vínculos con la delincuencia organizada por parte de los estudiantes eran de él, entonces la emoción es mucha, pero que no sea demás, esperemos que se hagan efectivos estos señalamientos de tortura y desaparición forzada”, señaló Omar García, uno de los sobrevivientes de la Noche de Iguala, a Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.
La información de la Comisión indica que se configuran al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada de personas: 1) Privación de la libertad, 2) Homicidio, 3) Participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado, y 4) Negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales.
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Desde marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) exhibió en su Tercer Informe sobre el caso cómo peritos de la PGR, acompañados por elementos de la Marina y la Policía Federal, manipularon el basurero de Cocula en presencia de Murillo Karam y de Tomás Zerón, la madrugada del 27 de octubre de 2014, once días antes de la conferencia en la que el Procurador dijera que en ese lugar habían sido ejecutados y calcinados los estudiantes.
En esa ocasión el Grupo de Expertos difundió una grabación inédita en la que se aprecian al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que manipularon el basurero de Cocula, y en la que aparece el exprocurador Murilló Karam, quien arribó al lugar de las diligencias horas después de la alteración de la escena.
“De todas estas ilegalidades se tuvo conocimiento dentro de la PGR al más alto nivel en esa época. El 27 de octubre de 2014 a las 16.00 horas, Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República y Tomás Zerón de Lucio, entonces Director en Jefe de la AIC, realizaron una conferencia de prensa informando que habían detenido a 4 integrantes del grupo Guerreros Unidos y que eran las primeras detenciones que realizaban de quienes habían confesado que participaron en la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos, incluyendo la historia del basurero de Cocula y el Río San Juan. En ese momento, los detenidos ni siquiera habían sido puestos a disposición de la PGR, ni habían declarado, por lo que estaban informando sobre hechos que, al menos en el expediente, aún no habían ocurrido”, dice el informe del GIEI.
Camino rumbo al basurero de Cocula. Foto: Cuartoscuro.
Un día después de esta acción “de la que no existe registro alguno” en la investigación del caso, se llevó a cabo otra diligencia —de la cual sí se tiene constancia—, el 28 de octubre, la cual fue instruida por Murillo Karam y operada por Tomás Zerón de Lucio, quien fue visto “junto a uno de los detenidos que tenía evidentes signos de tortura, y posteriormente algunos peritos de medicina legal, en una diligencia que no constaba en ninguna actuación en el expediente”, señala el informe del Grupo de Expertos.
En ese sentido, el reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia señala que con “las investigaciones del caso Ayotzinapa, se generó una narrativa a conveniencia fundada en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, donde las víctimas —los estudiantes— fueron revictimizadas y estigmatizadas”.
“La verdad histórica privilegió la lógica jurídica con un enfoque penal por encima de la salvaguarda de los derechos humanos y derechos al acceso a la verdad. Así se construyó una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia a fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos, orientando la investigación al tema de secuestro y crimen organizado de autoridades y grupos delictivos locales”, se puntualiza en el informe de la Comisión
Las órdenes de aprehensión emitidas son por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia, todos ellos vinculados con el caso Ayotzinapa.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– El Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las órdenes de aprehensión involucran a 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Todos ellos estarían vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores. Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
El aviso de las órdenes de aprehensión y la detención de Murillo Karam llegan un día después del informe presentado por la Comisión de la Verdad creada para investigar el caso de los estudiantes desaparecidos. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
En un comunicado la FGR informó que las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice.
Este viernes, la FGR también detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México hace ocho años.
Murillo Karam estuvo a cargo de investigar uno de los crímenes que más ha conmocionado dentro y fuera de México. Fue quien calificó como “verdad histórica” una versión de los hechos que decía que los 43 jóvenes fueron quemados en una gran hoguera encendida en un basurero, una explicación que después un grupo de expertos internacionales y la actual fiscalía mexicana echaron por tierra.
Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, fue detenido por Marinos, a petición de la FGR por el caso Ayotzinapa. El político priista fue detenido cuando salía de su casa en Lomas de Chapultepec. Foto: FGR vía Cuartoscuro.
Fue Procurador de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad de la administración de Enrique Peña Nieto. Cinco meses después de la desaparición de los estudiantes dejó el cargo tras haberse convertido en una de las personas más odiadas por los padres de los 43 alumnos. En una ocasión, llegó a detener una conferencia de prensa con el argumento de que ya se había cansado de dar explicaciones.
La Fiscalía dijo en un comunicado que la detención tuvo lugar en el exterior de su domicilio en Ciudad de México y sin que el exfuncionario opusiera resistencia. El portavoz de Presidencia, Jesús Ramírez, indicó que sería remitido a una cárcel del norte de la capital.
El arresto se realizó un día después de que la Comisión de la Verdad creada para investigar el caso de los estudiantes desaparecidos dijera en un informe que se había tratado de un “crimen de Estado” .
La Comisión consideró probado que tanto el crimen como la ocultación de la verdad sobre lo ocurrido fueron hechos organizados “desde el más alto nivel del Gobierno”, donde se alteraron escenas del crimen y se ocultaron no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
El exfuncionario fue aprehendido en su domicilo un día después de que se presentaran las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Jesús Murillo Karam, quien fuera Procurador General de la República, por los delitos de desapariciónforzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
En un comunicado, la dependencia federal detalló que la aprehensión de Murillo Karam por parte del personal policiaco de la Fiscalida General fue en cumplimintento a una orden de aprehensión solicitada por esta Institución y otorgada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.
De acuerdo con la FGR, la diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio del exfuncionario en Lomas de Chapultepec, “sin ningún problema”, pues aseguraron que “colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo”.
“El detenido ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para las certificaciones correspondientes; y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial, en cumplimiento de la orden de captura señalada”.
#FGRInforma | Policía Federal Ministerial cumplimenta orden de aprehensión en contra de Jesús “M”. En Breve más información. pic.twitter.com/TUYxgX3Wt0
Como complemento de la información de la diligencia de aprehensión de Jesús Murillo, la Fiscalía General de la República, hazo público su reconocimiento al apoyo táctico y operativo que recibió de personal especializado de la Secretaría de Marina (Semar).
El priista Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido justo un día después de que se presentara el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
El Subsecretario de Gobernación y presidente de esa comisión, Alejandro Encinas, ya había adelantado en 2019 que Murillo Karam era uno de los altos funcionarios que estaba en la mira de las autoridades.
El jueves, al presentar el informe, Encinas indicó que ya se habían presentaron en la fiscalía todos los elementos necesarios para que se deslindaran responsabilidades a 33 personas, pero lo único que aclaró es que el expresidente Enrique Peña Nieto no estaba entre ellos.
La Comisión consideró probado que la desaparición de los 43 jóvenes y la ocultación de la verdad sobre el crimen fueron hechos organizados “desde el más alto nivel del gobierno”, que según dijo alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes.
Murillo Karam dijo que la “verdad histórica” de esos hechos fue que los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en una gran hoguera que hicieron en un basurero de un municipio vecino —Cocula— . Después, según su versión, los criminales tiraron los restos a un río cercano.
Aunque se identificó a tres estudiantes con restos óseos calcinados, tanto los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la actual fiscalía y la Comisión de la Verdad, negaron la versión del basurero y confirmaron que los 43 jóvenes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos.
Además, aseguraron que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia. Las torturas fueron confirmadas también por la ONU. A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes están con vida pero todavía se desconoce qué hicieron con ellos.
A siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, te presentamos algunas claves para entender cómo ha evolucionado el caso, desde la “verdad histórica” de la entonces Procuraduría General de la República hasta la identificación de tres de los normalistas desaparecidos de manera forzada, la instalación de una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y los obstáculos con los que la investigación se ha topado.
Por Marcos Nucamendi*
Ciudad de México, 26 de septiembre (Adóndevanlosdesaparecidos).- Ayotzinapa es, sin duda, uno de los casos de desapariciónforzada más emblemáticos de los últimos años. Un punto de inflexión en la forma en que se entiende la violenciaenMéxico, la complicidad del Estado en la comisión de delitos graves y cómo operan los mecanismos delaimpunidad para encubrir la verdad. Es también una dolorosa herida abierta.
En los últimos siete años, se ha ido desmontando la versión oficial de los hechos presentada en su momento por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús MurilloKaram, quien aseguraba que la noche del 26 de septiembre de 2014 los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, habían sido privados de la libertad e incinerados en un basurero cerca de Iguala. Las irregularidades de la investigación, el encubrimiento de la participación del Ejército y la Policía Federal, y el choque de evidencias científicas han reforzado la idea de que se trató de una operación, desde el Estado, para ocultar la verdad y mantener desaparecidos a los estudiantes.
De ahí que fueron exoneradas —por haber sido torturados y sujetos de otras violaciones a los derechos humanos— todas las personas que fueron presentadas por la PGR como autores materiales; otras 21 personas vinculadas con el caso, se informó recientemente, han fallecido o han sido asesinadas.
Con la llegada de la presente administración federal en 2018, las investigaciones tomaron un nuevo impulso con la creación de una Unidad Especial dentro de la hoy llamada Fiscalía General de la República y de una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Se han ejecutado 40 de 89 órdenes de aprehensión contra servidores públicos del estado de Guerrero y de la PGR, policías federales y ministeriales e incluso un militar en retiro; sin embargo —según han denunciado los abogados de los estudiantes—, aún es visible la reticencia para perseguir a los elementos del Ejército que estuvieron involucrados en el circuito de la desaparición.
Sobre las labores de búsqueda, basta decir que se han identificado los restos óseos de tres normalistas: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. La insistencia de las autoridades por construir una narrativa, desestimando indicios y ocultando hallazgos en puntos distintos a los de la “verdad histórica”, derivó en que muchos de los fragmentos encontrados en los últimos años ya no puedan ser analizados.
Estas son 10 claves para entender qué ha pasado en el caso Ayotzinapa hasta este 26 de septiembre de 2021, cuando se cumple el séptimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas: Abel, Aberlardo, Adán, Alexander, Antonio, Benjamín, Bernardo, Carlos Iván, Carlos Lorenzo, César, Christian Alfonso, Christian Tomás, Cutberto, Dorian, Emiliano, Everardo, Felipe, Giovanni, Israel Caballero, Israel Jacinto, Jesús, Jhosivani, Jonás, Jorge Álvarez, Jorge Aníbal, Jorge Antonio, Jorge Luis, José Ángel Campos, José Ángel Navarrete, José Eduardo, José Luis, Julio César, Leonel, Luis Ángel Abarca, Luis Ángel Francisco, Madgaleno, Marcial, Marco, Martín, Mauricio, Miguel Ángel Hernández, Miguel Ángel Mendoza y Saúl.
1. LA NOCHE DE IGUALA
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos de manera coordinada por agentes municipales y estatales e integrantes del crimen organizado -y a la vista del Ejército- al salir de Iguala, Guerrero. Los jóvenes, de entre 17 y 25 años, se dirigían a la Ciudad de México para participar, como cada año, en la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968.
La noche de Iguala concluyó con 43 de los normalistas desaparecidos, seis personas ejecutadas —incluidos tres estudiantes, uno con muestras brutales de tortura—, al menos 40 personas lesionadas y dos estudiantes con afectaciones graves y permanentes a la salud. A decir del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, alrededor de 700 personas fueron afectadas indirectamente, considerando a los familiares de los agraviados.
26 de septiembre de 2014, 21:40 horas. Descripción de los hechos. Foto: Informe Ayotzinapa, GIEI
2. LA “VERDAD HISTÓRICA”
El 27 de enero de 2015, el entonces Procurador Jesús Murillo Karam presentó las conclusiones de la investigación que atrajo el caso luego de que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero declinara su competencia. Según esta versión, que calificó como la “verdad histórica de los hechos”, los 43 estudiantes, luego de ser “privados de la libertad” por policías municipales, fueron “privados de la vida” por miembros del cártel Guerreros Unidos. Sus cuerpos, a decir de esta versión, fueron incinerados en el basurero de Cocula, a unos veinte kilómetros de Iguala, y sus cenizas arrojadas al río San Juan.
En aquel momento, el Procurador acusó al alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, de ser los autores intelectuales del crimen. También sostuvo que los estudiantes fueron confundidos por los sicarios de Guerreros Unidos como miembros de un cártel rival con quien disputaban la plaza, y que eso explicaba el por qué fueron ejecutados e incinerados.
Jesús Murillo Karam, Procurador general de la República (2012-2015). Foto: Presidencia Enrique Peña Nieto
3. EL PRIMER INFORME DE GIEI
En noviembre de 2014, debido a la presión ejercida por los familiares de los 43 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno mexicano suscribió un acuerdo para recibir asistencia técnica internacional en el caso. El 6 de septiembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por Alejandro Valencia, Ángela María Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Martín Beristain, presentó su primer informe.
Entre otras cosas, el GIEI concluyó -con apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense- que no existía evidencia alguna que confirmara la versión oficial sobre el incendio en el basurero de Cocula, pues de haberse generado un fuego con la magnitud necesaria para la cremación masiva, “daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura”. Los expertos también confirmaron la existencia de un quinto autobús, información clave que había sido omitida en la investigación de la PGR al construir la “verdadhistórica”.
La reacción violenta y coordinada en contra de los estudiantes, sugirieron, estaría relacionada con el tráfico de heroína, cocaína y dinero que fluía entre Iguala y Chicago, en Estados Unidos, pues es a través de compartimentos especiales en los autobuses que suele efectuarse el trasiego, de acuerdo con una declaración jurada por un agente de la DEA y escuchas telefónicas de las que daba cuenta una investigación de la Fiscalía Federal para el Estado de Illinois.
El ataque suspendido contra otro autobús de pasajeros —que transportaba al equipo de fútbol Los Avispones—, antes de que encontraran y detuvieran al quinto autobús, reforzó la idea de que esa noche, los perpetradores recibieron la instrucción de detener a las cinco unidades tomadas por los estudiantes, posiblemente para asegurar un cargamento.
En este primer informe, el GIEI recomendó a las autoridades nacionales investigar otras conductas delictivas que tampoco habían sido perseguidas judicialmente, como tortura —en el caso del estudiante asesinado y desollado Julio César Mondragón Fontes—, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas. Sus integrantes dejaron constancia, por ejemplo, de las lesiones sufridas por 77 por ciento de las 80 personas detenidas hasta ese momento, mismas que, adelantaban, podrían constituir actos de tortura.
Por otro lado, confirmaron la presencia de elementos del 27 Batallón de Infantería en el lugar de los hechos, quienes manejaron información restringida del C4 (centro de comando, control, comunicaciones y cómputo), se enteraron de que la Policía Municipal de Iguala había detenido a los estudiantes e incluso corroboraron que estos no se encontraban en la comandancia. También documentaron su llegada a la clínica Cristina, en donde un grupo de normalistas buscaba atención médica. “Aguantense porque ustedes se lo buscaron”, les dijeron, a decir de uno de los testimonios recogidos.
El Grupo de Expertos, en su segundo y último informe, profundizó estas líneas de investigación y aportó nuevos elementos: además de las policías de Cocula e Iguala, estuvo involucrada la policía de Huitzuco; los celulares de los estudiantes desaparecidos estuvieron activos horas —incluso días— después de los hechos; se destruyó un video tomado por la cámara del Palacio de Justicia —evidencia clave en la desaparición de entre 15 y 20 estudiantes—, que había sido remitido al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; y el 28 de octubre, un día antes de que buzos de la Marina sacaran una bolsa negra con restos óseos —que más tarde permitieron la identificación de uno de los estudiantes—, la PGR condujo una diligencia de la que no existía constancia alguna.
Contrario al deseo de los familiares de los normalistas desaparecidos, el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto decidió no extender este primer mandato del GIEI, que terminó en abril de 2016. A dos días de que concluyera su sexenio y el mismo día en que se presentaba el Informe Final del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la CIDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 15VG/2018, que de acuerdo con los padres y las madres de los estudiantes, el Equipo Argentino de Antropología Forense, Ángela Buitrago (ex integrante del GIEI) y el Centro Prodh, reavivó parte de la versión oficial que ya había sido descartada con evidencia científica.
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Foto: Daniel Cima, CIDH
4. LA COMISIÓN PARA LA VERDAD
A tres días de asumir el cargo como Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una comisión especial, misma que fue instalada el 15 de enero de 2019.
Una de las primeras acciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, integrada por las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, así como por familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil, fue la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
El 26 de septiembre de 2020, el Subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que, entre otros avances, se impulsó junto con la FGR la creación de una Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UILCA), encabezada por Omar Gómez Trejo, exsecretario ejecutivo del GIEI.
Además, confirmó que de marzo a septiembre de ese año se habían liberado 70 órdenes de aprehensión —de 83 solicitadas— en contra de integrantes del cártel Guerreros Unidos, policías federales ministeriales, agentes del Ministerio Público Federal, ex policías federales y policías municipales; y que para ese momento existían 80 personas detenidas.
López Obrador, en su intervención, ofreció una disculpa pública en nombre del Estado mexicano. “Estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado”, dijo, en alusión no sólo a los hechos del 26 y 27 de septiembre, sino a la intención de las autoridades mexicanas para desaparecer nuevamente a los estudiantes, a través de una verdad construida a modo.
Instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Foto: Secretaría de Gobernación
5. AÚN DESAPARECIDOS, 40 ESTUDIANTES
A la fecha, sólo se han podido identificar los restos óseos de tres de los estudiantes desaparecidos: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Los restos de los últimos dos fueron encontrados en noviembre de 2019 en un lugar conocido como Barranca de la Carnicería, a más de 800 metros del vertedero de Cocula; seleccionados para su estudio por los Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); e identificados por el instituto de medicina legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria, en junio de 2020 y junio de 2021.
Los restos de Alexander y Joshivani ya habían sido identificados durante la administración pasada, sin embargo, en el caso de Joshivani, el análisis de ADN mitocondrial que la Procuradora Arely Gómez dio como válido en septiembre de 2015, ofrecía apenas un 17 por ciento de coincidencia; en contraste, la última identificación realizada a partir de ADN nuclear ofreció un 99.99 por ciento.
Alexander, por su parte, fue identificado en diciembre de 2014 —aún con Murillo Karam al frente de la PGR—, pero se presume que la bolsa encontrada a orillas del río San Juan, de donde se extrajeron los restos de ambos estudiantes, fue “sembrada” para apoyar la “verdad histórica”, como quedó documentado en un video. Ahora se sabe que la agente del Ministerio Público que firmó y dio fe de esa diligencia ni siquiera estaba en el lugar de los hechos, sino que se encontraba en la Ciudad de México.
Un lugar al que también se le conoció como la Barranca de la Carnicería, a unos 400 metros de los últimos hallazgos, fue inspeccionada por la PGR en diciembre de 2014, pero los restos encontrados nunca fueron enviados al extranjero para su análisis y el descubrimiento no se hizo público, según el periódico El País. Los fragmentos óseos, reveló por otro lado Animal Político, deambularon durante años por diversas agencias ministeriales al grado que, cuando finalmente fueron encontrados, su estado ya no permitía realizar estudio alguno.
Algo similar ocurrió con los 180 restos óseos encontrados en la segunda barranca en 2019, pues sólo 22 fueron seleccionados para su identificación. Muchos de los fragmentos, confirmó la Unidad Especial de la FGR este viernes, no presentaron huellas de exposición a fuego pero sí atemperismo (exposición a la intemperie). “Estos restos siempre estuvieron ahí y dejaron que se deterioraran”, dijo el Fiscal García, quien el pasado martes aseguró que en los primeros días de octubre de 2014, varias corporaciones de seguridad estuvieron cuidando la entrada al predio.
En su segundo informe, de abril de 2016, el GIEI documentó que el Equipo Argentino de Antropología Forense solicitó una diligencia en la primera Barranca de la Carnicería. Las horas y la fecha de la constancia ministerial fueron borradas y la PGR se limitó a informarles que la investigación que ahí se llevaba a cabo formaba parte de una averiguación previa distinta al caso de los estudiantes. En reiteradas ocasiones, el GIEI solicitó las actuaciones ministeriales y periciales, que nunca le fueron entregadas; el EAAF, por su parte, tampoco acudió a verificar el sitio.
El 6 de septiembre de 2015, el mismo día en que se presentó el primer informe del Grupo de Expertos, un criminalista de la coordinación de servicios periciales de la PGR remitió un dictamen a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en donde dejó constancia de la ubicación exacta de este lugar (18º 12´43.5” N; 99º 36´40.6” W), cómo acceder a él y algunas de sus características. El perito, designado para la tarea tres días antes, describió una superficie irregular, manchada de color negro, con restos óseos “al parecer de origen humano, acompañados de cenizas”.
Barranca de la Carnicería. Foto: Obturador MX
6. LOS RESPONSABLES
Entre el 26 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 2018, se consignaron a 169 personas por su presunta participación en los hechos que derivaron en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa (55 policías de Iguala, 20 policías de Cocula y 67 civiles). Se detuvieron a 142 de estas personas y la entonces PGR procesó a 70 de ellas por el delito de secuestro; no por desaparición forzada.
Para el 4 de septiembre de 2019, no obstante, ya habían sido liberados 53 presuntos responsables, luego de que 63 de las 107 pruebas recabadas en diferentes averiguaciones previas fueran desestimadas por un Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas; esto a causa de una serie de violaciones al debido proceso, a la integridad personal y a la libertad, incluyendo 29 casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En fechas recientes, la Unidad Especial de la FGR aseguró que todas las personas que en su momento fueron presentadas por la PGR como autores materiales de la desaparición, fueron exonerados; y confirmó la existencia de más de 40 videos que acreditan actos de tortura física y psicológica por parte de funcionarios públicos.
El propio Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y encargado directo de las investigaciones del caso Ayotzinapa, fue acusado por los delitos de secuestro, tortura y manipulación de evidencia; en un video ampliamente difundido incluso se le ve interrogando a un presunto responsable —al cual sacó ilegalmente de la cárcel—, con la espalda descubierta y la cabeza tapada, en un tono amenazante.
El 30 de junio de 2020, el Fiscal general Alejandro Gertz Manero aseguró, en conferencia de prensa, que solicitaron 46 nuevas órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios de Guerrero, por delincuencia organizada y desaparición forzada. Estas órdenes se unían a las ya obtenidas, en marzo del mismo año, en contra de ex funcionarios de la PGR, incluyendo la girada en contra de Tomás Zerón, quien sigue prófugo y con ficha roja de Interpol.
El ex funcionario reside desde hace dos años en Israel, país que no se ha pronunciado respecto de la solicitud de extradición en su contra; López Obrador envió una carta al primer ministro, Naftali Bennett, para una aproximación más diplomática. De ser aprehendido, debido a una suspensión definitiva otorgada por un juez en mayo de este año, Zerón de Lucio no podrá ser puesto en prisión preventiva, sino que tendrá que presentarse ante el juez de la causa.
Durante la conferencia de prensa de junio de 2020, en donde también se anunció la captura de “El Mochomo” —líder de Guerreros Unidos, fallecido el pasado 25 de julio por COVID-19—, Gertz Manero subrayó que la PGR cometió diversas irregularidades mientras investigaba el caso: acusaciones parciales, violaciones a los derechos humanos —como tortura—, y la ocultación de pruebas que podrían haber ayudado en la búsqueda inmediata de los estudiantes desaparecidos.
Por lo que respecta a la detención de funcionarios federales, se cuentan las de Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial; Luis Antonio Dorantes Macías, jefe de la estación de la Policía Federal en Iguala; Blanca Castillo, ministerio público de la unidad de secuestros de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), y el capitán en retiro del Ejército, José Martín Crespo, el primer militar procesado por el caso Ayotzinapa.
El pasado viernes, en el contexto del séptimo aniversario de la desaparición de los estudiantes, el Subsecretario Encinas informó que desde 2014, 21 personas vinculadas al caso han perdido la vida o han sido ejecutadas, silenciadas. Omar Gómez Trejo, Fiscal especial para el caso Ayotzinapa, confirmó por su parte que desde julio 2019, son 89 las órdenes de aprehensión giradas, tanto por los hechos de la llamada noche de Iguala, como por la manipulación de la investigación; de éstas, aún quedan 40 órdenes por ejecutar: 30 por la desaparición de los estudiantes y 10 por las irregularidades.
En ese sentido, reiteró que los procesos de judicialización ya no se centran exclusivamente en los responsables de la detención y posterior desaparición de los estudiantes; también en aquellos que participaron de la manipulación y tergiversación del caso con el objetivo de mantener la narrativa de la “verdad histórica”.
Sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Daniel Cima, CIDH
7. LAS ARMAS DE LOS PERPETRADORES
El caso Ayotzinapa también se cruza con otro gran tema que ha acaparado los reflectores de manera reciente: el comercio irresponsable de armas y su tráfico ilegal, motivo que llevó a la administración de López Obrador a demandar, ante tribunales de Boston, Massachusetts, a 11 empresas que fabrican y venden armas en Estados Unidos.
En febrero de 2019, la Audiencia Provincial de Stuttgart, en Alemania, condenó a la empresa Heckler & Koch (H&K) por el desvío ilegal de armas que fueron vendidas al Gobierno mexicano —específicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)—, con la condición de que no se utilizaran en zonas de conflicto.
A pesar de un bloqueo inicial por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, H&K vendió a México, entre 2006 y 2009, de 9,472 a 9,652 fusiles, ametralladoras y municiones por un valor de más de 13 millones de euros. De estos, entre 4,702 y 5,003 armas largas fueron a parar a corporaciones policiacas de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero, estados que compraron fusiles modelos G36V, G36KV y G36C1 —que pueden percutir más de 800 municiones por minuto—, según consta en documentos oficiales.
Al estado de Guerrero fueron a parar 1,924 de estas armas, en tanto que cuatro ametralladoras MP5 y 56 fusiles G36V terminaron en manos de la Policía Municipal de Iguala, una de las corporaciones implicadas en el caso Ayotzinapa. Facturas de la Sedena, notas de agradecimiento expedidas por otras agencias de seguridad, peticiones de refacciones desde los lugares de destino y las evidencias fotográficas y periciales que arrojaron los eventos del 26 y 27 de septiembre, dan cuenta de lo anterior.
Un arma fabricada por esta empresa, revelaron en su momento las investigaciones del caso, fue la responsable de causar las heridas de Aldo Gutiérrez Solano, normalista que continúa en estado mínimo de conciencia. Tenía 19 años al momento del ataque coordinado entre agentes del Estado y grupos del crimen organizado.
Aunque la familia de Aldo solicitó participar en el juicio, la petición les fue negada con el argumento de que éste se llevaba a cabo por violaciones a leyes mercantiles y no por situaciones relativas a los derechos humanos. La empresa fue multada con 3.7 millones de euros y dos de sus empleados obligados a cumplir menos de dos años de libertad condicional, una multa de 80 mil euros y 250 horas de trabajo comunitario; otros tres acusados fueron absueltos.
Leonel Gutiérrez, hermano de Aldo. Foto: Centro Prodh
8. LA MUERTE Y LAS ENFERMEDADES GOLPEAN A MADRES Y PADRES
Luego de siete años de exigir la localización de sus hijos, desafortunadamente, dos padres y una madre de los 43 normalistas han perdido la vida y se han ido sin conocer el paradero de sus hijos.
Bernardo Campos Santos “Don Berna”, padre de José Ángel Campos Cantor, y Saúl Bruno Rosario, padre de Saúl Bruno García, fallecieron en agosto y septiembre de este año; en febrero de 2018 falleció Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello.
Sin embargo, a decir de los propios padres y madres —en diversas entrevistas para medios—, las afectaciones también persiguen a los vivos: diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, problemas en la piel, cataratas e incluso fracturas en extremidades inferiores; sin contar los problemas económicos que esto les genera. De ahí que a algunos de ellos se les complique cada vez más asistir a las reuniones y manifestaciones que realizan lejos de sus lugares de origen.
En un informe sobre los impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que la desaparición de sus hijos y la complicidad del Estado en el ocultamiento de la verdad, ha derivado en impactos traumáticos diferenciados (trastornos de sueño, fantasías de vejaciones y maltratos a sus hijos) que, además, se detonan por diversos factores: la versión oficial —cada tanto reavivada—, la criminalización y estigmatización de los normalistas o el hallazgo de fosas en donde podría estar alguno de ellos.
“A siete años de la tragedia, la salud de nuestros familiares se desgasta al no haber avance en las investigaciones. El dolor, la rabia y la indignación nos siguen consumiendo”, publicaron en su página de Facebook padres y madres de Ayotzinapa, con motivo de la muerte de Saúl Bruno.
Bernabé Campos Santos “Don Berna” (derecha). Foto: Facebook Padres y Madres de Ayotzinapa
9. EL EJÉRCITO SE NIEGA A COOPERAR; LA FGR, ATRAPADA
Mientras que el General Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, asegura una y otra vez que su dependencia ha cambiado la manera en cómo atiende el caso, familiares de los 43 normalistas y sus abogados, apenas en enero de este año, señalaron que el Ejército ha estado “dosificando” la información que comparte con las autoridades ministeriales, aún cuando se sabe desde el primer momento, por los testimonios de los sobrevivientes, los informes del Grupo de Expertos y otras investigaciones periodísticas, que en los hechos estuvo involucrado el 27 Batallón de Infantería.
La falta de cooperación de la Sedena, aseguró en entrevista para SinEmbargo el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, es el talón de Aquiles de la investigación. “A la hora de hacer las cosas, de concretar los actos de investigación, vemos obstáculos, vemos reticencias, vemos que las cosas no avanzan”, dijo y recordó que en diferentes ocasiones, el Presidente López Obrador se ha comprometido a que las Fuerzas Armadas —de las cuales es comandante supremo— colaboren en todo lo que sea necesario.
Rosales también sugirió que la FGR se encuentra comprometida, ya que aún persisten algunos elementos de la PGR que participaron en la construcción de la “verdad histórica”; dijo que se trataba de al menos cuatro personas que trabajan en diferentes subprocuradurías, coordinando asesores del Fiscal e incluso una persona muy cercana a él. De ahí que no sorprenda, explicó, la filtración de información procesal y hasta la fuga de Tomás Zerón de Lucio.
Respecto de la participación del Ejército, el representante jurídico de las familias recordó que se cuenta con elementos de prueba suficientes para acreditar el involucramiento del 27 Batallón de Infantería la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre: además de la presencia de militares en diversas escenas del crimen —tal y como lo documentó el GIEI—, el Ejército monitoreó a los normalistas desde que llegaron a Iguala y desde el C4 en tiempo real.
Un testigo protegido identificado como “Juan” sostiene incluso que 25 estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón, interrogados y varios asesinados, una hipótesis que ha sido desdeñada por las autoridades a cargo del caso pero no por los padres y madres de los normalistas, que en reiteradas ocasiones intentaron acceder a las instalaciones. En julio de 2019, realizaron una visita en compañía de sus abogados.
Unos 40 militares de distinto grado, confirmó el Subsecretario Encinas el pasado viernes, han comparecido hasta el momento ante la FGR. El Fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar García, aseguró que la participación del Ejército es una línea de investigación que se está trabajando “de manera fuerte”, y de la cual es coadyuvante el GIEI.
A decir de Vidulfo Rosales, fue el Ejército mexicano el que estuvo “a la cabeza” de la operación coordinada con la Policía Ministerial, la Policía Estatal, la Policía Municipal y el cártel Guerreros Unidos. “Deberíamos estar cerrando la pinza en contra del Ejército […] Los padres de familia necesitan saber: sí o no participó el Ejército mexicano, y en qué nivel participó”.
Reunión con padres y madres de Ayotzinapa; al fondo, el Secretario de la Defensa. Foto: Gobierno de México
10. AUSENTE, NUEVA MECÁNICA DE LOS HECHOS
El pasado 21 de septiembre, en la segunda Barranca de la Carnicería, el Fiscal Gómez y el Subsecretario Encinas insistieron en que han “avanzando mucho en la controvertida verdad histórica”, que las evidencias encontradas ahí —los huesos esparcidos en costalillas que aún siguen en análisis—, los pedazos de la barranca que siguen investigando, los nuevos escenarios y testimonios recogidos —sin incurrir en ilícitos, como sí lo hizo la PGR—, tiraban el montaje del basurero de Cocula y el río San Juan.
Sin embargo, cuando se les preguntó, según las investigaciones del actual Gobierno, qué pasó entonces con los 43 estudiantes a partir de la noche del 26 de septiembre, a dónde los condujeron, qué les hicieron, a cuántos de ellos y en dónde, dijeron que aún falta tiempo para tener una explicación. A mitad del sexenio de López Obrador, esas preguntas aún no tienen respuesta.
*Es parte del proyecto A dónde van los desaparecidos. Ha trabajado como periodista y profesor universitario –en las áreas de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas–, en la ciudad de Puebla. Actualmente cursa sus estudios de maestría en Cooperación Internacional en el Instituto Mora.
Los principales acuerdos dictados son que el Juzgado Tercero en Materia Civil es competente para aprobar el convenio, mismo que se aprueba con carácter de sentencia, obliga a la comerciante, a la totalidad de los acreedores reconocidos comunes, subordinados, con garantías reales, incluyendo a los que no lo firmaron.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- La empresa naviera Oceanografía concluyó el juicio mercantil, luego de que el Juzgado Tercero en Materia Civil de la Ciudad de México falló a su favor al ordenar que todas las figuras participantes en el juicio dejarán de ejercer funciones.
Luego de cinco años de litigio, se publicó el acuerdo “con carácter de sentencia” en el que se aprueba el Convenio de Acreedores validado por el 61.53 por ciento del total de acreedores reconocidos, así como por más del 30 por ciento de los comunes, informó en un comunicado difundido en redes sociales.
El juicio mercantil inició el 14 de abril de 2014 por solicitud de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, debido a que Banamex los acusara de malos manejos al interior de la empresa y fraude.
“El 28 de febrero de ese mismo año, la empresa propiedad de Amado Yáñez Osuna, fue asegurada arbitrariamente por la PGR cuyo personal, acompañado de un operativo de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) , tomó el control de las instalaciones de la naviera en Ciudad del Carmen, Campeche, sin presentar orden judicial”, detalló.
Al respecto, consideró que fue uno de los “embates más cruentos a los que cualquier persona o corporación se haya enfrentado en la historia de México”, puesto que ocasionó un daño colateral a más de 11 mil empleados e indirectamente a cerca de 50 mil, lo que causó afectaciones económicas a la zona petrolera de dicha ciudad.
Posteriormente, el 8 de julio se dictaminó el inicio del concurso mercantil en contra de la empresa de Amado Yáñez Osuna y el 23 de octubre se publicó la lista de acreedores reconocidos.
Los principales acuerdos dictados son que el Juzgado Tercero en Materia Civil es competente para aprobar el convenio, mismo que se aprueba con carácter de sentencia, obliga a la comerciante, a la totalidad de los acreedores reconocidos comunes, subordinados, con garantías reales, incluyendo a los que no lo firmaron.
Asimismo, declara concluido el procedimiento de concurso mercantil y cesarán de sus funciones los órganos del concurso mercantil.
De acuerdo con la naviera, los objetivos planteados por el ex Procurador Murillo Karam no se cumplieron, debido a que la administración asignada al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) fue “deficiente”.
Los cuales eran mantener las fuentes de empleo, asegurar la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), resguardar la contabilidad, bienes y activos de la empresa; y pagar la deuda de los acreedores, principalmente a Banamex.
El pasado 15 de septiembre, el Gobierno de México por fin se refrió a los problemas y actores de otro sector de la administración federal de Enrique Peña Nieto que no sea el económico. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, anunció que la Fiscalía General de la República presentará recursos y diligencias contra el priista Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, una pieza importante de la estructura más cercana a EPN e implicado en las irregularidades y montajes sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Jesús Murillo Karam, en su calidad de titular de la Procuraduría General de la República (PGR), soltó la frase con la que pasará a la historia en uno de los momentos más sensibles de la última década en el país. Al terminar una conferencia de prensa con motivo de la desaparición de los 43estudiantes de Ayotzinapa, el 7 de noviembre de 2014, expresó: “Ya me cansé”.
Sólo eran 43 estudiantes desaparecidos en una noche, un equipo de fútbol que recibió un ataque y nueve personas asesinadas.
El priista nacido en Real del Monte, Hidalgo, con el carácter altanero que lo caracteriza, –sobre todo con los medios de comunicación– elevó la molestia por la falta de certezas en ese caso, tanto que el ex Presidente Enrique Peña Nieto decidió hacer un primer cambio en su Gabinete y lo movió de la poderosa PGR (hoy Fiscalía General de la República) a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
No se sabe si ese movimiento fue una forma de atender a la crisis que desató el armado de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa o por petición del propio Murillo Karam; sin embargo, la relación que ambos sostienen desde que Peña Nieto buscó ser Gobernador del Estado de México en 2005 pudo haberle favorecido.
El 7 de noviembre de 2014, al terminar una conferencia de prensa con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Murillo Karam expresó: “Ya me cansé”, frase que fue criticada por los padres de las víctimas y la sociedad en general. Foto: Cuartoscuro.
Peña Nieto encontró en él un priista práctico, que lo encaminó hacia su gubernatura y luego le defendió el triunfo presidencial a pesar de los casos Monex y Soriana.
El pasado 15 de septiembre, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, con motivo de la decisión del Juez que liberó a 24 policías detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dijo que ese era un ejemplo de “la miseria y la podredumbre en la que se encuentra el sistema de justicia de nuestro país”.
También anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará recursos y diligencias contra el ex Procurador José Murillo Karam; el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y José Aarón Pérez Carro, ex titular de la Unidad Especial para el caso.
“Nosotros no podemos mantener silencio frente a lo que está sucediendo en todo el proceso judicial que se sigue por la desaparición de los 43 estudiantes”, agregó en conferencia de prensa.
Al día siguiente, Murillo Karam dijo estar “tranquilo”.
“En el expediente del caso Ayotzinapa hay cerca de 300 pruebas que son contundentes, que no admiten duda. Espero que la investigación que hagan se fundamente en el expediente”, aseguró el viejo priista en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula. También dijo que hasta el momento no ha sido contactado para hablar sobre el caso, pero que contaba con la mejor disposición de colaborar en la nueva indagatoria que van a emprender las autoridades.
El 7 de noviembre de 2014, ciudadanos convocados por redes sociales se concentraron en la glorieta del Ángel de la Independencia para exigir justicia por el caso de la desaparición de los 43 normalistas y por las declaraciones del entonces Procurador Jesús Murillo Karam realizadas unas horas antes. Foto: Cuartoscuro.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador poco ha señalado al respecto, pero habló bastante de Murillo cuando él ocupó durante dos años y tres meses la PGR.
En noviembre de 2014, a dos meses de “la noche de Iguala”, señaló que el crimen en contra de los jóvenes de Ayotzinapa era una tragedia gravísima en la historia de México y dijo refirió que desde la PGR de Murillo se intentaba dar un carpetazo al tema.
“Están pensando en cómo librarla y no se dan cuenta de la gravedad de esta tragedia”, aseguró.
Antes, en octubre, la queja contra Murillo Karam, Peña Nieto y “sus patrocinadores” fue por la compra de “miles de votos con dinero de procedencia ilícita en 2012, en la región de Tierra Caliente del Estado de México, Michoacán y Guerrero”.
Andrés Manuel sostuvo que en esas zonas, el PRI entregó dinero en efectivo y tarjetas denominadas Soriana-Mi Ahorro-Banamex, a cambio de votos y luego agregó: “perdón, perdón, perdón, borren lo que he dicho, se me olvidaba que Murillo Karam fue el abogado defensor del PRI en la campaña de Peña Nieto… que distraído e ingenuo soy, de nuevo perdón”.
CARRERA EN EL PRI, PARA EL PRI
Jesús Murillo Karam, estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), de acuerdo con su trayectoria académica que registró ante la Secretaría de la Función Pública (SFP). Ahí sólo pone que fue Senador, Diputado, luego pasó a la PGR y finalmente a la Sedatu.
Pero su trayectoria inició en 1970, cuando fue Oficial Mayor de Tulancingo, Hidalgo.
En 1971, fue Secretario de Finanzas del Comité Juvenil Estatal del PRI en Hidalgo, luego Secretario municipal de Tulancingo; en 1975, Presidente del Comité Directivo Municipal (CDM); en 1976, Subprocurador de Justicia de Hidalgo y en 1978, Secretario General del Gobierno de Hidalgo.
Es en 1979 que sale de su estado natal y se convierte en Diputado federal. En 1981 fue designado Subsecretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.
Los siguientes años lo colocaron como Delegado del PRI en Durango y luego del Distrito Federal. En 1985 vuelve a ser Diputado federal y participó como Secretario de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
El 4 de diciembre de 2012, Jesús Murillo Karam asumió la titularidad de una PGR que, en sus palabras, estaba “desmantelada”. Dos años más tarde, el 27 de febrero de 2015, dejó el cargo “cansado” y con el peso de “la verdad histórica” de Ayotzinapa sobre sus hombros. Foto: Saúl López, Agencia Cuartoscuro.
Justo en 1988, año de la elección presidencial en la que ganó Carlos Salinas de Gortari, él fue representante del PRI ante la Comisión Federal Electoral; volvería a ocupar un puesto similar en 2012.
En 1993 logra convertirse en Gobernador de Hidalgo y al concluir su gestión, Ernesto Zedillo lo nombra Subsecretario de Seguridad Pública y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.
Tras la victoria de Vicente Fox Quesada, en el año 2000, Murillo Karam se refugió en el PRI, en 2001 fue Secretario general del CEN y en 2005 fue delegado del PRI en el Estado de México, puesto que lo acercó a Peña Nieto; en ese año él ganó la gubernatura.
En 2006 fue Senador y luego volvió a ser Secretario general del CEN del PRI.
Su siguiente puesto destacado lo tuvo hasta 2012, cuando Peña Nieto lo nombró Coordinador de asuntos jurídicos de la campaña del candidato del PRI a la Presidencia de la República.
El 1 de diciembre de ese año, sería anunciado su nuevo puesto al frente de la PGR.
En 2006, Murillo Karam fue Senador y luego volvió a ser Secretario general del CEN del PRI.
De acuerdo con Rogelio Hernández Rodríguez, en su texto “El refugio del PRI durante la alternancia panista”, la designación de Jesús Murillo Karam sugirió que Peña Nieto deseó aprovechar su experiencia, “no necesariamente su conocimiento especializado en las áreas [seguridad]” al tratarse de “áreas conflictivas que pueden afectar el desempeño del gobierno y que demandan probada experiencia política”.
Durante sus casi tres años como funcionario público federal, Murillo Karam nunca dio datos sobre sus bienes patrimoniales y en 2015, tras el escándalo de la “casa blanca” presidencial, decidió no hacer públicos sus conflictos de interés.
DEFENSOR DE PEÑA NIETO
La relación entre Peña Nieto y Murillo es importante y crucial para ambos. El relato, incluido en el libro La historia detrás del desastre escrito por Roberto Rock L., inicia en 2005, en una reunión en Toluca en la que estuvieron Alfredo del Mazo González y Peña Nieto, que apenas aspiraba a la gubernatura de la entidad.
De esa reunión Murillo concluyó: “Este muchacho, Peña, puede llegar a ser algo. Si sólo dejara de ser tan formalito, con esas corbatitas”.
De acuerdo con el texto, ya en el periodo de campaña y con números que no favorecían al PRI, sino a Acción Nacional (PAN), en una reunión con Arturo Montiel y con Peña, el todavía Gobernador propuso “sobornar a la dirigencia del PAN”, pero Murillo se opuso: “Argumentó que las campañas son para contrastar personajes y propuestas. Y que no imaginaba mayor contraste que el que ofrecían Peña y Mendoza Ayala”.
Continúa la cita: “Yo me hago cargo —advirtió—. Pero tú —le dijo [Murillo] a Peña— a partir de mañana te remangas la camisa, te olvidas de las corbatas y te entregas a la gente. Déjanos lo demás a nosotros”. ‘Lo que digas, Jesús’, contestó el interpelado”.
La relación entre Peña Nieto y Murillo es importante y crucial para ambos. Foto: Cuartoscuro.
Peña recurrió a los servicios de Murillo en 2012, cuando fue por la Presidencia. Esa elección quedó marcada por el dispendio y la compra de votos: habría gastado 13 veces más del tope permitido por la ley electoral y además utilizaron las tarjetas del Banco Monex y otros monederos electrónicos e instituciones bancarias para triangular el financiamiento a la campaña.
El 16 de julio de 2012, dos semanas después de la elección en la que Peña salió victorioso, el PRI hizo uso del área que encabezó Murillo: la de defensa jurídica.
Los comunicados de prensa del PRI de esas fechas detallan la estrategia: “El único fraude es pretender invalidar, sin pruebas, el voto legítimo, libre y secreto de más de 50 millones de mexicanos. El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Senador Pedro Joaquín Coldwell, informó que nuestra representación en el IFE acompañada del senador Jesús Murillo Karam, coordinador Jurídico de la oficina del candidato ganador Enrique Peña Nieto, hizo entrega del escrito de tercero interesado ante las impugnaciones presentadas por el Movimiento Progresista respecto a la elección presidencial con lo que inició la defensa legal de su victoria electoral del 1 de julio”.
“Para despejar cualquier dudas” enlistaron una lista de mentiras que presentó el equipo de López Obrador: sobre el “Supuesto Rebase del Tope de Gastos de Campaña”, se dijo que fueron los únicos que implementaron una auditoría; negaron la supuesta “Inequidad en Medios Electrónicos”, la “supuesta Manipulación de Encuestas”, la “Supuesta Compra y Coacción de Voto”, la “Intervención de Gobernadores” y las “Estructuras Paralelas de Financiamiento”.
“El origen de todos los recursos de campaña es lícito. Nos ajustamos estrictamente a los topes de campaña que marca la ley. La aplicación de los recursos se llevó a cabo conforme al marco legal y no se desviaron para compra de votos como falsamente se nos imputa. El PRI niega categóricamente todas las acusaciones que se han realizado sobre este tema. Tal y como se demuestra en el escrito que se está entregando a la autoridad electoral”.
Peña encontró un soporte en Murillo. La relación de ambos de construyó con base en detalles y no solo legales, ya que él fue de los pocos que defendió al ex Presidente luego de que en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, no pudo decir el título de tres libros que marcaron su vida.
Peña Nieto al intentar contestar dijo que uno de esos libros era La Silla del Águila, según él, escrito por Carlos Fuentes, cuando el autor correcto es Enrique Krauze.
Ex procuradores Jesús Murillo, Arely Gómez y, atrás, el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya. Foto: Cuartoscuro.
Fuentes dijo en entrevista para BBC Mundo días después que Peña Nieto era una persona muy ignorante: “Este señor tiene derecho a no leerme, lo que no tiene derecho es a querer ser Presidente de México a partir de la ignorancia, eso es lo grave”.
El entonces Senador Jesús Murillo Karam salió en defensa del precandidato priista y dijo que la crítica del escritor “es arrogante y que los deslices que ha cometido Peña Nieto, que le han valido una oleada de críticas, son sólo un ‘tropezón’”.
“Un tropezón no califica a nadie ni autoriza a otro a hablar de cultura, incultura, ignorancia o sapiencia. Me parece arrogante una posición de esa naturaleza. Creo que un tropezón cualquiera lo podemos tener”, así quedó asentado en la revista Proceso.
#MetaDatos | A cinco años de distancia de la noche del 26 de septiembre de 2014 en la que un grupo de estudiantes de Ayotzinapa fueron perseguidos, reprimidos y 43 de ellos desaparecidos tras ser arrestados por elementos policiales de Guerrero, el reclamo sigue vigente en redes sociales contra los mismos actores: el ex Presidente Enrique Peña Nieto, el ex Procurador Jesús Murillo Karam, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón y los jueces que permitieron la liberación de los principales implicados.
Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– A la “noche de Iguala” –la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014– en que 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos por elementos policiales, le han seguido ya cinco años de protestas y movilizaciones que brotaron en todo el país por la indignación y consternación que el caso generó entre los mexicanos.
En este contexto, los hashtags que nutrieron las protestas en las redes sociales cobraron una relevancia fundamental, al configurar desde el entorno digital una forma de protesta que, aunque en momentos ha perdido fuerza, permanece todos los días.
La etiqueta #Ayotzinapa resume en apenas 10 caracteres una de las movilizaciones más intensas de la historia reciente de México, y en la que el clamor de justicia se configura a partir de múltiples dimensiones políticas, una de ellas, el reclamo al Poder Judicial y a los responsables de la investigación, que lejos de presentar avances hoy está por reiniciarse.
El próximo jueves 26 de septiembre se cumplen cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de los que todavía no se tiene rastro de su paradero. Este año, las demandas sumarán nuevos destinatarios, entre ellos el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población en México, quienes han prometido esclarecer el caso.
Gráfico de SinEmbargo creado a partir de una red de usuarios sobre la actividad que generan un conjunto de usuarios al discutir temas relacionados con Ayotzinapa, el ex Procurador Jesús Murillo Karam, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, y jueces que han participado en casos relacionados con los señalados por la desaparición de los 43.
Las demandas que surgen en la Red por Ayotzinapa, el reclamo, la indignación y la exigencia de justicia no sólo se configura desde el contexto actual: una revisión a la actividad que se desprenden del uso en redes como Twitter de las etiquetas características del movimiento apunta que de los miles de tuits que se han derivado del movimiento, se configura también una memoria en la que los nombres de los principales responsables y condenados públicamente por la tragedia se mantienen como nodos de entrada de reclamos y denuncias: los del ex Presidente Enrique Peña Nieto; Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, y Tomás Zerón de Lucio, ex responsable de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Todos ellos fueron los principales promotores de la llamada “verdad histórica” con la que el Gobierno de Peña Nieto intentó dar como resuelto el caso, a pesar de que no habían sido desahogadas todas las pruebas en la investigación y las irregularidades cometidas en el proceso.
A este reclamo se suman los jueces, quienes han contribuido a la liberación de implicados en el caso y se mantienen como protagonistas de los señalamientos y exigencias de justicia.
#JUSTICIAPORAYOTZINAPA
Al cabo de cinco años, la movilización por Ayotzinapa tiene todavía viva la raíz que brotó con el grito de “¡justicia!”, coreado de plaza en plaza en todo México desde el 2014 cada vez que concluía el conteo regresivo de los 43 jóvenes desaparecidos.
Esos gritos de justicia se han vuelto una de las expresiones más representativas del movimiento de Ayotzinapa, pero a su vez desprenden un reclamo dirigido al Poder Judicial, mismo que detonó desde el 2014 de la inconformidad por los vicios que la investigación de la Procuraduría General de la República –hoy Fiscalía General de la República (FGR)– presentó desde la detención de sospechosos hasta la liberación de decenas de ellos por deficiencias en la integración de expedientes, entre otras causas, y la promoción en algunos casos de amparos a sujetos clave.
En las voces que reclaman #JusticiaPorAyotzinapa se concentran los reproches a Murillo Karam, Zerón y jueces como Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Tamaulipas, encargado de liberar de cargos a Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, señalado como uno de los principales sospechosos en el caso por ser un cabecilla del cártel Guerreros Unidos que, de acuerdo con una de las líneas de investigación, estaría implicado en la desaparición de los jóvenes.
CINCO AÑOS DE IMPUNIDAD
Una de las aristas que presenta el caso Ayotzinapa es el reclamo a juristas quienes colaboran en el debilitamiento de la investigación al ser partícipes en la liberación de decenas de sospechosos clave del caso.
En este contexto, el Juez Ventura Ramos figura ya como un exponente de quienes contribuyen al desmantelamiento del caso Ayotzinapa desde las entrañas del poder judicial.
Ventura Ramos, responsable de la liberación de cargos a “El Gil” y a otros 24 policías implicados en la desaparición forzosa, fue denunciado desde el Gobierno federal, y una vez que las alarmas se encendieron, la indignación se dispersó por las redes sociales donde no hay rastro de su imagen, trayectoria o actividad jurídica. Solo a partir de esta denuncia es que su nombre ha adquirido una presencia espectral en la Red.
El pasado 15 de septiembre, en voz de Alejandro Encinas Rodríguez, Ventura Ramos fue denunciado por primera vez, en toda su trayectoria, por el manejo de uno de sus casos. De acuerdo con el subsecretario, el juez habría incurrido en “la vieja práctica del sabadazo” en la que durante días festivos o en la víspera de un fin de semana, son liberados cargos de implicados en delitos graves.
“Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padres de familia, y a la justicia de nuestro país. Es una burla a la justicia. Estas resoluciones alientan el silencio y la impunidad, muestra la miseria, la podredumbre en la que se encuentra el sistema de justicia de nuestro país, que huele a podrido”, afirmó Encinas Rodríguez frente a medios de comunicación.
Con la liberación de los 24 policías municipales, sólo permanecen bajo arresto 65 de las 142 personas detenidas, pero de continuar la misma tendencia, en los próximos días más personas podrían ser puestas en libertad. Uno de los casos que presentan más preocupación a las autoridades es Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo criminal Guerrero Unidos, quien habría obtenido un amparo por obra de Óscar García Vega, Juez segundo del Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México en 2018.
De acuerdo con el diario Reforma, el Juez García Vega consideró que el capo fue víctima de tortura y detención ilegal. Sidronio Casarrubias es uno de los principales sospechosos en el caso. Esta semana, en una acción similar, el Juez Ventura Ramos negó el periodo de prórroga solicitado por las autoridades para implementar el protocolo de Estambul a los acusados, un procedimiento con el que se determina si hubo prácticas de tortura en su detención, y les puso en libertad inmediata a los 24 detenidos, al aducir lesiones que habrían presentado.
Alejandro Encinas dijo el sábado pasado que la FGR procederá en contra de los responsables de irregularidades y consideró que las acciones de estos jueces son parte de un sistema de justicia que “huele a podrido” y advirtió que Murillo Karam, Tomás Zerón y José Aarón Pérez Castro, ex titular de la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa durante el sexenio anterior, serían particularmente investigados, lo que implicó un cambio radical en el discurso emitido desde el Estado respecto al caso y que contrasta con el silencio que Peña Nieto guardó durante varias semanas antes de pronunciarse sobre el tema.
La denuncia pública de Encinas surge en medio de reclamos que en la Red han cobrado forma bajo protestas, movilizaciones, muestras de repudio y hashtags como #RenovarPoderJudicialYa, que se encausan del estallido de consignas en torno a la impunidad con la que el Poder Judicial ha incurrido a través de jueces y magistrados en casos de corrupción que permanecen impunes, y con las que se han cobijado a miembros de cúpulas de poder que se han visto favorecidos con sentencias de amparos ante acusaciones por diversos delitos.
Destacan los casos de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien tras haber sido partícipe en el caso Odebrecht ha logrado evadir los cargos a través de múltiples amparos. Las consignas en contra de jueces dan forma en Twitter a una discusión que sostiene la tensión en torno a los juristas y la manera en cómo han manejado el caso Ayotzinapa.
#YAMECANSÉ Y LA PROTESTA EN REDES
En septiembre del 2015, un año después de que tuviera lugar la desaparición forzada de los 43 normalistas, la efervescencia que causó la indignación por la actuación en el caso de Murillo Karam descendió repentinamente en la Red.
Entre los años 2015 y 2019 el ex Procurador trató de alejarse de la opinión pública. La pérdida de interés en él coincide con el inicio de una serie de amparos concedidos a sujetos clave del caso. En el 2015, año en que Murillo Karam se separó del cargo, la PGR ya tenía varias líneas de investigación y había detenido a quienes hoy son considerados los principales implicados en el caso.
La detención de la mayoría de los principales sospechosos con los que hoy se cuenta en el caso Ayotzinapa ocurrieron en los momentos de mayor tensión y en los que el ex Procurador Jesús Murillo era señalado a nivel nacional por negligente. Foto: SinEmbargo con información de Google Trends
A raíz de que se atenuara la convulsión vertida en #YaMeCansé y de que el interés por noticias sobre el ex funcionario descendieran en la Red, la información que las autoridades dieron sobre el avance de la investigación comenzó a ser cada vez más esporádica.
En este periodo, Sidronio Casarrubias, líder del cártel Guerreros Unidos y quien había sido detenido en octubre del 2014, obtuvo un amparo por parte de el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, este tipo de acciones contribuyeron a que la lista de detenidos se redujera a sólo 65 de las 142 personas presas, la mayoría de ellas en los primeros 12 meses después de que se cometiera el delito cuando la tensión se centraba en el ex Procurador.
El caso de Murillo Karam, es emblemático en la movilización, debido a que a pesar de que el Gobierno federal le separó del caso para intentar mediar las tensiones, para febrero del 2015 todavía se mantenían en torno a su gestión como ex Procurador, su participación en el mismo y sus frases #YaMeCansé y “verdad histórica”, que continuaron vigentes y son referentes de negligencia en los reclamos que se han mantenido por cinco años en redes sociales y que tras las declaraciones de Alejandro Encinas se reavivaron con la exigencia de su arresto y su condena.
En 2014, el año en que se consumó el movimiento por Ayotzinapa, Murillo Karam fue el principal receptor de las críticas y acusaciones que el Gobierno federal recibió.
El reclamo al Gobierno federal se materializó en las redes con la etiqueta #FueElEstado, que presenta una segunda lectura: la frase concentró numerosos comentarios en los que se señaló que Ayotzinapa fue el último eslabón de una larga lista de activistas y otras víctimas de desaparición forzada en las que había pruebas que responsabilizan al Estado.
El expediente de casos señalados inicia con el periodo de “Guerra Sucia”, que irrumpió en la década de los sesentas. Esta consigna, contribuyó a intensificar la presión en 2014 al punto que el ex Presidente Enrique Peña Nieto optó por cambiar de puesto a Murillo Karam, quien en febrero de 2015 asumió el cargo de titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
#FueElEstado resumió décadas de indignación y hartazgo en contra de las represiones y desapariciones forzadas donde fuerzas policiales son las principales señaladas y de las que Ayotzinapa fue un exponente más reciente de una lista de represiones ocurridas en Guerrero y en toda la región de la Sierra Madre del Sur. Esta etiqueta se encuentra en la raíz del movimiento como una frase que resume del sentimiento de hartazgo y repudio que trascendió a la administración en turno y se depositó en el régimen que gobernó durante más de medio siglo.
LO QUE NOS DEJÓ #AYOTZINAPA
En 2015 fue publicada la investigación #Ayotzinapa, origen y evolución del movimiento social mexicano en Twitter, dirigido por la doctora Rocío Abascal Mena, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y en la que se abordó la evolución de la actividad de los tuiteros en los primeros meses de protestas. Esta investigación, se centrada en los aspectos comunicativos de la movilización.
Esta es una de los primeras investigaciones de corte académico en el país cuyo objeto de estudio se centra en los movimientos surgidos a partir de pronunciamientos de carácter político que irrumpen desde las redes sociales, y cuya metodología fue diseñada para analizar la evolución de la movilización en tiempo real.
Los resultados del informe categorizan una serie de hashtags que entre septiembre y diciembre de 2014 se interconectan con #Ayotzinapa, etiqueta que, de acuerdo con el estudio, tuvo una trascendencia fundamental en la movilización que evolucionó en los meses subsecuentes al evento al convertirse en el epicentro de la protesta, y a partir de la que se anexaron decenas de tendencias relacionadas con la desaparición de los 43 y que podrían ser interpretadas como un índice temático de las discusiones y protestas, entre otras expresiones derivadas del movimiento.
En el 2015 fue publicada la investigación #Ayotzinapa, origen y evolución del movimiento social mexicano en Twitter, dirigido por la doctora Rocío Abascal, académica de la UAM. Foto Especial.
En entrevista con SinEmbargo, la doctora Abascal mencionó que en la investigación determinó el índice de popularidad de las etiquetas que surgieron a partir de Ayotzinapa. Destaca que a pesar de la existencia de estrategias artificiales para disipar la movilización, como son las cuentas automatizadas conocidas como “bots”, las protestas por los estudiantes se caracterizaron por la introducción de acciones para contrarrestar estos intentos por echar abajo las movilizaciones:
“Así, el artículo muestra la evolución e inserción de nuevas etiquetas en el tema Ayotzinapa a raíz de toda la información que se generó tanto en prensa escrita, radio, tv y redes socio digitales. A pesar de los llamados ‘bots’, los tuiteros dieron muestras de creatividad al utilizar, por ejemplo, números en un hashtag como fue el caso de #Yamecansé. De esta manera, siempre estuvo en trending topic el tema de #Ayotzinapa y las principales noticias a su alrededor”.
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En el listado de hashtags analizados en el informe destaca la correlación de #YaMeCansé con #Ayotzinapa, no sólo por la cercanía entre ambas expresiones, sino por la popularidad que alcanzó este binomio, que se sitúa entre las relaciones más imbrincadas y empleadas durante los primeros meses de protestas, y que indica que Murillo Karam centralizó una importante parte del debate.
La revisión pasa sobre el hashtag #YaMeCansé y que, de acuerdo con la investigadora, en el contexto político en que surgió guardó relación con la etiqueta #HastaLaMadre, que en 2011 se popularizó a raíz de las protesta del poeta Javier Sicilia en contra de la guerra contra el narcotráfico.
En el reporte también se expone que la etiqueta #YaMeCansé fue un conectivo entre la esfera digital y la calle. Esto se refiere a partir de la conexión de la etiqueta surgida en reproche a Murillo Karam con otras emanadas de la misma movilización para convocar y difundir información sobre marchas y mítines, como lo fue #1DMX y #20NovMx; ambas protestas realizadas en semanas posteriores a la desaparición de los 43 fueron reprimidas por cuerpos de granaderos en la Ciudad de México,
Las acciones que el Gobierno federal emprenderá para exigir cuentas a los jueces y funcionarios que participaron en el caso Ayotzinapa y que habrían contribuido a la generación de vicios en la investigación, reactivó en redes sociales las protestas en contra de dos personajes en particular: Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio.
En este contexto, las discusiones en Twitter presentan un incremento en las demandas de justicia que han derivado en múltiples peticiones de usuarios para que ambos funcionarios sean llevados a juicio y puestos tras las rejas.
Morena expuso que lo máximo que la Subcomisión, adscrita a las Comisiones de Gobernación y Justicia de la Cámara de Diputados podía solicitar era la inhabilitación como funcionario de Karam lo que, dijo, “no genera efecto jurídico real, ya que no es ni se prevé que sea servidor público nuevamente”.
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– Movimiento Regeneración Nacional (Morena) argumentaron que la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados no admitió a trámite la solicitud de juicio político contra Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), porque las pruebas que recibió eran insuficientes, y recordaron que los legisladores no pueden determinar su culpabilidad porque carecen de facultades en materia penal.
El partido defendió en un comunicado que resolución no impide que un juez penal, civil o administrativa tome el caso y determine la responsabilidades de su actuar en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. El dictamen para solicitar el juicio político para el ex colaborador del ex Presidente Enrique Peña Nieto fue promovido en septiembre de 2015.
Morena expuso que lo máximo que la Subcomisión, adscrita a las Comisiones de Gobernación y Justicia podía solicitar era la inhabilitación como funcionario de Karam lo que, dijo, “no genera efecto jurídico real, ya que no es ni se prevé que sea servidor público nuevamente”.
Los políticos explicaron que corresponde a la Fiscalía General de la República y a los jueces determinar la responsabilidad de Murillo Karam.
“Indudablemente hay una deuda social del Estado en el caso Ayotzinapa, pero eso tiene que ser resuelto con justicia, para que primero señalen qué pasó con los 43 estudiantes y se esclarezcan los hechos. En las condiciones actuales, una inhabilitación sería más una sanción simbólica, pero nadie quiere algo así, lo que se necesita es que haya justicia real y tangible”, defendieron.
INVESTIGAR A MURILLO
En octubre de 2018, Carlos Martín Beristain, uno de los cinco especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para México de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) que participó en la investigación sobre Ayotzinapa, dijo en entrevista con SinEmbargo que si el caso Ayotzinapa se abre es para investigar a personajes como Murillo.
“Para nosotros lo más importante es que si hay un regreso hipotético tendría que hacerse con las características similares a la capacidad que tuvo el GIEI. Habría que hacer una reevaluación no sólo a partir de los informes, sino de las líneas de investigación que se han seguido y que no se han seguido en este tiempo, y reforzar un análisis de nuevo del escenario, de las cosas que se han avanzado y no. Ver en qué punto están las recomendaciones que hicimos para el seguimiento del caso, para reactivar de nuevo la investigación y apoyo a las víctimas”, planteó.
Una nueva investigación debe partir de la apertura total de la información del 27 Batallón de Infantería y el deslinde de responsabilidades de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) y la investigación de las declaraciones que se dieron bajo tortura y que llevaron a la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, señaló.
Carlos Martín Beristain, uno de los cinco especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para México de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) que participó en la investigación sobre Ayotzinapa, dice en entrevista con SinEmbargo que el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República electo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero es esperanzador y genera buenas expectativas para el caso.
El caso Ayotzinapa debe partir, en el próximo sexenio, con la apertura total de la información del 27 Batallón de Infantería y el deslinde de responsabilidades de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) y la investigación de las declaraciones que se dieron bajo tortura y que llevaron a la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, ex Procurador de la República, asegura.
Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– La nueva etapa de la investigación prometida por Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República electo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, debe partir de la apertura total de la información del 27 Batallón de Infantería y el deslinde de responsabilidades de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) y la investigación de las declaraciones que se dieron bajo tortura y que llevaron a la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, ex Procurador de la República, dice Carlos Martín Beristain, uno de los cinco especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para México de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
“Para nosotros lo más importante es que si hay un regreso hipotético tendría que hacerse con las características similares a la capacidad que tuvo el GIEI. Habría que hacer una reevaluación no sólo a partir de los informes, sino de las líneas de investigación que se han seguido y que no se han seguido en este tiempo, y reforzar un análisis de nuevo del escenario, de las cosas que se han avanzado y no. Ver en qué punto están las recomendaciones que hicimos para el seguimiento del caso, para reactivar de nuevo la investigación y apoyo a las víctimas”, plantea en entrevista con SinEmbargo.
Beristain, quien participó en la investigación que rechazó la versión de que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) fueron cremados en basurero de Cocula y sus restos arrojados al Río San Juan, y que además concluyó que Tomás Zerón alteró la escena del crimen en el río, asegura que la reunión entre López Obrador y las familias de los 43 del pasado 26 de septiembre en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México fue positiva y arroja esperanzas para lo que viene en la nueva administración federal.
Sin embargo, debe haber una clara voluntad política de cambiar la narrativa del caso y aceptar abrir toda la información a la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa ordenada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, que incluye el acceso al 27 Batallón de Infantería con destacamento en Iguala, Guerrero.
“Nosotros dijimos desde el principio cuáles eran las líneas de investigación. Lo pedimos en la primera conferencia pública, en la primera relación con las autoridades. Pedimos de esas fuentes de información, porque ellos [los militares] estuvieron en varios de los escenarios de los hechos que sucedieron esa noche y seguimos creyendo que eso es importante. Encontramos unas revelaciones en el primer informe, otras en el segundo informe; incluso dijimos cosas que había que investigar directamente. Eso sigue siendo una asignatura pendiente en este caso muy importante, este caso no se va esclarecer sin un acceso a todas las fuentes”, asegura.
Después de la reunión entre López Obrador y los familiares, los padres de los normalistas dijeron a SinEmbargo que en privado el Presidente electo les habló de ir a fondo en las investigaciones y hacer justicia “sea quien sea”, sin poner sobre la mesa el perdón del que ha hablado con otras víctimas de la violencia en México.
Los padres de los 43 estudiantes insistieron en el regreso del GIEI a México para ser parte de la nueva Comisión de Investigación, y Alejandro Encinas Rodríguez, futuro Subsecretario de Gobernación que estará encargado del caso, dijo que se partiría de los informes de los expertos que llegaron al país en marzo de 2015 y que entregaron un informe final en septiembre de 2015, donde llegaron a la conclusión de que la incineración de los jóvenes definitivamente no ocurrió y que la investigación de la PGR contenía varias inconsistencias y deficiencias.
Los expertos continuaron en México durante seis meses más y en abril de 2016 dieron un último informe antes de salir del país en el que reafirmaron que la verdad que defiende Peña Nieto y que se basa en 80 tomos en el expediente de la desaparición de los normalistas en Iguala, no es creíble y carece de sustento.
El GIEI exhibió inconsistencias graves en la investigación que arrojó la “verdad histórica”, entre ellas que al menos 17 de las personas detenidas, relacionadas con el caso, sufrieron algún tipo de maltrato físico o tortura, entre ellos, los cinco presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos cuyas declaraciones son la base de la teoría sobre el homicidio y quema de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula.
También, que un día antes de que la PGR anunciara el hallazgo de una bolsa con restos en el río San Juan, peritos de la misma dependencia realizaron un recorrido en la zona que, si bien quedó registrado en video por reporteros locales, nunca fue reportado en el expediente oficial del caso.
El GIEI encontró que las evidencias sobre actividades de narcotráfico en esa parte de Guerrero no han sido investigadas como parte del contexto que rodeó el crimen cometido contra los estudiantes; como tampoco se profundizó en la existencia de un quinto camión utilizado por los normalistas y que tampoco fue reportado originalmente por la PGR.
Los expertos se encontraron con la fragmentación de la investigación en más de 25 averiguaciones previas, la dilación de meses en la realización de interrogatorios o diligencias, además de la imposibilidad de que elementos del Ejército Mexicano asignados al 27 Batallón ubicado en la zona respondieran a sus preguntas.
De acuerdo con el informe cuando ocurrieron los hechos de Iguala había entre 500 y 600 elementos en el destacamento del 27 Batallón Militar. El GIEI encontró que personal militar estuvo presente en varias de las escenas de los hechos violentos y que fueron testigos directos de los hechos en varios de los escenarios.
Aunque solicitaron en varias ocasiones entrevistarse con ellos, siempre les fue negado el acceso y en abril de 2016, durante su último informe, los expertos presentaron varias preguntas que hubiera planteados a los militares.
Uno de ellos es a un militar, un agente de inteligencia, que estuvo 45 minutos en el escenario del Palacio de Justicia. El soldado tomó fotografías de los hechos que en agosto de 2015 se incorporaron al expediente, pero no en originales, sólo en un Power Point.
Las preguntas que el GIEI le hubiera realizado son: ¿Cuándo vio todo esto, qué informó?, ¿qué instrucciones le dieron? y, ¿cuándo vio que agredían a los jóvenes, por qué no hizo nada para protegerlos?.
“No solamente están los informes y las líneas de investigación que señalamos, está la sentencia del Tribunal de Tamaulipas que muestra cuál es el camino a desarrollar. Habría que tener acceso a todas las fuentes de información, nosotros no tuvimos acceso a fuentes como el personal militar, a las fuentes de inteligencia.
Hay que hacer una investigación de los modos en que se ocultó la desaparición de los jóvenes. Hay que hacer una investigación no sólo en términos de deslindar responsabilidades, sino de buscar información sobre los jóvenes, porque el punto central del trabajo debe ser la búsqueda de los jóvenes y para eso hay que encontrar la verdad del caso: quién ha ocultado el caso en forma de impunidad”, dice Beristain desde Colombia.
Carlos Beristain dice que el GIEI halló la fragmentación de la investigación del caso Iguala en más de 25 averiguaciones previas, la dilación de meses en la realización de interrogatorios o diligencias y la imposibilidad de que elementos del Ejército asignados al 27 Batallón respondieran a preguntas. Foto: Saúl López, Cuartoscuro
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–Ya se va Enrique Peña Nieto y se va sin aceptar una verdad distinta a la “verdad histórica”. ¿Cómo ve este caso en el marco de otras denuncias internacionales de desaparición y genocidio?, ¿cómo ve este caso mexicano?
–La negación a aceptar la realidad y la negación de los hechos, las pruebas que llevó a cabo la investigación del GIEI y el equipo Argentino de Antropología Forense es una mala noticia. El primer paso para poder desarrollar una política de atención, prevención, sanción de las desapariciones forzadas es la aceptación de los hechos y las pruebas. Además es mala noticia, porque le provoca una herida a los familiares que ven una negación a su propia experiencia, un ataque a su sentir, con todo el dolor para ellos, que es la peor noticia. Hay un nuevo escenario en México que es la esperanza de que haya una nueva actitud de las autoridades y al caso. Siguen las líneas de investigación y revaluando muchas de las cosas que hayan podido aparecer en este tiempo y de las cuales no tenemos conocimiento.
–El caso mexicano, hasta ahorita lo que se observó con este Gobierno federal a comparación de cómo han reaccionado otros países, ¿cuál sería su evaluación?
–Yo creo que en el caso de México se han hecho algunas cosas por asimilación: si en Colombia hubo una Ley de Víctimas, [en México] se hizo una ley. Si acá se hizo una Unidad de Víctimas, ahí se hizo una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahí digamos por asimilación de cosas que se han desarrollado en otros países, pero sin tener en cuenta la perspectiva de cambio que eso significa, manteniendo sus políticas, tratando desarrollar ciertas acciones que eran importantes. Cuando llegó el Presidente que el mandato está por finalizar, hubo una discusión en el país sobre el número de desaparecidos: si eran 26 mil, 20 mil, 15 mil, pero ha llegado el momento que ni siquiera se discuten esas estadísticas, lo cual muestra que han dejado evolucionar una política; ha pasado mucho tiempo, muchas más cosas, desgraciadamente el tiempo se ha ido y ese tiempo pasa y se aleja. También hay dolor que se hace más permanente a los familiares; sin embargo, ese el único tiempo que tenemos. Es importante que se tomen medidas que reorienten esa investigación y la política en el país respecto a los casos de desaparición.
–El Presidente electo ha dicho que va a pedir que regrese el GIEI; incluso Alejandro Encinas, que es quien le va a dar seguimiento directamente al caso, ha dicho a los medios que se iniciaría la nueva investigación con los informes del GIEI. Lo dijo el día que se reunió con los familiares. ¿Bajo qué condiciones regresaría el GIEI?, ¿cómo sería este regreso?
–Primero se tienen que poner de acuerdo entre las partes. El GIEI fue un mecanismo para el cumplimiento de las medidas cautelares dela Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hubo un acuerdo de la Comisión, del Estado y representantes de las víctimas. Esas medidas siguen vigentes y el mandato del GIEI se podría activar de nuevo, esa es una decisión que le corresponde a todas las partes. Para nosotros lo que es importante es, que si hay un regreso hipotético, tendría que hacerse con las características simulares a la capacidad que tuvo el GIEI. Habría que hacer una reevaluación no sólo a partir de los informes, sino de las líneas de investigación que se han seguido y que no se han seguido en este tiempo, y reforzar un análisis de nuevo del escenario, de las cosas que se han avanzado y no. Ver en qué punto están las recomendaciones que hicimos para el seguimiento del caso, para reactivar de nuevo la investigación y apoyo a las víctimas.
–De los hallazgos que manejan en su último informe, ¿cuáles serían lo más importantes que se tendrían que tomar en cuenta para arrancar a partir del 1 de diciembre?
–No solamente están los informes y las líneas de investigación que señalamos, está la sentencia del Tribunal de Tamaulipas que muestra cuál es el camino a desarrollar. Habría que tener acceso a todas las fuentes de información; nosotros no tuvimos acceso a fuentes como el personal militar, a las fuentes de inteligencia. Hay que hacer una investigación de los modos en que se ocultó la desaparición de los jóvenes. Hay que hacer una investigación no sólo en términos de deslindar responsabilidades, sino de buscar información sobre los jóvenes, porque el punto central del trabajo debe ser la búsqueda de los jóvenes y para eso hay que encontrar la verdad del caso: quién ha ocultado el caso en forma de impunidad.
–Sobre la participación del Ejército, ¿se tendría que abrir ahora sí la información del 27 Batallón?
–Nosotros dijimos desde el principio cuáles eran las líneas de investigación. Lo pedimos en la primera conferencia pública, en la primera relación con las autoridades. Pedimos de esas fuentes de información, porque ellos estuvieron en varios de los escenarios de los hechos que sucedieron esa noche y seguimos creyendo que eso es importante. Encontramos unas revelaciones en el primer informe, otras en el segundo informe, incluso dijimos cosas que había que investigar directamente. Eso sigue siendo una asignatura pendiente en este caso muy importante, este caso no se va esclarecer sin un acceso a todas las fuentes.
–¿Se tiene que investigar lo sucedido con el quinto autobús?
–Se investigó de forma parcial. Ahí había participación de la Política Federal de Iguala al menos en el desvío de ese camión y no ha habido investigación efectiva sobre esa cuestión. Luego está la ayuda internacional que pedimos; llegaron unas escuchas hechas por la DEA [Drug Enforcement Administration], sería importante tener acceso a toda esa información, no a una versión editada de ese material probatorio, sino un acceso a toda la prueba para poder determinar nosotros sobre la cuestión en términos del ataque a los jóvenes. También en términos del móvil del quinto autobús y las implicaciones de autoridades locales, el tema del narcotráfico como un punto central de la investigación del caso.
Claudia Paz, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Francisco Cox, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quienes echaron por tierra la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro
–¿Cómo ve el mensaje que dio López Obrador el día que se reunió con las víctimas? Los familiares de lo muchachos nos decían que en la reunión privada les dijo que sea quien sea iba a hacerse justicia, salieran los implicados que salieran en la investigación; a diferencia con otras víctimas de desaparición, feminicidios, aquí nunca habló de perdón con los padres de los 43, sino de justicia y de ir a fondo. ¿Qué le dice a usted este mensaje?
–Bueno, el mensaje para los padres es positivo. Junto con la investigación y el esclarecimiento de quién esté implicado en distintas responsabilidades del caso, me parece que es la respuesta clave que los familiares esperan o esperaban. Entonces es la esperanza clave de los familiares y hay que ser consistente con esta esperanza; espero que sea así. El perdón es una condición que no se puede imponer a las víctimas. Primero hay que investigar los casos, hay que saber la verdad, hay que esclarecer responsabilidades y luego pueden ponerse en marcha ya otro tipo de medidas, pero no se puede sustraer la verdad y la investigación del caso sin ese tipo de procesos. Me parece que es parte que las autoridades reflexionen y tengan claro. El caso de los 43 es una esperanza para muchos otros familiares: que esto sea el principio de un proceso que permita un esclarecimiento de la verdad en muchos casos del país.
–¿Qué tendría que pasar con Tomás Zerón de Lucio?, que bueno ustedes fueron claros cuando lanzaron su segundo informe y a Tomás Zerón nada más se le removió del cargo, y luego le dieron otro y mejor. ¿Qué tendrá que suceder con Jesús Murillo Karam?
–Nosotros dejamos unas líneas de investigación muy claras que hablan del papel que jugaron ciertas autoridades. El caso del Río San Juan debe ser esclarecido, hay un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que aborda eso. Hay que seguir con la investigación para evitar el desvío de lo que se ha hecho hasta el momento y que las pruebas que están ahí conduzcan a una investigación efectiva. Me parece que se puede hacer una investigación sobre los casos de tortura que nosotros señalamos y donde hay serios indicios de esa evidencia, luego el Alto Comisionado sacó un informe de más de 40 casos y eso tiene que ser investigado. Quien haya cometido esas acciones debe ser investigado, que se esclarezcan los niveles de responsabilidad es muy importante para las dos cosas: por una parte, para tener una respuesta efectiva frente a esos mecanismos de impunidad y, por otra, para buscar información sobre el destino de esos jóvenes.
–¿Por qué la cerrazón de este Gobierno de no aceptar otra verdad, sólo la “verdad histórica”?, ¿están protegiendo a alguien?, ¿a los militares quizás?
–Eso es parte de lo que hay que investigar y saber: ¿qué es lo que hay detrás de esa negación a aceptar las pruebas y a seguir una versión de los hechos que no corresponden con las pruebas de la realidad? Para nosotros una de las cosas importantes es que haya un cambio de la narrativa del caso. A pesar de que nosotros publicamos los informes con pruebas contundentes y la respuesta fue que nuestras pruebas y nuestros informes entrarían en la investigación del caso , pues lo que no ha habido es un cambio de la narrativa del caso; cambiar la narrativa sería una señal de voluntad política importante para los familiares y el país.
–Si el GIEI regresa, ¿sería el mismo equipo de expertos o serían otros?
–Eso está en discusión. El GIEI de México fuimos nosotros hace tiempo [Alejandro Valencia, Ángela María Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain], hay que ver las condiciones para poder hacer nuestro trabajo. Tenemos que buscar la manera y las condiciones que habría para hacer nuestro trabajo o no. Aún no lo tenemos claro, el GIEI de México somos esos cinco expertos, para el tipo de trabajo, la calidad de ese trabajo estaba asociado a quiénes hicimos ese trabajo en el pasado, pero bueno no sabemos que pasará en el futuro; nos gustaría que eso se pudiera mantener, pero eso no dependerá de nosotros, sino de circunstancias laborales, la CIDH, los padres y el Gobierno.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
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