También vinculan al director de Diario Cambio con el exauditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, detenido en febrero del 2022 por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Puebla, 21 de mayo (PeriódicoCentral).- Detienen al director de Diario Cambio, Arturo “N” en la Ciudad de México, según informaron fuentes dentro de la Policía Ministerial de Puebla. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el delito del cual se le acusa.
La detención fue dada a conocer por el periodista Ricardo Morales a través de su cuenta de Twitter, aunque no dio más información al respecto.
Según fuentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) hubo dos equipos que se desplegaron en Ciudad de México y otro más en el estado de Sonora, ambos para hacer cumplir la orden de aprehensión.
Cumplió la @FiscaliaPuebla orden de aprehensión contra Arturo N. en la capital del país, en colaboración con autoridades de la Ciudad de México. Quedará a disposición del juez que lo requiere. pic.twitter.com/MQIhc9IXFY
A su vez, el periodista Arturo Luna detalló que el aseguramiento ocurrió la tarde de este 21 de mayo en la zona de Polanco, en la capital del país, y ya se encontraba siendo trasladado desde la capital del país.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) aún no emite un boletín informativo sobre la supuesta detención pero recientemente su titular, Gilberto Higuera Bernal, confirmó que existía una investigación al respecto.
El lunes 16 de mayo fue publicado un reportaje en el que aparece citado el director del Diario Cambio por un presunto lavado de dinero de 400 millones de pesos, investigación que inició y se instrumentó en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en tiempos de Santiago Nieto.
El Fiscal Gilberto Higuera Bernal dejó en claro que la investigación contra el director de Diario Cambio no solamente compete al ámbito de las autoridades federales y se tenía conocimiento de ella desde hace tiempo además de que confirmó que había un proceso al respecto en el estado de Puebla.
LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL DIRECTOR DE DIARIO CAMBIO
De acuerdo con el medio Xpectro FM, la investigación contra el director de Diario Cambio inició tras una denuncia presentada el 7 de julio de 2021, ante el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal.
El número de oficio es el 110/231/2021 y está firmada por Santiago Nieto Castillo, extitular de la UIF.
#Almomento de acuerdo a mis fuentes, trasciende la detención del periodista @Nigromanterueda. En unos minutos más información. @Efekto10 @pepehanan
Las averiguaciones iniciaron ante el descubrimiento de depósitos millonarios hechos mediante transferencias y pagos en efectivo entre docenas de cuentas bancarias de empresas. Algunas firmas se detectaron como fantasmas. Además, fueron utilizadas para “limpiar” los recursos que recibieron de los ayuntamientos y las dependencias estatales.
También vinculan al director de Diario Cambio con el exauditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, detenido en febrero del 2022 por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En entrevista con los periodistas Víctor Arteaga y Néstor Ojeda, Arturo “N” declaró que desde 2010, él es el único responsable de la administración de Diario Cambio y reconoció que antes de ser auditor Romero Serranom “prestó sus servicios contables a Diario Cambio”.
Ni Gómez-Mont ha sido detenida ni los científicos mexicanos sentenciados; el Presidente López Obrador no expulsó a Sergio Mayer ni tampoco el Presidente Biden enviará a los migrantes a Guantánamo. Tampoco los bebés de madres embarazadas se vuelven híbridos con la vacuna.
Por Rafael Cabrera, Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:
CIENTÍFICOS MEXICANOS INVESTIGADOS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN NO HAN SIDO SENTENCIADOS
LA AFIRMACIÓN: Publicaciones en las redes sociales aseguran que un grupo de 31 científicos mexicanos que son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron sentenciados a 81 años de cárcel por el presunto desvío de recursospúblicos y crimenorganizado.
LOS HECHOS: En dos ocasiones el PoderJudicial ha rechazado emitir órdenes de aprehensión contra los científicos, por lo que ni siquiera se ha iniciado el proceso para enjuiciarlos y menos se ha dictado sentencia. La FGR advirtió que solicitará por tercera ocasión su detención.
La afirmación de que los científicos recibieron una sentencia de 81 años se dio a partir de la información que la FGR hizo pública para sustentar la solicitud de aprehensión en contra de los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
Sin embargo, los años corresponden a los delitos que la FGR ha pedido investigar en contra de los científicos, pero en realidad el caso ni siquiera ha sido aceptado por un Juez. En agosto y septiembre el Poder Judicial rechazó emitir las órdenes de captura.
No es lo mismo la comunidad científica que un grupo que usurpa la condición de científicos para hacer negocios, triangular fondos, repartirse prebendas. Eso es corrupción. Eso hay que combatirlo por el bien de los auténticos científicos y de las científicas del país
La investigación de la FGR ha sido criticada en las redes sociales pues se ha equiparado a los científicos con el crimen organizado.
En días pasados la Fiscalía solicitó a un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, conocido como el penal de máxima de seguridad de El Altiplano o Almoloya, la orden de aprehensión contra los 31 científicos.
De acuerdo con la acusación de la FGR, que fue rechazada por un Juez, los científicos del Consejo son investigados por delincuencia organizada, delito que prevé una pena máxima de 40 años; peculado, con una pena máxima de 14 años; uso ilícito de atribuciones y facultades, que tiene una pena máxima de 12 años, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con una pena de hasta 15 años. Es decir, 81 años en total.
Sin embargo, aún no se conoce cómo la FGR reformulará la petición de orden de aprehensión y si incluirá los mismos delitos. No hay fecha para que la Fiscalía presente la nueva petición de captura.
— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.
A todas luces el caso del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. revela corrupción-manejo discrecional de recursos en un marco político oligárquico. Es tiempo de revisar investigación-ciencia-tecnología y su contribución a un desarrollo equitativo-soberano-justo de México.
PRESIDENTE MEXICANO NO ORDENÓ LA EXPULSIÓN DEL PAÍS DE EXLEGISLADOR
LA AFIRMACIÓN: El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la expulsión del país del exlegislador federal Sergio Mayer. El mandatario también ordenó quitarle la ciudadaníamexicana a Mayer. López Obrador tomó esas medidas después de que se dio a conocer que Mayer buscó promocionar su imagen ayudando a un niño.
LOS HECHOS: Un video del 25 de septiembre que circula en YouTube afirma falsamente que López Obrador ordenó expulsar a Mayer del país y quitarle la ciudadanía mexicana.
La grabación también agrega equivocadamente que López Obrador tomó esas medidas después de que se difundieron audios en los que se exhibió a Mayer diciendo que la ayuda que otorgó a un niño era beneficiosa para su imagen como político.
López Obrador no ordenó la expulsión del exdiputado de Morena. Foto: Gobierno de México
Mayer se desempeñó como Diputado federal por el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado en 2014 por López Obrador, de 2018 a septiembre de 2021.
En el video un narrador dice que el Presidente mexicano lanzó insultos contra Mayer después de que se difundieron los audios y que también ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del exlegislador. La grabación muestra imágenes de López Obrador hablando en su conferencia matutina, mientras se escucha la voz del narrador.
Sergio Mayer, exdiputado federal de Morena. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Pero, en primer lugar, no existen indicios en la transcripciones de las conferencias diarias de sus discursos ni en las publicaciones en las redes sociales del mandatario de que haya ordenado expulsar del país al también exactor de telenovelas.
Además, el Artículo 37 de la constitución establece que ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad. Mayer es originario de la Ciudad de México. Un vocero de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) federal en México, que tiene la autoridad para congelar cuentas bancarias, dijo a AP que la agencia no tomó ninguna medida contra el exdiputado.
El 23 de septiembre, un programa televisivo en México difundió audios en los que se escucha a Mayer diciendo que la ayuda que otorgó a un menor de origen indígena era beneficiosa para su imagen como político.
En respuesta, Mayer dijo en una entrevista que el contenido de las grabaciones fue “malinterpretado” y que datan de 2018.
— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) no tomó ninguna medida contra el exdiputado. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
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BEBÉS DE MUJERES VACUNADAS CONTRA COVID-19 NO SUFREN AFECTACIONES POR INOCULACIÓN
LA AFIRMACIÓN: Los bebés de mujeres que fueron vacunadas contra la COVID-19 ya no son humanos. Su ADN fue modificado y ahora sus genes pertenecen al laboratorio que aplicó el fármaco.
LOS HECHOS: Desde el 11 de agosto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) instaron a todas las embarazadas a vacunarse contra COVID-19 para protegerse a sí mismas y a sus hijos.
En su web, los CDC señalan que se han aplicado vacunas que usan el mismo vector viral que el fármaco contra la COVID-19 en personas embarazadas en todos los trimestres del embarazo y que en estos ensayos no se asoció a la vacunación ningún resultado adverso en relación con el embarazo, incluidos resultados que afectaran al bebé.
Por otro lado, los CDC han explicado que las vacunas “enseñan” a las células del individuo a producir una proteína, o una porción de una proteína, que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo, pero no interfiere con nuestro ADN.
Una publicación en Facebook asegura falsamente que los hijos de madres vacunadas contra la COVID-19 no son humanos pues su ADN se modificó a raíz de la inoculación de las vacunas.
“Fíjate en sus ojos. Un tribunal americano ha declarado que ya no son humanos, sino transhumanos y que ellos y sus genes pertenecen al laboratorio farmacéutico que ha modificado su ADN”, dice el mensaje que está acompañado con un video y una fotografía.
El video muestra a un bebé recién nacido sentado con los ojos abiertos. La grabación incluye un audio en el que se escucha a una mujer hablando de los bebés que nacieron durante la pandemia de COVID-19 y de la “actitud” con la que nacen. No se menciona nada relacionado con efectos adversos en el bebé.
La fotografía muestra la portada de la revista Muy Interesante. En ella se ve una ilustración de dos niños con piel grisácea, ojos similares a los de un felino y lo que parece ser un chip en su brazo. La imagen ilustra un reportaje titulado “Humanos del Futuro, así evolucionaremos”.
Pero la publicación no es correcta, pues hasta el 27 de septiembre de 2021 no existe evidencia alguna de que la vacunación en embarazadas haya provocado un efecto adverso en las madres o en los hijos. De hecho, los CDC recomiendan que este sector de la población se vacune para proteger a ambas partes.
El doctor Alejandro Macías, excomisionado infectólogo contra el virus A-H1N1 en México que ha seguido de cerca la pandemia de COVID-19, dijo a AP vía telefónica que las mujeres en estado de gestación no deben tener ninguna preocupación por su bebé, pues hasta el momento no existe ninguna evidencia que la vacuna para prevenir la COVID-19 afecte a sus hijos.
¿Embarazada? Solo el 31 % de las embarazadas han sido vacunadas contra el COVID-19 en EE.UU. Las hispanas solo un 25 %. Los CDC advierten que las embarazadas tienen un major riesgo de sufrir una enfermedad severa (CDC 9-29-2021) pic.twitter.com/k1U2ca8zVl
Sobre el video que acompaña la información falsa, la madre, quien lo publicó originalmente en TikTok, ha explicado que su hija estuvo en incubadora un tiempo por haber nacido prematuramente y que la grabación se tomó en 2020, dos días después de haber nacido.
Diversos usuarios han dicho que los ojos de la niña son extraños y que se debe a que nació en pandemia. A través de un video en TikTok la mujer ha señalado que su hija se encuentra bien, que sus ojos son normales, que cada bebé es distinto y que cambian con el tiempo. Sobre la portada de la revista, dicho número salió en marzo de 2015 por lo que no está relacionada con la COVID-19 o las vacunas.
— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.
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NO HA SIDO DETENIDA CONDUCTORA DE TV MEXICANA INVESTIGADA POR DESVÍO DE RECURSOS
LA AFIRMACIÓN: Un video muestra un operativo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) durante la detención de la conductora mexicana Inés Gómez-Mont, quien junto con su esposo es acusada de encabezar una presunta red de desvíos de recursos públicos por más de tres mil millones de pesos (unos 150 millones de dólares).
LOS HECHOS: Las imágenes que se muestran en el video corresponden al operativo del FBI en la isla privada de Jeffrey Epstein, el millonario que se suicidó en 2019, mientras se encontraba en detención por encabezar una presunta red de tráfico sexual de menores. Las órdenes de aprehensión contra Gómez–Mont y suesposo siguen vigentes.
El canal de YouTube El Muro de la Fama tomó imágenes del operativo del FBI en la isla de Epstein en agosto de 2019 asegurando que se trataba de una movilización policiaca para detener a Gómez-Mont y su esposo, Victor Manuel Álvarez Puga, en Miami, Florida.
Esa información errónea fue retomada por el canal El Charro Político para asegurar que Gómez-Mont había sido detenida y que incluso le habían quitado a sus hijos. El matrimonio tiene siete hijos, producto de su relación y de otras previas. “Acorralada. Inés Gómez-Mont. No tiene escapatoria. Dan con su guarida”, dice el título del canal “El Muro de la Fama”.
“¡Lunes de justicia! Cae Gómez-Mont. Le quitan hasta los hijos”, dice el titular de El Charro Político, que conduce la youtuber Juncal Solano, quien intentó ser candidata a Diputada local en el estado de Jalisco por el partido oficialista Morena.
Sin embargo, las imágenes del operativo que se muestran en realidad corresponden a agosto de 2019. Medios estadounidenses como ABC, NBC, The New York Times, Vanity Fair y más compartieron imágenes y videos del operativo.
En ellos se puede ver a un grupo de agentes, con camisetas con el logo del FBI, y una mujer vestida de blanco junto a un pequeño puerto donde están unas lanchas de la corporación.
La FGR, por su parte, informó que el matrimonio de Gómez-Mont y Álvarez Puga, quien es abogado, no ha sido detenido. Desde el pasado 10 de septiembre se dio a conocer que ambos tienen órdenes de aprehensión por el presunto delito de lavado de dinero.
Gómez-Mont es sobrina del exsecretario de Gobernación de México, Fernando Gómez.
— Rafael Cabrera
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GOBIERNO DE JOE BIDEN NO ENVIARÁ A MIGRANTES HAITIANOS A GUANTÁNAMO
LA AFIRMACIÓN: El Gobierno de Estados Unidos habilitó un centro de detención de migrantes en la base militar de Guantánamo, Cuba, para enviar ahí a miles de haitianos que se encuentran en la frontera del país con México.
LOS HECHOS: Marsha Espinosa, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que “@DHSgov no está enviando y no enviará a ciudadanos haitianos que se encuentren en la frontera suroeste al Centro de Operaciones Migratorias (MOC) en la Bahía de Guantánamo”, se lee en un tuit publicado el 22 de septiembre.
@DHSgov is not and will not send Haitian nationals being encountered at the southwest border to the Migrant Operations Center (MOC) in Guantanamo Bay.
Dicho Centro de Operaciones se ubica en la misma base militar -en la costa sureste de Cuba- en la que Estados Unidos opera una cárcel para sospechosos de terrorismo extranjeros que fueron capturados luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Espinosa detalló en su cuenta de Twitter que una solicitud de licitación del DHS que pedía que empresas privadas se postularan para operar el MOC se había malinterpretado. “La solicitud de información (RFI, por sus siglas en inglés) es el primer paso típico y rutinario en la renovación de un contrato y no estaba relacionado con la frontera suroeste”, dijo la funcionaria.
La semana pasada medios nacionales e internacionales publicaron historias sobre la RFI que menciona Espinosa informando que el DHS buscaba un contratista para administrar el MOC de Guantánamo y que buscaba guardias que hablaran criollo haitiano. A raíz de esto en las redes comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que los migrantes haitianos que se encuentran en la frontera de México con Estados Unidos serían enviados a Guantánamo. Una publicación de Twitter asegura falsamente que el Presidente Joe Biden enviará allí a los migrantes que se encuentran en la frontera sur.
“Joe Biden habilita centro de detención de migrantes (campo de concentración) en la ilegal base naval de Guantánamo y contrata a un negocio privado para su gestión (del negocio de las prisiones privadas), allí terminarán miles de haitianos, sólo espero que no sean torturados…!!”, dice el mensaje.
Un grupo de haitianos cruza hacia Estados Unidos en Del Río, Texas. Foto: Eric Gay, AP
Pero el DHS rechazó que esta afirmación fuera real el 22 de septiembre y la vocería de la Casa Blanca hizo lo mismo un día después.
El 23 de septiembre, en conferencia de prensa, la Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, negó que el Gobierno de Biden tuviera planes de llevar a los miles de migrantes, en su mayoría haitianos, que se encuentran en la frontera sur.
“No lo haremos. Nunca ha habido un plan para hacer eso. Creo que hubo cierta confusión relacionada con el Centro de Operaciones para Migrantes, que se utiliza, se ha utilizado durante décadas para procesar a los migrantes interceptados en el mar y buscar su reasentamiento en terceros países”, dijo Psaki.
La vocera explicó que la solicitud de información que se hizo pública el 22 de septiembre causó cierta confusión debido al momento en el que se publicó.
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que a Kiril “N” se le impusieron las medidas cautelares como la firma mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares, y la prohibición de salir de su localidad y del país.
Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Un Juez de Control vinculó a proceso al presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril “N”, por el delito de peculado al haber detectado cantidades millonarias del organismo deportivo que fueron desviadas a sus cuentas personales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ante este hecho, a Kiril se le impusieron las medidas cautelares como la firma mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir de su localidad en el Estado de México y del país.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que además de las medidas cautelares, se fijaron seis meses para la investigación complementaria.
De acuerdo con la Fiscalía el pasado 20 de septiembre durante una audiencia inicial con el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, la defensa del presidente de la Federación Mexicana de Natación solicitó duplicidad del término constitucional.
Por lo que posteriormente en continuación de dicha audiencia, se vinculó a proceso a Kiril “N”, por ser probable responsable del delito que la ley señala como peculado.
Cabe señalar que el 28 Noviembre de 2019, la UIF presentó denuncia de hechos con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Kiril y tres personas mas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR.
Durante la investigación realizada por la UIF se identificó que el presidente de la FMN posiblemente se encuentre involucrado en una red de enriquecimiento ilícito a costa de la referida Federación, asociado a la compra de bienes inmuebles que no coinciden con los ingresos que ha percibido en los organismos públicos y empresas ligadas al deporte en los que ha trabajado.
El presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril “N” y la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara., antes de los juego de Tokio 2021. Foto: Twitter, @FemexNatacion
Lo anterior, detalló la UIF, debido a que Kiril “N” y tres personas mas realizaron adquisiciones de bienes inmuebles, entre ellos, dos inmuebles en el complejo inmobiliario Bosque Real, el primero es un pent house, el otro un terreno, por montos significativos de activos, los cuales, se desfasan de las percepciones obtenidas, además, las operaciones financieras realizadas por éstos no parecieran acordes con los ingresos obtenidos derivados de las actividades económicas que desarrollan.
Luego de que varios atletas se quejaran de los malos manejos de Kiril “N”, quien desde 2009 es presidente de la Federación Mexicana de Natación, el pasado 20 de septiembre, Fernando Platas y Felipe ‘Tibio’ Muñoz formaron un grupo que busca tomar el control de dicho organismo.
En conferencia de prensa, Fernando Platas destacó que hay institutos del deporte que han apoyado a los competidores mexicanos, pero la federación de dicha disciplina ha quedado a deber.
“Hay que reconocer que han tenido un apoyo de Institutos del Deporte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) o el Comité Olímpico, pero sobre todo un apoyo incondicional de sus entrenadores y las familias así que hay que dejar claro que el resultado de las actividades acuáticas es de los atletas, entrenadores y familias o por lo menos no de la Federación Mexicana de Natación. Lo que es claro es que hay una ausencia de la federación y de su presidente Kiril y que nuestros atletas fueron olvidados”, comentó Platas.
Además de los medallistas olímpicos mexicanos, este grupo está conformado por el exfutbolista Olaf Heredia y Miguel Valtierra, presidente de la Asociación de Nuevo León.
Las empresas vinculadas a esta red de desvío de recursos son: Operadora Zall, Grupo Asesor Odul, Factibilidad Empresarial de México, Advisor Groups Soluciones, Maquiladora Textil GM y Constructora Jaguar Negro.
Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga operaciones simuladas por 500 millones de pesos realizadas durante el Gobierno de Manuel Velasco Coello en Chiapas, de acuerdo con una investigación realizada por el diario Reforma y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Las operaciones irregulares habrían sido detectadas entre 2019 y 2020 y se habrían realizado mediante seis empresas enlistadas como “fantasmas” o factureras.
El texto firmado por Vanesça Cisneros, Valeria Durán y Lucía Vergara detalla que los supuestos socios de las empresas no cuentan con ningún tipo de actividad, viven en los estados de Chiapas y Morelos y aparentemente les habrían robado su identidad.
Detallaron que las empresas vinculadas a esta red de desvío de recursos son: Operadora Zall, Grupo Asesor Odul, Factibilidad Empresarial de México, Advisor Groups Soluciones, Maquiladora Textil GM y Constructora Jaguar Negro.
Aparentemente, este desvío sería diferente al identificado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por 685 millones de pesos pagados a 26 empresas “factureras” que supuestamente habrían ayudado a distribuir un programa de ayuda a madres solteras.
En 2018, el grupo Reforma documentó que en el Gobierno de Velasco Coello se desvió 685.8 millones de pesos que estaban destinados para programas de mujeres. Según los informes de la ASF, estos recursos se entregaron a 25 empresas fantasma, que aunque se negaron los hechos, no se acreditó el destino del dinero.
En octubre de 2019, el priista Filiberto Santiago Gamboa Guzmán presentó una ampliación de la denuncia que interpuso en marzo de 2018 ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por enriquecimiento ilícito y presunto desvío de recursos federales por 2 mil 700 millones de pesos.
Gamboa Guzmán envió dos misivas, una al Presidente Andrés Manuel López Obrador y otra al Senado de la República. En ellas solicita que se realice la indagatoria que desde hace más de un año está pendiente en contra del actual Senador, según informa el diario Reforma.
De igual manera dijo que hay otras conductas irregulares en las que incurrió y que ameritan la apertura de nuevas investigaciones.
Se dijo que además de no comprobar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el gasto de 2 mil 720 millones de pesos en 2016, el Senador del PVEM tampoco aclaró el uso de otros 650 millones destinados al Programa de Apoyo a Mujeres, asimismo, pidió explicar el subejercicio de 3 mil 961 millones de pesos etiquetados para diferentes programas sociales.
En lo relativo al presunto enriquecimiento ilícito, el priista dijo que éste tiene que ver con la adquisición de cinco departamentos de lujo en diferentes ciudades de Estados Unidos, que el ahora senador no ha transparentado.
El Gobierno de Ecatepec aseguró que los millones de pesos asignados para el programa federal al ayuntamiento en el año 2019 fueron ejercidos y auditados sin que presentar anomalías.
Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).–El Gobierno de Ecatepec informó que una auditoría descartó el desvío de recursos públicos en el municipio mexiquense.
“Los resultados de dicha auditoría fueron notificados al entonces Presidente municipal en funciones, Fernando Vilchis Contreras, el pasado 9 de marzo mediante el oficio número OASF/0071/2021, firmado por Jaime René Jiménez Flores, director de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos”, detalló el Gobierno de Ecatepec en un comunicado.
Ante dichos resultados, las acusaciones hechas por la primer síndico municipal, Lorena Salas Lemus, quien señaló ante medios de comunicación un presunto desvío de 146 millones de pesos del FORTAMUNDF quedaron como falsas.
Además, no se presentaron pruebas de ningún tipo ante las acusaciones realizadas.
“En el informe entregado al municipio por parte de la ASF, no existe observación alguna sobre la aplicación de los 146 millones de pesos mencionados”, agregó en el documento.
Además, el Gobierno de Ecatepec aseguró que los millones de pesos asignados para el programa federal al ayuntamiento en el año 2019 fueron ejercidos y auditados por la ASF sin que se detectaran anomalías.
El Gobierno de Chihuahua está convencido y optimista de que César Duarte Jáquez será extraditado pues, según explicó el Consejero Jorge Espinoza, la jueza Lauren Fleischer consideró que existía la causa probable, que es uno de los requisitos esenciales para el tratado de extradición.
Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).-La Jueza federal del Distrito Sur de Florida, Lauren Fleischer Louis, consideró que existe una causa probable para la extradición del exgobernador César Duarte, sin embargo, se reservó el fallo, pues dijo que lo emitirá en breve y de manera escrita.
La jueza escuchó el debate entre la defensa, representada en dicha audiencia por los abogados Juan Morillo y Henri Bell, y la Fiscalía, representada por Jason Wu, y concluyó que resolverá por escrito el tema de la extradición y la moción presentada por la representación legal del exgobernador.
“Me reservo para presentar una orden […] agradezco la paciencia de todos. Su presentación y sesión informativa, muy bien pensada, fue de gran ayuda en un asunto tan complejo”, dijo la juez al finalizar la audiencia que se celebró por videollamada, en la cual estuvo presente el exmandatario chihuahuense.
El pasado 13 de enero, la Corte del Distrito Sur de Florida suspendió por tercera ocasión la extradición de César Duarte, exgobernador priista del estado de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro
Jorge Espinoza, Consejero Jurídico de Chihuahua, indicó que estiman que dicha resolución sea presentada en unos tres o cuatro días, sin embargo, aclaró que existe un plazo de hasta 15 días para emitir el resolutivo.
“Nosotros consideramos que será en un espacio de unos días en los cuales la jueza por escrito va a establecer la procedencia de la extradición”, señaló el funcionario estatal.
El Gobierno de Chihuahua está convencido y optimista que Duarte Jáquez será extraditado pues, según explicó el Consejero, la jueza consideró que existía la causa probable, que es uno de los requisitos esenciales para el tratado de extradición.
“Estamos seguros que se va a dar la extradición, no tenemos duda. El caso es muy sólido, siempre lo hemos manifestado y única y exclusivamente vamos a esperar a que la jueza determine, pero fue muy evidente cómo la jueza consideró de manera anticipada que sí se daba la causa probable”, dijo.
La defensa de Duarte, en sus argumentaciones para pedir que no se extraditara a su cliente, aseguró que uno de los motivos es que no sería confiable el proceso jurídico y penal que podría darse en Chihuahua porque presuntamente el Gobierno de Javier Corral ha coaccionado a los testigos y que el actual mandatario chihuahuense emprendió una persecución política y tiene intenciones político electorales para juzgar a su predecesor.
Al respecto, el funcionario estatal respondió que los argumentos de la defensa “son patadas de ahogado”.
“Ya no tienen argumentaciones jurídicas; las que la defensa del exgobernador presentó ante la juez, fueron puros chismes y cosas sin sustento que no tienen sentido. Ya se los dijo la jueza hoy mismo: que esas argumentaciones no son importantes ni trascendentes para el tema de extradición”, apuntó Espinoza.
Duarte, que se desempeñó como gobernador del estado norteño de Chihuahua entre 2010 y 2016, está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos. Mexico solicitó su extradición a finales de 2019.
Duarte asegura que llegó a Estados Unidos a finales de 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. Antes de su detención en julio de 2020, pidió asilo político. El exgobernador del Partido Revolucionario Institucional alega que desconocía sus acusaciones cuando llegó y que llevaba una vida pública, sin ocultarse, en este país.
Héctor “N” fungió como Alcalde de Tepic en el periodo de 2011 a 2014; en 2015 fue nombrado delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Nayarit y posteriormente en Zacatecas.
Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que detuvo a Héctor “N”, expresidente municipal de Tepic por el delito de peculado.
A través de un comunicado detalló que la detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, con el fin de cumplimentar una orden de aprehensión.
Héctor González Curiel fungió como Alcalde de Tepic en el periodo de 2011 a 2014; en 2015 fue nombrado delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Nayarit y posteriormente en Zacatecas.
A Héctor “N” se le acusa de desviar un monto de 52 millones 80 mil 400 pesos, producto del desvío de impuestos, retenciones y fondos de pensiones.
La Fiscalía detalló que el exalcalde desvió la retención y no destinó el 12 por ciento del impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit; además de retener y no destinar el recurso del programa Vivienda digna 2010.
A la par, se le señala por hace uso indebido del Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Dirección de Catastro Municipal.
Finalmente, la Fiscalía reiteró s compromiso de “lograr que los delitos de corrupción no queden impunes”.
Con esta decisión es la segunda vez que se reprograma la audiencia, pues primeramente había sido agendada para el pasado mes de octubre, misma que se recorrió para este martes 8 de diciembre, y que por apelación de la defensa nuevamente lograron que fuera aplazada.
Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El Juez de control Ganther Villar Ceballos fijó la próxima audiencia de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, para el 15 de enero del 2021, donde la Fiscalía General de la República (FGR) busca presentar las pruebas necesarias para obtener la culpabilidad de la imputada por la llamada Estafa Maestra.
El Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur dio a conocer que los abogados de Robles Berlanga pidieron diferir la fecha, a lo que la FGR no tuvo objeción, por lo que se llevará a cabo el próximo 15 de enero del 2021.
De acuerdo con Proceso, durante la audiencia de este martes, la defensa de Robles Berlanga formalizó ante el Juez la petición de que se le otorgue un criterio de oportunidad.
El semanario señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) no se opuso a tal petición.
Las fuentes de Proceso señalan que la FGR habría aceptado la colaboración de Robles Berlanga en el caso de la Estafa Maestra, con el fin de que ayude a aclarar el destino de casi 7 mil millones de pesos.
El pasado 12 de agosto de 2019, Rosario Robles, extitular de la Sedesol y la Sedatu, llegó a los juzgados del Reclusorio Sur, donde se desarrolló la audiencia por las acusaciones por el supuesto desvío de recursos durante su administración. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
Previo a la petición de la defensa, solicitó que se pudiera sobreseer o desechar las imputaciones en contra de la señalada.
El pasado 12 de agosto de 2019, Rosario Robles, extitular de la Sedesol y la Sedatu, llegó a los juzgados del Reclusorio Sur, donde se desarrolló la audiencia por las acusaciones por el supuesto desvío de recursos durante su administración. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
Con esta decisión, es la segunda vez que se aplaza la audiencia, pues primeramente había sido agendada para el pasado mes de octubre, misma que se recorrió para este 8 de diciembre. La justificación es que no se había obtenido dos dictámenes periciales que ayudarán como pruebas para la defensa.
Reitero mi compromiso de hablar con la verdad. He pedido a mis abogados @EpigMendieta y #SergioRamírez generen estrategia jurídica conjunta para acceder a un criterio de oportunidad, consciente de lo que significa. Seguro habrá quienes nieguen los hechos pero las pruebas hablarán
Cabe mencionar que la también exsecretaria de Sedatu está buscando obtener un criterio de oportunidad, con lo cual podría retirársele la acción penal, siempre y cuando colabore con información relevante sobre las investigaciones de la Estafa Maestra.
Rosario Robles es acusada del delito de ejercicio indebido del servició público, desvío de millones de pesos del erario y corrupción.
La FGR ha pedido una pena de 21 años de prisión y la reparación del daño por cinco mil millones 358 mil 486 pesos, un equivalente a la suma de desvíos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
José Antonio Meade Kuribreña no es investigado ni tiene imputaciones legales por corrupción ligadas a la llamada Estafa Maestra, hasta ahora. Sin embargo, esa situación podría cambiar ahora que Rosario Robles Berlanga pidió a la Fiscalía General de la República ser testigo colaborador del caso, pues ya antes los abogados de la exsecretaria de Sedesol mencionaron a Meade Kuribreña como un supuesto participante. Donde sí tiene señalamientos claros es en las secretarías de Estado a su cargo en el sexenio de Enrique Peña Nieto pues, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, heredó irregularidades no solventadas por casi 3 mil millones de pesos entre 2013 y 2017.
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- José Antonio Meade Kuribreña y Rosario Robles Berlanga estrecharon manos el 27 de agosto de 2015. Ese día, Meade Kuribreña recibió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Robles Berlanga la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Dos dependencias a través de las cuales hubo millonarios desvíos de recursos para favorecer campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre ellas la carrera presidencial de Meade en 2018.
La triangulación de recursos de programas sociales –sobre todo de Sedesol y Sedatu– ocurrió durante casi todo el sexenio pasado y abarcó esquemas de defraudación como la llamada “Estafa Maestra”, que entre 2013 y 2014 causó daños al erario público por al menos 7 mil 670 millones de pesos.
El papel de Rosario Robles como participante de dicha estafa se ha documentado en numerosas pruebas que llevaron a su aprehensión en agosto de 2019 y, en particular, con su reciente disposición para acogerse a la figura de testigo colaborador, con la finalidad de aportar pruebas contra altos funcionarios públicos del sexenio (2012-2018) de Enrique Peña Nieto a cambio de beneficios en su proceso penal.
En el caso de Jose Antonio Meade la situación es diferente. Entre agosto y septiembre del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que el exfuncionario público no era investigado y que tampoco enfrenta, hasta el momento, causas penales por la Estafa Maestra. Sin embargo, la defensa de Robles asegura que Meade sí estaba al tanto de las irregularidades no solventadas durante la gestión de la experredista como titular (2012-2015) de la Sedesol.
Meade ha sido señalado de participar en la Estafa Maestra, la Operación Safiro y el escándalo de Juntos Podemos, pero no hay pruebas en su contra. Foto: Cuartoscuro.
La sucesión entre Robles y Meade en dicha Secretaría en 2015, los presuntos desvíos a favor de su campaña presidencial en 2018, e incluso los señalamientos del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin en su contra, pues lo acusa –sin pruebas fehacientes– de participar en acuerdos irregulares relacionados con la planta Etileno XXI en el sexenio (2006-2012) de Felipe Calderón Hinojosa, han levantado sospecha en el escrutinio público: ¿qué tan honorable y legal ha sido la vida pública de Jose Antonio Meade?
Si bien no hay pruebas en su contra y él asegura que su actuar como funcionario público siempre ocurrió con “absoluta honorabilidad y legalidad”, durante su gestión como Secretario de Estado entre 2013 y 2017, las dependencias que encabezó causaron probables daños al erario público federal por 2 mil 979 millones 721 mil 445 pesos, de acuerdo con cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) analizados por la Unidad de Datos de SinEmbargo.
Aún cuando Meade sea inocente de actos directos o intencionales de corrupción, la normatividad vigente no lo exime de toda responsabilidad, siempre y cuando estuviera enterado de la comisión de irregularidades y no hubiera hecho algo para impedirlo y para facilitar la procuración de justicia.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que no sólo los funcionarios públicos que hayan incurrido en actos u omisiones relacionados con faltas administrativas graves y no graves son sujetos a sanción. También las personas que encubran (Artículo 62) y obstruyan la justicia (Artículo 64) son responsables, toda vez que habiendo tenido conocimiento de algún ilícito cometido, no dieran parte a las autoridades competentes.
Entre 2013 y 2015, cuando Meade fungió como Canciller de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acumuló irregularidades no solventadas por 52 millones 350 mil 15 pesos. Más adelante, ya como Secretario de Desarrollo Social, la Sedesol a su cargo (2015-2016) quedó a deber la aclaración de 2 mil 337 millones 294 mil 687 pesos. Y bajo su administración durante 2016-2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también causó probables daños a la Hacienda Pública Federal por 590 millones 76 mil 743 pesos.
La información analizada de 205 auditorías indica que en 2013-2017 hubo 106 causas de probables daños al erario público en SRE, Sedesol y SHCP. Dichas irregularidades no solventadas o por aclarar están relacionadas con pagos anómalos, daños materiales, deficiencias administrativas, omisiones contables e incumplimientos contractuales.
Para analistas consultados por SinEmbargo, aunque Meade no es señalado de ser la mente maestra u operador de los ilícitos cometidos durante el sexenio pasado, sí es visto como alguien que solapa y que permite la corrupción. En la opinión de los politólogos José Fernández Santillán (ITESM) y Enrique Toussaint (UdeG), “aunque él puede decir que es muy puro, muy casto, que nunca ha cometido un acto de corrupción, hay muchos casos de corrupción que inician en la Secretaría de Hacienda y parece que él cerró los ojos frente a esas posibles desviaciones”.
Incluso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comparte éste punto de vista. A finales de 2017, el entonces candidato presidencial afirmó que casos como el de la Operación Zafiro en Chihuahua para desviar recursos a favor del PRI contaron con el manejo de fondos del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, “y el que tapó, el que sirvió de tapadera, fue Meade”, quien lo sucedió al frente de la SHCP.
GOLPE AL DESARROLLO SOCIAL
Jose Antonio Meade Kuribreña estuvo a cargo de la Sedesol entre agosto de 2015 y septiembre de 2016. En ese par de años, el monto de las irregularidades no solventadas (casi 3 mil millones de pesos) fue equiparable, por ejemplo, al presupuesto ejercido (2.6 mil millones de pesos) en el Programa de Fomento a la Economía Social, cuya finalidad es invertir en proyectos productivos que contribuyan a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza.
Aunque gran parte de las anomalías de 2015 iniciaron durante la administración de Rosario Robles Berlanga, muchas se desarrollaron ya iniciada la gestión de Meade Kuribreña, además de que sus consecuencias fueron –por medio de la ASF– de conocimiento de la dependencia federal cuando el excandidato presidencial estuvo a cargo de ella.
Un ejemplo de ésta situación es la presunta simulación de operaciones con triangulación de recursos al estilo de la Estafa Maestra que estuvo vinculada con el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.
De acuerdo con la ASF, dicha simulación generó 499 millones 15 mil 372 pesos en probables daños al erario público federal que derivaron de acuerdos celebrados entre el 15 de junio (antes de Meade) y el 31 de diciembre de 2015 (con Meade) por la Sedesol con diversas autoridades estatales, municipales y organizaciones civiles en 14 entidades federativas (BCS, CHH, CHS, DUR, GRO, MEX, MIC, NAY, NLE, OAX, PUE, ROO, TAM y YUC).
En la auditoría 15-0-20100-12-0285285-DS, la ASF presentó uno de los esquemas en que se observa la triangulación de recursos que generó irregularidades no solventadas. Foto: ASF.
“Se invitó a personas físicas y morales que no tenían capacidad, experiencia y especialidad en la materia, aunado al hecho de que los costos reportados por cada uno de los participantes no son congruentes respecto de las condiciones del mercado al momento del estudio realizado, […] lo que permite suponer que los precios establecidos en esta etapa fueron manipulados para incrementarse”, se lee en una de las tres auditorías (15-0-20100-12-0287287-DS, 15-0-20100-12-0286286-DS y 15-0-20100-12-0285285-DS) relacionadas al caso.
Para la Auditoría, las irregularidades o incongruencias que implican la adquisición y colocación de techos fijos, sistemas de agua pluvial y baños ecológicos en zonas de alta marginación hacen factible que hubiera “una simulación de las operaciones entre el consorcio de empresas a las cuales se les adjudicó el contrato y la Secretaría”.
Otro ejemplo es el probable daño por 316 millones 285 mil 932 pesos derivados de irregularidades en las Erogaciones por Servicios y Ayudas Sociales de la Sedesol. A través de cuatro convenios (UCD/33901/010/2015, UCD.33901.014/2015, 710.33901.13/2015 y 710.33901.14/2015) la Secretaría pagó 746 millones 820 mil pesos a las universidades Autónoma de Zacatecas, Intercultural del Estado de México y Politécnica de Chiapas que subcontrataron la totalidad de los servicios a diversas empresas por un monto de 430 millones 534 mil 68 pesos.
Aunque los convenios de coordinación datan de junio de 2015 (antes de Meade), varias de las actas de entrega-recepción de los servicios contratados tuvieron lugar a finales de agosto de 2015, cuando Jose Antonio Meade ya había asumido la titularidad de la Sedesol, de acuerdo con datos de la auditoría número 15-0-20100-02-0277277-DS.
En 2015, las anomalías no solventadas en Sedesol generaron 1 mil 973 millones 847 mil 154 pesos en probables daños al erario público federal. Además de la simulación y de la triangulación de recursos, las irregularidades incluyeron pagos injustificados de pólizas de seguros, duplicidad de pagos en nómina y pagos por bienes y servicios no corroborados, entre otros.
A los probables daños de 2015 se suman 363 millones 447 mil 533 pesos en irregularidades no solventadas durante 2016, entre las que se cuentan anomalías en obras de infraestructura pública hospitalaria, pago de apoyos a personas difuntas con recursos de los programas de Pensión para Adultos Mayores y de Empleo Temporal, así como supuestos desfalcos con modus operandi similar al de la Estafa Maestra.
Ejemplo de esto último consta en la auditoría número 16-0-20100-02-0259259-DS, en que la ASF refiere que hubo 30 millones 668 mil 372 pesos en probables daños relacionados con pagos improcedentes y labores no acreditadas por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en que también hubo subcontratación irregular de servicios.
MÁS ALLÁ DE SEDESOL
En el tiempo que José Antonio Meade Kuribreña estuvo a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, la organización civil Juntos Podemos recibió 1.5 mil millones de pesos en donaciones del Instituto de los Mexicanos en el Exterior para apoyar a personas migrantes.
La información pública disponible indica que a través de la SRE y de la SHCP fue organizada una ruta de dinero para financiar a la organización de la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, a cambio de que ésta última apoyara y operara a favor del Presidente Enrique Peña Nieto.
Fuera de éste opaco capítulo en la vida pública de Meade como Canciller de México, la ASF señala que entre 2014 y 2015 la SRE causó probables daños al erario público por 52 millones 350 mil 15 pesos por faltas administrativas que incluyen bienes y servicios injustificados o no comprobados, falta de aplicación de penas convencionales a proveedores, así como incumplimientos de contrato relacionados con la gestión de Tecnologías de Información y Comunicación.
“Se concluye que en términos generales [la SRE] no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables” por distintas razones, entre las que destaca que “en los consulados se carece de políticas internas que estandaricen los procedimientos administrativos, de infraestructura y de administración de recursos humanos administrativos y de tecnología”, refiere la auditoría número 14-0-05100-02-0064GB-034.
Más allá de las anomalías detectadas en Sedesol y en la SRE a cargo de Meade, la Auditoría determinó que entre 2016 y 2017, la SHCP a cargo del excandidato presidencial fue la cede de irregularidades que causaron daños probables por 590 millones 76 mil 743 pesos, a través de varios de sus órganos desconcertados –como Banjército, Banobras, Bansefi, Condusef, FND, SAE y SAT– o por el uso de fideicomisos como el Fondo de Desastres Naturales.
“Deficiencias en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos en las partidas presupuestales revisadas”, comprobantes fiscales digitales “con inconsistencias en su información” y “deficiencias en la ejecución y aplicación de los recursos” son algunas de las observaciones que la ASF le hizo a la SHCP de Meade.
El Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, confirmó que se trataba del exsecretario de Salud, quien es acusado por el presunto desvío de 234 millones de pesos en el programa del Seguro Popular.
Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que giró órdenesde cateo para revisar al menos tres propiedades del exsecretariode Salud, Rommel Cerna Leeder, por presunto desvío de recursos públicos.
A través de un comunicado, la FGE detalló que derivado de una investigación al exfuncionario en la administración estatal pasada, se realizaron los cateos de forma simultánea en los municipios tabasqueños de Centla, Centro y Nacajuca.
La dependencia también explicó que la revisiones en los domicilios fueron de carácter ministerial, cuyo reporte fue asignado al Fiscal del Ministerio Público para su debido tratamiento y el seguimiento de la investigación en contra de Cerna Leeder.
“La reserva de la información sobre el desarrollo de las investigaciones se realiza en apego al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente”, finalizó la FGE en el municado.
Pese a que la FGE no menciona el nombre del exsecretario, medios nacionales aseguraron que el Gobernador de Tabasco -Adán Augusto López Hernández-, confirmó que se trataba del exsecretario de Salud, quien es acusado por el presunto desvío de 234 millones de pesos en el programa del Seguro Popular.
Explicaron que el mandatario estatal reveló meses atrás que el 29 de diciembre de 2018, dos días antes de que se terminara la administración pasada, la Secretaría de Salud de Tabasco pagó 80 millones de pesos a un proveedor.
A este respecto, la Secretaría de la Función Pública estatal informó que hasta esa fecha se habían presentado 23 denuncias penales contra exfuncionarios de la administración de Arturo Núñez Jiménez, por daño patrimonial de mil 500 millones de pesos, de 4 mil millones del ejercicio fiscal 2018, los cuales no han sido solventados hasta ahora.
El fraude se habría llevado a cabo a través de la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de nómina, que después los exfuncionarios trasladaban a sus cuentas personales.
Ciudad de México, 14 septiembre (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó un desvío de recursos por parte de exfuncionarios que se desempeñaron del 2016 al 2019 en el municipio de Gómez Palacio, Durango.
De acuerdo a las investigaciones realizadas la operación se llevó a cabo a través de la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de nómina que después trasladaban a sus cuentas personales.
Entre las personas que resultaron expuestas por el fraude se encuentra la expresidenta municipal de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera y el extesorero de la misma demarcación, Oscar García, cuyas cuentas supuestamente fueron bloqueadas por la UIF.
Asimismo, tres empresas resultaron ligadas a la triangulación de recursos por lo que se realizó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por desvío de recursos del municipio.
Por su parte, la exdiputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Herrera Ale, advirtió a través de sus redes sociales que la información respecto al bloqueo de sus cuentas es totalmente errónea y sin sustento, y culpó a la actual administración del municipio donde se desempeñó como presidenta municipal, de manipular la información con fines políticos.
Me estoy enterando por las redes sociales de una información totalmente errónea y sin sustento con respecto a que se me habían bloqueado mis cuentas bancarias personales, cabe aclarar que es FALSA dicha información … (1/2)
EN CASI UN AÑO, LA UIF HA BLOQUEADO 4 MIL 692 CUENTAS
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en el último año ha congelado un total de 4 mil 692 cuentas bancarias a fin de combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con información plasmada en el Segundo Informe de Gobierno, presentado esta mañana, la UIF bloqueó las más de 4 mil cuentas que suman 2 mil 323 millones de pesos y 300 millones de dólares.
Según dicha división, del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020 fueron congeladas 2 mil 751 cuentas (mil 110 millones de pesos, 6.1 millones de dólares, y 5.6 millones de euros) a personas físicas que no pudieron justificar los fuertes ingresos.
El resto fue bloqueado a mil 678 personas morales (mil 175 millones de pesos y 294 millones de dólares), y 263 cuentas de personas no identificadas (37.8 millones de pesos).
La UIF presentó 105 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 103 individuos por operaciones fraudulentas, lo que representó un incremento del 14.1 por ciento con respecto al mismo plazo del año anterior.
En ese sentido, en el Informe se indica que hubo un incremento notable en la fiscalización, de septiembre de 2018 a junio del año siguiente.
A través de un comunicado, la UAEH dejó en claro su demanda enérgica y contundente para que se respete el Estado de Derecho y los derechos fundamentales que asisten a todo ciudadano en un proceso legal.
Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) manifestó su respaldo y apoyo total de la comunidad a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato universitario, detenido el día de ayer y acusado de lavado de dinero.
A través de un comunicado, la UAEH dejó en claro su demanda enérgica y contundente para que se respete el Estado de Derecho y los derechos fundamentales que asisten a todo ciudadano en un proceso legal.
“El respeto se caracteriza a las y los universitarios no debe de confundirse con debilidad. Seguimos con atención el desarrollo de los acontecimientos y actuaremos en consecuencia”, puntualizó la Universidad en un comunicado.
La Universidad calificó la detención de Sosa Castelán como “otra afrenta que se suma a una crónica de injusticias públicas y documentadas contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo”.
“Esta Universidad y su comunidad soberana triunfarán ante todo y contra todo. A través de la historia, la lealtad nos distingue. En la unidad somos la voz que nunca será acallada. En la solidaridad somos una fuerza que derrotará cualquier obstáculo”, concluyó.
LA FISCALÍA DETIENE A GERARDO SOSA CASTELÁN
Gerardo Sosa Castelán, director del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fue detenido el día de hoy por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de desvío de recursos, lavado de dinero y fraude al fisco.
Según los reportes del Gobierno, Sosa Castelán fue detenido gracias a una orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal. No obstante, estas acusaciones o ameritan la prisión preventiva.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue quien presentó esta denuncia el año pasado contra el director del patronato. La UIF presidida por Santiago Nieto comenzó a investigar a profundidad los manejos financieros del patronato de la universidad hidalguense.
Una vez detenido, Sosa Castelán fue trasladado al penal de máxima de seguridad del Altiplano, que se ubica en el Estado de México.
El director del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) promovió amparos el año pasado para evitar ser detenido. En las denuncias hechas por la UIF se señala que Sosa Castelán no ha podido comprobar el origen de 151 millones de dólares.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue quien presentó esta denuncia contra el director del patronato. La UIF presidida por Santiago Nieto comenzó a investigar a profundidad los manejos financieros del patronato de la universidad hidalguense.
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).– Gerardo Sosa Castelán, director del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fue detenido el día de hoy por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de desvío de recursos, lavado de dinero y fraude al fisco.
Según los reportes del Gobierno, Sosa Castelán fue detenido gracias a una orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal. No obstante, estas acusaciones o ameritan la prisión preventiva.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue quien presentó esta denuncia el año pasado contra el director del patronato. La UIF presidida por Santiago Nieto comenzó a investigar a profundidad los manejos financieros del patronato de la universidad hidalguense.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investigó a la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. Foto: Zeta Tijuana.
Una vez detenido, Sosa Castelán fue trasladado al penal de máxima de seguridad del Altiplano, que se ubica en el Estado de México.
El director del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) promovió amparos el año pasado para evitar ser detenido. En las denuncias hechas por la UIF se señala que Sosa Castelán no ha podido comprobar el origen de 151 millones de dólares.
Por ello, la UIF congeló seis cuentas del banco HSBC donde se contenía dicha cantidad. Éstas eran manejadas por Sosa Castelán desde su posición de presidente del patronato.
Además, la Unidad presidida por Santiago Nieto acusó la construcción de una red de empresas fachadas con el propósito de lavado de dinero; mismas que fueron contratadas por la universidad hidalguense.
LA UIF MANTIENE CONGELADAS LAS CUENTAS DE SOSA CASTELÁN
Luego de darse a conocer la aprehensión, la Unidad de Inteligencia Financiera recordó que desde 2019 presentó ante la Fiscalía General de la República tres denuncias contra Gerardo Sosa por los delitos de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal. “A la fecha la UIF tiene congeladas diversas cuentas bancarias por movimientos inusuales en el sistema financiero los cuales ascienden a 151 millones e dólares”, informó.
En un breve comunicado, el órgano subrayó que “siempre ha respetado los tiempos legales y actuando conforme a derecho ante las diversas acciones jurídicas presentadas por el señor Gerardo ‘N'”, por ello, realizó las acciones que en su totalidad han sido resueltas a favor de esta institución.
“La UIF solicitará que le otorguen el carácter de víctima y ser coadyuvantes en los procesos jurídicos de todos los casos. De esta manera la institución refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita, para fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía”, finalizó.
Desde febrero la investigación se detuvo debido a la pandemia de la COVID-19, sin embargo, la Fiscalía espera que cuando se reinicien las actividades se tengan nuevos datos para continuar con el proceso.
La Fiscalía detectó movimientos irregulares y facturas apócrifas en casi 100 empresas, una de ellas relacionada con la carpeta de investigación iniciada contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jacquez.
Por Eduardo Villa Lugolunes
Tijuana, 25 de agosto (Zeta).- Las investigaciones contra el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, contiene 47 diligencias realizadas por parte de la Fiscalía General del Estado. Pero debido a la pandemia derivada de la COVID-19, tuvo que detenerse.
El vicefiscal Regional de Mexicali, Pedro Mendivil, confirmó que ya detectaron movimientos irregulares y facturas apócrifas en las casi 100 empresas. Entre las cuales destaca, una que también esta siendo investigada en la carpeta contra el exgobernador de Chihuahua,César Duarte Jacquez, detenido en Estados Unidos en espera de ser extraditado a México donde enfrentará varias acusaciones relacionadas con peculado, malversación de recursos, enriquecimiento ilícito entre otros.
“Estamos haciendo una investigación pormenorizada, revisamos cada una de las 99 empresas y en algunas constatamos que no existían en su domicilio fiscal. En otros casos la dirección si existía, pero era compartido por numerosas empresas, que incluso tienen registrados a los mismos socios”, detalló el vice fiscal de Mexicali.
Agregó que desde febrero tuvieron que detener la investigación, debido a que muchas instituciones de gobierno fueron cerradas por la contingencia. Como ejemplo, Mendivil hablo de la Comisión Nacional Bancaria, ante la cual se hicieron varias solicitudes y diligencias que aún están detenidas, pero cuando sean atendidas, tendrán nuevos datos para continuar con las indagatorias.
Durante la transmisión en vivo del gobernador Jaime Bonilla Valdez del 24 de agosto, el vicefiscal describió el modus operandi del desvío de recursos por parte del Estado y las empresas.
-Las facturas eran recibidas de supuestos proveedores en los correos electrónicos.
-Los pagos se capturaban en el sistema como trámite transitorio, ya que no formaban parte del presupuesto.
-El titular del área ordenaban el pago a sus subordinados.
-Ninguna de las facturas estaba sustentada en montos a pagar.
-Los pagos se realizaban en una temporalidad de 24 horas, ya que se justificaban como “pagos urgentes”.
En la presentación no se proporcionaron los nombres completos de los implicados, pero información proporcionada a este semanario, y publicada en mayo pasado, muestra que los presuntos responsables de los desvíos fueron: el ex gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid; a la diputada y ex oficial mayor del Estado, Loreto Quintero; al ex director de Normatividad y Políticas Administrativas del Poder Ejecutivo, Enrique Remigio Salcido; al ex secretario de Planeación y Finanzas del Estado (del 1 de noviembre de 2013 al 26 de abril de 2017), Antonio Valladolid Rodríguez y a su sucesor Bladimiro Hernández Díaz; y el ex director de Adquisiciones de Oficialía Mayor, Rutilo Pérez Flores.
También están comprometidos: Miguel Ángel López Arroyo, secretario técnico del gabinete financiero; Miguel Ángel Rodríguez Castro, subsecretario de Planeación y Presupuesto; Artemisa Mejía Bojórquez, jefa de Administración y Contabilidad; Édgar Castillo Padilla, director de Seguimiento de Paraestatales; Álvaro Israel Ledezma Félix, director de Administración; Isauro López Cárdenas, coordinador de Gabinete; Silvia Lara Sánchez, directora de Egresos; Juan Manuel Romero Bastida, jefe del Departamento de Pagaduría; y Reynaldo Sandoval Olmeda, jefe del Departamento de Bancos.
Vera Jiménez aparece en tres contratos por 675 millones de pesos que supuestamente firmó con Emilio Zebadúa, entonces oficial mayor de la Sedesol, y uno más por 22 millones 462 mil 182 pesos con Sonia Angélica Zaragoza González, exdirectora general de procesos y estructura de la misma dependencia.
Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- Alejandro VeraJiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), obtuvo una suspensión provisional para evitar una orden de aprehensión en su contra, por su presunta participación en el desvío de recursos públicos señalada en la “EstafaMaestra“.
De acuerdo con el reporte de medios locales y nacionales, el exrector de la UAEM promovió un amparo ante el Juez Segundo de Distrito en el la entidad contra el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Norte de la CdMx.
A través de este recurso, Vera Jiménez trató de anticiparse a la acusaciones penales derivadas de de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), quien resolvió su responsabilidad en el desvío de 239.3 millones de pesos de recursos públicos.
Vera Jiménez es señalado por el desvío de recursos públicos a empresas fachada por medio de contratos otorgados durante la gestión de Rosario Robles Berlanga como titular de la secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), resultado de la investigación periodística.
Estos señalamientos contra el exrector datan del 2013, cuando la universidad del estado recibió los 239.3 millones desde la Sedesol, para desviar el 85 por ciento a la empresa Evyena Servicios, cuya ubicación es desconocida desde las auditorias.
Por otra parte, datos del Ministerio Público Federal, Vera Jiménez aparece en tres contratos por 675 millones de pesos que supuestamente firmó con Emilio Zebadúa, entonces oficial mayor de la Sedesol, y uno más por 22 millones 462 mil 182 pesos con Sonia Angélica Zaragoza González, exdirectora general de procesos y estructura de la misma dependencia.
Alejandro Vera a su cargo como director general del Consejo de Ciencia y Tecnología de Morelos por supuestos “motivos personales”, sin embargo, comenzó a ser investigado por diferentes motivos señalados en la “Estafa Maestra”.
En 2018, el exrector de la UAEM enfrentó otros procesos penales por enriquecimiento ilícito y peculado, y pese a ser detenido por su presunta participación en el abuso de confianza al interior del Sindicato Administrativo de la universidad, fue liberado bajo fianza.
Una serie de denuncias en contra de Guillermo Álvarez, director general de la Cooperativa La Cruz Azul, y otros altos mandos, han destapado un esquema de desvíos a través de empresas fantasma. La relación de “Billy”, como también se le conoce, con los gobiernos pasados le permitió saquear por años a la organización integrada por más de 760 socios, quienes confían que en este sexenio se les haga justicia.
PRIMERA ENTREGA DE UNA SERIE
Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– Hace 32 años Guillermo Álvarez Cuevas asumió la dirección general de la Cooperativa La Cruz Azul con el objetivo de velar por los intereses de los más de 760 socios, sin embargo, una serie de denuncias han colocado a la organización en el centro de un escándalo por un presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma, sobreprecios en la compra-venta de jugadores de futbol y operaciones inexistentes. Pero estas acusaciones son solo la punta del iceberg de una entramada de corrupción y protección desde el Gobierno que por años permitió a “Billy”, como se le conoce, desviar millones de pesos de una de las principales productoras de cemento en México, de un equipo de futbol de la Liga MX y un hotel cinco estrellas, según consignan autoridades y cooperativistas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, presidente del club de futbol Cruz Azul, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, el pasado 29 de mayo por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por 1,200 millones de pesos. La instancia a cargo de Santiago Nieto Castillo detectó un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la Cooperativa y a las cuales “Billy” les firmó facturas de entre 3 y 5 millones hasta sumar 200 millones de pesos.
En la imagen, “Billy” Alvarez, presidente del club Cruz Azul, acusado de presunto lavado de dinero. Foto: Cuartoscuro.
“La denuncia es reciente y son hechos entre 2016 y 2017”, explicó Guillermo Barradas, abogado de las presidencias del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul que representa a más del 80 por ciento de los cooperativistas. “Las facturas tienen la firma de ‘Billy’ Álvarez, hay transferencias electrónicas y tres testimonios. Es una denuncia sólida, fuerte”.
A estas 15 empresas fantasma, que tienen domicilios en patios de vecindad o son oficinas virtuales, se les pagaron 51 facturas y forman parte de la lista 69-B, en donde la Secretaría de Hacienda incluye a las organizaciones con operaciones simuladas, detalló el abogado.
Esta primera denuncia interpuesta por los disidentes de la Cooperativa fue iniciada hace cuatro meses ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de la administración fraudulenta de “Billy” Álvarez. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por posible lavado de dinero y delincuencia organizada. Dentro de esta carpeta, se da intervención a la UIF y ellos corroboraron la existencia de empresas factureras y formularon la denuncia correspondiente dentro de la misma carpeta iniciada por los disidentes; además, procedieron al bloqueo de las cuentas.
En esta acusación se incluyen las declaraciones de la entonces Tesorera de la Cooperativa y del Director de Administración, quienes señalaron directamente a “Billy” Álvarez como la persona que les ordenó realizar movimientos a esas factureras, incluso aparece la firma del presidente del Cruz Azul.
“Dentro de esa carpeta de investigación, la Tesorera y el Director de Administración se sujetan al criterio de oportunidad y proporcionan y colaboran con la Fiscalía”, mencionó Guillermo Barradas.
En este criterio de oportunidad, que es un beneficio que la ley otorga a aquellos imputados que quieran proporcionar información en la persecución de un delito grave, se sujetan tres personas: la extesorera de la Cooperativa, el exdirector de Administración y por último se obtuvo la declaración del señor Alfredo Álvarez Cuevas, director de Planeación Estratégica de la Cooperativa Cruz Azul, quien presentó 14 pruebas ante la UIF que podrían confirmar la culpabilidad de su hermano “Billy”.
“La carpeta se está investigando y estamos a unos días de que se pueda determinar si se ejercita acción penal o no en contra de ‘Billy’ Álvarez y el resto de personas que le ayudaron a operar este esquema para saquear a la Cooperativa”, dijo el abogado de la dirección comercial de la Cooperativa Cruz Azul, integrada por disidentes.
La Cooperativa Cruz Azul tiene a una de las principales productoras de cemento en México, un equipo de futbol de la Liga MX y un hotel cinco estrellas.
Pero estas acusaciones en contra de “Billy” Álvarez no son nuevas, antes de esta denuncia –la única que ha prosperado jurídicamente– hubo otras que comenzaron hace más de 10 años y que nunca se consolidaron por la protección que desde las autoridades tenía el directivo de la Cooperativa Cruz Azul.
“Ha habido muchos hechos que lamentablemente se han denunciado y por todo el dinero que tiene (‘Billy’) y todas las relaciones no había prosperado y las habían archivado”, dijo Guillermo Barradas.”Por ejemplo, en su momento hubo un escándalo de hechos que involucraba a Carlos Terroba Wolf y también hubo unas cuentas en Suiza, pero el problema es que en sexenios anteriores terminaron protegiéndolos”.
El abogado de los disidentes espera que en este sexenio no se proteja a Guillermo Álvarez y se termine la corrupción dentro de la Cooperativa.
“Esperamos que este sexenio sea diferente y que no se le encubra como ha sido en pasados donde hubo una red de protección en el poder bastante fuerte”, confió. “Hoy estás ante la presencia de otro Gobierno, con otras finalidades, que busca combatir la corrupción y que precisamente están prosperando estas denuncias”.
Una de las primeras acusaciones públicas en contra de la directiva de la Cooperativa ocurrió el 30 de septiembre de 2009 cuando el actuario Carlos Terroba, recién despedido de la organización, expuso ante cooperativistas los malos manejos de la administración de “Billy”. En videos que aún se pueden consultar en YouTube se observa al actuario en el auditorio de Ciudad Cruz Azul, en Jasso, Hidalgo, confesando la existencia de Blue Eagle Re y Lummar H, paraísos fiscales creados por Álvarez.
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El 16 de julio de 2010 se presentó una denuncia de hechos por parte de José Luis Carbajal Campos ante la SEIDO, en la cual se acusa de llevar a cabo operaciones ilícitas a Guillermo Álvarez, a Víctor Manuel Garcés Rojo, entonces director jurídico de la Cooperativa, a Ángel M; Junquera Sepúlveda, socio de la firma de abogados Junquera, Sepúlveda, Bugeda y Damián, S.C; José Besil Bardawil, socio de la firma contadores Valera, Topete y Asociados; Carlos Terroba Wolf, director de un grupo empresarial y operador accionista con representación legal de la empresas off shore Lummar H. Corporation y Blue Eagle Re, entre otros.
Dos años después, el 15 de octubre de 2012, el abogado del depuesto Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, Eugenio Olvera, expuso públicamente los malos manejos y los mecanismos utilizados por “Billy” Álvarez, acusándolo junto a sus socios mas cercanos de evasión fiscal, lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable.
La relación de “Billy” (derecho) con los gobiernos pasados le permitió saquear por años a la organización integrada por más de 760 socios. Foto: Cuartoscuro.
En 2013 un grupo disidente encabezado por Víctor Manuel Velázquez, exdirector Comercial de la cementera, acusó a Guillermo de ostentar la Dirección General de la Cooperativa.
En medios, el 25 de marzo de 2019 la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó dos reportajes en donde reveló que los recursos de la Cooperativa se habían destinado a un grupo de empresas que facturaron por supuestos servicios de consultoría. Además denunció que durante años sus directivos sacaron millones de dólares de la organización para llevarlos a paraísos fiscales.
EL MODUS OPERANDI
Pero, ¿cómo operó este esquema de lavado de dinero? De acuerdo con la declaración de quien fuera Tesorero de la Cooperativa a la que SinEmbargo tuvo acceso, durante los años 2014 a 2016 se percató que existían diversas cotizaciones de pago por cantidades sumamente elevadas relacionadas con supuestos servicios no prestados, las cuales habían sido directamente autorizadas por Guillermo Álvarez y no seguían los protocolos internos de la organización, los cuales consistían en generar un pedido o contrato y que lo autorizara el área correspondiente.
El extesorero de la Cooperativa acusó a “Billy” Álvarez de haber instruido desde el 2014 el pago por parte de la Cooperativa a empresas fantasma respecto de supuestos servicios no prestados, es decir, no existió el servicio, pero sí se facturó y cobró, generando gastos inexistentes en perjuicio de la organización y sus socios.
El testigo dice en su declaración, con fecha del 2 de marzo de 2020, que cuando se dio cuenta de este modus operandi solicitó que las facturas ya no las firmara solo el Director General de la empresa, sino también estuviera la rúbrica de los directores de Jurídico, Finanzas y del presidente del Consejo de Administración y Vigilancia; sin embargo, por haber presentado esta solicitud, Guillermo Álvarez lo suspendió de sus labores como director Financiero.
El mismo esquema fue denunciado por quien fuera Tesorera de la Cooperativa. En su declaración detalla que durante los años 2015 a 2019 se dio cuenta que existían varias autorizaciones de pago por fuertes cantidades de dinero relacionados con servicios no prestados las cuales habían sido instruidas directamente por Guillermo Álvarez, mismas que no seguía el proceso interno.
La extesorera acusó a “Billy” Álvarez de instruir pagos de supuestos servicios a empresas o consultoras que nunca prestaron el servicio.
“La extesorera y el exdirector de Administración acudieron ante la Fiscalía y prefirieron decir ‘Yo no estuve de acuerdo (con los desvíos) y tan no estuve de acuerdo que el señor ‘Billy’ Álvarez me corrió después de estos hechos porque me opuse a realizar este tipo de acciones que para él eran normales y los hacía constantemente”, señaló el abogado Barradas. “Ellos exhiben las facturas, reconocen la firma de ‘Billy’ y explican que él les ordenaba realizar esos movimientos y se exhiben los comprobantes de las transferencias bancarias”.
EL RESPALDO A “BILLY”
El pasado 4 de junio, la Cooperativa La Cruz Azul calificó de difamación la campaña emprendida por un grupo disidente que ocasionó la congelación de las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez y su hermano Alfredo.
“Cooperativa La Cruz Azul SCL expresa su rechazo a las acciones de difamación, daño moral y perjuicio en contra de la imagen y estabilidad económica que un grupo de socios suspendidos de sus labores ha encabezado a través de la manipulación de información sustraída ilegalmente de la empresa”, expresó en un comunicado.
La Cooperativa agradeció la intervención de las autoridades porque al investigar podrán deslindar responsabilidades y desmentir lo que calificó como imputaciones sin sustento que se ha externado de forma mediática.
Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa Cruz Azul, dijo en entrevista que estas acusaciones son un tema añejo que han venido reciclando los opositores a la actual administración y que ahorita están suspendidos.
“Este grupo sacó información de la Dirección Financiera de la organización y le dio una manipulación jurídica e informativa porque todas las empresas a las que ellos se refieren ninguna tiene problemas de tipo fiscal”, aseguró el vocero. “Todas han sido proveedurías que están perfectamente bien certificadas y tipificadas frente a las autoridades”.
Dijo que se están entregando los documentos correspondientes a las autoridades en donde se demuestra que “todas estas salidas (de dinero) corresponden a inversiones de infraestructura”. También señaló como responsables de estas difamaciones a José Antonio Marín y Víctor Manuel Velazquez, quienes encabezan este grupo disidente dentro de la Cooperativa.
“Son socios suspendidos de sus actividades y sujetos a investigación, y quien ha filtrado la información que ellos sustrajeron fue Juan Briseño, quien es el exdirector Financiero de la organización. Ellos fueron suspendidos porque después de auditorías se determinó actos que no tenían cabal transparencia y que hoy en día están sujetos a proceso legal”, explicó Hernández.
Sobre las acusaciones que realizó Alfredo Álvarez en contra de su hermano, el vocero detalló que él estuvo suspendido de la organización a partir del 2010 y regresó a sus funciones hasta el 2018-2019, por lo que es imposible que tuviera conocimiento de las supuestas operaciones ilícitas.
“Si no estaba en funciones porque estaba suspendido, ¿cómo puede decir que tiene pruebas?”, cuestionó. “Todo este proceso del que estamos hablando supuestamente se presenta en su ausencia laboral y los contratos de los que él habla son ajenos a su departamento y área correspondiente. Él no tenía relación ni con los proveedores ni tenía actividad laboral en el tiempo donde se presentan esos servicios”.
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