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La COVID se ensaña con generación vital para México: empobrece a los de 12 a 29 años

domingo, agosto 8th, 2021

Los nuevos datos de pobreza dados a conocer por el Coneval muestran nuevos retos. Por un lado, es evidente que los jóvenes son parte de la población que cae en pobreza y también, que en plena pandemia, el acceso a los servicios de salud fue un privilegio.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– Para Paulina, la pandemia de COVID-19 tuvo varios significados. De entrada, el temor que todo mundo tuvo: enfermar y morir, pero además, hubo otros miedos que fueron desencadenados por lo que podría venir si ella o su mamá llegaran a contagiarse, ya que ninguna de las dos tiene seguridad social. 

A estas alturas de la pandemia, ninguna de las dos enfermó de COVID, pero el cuerpo decidió enfermar de algo que aún no se termina de detectar y por lo tanto, los gastos de estudios y análisis se hicieron con el dinero del ahorro que se había logrado. Hasta el momento Paulina, de 32 años, continúa con ese empleo que no le brinda las prestaciones básicas.

Los datos dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que el drama económico de las personas en México se concentró en la población joven y sin acceso a los servicios básicos de salud.

Entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza de adolescentes y jóvenes aumentó de 42.3 por ciento a 46.1 por ciento, en cada caso. Esa misma situación se vivió en los menores de 18 años y adultos que pasaron de 50.3 por ciento a 52.6 por ciento y de 36.5 por ciento a 39.5 por ciento, respectivamente.

El único grupo que presentó una disminución de pobreza fue el de los adultos mayores al pasar de 43.2 por ciento a 37.9 por ciento.

En conclusión: hay un aumento de 3.7 puntos porcentuales en la población en situación de pobreza de 12 a 29 años y una disminución de 5.3 puntos porcentuales en la población adulta mayor.

Los jóvenes son parte de la población que cae en pobreza. Foto: Cuartoscuro.

¿Y qué pasó con la pobreza extrema? Durante 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema de adolescentes y jóvenes, que son de 12 a 29 años y los menores de 18 años y adultos, de 30 a 64 años, presentaron aumentos de 2.3, 1.9 y 1.7 puntos porcentuales en pobreza, respectivamente.

Por otro lado, la población de adultos mayores, de 65 años o más, mostró una disminución en este indicador al pasar de 8.8 por ciento a 6.7 por ciento en 2020.

Eso es cuanto a la pobreza por edades, pero de los datos que se dieron a conocer el pasado jueves, resaltó otro, que es referente al acceso a los servicios básicos de salud.

Entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población sin acceso a los servicios de salud mostró un aumento al pasar de 16.2 por ciento a 28.2 por ciento, lo que representa un aumento de 15.6 millones de personas respecto a 2018, al pasar de 20.1 a 35.7 millones de personas en 2020.

Y el aumento se registró en las 32 entidades del país. En las que más, fueron Oaxaca, que pasó del 16.3 por ciento al 36.9 por ciento; Guerrero, del 13.8 por ciento a 33.5 por ciento y Chiapas, al pasar del 17.6 a 37.1 por ciento de la población.

PERSPECTIVAS DENTRO DE CONEVAL

En entrevista con SinEmbargo, José Nabor Cruz Marcelo, director ejecutivo del Coneval, respondió a la pregunta de quiénes son los nuevos pobres, que los datos del Consejo apuntan a que gran parte de esas 3.8 millones de personas que se sumaron a la pobreza son jóvenes o adultos que habitan las zonas urbanas del país y que a diferencia de lo que en teoría se hubiera esperado, es decir, un incremento en los niveles de pobreza en el ámbito rural, esto no ocurrió y hubo una reducción de alrededor de 1 punto porcentual de los niveles de pobreza rural.

“Por otro lado, la pobreza urbana aumentó un poco más de 3 puntos porcentuales. Ahí hay un primer indicio de que este incremento de la pobreza muy probablemente se haya alojado mucho más en los ámbitos urbanos del país. Pero también tenemos un comportamiento de la pobreza por grupos de edades y vemos dos trayectorias: por un lado una reducción importante de más de 5 puntos porcentuales de la pobreza en la población de más de 65 años y por otro lado, un incremento tanto en la población de cero a 18 años y sobre todo, de la de 30 a 54 años. Haciendo inferencias podemos considerar que una buena parte de estas mexicanas y mexicanos en situación de pobreza pueden ser jóvenes o adultos que habitan las zonas urbanas del país”, explicó.

Y en cuanto al tema de salud, el que millones de personas hayan reportado que no tuvieron acceso a esto, se reflejó en los siguientes datos: durante 2020, hubo una reducción de mexicanos que tuvieron que atenderse un problema médico, al pasar de 44 millones en 2018 a 42 millones. Pero los mexicanos que se buscaron atender en un consultorio adyacente a farmacia, pasaron de 8.5 millones en 2018 a 10 millones en el mismo periodo.

También hubo un aumento en los que se buscaron atender en un consultorio de hospital privado, ya que la cifra pasó de 12.9 millones a 17 millones.

En junio de 2020, la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex) informó que el 10 por ciento de los pacientes diarios que acuden a los consultorios médicos adyacentes a farmacias fueron redirigidos a hospitales para atender COVID-19. Desde el inicio de la pandemia serían ya 36 mil los pacientes con síntomas que acudieron en primera instancia a estos servicios.

La pandemia afectó a los mexicanos, en especial a los jóvenes. Foto: Cuartoscuro.

***

A continuación, la entrevista íntegra con el director ejecutivo del Coneval:

–¿Cuáles tendrían que ser los cambios a nivel Gobierno para atender este crecimiento en pobreza urbana? ¿Se deben reforzar los programas sociales o crear nuevos? ¿O revisar qué tipo de empleos se generan?

–Sería sobre el tercer punto. Los programas sociales del ámbito federal, los de mayor peso presupuestal y que tienen como objetivo la cobertura universal de beneficiarios, como el de Adulto Mayor y las Becas Benito Juárez, tienen cobertura para las dos localidades, pero justo este incremento de pobreza urbana se debe al golpe que hubo en el mercado laboral al menos entre el segundo y tercer trimestre de 2020 […] muestran cómo se detuvieron muchas actividades, sobre todo el industrial y el de servicios y eso consecuentemente tuvo una afectación en que los trabajadores o perdieron su empleo o redujeron sus jornadas de trabajo y por lo tanto runa reducción de sus salarios.

Esto se ha venido recuperando hacia el último trimestre de 2020, el primero de 2021, pero me parece que siguen siendo algunas actividades del sector servicios que se recuperaron hasta apenas este segundo trimestre de 2021 y lo podemos visualizar muy bien en la Ciudad de México, donde estas actividades del sector de restaurantes, comercio, alojamiento, apenas se empezaron a recuperar en febrero, marzo, abril de este año.

Lo que desafortunadamente tendríamos que esperar para los siguientes meses es una afectación derivada de esta tercera ola epidemiológica que estamos viviendo en cuanto a contagios por COVID-19. Si bien el proceso de vacunación también es un aliciente, podrían, ojalá que no, detenerse las actividades del sector servicios y una nueva afectación.

Se debe reforzar no solo a nivel federal, sino estatal los apoyos a los trabajadores que han tenido una reducción en sus ingresos del ámbito turístico porque los resultados hablan por sí mismos.

–Pero sobre los ingresos, el ingreso del decil más bajo se queda estable y se reduce la brecha por una reducción de ingresos del decil más alto. ¿Qué dicen esos datos? ¿Qué pasó con los aumentos del salario mínimo? ¿Fue solo efecto de la pandemia o desde antes algo venía ya mal?

–Es importante recordar la estructura de los trabajadores en función de los salarios mínimos que ganan. Ya de por sí pega la pandemia y prácticamente más del 40 por ciento de la población de trabajadores de este país declaran ganar hasta un salario mínimo al mes y otro 30 por ciento declara ganar entre uno y dos salarios mínimos al mes.

Sin embargo, lo que el propio Coneval había publicado previo a la pandemia es que derivado de los incrementos del salario mínimo de 2018, 2019 e inicios de 2020, la pobreza laboral había entrado en una tendencia de reducción. Pasamos de un pico de 42 por ciento en el Tercer Trimestre de 2017, a un 35.9 por ciento en el Primer trimestre de 2020, justo el previo al inicio de la pandemia.

Sí podemos visualizar la política de incremento de salario mínimo que ha ayudado al fortalecimiento, pero lamentablemente continúan siendo bajos niveles de ingresos laborales del grueso de los trabajadores de nuestro país, pero insisto, esto no es que se haya dado en la pandemia, sino que la estructura de bajos ingresos laborales de la gran mayoría, del más del 50 por ciento de la Población Económicamente Activa del país ya era previa y de varios años atrás.

Habría que beneficiar el fortalecimiento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras después de la pandemia, pero en realidad, en el segundo y tercer trimestre, la afectación tan fuerte de los ingresos laborales, por toda la contracción de los mercados laborales mexicanos, se ve todavía la afectación en función de la caída de los ingresos que cuantificamos para estimar la pobreza multidimensional y que también pueden ser factores que expliquen este incremento de 3.8 millones en situación de pobreza.

–El otro dato que sobresale es el del acceso a los servicios básicos de salud. ¿Qué dicen estos datos, también en el contexto de pandemia?

–Cuando a las personas se les preguntó en 2018 a qué sistema de salud estaban afiliados, poco más del 40 por ciento respondió que al Seguro Popular. Cuando al 2020 el Inegi planteó esta pregunta, integrando al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) solamente respondieron casi el 27 por ciento de la población, es decir una reducción de 42  a 27 por ciento, una caída d 15 puntos porcentuales. En el resto de los servicios básicos de salud (IMSS, ISSSTE y estatales) prácticamente se mantuvieron constantes.

Otro factor tiene que ver con la reconfiguración de la oferta y demanda de los servicios de salud del país durante el 2020: hubo una reducción de mexicanos que tuvieron que atenderse un problema médico, pasamos de 44 millones en 2018 a 42 millones en 2020.

Y aquellos mexicanos que se buscaron atender en un consultorio adyacente a farmacia, pasó de 8.5 millones en 2018 a 10 millones en 2020. Los que se buscaron atender en un consultorio de hospital privado, pasó de 12.9 millones a 17 millones en 2020.

Estos datos muestran algo de por qué se da este incremento en la caída del reporte de afiliación que tuvo el Insabi en el sector de personas encuestadas.

Una joven vende servilletas en la calle. Foto: Cuartoscuro.

–¿Cuánto costará en cuanto tiempo y esfuerzo remontar estos datos?

–No es fácil dar un planteamiento sobre en cuánto podremos recuperar […] si le damos continuidad a los datos de pobreza laboral, el último dato de 2021, es que se situaba en 39 por ciento de la población, ya solo a 4 puntos porcentuales de lo que había previo a la pandemia.

Todo dependerá de cómo avance la situación sanitaria, del incremento fuerte en el número de contagios de COVID-19, pero la perspectiva es que si se puede continuar con la recuperación, incluso a finales de este año recuperar los niveles de pobreza laboral previos a la pandemia, pero depende por completo de la situación epidemiológica.

Una de las recomendaciones que ayer planteamos desde Coneval fue justo esa, acelerar el proceso de la operatividad del Insabi con las entidades federativas porque algunas entidades activaron sus convenios de colaboración hasta agosto del año pasado, hace apenas muy pocos meses.

Y continuar cuidando las carencias que se redujeron a pesar de tener un contexto de pandemia que son las dos que tienen que ver con la vivienda, que son los servicios básicos y la infraestructura, y la de seguridad social, en donde el Programa de Adultos Mayores fue un factor que propició la reducción de esta carencia.

LG deja el negocio de los smartphones, ¿afectará esta decisión a los usuarios de la marca?

lunes, abril 5th, 2021

La fecha de cierre de la unidad de telefonía móvil de a empresa coreana está prevista para el 31 de julio de este año, pero ¿qué pasará con los teléfonos que aún están están a la venta, las refacciones y el software? Te contamos.

MADRID, 5 de abril (Portaltic/EP).– LG Electronics ha anunciado este lunes el cierre de la unidad de negocio de telefonía móvil después de varios años de pérdidas, una decisión que no afectará al soporte de los smartphones que hayan comprado los usuarios de la marca surcoreana.

La fecha de cierre efectiva de la unidad de telefonía móvil está prevista para el 31 de julio de este año. Posteriormente, seguirá desarrollando tecnologías relacionadas con el sector móvil, como el 6G, para fortalecer su competitividad en otras áreas de negocio.

Fuentes de LG han explicado a Europa Press que este cambio supone que la compañía ya no va a producir ni sacar a la venta nuevos modelos de smartphones. Sus dispositivos, no obstante, podrán seguir encontrándose hasta finalizar el stock, e incluso seguirá habiendo piezas para reparaciones y recambios.

A nivel de usuario, la compañía asegura que no éste no va a notar nada, ya que tanto la garantía, como el servicio de atención al cliente postventa y la política de actualizaciones de software y de seguridad se mantendrán como hasta ahora para los teléfonos LG.

César no aceptó hace 10 años el plan de jubilación de HSBC. Desde entonces lucha por su pensión

domingo, marzo 21st, 2021

Luchar contra uno de los bancos más importantes del mundo puede convertirse en un proceso de más 10 años en los que habrá varios intentos por desestimar el objetivo. Así es la historia de César* un hombre que desde 2010 pelea con HSBC para conseguir su derecho a una jubilación digna.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- Hace 10 años, un trabajador de HSBC decidió no aceptar un plan de jubilación que esa institución, en la que laboró por más 28 años, le ofreció asegurándole que estaba lleno de ventajas. Durante todo ese tiempo hasta hoy, está a la espera de que la representación legal del banco le pague lo que le corresponde.

El caso se deriva de un plan que HSBC ofreció a sus empleados que estaban próximos a jubilarse; cada uno de ellos recibirían 0.25 por ciento del su sueldo multiplicado por los años de servicio —incluyendo aguinaldo, primas y bonos— en forma de pensión vitalicia con garantía de 20 años y mancomunada. Ese plan tenía una sola condición: el empleado tenía que firmar su renuncia.

Pero el “Plan 70” resultó ser un pago único de un millón 800 mil pesos para trabajadores que ocuparon puestos de gerencia y directivos.

El proceso legal, cuyo material tiene copia SinEmbargo, inició cuando un sólo trabajador de una sucursal de Guadalajara no aceptó este plan. César, cuenta su abogado Francisco Ruiz en entrevista, fue despedido dos años después sin motivo aparente, lo que dio pie para interponer la primera denuncia en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

El caso de César no es el único, varios de sus compañeros y compañeras que cayeron en el “Plan 70” asistieron también a los tribunales colegiados para hacer los reclamos, pero el banco argumentó que ellos estuvieron de acuerdo desde el inicio.

Consultado para saber su postura sobre este caso, el banco declaró a este medio que “no hace comentarios sobre asuntos jurídicos que aún están en proceso”.

EL LARGO CAMINO POR LA PENSIÓN

El representante legal de César, el abogado Francisco Ruiz, explicó los detalles de estos 10 años que se han ido entre la Junta de Conciliación, amparos, los tres cambios de despacho de HSBC y largas por parte de las autoridades.

En ese lapso, César, a pesar de haberle prestado sus servicios al banco por más de 25 años, buscó otro empleo y tuvo que recibir apoyo económico para él y su familia.

El procedimiento inició en el mes de marzo de 2010 ante la Junta Laboral número 18 de Conciliación y Arbitraje con residencia en Guadalajara.

“Luego de que el trabajador dijo que no al plan porque no le convenía, iniciamos el procedimiento planteando la acción por despido injustificado. El banco llevó a cabo su contestación. Las prestaciones que yo reclamé del trabajador, primero fue por el despido injustificado y segundo, como ya tenía más de 28 años de servicio, su pensión vitalicia”, contó el abogado.

El tema del despido injustificado se acreditó en 2013 y dictó un laudo condenatorio para que se le pagara su indemnización constitucional, quedando pendiente sólo el tema de la pensión. Sin embargo, fue en este punto en donde la defensa comenzó a notar cómo el caso se retrasaba sin razones aparentes.

“El Tribunal Laboral no actuó de manera parcial, estuvo apoyando al banco porque nosotros en el planteamiento del reclamo de la pensión vitalicia, señalamos que él había convenido con el patón. El banco dijo que no, pero la Ley Federal del Trabajo establece en el Artículo 184 y 804 que para el caso de que el patrón niegue en cuanto a salario, contrato o recibos de nómina, se le revierte la carga de probar. La Junta le dijo al banco que si lo negaba, tenía que exhibir que el trabajador no tenía pensión vitalicia”, comentó.

Derivado de esto, el banco presentó un documento que no indicaba nada sobre la pensión y la Junta lo aceptó. La defensa prosiguió con un amparo, porque la Junta insistía en aceptar el documento con el que el banco pretendía desacreditar que no era cierto que estaba convenida la pensión.

Pasaron cuatro años hasta que el Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito en Jalisco, le pidió a la Junta que se abstuviera de tomar en cuenta el documento del banco porque no era el requerido, ya que no era el contrato individual sino una modificación de salarios. Así, se logró condenar a HSBC por no haber demostrado lo planteado y por lo tanto quedaba obligado a pagar la pensión vitalicia al trabajador.

Aunque eso se determinó en 2017, casi cuatro años después aún no se celebra el pago. Para el abogado, la razón de por qué se ha postergado tanto ese último trámite se debe a que  se escondió el expediente, ya que la obligación a HSBC se le dictó en noviembre de 2017 y mientras no notificaran al banco que había sido en su contra, no tenía ninguna obligación de inconformarse.

Fue hasta 2018, que por reclamos y quejas ante la Presidencia de la Junta de Conciliación en México, notificaron a HSBC y éste respondió con un amparo en contra de dicha resolución. La defensa formuló los alegatos y fue el Tribunal Colegiado el que le negó el amparo y la Junta de Conciliación también tuvo que acatar ese resolutivo.

Para ese momento aún no se había hablado de cantidades o montos para pagar al trabajador, sino sólo el rubro de pensión jubilatoria. La Junta determinó que se tenía que abrir un incidente de liquidación, es decir, cuantificar, hacer líquida la condena, a pesar de que sí tenían los elementos porque se acreditó el salario del trabajador y las prestaciones.

“Para no entorpecer el incidente de liquidación lo elaboramos. Cada parte expuso lo que consideró pertinente. Una vez que se celebró la audiencia, la etapa que sigue es que se turna a un dictaminador de la Junta para que con base en lo que se calculó cuantifique y determine, pero entonces se detuvo por la pandemia”.

HSBC en México. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.

EL PROCESO AÚN MÁS DETENIDO

Tras la declaratoria de emergencia sanitaria, los juzgados tuvieron que cerrar en abril del año 2020, lo que significó para el caso de César un motivo más de lentitud en la conclusión del episodio con HSBC.

Aunque se dijo que los tribunales a puerta cerrada o en sus casas podían seguir laborando, el dictaminador dejó el expediente y no avanzó.

En septiembre, cuando se reiniciaron actividades, la defensa presentó un tercer amparo para que no se siguiera extendiendo el procedimiento y se procediera ya a la cuantificación, pero ocurrió lo contrario.

“En diciembre, después de un año, la Junta dice que el incidente no reúne aún los requisitos y se queda sin materia. Después de un año me responden como si no se hubiera tramitado el incidente. Se dejó sin materia. El trabajador estuvo en HSBC por 28 años con 60 días. Se hizo la operación aritmética y el banco tiene que pagar mucho dinero, porque desde 2010 él debió recibir ya su pensión y cada año ha habido incrementos salariales y le corresponden al menos siete millones de pesos más renta vitalicia de por vida. Sólo falta ver cómo se le va a pagar”, agregó Ruiz.

Desde diciembre están a la espera de la fecha de liquidación y con la expectativa de que no tarde mucho más tiempo.

“Estamos en una desventaja y los trabajadores están en una situación vulnerable. Las Juntas retrasan los procedimientos hasta intencionalmente perder expedientes. Tienen  carga de trabajo, se entiende, pero luego hay dilaciones mañosas. La Junta no procede en sus tiempos y favorece a los grandes que tienen una fuerza económica […] El banco ya no se puede salvar. El procedimiento ya es cosa juzgada, en 2018 ejerció su último recurso. La condena es ya cosa firme y debe pagarle al trabajador lo que le debe y su pensión vitalicia actualizada”, concluyó el abogado.

*César es un nombre ficticio. El afectado pidió reservar su identidad.

#Consulta2021 | Un juicio popular confirmará el rechazo. Pero Peña es hoy el más cercano a la prisión

jueves, diciembre 31st, 2020

Aunque Andrés Manuel López Obrador insiste de manera constante en que su fuerte no es la venganza, este 2020 echó a andar la consulta para enjuiciar a expresidentes. A Peña Nieto, a pesar de que le agradece que la transición de poder se haya realizado en orden, no le perdona los actos que cometió desde la campaña de 2012.

ÚLTIMA PARTE DE UNA SERIE SOBRE JUICIO A EXPRESIDENTES

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- El fraterno abrazo que se dieron Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018 y que marcó el fin de una ordenada transición presidencial no se extendió durante todo el mandato 2018-2024.

Uno de los actos más importantes del Presidente López Obrador del año 2020 fue que concretó una propuesta de campaña: enjuiciar a expresidentes, obvio, Peña Nieto incluido.

En el documento con el que se inició la discusión –que concluyó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, el actual Presidente describe las razones por las que Peña Nieto debería enfrentar la justicia:

“La irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012, sin que ello tuviera consecuencias legales o llevara al TEPJF a anular la elección, como en ese tiempo, desde la oposición formalmente lo exigimos. Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht. Por otra parte, los señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a los 200 millones de dólares”.

AMLO-PEÑA

En esta imagen de agosto de 2018 se observa a Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto en una reunión junto con sus equipos de transición en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro.

Para López Obrador, esos hechos “más muchas otras calamidades no relatadas en aras de la brevedad”, generaron indignación que desembocó en exigencia de justicia.

En el caso de Peña Nieto, por ser su administración la más reciente, hay casos de presunta corrupción que se develaron a la par del debate de si era necesaria o no una consulta popular para enjuiciar a expresidentes. En SinEmbargo se publicaron textos de analistas políticos que coincidieron en que si había voluntad para que Peña enfrentara la justicia, los actos de los que ya se le acusan eran suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera iniciar investigaciones.

Justo cuando se declaró la procedencia de juzgar hechos del pasado, Emilio Lozoya Austin declaraba sobre la campaña presidencial de Peña y los negocios hechos en Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando fue el director. Luego se difundió un video en el que presuntamente se pagan sobornos a congresistas para la aprobación de la Reforma Energética.

No solo eso: se dio la detención de el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos, por acusaciones de narcotráfico.

Y además, en el caso de Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sus abogados informaron que sería testigo colaborador, lo que podría significar que acusaría a su jefes directo, es decir, Enrique Peña Nieto.

A pesar de todos estos hechos, que ocurrieron en la última mitad de 2020, el futuro del expresidente, hoy autoexiliado en España, al parecer se decidirá en las urnas.

LOS FRENTES ABIERTOS DE PEÑA

En la primera semana de noviembre, el Enrique Peña Nieto fue acorralado por exfuncionarios de su Gobierno por el caso de la Estafa Maestra y Odebrecht. Incluso recibió un consejo del empresario acerero Alonso Ancira Elizondo: correr a Timbuctú, puesto que el presunto pacto de impunidad con el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría estar en riesgo.

-Javier Duarte de Ochoa

Justo en ese momento, desde el Reclusorio Norte, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tuiteó que en 2012 recibió una llamada telefónica desde Sao Paulo, Brasil, de la casa de Marcelo Odebrecht, ahora detenido por sobornos millonarios a diversos países, entre ellos México. Era el Presidente electo Enrique Peña Nieto.

“Me llamó vía telefónica para solicitarme (instruirme) que acelerara todos los trámites y obras que el Gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible, ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas, por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial”, escribió en su cuenta de Twitter el expriista señalado de lavado de dinero y asociación delictuosa.

“Tengo la disposición de declarar todo lo que me consta en este caso ante la autoridad correspondiente sin la necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio alguno. Lo hago simplemente con la intención de aclarar y apoyar en la investigación de este caso y sobretodo que se sepa la verdad”, agregó arrobando a la Fiscalía General. A cambio de declararse culpable para ahorrar tiempo y costos, ya había acordado con la entonces Procuraduría que se le reduciría su pena a nueve años y a una multa de 57 mil pesos. Pero con la prisión preventiva es probable que salga el próximo año o en año y medio.

El Proyecto Etileno XXI en Veracruz, consorcio conformado por Brasken, filial de la brasileña Odebrecht, y la mexicana Idesa, ha sido un negocio deseventajoso para Pemex, ya que generó pérdidas y gastos innecesarios por al menos 7 mil 124 millones de pesos entre 2015 y 2018, debido a pagos por servicios no efectuados, castigos por incumplimiento de contrato y políticas contractuales injustas, de acuerdo con información oficial analizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo.

-Emilio Lozoya Austin

Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, denunció al expresidente Peña Nieto por pedir 6 millones de dólares para su campaña y otro tanto para opositores como Ricardo Anaya, excandidato presidencial.

El 29 de julio, después de más de 12 horas de audiencia, Emilio Lozoya Austin, fue vinculado a proceso por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, en su calidad de autor material y naturaleza dolosa.

Al igual que en el juicio que se inició en su contra el martes, la FGR no pidió como medida cautelar prisión preventiva para el funcionario. Juan Carlos Ramírez Benítez, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, decretó su libertad condicional con medidas cautelares como entregar su pasaporte, llevar un brazalete electrónico y presentarse ante las autoridades cada 15 días. No podrá salir de la Ciudad de México y su zona metropolitana.

El inicio del proceso penal tiene lugar casi cuatro años después de que Odebrecht confesara ante las autoridades estadounidenses que pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a miembros de Pemex entre 2010 y 2014.

Según la Fiscalía, los sobornos a Lozoya no solo fueron para obtener contratos sino que el imputado llegó a ofrecer al director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses, un cargo en el Gobierno si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganaba las elecciones de 2012.

El miércoles 19 de agosto se filtró a los medios la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto ante la FGR en la que delata nombres y montos de sobornos que ordenaron funcionarios del Gobierno de Peña Nieto (2012-2018) y de opositores que los recibieron.

En el documento, el exjefe de Pemex aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, le instruyeron reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña de 2012.

“Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente”, afirmó.

El documento es la denuncia formal que presentó Lozoya, extraditado el 17 de julio de España a México, donde afronta un proceso en libertad condicional por recibir 10.5 millones de dólares de Odebrecht como asesor de la campaña presidencial de 2012 y después como director de Pemex (2012-2016).

-Rosario Robles Berlanga

En 2019, horas antes de que el Juez Jesús Delgadillo Padierna le dictara prisión preventiva y vinculación a proceso a Rosario Robles Berlanga, se le cuestionó a ella y a su defensa si no querían ahondar en la participación de dos políticos que fueron mencionados como posibles implicados en los delitos que se le imputaron: José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto.

Tanto ella como la defensa dijeron que no y a Rosario se le acusó de uso indebido del servicio público y parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos de la dependencia con instituciones de educación superior, en el mecanismo conocido como La Estafa Maestra. Entonces se abrió un espacio en el que se le cuestionó si avisó a su superior, que sería el expresidente Peña Nieto o a su sucesor en la Sedesol, José Antonio Meade.

Horas antes, su defensa dijo ante el Juez que tanto en giras como a través de la línea roja, Rosario le informó a Peña Nieto sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de las que ella tuvo conocimiento a través de los Pliegos de Observaciones.

Eso habría abierto una vertiente en el caso y hubiera debilitado la acusación de que ella permitió el sostenido desvío de recursos. No se ahondó sobre eso.

Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu de Robles, ofreció en noviembre convertirse en testigo protegido y delatar las operaciones de desvíos de recursos en donde participaron el expresidente Enrique Peña Nieto y su exjefa Rosario Robles Berlanga, informó el diario Reforma.

Zebadúa habría ofrecido revelar que Robles fue quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales, además de dar información que relaciona al expresidente Peña Nieto con esta red de desvíos, conocida como ”Estafa Maestra”, y está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal.

-Con información de Dulce Olvera y EFE

ONGs: 26 millones de mexicanas no tienen un ingreso. Chiapas, Edomex y Puebla encabezan lista

lunes, noviembre 23rd, 2020

En el marco del 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó los datos de la precariedad laboral y económica de las mujeres.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- La realidad de las mujeres en cuanto a violencia no es adversa únicamente en cuanto al riesgo de caminar solas por la calle. La violencia está presente y es aguda en el acceso a un trabajo y salario dignos.

De acuerdo con el reporte especial sobre “Exclusión económica y de la precariedad laboral de las mujeres”, elaborado por el Colectivo Acción Ciudadana frente a la pobreza, la exclusión laboral y económica son condiciones que llevan a las mujeres a la vulnerabilidad y las expone a la violencia, ya que las mujeres enfrentan barreras para llegar al ejercicio de las libertades y tener una vida digna.

María Ayala, investigadora del Colectivo, presentó los datos; uno tras otro forman el escenario complicado en el que viven las mujeres y en el que tienen que buscar desarrollarse.

El primer obstáculo es la barrera económica: 25 millones 700 mil mujeres no tienen un ingreso propio, lo que las pone en vulnerabilidad y en relaciones asimétricas en el mundo laboral y en el hogar.

Estos datos son del Primer Trimestre de 2020, es decir, antes de la pandemia, en el siguiente reporte se verá cómo avanzó, pero esta es la situación en que las mujeres se enfrentaron la pandemia: 4.6 están en desempleo; 4.1 trabaja sin una remuneración, es decir, trabajan en una empresa familiar, y 16.9 millones no pueden salir de su hogar por estar haciendo trabajo de cuidados, como si fuera su deber natural el hacerse cargo del hogar.

 Los estados en los que el porcentaje es mayor de mujeres sin ingreso son Chiapas, Estado de México, Puebla, Querétaro y Veracruz, en los que más del 50 por ciento de las mujeres están en esa situación de vulnerabilidad; además son algunos de los estados en los que se concentra gran cantidad de pobreza.

Además, las mujeres tienen el doble de desempleo y de subempleo: la tasa de desempleo para hombres es de 8.5 por ciento y para mujeres de 17.5 por ciento, “están más excluidas del campo laboral, son doblemente excluidas. Claramente es un mercado laboral que excluye, tenemos un problema histórico de desempleo pero para las mujeres es todavía más difícil acceder”, comentó Ayala.

Ahora, las que se emplean, están subempleadas y son el doble de mujeres las que están en trabajos de medio tiempo. Solo de 4 de cada 10 mujeres participan en el mercado laboral, ese es el resultado de la exclusión.

Sobre la precariedad laboral, el 61 por ciento, es decir, más una regla que una excepción, no tiene seguridad social; en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, es más del 80 por ciento de las mujeres; 32 por ciento no tiene prestaciones, 52 por ciento no tiene contrato estable y 93 por ciento no tienen afiliación sindical.

En cuanto a ingreso, 7 de cada 10 mujeres que trabajan no pueden comprar lo más básico; no pueden mantenerse a sí mismas y mucho menos a otra persona. Solo el 6 por ciento puede pagar 4 canastas básicas.

En este rubro está el tema de la brecha salarial: las mujeres tendrían que trabajar meses de 34 días o años de 13.5 meses para alcanzar el ingreso promedio de un hombre. Necesitan años de 14 meses para alcanzar el costo de dos canastas básicas. “Es trabajar tiempo que no existe”, agregó la investigadora.

Está situación se esclarece al momento de examinar los trabajos “feminizados” porque incluso ahí las mujeres ganan menos. Por cada hombre empleado en el trabajo doméstico, hay 11 mujeres y hay una  brecha salarial de mil 362 pesos solo en ese sector.

A pesar de toda esta situación, las jornadas de trabajo para las mujeres son más largas, como señala el estudio “a la mujeres les falta trabajo remunerado pero no trabajo”. Esto porque ellas tienen una jornada extra completa para el trabajo de cuidados y del hogar. Es media jornada de trabajo -al menos- y al llegar a casa tienen una jornada completa de un trabajo no remunerado, no valorado y sin días de descanso, pero es un trabajo que se tiene que hacer.

 Con la pandemia, la recuperación del empleo ha sido desigual. 12 millones de personas perdieron el empleo y aunque se ha ido recuperado, para las mujeres es mucho más complicado: 5.2 millones de hombres consiguieron empleo y solo 1.9 millones de mujeres lo lograron.

Entre las propuestas del Colectivo, señalan que es importante habar sobre el sistema de cuidados, “se trata de un nuevo contrato, un nuevo pacto social. Cambiar en todos los niveles esta idea preconcebida de que el trabajo del hogar y de cuidados es responsabilidad de las mujeres, porque nos alejan de esas oportunidades de empleo en el que podríamos tener un trabajo más digno y una vida digna”, comentó Ayala.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana, comentó a pregunta expresa sobre si los programas sociales federales y estatales están atendiendo estos problemas que enfrentan las mujeres, que se necesita un sistema de protección social universal, porque los datos dicen que de las personas que trabajan, la mayoría de las mujeres están sin seguridad social.

 “Estaba el programa de apoyos infantiles y se transformó en una transferencia monetaria pero no hay información y no se trata de que la familia se haga cargo porque eso enfatiza el rol de género y es opuesto a lo que pensamos. El cuidado de niñas y niños no es tarea exclusiva de las mujeres, se necesita un sistema público de cuidados en el que todas las familias puedan trabajar y sepan que sus hijos están seguros, bien alimentados y desarrollándose”.

Agregó que los programas sociales tienden más a enfatizar el trabajo doméstico, es decir, que fomentan el trabajo pero “en el huerto, que aprendan a coser”.

“Hay una probleática donde la perspectiva de género no está clara y se subrayan los roles de género impuestos y aumenta la vulnerabilidad por la falta de auton0mia económica”, concluyó Gómez Hermosillo.

Patrones estafaron por años a obreros con el outsourcing. El Gobierno, ¿debió consultarlos?

viernes, noviembre 13th, 2020

Tal como se esperaba, la reforma al outsourcing despertó reclamos. La Coparmex se quejó de que el Gobierno federal no los invitó a las mesas para definir el futuro de esa modalidad de contratación, pero de acuerdo con especialistas, los tiempos en que los empresarios dictaban las leyes ya pasaron.

–Con información de Efrén Flores

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Poco después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, y el titular de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, presentaran la iniciativa para regular el outsourcing, el líder del sindicato de patrones más grande de México acusó al Gobierno federal de traición porque no les consultó. Pero la reforma que propone el Ejecutivo federal es para frenar el abuso que comenzó desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y que por años realizaron miles de patrones, utilizando esta figura de contratación para “estafar a los trabajadores.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), liderada por Gustavo de Hoyos Walther, un empresario que es un abierto opositor al Presidente López Obrador, aseguró que la iniciativa del outsourcing violenta los acuerdos internacionales al no consultar a las organizaciones de patrones y es una amenaza al crecimiento y a la creación del empleo formal, estos últimos argumentos utilizados por los empresarios, por ejemplo, para evitar el aumento al salario mínimo desde el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari.

El día de ayer, el Gobierno de México envió al Congreso una reforma en materia laboral para modificar el esquema de subcontratación con el fin de ordenar el esquema y deje de ser una modalidad que permita la evasión fiscal y afecte a la población trabajadora en sus prestaciones. La titular de la STPS, Alcalde Luján, dijo que la base del proyecto de reforma establece que el trabajo no es una mercancía sino un derecho y un deber social. La propuesta de reforma, agregó, es integral.

De acuerdo con especialistas consultados por SinEmbargo, las resistencias a la reforma eran previsibles. Pero coincidieron en que después de años en que los derechos laborales fueron pisoteados por este modo de contratación, preguntar si se está a favor o en contra es como preguntar si se continúa o no con la esclavitud. Otros expertos en el tema laboral consideraron que la iniciativa es “agresiva” al momento en que prohíbe de manera generalizada el outsourcing y no opta por la regulación de éste.

La subcontratación se afianzó en los estratos laborales más bajos, no en los servicios especializados. Foto: Cuartoscuro.

Ante la pregunta, de si era adecuado incluir al sector privado en la discusión de la viabilidad del outsourcing, Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que era inaceptable el reclamo del líder de la Coparmex porque los trabajadores están “esclavizados y parte de su ganancia, de su plusvalía, se le entrega a un personaje que simplemente cumple un papel de fantasma laboral. La relación de trabajo se establece entre patrón y trabajador. Olvidémonos del outsourcing, eso sería lo mejor para el país, lo más justo”.

“¿Cómo voy a consultar [a los empresarios] si el outsourcing es algo indebido? Es preguntar si consideran adecuado que se debe acabar este tipo de esclavitud; los patrones van a decir que no porque es un privilegio para ellos. Estamos en un régimen donde los patrones tienen su lugar pero no nos gobiernan. Eso es importante. Antes gobernaban los patrones; ellos iban y le decían al Presidente qué hacer. Eso fue antes, ahora no. Y claro ese privilegio de poder mandar duele que se los quiten”, agregó el especialista.

LOS CAMBIOS QUE VIENEN

El saldo de la subcontratación, a la que la administración de Felipe Calderón Hinojosa le dio luz verde y que Enrique Peña Nieto se encargó de aplicar, es negativo para los mexicanos. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son claros: la subconcontratación fue año con año en aumento: en 2004, la cantidad de personal subcontratado era de 1 millón 399 mil 264 y para 2009 la cantidad ya era de 2 millones 732 mil 247; en 2014 se situó en 3 millones 578 mil 247 y para 2019, la cifra más reciente, fue de 4 millones 685 mil 356 personas.

En el mismo periodo en que el outsourcing vivió su época de oro y es el del salario. En las grandes empresas, la tasa de crecimiento anual de 2014 a 2019 fue de -3 por ciento; en las Pymes fue de -0.5 por ciento y en las micro, de -0.1 por ciento.

La nueva propuesta federal contempla la regulación de tres figuras vinculadas al outsourcing: la subcontratación de personal; los servicios y de obras especializadas; y las agencias de colocación. También incluye sanciones más severas, como multas, además de proceder en contra del empleador con base en el delito de defraudación fiscal.

La titular de la STPS, Luisa Alcalde Luján, dijo que las pensiones son uno de los principales problemas ocasionados por el outsourcing. Foto: Cuartoscuro

Luisa María Alcalde estimó que al año hay una creación de 200 mil puestos para trabajadores subcontratados. El esquema participa en empresas grandes de más de 250 personas empleadas, que se desarrollan en sectores como el de la manufactura y el de servicios, principalmente.

De acuerdo con Enrique Larios, se trata de una segunda declaración para abolir la esclavitud de los seres humanos, “el trabajador que presta sus servicios a través de outsourcing es alquilado, es tratado como cosa y hay alguien, que es la empresa outsourcing, que tiene una ganancia inmoral. El sector empresarial dice que no fue consultado. ¿Se necesita que los empresarios estén de acuerdo en acabar con la esclavitud para acabarla? Yo creo que no. Esto no nada más es una cuestión de un gobierno, es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo”.

El abogado dijo que en el plano siguiente se debe caminar hacia una relación directa como lo establece la Ley Federal del Trabajo, en la que la subcontratacion “es un pegote que se hizo en 2012 y no se le consultó a los trabajadores; se les habrá consultado a los líderes de los sindicatos, de algunos. Ellos dan firmas al mejor postor, pero a los trabajadores no consultaron, a la academia tampoco”.

Sobre esto, la maestra Sonia Juárez Moreno, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, dijo que al hablar de outsourcing se parte de dos puntos de vista: cuando se es el patrón “sí conviene porque no se pagan impuestos, no se tiene la relación obrero-patrón” pero del lado de los trabajadores son violentados todos los derechos laborales.

“Me extraña que se manifiesten ahorita. Pareciera que estas agrupaciones, lejos de estar más preocupados por la protección de los trabajadores, están enfocados en sus intereses. Cabe la pregunta, ¿me perjudica o me interesa que los trabajadores tengan más y mejores derechos? Es una doble moral”.

MEJOR REGULACIÓN QUE PROHIBICIÓN

En un comunicado de prensa, la Coparmex aseguró que con esta iniciativa, el Gobierno no acató el Convenio número 144 de la Organización Internacional del Trabajo que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas.

“El sector patronal está de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal. Asimismo, está a favor de cualquier esfuerzo para acabar con estas actividades fraudulentas, pero sin perder de vista que existe una muy importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno, que se genera por medio de la Subcontratación Laboral, que cumple totalmente con todos los estándares legales en la materia. Se debe regular, no prohibir”, se agrega en el comunicado.

José Luis Vásquez Costa, coordinador de la Licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana, comentó en entrevista que la iniciativa es un tanto agresiva al ser similar a la que el Senador Napoleón Gómez Urrutia presentó a inicios de este año en la que asentaba que casi todas las empresas que se dedican al outsorucing son ilegales.

“En ese momento el Presidente dijo que no era el momento de hacer esa ley porque no se podían perder empleos por la pandemia. Ahora es sorpresivo que el Gobierno federal lo hace, pero además lo hace con la misma intención, porque la propuesta de prohibición de la subcontratación no es solo hacia un tipo de empresas, sino hacia toda la subcontratación”, dijo.

El outsourcing incluso encontró lugar en el Gobierno federal. Foto: Cuartoscuro

También dijo que dentro del texto se incluye un esquema que clarifique si son todas las empresas, porque hay unas empresas grandes que se dedican a esto y que están dentro de esquemas regulados que cumplen con las obligaciones.

Sobre la opinión de que se perderán empleos, señaló que no se frenará la apertura de nuevas plazas de empleo, sino que pasará tiempo para que se pueda observar cuál es exactamente el esquema sobre el que las empresas se van a tener que mover, ya que se pretenden armonizar seis leyes, no solo la Ley Federal del Trabajo, sino la Ley del IMSS, del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, el ISR e IVA.

“Quiere decir que no solo habrá una regulación  en la parte laboral, sino también en la parte fiscal. Adicional a ello, están hablando de multas y de señalar como defraudadores fiscales a las empresas que llevan a cabo la actividad, pero como hay un contrato de servicios, entonces quien contrate ese tipo de empresas será responsable solidario y seguro caerá en el ojo del huracán”, explicó Vásquez Costa.

Por su parte, el doctor Luis Antonio Andrade Rosas, investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, dijo que en un contexto como el actual, en que la pandemia agrava la situación económica y en que la subcontratación de trabajadores genera incentivos de inversión a costa de beneficios sociales, una reforma que no integre a los actores directamente involucrados podría traer consecuencias negativas, ya sea deprimiendo rubros de inversión o causando reducciones salariales y pérdidas de empleo para compensar aumentos en prestaciones sociales.

Para el académico, el problema con el outsourcing no sólo son los esquemas de defraudación a los sistemas de seguridad social que el Gobierno busca prevenir y perseguir, sino la complicada relación de elementos en la cadena productiva que involucra dinámicas para mejorar utilidades por parte del empresariado, en tensión con la necesidad del trabajador de tener mayores ingresos y garantías de desarrollo laboral y personal. En ese sentido, el especialista en temas de negocio explicó que el Gobierno debe de fungir como un intermediario y regulador, más que como una instancia de imposición.

Si el Gobierno federal interviene de manera equívoca, expuso Andrade Rosas, “va a causar un mayor desempleo o va a haber al menos fuga de capitales por parte de las empresas, por la restricción en la flexibilidad” de éste tipo de esquema laboral. “¿Cómo se puede mediar? Con un acuerdo entre trabajadores y empresas sin que se imponga el Gobierno”, abundó el investigador.

Todavía en el “Año de Hidalgo” de Peña, en 2018, la Auditoría halló irregularidades en fideicomisos

jueves, octubre 22nd, 2020

Luego de que ayer, en sesión maratónica de más de 12 horas, el Senado de la República aprobara la extinción de los fideicomisos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su equipo presentaron datos por los que argumentan que esos mecanismos no funcionaban para la causa que fueron creados. Unos de los más importantes que se expusieron fue la revisión de la ASF a fideicomisos operados en el último año del Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- De 80 auditorías realizadas a los fideicomisos activos en 2018, el último año de la administración federal de Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) envió a las autoridades 97 acciones referentes a una mala rendición de cuentas, incumplimientos en los procesos para disponer y aplicar los recursos e incumplimiento en los procesos de adjudicación de contratos, así como fallas en la ejecución de éstos.

Este documento de la ASF fue presentado ayer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, luego de de las protestas que surgieron contra legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, y contra el el propio Gobierno de la llamada 4T, por aprobar la extinción de 109 fideicomisos.

“Primero, quiero expresar mi agradecimiento a los legisladores, tanto a diputados como a senadores, porque se aprobó la Ley para suprimir estos fideicomisos, fondos que se manejaban sin trasparencia, sin control, en los que había discrecionalidad, es decir no había fiscalización, no se tenían cuentas claras y hay indicios, inclusive denuncias, de corrupción por el mal manejo de esos fideicomisos”, dijo el Presidente.

“A veces es necesaria la claridad, no las medias tintas, no la indefinición. La defensa de esos fideicomisos y de esos fondos era la defensa de la corrupción. Así de claro”, agregó López Obrador.

El Presidente de México agradeció este miércoles a legisladores federales por aprobar la Ley para suprimir estos fideicomisos, fondos que se manejaban sin trasparencia, sin control, en los que había discrecionalidad y cero fiscalización. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Jorge Nuño Lara, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), explicó el documento de la ASF y destacó cinco elementos del informe: falta de elaboración de estudios de mercado en los procedimientos de adjudicación directa de los contratos de obra y servicios; falta de entregables por parte de los proveedores que ampare el cumplimiento de las obligaciones del contrato; no se dio seguimiento a la ejecución de los trabajos; deficiencia en la elaboración de los convenios modificatorios y falta de formalización de las actas de finiquito, así como deficiente planeación y programación e incumplimiento de los objetivos de los proyectos.

Del documento que revisa la situación de estos organismos en el último año de la administración de Peña Nieto, el popularmente llamado por los mexicanos “Año de Hidalgo”, emanan resultados como la quiebra en la que operaban los fondos de protección a víctimas; de cómo desde el mismo Gobierno federal no se cumplió con el pago de los derechos obrero patronales y cómo no se reintegró a la Tesorería el dinero de las acciones que no se realizaron.

La Auditoría Superior de la Federación realizó una revisión de fideicomisos operados en 2018, el último año del Gobierno federal del priista Enrique Peña Nieto. La ASF halló irregularidades como dinero sin comprobar y contratos adjudicados de forma directa sin ninguna justificación, entre otros. Foto: Cuartoscuro.

LOS HALLAZGOS DE 2018

-“Fideicomisos para los Derechos Humanos” a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob)

Sobre el Fideicomiso fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la ASF encontró que en 2018 había recursos insuficientes para atender a cabalidad los casos que se tienen ya establecidos más los nuevos que se presentaran.

“De las disponibilidades por 48.8 millones de pesos que se tuvieron al cierre de 2018, 42.6 millones de pesos se encuentran comprometidos, por lo que se tendría una disponibilidad real de 6.3 millones de pesos”, expone el documento.

Del personal contratado que conformó dos direcciones generales adjuntas y una dirección de área, no se acreditó que contara con el tiempo de experiencia, estudios y demás elementos que se establecen en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Para otorgar los servicios, el fideicomiso formalizó un contrato con RCU, los cuales consistieron en la instalación de cámaras de seguridad de vigilancia, refugios de seguridad, vehículos, escoltas y equipo de telefonía satelital, entre otros. Respecto de la adjudicación del prestador de servicios RCU, la Segob no cumplió con los criterios establecidos en la normativa para efectuar las adjudicaciones directas

-Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos

Al cierre del ejercicio 2018, el fondo registró un monto comprometido por 19.5 millones de pesos, por lo que la disponibilidad real al inicio del ejercicio de 2019 fue de 26.5 millones de pesos, lo cual también lo limitó para atender cabalmente sus fines.

Durante 2018 se atendieron y revisaron 30 resoluciones, sin embargo los beneficiarios  manifestaron haber tenido diversas fallas de los equipos de asistencia con aplicación de localización para Sistema de Reacción Inmediata (celular con botón de pánico), así como deficiencias en el seguimiento y atención por parte de los servidores públicos de la Segob respecto de asuntos irregulares reportados por los beneficiarios.

-Gestión Financiera y Operativa del Programa de Apoyo a la Vivienda, efectuada al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)

Para el ejercicio 2018, el FONHAPO contó con un presupuesto de 2 mil 802.7 millones de pesos, para realizar 133 mil 376 acciones de vivienda, de las cuales 25 mil 883 acciones no se concluyeron. El costo de esas acciones no cumplidas fue por 567.4 millones de pesos que no se devolvieron a la Tesorería de la Federación.

-“Gestión Financiera de ProMéxico”, efectuada a ProMéxico.

Del procedimiento de adjudicación para la contratación de personal por outsourcing, en 2018, fue seleccionado el proveedor SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano, S. de R.L. de C.V. (SITAH), en participación conjunta con otras empresas y se identificó que en los últimos cinco años, el servicio fue adjudicado a un mismo grupo de cinco empresas.

ProMéxico no contó con una evaluación de la capacidad económica y financiera de las empresas adjudicadas, pero de acuerdo con información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la ASF, se identificó que las empresas contratadas para la prestación del servicio de personal por outsourcing en 2018 no realizaron los enteros de cuotas obrero patronales mensuales del IMSS.

-Fideicomiso “Derechos Mineros” a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)

En este fideicomiso, la ASF detectó que se reportaron ingresos por 3 mil 971.2 millones de pesos y egresos por 4 mil 935.5 millones de pesos, pero esas cantidades no correspondían con los 163.8 y 223 millones de pesos, respectivamente, que son los montos de las operaciones efectuadas en 2018.

Tampoco entregaron información detallada de los ingresos mediante reintegros y rendimientos obtenidos por los estados y municipios y devueltos al fondo.

-Fideicomiso “Gestión Financiera” del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

En la normativa del Fonatur no se tiene previsto dar seguimiento a las propuestas de acciones públicas en materia turística, ni a los proyectos detonadores con potencial turístico para su inversión y ejecución entregados a los gobiernos estatales y municipales, por lo que desconoce si al menos se ejecutaron.

-Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)

La CEAV reportó los ingresos, rendimientos y egresos de forma acumulada de 2015 al 2018, lo que no permitió conocer el resultado de las operaciones del ejercicio que se reportó, lo que ocasionó que las disponibilidades finales de 2015 a 2017 no coincidieran con las disponibilidades iniciales de 2016 a 2018.

En 2018, el saldo inicial reportado fue de mil 508.8 millones de pesos, cifra mayor en 195.7 millones de pesos a la consignada en el saldo final del ejercicio 2017 por mil 313.1 millones de pesos.

El FAARI registró ingresos por 19.10 millones de pesos, provenientes de bienes decomisados en procesos penales federales, monto que no corresponde por 0.03 millones de pesos con los 19.13 millones de pesos transferidos el 25 de septiembre de 2018 por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, cuyo depósito no fue identificado durante ese ejercicio.

– Fideicomiso “Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria” a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

Se reportaron 496.5 millones de pesos como erogaciones, monto que difiere en 245.9 millones de pesos, respecto de los recursos erogados ese año por 742.4 millones de pesos.

Además, la SCT no acreditó haber realizado los procesos de adjudicación de tres contratos.

-Gestión Financiera y Operativa del Programa de Apoyo a la Vivienda, efectuada al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)

Para el ejercicio 2018, el FONHAPO contó con un presupuesto de 2 mil 802.7 millones de pesos, para realizar 133 mil 376 acciones de vivienda, de las cuales 25 mil 883 acciones no se concluyeron. El costo de esas acciones no cumplidas fue por 567.4 millones de pesos que no se devolvieron a la Tesorería de la Federación.

La reforma a pensiones no salva al millennial: debe ahorrar por fuera y buscarse ingresos extras

domingo, julio 26th, 2020

El pasado miércoles, con la representación de los sectores obrero y patronal, de la Secretaría de Hacienda y del Congreso, el Gobierno de López Obrador presentó su iniciativa de reforma al sistema de pensiones. En Palacio Nacional dijo que la anterior, del PAN, había “quedado corta”. De acuerdo con especialistas, esta nueva puede ser igual.

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- La reforma al sistema de pensiones presentada por el Gobierno de México generó un impacto positivo en la mayoría de los sectores implicados y se percibió como un acercamiento de justicia con la clase trabajadora.

Sin embargo, lo presentado por Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no es el salvavidas de las pensiones ni mucho menos para la generación que vive bajo el yugo de la incertidumbre de qué pasará en su vejez: los millennials.

Esta generación que retrata el drama que se vive en materia de pensiones, con lo presentado el pasado miércoles no cambia el estatus de la situación: tendrán una mala pensión, tienen que ahorrar de manera alternativa y además, buscar más alternativas de ingreso.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) comentaron en entrevista con este medio digital que aunque la iniciativa de reforma es un paso hacia adelante, no soluciona uno de los grandes problemas que aquejan a esa generación.

La reforma es para aumentar un 40 por ciento las pensiones y prevé reducir el requisito de 25 años de cotización a sólo 15 años para el derecho a una pensión garantizada.

Con la reforma, pendiente de aprobar en el Congreso, la aportación de las empresas al sistema de pensiones se elevaría durante un período de 8 años del 5.15 por ciento al 13.8 por ciento y la cobertura de trabajadores con una pensión garantizada para su jubilación aumentaría del 34 por ciento al 82 por ciento.


El pasado 22 de julio, Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda, presentó en el Palacio Nacional detalles de la reforma al sistema de pensiones en México que será enviada al Congreso de la Unión. Foto: Gobierno de México

La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), tiene estadísticas sobre los millennials –que son los nacidos entre los años de 1981 y 1996– que señalan que el 74 por ciento no cuentan Afore y el 64 por ciento no acostumbra llevar algún tipo de registro de sus ingresos y gastos.

En general, de acuerdo con los datos de la Consar, seis de cada 10 mexicanos no ahorran para su retiro.

NO BAJAR LA GUARDIA

Alejandra Macías Sánchez, directora de Investigación y especialista en Economía en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo tajantemente que esta iniciativa de reforma no es una luz verde para que los jóvenes descarten un ahorro alternativo.

“La propuesta de reforma tiene puntos positivos pero no soluciona el problema de las pensiones. Estamos hablando de una reforma a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), solamente, y no todos los jóvenes están registrados en el IMSS, hay una población en el mercado informal o que se mueven del formal al informal. Estas medidas no van a garantizar que tengan una pensión en la edad adulta”, comentó.

Dijo que en las actuales circunstancias por la crisis económica provocada por la contingencia sanitaria de coronavirus, en el tema de pensiones la siguiente generación tampoco se salva y también estará muy difícil para ellos la situación laboral y la situación de ahorro.

“Para nada soluciona la cuestión, no se garantiza una buena pensión en el futuro porque de acuerdo con lo que presentaron, la mejora en la pensión es de 40 por ciento, estaríamos hablando de una tasa de remplazo del 50 por ciento que sigue siendo baja, comparada con las tasas de remplazo que teníamos con el esquema anterior”, añadió Macías Sánchez.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue acompañado el pasado miércoles por funcionarios federales y los presidentes de las cámaras de diputados y senadores en la presentación de la iniciativa de reforma al sistema de pensiones. Foto: Gobierno de México

Enrique Díaz Infante, Director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social del CEEY, coincidió en que la reforma del Gobierno de México se hizo es en la dirección correcta, pero que  solo beneficia a quienes tienen trabajo formal, a quienes cotizan en una afore, por lo que no es una reforma que beneficie al universo de todos los trabajadores.

“En ese sentido los millennials tienen un primer problema qué resolver, que es obtener un empleo formal y ese está escaseando. Esta reforma es positiva en cuanto disminuyen las semanas de cotización de mil 250 a 750 para poder pensionarse, pero claramente con cumplir 12 años y medio en un empleo formal, es difícil en la economía mexicana que no crece; es más, el año pasado tuvo un crecimiento marginal de -0.3 por ciento y este año se espera que caiga -10.5 por ciento, y en el 2021 crecerá 3 por ciento”, explicó.

Para el investigador del CEEY, el hecho de que no se estén generando empleos hace más complejo que la gente pueda estar cotizando, por lo que los jóvenes tienen que pensar seriamente en hacer ahorro voluntario y generar otras fuentes alternas que complementen a su pensión.

Díaz Infante ahondó en que se debe insistir en generar una cultura del ahorro voluntario y, además, en la medida de lo posible, que los millennials busquen hacerse de algún activo fijo que puedan rentar para complementar “es una estrategia de pensión que consista en su afore, más el ahorro voluntario, más una renta, todo eso porque será muy difícil”.

EL SIGUIENTE PASO

De acuerdo con Macías, antes de pensar en ahorrar, se debe pensar en cómo generar o reactivar los empleos formales que se han perdido por la COVID-19.

La especialista dijo que trata de cuestiones secuenciales: primero, salir de la crisis; segundo, reactivar el empleo formal; tercero, que no haya estos efectos adversos por encarecer el empleo formal, y cuarto es que durante ocho años que se aumenta esta contribución, es decir: no será inmediata.

“Se tiene que seguir contemplando si está dentro de las posibilidades el ahorro voluntario y también el hecho de como jóvenes hacer esta exigencia al gobierno que revisen los gastos que están haciendo. Si ahora se está gastando más de 1 billón de pesos en pensiones, que además pagan ellos con impuestos, al final van a tener que hacerse cargo de sus propias pensiones a través de las cuentas individuales”, expuso.

Díaz Infante habló sobre las prioridades del gasto de ahora en adelante y sobre una futura reforma fiscal: “la generación 73 se va jubilar con cargo al contribuyente y le vamos a quitar recursos si no se hace una reforma fiscal urgente, para fondear las pensiones de la generación 73 y se le van a seguir quitando recursos a la educación, como se hizo en el sexenio de Peña y en este a la salud, para pagar pensiones”.

Dijo que actualmente pagamos 4.5 por ciento del PIB en pensiones y gastamos en salud 2.4 por ciento “y con la pandemia ya nos dimos cuenta de las consecuencias de ese gasto tan magro”.

“En infraestructura se gasta el 2.9 del PIB. ¿Con ese gasto en capacidades, en activos fijos y humanos tan bajos se van a formar generaciones con suficientes capacidades para tener buenos empleos, para poderse mover de sector, geográficamente a donde hay empleo para generar un ahorro suficiente? Yo lo veo muy difícil. La única solución es generar crecimiento a partir de invertir en las capacidades humanas y en los activos fijos, salud y educación para que este país crezca, tenga empleos y ofrezca a los jóvenes la capacidad para ahorrar para su pensión. Pero mientras tienen que hacerse a la idea de que tienen que hacer mucho ahorro voluntario porque van a estar en un mercado laboral poroso, pasando de la informalidad a la informalidad”, explicó.

También destacó que si no se hace una reforma fiscal saltará la duda de dónde va a salir todo el dinero para poder dar pensiones a toda la gente que trabaje 12 años, aunque sea una pensión mínima garantizada. “El gran secreto de la reforma de pensiones es que se haga una reforma fiscal de verdad”, expuso.

“No se puede hablar de una reforma pensionaria si no se habla de una reforma fiscal, es irresponsable fiscalmente […] Se tiene que hablar de una reforma fiscal con miras a 2022, ahorita sería recesiva, pero hacia ese año se debe pensar porque es urgente”, concluyó.

La Reforma Energética fue lluvia de dinero: a medios, 2 mil millones para dar un “impacto positivo”

viernes, julio 24th, 2020

El 2013 y el 2014 fueron dos años intensos para la Secretaría de Energía, Pemex y CFE: la aprobación de la Reforma Energética terminaría por consolidar el paquete de reformas estructurales que presentó Enrique Peña Nieto tras su llegada al Poder Ejecutivo federal. Esa dependencia y las dos empresas paraestatales gastaron en la producción y en la difusión de los cambios constitucionales, y los medios más beneficiados fueron los televisivos y los radiofónicos, tanto nacionales como locales. Los contratos se concentraron en Televisa, TV Azteca, Grupo Fórmula y en la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Este viernes 24 de julio, diversos medios y el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador comentaron que Emilio Lozoya ya comenzó a dar nombres de funcionarios y legisladores que fueron sobornados con millones de pesos para aprobar la “reforma estrella” del sexenio de Peña Nieto. El texto que se presenta a continuación fue realizado por la periodista Daniela Barragán, y publicado el 20 de noviembre de 2018. Dado el contexto, resulta imprescindible para entender la obsesión de EPN y los suyos por despilfarrar dinero del erario en esa reforma que hoy está en entredicho.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Durante 2013 y 2014, los mexicanos escucharon, vieron y leyeron diario anuncios sobre las bondades de la Reforma Energética del Presidente Enrique Peña Nieto. Cada uno de esos 730 días le costaron al erario 2 mil millones 849 mil 437 pesos que la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) le pagaron a medios de comunicación.

El monto total de la difusión de esas 21 campañas, fue de 2 mil 080 millones 089 mil 558 pesos. Es la misma cantidad de dinero que, en conjunto, se destinó en 2018 para Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, al Programa de Derechos Indígenas, al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, al Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Programa de Apoyo a la Vivienda, a Salud materna, sexual y reproductiva, a las Políticas de igualdad de género en el sector educativo y los Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad.

De acuerdo con las solicitudes 0001800069318, 1857200232118 y 1816400216318, realizadas por SinEmbargo, a esas tres dependencias, las campañas de la Reforma Energética sólo se difundieron entre 2013 y 2014, y tuvieron como objetivo “dar a conocer a la opinión pública la importancia de modernizar y fortalecer el sector energético para convertirlo en una palanca de desarrollo nacional”, “informar a la población sobre los principales beneficios contenidos en la iniciativa de reforma energética” y “generar un impacto positivo y de aceptación en el 100 por ciento de la población objetivo”, que eran mujeres y hombres, de zonas rurales y urbanas. El rango de edad se determinó de 13 años a 65 o más.

Pero los resultados de esa inversión pueden ser cuestionables. La Reforma Energética es una de las políticas de la actual administración que más críticas ha recibido, tanto por los daños ocasionados a las comunidades indígenas como por los resultados, que están lejos de lo que justamente se prometieron en todos los spots.

Dos ejemplos sobresalen. Uno, quizá el más controversial, es el gasolinazo de 2017. Con el incremento en el precio por la liberalización del combustible, las protestas en varios puntos del país duraron varios días y no fueron únicamente marchas, sino que la molestia escaló a la toma de vialidades importantes y saqueos a tiendas departamentales.

El otro es la inconformidad de algunos pueblos indígenas y originarios, sobre todo de Chiapas, Oaxaca y Puebla, que desde la implementación de la Reforma y del anuncio de proyectos extractivos en sus comunidades se mantienen en protesta permanente para impedir el avance de las obras de las que han señalado, serán devastadoras para su entorno y que económicamente significan poco para ellos.

Para la promoción de la Reforma, quien más dinero destinó fue Pemex a través de cuatro campañas. La primera costó 196 millones 339 mil 950 pesos; la segunda etapa, también pagada en 2013, fue por 325 millones 367 mil 730 pesos.

Para 2014 hubo una tanda más de “Reforma Energética” y la tercera fase. La primera costó 209 millones 213 mil 840 pesos y la otra, 18 millones 437 mil 380 pesos.

Los medios televisivos se llevaron la mayor cantidad de dinero en publicitar la Reforma y obtuvieron 414 millones 171 mil 700 pesos. Le siguió la radio con 170 millones 327 mil 830 pesos y los diarios, con 76 millones 713 mil 290 pesos.

La CFE en 2013 gastó todo su presupuesto de comunicación social en ese tema: fueron 478 millones 730 mil 180 pesos. Luego, en 2014, pagó por la difusión de “Reforma Energética: rendición de cuentas” por 111 millones 996 mil 490 pesos.

La CFE también pagó más por publicidad en televisión y pagó 193 millones 430 mil pesos; le siguió radio con 148 millones 386 mil 170 pesos; prensa con 71 millones 375 mil 980 pesos; Internet con 28 millones 802 mil 800 pesos y también pagó por “mantas”, 10 millones 237 mil 230 pesos.

La Sener, en 2013 pagó 344 millones 006 mil 154 pesos por “Reforma Energética Segunda Etapa”. En 2014, por “Reforma Energética 15 puntos”, 434 mil 768 pesos y por “Reforma Energética Fase Tres”, la campaña más costosa, 395 millones 563 mil 066 pesos.

“El petróleo es nuestro […] no a la privatización, sí a la Reforma Energética”, “vamos a tener mayor energía y a menor costo”, “Reforma Energética: toda nuestra energía para mover a México”, fueron algunos de los mensajes que se difundieron.

LOS MEDIOS ELEGIDOS

Petróleos Mexicanos gastó en 2013, 589 millones 101 mil 030 pesos y en esos dos años de promoción de la Reforma, los contratos de más dinero se concentraron en tres medios: 136 millones 293 mil 356 pesos fueron para Televisa, le siguió Estudios Azteca con 75 millones 901 mil 424 pesos y Grupo Fórmula con 21 millones 934 mil 906 pesos.

Para 2014, el gasto total anual fue de 251 millones 786 mil 790 pesos y la mayor cantidad de ese dinero la recibió Estudios Azteca, con 58 millones 928 mil pesos. Le siguió Televisa, con 46 millones 400 mil pesos y de nueva cuenta Grupo Fórmula con 11 millones 948 mil pesos.

En el caso de la Comisión, el gasto anual de 2013 se ubicó en 478 millones 730 mil 180 pesos y el gasto en medios se repite: Televisa obtuvo 111 millones 458 mil 275 pesos; Estudios Azteca, 60 millones 259mil 497 pesos; Grupo Fórmula, 29 millones 174 mil pesos; El Sol de México, 19 millones 260 mil 100 pesos y La Jornada y El Universal, 9 millones 976 mil pesos cada uno.

En el siguiente año gastó 301 millones 611 mil 870 pesos, de los cuales 86 millones 394 mil 381 pesos fueron para Televisa. Le siguió, muy atrás, Estudios Azteca con 36 millones 111 mil 151 pesos y El Sol de México, 10 millones 503 mil 969 pesos.

Por último, la Secretaría de Energía también concentró su gasto de comunicación en pocos medios, pero ésta se concentró en los medios impresos y le dio a la Organización Editorial Mexicana (OEM), 219 millones 476 mil 998 pesos, a El Universal 111 millones 999 mil 999 pesos y  46 millones, de un solo contrato, a Tv Excélsior y Cadena Tres.

En 2014, se destinó a la promoción 395 millones 997 mil 834 pesos y se asignó el dinero a Televisa con 104 millones 999 mil 998 pesos, a la OEM, 99 millones 999 mil 997 pesos, a El Universal 52 millones 399 mil 997 pesos y a Grupo Fórmula, 39 millones 999 mil 999 pesos.

Consultorio Laboral | ¿Cómo les dices que ya no podrás pagarles? Empresarios sufren por COVID-19

miércoles, abril 22nd, 2020

En el sector empresarial también hay dudas sobre cómo llevar a buen puerto las relaciones laborales durante la pandemia de COVID-19 y la clave es hablar con transparencia y ética.

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- A la invitación del Consultorio Laboral de SinEmbargo llegó el correo de Karla, una microempresaria que siente desde ya las repercusiones económicas del coronavirus.

De su caso extrajimos dos preguntas concretas: ¿es legal que cierren mi negocio en la Ciudad de México a pesar de estar en la categoría de indispensable? y ¿cómo negociar con las y los trabajadores si no habrá dinero para seguir pagando ni a los proveedores?

Karla es la encargada del departamento de Recursos Humanos de una empresa familiar de la que dependen aproximadamente 80 empleados.

Su giro es nuestro giro es la refrigeración y aires acondicionados así como sus refacciones; tienen distintas sucursales en el país y la principal está en el centro de la Ciudad de México.

“Nos preocupa pues la sucursal principal en Ciudad de México desde hace meses tiene problemas de venta pues la calle en la que se encuentran los locales estaba en obras y dicha obra duró aproximadamente seis meses, debido a esa obra no podían pasar por ahí ningún automóvil, únicamente peatones que por obvias razones de abstenían de pasar por la tierra que había en la calle. Nuestros ingresos como empresa disminuyeron aproximadamente un 60 por ciento y estábamos medio recuperándonos cuando comenzó todo esto de la pandemia”, contó Karla en un correo electrónico a SinEmbargo.

Dice que hubo confusión porque en la gaceta que publicó recientemente Claudia Sheinbaum, la empresa entra en la categoría de indispensables, pero policías de la Ciudad de México pidiendo que se cerraran porque “únicamente podían vender con las cortinas cerradas y pasando sólo una persona por persona”.

La otra duda de Karla es sobre el futuro de sus empleados: “si nosotros somos una empresa pequeña, y de nosotros dependen aproximadamente 80 personas, ¿cómo seguir pagando salarios si no tenemos entrada de dinero? Y ahora estamos al borde de la quiebra? Definitivamente no tenemos dinero para pagar a nuestros proveedores, pagamos a los que podemos y aun así tenemos muchas deudas, ahora se nos complicará pagar también la nómina pues todo el dinero que entra ahora se destina a ello. ¿Qué se puede hacer en este caso? Si nos cierran definitivamente, ¿cómo seguir pagando nuestra nómina?

SOBRE EL CIERRE DEL LOCAL 

El abogado Job Noel Romero atendió el llamado del Consultorio Laboral con las dudas de Karla y explicó con base en la experiencia que se está generando en el día a día, con la aplicación de medidas o más o menos estrictas y de acuerdo a la evolución que va teniendo la pandemia.

En el caso de Karla, es importante identificar si el giro de la Pyme cae efectivamente en trabajadores indispensables, que son los que tienen venta de alimentos, abarrotes, servicios médicos, odontología, ortopedia. Todos los servicios de salud que tienen que ver con situaciones de emergencia.

También las empresas que se dedican a las telecomunicaciones en cualquiera de sus sentidos, por ejemplo, un negocio que tiene un local con apertura a crédito a público en general y que vende teléfonos celulares, podría considerarse tal vez, como indispensable, dependiendo el criterio de la autoridad, pero como el protocolo general a disposición habla de telecomunicaciones, pues bien podría quedar.

En el caso de los abarrotes es lo mismo. Por ejemplo, si es una tienda que vende en su mayoría vinos y licores, pudiera ser que la autoridad considere que no es indispensable y que por lo tanto debería cerrar, pero si en la mezcla de productos que tiene, están incluidos bienes para consumo de primera necesidad que están dentro de la canasta básica, no hay razón para hacerlo.

No hay una situación jurídica determinada que diga que solamente pueden vender productos alimenticios y no alcohol, tabaco, etcétera. No hay una restricción tajante.

 También en los indispensables entra el transporte público. Las indicaciones dicen que se tiene que reducir el flujo hasta un 50 por ciento en el ánimo de contribuir a que las personas dejen de tener movimiento, que se queden en casa y que las opciones de contagio sean menos frecuentes.

En lo personal, si hubiera la misma densidad de transporte, pero menos personas en la calle, se daría espacio a que las personas no fueran aglomeradas y se mantuviera la distancia de los seis pies que se adoptó a nivel internacional y aquí 1.50 metros.

Ahí se hace un cálculo de costo beneficio y es donde los empresarios deciden hacer algo distinto.

Desde mi punto de vista no es legal si el negocio de la Pyme cae en una de estas categorías, siempre y cuando no haya personas en el lugar consumiendo o que estén aglomeradas o que no estén guardando la distancia recomendada.

Si es un local abierto y hay personas aglomeradas, la autoridad sí va a proceder, cuando menos a recomendar que las personas no estén juntas y que haya separación, pero cerrar no porque no es seguridad para esos fines. En todo caso podría ser por parte del Invea en la Ciudad de México o de la Secretaría de Salud que se establezca un mecanismo con una indicación muy puntual para no dejarlo a subjetividad, pero no la hay en este momento.

Debemos promover que exista una definición así para evitar cuestiones de corrupción o interpretaciones subjetivas.

¿CÓMO NEGOCIAR CON LOS TRABAJADORES? 

Sobre cómo negociar: lo mejor que se puede hacer, y es lo que estamos haciendo con algunos de nuestros clientes, es primero, incitarlos a que durante este primer mes, el de abril que es el que está corriendo sigamos la instrucción que dio la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que todos los negocios mantengan a sus trabajadores.

No hay una razón determinada para que las empresas de tajo digan “ya no te pago”, porque existen, o deberían existir, provisiones para esta naturaleza.

El flujo de efectivo que generan las ventas regulares de un negocio debería permitir que se mantuviera la operación durante dos, tres o tal vez cuatro semanas.

 La negociación que nosotros estamos implementando con nuestros clientes, es hacerle llegar no solo a la empresa sino también a los trabajadores, un convenio en el que se diga cuál es la situación de la empresa.

Obviamente el antecedente de esto debe ser la verdad y la ética y una cuestión que eventualmente se pudiera probar para evitar caer en una situación litigiosa y que no se tuvieran los elementos de defensa adecuada.

Pero hacer llegar a los trabajadores, por ejemplo, a través de un sitio web en el que todos los trabajadores puedan acceder y leer de manera personalizada el convenio que se ha elaborado para cada uno de ellos.

Ellos lo deben leer, claro debe ser un documento muy explicativo, no con términos sofisticados y los trabajadores, una vez que lo aceptan responderían a ese formulario haciéndole saber a la empresa si están de acuerdo con el convenio que proponen.

El convenio es un tanto diverso de empresa a empresa; hay unas que tendrán recursos económicos más amplios para poder ofrecer un convenio donde se les pueda pagar a lo mejor el 80 por ciento del salario, o el 70 o el 50.

De qué depende? De la voluntad que tenga el empresario y de la capacidad financiera y de la capacidad económica real. Lo más importante es evitar que haya empresas que por intentar pagar los salarios, caigan en quiebra, porque lo que necesitamos es que las empresas, todas, sigan viviendo. Aunque ralenticen su situación pero que estén latentes, de tal forma que cuando las condiciones económicas cambien, ellos también puedan dar el salto.

Es la situación: llegar a un punto intermedio en que de manera profesional y ética –de preferencia de la mano de un abogado– las empresas propongan un convenio a sus trabajadores, que se haga aprovechando los medios electrónicos que están a la mano de todos, para que se suscriba y que quede una prueba de que el convenio estuvo y que se aceptó.

La 4T dejó entrar hasta la cocina a Salinas Pliego, y le dio tarjetas, más anuncios, jóvenes becarios…

martes, abril 21st, 2020

El pasado viernes en la noche, en el noticiero principal de Televisión Azteca, se lanzó la piedra. “No crea en Hugo López-Gatell”, dijo Javier Alatorre. Hubo cientos de reacciones, unas más fuertes, unas más relajadas, como la del Presidente López Obrador.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- Son ya cuatro días desde que Televisión Azteca, una de las empresas más importantes de Ricardo Salinas Pliego, llamó a no hacer caso al principal funcionario encargado de atender todo lo que ocurre con la pandemia del COVID-19, el doctor Hugo López-Gatell. El empresario optó por el silencio, nada que decir, qué aclarar o por lo qué pedir perdón.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el sábado pasado que lo dicho por Javier Alatorre en su noticiero “seguro se trató de un error” de su “amigo” Javier Alatorre; el día de ayer en su conferencia mañanera, pidió a Gobernación –que emitió un apercibimiento a TV Azteca– que no aplicara “ninguna sanción, que queden siempre por encima de cualquier acto aún cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarnos, la libertad de expresión”.

El peso de Ricardo Salinas Pliego no se modificó con la llegada de López Obrador a la Presidencia, a pesar de que por años fue señalado por él como integrante de la “mafia del poder”. Al contrario: se le asignó un sitio cómodo para la proliferación de sus negocios al ser nombrado como uno de los miembros del Consejo Asesor Empresarial del Presidente.

El peso de Ricardo Salinas Pliego no se modificó con la llegada de López Obrador a la Presidencia, a pesar de que por años fue señalado por él como integrante de la “mafia del poder”. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro.

Luego de eso, en enero de 2019, se anunció que Grupo Salinas sería el encargado de la emisión y operación de las llamadas Tarjetas del Bienestar, a través de la entrega de los programas sociales a través de Banco Azteca, además de 2 mil becarios pagados que forman parte de la primera etapa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

También vino la publicidad: de acuerdo con los datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), TV Azteca ha recibido de 24 dependencias, 155 millones 595 mil 448 pesos de enero a diciembre de 2019, según los datos preliminares disponibles.

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Y de la concesión que tiene para la emisión de sus canales de televisión, tampoco hay problema, ya que la renovación será hasta el año 2042 y en otros casos en el 2048. En el caso de la concesión para la exhibición de telenovelas, menos, ya que es permanente.

Ricardo Salinas Pliego es el presidente y fundador de Grupo Salinas, que agrupa empresas como Grupo Elektra, Banco Azteca, Seguros Azteca, Italika, Punto Casa de Bolsa, Salinas y Rocha, Presta Prenda, Advance America y TV Azteca, la segunda televisora de mayor audiencia en México.

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Ricardo Salinas Pliego es el presidente y fundador de Grupo Salinas. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro.

Esos negocios, la mayoría con el concepto de los “pagos chiquitos”, lo llevaron a ser actualmente el segundo hombre más rico de México, de una lista de 33 multimillonarios que aparecen en la lista de Forbes.

La cercanía de Salinas Pliego con el Gobierno actual ha sido criticada en cada episodio polémico de esta relación, pero todas esas veces, el Presidente sale en su defensa y no deja espacio a la posibilidad de terminarla.

 EL ACERCAMIENTO CON LA 4T

El 22 de noviembre de 2018, días antes de tomar protesta como Presidente, López Obrador acudió al evento por los 25 años de TV Azteca. Fue el invitado de honor y agradeció a Salinas Pliego por la apertura que desde 2006 esa televisora brindó a su movimiento.

“Decirles que asisto a este acto por convicción, porque tengo que agradecer a la televisora de ustedes porque en los tiempos difíciles de lucha por la democracia, para llegar hasta donde estamos ahora enfrentamos, como es de dominio público, mucha cerrazón en los medios informativos”, dijo López Obrador.

Otra señal de esa relación estrecha fue la presencia de Esteban Moctezuma Barragán en el Gabinete y no con una secretaría menor, si no al frente de la de Educación Pública (SEP).

Moctezuma Barragán formó parte del equipo que desarrollaría “Proyecto de Nación 2018-2024”, cuando era presidente de Fundación Azteca –brazo social de Grupo Salinas– y ex titular de la Secretaría de Gobernación del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

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TV Azteca es una de las compañías de Salinas Pliego. Foto: Enrique Ordóñez, Cuartoscuro.

El 17 de octubre de 2018, López Obrador anunció que Banco Azteca sería la institución encargada de distribuir cerca de 292 mil millones de pesos anuales, que es el monto de apoyos que se darán a través de Prospera, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensiones Universales para Adultos Mayores y el programa de pensiones para personas con discapacidad en condición de pobreza, con los que se calcula beneficiar hasta 25 millones de personas.

Es decir, le confió una de las partes de mayor importancia de todo su proyecto de nación. Las críticas fueron dirigidas hacia el otorgamiento de manera directa, sin concurso, el contrato para manejar estas operaciones millonarias, tanto por el monto de los recursos como por la cantidad de personas y datos personales a los que tendrá acceso.

La entrega de recursos de los programas sociales a través de las tarjetas de Banco Azteca “aniquila la economía rural de las comunidades indígenas y crea ‘clientes’ para Ricardo Salinas Pliego”, denunciaron campesinos de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, quienes exhortaron al Presidente a rectificar en su política de entrega de recursos de los programas sociales.

LA PUBLICIDAD EN 2019

SinEmbargo hizo un corte a septiembre de 2019 en el gasto en publicidad oficial de la actual administración. La SFP en sus listas de gastos reportados tenía 143 millones 384 mil 278 pesos en nueve meses de ese año.

Los datos disponibles también muestran que aunque hay menos recursos para publicidad, el Gobierno también concentra el dinero en ciertos medios. De acuerdo con datos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con Peña Nieto, los medios que concentraron la mayor parte del gasto fueron Grupo Televisa, TV Azteca, El Universal, Grupo Fórmula y Excélsior.

En el primer año de Andrés Manuel, a los medios a los que más dinero se les dio son La Jornada, Azteca, Televisa, Excélsior y El Universal.

En ese corte, Televisión Azteca había recibido 8 millones 100 mil 969 pesos. Ahora, con los datos preliminares de la SFP de enero a diciembre de 2019, la cantidad es de 155 millones 595 mil 714 pesos.

El dinero lo obtuvo de 24 dependencias y las tres que más aportaron fueron Pronósticos (41 millones 999 mil 526 pesos), el Instituto Mexicano del Seguro Social (31 millones 031 245 pesos), la Secretaría de la Defensa Nacional (13 millones 526 mil 641 pesos), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (9 millones 454 mil 668 pesos) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (9 millones 050 mil 370 pesos).

LA CLAVE DEL NEGOCIO

Salinas Pliego ha hecho su fortuna a través de un emporio de abonos “chiquitos”, pues al tomar el control de las tiendas Elektra reorientó el negocio hacia una línea de productos básicos; es decir, al comercio de línea blanca, electrónica y muebles, y además implementó el sistema de ventas a crédito, que ha llevado al consorcio a ser pionero en concentrarse, como la misma compañía lo explica, a la “base de la pirámide socioeconómica”, a las personas con menos recursos de Latinoamérica.

También ofrece servicios financieros a través de Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, y la recién creada subsidiaria bursátil Punto Casa de Bolsa.

El sistema de crédito ha sido la clave. Para comprar algún producto en cualquier tienda Elektra, bajo el sistema de pagos semanales, se necesita contar con una tarjeta del Banco Azteca [el cual fue constituido en el año 2002] con la que se pueden aprovechar “los abonos semanales, fijos y chiquitos”. Para obtener el plástico únicamente es necesario presentar identificación oficial y comprobante de domicilio.

En su defecto, el cliente puede solicitar una línea de crédito con Credimax, expedida también por Banco Azteca, con que se pueden realizar las compras en abonos en la tienda.

El sistema de abonos va, dependiendo del producto, desde los 52 pagos semanales hasta los 102 pagos. Sin embargo, lo difícil no es conseguir la autorización del crédito sino pagar los abonos, pues aunque parecen “chiquitos”, a final de cuentas el cliente paga hasta el doble del producto.

Pero el crédito que otorga el Banco Azteca, no sólo se limita a darles la oportunidad a los clientes de adquirir producto en la tienda, además les da la opción de préstamos de hasta 70 mil pesos en efectivo, en tan sólo 24 horas.

A finales de 2019, Elektra fue una de las empresas con más ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y tuvieron uno de los mayores rendimientos con un alza de 46.9 por ciento. Fueron clave en eso el auge en la venta de motocicletas Italika y a los ingresos de Banco Azteca por préstamos y captación de remesas, de acuerdo con Benjamín Alvarez, analista de Ci Banco.

-Con información de Ilse García

¿Quedarse en casa o trabajar? Para mujeres mexicanas la labor no se detiene: crece con COVID-19

lunes, abril 13th, 2020

Aunque el Presidente enfatiza e insiste en que son las mujeres mexicanas las que cuidan los hogares, y que en la crisis del COVID-19 tendrán que ser ellas las que mayormente se encarguen de esto, el trabajo de cuidados que históricamente recae en ellas por su sexo y es una problemática a nivel mundial.

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- Nos podemos imaginar en varios escenarios: uno, en el que usted ya está en casa, con su familia, sin salir a trabajar ni llevar a los hijos a la escuela; otro, en el que en un hogar con hombre jefe de familia, debe salir a trabajar y en casa se queda la mujer y los hijos; un hogar en que la mujer es jefa de familia y debe dejar a sus hijos en casa mientras no tienen clases, o uno más: un hogar en el que viven personas de la tercera edad y/o personas con alguna discapacidad.

Si identificó su hogar en alguna de esas categorías, piense ahora: ¿quién se está haciendo cargo de la limpieza?, ¿quién se hace cargo de hacer la comida?; ¿quién se hace cargo de lavar la ropa?, ¿quién se hace cargo de las necesidades particulares de las personas que necesitan otro tipo de atención?

Y ahora piense: esa persona que se hace cargo de estas tareas en esta contingencia, ¿lo ha hecho desde siempre, de manera casi natural?

MUJERES-CUIDADOS-HOGAR

El 63.7 por ciento de las mujeres ocupan su tiempo al cuidado de integrantes del hogar de 0 a 14 años. Foto: Cuartoscuro.

No es una cuestión de percepción ni tampoco un invento: de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo (ENUT) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), son las mujeres las que se hacen cargo de estas tareas y no desde hace algunos años, sino que históricamente han sido su responsabilidad, lo que desemboca también en otro problema como la pobreza de tiempo.

Los datos de la ENUT señalan que el 63.7 por ciento de las mujeres ocupan su tiempo al cuidado de integrantes del hogar de 0 a 14 años; el 5.6 por ciento de las mujeres se ocupan al cuidado de integrantes del hogar de 60 y más años y el 9.8 por ciento de las mujeres realiza cuidados especiales a integrantes del hogar por enfermedad crónica, temporal o discapacidad.

En los tres tipos de cuidados anteriores el porcentaje total de mujeres que ocupan su tiempo es del 79.2 por ciento.

Por horas de trabajo de cuidados, la distribución es la siguiente: cuidados especiales a integrantes del hogar por enfermedad crónica, temporal o discapacidad: 26.6 horas; cuidado a integrantes del hogar de 0 a 14 años: 24.9 horas y cuidado a integrantes del hogar de 60 y más años: 17.7 horas.

Esta industria tiene un valor, en 2018 el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados registró un nivel equivalente a 5.5 mil millones de pesos, el equivalente al 23.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México; las mujeres aportan un 17.7 por ciento, lo que equivale a 4.1 mil millones de pesos.

“Las mujeres destinan más horas a las labores domésticas y de cuidados, con 65 por ciento de su tiempo de trabajo total, y 32.3 por ciento, a aquellas actividades por las que regularmente se recibe un ingreso monetario”, señala el Instituto Nacional de las Mujeres Inmujeres).

“Lo que es una realidad es que este trabajo de cuidado no es equitativo, no es igualitario, las mujeres en general en nuestro país trabajan tres veces más en cuidados domésticos y cuidado de personas que los hombres, que pasan 39 versus 14 horas semanales […] es un tiempo de reconocer que estas actividades son de todas y todos, que no es un tema sólo de las mujeres, que no le podemos cargar la mano ahora que vamos a estar todas y todos en casa [no] esperar que ellas hagan todo”, comentó al respecto la actual titular del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, en conferencia de prensa con motivo de la contingencia por COVID-19 (coronavirus).

Los trabajos de cuidados son todas aquellas actividades que se realizan para el bienestar físico, psíquico y emocional de las personas, de acuerdo con la información compartida la semana pasada por el Inmujeres. Todas estas labores de cuidado suelen recaer de manera desproporcionado en las mujeres y niñas, sin importar su grado académico ni su edad.

EI Inmujeres hizo un llamado a que hombres, padres o tutores y niños deben ser corresponsables en los cuidados en estos días en los que la indicación es no salir del hogar.

“El tiempo en casa puede desgastar a las personas que se hacen cargo de los cuidados y de las labores domésticas. Seamos conscientes de que ellas y ellos también merecen descanso para poder realizar estas actividades. […] Todas las personas tenemos derecho a dar y recibir cuidados”, agrega uno de los documentos del Instituto.

Sin embargo, en dos ocasiones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador normalizó que estas tareas sean asignadas a las mujeres. Dijo ya en dos conferencias de presa que son las mujeres las que más se encargan de esas tareas y que “los hombres son más desprendidos”.

POBREZA DE TIEMPO 

En entrevista con SinEmbargo, las especialistas Carmen Ponce Meléndez y Lilián Cruz Moctezuma, coincidieron en que a lo largo de la historia esas tareas se le han asignado a la mujer por el solo hecho de ser mujer; sin importar la edad, son las niñas las que tienen la responsabilidad de cuidar y sin tomar en cuenta la educación, porque incluso las mujeres profesionistas, después de su jornada laboral, reportan que en el hogar deben dedicar tiempo a los cuidados.

Para Carmen Ponce, economista y feminista, este tipo de prácticas tienen un valor y además, soluciones. Por ejemplo, la licencia de parternidad que aún no tiene éxito por el machismo que rodea a un hombre que pudiera solicitarla.

“En el hogar, con la limpieza de la casa, no se trata de que ayuden, porque así le llaman. Los hombres y los niños deben colaborar, porque el del hogar es un trabajo compartido […] El Presidente normalizó ese machismo que obliga a las mujeres a hacerse cargo de esas tareas”, comentó.

Lilián Cruz, administradora y maestrante en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo por su parte que lo que se observa es que aunque hay una participación mayor de las mujeres en las actividades remuneradas no se ha disminuido la carga de los cuidados o las responsabilidades de cuidar de los miembros de la familia y del sostenimiento diario del hogar con las actividades domésticas.

“Esta contingencia nos está encontrando en un momento en el que cada vez tenemos trabajos con menos prestaciones y eso hace que mucho del trabajo regrese a los hogares”, dijo.

Entre las tareas que habrá en esta contingencia están, Cruz Moctezuma enlistó:

-La contención de salud, para reducir el contagio entonces hay que estar vigilantes, que es algo extra a lo que ya se realiza en los hogares y que hacen las madres, es decir, estar atentas de la sintomatología de la familia

-Vigilantes de los adultos mayores al ser la población más vulnerable.

-Vigilantes de la educación con la escuela y las clases en línea

-Las labores domésticas

-Trabajo de contención emocional, de anticipación y control de crisis.

Entonces es lógico hablar de pobreza de tiempo, “ya que no es solo una pobreza en términos económicos y financieros netamente, sino una pobreza de tiempo para realizar actividades de recreación, atención a la salud, incluso para cuestiones como realizar terapias o actividades de prevención”, explicó Lilián.

Entonces, al ser los cuidados una tarea mayoritaria para mujeres, son ellas las que están ya en esa otra condición de pobreza.

“Hay autoras que hacen ya el recuento de cómo llegamos a la crisis de cuidados, porque implica cadenas globales de cuidados. Dicen que es el asunto de incorporar a las mujeres a la vida laboral remunerada, entonces esta cuestión de ingresar hace que disminuya el tiempo que se dedica al trabajo de cuidados del hogar, pero hace que éstos recaigan en el tiempo libre”, agregó.

El hecho de que se hable de una crisis de cuidados, enfatizó Lilían, es porque se trata de toda una cadena que lleva a problemas más y más graves, con las mujeres como el personaje central.

“Hay sectores que lo resuelven contratando personas para que trabajen en sus casas particulares, como las trabajadoras del hogar remuneradas. Eso hace que recuperen algo del tiempo a las mujeres de esos hogares, pero a su vez ¿qué pasa con las mujeres que trabajan al llegar a sus casas? Hay un sesgo racial, colonial que hace que sea un trabajo asignado a cierto tipo de población. También hay un componente  de migración, entonces ya hay una cadena global de cuidados y una crisis global, porque son las mujeres del sur global las que van a trabajar al norte global con trabajos que se le tienen asignados, socialmente desde luego”, señaló.

“Es una cadena interminable, porque a su vez, las familias de esas mujeres migrantes son cuidados ¿por quiénes? Otras mujeres: la hermana mayor, la abuela, la hermana. Es una cuestión muy compleja en donde son diferentes aristas de la pobreza de tiempo. El impacto es diferenciado de acuerdo a las implicaciones por sexo-género-raza y clase social”, concluyó Moctezuma Cruz.

Coneval ve venir más desempleo e informalidad, y alzas de precios. Los apoyos no alcanzarán, dice

miércoles, abril 8th, 2020

Con la crisis económica internacional que desató el coronavirus, la situación de la pobreza en América Latina es un tema de discusión. ¿Cuántos pobres dejará o qué situación dejará? De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Coneval, en el caso de México mucho depende de qué tanto se extiendan las medidas de resguardo domiciliario.

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- Desempleo, incremento en el empleo informal y alza de precios, son de las primeras consecuencias, en materia económica, que el COVID-19 tendrá en México, comentó José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En entrevista con SinEmbargo, el doctor Cruz Marcelo aseguró que, de entrada, en esta Jornada Nacional de Sana Distancia que se planeó hasta el próximo 30 de abril, la política de incrementar los ingresos de los hogares a través de los apoyos como becas y de pensiones a adultos mayores, es la atinada, pero que habría que replantearse si los problemas de salubridad se extienden incluso un par de meses más.

Sobre el tema de la informalidad, comentó que al tratarse de un tema que México a través de los años no ha logrado atender de la manera correcta, la crisis por coronavirus podría ser la oportunidad para establecer una adecuada coordinación entre los tres niveles de gobierno para poder acercar los programas sociales a esta población.

Parte del análisis que elaboró en este diálogo lo hizo con base en los datos de la crisis de 1995 y de 200-2010, esta última aún con efectos en la economía del país que se sumarán a los que ya se perciben por la emergencia sanitaria.

José Nabor Cruz Marcelo (corbata verde), Secretario Ejecutivo del Coneval. Foto: Cuartoscuro.

***

–Doctor, si bien no es ni adecuado ni posible hace un cálculo de cuántos pobres dejará esta crisis sanitaria, ¿se tiene ya una perspectiva de las implicaciones de ésta en el corto y mediano plazo?

–De manera bianual se publica el reporte sobre pobreza multidimensional, el último de agosto pasado, tenemos indicadores que de manera trimestral nos permiten tener un seguimiento para ver cómo evoluciona el valor de las canastas alimentarias y no alimentarias, como también la parte del Índice de Tendencia Laboral de Pobreza, desde el cual vemos que desde el Primer Trimestre de 2005 hasta el Cuarto Trimestre de 2019, tenemos la evolución de los ingresos laborales reales de los trabajadores mexicanos.

En ese indicador podemos analizar lo que ocurrió en la crisis 2008-2010 y evidentemente, poder darnos una idea de qué pudiera ocurrir y la temporalidad de esta crisis que estamos viviendo al día de hoy. Claramente una crisis de salud, pero que transitará al espectro económico.

Una de las preocupaciones que nosotros podemos plantear en cuanto a los mecanismos de transmisión que podemos observar a través de estos indicadores, es en primer lugar, con el tema de los ingresos reales de los trabajadores.

Hay dos problemáticas: la primera es que pudiera haber incrementos tanto en la parte del desempleo o en la pérdida de empleos formales que transiten a la informalidad. A partir de ahí se puede dar una disminución de los ingresos laborales de los hogares mexicanos, pero además se debe acotar lo que puede ocurrir con la inflación.

Transitamos a otra variable, muy macroeconómica, que es la depreciación del peso en las últimas dos semanas, que probablemente, aún cuando reconocemos las acciones de política monetaria de Banxico, podríamos esperar en las siguientes semanas un incremento de precios.

Debemos ser cautelosos, no podemos esperar espirales inflacionarias como en los 80 y 90, pero sí podría haber un traspaso de un incremento de precios internacionales a precios nacionales, que podría alejar la inflación de la meta de Banxico que es el rango de 3 por ciento a más-menos 1 por ciento.

Desempleo, incremento en el empleo informal y alza de precios, son de las primeras consecuencias, en materia económica, que el COVID-19. Foto: Cuartoscuro.

Si esta situación, este parón económico en el que nos encontramos dada la Jornada Nacional de Sana Distancia que pudiera alargarse más allá del 30 de abril, sí podría significar pérdida de empleos y el porcentaje de la población con ingreso laboral interior al costo de la canasta alimentaria, se se situó en el 4T de 2018 en 39.8 por ciento y el 4T de 2019, era de 37.3 por ciento. Esto nos ponía lejos del valor más bajo de este indicador que fue en el 2T de 2008 cuando era de 32.9 por ciento.

Es decir: no nos hemos recuperado del todo de la crisis de 2008-2010, exclusivamente tomando en cuenta este indicador de ingresos laborales, y desafortunadamente lo que podemos esperar es que este descenso del indicador, producto de los aumentos al salario mínimo y la estabilización de la inflación en los últimos dos años, se pueda perder en el muy corto plazo dado que estas dos variables van a mostrar volatilidad en las próximas semanas.

Ahora, por otro lado, está la informalidad, que podrá robustecerse, lo que impactará en la carencia de Seguridad Social. Esa es una de las carencias, de las seis que mide el Coneval para el enfoque multidimensional de pobreza, y es la que mayor número de mexicanos reportó en 2018. Si en el Segundo Trimestre de este año hubiera un incremento de trabajos informales, seguramente carecerán de seguridad social y aumente para la siguiente medición, que es a mediados de 2021.

 –Sobre la informalidad. Ahorita la indicación es quedarse en casa, pero casi la mitad de la población, que depende del trabajo en la calle, no puede hacerlo. Año con año, a cada Gobierno dice atender la informalidad, pero hoy las cifras dicen que no se ha logrado. ¿El costo por no hacer caso a eso será alto?

–Si uno ve las cifras, sobre todo en el comparativo de 10 años en cuanto a las carencias que medimos en Coneval, aproximadamente 65 por ciento de la población en 2008 reportaba la carencia por seguridad social  y apenas disminuyó a 57.3 por ciento en 2018.

Apenas en ese rango de 10 años se pudo disminuir casi ocho puntos porcentuales; sobra decir que es la carencia que mayor número de mexicanos reportan.

Una posible opción para no perder estos avances hubiera sido crear un mayor número de empleos formales en los últimos años o al menos un esquema básico de seguridad social. Desafortunadamente no ocurrió en un mayor número de empleos o los deseables, por eso, sin lugar a dudas es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos ante crisis tan peculiares y fuertes como la que estamos viviendo el día de hoy.

Lamentablemente cuando realizamos el análisis al interior de esta carencia, nos encontramos con un indicador que pudiera contener dada la política de bienestar del Gobierno federal, que es la población de 65 años o más sin acceso a la seguridad social y con el esquema de pensión a adultos mayores se podría contener por la transferencia monetaria directa. Eso podría servir para que esta carencia no crezca demasiado en este año.

Pero la contraparte es todo ese grupo de trabajadores de 30, 40 y 50 años que no cuentan con un seguro de desempleo o algún mecanismo mucho más robusto de seguridad social.

La pandemia del coronavirus afectará a los mexicanos más pobres. Foto: Cuartoscuro.

–Pasando a otros grupos, los más vulnerables. ¿Cuál sería la perspectiva para los pobres extremos, las personas indígenas y las personas con discapacidad?

–En cuanto al grupo de pobreza extrema, tomando de nuevo la analogía de lo que ocurrió entre 2008 y 2010, la carencia que aumentó entonces fue la de acceso a la alimentación. El porcentaje de población que clasificamos como mexicanas y mexicanos en situación de pobreza extrema es la más vulnerable a eso, y la perspectiva es que mientras mayor sea la cobertura focalizada a grupos vulnerables en áreas rurales del país que reciban transferencias monetarias, ya sea por pensión a adultos mayores, becas o algún otro apoyo, podrían contener que no aumente esa carencia alimentaria.

Pero debe ser muy localizado a áreas rurales del país, que es donde se mantiene el mayor número de pobreza extrema y presencia de grupos vulnerables, como es la población indígena. Ciertamente el anuncio de hace un par de semanas de adelantar la transferencias de los apoyos monetarios, podría permitir en esta coyuntura de abril y probablemente mayo, significar un mayor recurso económico a estas familias para alimentarse.

El tema se pudiera agravar si esta coyuntura, sobre todo el parón económico, dure hasta junio de este año. Habrá que esperar.

–El tema de las transferencias es complicado. A veces es criticado el apoyo a los informales. ¿Cómo se puede atender a este sector de la población que resiente desde ya la crisis?

–La Coordinación que pudiera hacerse entre el Gobierno federal y las entidades federativas será importante porque algunos de los datos que publicamos en Coneval, es que en el último cierre de programas sociales, tenemos contabilizados un poco más de 8 mil programas y acciones de política social a nivel municipal, estatal y federal, en este último cerca de 150.

Son importantes también las acciones que van a realizar los municipios y los estados. De manera coordinada el escenario óptimo sería fomentar una coordinación para seguir evitando la duplicidad de programas en el ámbito federal y estatal.

Los programas incentivos, transferencias condicionadas o no, que los estados pudieran aplicar a esa población informal serían importantes y cruciales para complementar la política de bienestar federal.

 –Pero entonces eso depende de varios elementos. Primero que la crisis se empiece a remontar este 30 de abril y la otra es hacer las cosas rápido para atender problemáticas de años.

–Todo va a depender, desafortunadamente, de qué tanto se alargue esta situación, primero la sanitaria y a partir de ahí con los efectos sociales y económicos. Si uno hace el comparativo con 2008-2010 y lo que ocurrió en 1995, en donde los primeros tres trimestres tuvimos caídas del PIB muy fuertes, consecutivas. De igual genera ocurrió en 2009. Lo que pudiéramos tener es que ojalá la contracción del PIB fuera solamente en el segundo trimestre de este año, para que a partir del tercero y cuarto pudiéramos tener una recuperación económica más acelerada. Pero todo dependerá de lo que ocurra después del 30 de abril.

Esta situación tan particular, nunca ocurrida en nuestro país, podría ser una motivación a establecer esos mecanismos de coordinación entre la federación y los municipios y estados para hacer más eficientes los programas sociales en nuestro país.

–Ahora sobre el “levantón”. ¿Cómo será, hacia dónde?

–México de alguna manera cuenta con ciertos motores muy focalizados de nuestra economía. Uno es la parte del turismo, lo que condicionará muy rápido el levantamiento hacia los últimos dos trimestres de este año.

También depende de la recuperación de la economía norteamericana, eso no solo por el tema de incentivar nuestras exportaciones, sino también el tema de las remesas, que será crucial. De acuerdo con el último reporte del banco central, en febrero se reportó un nivel máximo de remesas, habrá que esperar qué ocurre en marzo y sobre todo en abril, dado el parón que también hay allá.

Al final también será el propio contexto de recuperación mundial, que termine la incertidumbre en el mercado petrolero, que termine o se controle la incertidumbre en el mercado cambiario.

Todas esas variables que están transcendiendo la política social de bienestar van a condicionar qué tan rápido sea la recuperación. El programa de transferencias directas que desde el año pasado ha planteado el Gobierno federal contribuye sobre todo a los deciles de más bajos ingresos a tener una fuente de ingresos segura, mensual, pero no es suficiente, todo dependerá de que los empleos, sobre todo en el sector servicios, turístico, comercial y financiero, se puedan recuperar lo más pronto posible para que la merma en los ingresos no se vea tan prolongada como en la crisis de 1995 o de 2009.

El instituto que nos prepararía para males como el COVID-19 no se salvó de las mañas del peñismo

martes, abril 7th, 2020

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) es el organismo principal en el combate del coronavirus (COVID-19) en México. Aunque su presupuesto no se ha visto afectado en los últimos nueve años, en su operación de 2016 y 2018, dos años del Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación alertó por el hallazgo de diversas irregularidades.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Ismael Cosío Villegas” tuvo en 2016 y 2018 irregularidades en la construcción de infraestructura y en las investigaciones que elaboró en ese periodo, de acuerdo con las revisiones y los resultados entregados por Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El INER tomó desde el inicio de la emergencia por el COVID-19 (coronavirus) un papel fundamental en la atención de los enfermos en el ámbito de la salud pública en México, al ser el organismo descentralizado del Gobierno federal que tiene como misión “mejorar la salud respiratoria de los individuos y las comunidades por medio de la investigación, la formación de recursos humanos y la atención médica especializada”.

El pasado 17 de marzo, personal del INER se manifestó frente a la Dirección General para reclamar la falta de insumos básicos, como cubrebocas y equipos de protección adecuados, así como protocolos para atender a pacientes sospechosos de ser portadores de coronavirus.

Los trabajadores pidieron que se reforzaran medidas porque, hace años, ante la influenza AH1N1 de 2009 “se contagiaron más de 170 compañeros”. También mencionaron al personal de seguridad que resguarda las puertas, pues solamente cuentan con cubrebocas y su atuendo contrasta con el de los doctores que atienden los casos sospechosos, quienes usan equipos de protección especiales.

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El INER tomó desde el inicio de la emergencia por el COVID-19 (coronavirus) el papel principal en la atención de los enfermos en el ámbito de la salud pública. Foto: Cuartoscuro.

IRREGULARIDADES EN 2016 Y 2018

Las irregularidades en este Instituto, sin embargo, no son nuevas. Si acaso fueron evidenciadas por la irrupción del coronavirus.

En 2016, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación revisó el área de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud y en 2018, los proyectos de infraestructura y el desempeño del Instituto.

Desde 2011, el presupuesto del INER aumentó de manera constante para luego entrar a un periodo de estabilidad. En los años en que revisó la ASF contó con un presupuesto de 243 millones 116 mil 420 pesos y 274 millones 745 mil 041 pesos, respectivamente.

Para 2019, el presupuesto bajó a niveles similares a los de 2015, y se ubicó en 223 millones 226 mil 984 pesos. Para 2020 aumentó a 271 millones 025 mil 669 pesos.

Desde la Secretaría de Salud (SSa) de la administración pasada se reconoció como problemática la desvinculación de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico con los padecimientos prioritarios, los cuales requieren de investigación continua y de nuevas aplicaciones tecnológicas, y con los emergentes, definidos como los que surgen por primera vez por causas desconocidas, debido a que los diagnósticos son poco precisos, la baja producción de investigaciones y la insuficiencia de recursos financieros.

Así llega el INER a la crisis del coronavirus y le anteceden errores en su operación.

LA REVISIÓN DE 2016

El documento que publicó la ASF hace cuatro años, mostró que con el objetivo de realizar investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico vinculadas con los padecimientos respiratorios prioritarios y emergentes, el Instituto esta tarea de “forma inercial” porque no identificó los padecimientos respiratorios emergentes sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación.

Tampoco acreditó la correspondencia de los temas prioritarios con las investigaciones realizadas, ni la vinculación de sus resultados con las necesidades de los 119.5 millones de mexicanos susceptibles de padecer estas enfermedades, además desconoció su beneficio en la mejora de la atención de esos padecimientos.

Eso provocó que el instituto no delimitó su campo de acción. En ese año, 2016, el instituto desarrolló 407 investigaciones sin definir su clasificación en básicas y aplicadas, ni por su contribución al desarrollo científico y tecnológico.

Para la difusión, realizó 215 actividades, pero no se sabe si esos eventos estuvieron relacionados con lo investigado, ni que se hubieran dirigido a la sociedad en general. Luego, no se clasificaron resultados de las 407 investigaciones desarrolladas, en los beneficios para la población en términos de comprender, prevenir, diagnosticar y tratar los padecimientos respiratorios prioritarios y emergentes.

Eso provocó que no hubo vinculación de líneas de por lo que también se afectó directamente en la mejora de la atención de los padecimientos y en la toma de decisiones en el sector.

EL ÚLTIMO AÑO DEL PRI

Para 2018, en la revisión de proyectos de infraestructura, se fiscalizaron 63 millones de pesos que estaban dedicados a la conservación y mantenimiento en condiciones adecuadas de los bienes inmuebles para garantizar la operación institucional, la seguridad de pacientes, del personal del Instituto, y de los visitantes.

De esta auditoría quedaron pendientes 4 millones 368 mil 168 pesos por aclarar.

Se revisó el Programa de Mantenimiento de Protección Civil y se encontraron obras que se hicieron sin un dictamen estructural, sin registro de obra ejecutada, ni la intervención de un Director responsable de obra para la realización de los trabajos.

Para otras obras hubo diferencias de volúmenes de obra pagada contra los verificados físicamente, obra retrasada y pagos por conceptos no previstos y que no eran necesarios.

Finalmente, sobre el desempeño del Instituto la ASF evidenció deficiencias en la administración y utilización de los medicamentos controlados como el sulfato de morfina y el citrato de fentanilo, “poniendo en riesgo la disponibilidad de este tipo de opáceos necesarios para mitigar el dolor de los padecimientos respiratorios”.

De nuevo sobre la investigación científica, se señaló que no se establecieron criterios y estrategias para motivar a los investigadores a que consideraran el número de casos de enfermedades más recurrentes registrados en el instituto, para propiciar la realización de estudios enfocados en la atención de dichos problemas de salud.

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El pasado 17 de marzo, personal del INER se manifestó frente a la Dirección general para reclamar la falta de insumos básicos. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.

En la atención médica, el INER no elaboró el diagnóstico situacional sobre la suficiencia de la infraestructura y el equipamiento médico para asegurar el otorgamiento de los servicios médicos de alta especialidad a la población que los requirió en 2018.

Y de nueva cuenta, en el ámbito de la obra pública, se encontró que no hubo justificación para realizar la adecuación de los almacenes de víveres, farmacia y mantenimiento operativo, por un monto de 10 millones 598 mil 888 pesos; en la obra “Reforzamiento y adecuación de barda perimetral de piedra”, el INER desechó la propuesta económica que ofreció la mejor condición de precio y para la “Adecuación del área de almacén de víveres, de farmacia y mantenimiento operativo”, el instituto desechó, de nueva cuenta, la propuesta que ofrecía el menor costo, con el argumento de que el contratista no acreditó la entrega de los estados financieros; sin embargo, la ASF comprobó que en el expediente sí estaban dichos documentos.

CRÓNICA | Los mariachis no callan en Garibaldi, pero poco a poco la Ciudad de México baja cortinas

sábado, marzo 28th, 2020

La capital del país cumple poco a poco el resguardo recomendado a los ciudadanos por la emergencia del COVID-19, ya en la Fase 2. Pero no puede encerrarse del todo: la música no para y tampoco el trabajo que se genera en la calle: el dinero que brinda la calle.

–Con información de Dulce Olvera y Arturo Rojas

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- Una veintena de mariachis se rehusan a irse de la Plaza de Garibaldi en la Ciudad de México. “Aún no pueden decir que los mariachis callaron”, dice uno de ellos que viste el típico traje negro con botones plateados.

Pero aunque están ahí, sin tomar en cuenta la “sana distancia”, y se carcajean de su puntada por la frase anterior, saben que un periodo complicado se acerca. Óscar dice que el fin de semana pasado fue un día pésimo, pues ya hubo muy poco trabajo. Y prevén que este será igual o peor. Y el que le sigue… y el que le sigue.

Garibaldi es uno de los puntos turísticos más importantes de la capital del país. Es el punto obligado para cualquier visitante que quiera irse de fiesta con tequila y mariachis. Sin importar la hora, Garibaldi siempre está ahí para recibir a todos. Pero hoy, el coronavirus lo tiene silencioso, con todos sus restaurantes cerrados y tan solo un puñado de mariachis a la espera de subirse a un auto para ir a alguna dirección o de dedicar una canción por 160 pesos.

La Plaza de Garibaldi, en la Ciudad de México, se silencia en estos días de coronavirus. Foto: Daniela Barragán, SinEmbargo

La calle donde están las estatuas de Javier Solís, Juan Gabriel, Pedro Infante, Lola Beltrán y tantos más, está vacía; los lugares están cerrados. No hay fiesta.

El silencio impuesto en esa zona del Centro Histórico es extraño y lo rompe un señor que vende canastas empolvadas y que carga un pequeño radio en el que suena “El Triste”, de José José. Vaya música de fondo en este tramo de la capital de la República Mexicana.

Estos días con Fase 2 del COVID-19, la ciudad ofrece varias postales: una, en el Paseo de la Reforma, con las jacarandas en su máximo esplendor. Otra, en la esquina de la calle de Niza, donde se reúnen un señor en su bici en la que vende tacos de canasta, un bolero sentado en su banquito y un niño de escasos siete años que vende mazapanes; no se alcanza a escuchar el diálogo, pero los rostros y el movimiento de sus cabezas dicen que se trata de un “nada”, nada de ventas.

Dos calles más adelante, un joven de unos 30 años que va con su carretilla vendiendo botanas por gramo espera que los oficinistas no terminen de irse, y que tampoco se acabe la confianza de comprarle dulces a granel.

En otro punto de la ciudad, en el Centro Histórico, Claudia, quien atiende un puesto de periódicos y de dulces, va por su segunda semana “sin ser lo mismo”. Dice que hay miedo porque la gente piensa que con tocar los impresos pueden contraer el coronavirus. Ni modo.

En la calle de Regina, también en el primer cuadro de la CdMx, ocurre lo mismo: es evidente que los establecimientos de cervezas cerraron, pero los restaurantes, en los que se bebe más de lo que se come, continúan abiertos, sin medidas de la sana distancia, pero brindando gel antibacterial a quien decide entrar. En los locales que se mantienen abiertos está también la aglomeración de los boleros esperando que algún cliente solicite sus servicios.

Negocios abiertos, clientes guardados. Así luce un mercado en Iztapalapa. Foto: Arturo Rojas, SinEmbargo

En la Arena México, en la colonia Doctores, no hay lucha próxima. Primero cancelaron las del viernes, sábado y domingo pasados, y luego fueron canceladas por tiempo indefinido. Las taquillas están cerradas y las cortinas metálicas abajo.

El país se debatirá en las próximas semanas entre los que pueden resguardarse y los que aunque quieran, no pueden y… no deben: tienen nada más y nada menos una o más bocas que alimentar.

La Ciudad de México se irá apagando en la medida de lo posible. El pasado domingo, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno capitalina, anunció el cierre de establecimientos públicos para frenar el contagio de COVID-19. Gimnasios, iglesias, Cendis y muy al final de su conferencia mencionó que también bares, pero no como una cuestión obligatoria.

La funcionaria mencionó que muchos ya han decidido cerrar, y otros ya tienen prácticas de sana distancia, pero en algún punto sí tendrán que cerrar.

Pocos lugares abiertos atienden a clientes que se rehusan a guardarse. Foto: Dulce Olvera, SinEmbargo

LOS BARRIOS SE VAN APAGANDO

En la Avenida Montevideo, una de las principales de la Alcaldía Gustavo A. Madero al norte de la Ciudad, la mayoría de los negocios permanecen abiertos durante la Fase 2 de esta pandemia mundial.

El dueño de un bar, cubierto con cubrebocas, explicó que su negocio sigue abierto pese al llamado del Gobierno capitalino porque su permiso es para restaurante. A pesar de que su especialidad son las cervezas “no comerciales”, también ofrecen, a los ahora escasos clientes, hamburguesas, paninis o nachos.

En la Alcaldía Iztapalapa los locales permanecen abiertos, en la calle se observa poca afluencia de gente. Sobre la avenida Zaragoza hay pocos carros y las obras en la Clínica 25 del IMSS continúan.

El tianguis de los miércoles en la calle Etén, en la colonia Lindavista, de la Alcaldía Gustavo A. MAdero, lució como cualquier otro miércoles. Tienen permiso de seguir comercializando siempre y cuando tomen medidas de prevención como el uso de guantes, cubrebocas y gel con alcohol. Otros pequeños negocios en calles aledañas, sin embargo, han decidido cerrar “por solidaridad”, como el consultorio de una dentista sobre la Avenida Ricarte, donde se ubica Parque Lindavista.

La calle de Regina, en el Centro Histórico de la CdMx, en una tarde de Fase 2. Foto: Daniela Barragán, SinEmbargo

Las calles de la avenida Paseo de la Reforma, una de las arterias más importantes y conocidas de la capital del país, están aún transitadas, las ocupan sobre todo gente de oficinas que aún van a trabajar y de servicios. Los restaurantes abiertos funcionan ya a la mitad de su capacidad o están abiertos únicamente para realizar pedidos para llevar.

Los repartidores, ya sea locales o de alguna de las empresas líderes en ese sector, miran sus celulares esperando a que caigan las solicitudes; otros circulan por esa avenida con sus pedidos.

MEXICANOS SIN DERECHOS LABORALES

En México, 46.4 millones de personas que trabajan sin derechos laborales –seguro social, aguinaldo, incapacidad, seguro de vida–  y serán las que, en los escenarios futuros para la contención del virus, estarán más expuestas a la enfermedad.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó que el coronavirus eliminaría hasta 25 millones de empleos, así como generar pérdidas por hasta 3.4 billones de dólares en los bolsillos de los asalariados.

Esos son los datos que retumban cuando la Secretaría de Salud se pregunta qué parte de quedarse en casa aún no se entiende.

“He estado en días recientes un tanto sorprendido de que este mensaje tan directo y claro, ‘Quédate en casa’, no se haya asimilado. Que no haya duda, la meta es que la mayoría de personas puedan estar fuera del espacio público”, dijo el pasado martes Hugo López Gatell, subsecretario de Salud.

La Ciudad se irá apagando. Este fin de semana será único para los que estén en casa, añorando estar afuera. Y para los que tengan que estar en la calle, como esos mariachis de Garibaldi que se niegan a decir que ya callaron.

46.4 millones en México laboran en la calle. Ahí está su sostén y el COVID-19 no los parará, dicen

domingo, marzo 22nd, 2020

En las crisis, los problemas económicos son los primeros en salir a flote. México está a días de pasar a las siguientes fases de la contingencia por el COVID-19 y tendrá que dar la indicación a la población de quedarse en casa para reducir la propagación del virus. Pero miles de familias dependientes del sector informal no tienen mucha opción ante esta medida y la restricción amenaza el ingreso que se buscan día con día.

Ciudad de México, 22 de marzo de marzo (SinEmbargo).- “Sobrevivir no es sólo cuidarse del coronavirus, para nosotros es también salir a trabajar porque estamos al día”, cuenta un señor de más de 70 años que termina de empacar artículos en un supermercado. A la pregunta de SinEmbargo de si podrá dejar de trabajar por el COVID-19, él responde que no; la señora que vende pambazos y quesadillas en una esquina, dice que no; el señor de los tacos de guisados, lo mismo: no.

Una señora, también de cerca de 70 años, aún con el riesgo que corre en caso de contraer la enfermedad, sentada sola en una de las cuatro mesas vacías de la fonda que atiende, habla poco al respecto. Voltea de un lado a otro, como esperando que lleguen ya pronto los clientes, a pesar de que es la hora de la comida. Sabe que la indicación es guardarse en las casas pero más que pensar en hacerlo, sólo dice que espera que todo esto pase pronto.

A la pregunta de si podrán dejar de trabajar por la contingencia del coronavirus en la Ciudad de México y el llamado de las autoridades a quedarse el caso, los comerciantes dicen que no.. Ellos viven al día, afirman a este diario digital. Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro

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La dependencia de la informalidad pasará factura al país en la crisis del COVID-19 y lo hará de una forma que será visible para todos: no únicamente en una estadística, incluso se puede percibir desde ya en la incertidumbre de la pareja que vende tortas de tamal por las mañanas o la joven con su bebé que vende cosméticos en un puesto. Todos ellos tendrán que seguir en la calle, aun cuando las indicaciones indiquen resguardo en los hogares.

Opciones no hay. ¿Qué se hace para comer cuando se vive al día? Trabajar y la calle da opciones. En cada sexenio han surgido planes para “formalizar a los informales”, pero no se ha logrado bajarlo al 50 por ciento.

En México, 46.4 millones de personas que trabajan sin derechos laborales –seguro social, aguinaldo, incapacidad, seguro de vida–  y serán las que, en los escenarios futuros para la contención del virus, estarán más expuestas a la enfermedad. Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro

Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al Tercer Trimestre de 2019, todas las modalidades de empleo informal, que incluye trabajo doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y trabajadores subordinados que aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social, llegó a 31.2 millones de personas. Además, está la Población Ocupada en el Sector Informal, que se refiere a la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa), que alcanzó un total de 15.2 millones de personas en el trimestre de referencia. En México, 46.4 millones de personas que trabajan sin derechos laborales –seguro social, aguinaldo, incapacidad, seguro de vida–  y serán las que, en los escenarios futuros para la contención del virus, estarán más expuestas a la enfermedad. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó que el coronavirus eliminaría hasta 25 millones de empleos, así como generar pérdidas por hasta 3.4 billones de dólares en los bolsillos de los asalariados. INFORMALIDAD Y LÍNEAS DE POBREZA Las cifras de informalidad tiene correlación con la pobreza. Si se comparan los resultados del Inegi con los del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hay semejanzas.

Los estados que lideran el porcentaje de población en pobreza son Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Chihuahua, con rangos que van del 81.9 al 73.2 por ciento de población en informalidad laboral. De estos, tres son de las entidades históricamente pobres: Oaxaca tiene 66.4 por ciento de población en pobreza; Guerrero, 66.5 por ciento y Puebla, 58.9 por ciento.

En el siguiente grupo de cinco, están Veracruz y Tabasco, con 68.6 y 64.2 por ciento de informalidad y 61.8 y 53.6 por ciento de pobreza. De acuerdo con el Inegi, un entorno económico favorable es fundamental para contribuir a la reducción de la informalidad. Las oportunidades de empleo formal son más abundantes en las economías en crecimiento que en aquellas en recesión, es así que una de las principales variables explicativas de los niveles de informalidad laboral es el PIB”, señalaron los investigadores Benjamín Temkin y Jorge Cruz Ibarra. Para la Organización Internacional del Trabajo, en México hay una alta y persistente incidencia de informalidad en el empleo que comprende aproximadamente a un 60 por ciento de los trabajadores del país, por lo que resulta indispensable la adopción de una estrategia que permita la generación de empleos formales y que al mismo tiempo elimine los incentivos para permanecer en la informalidad. “Resulta de especial importancia abordar problemas estructurales que se expresan en la heterogeneidad de la estructura productiva. Es necesario, entonces, generar las condiciones para la incorporación efectiva de las pequeñas y medianas empresas en eslabones productivos vinculados con las actividades más dinámicas de la estrategia exportadora; fortalecer la producción interna competitiva; y proporcionar, así, el espacio necesario para la creación de más empleo formal y productivo”, puede leerse en un estudio de la OIT a respecto. La población ocupada de México aumentó 1.7 por ciento real entre 2018 y 2019. Ello implicó la incorporación de casi 1.5 millones de trabajadores (formales e informales) al mercado laboral, sobre todo del sector terciario o de servicios.