El caso de corrupción de Odebrecht, que ha afectado a buena parte de América Latina, estalló por completo el año pasado en México después del arresto de Emilio Lozoya en España y su posterior extradición a territorio mexicano, donde presentó una denuncia de hechos en la que se mencionan los nombres de varios políticos que pudieron estar involucrados en la trama.
Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).– Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), ratificó que Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN); José Antonio Meade Kuribreña, exaspirante a la Presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); José Antonio González Anaya, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y Carlos Treviño Medina, también exdirector de Pemex, habrían recibido sobornos tanto para aprobar la Reforma Energética como para el otorgamiento de contratos, reveló este domingo el periódico La Jornada.
De acuerdo con la tercera declaración que dio el exfuncionario ante la Fiscalía General de la República (FGR), a la que tuvo acceso el medio, a Anaya Cortés se le habrían entregado seis millones 800 mil pesos con la finalidad de que se avalara la Reforma Energética en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que “una parte” de los 84 millones de pesos que habría dado la empresa Odebrecht a autoridades mexicanas para conseguir contratos, “fue entregada a José Antonio González Anaya, José Antonio Meade Kuribreña y Carlos Treviño Medina”.
En el texto firmado por el periodista Gustavo Castillo García, se detalla el contenido de la declaración, donde Lozoya Austin afirmó que esos personajes “promovieron la continuidad del contrato de Etileno XXI”, un negocio irregular de Pemex que generó pérdidas y gastos innecesarios por al menos siete mil 124 millones 963 mil 300 pesos entre 2015 y 2018, debido a pagos por servicios no efectuados, castigos por incumplimiento de contrato y políticas contractuales injustas para la Empresa Productiva del Estado.
Emilio Lozoya Austin fue director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro
Asimismo, explicó que “parte se le distribuiría a los senadores del PAN, al PRI o personas que Luis Videgaray me indicase”, pues Emilio Lozoya ha sostenido que el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, excanciller y Secretario de Hacienda del priista, le ordenaron sobornar a legisladores, entre ellos cinco senadores, para que apoyaran las reformas al sector energético, con las que se abrió este ámbito a la iniciativa privada.
“Luis Videgaray me instruyó a darle 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés, por haber logrado que el grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados votara la reforma constitucional en materia energética y seguir influyendo de forma favorable en los diputados del PAN en la Cámara de Diputados”, insistió Lozoya en su declaración escrita, retomada por La Jornada.
“Anaya Cortés sí voto la reforma constitucional en materia energética favorablemente, y si bien no recuerdo si él estaba o no de licencia cuando se aprobaron las reformas secundarias, puedo afirmar que eso era bastante irrelevante, ya que los acuerdos que se hacían con Ricardo Anaya Cortés no eran sólo por su voto en lo individual, sino porque él controlaba al Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, es decir, los acuerdos con los diputados del PAN se hacían con él, y él ejercía la influencia política sobre los diputados”, se lee en el medio que retomó los dichos del exencargado de Pemex.
EL CASO LOZOYA
Ricardo Anaya en un mitin de 2018, cuando era candidato a la Presidencia de México. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro
Emilio Lozoya Austin dirigió Pemex entre 2012 y 2016, bajo la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Fue extraditado el año pasado desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad.
Uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.
El otro juicio es por comprar presuntamente la planta inservible de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa casa en la capital del país.
La llegada de Lozoya a México supuso un terremoto político, ya que cerró un acuerdo con la Fiscalía General de la República para afrontar sus procesos judiciales fuera de la cárcel a cambio de denunciar en la trama de corrupción a 70 personas de la elite política mexicana.
Por ello, desde su arribo a México no ha pisado la cárcel, lo que ha generado molestia entre la sociedad mexicana. Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un día después de su arresto en España que en su Gobierno “no hay protección para nadie”. Pero ha pasado un año sin apenas novedades en la investigación y un silencio que incomoda a la ciudadanía.
Lozoya, titular de Pemex en la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), llegó extraditado el 17 de julio a México. Foto: Archivo, Cuartoscuro
En su extensa denuncia de hechos, presentada el 11 de agosto de 2020, el exdirector de Pemex aseguró que Peña Nieto y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le obligaron a recibir estos sobornos y a usarlos para comprar voluntades en el Congreso.
También señaló a los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012), por corrupción en la compra de la planta Etileno XXI por parte de Pemex, y a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.
Además, de que en 2013 varios legisladores de la oposición – entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca- recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la Reforma Energética de Peña Nieto, que liberalizó el sector.
De los 16 políticos señalados por Emilio Lozoya, sólo el exsenador Jorge Luis Lavalle está preso, mientras que Ricardo Anaya se encuentra en el “exilio” y denunciando que en la FGR son unos “incompetentes”, ya que su voto a favor de la reforma “fue ocho meses antes de la supuesta entrega” de dinero denunciada por Lozoya.
En 2017, Enrique Peña Nieto, entonces Presidente de la República, y Luis Videgaray Caso, exsecretario de Relaciones Exteriores, durante el 50 aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco, acuerdo internacional que establece la desnuclearización del territorio de América Latina y el Caribe. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
El panista también acusa al Presidente Andrés Manuel López Obrador de intentar meterlo a la cárcel para frenar su posible candidatura presidencial en 2024, algo que el actual mandatario mexicano ha negado, por lo que en semanas pasadas pidió a la FGR transparentar su caso.
Luego de que el Juez Delgadillo Padierna dictó prisión preventiva a Rosario Robles el 13 de agosto de 2019, las actas de entrega-recepción fueron un tema importante, ya que se trataba del documento que podía implicar a más funcionarios con los desvíos de recursos cometidos en la Sedesol. Ahora, esos documentos desaparecieron.
Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- Dos meses después de que Rosario Robles Berlanga fuera enviada al Penal de Santa Martha Acatitla, las actas entrega-recepción que ella entregó a su sucesor en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade, fueron declaradas como extraviadas. Y no sólo esas: también las que Meade entregó a su sucesor, Luis Miranda Nava.
De acuerdo con la solicitud de información con folio 0002000233819 enviada a la Secretaría del Bienestar — antes Sedesol—, se pidieron ambos documentos en sus versiones públicas. El 1 de octubre de 2019, la dependencia respondió que la información no estaba en los archivos, es decir, no se encontró el acta que Rosario dejó a Meade cuando salió de la dependencia en 2015 ni tampoco la que Meade dejó a Miranda Nava, cuando salió en 2016.
El Comité de Transparencia de la Secretaría del Bienestar declaró la inexistencia de los dos documentos, sin embargo también se solicitó dar aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) por el incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que las actas entrega-recepción no son un documento como cualquier otro y menos, cuando una de las implicadas estaba presa en un penal de máxima seguridad.
Cuando Rosario Robles dejó la Sedesol, el 27 de agosto de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en el manejo de recursos por seis mil 558 millones 420 mil 667 pesos, por lo que quedaban como pendientes de aclarar. Y eso debió quedar asentado en el acta de entrega recepción que dio a su sucesor —José Antonio Meade— frente al titular del Órgano Interno de Control (OIC), dos testigos y con revisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en ese entonces dirigida por Virgilio Andrade Martínez.
Cuatro años después, ya fuera del poder, el 13 de agosto de 2019, a horas de que le dictaran prisión preventiva y vinculación a proceso, el Juez Jesús Delgadillo Padierna le cuestionó a ella y a su defensa si no querían ahondar en la participación de dos políticos que fueron mencionados como posibles implicados en los delitos que se le imputaron: José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto.
Tanto ella como la defensa dijeron que no y a Rosario se le acusó de uso indebido del servicio público; parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos.
Este viernes, de hecho, se prevé que reanude el proceso penal iniciado en su contra desde hace más de año y medio con la presentación de las pruebas de la FGR y de la defensa de Robles.
Horas antes, la defensa de la exsecretaria de Estado dijo que contaba con pruebas de que Rosario Robles le avisó a José Antonio Meade Kuribreña de los pendientes por solventar en la Auditoría y que eso quedó constatado en las actas de entrega-recepción de la Sedesol. Ese documento era la prueba de que ella advirtió de las cuentas pendientes por solventar.
El Juez Delgadillo Padierna consideró que era evidente que “José Antonio Meade sabía de los hechos”, pero que no informó a Peña Nieto. “Se le puede imputar esa omisión”, dijo el juzgador. Agregó que solicitaría el acta de entrega-recepción de la Sedesol donde se encuentra el dato de que avisó a Meade.
La Estafa Maestra permitió a Sedesol, Sagarpa, Economía, SCT, ISSSTE, Pemex y otras dependencias del Gobierno desviar recursos a las campañas políticas. Foto: Cuartoscuro.
“Ese dato de prueba es una joya y no lo trajeron aquí por casualidad”, dijo y dio de plazo para que este documento fuera entregado el viernes 16 de agosto de 2019. Pero lo que pasó después fue que a Rosario se le otorgó el 30 de agosto de ese año un amparo para no tener que presentar dicho documento. Luego, el 3 de septiembre el Juez anunció que ya no lo solicitará y el 1 de octubre, la Secretaría del Bienestar anunció que los documentos no estaban en su archivo.
El otro documento que está en esa situación es el que Meade realizó el 6 de septiembre de 2016 cuando dejó la Sedesol y entró Luis Miranda Nava, político priista, cuñado de Peña Nieto y quien se autodenominó “operador político” del Presidente, cuando tomó protesta al frente de la dependencia que buscaba acabar con la pobreza en el sexenio pasado.
¿QUÉ ES EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN?
De acuerdo con el decreto aplicable para la administración de Rosario en la Sedesol, el acta entrega-recepción es un documento obligatorio que fue creado para abonar en la transparencia de la administración pública, evitar posibles actos de corrupción de funcionarios salientes y que los entrantes cuenten con los elementos necesarios que les permitan cumplir con las tareas y compromisos.
Todo funcionario debe elaborar ese informe al separarse de su empleo o comisión. Ahí informa sobre los asuntos a su cargo, del estado que guardan y da cuenta de los recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados.
Se entrega por escrito mediante acta administrativa que describa el estado que guarda la dependencia. No hay motivo por la cual el funcionario que se va pueda no lo presente a su sucesor; de no hacerse tiene que ser requerido por la misma dependencia para cumplir con la obligación.
Una vez que se tiene el acta, se procede a la verificación del contenido. Esto lo hace el servidor que entra, en este caso José Antonio Meade, quien tuvo un plazo de 30 días. En la verificación incluso se prevé que si se detecta alguna anomalía, el funcionario saliente tiene que estar disponible para presentarse y realizar las aclaraciones o dar información adicional que se le solicite.
También se contempla que en todo este proceso, la SFP deberá intervenir y revisar las actas.
Este documento debe contener elementos como la situación programática, presupuestaria, los estados financieros, cheques, fideicomisos y de los recursos materiales. Pero hay un apartado único para ingresar la información de las “OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS EN PROCESO DE ATENCIÓN” en donde se debe informar lo que está pendiente de solventar.
El cierre del acta se da al rendir protesta bajo juramento de “decir la verdad, de haber proporcionado sin omisión alguna todos los elementos necesarios para la formulación de la presente acta”.
Cuando Rosario dejó la Sedesol, ya contaba una larga lista de llamados del órgano fiscalizador en 2013, 2014 y 2015 sobre anomalías como la contratación con recursos públicos a instancias sin capacidad para cumplir con los servicios y un posible desvío de tres mil 433 millones 683 mil 969 pesos.
Esto debió constar en su acta de entrega-recepción, la cual está desaparecida.
Por la mañana, la defensa de Robles Berlanga adelantó que la exfuncionará declarará ante la FGR que que parte de los recursos desviados de la llamada Estafa Maestra, los cuales habría ordenado el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, favorecieron la campaña electoral del 2018 del priista José Antonio Meade Kuribreña.
Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, dijo esta tarde que la nueva estrategia anunciada por los abogados de Rosario Robles Berlanga es “errada e inmoral” al centrarse en su personas como el operador de los desvíos del erario dentro de la llamada “Estafa Maestra”.
En una carta a la opinión pública, que difundió a través de su cuenta de Twitter, Videgaray Caso, quien fue también Canciller de México en el Gobierno priista de Peña Nieto, expuso que los señalamientos de Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de Robles Berlanga, en nada contribuyen a la lucha contra la corrupción que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “La corrupción no se combate con mentiras y fabricando pruebas”, expuso.
El poderoso exfuncionario federal, a quien muchos analistas políticos veían como un vicepresidente en los años del peñismo, también afirmó que está listo para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir al esclarecimiento de la verdad.
Mis comentarios a la opinión pública con motivo de las declaraciones del Lic. Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la Maestra Rosario Robles Berlanga. pic.twitter.com/i7BG3PbJrS
Además planteó que no permitirá que se le difame, y por ello defenderá su honorablidad a través de las instancias jurídicas correspondientes.
“El mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y límite son la verdad y la ley”, afirmó el exfuncionario federal, quien ahora radica en Boston y es catedrático en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)
Por la mañana, la defensa de Robles Berlanga adelantó que la exfuncionará declarará ante la FGR que que parte de los recursos desviados de la llamada Estafa Maestra, los cuales habría ordenado el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, favorecieron la campaña electoral del 2018 del priista José Antonio Meade Kuribreña.
El abogado Sergio Arturo Ramírez comentó a medios que Videgaray supuestamente ordenó que se destinaran recursos públicos a al menos cuatro campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El presunto desvío del erario habría iniciado con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto (2012), después con la elección intermedia de 2015, la campaña por la gubernatura de Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México (2017), y por último, la de Meade, en 2018.
“Los recursos se destinaron para la elección para Presidente del señor Enrique Peña Nieto, para las elecciones de 2018; Luis Videgaray en las intermedias y en la campaña de 2018, fue quien dio instrucciones para que se utilizaran recursos públicos en favor de la campaña del entonces Presidente y de su partido del PRI y de Peña Nieto”, reveló.
Videgaray y Robles. Foto: Cuartoscuro.
El jurista detalló a los medios de comunicación que las confesiones de Rosario Robles determinarán el “dónde y cómo” se ejecutó el movimiento de los recursos federales por supuestas instrucciones del extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con las que se buscaba seguir gobernando para supuestamente seguir obteniendo dinero del Estado.
“Se va a determinar por dónde fue o cómo fue que se dio la instrucción la movilización para que se dieran estos recursos, por parte de y por instrucciones de Luis Videgaray Caso, para el PRI en el Estado de México, para las campañas intermedias y para la campaña de 2018 para la Presidencia de la República, donde lo que era notorio era que buscaban cometer de nueva cuenta un fraude electoral”, agregó.
Esta mañana, Sergio Arturo Ramírez, abogado de Robles, dijo que las declaraciones que la exfuncionaria hará ante la Fiscalía General de la República (FGR) como “testigo colaborador” señalan al extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.
El licenciado adelantó que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, expondrá directamente a quien fuera mano derecha del anterior Presidente de México.
“Los datos de prueba van a manejarse en conjunto con la FGR, de acuerdo con la información que la misma Fiscalía solicite. […] Todo a partir de hoy va a ir directo a Luis Videgaray Caso”, afirmó.
De acuerdo con la defensa, Robles señaló que Videgaray Caso habría ordenado el presunto desvío de recursos públicos para la campaña presidencial de Peña Nieto.
“Ella va decir todo lo que sea necesario para determinar todo lo que tiene que ver con Luis Videgaray y la elección como Presidente del señor Enrique Peña Nieto. Videgaray en las intermedias y en las de 2018, fue quien dio instrucciones de que se utilizaran recursos públicos a favor de la campaña del entonces candidato y de su partido, el PRI”, especificó Ramírez.
El litigante resaltó que no se hará ninguna acusación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, ya que no hay “ningún tipo de vínculo” que lo involucre. Aclaró que tampoco se imputará al Senador Miguel Ángel Osorio Chong, pues Robles Berlanga desconoce si el priista está involucrado en las operaciones de la llamada Estafa Maestra, aunque éste fue señalado por Emilio Zebadúa, extrabajador de Robles.
La defensa de la exsecretaria añadió que no se declarará contra Zedabúa, puesto que el beneficio como testigo colaborador de la Fiscalía tiene como condición señalar delitos más graves o personas que tienen un mayor rango jerárquico.
Robles apunta a Videgaray. Foto: Cuartoscuro.
Sergio Arturo Ramírez detalló que en las próximas horas acudirán ante el órgano judicial dirigido por Alejandro Gertz Manero para formalizar su solicitud de criterio de oportunidad y con ello, reducir su sentencia y pedir el descongelamiento de sus cuentas bancarias.
Reiteró que Rosario sólo fue testigo de los presuntos actos ilícitos que Videgaray habría ordenado para favorecer algunas campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como la de Peña y la de José Antonio Meade.
“Vamos a utilizar el criterio de oportunidad que ofrece la FGR. Ahorita vamos a entrar a hacer el planteamiento con la Fiscalía y con la Unidad de Inteligencia Financiera para llegar a Luis Videgaray Caso. Va a darse toda la información que requiera el Estado mexicano relativa a cualquier irregularidad o movimiento de cualquier tipo de recursos o cualquier tipo de inscripciones que hayan tenido que ver con Luis Videgaray Caso”, dijo el abogado.
Las declaraciones que la exsecretaría Rosario Robles dará a la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron también a José Antonio Meade Kuribreña.
Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– Rosario Robles Berlanga declarará ante la Fiscalía General de la República (FGR) que parte de los recursos desviados de la llamada Estafa Maestra, los cuales habría ordenado el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, favorecieron la campaña electoral del 2018 del priista José Antonio Meade Kuribreña, según adelantó la defensa de la exfuncionaria.
El abogado Sergio Arturo Ramírez comentó a medios que Videgaray supuestamente ordenó que se destinaran recursos públicos a al menos cuatro campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El presunto desvío del erario habría iniciado con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto (2012), después con la elección intermedia de 2015, la campaña por la gubernatura de Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México (2017), y por último, la de Meade, en 2018.
“Los recursos se destinaron para la elección para Presidente del señor Enrique Peña Nieto, para las elecciones de 2018; Luis Videgaray en las intermedias y en la campaña de 2018, fue quien dio instrucciones para que se utilizaran recursos públicos en favor de la campaña del entonces Presidente y de su partido del PRI y de Peña Nieto”, reveló.
El jurista detalló a los medios de comunicación que las confesiones de Rosario Robles determinarán el “dónde y cómo” se ejecutó el movimiento de los recursos federales por supuestas instrucciones del extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con las que se buscaba seguir gobernando para supuestamente seguir obteniendo dinero del Estado.
Videgaray habría ordenado utilizar recursos públicos para favorecer campañas electorales del PRI. Foto: Archivo, Cuartoscuro.
“Se va a determinar por dónde fue o cómo fue que se dio la instrucción la movilización para que se dieran estos recursos, por parte de y por instrucciones de Luis Videgaray Caso, para el PRI en el Estado de México, para las campañas intermedias y para la campaña de 2018 para la Presidencia de la República, donde lo que era notorio era que buscaban cometer de nueva cuenta un fraude electoral”, agregó.
Esta mañana, Sergio Arturo Ramírez, abogado de Robles, dijo que las declaraciones que la exfuncionaria hará ante la Fiscalía General de la República (FGR) como “testigo colaborador” señalan al extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.
El licenciado adelantó que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, expondrá directamente a quien fuera mano derecha del anterior Presidente de México.
“Los datos de prueba van a manejarse en conjunto con la FGR, de acuerdo con la información que la misma Fiscalía solicite. […] Todo a partir de hoy va a ir directo a Luis Videgaray Caso”, afirmó.
De acuerdo con la defensa, Robles señaló que Videgaray Caso habría ordenado el presunto desvío de recursos públicos para la campaña presidencial de Peña Nieto.
José Antonio Meade y Luis Videgaray Caso. Foto: Archivo, Cuartoscuro.
“Ella va decir todo lo que sea necesario para determinar todo lo que tiene que ver con Luis Videgaray y la elección como Presidente del señor Enrique Peña Nieto. Videgaray en las intermedias y en las de 2018, fue quien dio instrucciones de que se utilizaran recursos públicos a favor de la campaña del entonces candidato y de su partido, el PRI”, especificó Ramírez.
El litigante resaltó que no se hará ninguna acusación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, ya que no hay “ningún tipo de vínculo” que lo involucre. Aclaró que tampoco se imputará al Senador Miguel Ángel Osorio Chong, pues Robles Berlanga desconoce si el priista está involucrado en las operaciones de la llamada Estafa Maestra, aunque éste fue señalado por Emilio Zebadúa, extrabajador de Robles.
El actual Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, también se habría beneficiado con la Estafa Maestra. Foto: Cuartoscuro.
La defensa de la exsecretaria añadió que no se declarará contra Zedabúa, puesto que el beneficio como testigo colaborador de la Fiscalía tiene como condición señalar delitos más graves o personas que tienen un mayor rango jerárquico.
Sergio Arturo Ramírez detalló que en las próximas horas acudirán ante el órgano judicial dirigido por Alejandro Gertz Manero para formalizar su solicitud de criterio de oportunidad y con ello, reducir su sentencia y pedir el descongelamiento de sus cuentas bancarias.
Reiteró que Rosario sólo fue testigo de los presuntos actos ilícitos que Videgaray habría ordenado para favorecer algunas campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como la de Peña y la de José Antonio Meade.
“Vamos a utilizar el criterio de oportunidad que ofrece la FGR. Ahorita vamos a entrar a hacer el planteamiento con la Fiscalía y con la Unidad de Inteligencia Financiera para llegar a Luis Videgaray Caso. Va a darse toda la información que requiera el Estado mexicano relativa a cualquier irregularidad o movimiento de cualquier tipo de recursos o cualquier tipo de inscripciones que hayan tenido que ver con Luis Videgaray Caso”, dijo el abogado.
Finalmente, el legista argumentó que en el caso de Robles hay una cuestión “muy marcada” de género, ya que no se han ejercido acciones legales en contra de otros involucrados. Es por ello que la exfuncionaria decidió “lo que sabe y lo que le consta”.
“Nos vamos dando cuenta que si no es ella, va a ser alguien más. Al día de hoy no vemos ningún otro secretario involucrado, no vemos a nadie más que haya caído por esta supuesto delito, no vemos a nadie contra quien se le estén queriendo ir encima; realmente hay hasta una cuestión de género muy marcada en la parte de la defensa de Rosario Robles y lo que ella viene a hacer ahora es simplemente es a decir lo que ella sabe y lo que a ella le consta”, terminó.
A pesar de que Emilio Zebadúa declaró en contra de la exfuncionaria, ella no declarará en su contra. Foto: Archivo, Cuartoscuro.
ROBLES SINTIÓ ABANDONO DEL GABINETE DE PEÑA: ABOGADO
Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que lleva más de un año en prisión preventiva por el caso de desvío de fondos públicos conocido como la Estafa Maestra, aceptó ser “testigo colaborador” de la Fiscalía mexicana a fin de enfrentar su proceso en libertad.
En declaraciones a Radio Fórmula, su abogado, Epigmenio Mendieta, dijo que Robles, de 64 años, no quiere pasar el resto de su vida en la cárcel y tomó esta decisión luego de que la Fiscalía General de la República pidiera dos nuevas órdenes de arresto en su contra, por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Estas nuevas órdenes de arresto “orillan a Rosario a tomar esta decisión”, apuntó el letrado sobre el llamado “criterio de oportunidad” que está buscando la exsecretaria y que consiste en colaborar con las autoridades a cambio de beneficios procesales.
Para Mendieta, si se concreta definitivamente que Robles sea testigo colaborador de la Fiscalía, en un mes ella podría estar enfrentando su proceso en libertad, tras pasar más de un año entre rejas.
Robles decidió optar por colaborar porque desconocía si, de concretarse las nuevas órdenes de detención, podría optar a los mismos beneficios, afirmó el abogado.
La decisión de Robles de ser testigo colaborador de la Fiscalía da un giro a su proceso.
Rosario Robles, acusada de permitir el desvío de fondos por cinco mil millones de pesos (225 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma, aseguró el pasado 26 de octubre en una carta desde la cárcel que no mentirá para obtener su libertad ya que es inocente y no quiere “salir por la puerta de atrás”.
Robles fue funcionaria del Gobierno federal durante el sexenio de Peña Nieto. Foto: Archivo, Cuartoscuro.
Falta por conocer a quién señalará ahora al colaborar con la Fiscalía. Todo parece indicar que podría apuntar hacia el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong o el exsecretario de Hacienda y también de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, quien fue mano derecha de Peña Nieto.
Según el abogado, ella sintió abandono -en las “propias palabras” de Robles- por parte de gente cercana a ella en el Gobierno anterior, por lo que decidió actuar.
“Ella esperaba solidaridad por parte de los que formaban parte de ese Gabinete”, dijo.
Robles no es la única persona de la Administración de Enrique Peña Nieto que ha decidido actuar como testigo colaborador.
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, acusado de corrupción en el caso Odebrecht y por la compraventa irregular de una planta de fertilizantes, fue extraditado desde España a México tras un acuerdo con la Fiscalía por el cual acusó a Peña Nieto y a Videgaray en una red de sobornos y ahora afronta su proceso en libertad.
José Antonio Meade Kuribreña, quien fue Secretario de Estado en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, es ligado a presuntos actos de corrupción en los escándalos Odebrecht, “Estafa Maestra” y las negociaciones irregulares de Braskem para recibir etanol de Pemex.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).– José Antonio Meade Kuribreña, excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es señalado por distintas fuentes de recibir dinero no sólo de los sobornos de Odebrecht sino también de los supuestos desvíos de la llamada “Estafa Maestra” y de presuntos actos de corrupción en Braskem.
Hace dos días, una investigación del periodista Abel Barajas, del diario Reforma, cita el testimonio de Norberto Gallardo Vargas, exjefe de escoltas de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien relató cómo José Antonio González Anaya, Carlos Treviño Medina, Ricardo Anaya Cortés y el propio Meade Kuribreña recibieron dinero para favorecer a la empresa brasileña, que hasta 2015 fue dirigida por Marcelo Odebrecht, hoy imputado por corrupción.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso el periodista Barajas, el también integrante del Estado Mayor Presidencial fue el encargado de entregar el dinero a los involucrados, además de detallar el lugar donde se guardaba el dinero de los sobornos: un baño de las oficinas alternas de Lozoya Austin, en Montes Urales 425, en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
Lozoya, extitular de Pemex. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro.
El jefe de escoltas de Lozoya planteó en su declaración que, una vez que entregaba la maleta o maletín con el dinero, tenía la obligación de decirle a los destinatarios que el contenido era de parte “del Jefe Videgaray” [Luis Videgaray Caso, quien entonces era titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de Enrique Peña Nieto].
Gallardo Vargas añadió que al menos entregó 19 millones 190 mil pesos a cuatro políticos y exfuncionarios, entre los que se encontraban Meade; en el caso del también extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dijo Gallardo, la entrega se hizo en un portafolio negro, de 50 por 40 centímetros, que le fue puesto en las manos a José Antonio Meade, en su casa de la colonia Chimalistac, con 4 millones de pesos.
Y este lunes, el diario digital Animal Político publicó que Emilio Zebadúa González, extitular de la Sedesol y de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con Rosario Robles Berlanga al frente de ambas dependencias federales, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que la “Estafa Maestra” incluyó desviar al menos 5 mil millones de pesos de programas sociales contra el hambre para comprar votos y financiar actos de campaña del PRI.
José Antonio Meade y Rosario Robles en un acto en Puebla. Foto: Hilda Ríos, Cuartoacuro.
De acuerdo con ese diario, entre enero y febrero de 2013, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dirigida por Luis Videgaray Caso, dispuso de mil millones de pesos no presupuestados para asignarlos a la Cruzada Nacional contra el Hambre en Sedesol. Dicho dinero se habría utilizado en campañas publicitarias por pedido de Rosario Robles. El mismo esquema se habría usado en otras dependencias.
Robles y Meade fueron funcionarios en el sexenio de Peña Nieto. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.
El diario El País, que retoma esta declaración ante la FGR, expone que desde agosto del año pasado, durante la audiencia ante el Juez, la defensa de Robles ya puso sobre la mesa –también como involucrados en este caso– los nombres del expresidente Peña Nieto como de José Antonio Meade, último candidato priista en aspirar a Los Pinos, luego de dirigir Hacienda y suceder a la propia Rosario al frente de la cartera de Desarrollo Social.
Antes, en agosto pasado, el propio Lozoya Austin ligó a Meade con otro escándalo. El exdirector de Pemex dijo ante la FGR que cuando el excandidato presidencial del PRI ocupó el cargo de Secretario de Energía, en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, intervino, junto a José Antonio González Anaya, para que se otorgaran condiciones fuera de lo normal en las ventas de etanol que Petróleos Mexicanos acordó con Braskem.
“El negocio que hicieron los brasileños es que Pemex le vendiera a Braskem el etano, ya que Pemex era el único proveedor, pero le hacían un descuento inexplicable de 25 por ciento sobre el precio del mercado, lo que hacía super desventajosa la posición de Pemex”, dijo Lozoya Austin a la FGR.
La denuncia que Lozoya se presentó el 11 de agosto pasado ante la Fiscalía General de la República y ahí el exfuncionario federal dio nombres y montos de sobornos que ordenaron funcionarios del Gobierno de Peña Nieto (2012-2018) y de opositores que los recibieron.
Lozoya narró que el 15 de septiembre de 2014 se entregaron 4 millones 390 mil pesos a José Antonio González Anaya y 4 millones a José Antonio Meade, que en ese entonces se desempeñaba como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), en sus propios domicilios.
“Los recursos fueron entregados por Norberto Gallardo –quien era integrante del Estado Mayor Presidencial y era jefe de escoltas de Lozoya– en sus domicilios personales”, aseguró el exdirector de Pemex en su denuncia de hechos.
Al respecto, Meade Kuribreña se defendió y dijo que su trabajo como funcionario federal lo ejerció con “absoluta honorabilidad y legalidad”.
El 19 de agosto pasado, en su cuenta de Twitter, planteó: “Mi vida pública la dediqué a construir un mejor país, siempre con absoluta honorabilidad y legalidad. Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia”.
Y agregó: “Seré respetuoso de las investigaciones. Anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos”.
En su denuncia, Lozoya detalló el reparto de sobornos de la constructora Odebrecht para la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a cambio de favores durante su Gobierno, así como la compra de votos de legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN).
Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Norberto Gallardo Vargas, jefe de escoltas de Emilio Lozoya Austin, relató que personajes como José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño Medina, y Ricardo Anaya Cortés, entre otros, recibieron dinero como parte de los supuestos sobornos para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht, reveló hoy el diario Reforma.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso el periodista Abel Barajas, el también integrante del Estado Mayor Presidencial fue el encargado de entregar el dinero a los involucrados; además de conocer el lugar donde se guardaba el dinero de los sobornos: un baño de las oficinas alternas de Lozoya Austin, en Montes Urales 425, en Lomas de Chapultepec.
Gallardo Vargas habría declarado ante la Fiscalía General de la República que sólo tres personas tenían la llave del baño: José Velasco Herrera, jefe de ayudantes de Lozoya; Francisco Olascoaga Rodríguez, jefe del departamento Administrativo en la Dirección de Pemex; y una tercera persona cuyo nombre no fue revelado.
El jefe de escoltas señaló que una vez que entregaba la maleta o maletín con el dinero, tenía la obligación de decirle a los destinatarios que el contenido era de parte “del Jefe Videgaray”.
Gallardo Vargas añadió que al menos entregó 19 millones 190 mil pesos a cuatro político y exfuncionarios, entre los que se encontraban Meade, González Anaya, Treviño Medina y Anaya Cortés.
Lozoya, extitular de Pemex. Foto: Rodolfo Angulo.
El medio nacional detalla que el exjefe de escoltas de Lozoya habría rendido su declaración dos días después de que Lozoya Austin hiciera lo propio ante la FGR.
En este sentido, declaró que la primera entrega de dinero la realizó a principios de 2014, cuando el secretario particular de Lozoya Austin, Rodrigo Arteaga Santoyo, le dio una maleta deportiva negra de unos 70 centímetros de largo, y cuyo destinatario era el entonces Diputado de Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés.
“Contenía la cantidad de 6 millones 800 mil pesos, indicándome que fuera entregada de manera inmediata en la Cámara de Diputados al diputado Ricardo Anaya Cortés y su enlace, el señor Osiris Hernández, dándome Rodrigo Arteaga un número de celular de contacto, el cual es 4424 354856, para que me contactara con las personas a quienes les iba a hacer la entrega e indicándome que al hacerlo debía indicarles que ‘era de parte del jefe Luis Videgaray'”, puntualizó el declarante.
Añadió que al arribar al estacionamiento de la Cámara de Diputados, Anaya Cortés y Hernandez, ya lo esperaban para recibir e dinero.
Tras ello, Gallardo Vargas aseveró que realizó al menos otras dos entregas. La primera la realizó el 15 de septiembre de 2014 y era un portafolio negro, de 50 por 40 centímetros, con 4 millones 390 mil pesos para González Anaya, exdirector de Pemex. El supuesto soborno fue entregado en el domicilio del también exdirector del Intitulo Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la colonia San Ángel
Mientras el segundo maletín, del mismo color y tamaño, fue entregado a Meade, en su casa de la colonia Chimalistac, y contenía 4 millones de pesos.
El militar habría realizado una entrega más entre el 17 y 20 de septiembre de 2014. En esta ocasión, el destinatario sería Carlos Treviño Medina, quien recibió un portafolio con 4 millones de dólares en su domicilio de Tecamachalco.
El otrora jefe de escoltas de Lozoya, aseveró el periodista en su reportaje, manejaba la agenda diaria y semana del exdirector de Pemex, al grado de conocer quién lo visitaba, con quién comía y con quién se reunía.
En este sentido, reveló que los entonces senadores Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, visitaban de manera frecuente la oficina de Lozoya Austin, entre abril de 2013 y septiembre de 2014, en compañía del priista David Penchyna.
Los dichos de Vargas Gallardo se complementan con lo que mencionó Miguel Pérez Esquivel, chofer de Lozoya Austin.
El diario nacional recuerda que el pasado 28 de agosto, Pérez Esquivel, relató que en diciembre de 2013, llevó a Velasco, a la oficina alterna de Montes Urales, para que dispusiera de casi 14 millones de pesos que después serían enterados al exsenador panista José Luis Lavalle, quien fue videograbadora mientras recibía los fajos de dinero.
“(…) por mi puesto, yo sabía que había un baño en donde guardaban el dinero en efectivo, el cual sólo podía abrir José Velasco o bien Francisco Olascoaga, pero José siempre estaba preocupado porque existía otra persona que tenía llaves del baño donde guardaban el dinero”, destacó el chofer de Lozoya Austin, según la declaración a la que tuvo acceso Reforma.
EL RÉGIMEN DE LA CORRUPCIÓN
En su denuncia, Lozoya detalló el reparto de sobornos de la constructora Odebrecht para la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a cambio de favores durante su Gobierno, así como la compra de votos de legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN).
Aunque el que repartía el dinero era Lozoya, este asegura que actuó bajo las órdenes directas de Peña Nieto y de su mano derecha, el Secretario de Hacienda Luis Videgaray, quienes construyeron “un aparato organizado de poder que -desde las más altas esferas del régimen- instrumentó lo necesario para obtener beneficios”.
Pero Peña Nieto no es el único. La denuncia apunta también a los expresidentes Felipe Calderón (PAN, 2006-2012), por corrupción en la compra de la planta Etileno XXI por parte de Pemex, y a Carlos Salinas de Gortari (PRI, 1988-1994), quien presionó para lograr contratos para su hijo.
“Es la primera vez en México se señala directamente a expresidentes por corrupción, hasta ahora había un pacto de no agresión”, subrayó a Efe el politólogo David Morales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien pidió cautela puesto que la Fiscalía deberá investigar la denuncia y decidir si los cita a declarar.
La revelación va mucho más allá y apunta también a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade, los candidatos del PAN y del PRI que compitieron con López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en las elecciones de 2018.
También asegura que en 2013 varios legisladores del PAN – entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respectivamente- recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la Reforma Energética de Peña Nieto, que liberalizó el sector.
La única referencia al entorno de López Obrador es Miguel Barbosa, actual Gobernador de Puebla por Morena, señalado de recibir favores de Pemex cuando era Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Los nombres de 16 personajes, entre políticos, expresidentes y empresarios, aparecen en la demanda que Emilio Lozoya hizo ante la FGR. En el documento de 63 páginas se detalla paso a paso cómo planearon y ejecutaron sobornos a cambio de licitaciones o aprobación de reformas. Los involucrados lo niegan, pero el exdirectivo de Pemex dice tener videos, uno de ellos ya filtrado, y pruebas de estos actos de corrupción.
–Con información de Dulce Olvera y Efrén Flores
Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– Un documento de 63 páginas fechado el 11 de agosto puso en jaque a la clase política de México y también a algunas empresas. Se trata de la denuncia que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que describe presuntos actos de corrupción fraguados y ejecutados por políticos y expresidentes en los dos últimos sexenios.
En la demanda acusa directamente a 16 personas, entre ellas los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa (2006-20012), Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien ha tenido una fuerte presencia en la política mexicana y ha sido señalado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de ser “el padre de la desigualdad en México” y de estar detrás de episodios cuestionables como fraudes electorales, reformas o contratos del Gobierno.
Las 63 páginas de la denuncia de Lozoya -investigado por corrupción- baña de suciedad a varias generaciones de políticos que participaron en sobornos para avalar las reformas estructurales del sexenio de Peña Nieto y favorecer con supuestos contratos ventajosos a empresas como Grupo Higa (de Juan Armando Hinojosa Cantú), Braskem (filial de Odebrecht) y Altos Hornos de México (AHMSA), esta última del empresario Alonso Ancira, quien goza de un amparo contra la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero.
La denuncia de Lozoya, producto de un recurso legal para colaborar con el esclarecimiento de los casos de corrupción en México, está dividida en 10 subtemas que incluyen:
–Caso Odebrecht y financiamiento de campañas del PRI.
–Planeación para la aprobación y compra de votos de las reformas estructurales.
–Etileno XXI-Etapa de Felipe Calderón.
–Etileno XXI- Etapa de transición de Gobierno y comienzo de la Presidencia de Enrique Peña.
–Recursos adicionales para sobornar al PAN, diferentes a los de Odebrecht, pero con el mismo propósito.
–Otros hechos que reflejan el uso indebido del poder y tráfico de influencias.
–Pagos de votos y favores vía empresas privadas.
–Gestión de contratos por Carlos Salinas de Gortari y robo de combustible.
–Etileno XXI: pacto transexenal.
–Caso Agronitrogenados.
El nombre del expresidente Carlos Salinas de Gortari (72 años) aparece en la página 42 de la demanda y es señalado de cabildear la Reforma Energética y de gestionar contratos:
“En el marco de un viaje a Cali, Colombia, entre el 20 y 24 de mayo de 2013 para participar en un evento con otros jefes de Estado y un foto empresarial, el empresario Federico Martínez Urmeneta, director general de Tradeco, se le acercó a Enrique Peña Nieto y le dijo que ‘él y su socio Carlos Salinas de Gortari estaban operando para sumar al PAN y conseguir votos para las reformas estructurales’, por lo que Enrique Peña me pidió recibir a Federico Martínez y ayudarlo”.
El expresidente Carlos Salinas de Gortari es señalado de cabildear la Reforma Energética y de gestionar contratos. Foto: Cuartoscuro.
Semanas después y bajo el mismo periodo, refiere la demanda, “Carlos Salinas le pidió a mi padre ayuda para que recibiera a su amigo Federico Martínez, pues tenía problemas, y también le entregó tarjetas con proyectos que su (s) hijo (s) Juan Cristóbal querían intermediar en Pemex”. Emilio Lozoya Thalmann, padre de quien fuera director de Pemex (2012-2016) fue Secretario de Energía y director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el sexenio de Carlos Salinas.
En otra parte de la demanda Lozoya Austin detalla cómo Salinas de Gortari cabildeaba a favor de los proyectos de su hijo, entre los cuales estaba pagarle a la empresa TRESE más de 15 millones de dólares porque Pemex le había cancelado el contrato de una plataforma marítima.
Hasta el jueves 20 de agosto, Salinas no había hecho una declaración pública sobre estas acusaciones.
El expresidente Enrique Peña Nieto es uno de los principales señalados por Emilio Lozoya. Foto: Cuartoscuro.
El expresidente Enrique Peña Nieto y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, son mencionados en practicamente todo el documento por encabezar la operación de sobornos para financiar campañas y aprobar reformas.
En el documento, el exjefe de Pemex aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray le instruyeron reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña presidencial de 2012.
“Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente”, afirmó.
Además, Lozoya acusó a Peña Nieto y Luis Videgaray de pedirle usar parte del dinero para comprar votos de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) a favor de la Reforma Energética de 2013, que abrió el sector a la iniciativa privada.
El exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, negó las acusaciones de Lozoya. Foto: Cuartoscuro.
En la denuncia, Lozoya nombró a los entonces senadores Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega (presidente de la Comisión de Energía), Francisco Domínguez (actual Gobernador de Querétaro) y Francisco García Cabeza de Vaca (actual Gobernador de Tamaulipas).
También acusó a Ricardo Anaya Cortés, exdiputado federal, exdirigente del PAN y excandidato presidencial en 2018.
“Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”, aseveró Lozoya.
El exjefe de Pemex indicó que Videgaray le instruyó darle 6.8 millones de pesos a Anaya para sus aspiraciones políticas en Querétaro.
El panista Ricardo Anaya Cortés pasó de las palabras a los hechos y presentó una denuncia contra Lozoya Austin por daño moral. Foto: Cuartoscuro.
En total, afirmó Lozoya, el grupo de legisladores del PAN recibió 80 millones de pesos entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo Opengo, quien apareció en un video filtrado esta semana junto con Guillermo Gutiérrez recibiendo paquetes de dinero de un presunto colaborador de Pemex.
Además, acusó al exsenador Miguel Barbosa, actual Gobernador de Puebla por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de traficar influencias a favor de su hermano que trabajaba en Pemex.
Lozoya agregó que el operador en el tema de los presuntos sobornos fue el priista David Penchyna, entonces presidente de la Comisión de Energía.
Lozoya señaló al priista David Penchyna de ser el operador de los presuntos sobornos a legisladores para aprobar la Reforma Energética. Foto: Cuartoscuro.
En el documento Lozoya habla de la influencia que ejerció en México la constructora brasileña Odebrecht, la cual inició en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa con un contrato de la planta petroquímica Etileno XXI.
Según Lozoya, José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Energía durante el sexenio de Calderón, intervino, junto a José Antonio González Anaya, para que se otorgaran condiciones fuera de lo normal en las ventas de etano que Petróleos Mexicanos acordó con Braskem.
“El negocio que hicieron los brasileños es que Pemex le vendiera a Braskem el etano, ya que Pemex era el único proveedor, pero le hacían un descuento inexplicable de 25 por ciento sobre el precio del mercado, lo que hacía super desventajosa la posición de Pemex”, señaló Lozoya.
En el documento Lozoya habla de la influencia que ejerció en México la constructora brasileña Odebrecht desde el sexenio de Felipe Calderón. Foto: Cuartoscuro.
Lozoya aseguró que los exdirectivos de Pemex José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina apoyaron el contrato de Etileno XXI.
“Quienes ayudaron a operar dicho contrato en la administración panista fueron Carlos Treviño Medina, José Antonio González Anaya y otros ejecutivos de Pemex y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recuerdo escuchar que se le entregó dinero tanto a Carlos Treviño Medina como Ernesto Cordero, a través de uno de sus operadores al cual apodaban El conejo, sin tener conocimiento de a quién se referían”, detalló.
NIEGAN ACUSACIONES
Sobre estas acusaciones, Calderón Hinojosa respondió en Twitter que son “ridículas” y de linchamiento. “Lozoya (con el chantaje de tener presa a su mamá) es utilizado por López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política”, escribió la noche del miércoles. Por la mañana del jueves, cuestionó con ironía en su red social “¿A quién acusas? ‘A quien usted diga, señor Presidente'”.
Respecto al gabinete federal del peñismo, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso rompió el largo silencio durante su retiro político en Estados Unidos, donde es académico en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y se dijo listo para atender el llamado de la autoridad para esclarecer la verdad porque no permitirá que por “venganza política” se le difame.
“Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos”, escribió en una carta. “Es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la Reforma Energética y de su conducta como servidor público”.
José Antonio Meade fue señalado por Lozoya de ser uno de los que privilegió a la empresa Braskem. Foto: Cuartoscuro.
Según Lozoya, José Antonio González Anaya intervino para que se otorgaran condiciones fuera de lo normal en las ventas de etano que Petróleos Mexicanos acordó con Braskem. Foto: Cuartoscuro.
Por su parte, el exsecretario y candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña tuiteó que las acusaciones de su excompañero de gabinete carecen de pruebas. “Seré respetuoso de las investigaciones. Anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos”, escribió y dio retuit al mensaje del extitular de Pemex y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya. “No participé en la aprobación de la Reforma Energética, ni en la contratación de Etileno XXI, ni en la compra de Agronitrogenados”, escribió el concuño del expresidente Salinas de Gortari.
El otro extitular de Pemex, Carlos Treviño Medina, tuiteó que nunca tuvo que ver con las reformas estructurales. “Es una pena cómo Lozoya pretende usar el criterio de oportunidad, sin embargo el acusado es él y los señalamientos se acompañan con pruebas, como en su momento lo hicimos denunciando ilícitos en Pemex”, escribió.
Carlos Treviño Medina, extitular de Pemex, dijo que nunca tuvo que ver con las reformas estructurales. Foto: Cuartoscuro.
Respecto a los panistas embarrados en la denuncia del extitular de Pemex, los gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién y Francisco Javier Cabeza de Vaca, también se deslindaron.
El Mandatario estatal Pancho Domínguez, horas antes de la filtración de la denuncia, declaró en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador que daba la cara porque no podía recibir dinero para votar una reforma de la que estaba convencido personalmente. Cabeza de Vaca, por su parte, aprovechó la reunión del Gobierno federal con los gobernadores para asegurar que no permitirá que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales.
El Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca fue señalado por Emilio Lozoya en su demanda ante la FGR. Foto: Cuartoscuro.
El Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, negó estar involucrados en presuntos actos de sobornos. Fotos: Cuartoscuro.
El panista Ricardo Anaya Cortés pasó de las palabras a los hechos y presentó una denuncia contra Lozoya Austin por daño moral ya que, asegura, es falso que “Osiris Hernández” recibió casi 7 millones de pesos en el estacionamiento de la Cámara de Diputados en el marco de la aprobación de la Reforma Energética que abrió la puerta a la inversión extranjera. “La verdad está de mi lado”, dijo en un tuit acompañado de la copia de la denuncia.
Ernesto Cordero Arroyo rechazó haber recibido dinero a cambio de votar por la Reforma Energética. Foto: Cuartoscuro.
El panista Salvador Vega Casillas es uno de los involucrados por Lozoya. Foto: Cuartoscuro.
Jorge Luis Lavalle negó las acusaciones de Lozoya y dijo que prepara su defensa. Foto: Cuartoscuro.
En tanto, los exlegisladores panistas también lo negaron. Ernesto Cordero Arroyo rechazó haber recibido dinero a cambio de votar por la Reforma Energética. “Con mentiras, busca que sea otro el que pague por los delitos que él cometió”, aseguró. El blanquiazul Salvador Vega Casillas lo calificó de “una estupidez”, porque votaron por su propuesta de Reforma y negaron a Lozoya modificaciones “que pretendía, seguramente con fines corruptos”.
Su compañero de bancada Jorge Luis Lavalle advirtió que está preparando su defensa porque, dijo, “ningún delincuente confeso manchará mi nombre”, luego de que se le relacionó con el video de entrega de sobornos porque salió su colaborador Rafael Caraveo Opengo, quien no ha sido localizado. El Instituto Mexicano del Seguro Social investiga los contratos dados a Comercializadora Integral Rayfour, donde es accionista este exsecretario técnico del Senado.
El exsenador priista David Penchyna Grub aseguró que Lozoya miente para “salvarse de la cárcel” y negó beneficiarse de algún soborno.
LAS EMPRESAS SEÑALADAS
Las compañías constructoras y especialistas en infraestructura Grupo Higa, Grupo Tradeco, TRESE, AHMSA y Braskem-Idesa han sido involucradas por Emilio Lozoya Austin en presuntos actos de corrupción, de acuerdo con declaraciones filtradas del exdirector de Pemex ante la FGR.
Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, además de cargar con el costal de la “casa blanca” de Enrique Peña Nieto y la vivienda de Luis Videgaray Caso en Malinalco, Estado de México, fue acusada por Emilio Lozoya Austin de pagar sobornos y entregar dinero al expresidente de la República, así como de “intermediar entre empresas de construcción, SCT y Pemex” para obtener beneficios económicos.
La intermediación de Grupo Higa, calificada de “extorsión” por Lozoya ante la FGR, le generaba ingresos a la empresa de entre el cinco y el 10 por ciento del valor de las obras de infraestructura contratadas por el Gobierno federal. Dichos montos, indicó Lozoya, “eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y, éste, a su vez, los compartía, también en efectivo, con Enrique Peña Nieto”.
El dueño de Grupo Tradeco, Federico Martínez Urmeneta, también fue señalado por Lozoya. De acuerdo con el exfuncionario público, Martínez habría negociado con Lozoya para beneficiar a Grupo Tradeco, ya fuera con contratos petroleros o con la exoneración de penalidades por incumplimientos e irregularidades contractuales.
“Por instrucciones de Enrique Peña Nieto recibí a Federico Martínez, quien tenía una serie de peticiones sobre obras que tenían con Pemex, pero todas presentaban quejas, retrasos e incumplimientos. […] Federico Martínez Urmeneta me pidió modificar los contratos y perdonar penalidades, ante lo que me negué”, declaró Lozoya a la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero.
En el caso de la empresa TRESE del empresario Ricardo Silva Padilla, Lozoya indicó que derivado de un cabildeo del expresidente Carlos Salinas de Gortari para obligar a Pemex a darle contratos a su hijo Juan Cristóbal Salinas, ésta fue presionada a través de sobornos por más de 15 millones de dólares. Sin embargo, se desconoce si los pagos fueron realizados a la compañía.
Acerca de AHMSA del empresario Alonso Ancira Elizondo, Lozoya mencionó que durante el sexenio de Peña Nieto la compañía negoció contratos para la producción de fertilizantes nitrogenados, además de concretar la venta de la planta chatarra de Agro Nitrogenados que causó perjuicios a la Hacienda Pública Federal y a Pemex.
Entre las compañías implicadas en actos de corrupción por parte de Lozoya también está el consorcio Braskem-Idesa, que ha sido vinculado con desfalcos y contratos leoninos relacionados con el Proyecto Etileno XXI, negociado y modificado entre las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Hasta la fecha de ésta publicación, los grupos Higa y Tradeco no han emitido respuesta oficial a los señalamientos de Lozoya ante la FGR. Las empresas TRESE y AHMSA tampoco se han manifestado al respecto, y en el caso de Braskem-Idesa, en una misiva dirigida a SinEmbargo, la compañía refiere haber realizado “exhaustivos procesos de investigación interna, con abogados independientes, que concluyeron que no había actividad inapropiada o vínculo de éstas con actos de la Constructora Odebrecht en México”.
En una de las más explosivas acusaciones en la historia política reciente del país, Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusó ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Peña Nieto y a quien fuera su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de recibir dinero de la empresa brasileña Odebrecht durante su campaña en 2012 y una vez en el poder, de utilizar a la empresa petrolera para cumplir “compromisos” adquiridos.
Por Rafael Cabrera
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El exdirector de la petrolera estatal mexicana Emilio Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y a uno de sus más cercanos colaboradores de orquestar directamente una operación de sobornos y desvío de recursos para financiar parte de su campaña presidencial, y luego la aprobación de una histórica Reforma Energética que abrió el sector a empresas extranjeras.
En una de las más explosivas acusaciones en la historia política reciente del país, Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusó ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Peña Nieto y a quien fuera su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de recibir dinero de la empresa brasileña Odebrecht durante su campaña en 2012 y una vez en el poder, de utilizar a la empresa petrolera para cumplir “compromisos” adquiridos.
Los señalamientos forman parte de la denuncia penal que Lozoya presentó hace unos días ante las autoridades federales a cambio de recibir beneficios legales frente a acusaciones en su contra, también relacionadas por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht.
The Associated Press tuvo acceso a una copia de la denuncia, cuya autenticidad fue corroborada por dos personas con conocimiento de la investigación y que pidieron no ser identificadas por ser un caso abierto. La Fiscalía General confirmó poco después la veracidad del documento.
“Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso crearon un esquema de corrupción en el Gobierno federal, en el cual el común denominador era el siguiente: todas las personas que de cierto modo apoyaron a la campaña presidencial tenían que ser remunerados o compensados”, señaló Lozoya en referencia a contractos que recibirían del Gobierno.
El exdirectivo acusó a Peña Nieto y Videgaray de extorsión y fraude, y de implementar “un aparato organizado de poder que –desde las más altas esferas del régimen— instrumentó lo necesario… para obtener beneficios”, y a que a él lo utilizaron para poder conseguir sus objetivos.
Lozoya fue detenido en el sur de España en febrero y extraditado a México en julio para enfrentar cargos por supuestamente haber recibido más de cuatro millones de dólares en sobornos de Odebrecht, la constructora brasileña señalada de incurrir en actos de corrupción en varios países de América Latina para obtener contratos públicos. En otras naciones, las autoridades locales abrieron hace años investigaciones sobre los señalamientos, pero en México no había avanzado ninguna indagatoria hasta ahora.
Después de su extradición a México, las autoridades anunciaron que habían alcanzado un acuerdo con Lozoya para que evitara ir a la cárcel a cambio de dar información y pruebas sobre la supuesta red de corrupción durante el Gobierno de Peña Nieto, entre 2012 y 2018.
Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda. Foto: Cuartoscuro.
Videgaray se desempeñó en 2012 como coordinador de campaña de Peña Nieto, y Lozoya como su encargado de vinculación internacional, una posición desde la que estaba en contacto con potenciales inversionistas en caso de que ganara la Presidencia.
Lozoya aseguró en la denuncia que los sobornos de Odebrecht tenían como propósito no sólo ganar contratos públicos, sino también influenciar el avance de una ambiciosa Reforma Energética que finalmente fue aprobada a finales de 2013 y que abrió el sector de exploración y explotación petrolera a compañías privadas, algo que se prohibió en la primera mitad del siglo XX.
Lozoya también implicó al excandidato del PRI, José Antonio Meade. Foto: Cuartoscuro.
A principios de 2012, Videgaray dijo a Lozoya que pidiera seis millones de dólares a Odebrecht y que le dijera a los directivos de la compañía que serían recompensados cuando Peña Nieto ganara. Presumiblemente, parte de esa recompensa se vería tras la aprobación de la Reforma Energética.
“Como parte de la aprobación de las reformas del Pacto por México, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso me indicaron en febrero del 2013, que se requería entregar montos importantes de dinero a la oposición, para que ésta votara a favor de ciertas reformas estructurales del interés del Presidente Enrique Peña Nieto”, señaló Lozoya.
Según el exdirectivo, el dinero se entregó en fajos y bolsas de plástico transparente para que los políticos pudieran ver el contenido. De hecho, esta semana se filtró un video en el que al parecer se ve una de esas supuestas transacciones.
Lozoya aseguró que por lo menos una docena de legisladores de la oposición recibieron sobornos, a quienes nombra, además de algunos exfuncionarios, como José Antonio Meade, quien fue candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo de Peña Nieto. Meade fue derrotado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los políticos mencionados están cinco senadores, incluido el actual Gobernador del estado norteño de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. También acusó al entonces legislador Ricardo Anaya, quien en 2018 fue candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN).
Ricardo Anaya, excandidato presidencial por el PAN. Foto: Cuartoscuro.
Aseguró que el expresidente Carlos Salinas de Gortari también participó, supuestamente a nombre del PAN, aunque el exmandatario era miembro del PRI. “La actitud de los panistas en obtener recursos era brutal”, dijo.
Además, políticamente favorecería a López Obrador, quien llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción en México.
El PAN rechazó en un comunicado los señalamientos y consideró que Lozoya “está dispuesto a declarar cualquier cosa con tal de no ir a la cárcel”, pero que ahora le corresponde probar sus señalamientos.
Por su parte, Meade aseguró que en su vida pública ha actuado “con absoluta honorabilidad y legalidad”.
Ni Videgaray ni su asistente en el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT, por sus siglas en inglés) han respondido a correos electrónicos de la AP. Tampoco contestó quien fuera jefe de la Oficina Presidencial de Peña Nieto.
Meade Kuribreña aseguró que respetará las investigaciones y criticó que Emilio Lozoya “acuse sin pruebas” a exfuncionarios. De acuerdo con una denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya a la FGR, el excandidato presidencial habría recibido millones de pesos en su domicilio personal en 2014.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– José Antonio Meade Kuribreña, exsecretario de Desarrollo Social durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguró que su trabajo como funcionario federal lo ejerció con “absoluta honorabilidad y legalidad”, por lo que desestimó los señalamientos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que lo involucran con presuntos actos de corrupción.
Según Lozoya, Meade Kuribreña, Secretario de Energía durante el sexenio de Calderón, intervino, junto a José Antonio González Anaya, para que se otorgaran condiciones fuera de lo normal en las ventas de etano que Petróleos Mexicanos acordó con Braskem.
“El negocio que hicieron los brasileños es que Pemex le vendiera a Braskem el etano, ya que Pemex era el único proveedor, pero le hacían un descuento inexplicable de 25 por ciento sobre el precio del mercado, lo que hacía super desventajosa la posición de Pemex”, señaló el exdirector de Pemex.
Dijo que respetará las investigaciones y aseguró que está formalmente localizable. “No habré de abonar a escándalos mediáticos”, agregó.
Seré respetuoso de las investigaciones. Anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos.
Meade Kuribreña, quien fue candidato a la Presidencia de México en 2018, denunció esta noche en su cuenta de Twitter que el criterio de oportunidad que podría adquirir Lozoya por dar información útil a la FGR no debería servir para “acusar sin pruebas”.
“Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia”, expuso.
Este miércoles se filtró a medios la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que delata nombres y montos de sobornos que ordenaron funcionarios del Gobierno de Peña Nieto (2012-2018) y de opositores que los recibieron.
Lozoya narró que el 15 de septiembre de 2014 se entregaron 4 millones 390 mil pesos a José Antonio González Anaya y 4 millones a José Antonio Meade, que en ese entonces se desempeñaba como Canciller, en sus domicilios, según informó esta noche El Universal, que tuvo acceso a la denuncia.
“Los recursos fueron entregados por Norberto Gallardo –quien era integrante del Estado Mayor Presidencial y era jefe de escoltas de Lozoya– en sus domicilios personales”, aseguró el exdirector de Pemex en su denuncia de hechos.
Lozoya Austin ha sido acusado por la FGR de recibir sobornos de Odebrecht, distintos medios revelaron que también denunció al expresidente Enrique Peña Nieto por pedir 6 millones de dólares para su campaña y otro tanto para opositores como Ricardo Anaya, excandidato presidencial.
Una conspiración de Estado para beneficiar a las empresas Braskem (de Odebrecht) e Idesa (de la familia de Gerónimo Gutiérrez Fernández, exsubsecretario de Gobierno con Felipe Calderón) ha permitido al consorcio comprarle a Pemex etano barato desde 2015, lo que ha representado una pérdida de mil 900 millones de pesos a la petrolera, expone una denuncia de hechos presentada en 2018 sobre el Complejo Etileno XXI, un proyecto que Emilio Lozoya señaló por recibir trato privilegiado desde el Gobierno. La operación para blindar el proyecto ventajoso duró 10 días y abarcó las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña.
–Con información de Dulce Olvera
Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– “No se trata de hechos aislados sino de un esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción en la que participan empleados públicos y empresarios en perjuicio de Pemex y la economía nacional. Una conspiración de Estado para beneficiar a Braskem–Idesa y a sus socios en el Gobierno”, destaca la denuncia de hechos por el posible desfalco a Pemex de mil 935 millones de pesos en el Complejo Etileno XXI, hoy en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos privilegios que recibió desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
La denuncia de hechos en Etileno XXI, presentada en junio de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) por Alfredo Figueroa Fernández, exconsejero del IFE (hoy INE), y el abogado Paulo Díez Gargari, coincide con las declaraciones que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de recibir sobornos de Odebrecht, hizo ante la FGR y en donde además acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos.
“Emilio ‘L’ apuntó al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) por presuntos privilegios para la planta petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana que es socia de Odebrecht”, según informó el Fiscal Alejandro Gertz Manero en conferencia de prensa. Respecto a ese tema, añadió, Emilio “L” aseguró que “se le dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el Gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”.
El Complejo Etileno XXI de Braskem-Idesa ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz. Foto: braskem.com
Estos privilegios que Lozoya menciona en su denuncia en realidad forman parte de un “pacto de impunidad entre las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018)”, dijo a SinEmbargo el abogado Paulo Díez Gargari. “Por un lado la operación la hizo Luis Videgaray (con Peña) y del otro José Antonio Meade (con Calderón)”.
El esquema de corrupción en Etileno XXI para dañar a Pemex comenzó en el sexenio de Felipe Calderón el 6 de noviembre de 2009, cuando Braskem (filial de Odebrecht) y la mexicana Idesa (de la familia de Gerónimo Gutiérrez Fernández –entonces subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación–) ganaron la subasta promovida por Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), actualmente Pemex Transformación Industrial (PTRI), para el suministro de 66 mil barriles diarios de etano que serían utilizados como materia prima en el complejo petroquímico que se construiría en la zona de Coatzacoalcos, Veracruz.
El esquema de corrupción en Etileno XXI para dañar a Pemex comenzó en el sexenio de Felipe Calderón y se consolidó con Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro.
Meses después, el 19 de febrero de 2010, Pemex le adjudicó al consorcio un “Contrato de Suministro de Etano” por un periodo de 20 años. Braskem-Idesa invirtió 5 mil 200 millones de dólares para diseñar, financiar, construir, poseer y operar una planta de etileno y dos o tres plantas de polietileno con la infraestructura de servicios y de accesos.
“Estamos hablando de la más grande inversión de Brasil en México”, declaró el 23 de febrero de 2010 Bernardo Gradin, presidente de Braskem, en una reunión entre México y Brasil tras el cierre de la cumbre del Grupo de Río en el balneario mexicano de Playa del Carmen.
El 29 de abril de 2011, en la sesión ordinaria 827 del Consejo de Administración de Pemex presidida por José Antonio Meade Kuribreña, entonces Secretario de Energía, el consejero Rogelio Gasca Neri propuso suspender el Complejo Etileno XXI hasta que fueran aprobadas las modificaciones a los contratos, incluido el Contrato de Suministro, pero el presidente del Consejo ignoró la propuesta.
Los argumentos de Gasca Neri, según constan en el acta del Consejo solicitada vía transparencia por la plataforma Méxicoleaks, eran que Pemex se vería afectada por este negocio privado.
“La principal objeción de Gasca era un tema técnico muy sencillo: en el contrato Pemex declaraba que tenía reservas suficientes de gas para surtirle etano a Etileno XXI durante los 20 años del plazo original del contrato e incluso los 15 años de prórroga, lo cual era evidentemente falso”, explicó el abogado Paulo Díez.
Esta trama de presunta corrupción que comenzó en el sexenio de Felipe Calderón se consolidó con Enrique Peña Nieto. La operación para blindar el Complejo Etileno XXI duró 10 días y abarcó las dos administraciones.
“Siete días antes de terminar el sexenio de Calderón se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se incrementa el impuesto a la importación de polietileno. El decreto debía entrar en vigor el 1 de enero de 2015, unos meses antes de la fecha de inicio de operaciones del Proyecto Etileno XXI”, detalló Díez Gargari.
En esta imagen de diciembre de 2012 se observa a José Antonio Meade entregando el cargo como Secretario de Hacienda a Luis Videgaray en una ceremonia en el salón Tesorería de Palacio Nacional. Foto: Enrique Ordoñez, Cuartoscuro.
Se pactó el inicio de operación a más tardar al 30 de junio de 2015, así como un año de pruebas previo a su operación (30 de junio de 2014). Pero, observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no generó valor económico ni rentabilidad para Pemex en 2016 pues empezó a operar hasta marzo.
Ya en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin, para suministrar el etano al complejo Etileno XXI de Braskem-Idesa, Pemex formalizó el 13 de diciembre de 2012 un contrato por adjudicación directa de “Servicios de Transporte de Etano” por ducto, el cual consideró la construcción de un etanoducto de 226 kilómetros, para la conexión entre los centros procesadores de gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus y el Complejo Etileno XXI, así como del Complejo Petroquímico Cangrejera al Complejo Etileno XXI.
En esta imagen de julio de 2013 se observan a Enrique Peña Nieto (corbata morada), Luis Videgaray (corbata verde) y Emilio Lozoya (corbata roja). Foto: Cuartoscuro.
“Este es el esquema que usaron y que representa para Pemex una pérdida de 3 mil 642 millones de pesos por la diferencia entre el costo de haber importado el gas natural caro y venderle a Etileno XXI el gas etano barato”, refirió el abogado Paulo Díez. “Además hay unas penalizaciones enormes por 2 mil 800 millones de pesos porque como tampoco le podemos vender el etano que nos comprometimos a venderle, entonces penalizan a Pemex”.
En julio de 2015 el Consejo de Administración de Pemex autorizó que el monto del contrato por los 20 años 6 meses de su vigencia por el transporte pasaría de 982 millones de dólares a mil 346 millones de dólares, con una tarifa anual de 65 millones 746 mil dólares por cambios de diámetros en los ductos, de válvulas, instalación de calentadores y por problemas sociales que ocasionaron cambios de ruta.
EL DESFALCO A PEMEX
Por el desfase en el inicio de operación del Complejo Etileno XXI, de enero de 2015 a febrero de 2016 Pemex pagó por los servicios no prestados de transporte de etano 668 millones 986 mil 400 pesos (431 millones de pesos en 2015 y 237 millones en 2016), debido a que aunque el etanoducto estaba listo, Braskem-Idesa no inició operaciones sino hasta marzo de 2016, nueve meses después del inicio de operación pactado contractualmente, señala la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2016.
Además, Pemex reportó pérdidas de mil 935 millones de pesos por la venta de etano, ya que el costo de producción de las ventas durante 10 meses de 2016 fue de mil 736 millones de pesos, que sumados a los mil 387 millones de pesos del servicio de transportación pagados durante 12 meses, resultan en un costo de ventas de 3 mil 123 millones de pesos, un monto mayor al ingresado por las ventas por mil 188 millones de pesos.
Por la baja producción de gas húmedo de los complejos procesadores de gas Cactus y Nuevo Pemex, los cuales producen etano para suministrar al Complejo Etileno XXI, un grupo multidisciplinario de Pemex evaluó diversas alternativas de suministro de este petroquímico, como la importación. Pero al no concretarse, ante la falta de materia prima Pemex Transformación Industrial mantuvo una tendencia a la baja en la producción de etano, lo que generó penalizaciones por el incumplimiento con Braskem-Idesa.
En 2017, cuando el titular de Pemex era José Antonio González Anaya, el precio de venta del etano se mantuvo por debajo de los costos de producción y transporte, lo cual no lo hizo rentable. En el contrato de suministro de etano firmado en 2010 no se consideró una cláusula de protección o de revisión de los porcentajes de descuento, por lo cual no se previeron situaciones de posible incumplimiento de baja producción.
El Contrato de Suministro tiene una vigencia de 20 años que puede extenderse, a opción de Braskem-Idesa, por tres periodos adicionales de cinco años cada uno. Es decir, la vigencia máxima puede ser de 35 años.
En esta imagen de junio de 2012 se observa Felipe Calderon, entonces Presidente de México, y a José Antonio Meade, entonces Secretario de Hacienda. Foto: Enrique Ordoñez, Cuartoscuro.
Si las pérdidas anuales de Pemex derivadas de la ejecución del Proyecto Etileno XXI fueran similares a las de 2016 durante toda la vigencia del Contrato de Suministro y sus prórrogas, el monto total del quebranto a Pemex podría ser superior a los 70 mil millones de pesos, según consta en la denuncia que en el año 2018 interpusieron Paulo Díez Gargari y Alfredo Figueroa.
Sobre esta denuncia, Díez Gargari señala que está detenida en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), donde aún existen infiltrados del Gobierno de Peña Nieto.
“Nosotros presentamos la denuncia en 2018 y yo he estado encima de la SEIDF, que está infiltrada por los peñanietistas y se han dedicado a no hacer nada”, dijo. “Hemos estado tratando de aportar pruebas adicionales y de sacar el asunto de la SEIDF para llevarla a otros lugares como la Fiscalía Anticorrupción, que es un área distinta que está tratando de hacer las cosas de mejor manera”.
LOS INVOLUCRADOS
Los involucrados en la trama de corrupción en el Complejo Etileno XXI van desde políticos, expresidentes y empresas transnacionales. Para el abogado Díez Gargari, los actores “forman parte de una red de corrupción con el propósito de saquear al país”.
–Braskem Idesa: Es una asociación creada en 2010 conformada por Braskem (filial de Odebrecht) y Grupo Idesa (de la familia de Gerónimo Gutiérrez Fernández). Lidera el Proyecto Etileno XXI.
–José Antonio Meade: Era subsecretario de Hacienda en la fecha de la celebración del Contrato de Suministro a Etileno XXI. Luego fue Secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex. Como Secretario de Hacienda firmó el decreto por el que se incrementó el impuesto a la importación de polietileno para beneficiar indebidamente a Braskem-Idesa.
–Emilio Lozoya: En la dirección de Pemex firmó un convenio modificatorio del Contrato de Suministro que privilegiaba a Etileno XXI.
José Antonio González Anaya (corbata roja) ocupó el cargo de director de Pemex desde que Etileno XXI comenzó su operación. Foto: Enrique Ordoñez, Cuartoscuro.
–Luis Videgaray: El 5 de enero de 2016 firmó junto con el expresidente Enrique Peña un decreto en el que se crea una nueva fracción arancelaria para el polietileno de baja densidad lineal.
–José Antonio González Anaya: Fue director de Pemex desde el inicio de operaciones del Complejo Etileno XXI.
–Felipe Calderón: Firmó el decreto con el que se pretendía evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o comercio de polietileno a fin de favorecer a Braskem-Idesa.
En esta imagen de noviembre de 2012 se observa a Juan José Suárez Coppel, entonces director de Pemex durante la comparecencia ante la Camara de Diputados. Foto: Enrique Ordoñez, Cuartoscuro.
–Enrique Peña Nieto: Permitió que entrara e vigor el decreto que establecía la tarifa de importación de polietileno.
–Juan José Suárez Coppel: Era director general de Pemex y miembro del Consejo de Administración de Pemex Gas y Petroquímica Básica en la fecha de celebración del Contrato de Suministro.
–Jordi Hernán Herrera: Fue director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica en la fecha de la celebración del Contrato de Suministro de Etileno XXI.
“Este es el reto más importante que hemos tenido en materia económica, motivado por un reto global simultáneo en materia de salud”, señaló Meade al considerar que tras la pandemia, la reactivación económica en México y en el mundo exige un diálogo global en distintas áreas.
México, 8 jun (EFE).- La pandemia de la COVID-19, que tiene hasta ahora 6.8 millones de contagios y más de 397 mil muertes en el mundo, representa para México el reto más importante en materia económica, en mucho tiempo, dijo este lunes el excandidato a la Presidencia y exministro de gabinete, José Antonio Meade.
“Este es el reto más importante que hemos tenido en materia económica, motivado por un reto global simultáneo en materia de salud”, señaló Meade al considerar que tras la pandemia, la reactivación económica en México y en el mundo exige un diálogo global en distintas áreas.
“México tiene talento para construir una estrategia de salud y en lo económico que nos va involucrar a todos (los sectores) para salir adelante de este reto”, dijo Meade en un foro de salud y economía.
En su participación en el foro “Rumbo a la reactivación económica: generando sinergias por la salud”, convocado por la organización TecSalud, parte del sistema de salud del Tecnológico de Monterrey, Meade expuso que a nivel país, la pandemia “implica un diálogo amplio entre sector público y privado y entre Gobierno y academia”.
Dijo que en la actual etapa de la pandemia en México -de máximos contagios- los sectores público y privado y los ciudadanos “tiene un papel que jugar”.
Mencionó que la llamada nueva normalidad “implica qué quiere decir ser ciudadano” ya que en este nuevo contexto lo que haga uno como ciudadano repercute en la salud del otro y por ello “debemos asumir una responsabilidad, compartir la información, avisar cuando estamos enfermos y alertar y cuidarnos”.
Para ello, consideró importante “multiplicar el dialogo” para saber que se está haciendo bien en los 32 estados de México y cuales han tenido mejores estrategias.
“Un reto de este tamaño va a redefinir la forma en cómo hablamos sociedad y gobierno y en este punto, la actuación del ciudadano será muy importante porque va a tener un impacto en la salud y esto nos va a llevar a construir un México que se reinicie desde muchas perspectivas”, apuntó.
El excanciller mexicano señaló que ante la dimensión del reto que representa el coronavirus y la reactivación de las economías, México y los países de América Latina deben poner un ojo a lo que pasó en Asia y Europa, y retomar experiencias y aprendizajes “y ver que hacen en sus esfuerzos de reapertura”.
Remarcó que “siendo México un país abierto y global, y muy integrado con el mundo, tiene que estar en la mesa de reapertura desde la vacunas y las terapia hasta las cadenas de valor. Tenemos el reto y la oportunidad de saber lo que hizo el mundo y de aprender, ver cómo insertarnos y cómo nos vamos a reinventar”.
Las autoridades de Salud de México señalaron que los 32 estados del país permanecen en “riesgo máximo” de contagios, por lo que la reapertura económica y social debe esperar.
La reapertura ha generado cierta confusión en México, dado que el Gobierno federal anunció el 1 de junio el inicio de la “nueva normalidad” a pesar de que en el país no se ha superado el pico de la pandemia.
El resultado de esta denominada “nueva normalidad” es que cada semana el Gobierno federal actualiza un semáforo de cuatro colores según el grado de gravedad de la epidemia en cada estado. A partir de este semáforo, los gobernadores deben diseñar un plan de reapertura de las actividades económicas y del espacio público.
Las pesquisas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador incluirían a personajes como Humberto Castillejos, ex consejero jurídico de la Presidencia; José Narro Robles, ex Secretario de Salud; Gerardo Ruiz Esparza, ex Secretario de Comunicaciones y Transportes fallecido el pasado 1 de abril; y José Antonio Meade, ex Canciller.
Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha iniciado una investigación bancaria y de “evolución patrimonial” sobre el ex Presidente Enrique Peña Nieto, su familia más cercana y varios personajes de su gabinete, dio a conocer Univisión citando varios documentos oficiales.
De acuerdo con el reporte de la periodista Peniley Ramírez, la investigación incluiría a personajes de la talla del ex consejero de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el ex Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ex candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade Kuribreña, hasta la ex esposa del mandatario, Angélica Rivera, y sus cuatro hijos. La pesquisa estaría comandada por la SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, habría sido solicitada por la Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, el pasado 26 de marzo.
Esta mañana, el Presidente mexicano dijo que no existe investigación alguna contra Peña. “He dicho, para refrescar el caso, que tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve una consulta, para preguntar al pueblo de México, si quiere que se investigue a ex presidentes desde [Carlos] Salinas hasta Peña por lo que sucedió en el triste y doloroso periodo neoliberal”.
Los documentos obtenidos por Univisión señalan que el pasado 14 de abril, 50 bancos recibieron requerimientos en los que se les solicita información sobre las cuentas del ex Presidente, su familia y miembros de su gabinete, a más tardar el 6 de mayo.
Enrique Peña Nieto durante uno de sus últimos eventos públicos como Presidente. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.
Los bancos tendrían que entregar copias certificadas y hojas de cálculo sobre el historial de los estados de cuenta del ex mandatario, sus familiar y ex colaboradores; así como una copia de los contratos, registro de cuentas de cheques, ahorros, bonos, depósitos, títulos, inversiones, créditos y movimientos en casas de cambio.
Las pesquisas del Gobierno de López Obrador, dice Univisión, incluirían a personajes como Humberto Castillejos, ex consejero jurídico de la Presidencia; José Narro Robles, ex Secretario de Salud; Gerardo Ruiz Esparza, ex Secretario de Comunicaciones y Transportes fallecido el pasado 1 de abril; y José Antonio Meade, ex Canciller. Además, los señalamientos también apuntan a Pedro Joaquín Coldwell, ex Secretario de Energía; Ildefonso Guajardo, ex titular de Economía; Luis Videgaray, quien se desempeñó en Hacienda; Alberti Elías, ex fiscal general; y Miguel Ángel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación.
Univisión recuerda que, sin embargo, López Obrador ha sostenido en diversas ocasiones que una investigación contra los ex presidentes mexicanos tendría que derivarse de una consulta ciudadana. Lo mismo que dijo hoy. “He sido muy claro, no se va a llevar a cabo ninguna denuncia a los ex presidentes. Queremos ver hacia adelante, no lo espectacular, no la simulación (…) si los ciudadanos no están de acuerdo con mi postura y quieren que se enjuicie a un ex o ex presidentes, que se organicen y recojan firmas”, dijo el pasado 21 de febrero en su conferencia matutina.
EL COMPADRE DE PEÑA, LUIS MIRANDA
Ayer, Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que Luis Miranda Nava, ex Secretario de Desarrollo Social en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, es investigado.
“Respecto al caso de la administración anterior, se han presentado denuncias contra el caso de Rosario Robles, se presentaron denuncias contra Ruiz Esparza, en el caso de OHL, se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya, está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda”, dijo a miembros de la bancada del Partido del Trabajo.
Miranda Nava, Diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue mencionado por Santiago Nieto en una lista de ex funcionarios con investigaciones abiertas en la UIF, como Rosario Robles.
“Y ahí el Presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. No se persigue a nadie, pero si hubiera alguien, si alguien pareciera se tendría que actuar conforme a derecho, y eso implica presentación de las denuncias, congelamiento de cuentas si hay indicador de lavado de dinero y continuar con esta política institucional”, agregó Santiago Nieto.
En 1999, Miranda Nava conoció a Enrique Peña Nieto. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
Miranda Nava nació el 3 de junio de 1964 en Jocotitlán, Estado de México. Es hijo de Luis Miranda Cardoso, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, durante el sexenio de Arturo Montiel Rojas en la Gubernatura de esa entidad, de aciuerdos.
En 1999, Miranda Nava conoció a Enrique Peña Nieto cuando se incorporó al gabinete de Arturo Montiel como coordinador de Asuntos Jurídicos, época en la que el ahora ex Presidente de México se desempeñaba como subsecretario de Gobierno. Desde entonces se convirtió en su compadre y amigo íntimo, lo cual lo llevó a formar parte de su círculo rojo en el sexenio pasado.
En una década, al menos, Miranda Nava se distinguió como un brazo operativo de Enrique Peña Nieto. Y también como su amigo, uno de los más cercanos, además de Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Relaciones Exteriores y antes de Hacienda y Crédito Público.
En agosto pasado, SinEmbargo publicó las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló en su gestió como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora llamada Secretaría del Bienestar. Rosario Robles Berlanga, José Antonio Meade Kuribreña y el propio Miranda Nava estuvieron al frente de la Secretaría de Desarrollo Social en el transcurso de dos años (2015 y 2016) en que la Auditoría Superior de la Federación halló 109 irregularidades que causaron probables daños a la erario público federal por un monto total de 2 mil 289 millones 066 mil 410.45 pesos.
Las anomalías detectadas por la ASF incluyen algunas de las causas que llevaron a Robles al penal femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, por el “ejercicio indebido del servicio público” durante su periodo como Secretaria de Desarrollo Social, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015.
Hasta ahora, el Diputado federal Luis Enrique Miranda Nava, un hombre cercanísimo a Peña Nieto y al ex Gobernador mexiquense Arturo Montiel , aún no había sido tocado por autoridad alguna. Pero este 16 de abril de 2020, parece, su suerte ha comenzado a cambiar.
Desde 2013, cuando se implementó, la Cruzada Nacional Contra el Hambre fue una de las políticas más importantes de la administración de Enrique Peña Nieto en materia de combate a la pobreza. Fue utilizada por los cuatro titulares que pasaron por la Sedesol en el sexenio del priista mexiquense como estandarte propagandístico y para asegurar que se trabajaba fehacientemente en esa materia aunque, en realidad, según lo encontrado por la ASF, nunca funcionó.
Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- “A seis años de su implementación [la Cruzada Nacional Contra el Hambre] no logró atender a la población con rezago social y nivel de marginación alto y muy alto, sin que la SEDESOL, actualmente Secretaría de Bienestar, explicara las causas”. De un documento de 65 páginas, esta es una de las conclusiones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace de la política social más importante de la administración del priista Enrique Peña Nieto.
Son los resultados, también, de cuatro titulares de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol): Rosario Robles Berlanga, José Antonio Meade Kuribreña, Luis Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña. Esta fue una de las dependencias que más cambios de titulares tuvo en el sexenio peñista, y cada uno de ellos se fue presumiendo sus respectivas fotos de promoción de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Las fallas que la ASF detectó van desde la estructura de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la atención de la población objetivo y la aplicación de los recursos. Concluyó que no funcionó e incluso aconsejó a la administración federal de Andrés Manuel López Obrador a mejorarla por completo o eliminarla.
La ASF constató que la Cruzada orientó la entrega de subsidios para la atención integral de las carencias sociales y el ingreso de la población en condición de pobreza extrema alimentaría a los municipios con menor índice de rezago social y menor grado de marginación, por lo que durante los seis años de implementación no logró atender a la población con rezago social y marginación alto y muy alto y nunca se explicaron las causas de esto.
El 30 de abril de 2013, Enrique Peña Nieto atestigüó la firma de la carta de entendimiento suscrito entre elGobierno de México y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en favor de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro
Cuando la Cruzada fue anunciada, el número de personas en pobreza extrema alimentaria, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), era de 5 millones 115 mil. Y se dijo que de no atender ese problema, las consecuencias en el individuo, serían “desnutrición, vulnerabilidad a enfermedades, bajo desempeño y rendimiento laboral y deserción escolar y, en la sociedad, limitado desarrollo del capital social y perpetuación del círculo de pobreza”.
En diciembre de 2012, se estableció el compromiso Gubernamental CG-11 “Erradicar la pobreza alimentaria”; el 22 de enero de 2013, se emitió el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, mediante el cual se creó la Cruzada Nacional contra el Hambre. El objetivo principal fue el de “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza extrema alimentaria”.
Fallar implicaría no atacar una condición de pobreza que perpetúa más pobreza y otro tipo de carencias. El balance, seis años después, es que no se trabajó; la población en pobreza extrema alimentaria se incrementó 12.9 por ciento, al pasar de 6 millones 974 mil personas en 2014, a 7 millones 873 mil en 2018.
La primera titular de la Sedesol de Peña fue Rosario Robles, hoy en la cárcel. En la imagen del 9 de abril de 2013 firma acuerdos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre para Nayarit con el Gobernador de esa entidad, el priista Roberto Sandoval, hoy prófugo de la justicia. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro
LAS PRINCIPALES FALLAS
Respecto de los recursos ejercidos en la Cruzada, la Sedesol reportó a la Auditoría que durante el periodo 2013-2018, “no dispuso de recursos específicos para la instrumentación de la estrategia, y que las únicas erogaciones que se realizaron para dar cumplimiento al Decreto fueron con cargo a los presupuestos aprobados de los respectivos programas presupuestarios de las dependencias y entidades que participaron”.
Pero no fue así, ya que la ASF detectó que la Secretaría sí dispuso de recursos específicos comprometidos para la Cruzada por 8 mil 083 millones 967 mil pesos, con los que se firmaron 190 convenios con instituciones públicas y privadas de 2013 a 2015 y 159 contratos, en el periodo 2013 a 2016, también con instituciones de los sectores público.
El 9 de marzo de 2016, José Antonio Meade, segundo titular de la Sedesol, firma apoyos del Gobierno y empresarios locales con el priista Javier Duarte, Gobernador de Veracruz, hoy preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro
Por otro lado, hubo errores de focalización, ya que solo 16 de los 30 programas presupuestarios participantes en la estrategia, en 2018, registraron la población atendida, sin especificar la carencia en la que incidieron, por lo que no fue posible valorar en qué medida la estrategia erradicó las precariedades sociales y mejoró el ingreso económico de esa población. Aunado a eso tampoco se dispuso de mecanismos para verificar que se desarrollaron sus capacidades para que abandonaran dicha condición.
“La ASF, con la información disponible, realizó la alineación de los programas participantes con las carencias que atendieron, con lo cual se identificó que, mediante la política, en 2018, sólo se atendieron todas las carencias que presentaron 900 mil personas, que significaron únicamente el 0.1 por ciento de las 7 millones 873 mil personas reportadas por la Sedesol en esa condición”.
Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas –entonces Gobernador del Edomex– y Luis Enrique Miranda Nava, tercer Secretario de Desarrollo Social del sexenio peñista, asistieron el 20 de julio de 2017 a la reinauguración del estadio Nemesio Diez del Club Toluca. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
De las 2 millones 098 mil personas más desfavorecidas, por presentar cinco o seis carencias, registradas como receptoras de atención a la totalidad de sus carencias, solo cuatro personas de ese grupo recibieron atención integral.
Además, se orientó la entrega de subsidios en los municipios con menor índice de rezago social y menor grado de marginación, por lo que a seis años de su implementación no logró atender a la población con rezago social y marginación alto y muy alto. La Sedesol tampoco explicó las causas de eso.
El priista Eviel Pérez Magaña fue el último titular de la Sedesol en el Gobierno de Peña. En la imagen, del 16 de octubre de 2018, asistió a la entrega del Presmio Nacional de la Juventud a Miguel Ángel Sosme Campos en la residencia oficial de Los Pinos. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
“En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, al concluir 2018, a seis años de la puesta en marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Sedesol […] no acreditó que esa estrategia hubiera sido una solución estructural para ‘erradicar la pobreza extrema alimentaria’ de millones de personas estimadas en esa condición”, agrega el documento.
El compromiso Gubernamental CG-11 suscrito en 2012, y materializado en 2013 en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, con el objetivo de “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza extrema alimentaria”, quedó en un problema mayor al que se identificó en un inicio. Al cierre de 2018, la Cruzada Nacional contra el Hambre no cumplió con su objetivo.
José Antonio Meade no será investigado por la Fiscalía General de la República, esto porque el juez que lleva el caso contra Rosario Robles se abstuvo de solicitar que ella entregue copia certificada del acta de entrega-recepción de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, documento que la ex funcionaria dio a Meade cuando él la relevó en la titularidad de dicha Secretaría.
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- El juez que lleva el caso contraRosario Robles Berlanga, ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), resolvió no solicitar la copia certificada del acta de entrega-recepción que la ex Secretaria de Estado dio a José Antonio Meade Kuribreña cuando él la relevó en la titularidad de dicha dependencia. Con lo que se abstuvo de sugerir a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una investigación contra Meade.
“Se deja sin efectos el requerimiento de 13 de agosto de 2019 realizado a Rosario Robles Berlanga. Es claro que la causa penal no involucra a José Antonio Meade Kuribreña como sujeto activo, o bien, sea objeto de la investigación complementaria; así tampoco, se refiere a la temporalidad en que él ocupó la Sedesol. De ahí que, se concluye que el documento refiere a hechos ajenos a la litis de este asunto y a terceras personas ajenas a ellos”, se lee en la resolución del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
El pasado 14 de agosto, este diario informó que el juez Delgadillo Padierna, quien lleva la causa contra Rosario Robles, ordenó formalmente a la FGR que determinara si el ex Secretario de Estado, y ex candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sería investigado por presuntas omisiones que permitieron desvíos millonarios en la Sedesol.
“Por lo expuesto en audiencia, se requirió a la Fiscalía Federal, con el objeto de determinar si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Kuribreña, por las mismas omisiones imputadas”, señala el documento en el que se establece el auto de vinculación a proceso contra Robles Berlanga.
La declaración surgió después de que los abogados de Rosario Robles dijeran que contaban con pruebas de que su clienta le avisó a Meade Kuribreña que había pendientes por solventar en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que de ello quedó constancia en las actas de entrega/recepción de la Sedesol.
El Juez, sin embargo, consideró que era evidente que “José Antonio Meade sabía de los hechos” pero que no informó a Peña Nieto. “Se le puede imputar esa omisión”, dijo el juzgador. Agregó que solicitaría el acta de entrega/recepción de la Sedesol donde se encuentra el dato de que avisó a Meade. “Ese dato de prueba es una joya y no lo trajeron aquí por casualidad”.
ROSARIO OBTIENE SUSPENSIÓN
El pasado 30 de agosto, un Juez de control otorgó a Rosario Robles una suspensión por tiempo indefinido que la obligaba a entregar elacta de entrega-recepción de la titularidad de la Sedesol a su sucesor, José Antonio Meade.
El documento había sido calificado por el Juez Delgadillo Padierna como una “joya”. Consideró que era evidente que “José Antonio Meade sabía de los hechos” –refiriéndose a los desvíos por los que Robles Berlanga es investigada– pero que no informó a Peña Nieto.
“Se le puede imputar esa omisión”, dijo el juzgador. Agregó que por ello solicitó el acta de entrega/recepción de la Sedesol donde se encuentra el dato de que avisó a Meade. “Ese dato de prueba es una joya y no lo trajeron aquí por casualidad”, externó y dio de plazo para que ese documento se entregara el viernes 16 de agosto.
MEADE NO ES INVESTIGADO: NIETO
El pasado 16 de agosto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que hasta ese momento no existía una investigación abierta que involucrara al ex candidato presidencial.
En declaraciones hechas a medios de comunicación, Nieto Castillo negó tambien que el ex titular de la Sedesol esté involucrado en el caso de uso indebido de funciones por el que es investigada Rosario Robles.
“Quiero ser enfático en esto: José Antonio Meade no se encuentra investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. No tenemos nosotros en nuestra información nada que lo vincule al caso Robles. Se trata de responsabilidades de la señora Robles durante su ejercicio como secretaria”, dijo Nieto.
Agregó que próximamente la dependencia a su cargo presentará una denuncia ante la FGR en contra de Robles Berlanga.
Finalmente, Santiago Nieto explicó que la unidad a su cargo recibió información sobre 150 convenios firmados entre la Sedesol y universidades públicas que subcontrataron empresas fantasma en procesos de adjudicaciones directas.
LOS CONVENIOS CON MEADE
Dos convenios implicados en el desvío multimillonario detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el cual, Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso y recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, se efectuaron durante la gestión de José Antonio Meade Kuribreña al frente de la Sedesol, consta en los registros que dejaron ambos funcionarios de sus administraciones en el Portal de Obligaciones y Transparencia, así como Compranet.
Si bien fueron autorizados cuando Robles Berlanga era la titular de la Sedesol, parte de los servicios contratados a través de ambos convenios se efectuó entre agosto y diciembre de 2015, cuando en la silla principal de la dependencia se encontraba Meade Kuribreña, quien después fuera candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la campaña electoral por la Presidencia de la República en 2018.
Se trata de los convenios 102293 y 102294 con la Universidad Intercultural del Estado de México y la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, respectivamente. Ambos, fueron signados para “coordinar proyectos con otras instituciones académicas” en regiones vulnerables por carencia alimentaria justificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa estelar para disminuir la miseria del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Los dos convenios, que suman 57 millones 298 mil 440 pesos, están mencionados en las carpetas de investigación que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) abrió el año pasado, derivadas de 14 auditorías a la gestión de Rosario Robles en la Sedesol por el presunto desvío de 831 millones 141 mil 905 pesos.
Casi 2.9 mil millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fueron ejercidos con probable perjuicio al erario público federal, según las cuentas públicas 2015 y 2016. Dos años en que hubo tres funcionarios encargados de la institución: uno que ya pisó la cárcel (Rosario Robles); otro que podría llegar a ser investigado (José Antonio Meade); y uno más del que no se habla: Luis Enrique Miranda, quien acompañó a Enrique Peña Nieto desde su gubernatura en el Estado de México, hasta la Presidencia de la República.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- Rosario Robles Berlanga, José Antonio Meade Kuribreña y Luis Enrique Miranda Nava estuvieron al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el transcurso de dos años (2015 y 2016) en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló 109 irregularidades que causaron probables daños a la Hacienda Pública Federal, por un monto total de 2 mil 289 millones 066 mil 410.45 pesos.
Las anomalías detectadas por la ASF incluyen algunas de las causas que llevaron a Robles al penal femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, por el “ejercicio indebido del servicio público” durante su periodo como Secretaria de Desarrollo Social, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015.
En el “auto de vinculación a proceso” de Rosario Robles (causa penal 314/2019) hay mención de seis casos: subcontrataciones ilegales, contratación de empresas sin capacidad técnica para ejecutar los servicios pactados, servicios convenidos no efectuados, uso de recursos para fines distintos a lo acordado, falta de cumplimiento de convenios y ejercicio deshonesto de recursos públicos.
Los resultados de las cuentas públicas 2015 y 2016 incluyen, además, irregularidades en los inventarios de la Sedesol y sus organismos dependientes, falta de bienes adquiridos, pago a beneficiarios duplicados, no comprobados o fallecidos, pagos excesivos e injustificados por honorarios, contratación de servicios improcedentes y uso de recursos sin aprobación, justificación o con falta de reintegro a la Tesorería de la Federación.
Aunque algunos casos fueran solventados en los últimos cuatro años, el Poder Judicial de la Federación reconoció que hubo perjuicios que pudieron ser prevenidos por la Sedesol, pero que por omisiones o presunto encubrimiento, no fueron evitados. Y en su causa penal 314/2019 indica que “no se requiere una afectación al patrimonio”, sino que “basta con ponerlo en riesgo” para constituir un “injusto penal”.
El 7 de septiembre de 2016, Peña Nieto (izq.) tomó protesta a Meade Kuribreña (centro) y a Miranda Nava (der.) como secretarios de Hacienda y Desarrollo Social, respectivamente. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
Como garante del gasto público, Rosario Robles Berlanga fue juzgada por “tener conocimiento” y “no evitar” la comisión de irregularidades, al no informar de los hechos –con acto probatorio– al Presidente de la República.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (ordinal cuarto fracción VII, numeral 117 y los artículos 13, 17 y 61) señala que las dependencias de gobierno tienen la obligación de rendir cuentas y efectuar medidas para contribuir al equilibrio presupuestario y racionalizar el gasto, además de informar a las autoridades acerca de cualquier infracción que implique conductas sancionadas por la ley penal.
También refiere (artículo 115) que las responsabilidades por actos u omisiones serán fincadas a los ejecutores directos y “subsidiariamente”, a todos aquellos que por la naturaleza de sus funciones “hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos”.
En ese orden de ideas, Meade y Miranda podrían ser juzgados al igual que Robles y tener que rendir cuentas por la comisión de ilícitos u omisiones.
El Poder Judicial ya requirió a la Fiscalía General de la República (FGR) que determine “si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Kuribreña” por las “mismas omisiones imputadas” a Robles, según la causa penal citada.
Sobre el ahora Diputado federal Luis Enrique Miranda Nava, un hombre cercano al Presidente Enrique Peña Nieto y al ex Gobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas, aún no pesa el escrutinio del Poder Judicial, pese y a que fue titular de la Sedesol entre septiembre de 2016 y enero de 2018.
EL DAÑO AL ERARIO
Las 109 irregularidades detectadas por la ASF entre 2015 y 2016 podrían implicar “delitos continuados” que iniciaron durante la administración de Robles y que siguieron su curso –sin reporte a las autoridades jerárquicas superiores y/o con posible encubrimiento– durante las gestiones de Meade y Miranda.
Entre enero y junio de 2015, por ejemplo, tuvo lugar la firma de varios convenios de “Infraestructura Social” y de “Servicios y Ayudas Sociales” con instituciones educativas que generaron 1 mil 095 millones 454 mil 288.27 pesos en probables daños a la Hacienda Pública Federal, según las auditorías 0-20100-02-0277 277-DS y 15-0-20100-12-1639 1639-DS.
Por un lado, las universidades Intercultural del Estado de México (UIEM), Autónoma de Zacatecas (UAZ) y Politécnica de Chiapas (UPC) subcontrataron “la totalidad de los servicios convenidos con la Sedesol”, mientras que la ley vigente sólo permite “terciarizar” hasta el 49 por ciento de las obras. Esta irregularidad generó perjuicios equiparables a 316.3 millones de pesos.
Asimismo, las universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) y Autónoma de Chiapas (UAC) “no acreditaron” haber realizado los trabajos para los que fueron contratadas y generaron daños por 76.6 millones de pesos.
Por otra parte, la UTN y las universidades Politécnica de Texcoco (UPT) y Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM) generaron perjuicios por 702.6 millones de pesos en el “desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios” en que “se observaron inconsistencias”, toda vez que “se comprobó que no ejecutaron los servicios” y que, en lugar de ello, transfirieron los recursos a seis personas físicas y 12 personas morales, “sin que existiera contrato o constancia que justificaran las transferencias”.
En consecuencia, la ASF determinó que hubo “falta de control y desvío en el uso de los recursos públicos”.
Algunos de estos convenios, aunque fueron firmados en tiempos de Rosario Robles, continuaron su ejecución con José Antonio Meade a cargo de la Sedesol, entre agosto de 2015 y septiembre de 2016.
A lo largo del ejercicio presupuestario 2015, la Auditoría Superior también encontró anomalías en el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (instalación de baños ecológicos, sistemas de agua pluvial y techos fijos) por un monto superior a 499 millones de pesos, en que el uso “excesivo” de recursos, materiales y de pagos por honorarios a personal contratado, además de los pagos “improcedentes” y a beneficiarios “duplicados”, fueron comunes.
Las anomalías en los programas de Comedores Comunitarios, Coinversión Social, de Fomento a la Economía Social, de Opciones Productivas, 3×1 para Migrantes y otros Servicios y Ayudas Sociales causaron probables daños por 254.2 millones de pesos, relacionados con pagos y servicios no comprobados, excesivos y/o justificados, falta de bienes y/o servicios adquiridos, transacciones con cheques no acreditadas, entre otros.
En el caso del Seguro de Vida para Jefas de Familia hubo daños de 56 millones de pesos, por el uso no comprobado de recursos, pagos “en demasía” a beneficiarios, personal contratado por honorarios y a “jefas de familia fallecidas” que “no se identificaron”. Asimismo, la Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones arrojó irregularidades no solventadas por 67.9 millones de pesos.
ROBOS CONTINUOS
La UAZ, que en 2015 realizó subcontrataciones ilegales por más de 131.8 millones de pesos, reapareció en las observaciones de la ASF por un posible perjuicio a la Hacienda Pública Federal de más de 28.4 millones de pesos relacionados con el pago de “servicios improcedentes”, contratación de servicios injustificados no comprobados y prestación de servicios que no acreditaron su contribución para el cumplimiento de los objetivos del convenio.
Un ejemplo de ello es lo plasmado en la auditoría 16-0-20100-02-0259 259-DS, misma en que se lee:
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto total de 6 millones 623 mil 909.45 pesos, por concepto del pago de servicios improcedentes efectuados por la Universidad Autónoma de Zacatecas ‘Francisco García Salinas’ (UAZ) a un prestador de servicios, en razón de que tales servicios estaban destinados para dar cumplimiento del contrato suscrito el 30 de noviembre de 2016 entre la UAZ y el prestador de servicios, no obstante [que] la UAZ ya había entregado el producto de dichos servicios a la Secretaría de Desarrollo Social el 31 de octubre de 2016”.
Estas anomalías sucedieron entre las administraciones de José Antonio Meade Kuribreña y de Luis Enrique Miranda Nava, un año después de que la UAZ fuera objeto de observaciones de la ASF por presuntos desvíos de recursos relacionados con lo que sería llamada la “Estafa maestra”, que fue realizada por medio de convenios entre universidades, empresas, la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para simular la adquisición de bienes y servicios.
Según las declaraciones de dos ex titulares de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedesol y Sedatu, José Antolino Orozco Martínez y María del Carmen Gutiérrez Medina, Rosario Robles tenía conocimiento de estos presuntos desvíos. Y de acuerdo con Robles, ella dio parte de los hechos al Presidente Enrique Peña Nieto y a José Antonio Meade Kuribreña.
Si Meade y Miranda –a través de la ASF o de sus predecesores en el cargo– conocían los hechos detectados por la Auditoría Superior y no impidieron e informaron acerca de la comisión de irregularidades, habrían violado la normatividad en curso e incurrido en un “injusto penal” por poner en riesgo el patrimonio público, por lo que podrían ser juzgados –como en el caso de Robles– por encubrimiento y “delitos continuados”.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 62 que “será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento”.
La Cuenta Pública 2016 refiere que durante el ejercicio de ese año fiscal hubo irregularidades en Sedesol por 316 millones 531 mil 953.27 pesos, relacionados con Diconsa, la Pensión para Adultos Mayores y las Erogaciones por Servicios. También hubo anomalías presupuestarias relacionadas con los programas de Empleo Temporal y de Empleo Temporal Inmediato, de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y de Fomento a la Economía Social.
Entre las irregularidades detectadas estuvieron “mermas” y “quebrantos” injustificados, fallas en los inventarios de los organismos desconcertados de Sedesol, uso excesivo, no comprobado o no aprobado de recursos, así como proyectos no aprobados, comprobados, ejecutados, justificados y/o reintegrados a la Tesorería de la Federación y pagos a personas difuntas y beneficiarios no acreditados.
Durante los primeros días de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por la sospecha de desvío de recursos.
Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, presentó un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Además, la ex funcionaria actualmente presa por el presunto ejercicio indebido del servicio público obtuvo una suspensión provisional para que no sea obligada a presentar el acta de entrega-recepción que firmó con su sucesor en la Sedesol,José Antonio Meade.
De acuerdo con información del diario Reforma, el amparo contra el bloqueo de las cuentas de Robles Berlanga fue presentado el pasado 14 de agosto, un día después de que fuera ingresada al penal de Santa Martha Acatitla.
La jueza Décimo Segunda de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez, ordenó a los abogados de la ex funcionaria aclarar “cuál es el acto que reclama a cada una de las autoridades responsables”, antes de resolver si admitirá a trámite dicho amparo, reveló el diario.
Durante los primeros días de agosto, autoridades mexicanas ordenaron congelar las cuentas bancarias de Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Las cuentas de Robles Berlanga y su oficial mayor en la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio Zebadúa, fueron desactivadas.
Zebadúa es el “operador principal del presunto desvío de recursos millonarios a través de por lo menos 11 dependencias federales”, el cual ocurrió durante el Gobierno de Peña Nieto, informa el portal.
Fue la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la encargada de bloquear las cuentas por la sospecha de desvío de recursos.
JUEZ SUSPENDE ENTREGA DEL ACTA DE SEDESOL
Un juez de amparo concedió una suspensión provisional para que Rosario Robles no sea obligada a presentar el acta de entrega-recepción que firmó junto a José Antonio Meade cuando este la relevó como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los cuales darían cuenta de que el ex candidato presidencial estaba al tanto de las irregularidades al interior de la dependencia.
El Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, concedió dicha suspensión provisional contra la orden dictada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la cual obligaba a Robles Berlanga a presentar dicho documento el pasado viernes 16 de agosto.
“Se concede la suspensión provisional a María del Rosario Robles Berlanga para el efecto de que no sea obligada a entregar a la agente del Ministerio Público responsable copia auténtica, certificada o notariada del acta de entrega-recepción de la quejosa y José Antonio Meade Kuribeña, en carácter de titular saliente y entrante de la Sedesol a nivel federal”, señala la resolución.
El próximo 23 de agosto el juez Vargas Alarcón determinará si concede o no una suspensión definitiva a Rosario Robles para que no sea obligada a entregar dicha acta.
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el juez que vinculó a proceso a Rosario Robles Berlanga, ordenó formalmente que la Fiscalía General de la República (FGR) determine si José Antonio Meade Kuribreña, ex candidato presidencial, será investigado por las omisiones que permitieron desvíos millonarios en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En el documento en el que se establece la auto de vinculación a proceso de Robles Berlanga, titular de Sedesol y Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quedó plasmada la solicitud de Delgadillo Padierna.
“Por lo expuesto en audiencia, se requirió a la Fiscalía Federal, con el objeto de determinar si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Kuribreña, por las mismas omisiones imputadas”, se señala en una de las hojas del documento.
Documento con el que se hace oficial la vinculación a proceso de Rosario Robles.
El 13 de agosto, Delgadillo Padierna pidió a la Fiscalía General de la República aclarar si el ex Presidente Enrique Peña Nieto está involucrado en el caso de la “Estafa Maestra”. También pidió que se determinara si Meade Kuribreña debía ser investigado.
La declaración surgió después de que los abogados de Rosario Robles dijeran que contaban con pruebas de que su clienta le avisó a Meade Kuribreña que había pendientes por solventar en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que eso quedó constatado en las actas de entrega/recepción de la Sedesol. Ella se los presentó para explicar que sabía que había pendientes por solventar.
El Juez, sin embargo, consideró que era evidente que “José Antonio Meade sabía de los hechos” pero que no informó a Peña Nieto. “Se le puede imputar esa omisión”, dijo el juzgador. Agregó que solicitaría el acta de entrega/recepción de la Sedesol donde se encuentra el dato de que avisó a Meade. “Ese dato de prueba es una joya y no lo trajeron aquí por casualidad”. Dio de plazo para que este documento sea entregado el próximo viernes 16 de agosto.
LOS CONVENIOS CON MEADE
Dos convenios implicados en el desvío multimillonario detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el cual, Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso y recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, se efectuaron durante la gestión de José Antonio Meade Kuribreña en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), consta en los registros que dejaron ambos funcionarios de sus administraciones en el Portal de Obligaciones y Transparencia, así como Compranet.
Si bien fueron autorizados cuando Robles Berlanga era la titular de la Sedesol, parte de los servicios contratados a través de ambos convenios se efectuó entre agosto y diciembre de 2015, cuando en la silla principal de la dependencia se encontraba Meade Kuribreña, quien después fuera candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la campaña electoral por la Presidencia de la República en 2018.
Se trata de los convenios 102293 y 102294 con la Universidad Intercultural del Estado de México y la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, respectivamente. Ambos, fueron signados para “coordinar proyectos con otras instituciones académicas” en regiones vulnerables por carencia alimentaria justificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa estelar para disminuir la miseria del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Los dos convenios, que suman 57 millones 298 mil 440 pesos, están mencionados en las carpetas de investigación que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) abrió el año pasado, derivadas de 14 auditorías a la gestión de Rosario Robles en la Sedesol por el presunto desvío de 831 millones 141 mil 905 pesos.
De acuerdo con el informe “Denuncias Penales Presentadas por la ASF Cuentas Públicas 1998-2016, así como relacionados con la Simulación de Reintegros” de la ASF en 2015, estas universidades no cumplieron con los entregables acordados con la Sedesol en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Además, esas instituciones académicas se encuentran en el complejo esquema de triangulación para justificar recursos, detectado por la ASF en la Sedesol mientras se aplicaba la Cruzada. La dependencia convenía servicios con una universidad y esta contrataba a otras empresas. Así, tanto el dinero como los resultados de los servicios contratados se perdían en el último eslabón del mecanismo. El sitio informativo Animal Político localizó empresas fantasma en esta trama y desde entonces, el asunto es conocido como “la estafa maestra”.
–Con información de Daniela Barragán y Linaloe R. Flores.
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