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Los casos de corrupción que rodean a los ex funcionarios públicos Rosario Robles Berlanga y Emilio Lozoya Austin podrían hacer caer al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a integrantes de su “círculo político cercano”. Esto sería “histórico” e “inusitado” en México, donde existe un “pacto de impunidad” para no tocar a la figura presidencial, el cual podría estar llegando a su fin con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijeron analistas políticos.

–Con información de Dulce Olvera y Daniela Barragán

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- Enrique Peña Nieto y los hombres del ex Presidente, Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade Kuribreña, están en la mira de la justicia y en riesgo de jaque, por las investigaciones en contra de Rosario Robles Berlanga y Emilio Lozoya Austin, por el uso indebido de recursos públicos relacionados con la “Estafa Maestra” y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aunque los casos de Robles y de Lozoya hacen que Peña Nieto esté cada vez “más cerca del fuego”, va a ser “muy complicado pasar de lo que tiene en este momento la Fiscalía General de la República, a una causa de investigación que vincule a Peña Nieto y a su círculo de políticos y empresarios cercanos”, dijo a SinEmbargo Enrique Toussaint, analista político de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Pero si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador “se atreve a ir hasta el fondo y a enseñarnos toda la trama de podredumbre, podría ser un parteaguas en la historia del país”, toda vez que “la política no se meta en el campo de la justicia” y viceversa, según Toussaint.

Ayer por la mañana, el Juez de control que vinculó a proceso y determinó cárcel preventiva contra Rosario Robles pidió que la ex Secretaria de Estado aclare si Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade estuvieron al tanto de las irregularidades relacionadas con la “Estafa Maestra” en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante su periodo de gestión.

De acuerdo con la defensa de la ex funcionaria, hay pruebas de que Robles Berlanga le avisó al ex Secretario de Desarrollo Social (2015-2016) que había pendientes por solventar en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo cual quedó constatado en las actas de entrega-recepción de la Sedesol.

Asimismo, a finales de julio de este año, el abogado Javier Coello Trejo aseguró que su cliente Emilio Lozoya exhibirá, en un video, la participación de Luis Videgaray y Peña Nieto en la compra irregular de las plantas de fertilizantes Fertinal y Agro Nitrogenados por parte de Pemex, en 2013 y 2015.

“En el video [Lozoya] contará sobre todo por qué se llevaron a cabo las compras de las plantas de Agro Nitrogenados y Fertinal, quién autorizó las compras [y] cómo fueron. También hablará sobre el huachicol en el sexenio pasado y cómo es que Videgaray y Peña saquearon a Pemex”, explicó Coello.

Para el analista político Enrique Toussaint, es “imposible” que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso no estuvieran al tanto de la “Estafa Maestra” y los desfalcos a Pemex.

Toussaint y el politólogo José Fernández Santillán explicaron que las tramas de corrupción que hoy son investigadas a nivel federal son características del Grupo Atlacomulco del peñanietismo. En ese sentido, indicaron que desde antes de ser Presidente Peña Nieto y en casos como el de Odebrecht, Lozoya operaba como su “encargado de financiamiento internacional de campaña política” y que, como tal, “dependía directamente del entonces coordinador de campaña, que era Videgaray, “la mano derecha de Peña Nieto”.

En cuanto a Rosario Robles y la “Estafa Maestra” dijeron que “estamos hablando de más de 5 mil millones de pesos de desviación de recursos públicos hasta el momento, con empresas fantasma y una arquitectura de saqueo, de la que también el Auditor Superior de la Federación dice que es imposible que sucediera sin el conocimiento del Presidente o del Secretario de Hacienda, entonces José Antonio Meade”.

UN HECHO SIN PRECEDENTE

Las investigaciones en contra de Robles y Lozoya podrían derrumbar al ex Presidente Peña Nieto y a su círculo cercano. Esto es algo “sin precedentes” en la vida de México, e implicaría que “las figuras presidenciales ya no sean intocables”, explicaron los analistas.

“Nunca había sucedido. En la historia política de México había un pacto de impunidad implícito. Cada Presidente que llegaba cubría al otro de sus fechorías, y así operó el régimen desde 1929 hasta 2000. El pacto se extendió con la alternancia panista y con la segunda alternancia con Peña Nieto, quien cubrió a [Felipe] Calderón [Hinojosa] y a [Vicente] Fox [Quesada], aunque había elementos para inculpar al menos a sus familiares”, refirió el analista José Fernández Santillán.

En épocas anteriores inclusive hubo carpetas “al vapor” contra ex presidentes, como en los casos de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y Luis Echeverría Álvarez (1970-1976). Pero según el especialista Toussaint, uno de los ejemplos más claros del pacto de impunidad en la historia contemporánea de México es el del sexenio de Miguel Alemán Valdés (1946-1952), quien fue “el Presidente más corrupto de la historia de México hasta que Peña le quitara el puesto”.

“Miguel Alemán, si no inventó la corrupción […] lo que sí hizo fue institucionalizarla como una especie de aceite y engranaje del sistema. O sea, el sexenio de Miguel Alemán, del Presidente empresario, supone la concentración del poder político [en el Primer Mandatario], con un Estado que se comportaba como una especie de gestor de la corrupción”, dijo el analista político.

Cuando Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) lo sucede y ve los desfalcos que Alemán cometió, “tuvo la tentación de romper esa regla del sistema político mexicano y enjuiciar a Miguel Alemán”. Pero de acuerdo con Toussaint, “no lo hizo porque suponía romper el sistema. Un sistema del que él era beneficiario como Presidente de la República”.

Sin embargo, para los analistas políticos “el pacto se rompió” con la caída de las estructuras tradicionales y la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República.

“Pasamos por un cambio en la sociedad mexicana que ya está vacunada contra los quinazos. […] López Obrador sabe que debe de dar resultados sustentables en materia de corrupción, de austeridad, violencia, pobreza y crecimiento económico”m dijo Toussaint. Tanto Santillán como Toussaint observaron condiciones para que haya un cambio, sólo si hay un Presidente que “suelte la agenda de quinazos” (o chivos expiatorios) y “fortalezca la autonomía de las instituciones de procuración de justicia”.

ROSARIO ROBLES

Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso esta semana. La funcionaria pública estará recluida en el penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México por los próximos dos meses, en que continuará la investigación complementaria sobre su caso.

Robles fue imputada por presuntas omisiones que coadyuvaron al desvío de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos relacionados con la “Estafa Maestra”, durante sus años como Secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018).

Entre 2013 y 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 32 denuncias penales en contra de las dependencias que fueran encabezadas por Rosario Robles, por la firma de convenios irregulares no solventados con universidades y empresas.

Sin embargo, Robles afirmó que el ex Secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña sabía de las observaciones pendientes por solventar de la ASF, por lo que no incurrió en omisiones. Al respecto, la otrora Jefa de Gobierno capitalino dijo tener pruebas de sus informes a Meade, a través de actas de entrega/recepción de la Sedesol.

De acuerdo con el juez de control que vinculó a Robles, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, es evidente que “José Antonio Meade sabía de los hechos” y que, de ser probado que no hubiera informado al Presidente Peña Nieto, sería imputado por encubrimiento u omisión.

Como consecuencia, la defensa de Robles tendrá hasta el viernes 16 de agosto para presentar las pruebas que desvinculen de omisión a Robles y hagan responsable de encubrimiento a Meade, o en su caso, al ex Presidente de la República.

Para Toussaint, Rosario Robles y Emilio Lozoya “son chivos expiatorios” que, aunque hicieron las cosas mal y tienen que pagar por sus acciones y omisiones, son parte de un entramado mucho más grande.

El analista refirió que el reto de la nueva administración será que el Fiscal Alejandro Gertz Manero y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, puedan probar que los casos fueron “construidos, maquinados y articulados desde la Presidencia de la República. Es decir, que lo único que Robles y Lozoya hacían era seguir ordenes”.

En caso de tener éxito, en México se daría un fenómeno similar al del “Lava Jato” de Brasil, en que las detenciones de políticos y empresarios corruptos generaron un “golpe durísimo” al sistema político. Ello implicaría dos elementos:

Uno. El Presidente López Obrador se vería fortalecido y tendría “hoja en blanco para hacer y deshacer lo que quiera”, lo que podría ser positivo para el país, aunque también implicaría un riesgo de concentración del poder político en una sola persona.

Dos. Un “cambio de época” –como el 68 o la crisis económica de 1994– en que un proceso de juicio llevaría a la caída de un Presidente, con lo que habría una contravención de la “regla no escrita” del sistema político mexicano, por la que “un Presidente que llega no suele meterse con el [Presidente] pasado”.

EMILIO LOZOYA

El ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, tiene una orden de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados del caso Odebrecht, y otra por la compra-venta de la planta Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA).

“El caso Odebrecht no se limita a Lozoya, quien fue una pieza de esa gran estructura de corrupción [durante el sexenio pasado]. El propietario de la empresa constructora brasileña Marcelo Odebrecht señaló que dieron sobornos [10.5 millones de dólares] y la vía fue Lozoya, el encargado de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Peña Nieto”, aseguró el analista político José Fernández Santillán.

El 4 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de control, las órdenes de aprehensión correspondientes al caso de supuestos sobornos de Odebrecht, en contra de Emilio Lozoya, su esposa Marielle Eckes, su madre Gilda Austin (detenida en Alemania), su hermana Gilda Lozoya y la empresaria Nelly Aguilera.

Asimismo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Lozoya por 10 años, por omitir cuentas y saldos bancarios en sus declaraciones patrimoniales.

La investigación sobre el caso Odebrecht inició en enero de 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero después de dos años de indagaciones, la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) –encabezada por Raúl Cervantes Andrade (2016-2017) y Arturo Elías Beltrán (2017-2018)– fue incapaz de judicializar el caso.

La falta de resolución de la entonces Procuraduría es “criticable”, refiere la FGR en un comunicado. Y según Toussaint, si por algo la investigación estuvo tanto tiempo en la congeladora, es por “errores” cometidos al momento de la integración de carpetas, “que no debieron ocurrir y que claramente no está cometiendo la Fiscalía de Gertz Manero”.

Sin embargo, en julio y después de una serie de amparos, la defensa del ex director de Pemex anunció que Lozoya renunció a la suspensión que lo protegía de ser capturado por la Fiscalía.

Poco antes, el 28 de mayo, la FGR también obtuvo una orden de aprehensión en contra del dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, quien fue detenido en España como uno de los responsables de los daños a la Hacienda Pública Federal, por la compra-venta de Pemex de la planta Agro Nitrogenados, a un supuesto sobreprecio de más de 100 millones de dólares.

El próximo 29 de agosto será celebrada una audiencia en el Reclusorio Norte, donde un juez federal decidirá si las autoridades procederán con la extinción de dominio que pesa sobre una de las propiedades de Emilio Lozoya, ubicada en Lomas de Bezares en Cuajimalpa, Estado de México, que habría sido adquirida por 38 millones de pesos en noviembre de 2012, con dinero de procedencia ilícita, de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab.