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AMLO abroga la “Cruzada Nacional contra el Hambre”, proyecto insignia de Peña Nieto

viernes, enero 21st, 2022

El programa fue diseñado el sexenio pasado para “abatir la miseria en algunos municipios de México” y fue implementado por la entonces titular de Sedesol, Rosario Robles. Sin embargo, la Auditoría Superior argumentó que “no logró atender a la población con rezago social y nivel de marginación alto y muy alto”.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este viernes un decreto por el que se abroga el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, uno de los proyectos insignias de su antecesor en el cargo, Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“ÚNICO. Se abroga el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013”, señala el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El decreto, detalla el texto, “entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, es decir, el sábado 22 de enero.

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Además, indican los artículos transitorios, “deroga todas las disposiciones que se hayan emitido derivado del Decreto que se abroga, así como aquellas que se opongan al presente instrumento”. La Secretaría de Bienestar, a través de las unidades administrativas competentes, deberá de proporcionar cuando se le solicite, la información que obre en sus archivos, sobre los procedimientos y asuntos pendientes, relativos a las actividades del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y sus componentes.

El Presidente López Obrador argumentó que su administración ya ha establecido “otros mecanismos” que “permiten construir un país con bienestar”, entre ellos, los programas de Producción para el Bienestar; de apoyo a cafetaleros y cañeros del país; de Precios de Garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo, panificable, arroz y leche; Crédito ganadero a la palabra; Distribución de fertilizantes químicos y biológicos, y la creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, los cuales permiten “suplir los apoyos otorgados mediante el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre”.

Asimismo, recordó que en diciembre de 2019, la Auditoría Superior de la Federación, presentó los resultados finales y observaciones preliminares de la “Auditoría de Desempeño número 288-DS” sobre la CNCH, señalando específicamente en el dictamen de dicha auditoría que debido a que, al cierre de 2018, la citada Cruzada no cumplió con su objetivo de “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”.

Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, los últimos dos presidentes mexicanos. Foto: Cuartoscuro

Asimismo, indicó que el Gobierno de México se ha propuesto “como unos de sus objetivos romper ese círculo vicioso existente entre la postración del campo y la dependencia alimentaria”.

“En virtud de lo anterior, se considera que ya no resulta necesario seguir contando con el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente”, señala el decreto de López Obrador.

Diseñada para abatir la miseria en algunos municipios de México, la Cruzada Nacional contra el Hambre generó un gasto de casi 500 millones de pesos entre 2013 y 2015 con 98 contratos. Pero el 80 por ciento de ese dinero se concentró en la difusión de los supuestos logros del programa, mientras que la apremiante hambruna en las comunidades de México no mostró descensos importantes.

En ese periodo, cuando la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) –gestora del programa– estuvo a cargo de Rosario Robles Berlanga, se firmaron 92 contratos por 386 millones 701 mil 401 pesos con 31 centavos para difundir “la nueva política social” impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en televisión, radio, periódicos, uniformes y playeras. De este conjunto de convenios, 89 se entablaron con medios informativos. Otros dos fueron para adquirir uniformes con “la nueva imagen institucional” de la cruzada. Uno más fue para comprar playeras con la insignia del programa.

Rosario Robles, la encargada de implementar la CNCH de Peña Nieto y hoy procesada por la llamada “Estafa Maestra”. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro

Para los medios informativos fueron 272 millones 466 mil 628 pesos. A través de spots se difundieron testimonios que daban cuenta de una supuesta bondad de la Cruzada. Por ejemplo, doña Josefina Medina Torres, de Morelos, habló así ante una cámara de televisión, en 2015: “Muy agradecida estoy porque seguimos adelante. Estoy con el señor Presidente Peña Nieto a través de mi pueblo, mando todo mi agradecimiento porque nos está beneficiando con las obras de nuestra ayuda, de nuestro apoyo a la tercera edad, y a las obras de la comunidad, así es que le mando mis más felicitaciones al Presidente de la República”.

A seis años de su implementación [la Cruzada Nacional Contra el Hambre] no logró atender a la población con rezago social y nivel de marginación alto y muy alto, sin que la Sedesol, actualmente Secretaría de Bienestar, explicara las causas”. De un documento de 65 páginas, esta es una de las conclusiones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace de la política social más importante de la administración del priista Enrique Peña Nieto.

Las fallas que la ASF detectó van desde la estructura de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la atención de la población objetivo y la aplicación de los recursos. Concluyó que no funcionó e incluso aconsejó a la administración federal de Andrés Manuel López Obrador a mejorarla por completo o eliminarla.

–Con información de Daniela Barragán

De la “lucha de clases” a robarle a los hambrientos: El largo viaje de Sosamontes por los billetes

miércoles, noviembre 25th, 2020

Luis Inácio Lula Da Silva, el Mandatario que desde la izquierda combatió la pobreza en Brasil con el programa Hambre Cero a nivel de considerarlo un milagro, acompañó al Presidente Enrique Peña Nieto en aquel evento masivo de mayo de 2013 que inauguró la supuesta lucha contra el hambre. Pero desde entonces, el equipo de la Secretaria Rosario Robles ya preparaba el saqueo a los más pobres, de acuerdo con su Oficial Mayor Emilio Zebadúa. Su otro brazo derecho y asesor era Ramón Sosamontes, un hombre que desde su juventud se abanderó bajo el comunismo, sin embargo, cuando tuvo acceso al poder en el PRD ya se había quemado con los videoescándalos de su amigo, el empresario Carlos Ahumada Kurtz.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– En una ocasión, hace 16 años, salieron por la puerta de atrás juntos, sin ser investigados. La dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Rosario Robles Berlanga y su cercano colaborador Ramón Sosamontes Herreramoro (Guerrero, 1951) renunciaron al partido en 2004 luego de la filtración de los llamado videoescándalos, donde en 2005 también se evidenció al político guerrerense intercambiar un maletín con un millón de dólares con Carlos Ahumada Kurtz, a quien a pesar de conocer íntimamente desde inicios del milenio y ser el “cupido” entre el empresario argentino y su jefa, lo desconoció cuando fue aprehendido.

Ahora, ambos autodenominados de izquierda, incluso comunistas, están involucrados en la Estafa Maestra, un instrumento con el que se le arrebató el dinero público de la Cruzada Nacional contra el Hambre a las personas en situación de pobreza alimentaria. Robles Berlanga lleva más de un año de los 40 que podría pasar presa, por lo que, ya debilitada de salud, ha decidido colaborar con la Fiscalía General (FGR) para brindar información sobre los involucrados en dicha triangulación de recursos públicos, entre ellos, el Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, quien habría planeado esos recursos para la campaña del Gobernador del Estado de México Alfredo del Maza en 2017 y del candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña en 2018, de acuerdo con su abogado Sergio Ramírez.

Pero Sosamontes, quien a sus 69 años está acusado por la Fiscalía junto con el Oficial Mayor Emilio Zebadúa González de firmar siete convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones de pesos desde las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), ha mantenido un perfil bajo y hace una semana logró una suspensión provisional de un Juez para evitar ser aprehendido a menos que sea por un delito grave que requiera prisión preventiva.

Desde el 8 de agosto de 2019, el mismo día en que se realizó la primera audiencia contra Robles, pidió el amparo 621/2019. Aunque también solicitó ampararse entorno a su dinero, ese mes sus cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El exfuncionario público también está denunciado ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) por beneficiarse con el otorgamiento de contratos a través de la empresa Sistema Guerrero Audiovisual.

La Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en abril de 2013 acompañada de sus subsecretarios Juan Carlos Lastrini, Ernesto Nemer y Ramón Sosamontes, Jefe de la Oficina. Foto: Cuartoscuro.

“No me sorprende. Desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) yo veía que Sosamontes era un corrupto. Desde el Partido Comunista buscaban acuerdos con el Gobierno a cambio de algunos favores para posicionarse mejor; hacerse de poder y dinero. De Robles sí me llamó la atención porque era maoísta ultraradical desde el CCH Naucalpan y en la Facultad de Economía de la UNAM los trotskistas eran sus enemigos; les inundó el auditorio para que no hicieran un evento. Después se volvió corrupta. La carne es débil y los principios ideológicos no le fueron suficientes”, dijo el académico Telésforo Nava, exmilitante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y también participante de la vida política del Sol Azteca.

“Es más astuto era Zebadúa, pero claro que Sosamontes tiene bastante para que ya esté en el Reclusorio Norte. Aquí depende qué quiera hacer el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, agregó el también académico de la Universidad Autónoma de México (UAM).

EL DINERO PARA “EL TÍO RAMÓN”

–Hasta paso a la historia como el que le quitó la pinche máscara al PRD –le dijo Carlos Ahumada al entonces perredista Ramón Sosamontes en 2002, se observa en el video filtrado a la prensa–. ¿Qué va a decir René Bejarano agarrando una bolsa de dinero? ¿Qué va a decir Andrés [Manuel López Obrador]? Yo no, no es cierto. Pero ahí es donde entras tú…

Sosamontes intentó limpiar su imagen y dijo que los billetes se los mandó Ahumada a sus oficinas para el PRD para las elecciones de 2003, pero, como se ve en el video, ese mismo día él se los regresó. “Él a finales del año 2000, yo era dirigente del PRD, me mandó esta misma maleta para aportar para el PRD. Esto, desde luego, yo no lo acepté. Se los regresé y dije: ‘aquí está, cuánto es’, y por eso esta especie de broma, de que cuánto es, que un millón de dólares, que no sé qué. La verdad, Joaquín, neta y lo puedo decir ante el Ministerio Público si se quiere”, dijo en entrevista con Joaquín López Dóriga. “Vi el dinero y lo regresé, y además le dije: ‘no, no, no, no te lo puedo aceptar’. No se puede. Le dije que era una cosa tremenda”, afirmó.

Parte del video filtrado donde se ve el intercambio del millón de dólares con el empresario Carlos Ahumada. Foto: Cuartoscuro.

Pero no era la primera vez que el empresario argentino le daba dinero a Sosamontes, quien militó en el Sol Azteca desde su fundación en 1989 en el bloque de los “comunistas” junto con Pablo Gómez, y después con el de los “maoístas” con Rosario Robles.

De 1994 a 1997 Sosamontes fue Diputado. Fue a finales de los 90 cuando el exprocurador salinista Ignacio Morales Lechuga le presentó a Ahumada en el hotel Marquis en Avenida Reforma, cuando al exdelegado de Venustiano Carranza (1997-1999) lo nombraron Delegado de Iztapalapa, un bastión electoral (1999-2000), ya que el empresario tenía negocios de construcción en el Gobierno del Distrito Federal.

El “Tío Ramón”, como lo llamaban los hijos de Ahumada, vivía en un departamento frente al Parque Hundido, en la Alcaldía de clase media alta Benito Juárez, y se paseaba en una camioneta Suburban Roja gracias al empresario, según el libro Derecho de Réplica (Grijalbo, 2009). Robles, quien entonces buscaba dirigir el PRD, le pidió a Sosamontes ser Delegado de Iztapalapa por representar el 35 por ciento del padrón electoral.

“El departamento que tenía frente a Parque Hundido lo compré y remodelé con mi dinero, él lo escrituró a nombre de una empresa que tenía el nombre de un pueblo de Guerrero de cuyas acciones era dueño. También lo ayudé con una camioneta Suburban Roja, y lo apoyé con efectivo para muchas cuestiones personales, de la política y alguna que otra ayuda menor, celulares y cosas de ese tipo. En eso consistió mi ayuda. ¿Qué le pedí a cambio? Lo repito: ¡Nada!”, escribió Ahumada. Sin embargo, la revista Proceso publicó en noviembre de 2005 que durante su gestión al frente de la Alcaldía Iztapalapa, la que contaba con mayor presupuesto de las 16 delegaciones, el experredista benefició a Ahumada con la cesión de contratos de obra pública. En 2004 le otorgó 32 contratos por 214 millones de pesos.

La Secretaria Rosario Robles sonríe para la cámara en junio de 2013. Atrás, de lentes, su brazo derecho Ramón Sosamontes. Foto: Cuartoscuro.

Ramón Sosamontes toma de los hombros a Manuel Espino, otrora cercano a Felipe Calderón, durante el Encuentro Nacional Ciudadano para iniciar la construcción de un Partido Político Nacional en octubre de 2012, antes de llegar al Gobierno de Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro.

En 2001, fue Sosamontes quien presentó a Ahumada con Rosario Robles, entonces exjefa de Gobierno del Distrito Federal (1999-2000), en el restaurante Bellinghausen de la Zona Rosa. No fueron a comer juntos, pero se encontraron al salir. La política le pidió al entonces director de la Policía auxiliar que le consiguiera un hotel en la bahía de Huatulco para pasar sus vacaciones de Semana Santa con su hija Mariana y unas amigas. Le pidió apoyo a Ahumada, quien por sus contactos en el mundo empresarial le consiguió la suite presidencial del hotel Quinta Real en Huatulco.

Cuando Rosario Robles fue presidenta del PRD entre 2002 y 2003, Sosamontes fue su Secretario de Asuntos Electorales y después, cuando tuvieron que renunciar por los videos de las ligas, continuó a su lado, pero desdibujado durante una década. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, revivió políticamente como Jefe de Oficina de la Sedesol con Rosario Robles para operar el programa social estrella La Cruzada Nacional contra el Hambre y, con ello, la Estafa Maestra.

“Su enemigo era el PRI y terminaron operando para ellos. Lo de la Estafa Maestra era para fortalecer al PRI”, comentó el académico Telésforo Nava.

CENA DE GALA EN PLENA EMERGENCIA

Era viernes 13 aquel septiembre de 2013. El huracán “Ingrid” junto con la tormenta tropical “Manuel” generarían lluvias intensas en Guerrero al día siguiente y, durante las fiestas patrias, causarían miles de damnificados, muertos y daños a la infraestructura. Acapulco quedó incomunicado, en Chilpancingo se desbordó la presa Cerritos y los poblados más marginados fueron los más afectados e ignorados. Pero esa noche, en vez de alertar a la población y comenzar las evacuaciones, el Gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero ofreció una cena de gala con motivo del bicentenario de los Sentimientos de la Nación.

Los invitados chocaron copas y escucharon mariachis, entre ellos, miembros del gabinete de Aguirre, senadores y diputados. Destacaron el Jefe de Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Ramón Sosamontes; el exdirigente priista René Juárez Cisneros y el ahora Gobernador Héctor Astudillo Flores.

Los mayores afectados por los entonces desastres naturales históricos, fueron “invisibilizados”, acusó el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. “En la Montaña de Guerrero, cientos de comunidades indígenas permanecen incomunicadas por las inclemencias climatológicas. La respuesta estatal no ha llegado”, reportó el 18 de septiembre de 2013.

Políticos en la cena de gala en el marco del devastador huracán “Ingrid” en septiembre de 2013. Foto: Gobierno de Guerrero.

“Para Tlachinollan, los estragos causados por las lluvias en la Montaña son incuantificables por el momento, pues además de que no se han logrado precisar los fallecimientos y accidentes; al perderse la cosecha del maíz sembrado para la autosubsistencia en este ciclo agrícola, la mayoría de las comunidades de la región enfrentarán en el futuro inmediato una preocupante escasez de alimentos. Aunado a ello, las viviendas han sido arrasadas en muchas comunidades. La garantía de los derechos humanos a la alimentación y a la vivienda digna mediante acciones emergentes, en este contexto, resulta urgente”.

Un año después, Aguirre se vio obligado a renunciar por la presión de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Pero el cercano a la Secretaria Rosario Robles continuó operando la Estafa Maestra, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República y los datos entregados por la Auditoría Superior de la Federación.

En agosto de 2015, la Secretaria Rosario Robles fue asignada en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Sus fieles brazos derechos, el Oficial Mayor Emilio Zebadúa y el Jefe de Oficina Ramón Sosamontes, también brincaron a esa dependencia federal. Se venían las elecciones estatales de 2016-17, los desastres por los terremotos de septiembre de 2017 y posteriormente las presidenciales de 2018.

En 2020, Sosamontes está amparado, Zebadúa declarando y Robles, presa.

Animal Político: Zebadúa hunde a Rosario y Videgaray ante la FGR; revela desvíos de Estafa Maestra

lunes, noviembre 16th, 2020

Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ofreció convertirse en testigo protegido y delatar las operaciones de desvíos de recursos en donde participaron el expresidente Enrique Peña Nieto y su exjefa Rosario Robles Berlanga, informó el diario Reforma a principios de noviembre

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Emilio Zebadúa González, el exoficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha comenzado a describir los desvíos supuestamente realizados por los exsecretarios Rosario Robles Berlanga y Luis Videgaray Caso. Según Zebadúa, la llamada Estafa Maestra se ejecutó hasta con la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Su declaración es citada por el periódico digital Animal Político.

Zebadúa, quien ha solicitado se le aplique un criterio de oportunidad para ser beneficiado durante el proceso penal que hay en su contra, dijo a la Fiscalía General de la República aseguró que dicho programa social, el de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se usó en el sexenio de Peña Nieto para comprar votos, realizar actos proselitistas y de campaña a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con lo documentado por Animal Político.

“Desde el inicio de la gestión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, tuvo inicio una estrategia general tanto social como político-electoral en la que participarían la mayor parte de las dependencias de gobierno”, dijo Zeubadúa, según el portal de noticias.

“Una de las ramas de dicha estrategia se denominó ‘Cruzada Nacional contra el Hambre’, por la cual se desviarían recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos en todo el país, además de actos proselitistas o compra de votos”, agregó el testigo ante la FGR.

De acuerdo con Animal Político, entre enero y febrero de 2013, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dirigida por Luis Videgaray Caso, dispuso de mil millones de pesos no presupuestados para asignarlos a la Cruzada Nacional contra el Hambre en Sedesol. Dicho dinero se habría utilizado en campañas publicitarias por pedido de Rosario Robles. El mismo esquema se habría usado en otras dependencias.

“Esto permitió el inicio por parte de Sedesol, y otra docena de dependencias (por sus siglas Sagarpa, Economía, SCT, ISSSTE, Pemex, entre otras), provistas de recursos extraordinarios por la Secretaría de Hacienda, proveer de recursos permanentemente durante el sexenio para la promoción publicitaria político-electoral del presidente, su gobierno y su partido político”, agregó Zebadúa a la FGR.

Emilio Zebadúa ha sido funcionario público desde 1996, cuando fue Consejero General del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE). En el año 2000 trabajó en la Secretaría de Gobierno de Chiapas durante la administración de Pablo Abner Salazar Mendiguchía; de 2003 a 2005 fue Diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de 2006 a 2012 presidió la Fundación para la Cultura del Maestro A.C.

Luego Rosario Robles lo nombró Oficial Mayor en la Sedesol, mismo cargo que tiene en la Sedatu.

Zebadúa percibía un sueldo total bruto de 189 mil 944 pesos mensuales. Como funcionario contaba con un seguro institucional, de retiro, de gastos médicos y de separación. Entre sus prestaciones están la paga de defunción, la ayuda para despensa, asignación de vehículo y asistencia legal, de acuerdo con una revisión hecha por SinEmbargo en 2018 al Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).

Esa es la única información que ofrece como funcionario público. En su última declaración patrimonial que presentó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) decidió no hacer públicos sus bienes patrimoniales ni tampoco sus posibles conflictos de interés.

El exfuncionario, como Oficial Mayor de Sedesol, contó con 204 empleados y por el nivel de su puesto, se le otorgó un equipo de cinco asesores y un secretario particular. Además, en la oficina del Secretario Técnico del Oficial Mayor contó con un Auxiliar de Control de Gestión, un Auxiliar de Oficina, con el Departamento de Apoyo y Seguimiento Administrativo, y la Dirección de Gestión y Control Administrativo.

Tanto en la Sedesol como en la Sedatu, Emilio Zebadúa fue el responsable de, entre otras, la Dirección General de Planeación y Presupuesto, y la Dirección de Recursos Materiales, que son las áreas con el mayor número de menciones en los informes de la ASF.

8 mil millones en 6 años, dice ASF, no sirvieron de nada. Eso fue la Cruzada contra el Hambre de EPN

viernes, febrero 28th, 2020

Desde 2013, cuando se implementó, la Cruzada Nacional Contra el Hambre fue una de las políticas más importantes de la administración de Enrique Peña Nieto en materia de combate a la pobreza. Fue utilizada por los cuatro titulares que pasaron por la Sedesol en el sexenio del priista mexiquense como estandarte propagandístico y para asegurar que se trabajaba fehacientemente en esa materia aunque, en realidad, según lo encontrado por la ASF, nunca funcionó.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- “A seis años de su implementación [la Cruzada Nacional Contra el Hambre] no logró atender a la población con rezago social y nivel de marginación alto y muy alto, sin que la SEDESOL, actualmente Secretaría de Bienestar, explicara las causas”. De un documento de 65 páginas, esta es una de las conclusiones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace de la política social más importante de la administración del priista Enrique Peña Nieto.

Son los resultados, también, de cuatro titulares de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol): Rosario Robles Berlanga, José Antonio Meade Kuribreña, Luis Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña. Esta fue una de las dependencias que más cambios de titulares tuvo en el sexenio peñista, y cada uno de ellos se fue presumiendo sus respectivas fotos de promoción de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Las fallas que la ASF detectó van desde la estructura de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la atención de la población objetivo y la aplicación de los recursos. Concluyó que no funcionó e incluso aconsejó a la administración federal de Andrés Manuel López Obrador a mejorarla por completo o eliminarla.

La ASF constató que la Cruzada orientó la entrega de subsidios para la atención integral de las carencias sociales y el ingreso de la población en condición de pobreza extrema alimentaría a los municipios con menor índice de rezago social y menor grado de marginación, por lo que durante los seis años de implementación no logró atender a la población con rezago social y marginación alto y muy alto y nunca se explicaron las causas de esto.

El 30 de abril de 2013, Enrique Peña Nieto atestigüó la firma de la carta de entendimiento suscrito entre elGobierno de México y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en favor de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro

Cuando la Cruzada fue anunciada, el número de personas en pobreza extrema alimentaria, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), era de 5 millones 115 mil. Y se dijo que de no atender ese problema, las consecuencias en el individuo, serían “desnutrición, vulnerabilidad a enfermedades, bajo desempeño y rendimiento laboral y deserción escolar y, en la sociedad, limitado desarrollo del capital social y perpetuación del círculo de pobreza”.

En diciembre de 2012, se estableció el compromiso Gubernamental CG-11 “Erradicar la pobreza alimentaria”; el 22 de enero de 2013, se emitió el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, mediante el cual se creó la Cruzada Nacional contra el Hambre. El objetivo principal fue el de “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza extrema alimentaria”.

Fallar implicaría no atacar una condición de pobreza que perpetúa más pobreza y otro tipo de carencias. El balance, seis años después, es que no se trabajó; la población en pobreza extrema alimentaria se incrementó 12.9 por ciento, al pasar de 6 millones 974 mil personas en 2014, a 7 millones 873 mil en 2018.

La primera titular de la Sedesol de Peña fue Rosario Robles, hoy en la cárcel. En la imagen del 9 de abril de 2013 firma acuerdos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre para Nayarit con el Gobernador de esa entidad, el priista Roberto Sandoval, hoy prófugo de la justicia. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro

LAS PRINCIPALES FALLAS

Respecto de los recursos ejercidos en la Cruzada, la Sedesol reportó a la Auditoría que durante el periodo 2013-2018, “no dispuso de recursos específicos para la instrumentación de la estrategia, y que las únicas erogaciones que se realizaron para dar cumplimiento al Decreto fueron con cargo a los presupuestos aprobados de los respectivos programas presupuestarios de las dependencias y entidades que participaron”.

Pero no fue así, ya que la ASF detectó que la Secretaría sí dispuso de recursos específicos comprometidos para la Cruzada por 8 mil 083 millones 967 mil pesos, con los que se firmaron 190 convenios con instituciones públicas y privadas de 2013 a 2015 y 159 contratos, en el periodo 2013 a 2016, también con instituciones de los sectores público.

El 9 de marzo de 2016, José Antonio Meade, segundo titular de la Sedesol, firma apoyos del Gobierno y empresarios locales con el priista Javier Duarte, Gobernador de Veracruz, hoy preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro

Por otro lado, hubo errores de focalización, ya que solo 16 de los 30 programas presupuestarios participantes en la estrategia, en 2018, registraron la población atendida, sin especificar la carencia en la que incidieron, por lo que no fue posible valorar en qué medida la estrategia erradicó las precariedades sociales y mejoró el ingreso económico de esa población. Aunado a eso tampoco se dispuso de mecanismos para verificar que se desarrollaron sus capacidades para que abandonaran dicha condición.

“La ASF, con la información disponible, realizó la alineación de los programas participantes con las carencias que atendieron, con lo cual se identificó que, mediante la política, en 2018, sólo se atendieron todas las carencias que presentaron 900 mil personas, que significaron únicamente el 0.1 por ciento de las 7 millones 873 mil personas reportadas por la Sedesol en esa condición”.

Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas –entonces Gobernador del Edomex– y Luis Enrique Miranda Nava, tercer Secretario de Desarrollo Social del sexenio peñista, asistieron el 20 de julio de 2017 a la reinauguración del estadio Nemesio Diez del Club Toluca. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

De las 2 millones 098 mil personas más desfavorecidas, por presentar cinco o seis carencias, registradas como receptoras de atención a la totalidad de sus carencias, solo cuatro personas de ese grupo recibieron atención integral.

Además, se orientó la entrega de subsidios en los municipios con menor índice de rezago social y menor grado de marginación, por lo que a seis años de su implementación no logró atender a la población con rezago social y marginación alto y muy alto. La Sedesol tampoco explicó las causas de eso.

El priista Eviel Pérez Magaña fue el último titular de la Sedesol en el Gobierno de Peña. En la imagen, del 16 de octubre de 2018, asistió a la entrega del Presmio Nacional de la Juventud a Miguel Ángel Sosme Campos en la residencia oficial de Los Pinos. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

“En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, al concluir 2018, a seis años de la puesta en marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Sedesol […] no acreditó que esa estrategia hubiera sido una solución estructural para ‘erradicar la pobreza extrema alimentaria’ de millones de personas estimadas en esa condición”, agrega el documento.

El compromiso Gubernamental CG-11 suscrito en 2012, y materializado en 2013 en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, con el objetivo de “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza extrema alimentaria”, quedó en un problema mayor al que se identificó en un inicio. Al cierre de 2018, la Cruzada Nacional contra el Hambre no cumplió con su objetivo.

La partida de la Cruzada contra el Hambre cayó 14.8% en 5 años, y la pobreza alimentaria creció 7%

viernes, noviembre 2nd, 2018

La Auditoría Superior de la Federación realizó una evaluación del desempeño de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, uno de los principales programas del Presidente Enrique Peña Nieto, implementado desde 2013 y cuyo objetivo era erradicar el hambre en el país. La revisión comprende la dirección de Luis Miranda Nava, José Antonio Meade Kuribreña y Rosario Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia encargada de implementar el programa.

La revisión a la Cuenta Pública 2017 realizado por el órgano fiscalizador detectó que en el periodo 2013-2017, el presupuesto ejercido por la Cruzada Nacional Contra el Hambre presentó una disminución del 14.8 por ciento, lo que derivó en que los recursos para la atención de personas en condición de pobreza extrema alimentaria disminuyera, aun cuando el número de personas en esa condición se incrementó en 7 por ciento.

En cuanto a la atención de la población objetivo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la ASF halló que en 2017 sólo se atendió de manera integral las carencias y el ingreso de 8 mil 696 personas (0.01 por ciento) de los 7 millones 466 mil 800 registrados en esa condición.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).– “No hay nada más angustiante para un padre o una madre de familia que carecer de lo indispensable para dar de comer a sus hijos. No hay nada peor para el desarrollo de una nación que no alimentar adecuadamente a sus menores durante los primeros años de su vida”, esas fueron las palabras del Presidente Enrique Peña Nieto el 21 de enero de 2013 al anunciar la Cruzada Nacional Contra el Hambre, cuyo objetivo era erradicar el hambre en el país.

Sin embargo, a cinco años de su implementación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la Cruzada Nacional contra el Hambre no logró cumplir con su objetivo social, ya que no articuló los esfuerzos de los tres ámbitos de gobierno y de los sectores público y privado, ni la inclusión social. Además, no propició la superación del problema de la prevalencia de población en condición de pobreza extrema alimentaria, por lo que el órgano fiscalizador sugirió a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encargada de instrumentar el programa, “que corrija, modifique o suspenda, total o parcialmente dicha estrategia”.

La revisión a la Cuenta Pública 2017 realizado por la ASF también detectó que en el periodo 2013-2017, el presupuesto ejercido por la Cruzada Nacional Contra el Hambre presentó una disminución del 14.8 por ciento, al pasar de 55 mil 94 millones 961 mil 6 pesos a 46 mil 964 millones 156 mil 5 pesos, lo que derivó en que la concurrencia de recursos para la atención de personas en condición de pobreza extrema alimentaria disminuyera, aun cuando el número de personas en esa condición se incrementó en 7 por ciento al pasar de 6 millones 974 mil personas en 2014 a 7 millones 466 mil en 2017.

En la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, la Sedesol no reportó información relacionada con el presupuesto asignado y ejercido en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, por lo que no fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el “Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018” y en el “Decreto por el que se establece el Sistema Nacional México sin Hambre”, a pesar de su importancia como la principal estrategia orientada a la atención de la pobreza extrema alimentaria.

La Auditoría señaló que “persistieron deficiencias referentes a la falta de programación del gasto en la Cruzada Nacional Contra el Hambre; inconsistencias en las estimaciones del presupuesto ejercido por la estrategia y la carencia de criterios para determinar el monto de los recursos ejercidos”.

La revisión de la ASF hizo una evaluación del programa más importante de la Sedesol desde el año 2013 a 2017, lo cual comprende la dirección de Luis Miranda Nava, José Antonio Meade Kuribreña y Rosario Robles Berlanga.

La Sedesol, dirigida desde el 10 de enero por Eviel Pérez Magaña, se convirtió en la Secretaría con más cambios de titular, con cuatro en total.

LAS FALLAS PARA ABATIR LA POBREZA

En total, la ASF determinó 14 observaciones detectadas en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, de la cual, una fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe, entregado el martes pasado a la Cámara de Diputados. Las 13 restantes generaron 22 Recomendaciones al Desempeño.

Además, se generó una Sugerencia a la Cámara de Diputados: elaborar una iniciativa de ley general de alimentación para garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, con el propósito de definir la población objetivo.

La revisión de la ASF a la Cruzada halló que su implementación inició con 70 programas presupuestarios y en 2017 concluyó con 30, esta simplificación derivó en que seis programas presupuestarios que participaron en la Cruzada en 2017 equivalieran a 14 de 2013.

El diseño institucional de la Cruzada privilegiaba la coordinación interinstitucional en el Gobierno federal y con estados y municipios, sin embargo, la Auditoría Superior verificó que ninguna dependencia o entidad estableció los recursos asignados, ni reportó los ejercidos en la implementación de la Cruzada, mediante los programas presupuestarios a su cargo, participantes en la estrategia.

En cuanto a la coordinación de los programas presupuestarios enfocados en la mejora del ingreso y la atención de las carencias sociales, el órgano fiscalizador detectó que el diseño de la Cruzada Nacional Contra el Hambre limitó la atención focalizada de las personas identificadas en condición de pobreza extrema alimentaria, toda vez que los programas presupuestarios participantes no han establecido a la Población Económicamente Activa como su población objetivo, por lo cual su operación puede incidir o no en dicha población.

Por esta razón, la ASF concluyó que la operación de los programas en el marco de la Cruzada ha sido “inercial y tangencial”.

Respecto a la atención de la población objetivo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la ASF halló que en 2017 sólo se atendió de manera integral las carencias y el ingreso de 8 mil 696 personas (0.001 por ciento) de los 7 millones 466 mil 800 registrados en esa condición.

De las 5 millones 383.7 personas que presentaron tres o cuatro carencias, sólo 8.7 mil (0.1%) recibieron una atención de la totalidad de sus carencias.

“ERRADICAR” POR “ATENDER” LA POBREZA

El 3 de diciembre de 2012, la Presidencia de la República emitió el “Pacto por México”, en el cual se dispuso que “Se creará un Sistema de Programas de Combate a la Pobreza para eliminar el sesgo asistencial de los programas sociales y lograr garantizar el derecho universal a la alimentación”. Derivado de ello y en el marco de los compromisos emitidos en la campaña presidencial, el Gobierno de Enrique Peña Nieto estableció el Compromiso Gubernamental 011: “Erradicar la pobreza alimentaria”.

Para cumplir con dicho compromiso, el 22 de enero de 2013, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, pero el 7 de mayo del 2015, la Comisión Intersecretarial para la Implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, mediante la Secretaría de Desarrollo Social, sustituyó el compromiso de “Erradicar la pobreza alimentaria”, por el de “Atender a la población que se encuentre en pobreza extrema alimentaria”.

Al respecto, la ASF señaló que la Sedesol no acreditó que el cambio de “erradicar” por el de “atender” tuviera un sustento técnico y metodológico que lo justificara. Además, consideró que el término “erradicar” hace referencia al impacto de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en disminuir el problema en el que pretendió incidir, referente a la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria.

En tanto, el concepto “atender” alude a la gestión realizada para alcanzar un efecto, de ahí que, por sí mismo, no es coincidente con el origen de la intervención gubernamental, refirió el órgano fiscalizador.

MÁS DEFICIENCIAS EN SEDESOL

En la auditoría al Programa de Fomento a la Economía Social, implementado por la Sedesol y el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). En teoría, el objetivo del programa se enfoca en “contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos, mediante la inclusión productiva y financiera en el Sector Social de la Economía”.

En 2017, se otorgaron 6 mil 918 apoyos para el desarrollo de proyectos productivos, 4.7 por ciento más que los 6 mil 606 previstos, porque le se le dio a la Sedesol mayor presupuesto en específico para ese programa. Sin embargo, la ASF encontró que esta política no tiene detectados los grupos de población en los que buscaba intervenir y no señaló de qué forma las personas beneficiadas con los apoyos recibidos tendrían acceso o participarían en el proceso productivo del país.

El programa careció de especificaciones para la evaluación de las solicitudes de los aspirantes a ser beneficiarios, no se sabe cómo se realiza la autorización de los apoyos, cómo se comprueban los apoyos otorgados, de qué forma se valora la contribución del programa en la igualdad entre mujeres y hombres, y tampoco se precisa qué es lo que se evaluará en cada uno de estos objetivos.

La ASF también encontró que las inconsistencias del programa parten desde que no están definidos con claridad las características de la población a la que va dirigido el apoyo; no hay criterios de territorialidad, ni grado de marginación.

En consecuencia, tampoco hubo modo de medir los resultados porque no hay indicadores y metas para dar cuenta de los resultados sobre el seguimiento a la aplicación de los apoyos económicos otorgados.

La Sedesol argumentó a la ASF que no hubo mecanismos de medición de resultados porque no dispuso de los recursos presupuestales para realizar el estudio sobre la permanencia en operación de los grupos sociales apoyados por el programa.

Informe: Programas maquillados y salarios de hambre fincaron el fracaso de Peña con la pobreza

miércoles, octubre 24th, 2018

Más de 60 organizaciones presentaron un informe en el que calificaron como un “fracaso la política social implementada por el Presidente Enrique Peña Nieto”. De acuerdo con su balance, en México hay 55.3 millones de personas en pobreza, casi 100 mil más que al inicio del sexenio; 62 millones carecen de ingreso suficiente para adquirir lo más básico para vivir, casi un millón y medio más que en 2012.

El primer fracaso, dijeron, fue la Cruzada Nacional contra el Hambre: “No pudieron encontrar a toda la población objetivo”. Destacaron que el presente gobierno impulsó varias políticas que son directamente generadoras de pobreza como las que se siguieron a través de la Conasami, que fijaba año con año el salario mínimo por debajo del costo de la canasta básica.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– El impulso de políticas sociales generadoras de pobreza como la Cruzada Nacional contra el Hambre, y de políticas las salariales como las decisiones que se tomaron desde la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), contribuyeron al fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto para reducir el hambre y la pobreza en México, concluyó un informe realizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En el informe “El fracaso: Reporte especial sobre los resultados del gobierno de México frente al Hambre y la Pobreza”, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que agrupa a más de 60 organizaciones de todo el país, arrojó que el Gobierno del Presidente Peña no cumplió su compromiso con los más pobres. “No hubo estrategia efectiva para superar la pobreza y se prefirió la simulación y el maquillaje de cifras”.

De acuerdo con el balance de las organizaciones, en México hay 55.3 millones de personas en pobreza, casi 100 mil más que al inicio del sexenio; 62 millones carecen de ingreso suficiente para adquirir lo más básico para vivir, casi un millón y medio más que en 2012.

El gobierno de Enrique Peña Nieto inició su mandato con la promesa de “hambre cero” y el objetivo de erradicar la “pobreza extrema alimentaria”. Para ello creó la Cruzada Nacional contra el Hambre, la estrategia emblemática los primeros años de su gobierno.

En la segunda parte del sexenio este programa cambió a “Estrategia Nacional de Inclusión Social”, que más bien sirvió para abrir espacio para la simulación y el maquillaje de las cifras, mencionaron las organizaciones en el informe.

“No pudieron encontrar a toda la población objetivo de la Cruzada. A mediados de 2017, la Sedesol apenas había logrado identificar en su ‘Sistema de Focalización para el Desarrollo’ al 33 por ciento de la población con carencia alimentaria y al 85 por ciento de la población en pobreza extrema con carencia alimentaria. La Cruzada no logró su meta: reducir a cero la pobreza extrema alimentaria. Se redujo de 7 a 5.1 millones de personas”, detallaron.

De acuerdo con datos oficiales citados por las organizaciones, cuatro de cada diez personas ocupadas en México tienen un ingreso laboral insuficiente para adquirir la canasta alimentaria para ellas y sus familias, como era en 2012; las reducciones en algunos datos relacionados con el carencia alimentaria son mínimos y no corresponden ni con lo prometido, ni con el gasto realizado.

Además, las brechas de desigualdad que afectan sobre todo a los estados del sur, así como a los pueblos y comunidades indígenas, se mantienen igual o peor que al inicio del sexenio.

CONASAMI, UNA FÁBRICA DE POBREZA

El informe refiere que la pobreza laboral en México es producto de decisiones deliberadas de la política económica como la contención salarial, al menos en parte. “La decisión de fijar el salario mínimo por debajo del costo de la canasta básica para una persona viola la Constitución y derechos laborales reconocidos por México en tratados internacionales que son vigentes, conforme al art. 1º de la Constitución”, se señala en el texto.

De acuerdo con las organizaciones, las decisiones tomadas desde la Conasami contribuyeron a un factor de generación de pobreza.

La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza tiene solicitudes e informes ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Económico y Social de la ONU para solicitar su intervención ante esta situación.

La distancia entre el costo de la canasta básica para una persona y el valor del salario mínimo establece únicamente el umbral infranqueable del monto del salario mínimo. Sin embargo, el umbral inferior infranqueable debe ser el monto de la canasta básica para una persona, que a fines de 2018 se ubica en poco más de 100 pesos.

EMPLEOS QUE GENERAN POBREZA

El informe también arrojó que a pesar de que el Gobierno ha hecho mucha propaganda sobre la creación de empleos, en realidad se han perdido trabajos de mayor remuneración y se han incrementado los de baja remuneración que producen pobreza.

“La pobreza laboral es uno de los rasgos distintivos de la pobreza en México, por su magnitud, persistencia y carácter estructural: personas que trabajan y cuyo ingreso es insuficiente para adquirir la canasta básica, en muchos casos, ni siquiera la canasta alimentaria. Suena ilógico, pero en México se puede trabajar para vivir en pobreza, incluso extrema”, se indica en el documento.

Citando datos del Coneval, durante el sexenio alrededor del 40 por ciento de quienes trabajan perciben un ingreso laboral menor al costo de la canasta alimentaria para su familia. Es decir: lo que ganan con su trabajo les coloca en extrema pobreza.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza recomendó al Gobierno entrante, que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, transformar la Conasami y recuperar gradualmente el valor del salario.

Además, le aconsejó invertir en fomento al cooperativismo y las empresas de propiedad social; crear un Registro Nacional Ciudadano que funcione como “padrón único” obligatorio para todos los programas sociales, y la oportunidad de establecer mecanismos efectivos de democracia participativa.

De casi 500 millones para la Cruzada contra el Hambre de Peña, 386 se fueron en presumir “sus logros”

domingo, julio 22nd, 2018

#DatosCerrados | Fue diseñada para encarar la miseria en algunos municipios de México, pero no logró aminorar ese tristísimo panorama. En cambio, de 2013 a 2015, generó un flujo de dinero con 98 contratos de casi 500 millones de pesos; del cual, el 80 por ciento se concentró en difusión en medios informativos y parafernalia. Es parte de la historia del peñanietismo. Se trata del programa estelar del Gobierno que está por concluir para enfrentar la crisis alimentaria y fue gestionada por la Secretaría de Desarrollo Social cuya titular –en esa época– era Rosario Robles Berlanga.

En la paradoja, la más beneficiada fue Televisa –el consorcio a cuya dirección renunció Emilio Azcárraga Jean en octubre pasado– con dos convenios de poco más de 142 millones de pesos. Mientras se difundían testimonios que daban cuenta de la bondad de la cruzada, otros conceptos esenciales del programa, como adquisición de sistemas potabilizadores de agua o arrendamiento de vehículos, tuvieron menos dinero, apenas 93 millones.

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– Diseñada para abatir la miseria en algunos municipios de México, la Cruzada Nacional contra el Hambre generó un gasto de casi 500 millones de pesos entre 2013 y 2015 con 98 contratos. Pero el 80 por ciento de ese dinero se concentró en la difusión de los supuestos logros del programa, mientras que la apremiante hambruna en las comunidades de México no mostró descensos importantes.

En ese periodo, cuando la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) –gestora del programa– estuvo a cargo de Rosario Robles Berlanga, se firmaron 92 contratos por 386 millones 701 mil 401 pesos con 31 centavos para difundir “la nueva política social” impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en televisión, radio, periódicos, uniformes y playeras. De este conjunto de convenios, 89 se entablaron con medios informativos. Otros dos fueron para adquirir uniformes con “la nueva imagen institucional” de la cruzada. Uno más fue para comprar playeras con la insignia del programa.

Para los medios informativos fueron 272 millones 466 mil 628 pesos. A través de spots se difundieron testimonios que daban cuenta de una supuesta bondad de la Cruzada. Por ejemplo, doña Josefina Medina Torres, de Morelos, habló así ante una cámara de televisión, en 2015: “Muy agradecida estoy porque seguimos adelante. Estoy con el señor Presidente Peña Nieto a través de mi pueblo, mando todo mi agradecimiento porque nos está beneficiando con las obras de nuestra ayuda, de nuestro apoyo a la tercera edad, y a las obras de la comunidad, así es que le mando mis más felicitaciones al Presidente de la República”.

El Presidente Enrique Peña Nieto, bastón de mando en mano, dijo que los niños y jóvenes que recibirían apoyos de la Cruzada sentirían en carne propia los beneficios, porque tendrían una mejor alimentación y vivienda, y sus padres acceso a proyectos productivos para mejorar su calidad de vida. Foto: Presidencia de la República

El gasto en publicidad oficial que generó la Cruzada Nacional contra el Hambre benefició sobre todo a Televisa. El consorcio, a cuya Dirección General renunció Emilio Azcárraga Jean el 25 de octubre de 2017, obtuvo por dos contratos, 142 millones 691 mil 247 pesos. De mayor a menor, el segundo con más dinero fue Estudios Azteca, subsidiaria de TV Azteca, con 35 millones 988 mil 952 pesos.

Lo anterior resultó de la revisión de los contratos publicados en el Portal de Obligaciones y Transparencia por la Sedesol en cuanto a la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa estelar del Gobierno de Enrique Peña Nieto para paliar la pobreza extrema, anunciada en Las Margaritas, Chiapas, el 21 de enero de 2013. La búsqueda arrojó 98 contratos, un universo en el que predomina el concepto de “difusión”.

Hubo otros conceptos en los que se gastó; pero fueron los menos. Apenas nueve convenios por 93 millones de pesos en adquisición de cinco mil sistemas potabilizadores de agua, 14 mil bebidas para congelar (bolis), aplicación en campo de cuestionarios dirigidos a presidentes municipales, servicio de alimentos para 400 personas, revisión e identificación de beneficiarios con pobreza extrema, servicio de impresión de material informativo y arrendamiento de vehículos.

De ese grupo de contratos, el mayor fue para la Universidad Tecnológica de Tulancingo para la revisión e identificación de beneficiarios con pobreza extrema por 12 millones 528 mil pesos.

***

Anunciado en enero de 2013, en Las Margaritas, Chiapas [un bastión zapatista y uno de los sitios más pobres de México], el programa fue destinado a siete millones de mexicanos, un universo que era parte de los más de 11 millones de individuos en pobreza extrema que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reconocía ese año. Dos años después ya se difundían anuncios con los supuestos logros de la cruzada. Pero el informe del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales (Coneval), dado a conocer el 23 de julio de 2015, arrojaba resultados diferentes: la población con carencia de acceso a la alimentación se había incrementado al pasar de 27.4 millones a 28 millones de mexicanos.

En abril de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto se puso un collar de flores y un jorongo. Además tomó el bastón de mando de la comunidad Mazahua de San José del Rincón, Estado de México, y anunció que mayo sería el mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En paralelo, los datos cerrados permeaban en la erradicación de la hambruna en México. En los informes de Cuenta Pública de 2013, 2014 y 2015, la Auditoría Superior de la Federación realizó varias observaciones a la Sedesol como “áreas de riesgo” en contrataciones con deficiencias, aplicación de programas sin planeación ni seguimiento y fallas en padrones. La dependencia desdeñó despejar las dudas sobre esos puntos. En sus documentos, la ASF advirtió: “Sin una política de padrones adecuada y unificada, los recursos públicos se otorgan de manera inequitativa, repetida, con opacidad y con el riesgo de que no se alcancen los objetivos de los programas gubernamentales de combatir la pobreza”.

Casi seis años después de haber sido lanzada, amanece igual o peor. Los alcances de la cruzada no están claros. La Auditoría Superior de la Federación determinó que al programa le faltó rendición de cuentas. Por ejemplo, la Sedesol no sustentó que los beneficiarios fueran pobres extremos en crisis alimentaria. Tampoco se acreditó el presupuesto que se destinó y no se comprobó en qué medida se atendieron las carencias de las personas en pobreza extrema alimentaria. Es la hora en que no se sabe qué se hizo para que casi siete millones de mexicanos abandonaran la condición del hambre.

Una Sedesol de miedo: estancias de niños sin Protección Civil, desfalco, programas inútiles…

viernes, febrero 23rd, 2018

Durante 2016, la Secretaría de Desarrollo Social fue dirigida por dos personas: José Antonio Meade, actual candidato a la Presidencia de la República por el PRI, y Luis Miranda Nava, el autonombrado “operador político” del Presidente Enrique Peña Nieto.

En ese periodo, la Auditoría Superior de la Federación encontró fallas e inconsistencias en la Cruzada Contra el Hambre, en los Comedores Comunitarios y en las Estancias Infantiles, que implican, además de un desfalco al erario público, errores en la política de desarrollo social que busca erradicar la pobreza en México.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que tres programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con su actual funcionamiento, no logran ser más que políticas “asistencialistas” y con algunas de sus acciones terminan por ser hasta “incongruentes”.

En las revisiones de la Cuenta Pública 2016 de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y en los programas de Comedores Comunitarios y de Estancias Infantiles, la ASF concluyó que carecen de una población objetivo definida, que no garantizan una alimentación nutritiva, que existen riesgos porque algunas estancias no presentaron programas internos de Protección Civil y que falta por comprobar cerca de 70 millones de pesos.

Además de estas fallas, como ocurrió con la Cuenta Pública de 2015, no hay un método que permita determinar si los programas están logrando sus objetivos.

En 2016, la Sedesol estuvo dirigida por José Antonio Meade Kuribreña, quien dejó el puesto el 6 de septiembre de ese año para ocupar la principal oficina de la Secretaría de Hacienda; fue sustituido por Luis Enrique Miranda Nava, quien este año dejó el cargo en manos de Eviel Pérez Magaña.

Las tres revisiones se hicieron a la Sedesol, que es una de las dependencias en la que más recaen las políticas de combate a la pobreza. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2014 a 2016, hay en México 53.4 millones de pobres, lo que representa el 43.6 por ciento del total de la población.

Promotores de la Cruzada contra el Hambre protestan en Guerrero por falta de pago. Foto: José Hernández, Cuartoscuro

COMEDORES “ASISTENCIALISTAS” E “INCONGRUENTES”

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2016 del Programa de Comedores Comunitarios, que están a cargo de la Sedesol.

Revisó la utorización de solicitudes para la instalación de comedores comunitarios; el equipamiento y abasto de los comedores; la elaboración de alimentos con base en las necesidades nutrimentales básicas; la población atendida; la supervisión del programa; la incidencia del programa en el acceso a la alimentación; su contribución en garantizar el acceso a una alimentación adecuada; la economía en el ejercicio de los recursos; los mecanismos de control interno, y la rendición de cuentas.

En 2016, el objetivo se limitó a apoyar el acceso a los alimentos, sin especificar que éstos fueran nutritivos, suficientes y de calidad; además, se eliminaron los objetivos específicos vinculados con la situación nutricional y la inclusión social de la población atendida por los comedores.

Los resultados de la fiscalización mostraron que el diseño del programa tuvo deficiencias que limitaron que su “implementación y operación incidiera en la atención del problema público que justifica su existencia, ya que no fue clara la forma en cómo el programa logra trascender el enfoque asistencialista a uno centrado en el desarrollo de capital humano”.

La Secretaría, dice el documento, no conceptualizó el objetivo “acceso efectivo a la alimentación”, ni estableció parámetros para valorar la incidencia de los comedores en su cumplimiento y la población objetivo definida no es congruente con la que pretende atender (población con carencia de acceso a la alimentación y en condición de pobreza”.

Respecto del equipamiento de los comedores, en 2016, se instalaron 268 comedores nuevos, que representaron el 5.3 por ciento de los 5 millones 068 mil operados ese año.

De los 268, en 18, la dependencia no acreditó el equipamiento y la entrega del suministro necesario para su instalación, ni contó con mecanismos para verificar que el equipamiento de cocina de los comedores nuevos no excedió el monto máximo establecido de 150 mil pesos.

En cuanto al abasto de los comedores, mediante la revisión de una muestra aleatoria simple de 358 expedientes técnicos, al menos, el 90.3 por ciento carece de la totalidad de los recibos de abasto generados desde su instalación, lo que limitó la posibilidad de garantizar la correcta operación y funcionamiento de los comedores.

Sobre el diseño de los menús, la Sedesol elaboró el “Recetario 2016 del Programa Comedores Comunitarios”, a fin de que los comedores proporcionaran alimentos con los estándares establecidos en la NOM-043-SSA2-2012. Pero de los 22 menús diseñados por la secretaría, siete no contaron con alimentos de origen animal, que constituyen uno de los tres grupos alimenticios incluidos en dicha norma; además, no acreditó que supervisó que los alimentos preparados y otorgados a la población en todos los comedores cumplieron con los requerimientos nutrimentales básicos.

En lo que se refiere a la atención de la población beneficiaria, la Sedesol no acreditó que fueran personas en pobreza extrema alimentaria.

Sobre la supervisión de los comedores, la dependencia no comprobó que verificó, al menos una vez por semana, la correcta operación y funcionamiento, ni estableció un plan de trabajo anual para el seguimiento a la operación y ejecución del programa.

“El programa no da una solución estructural a las mismas […] la SEDESOL no garantizó el acceso a la alimentación, focalizada en la población en condición de pobreza, ni que fuera adecuada, en términos de calidad, y no acreditó la incidencia del programa en la atención de las personas que presentan carencia por acceso a la alimentación en las ZAP, ni su contribución en la disminución de su prevalencia en 2016”, agrega el documento.

Luis Enrique Miranda y José Antonio Meade Kuribreña, los titulares de Hacienda en 2016. Foto: Saúl López, Cuartoscuro

LAS ESTANCIAS INFANTILES

De esta política, se seleccionó para su revisión un monto de 3 mil 418 millones 952 mil pesos que representó el 91.9 por ciento del total de recursos ejercidos en el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, que ofrece apoyos a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, y a los padres solos con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 y 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), y entre 1 y 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en el caso de niñas(os) con alguna discapacidad, con subsidios que les permitan acceder a los servicios de cuidado y atención infantil.

La ASF encontró que existieron deficiencias en la operación y seguimiento de los recursos del programa, toda vez que se determinaron diferencias entre la base de datos de beneficiarios y el monto reportado como ejercido por 816 mil pesos extras ni se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de erogaciones por 30 millones 937 mil pesos.

Tampoco se evaluaron las acciones y el ejercicio de los recursos durante 2016, con el fin de lograr un mejor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos del programa.

Por otra parte, la Delegación Federal de la Sedesol de la Ciudad de México no contó con evidencia de que se efectuó la totalidad de los depósitos a las beneficiarias por 37 millones 755 mil pesos, y no realizó la visita de viabilidad para funcionar a una estancia infantil.

En el mismo sentido, la Delegación del Estado de México, en sus estados de cuenta bancarios no se identificaron los depósitos de los apoyos a 67 estancias infantiles por 619 mil pesos reportados como pagados en el auxiliar contable; tampoco se presentaron los comprobantes de los reembolsos de la revalidación del Programa Interno de Protección Civil ni de la contratación de la póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros que amparan los apoyos por 82 mil pesos; asimismo, de 23 estancias no se presentó evidencia de las licencias, permisos o autorizaciones del inmueble aplicables a los centros de cuidado y atención infantil vigentes en 2016, y de una estancia no se proporcionó el escrito libre ni los permisos mencionados.

Esas dos delegaciones presentaron los Programas Internos de Protección Civil por periodos parciales que no abarcaron todo el ejercicio 2016 de 27 y 26 estancias infantiles, respectivamente, lo que pone en riesgo a la población infantil y al personal de dichas estancias.

LA CRUZADA: SIN RESULTADOS TANGIBLES

En lo que respecta a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la ASF detectó que en 2016, la Sedesol reportó en el Sistema de Información para el Desarrollo (Sifode), como población objetivo a 6 millones 062 mil personas, con al menos tres carencias, entre ellas, la alimentación, y con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo.

Para definir a la población objetivo de la Cruzada, la Secretaría se basó en el “Cuestionario Único de Condiciones Socioeconómicas”. Dijo que era su instrumento de “recolección de la información socioeconómica de cada persona en situación de pobreza extrema alimentaria” y que la manera de llenarlo fue a través de medios electrónicos; sin embargo, no entregó a la ASF mecanismos para verificar la calidad ni la confiabilidad de la información acerca de la condición de las personas registradas.

La Auditoría dijo al respecto que ese mecanismo no acredita la calidad ni la confiabilidad de la información de cada persona en pobreza extrema alimentaria y que la Sedesol debe analizar la factibilidad de implementar estrategias a partir de ese cuestionario para asegurar que la población registrada en el Sistema de Focalización para el Desarrollo sea la que presenta pobreza extrema alimentaria.

Por otra parte, la Sedesol registró 30 programas presupuestarios relacionados con los programas de la Cruzada, pero ninguno de esos programas se destinó al cumplimiento del objetivo de propiciar la “participación social”.

El 76.7 por ciento se alineó con la atención del ingreso y las carencias, mientras que para el otro 23.3 por ciento no se identificó la carencia con la que se alineó. La Sedesol ni dijo nada al respecto.

Ningún programa que participó en la Cruzada ese año definió que su población objetivo era la que estaba en condición de pobreza extrema alimentaria, “por lo que su incidencia en la atención de dicho problema es incidental y no focalizada”, dictaminó la ASF.

Sobre la eficacia, sólo 10 programas registraron la población potencial y la atendida, y dos, sólo la atendida. De 18 programas no fue posible valorar su participación, ya que no se incluyó la población atendida en el sistema.

La Cruzada Nacional para acabar con el hambre en México no tuvo metas ni progresos en 2015: ASF

viernes, febrero 17th, 2017

La Cruzada Nacional Contra el Hambre surgió en un escenario muy distinto al actual: con un Gobierno lleno de confianza y con un futuro prometedor. La Sedesol, entonces aún cargo de Rosario Robles Berlanga, se disponía a quitar una piedrita que se atravesaba en ese camino: la pobreza alimentaria que padecían 27.4 millones de mexicanos. Pero dos años después de haber arrancado el programa, parece que los ánimos se vinieron abajo. En su revisión de la cuenta pública de 2015, la ASF no encontró información que pudiera determinar los avances de La Cruzada hacia la meta de 2018, que es erradicar el hambre en el país, ni los resultados de las reuniones del comité de expertos… porque nunca se reunieron.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– De acuerdo con el análisis de la Cuenta Pública de 2015, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Cruzada Nacional Contra el Hambre no tuvo metas concretas para ese año ni reportó el avance en el cumplimiento del objetivo general: dejar el indicador “Porcentaje de la población en condición de pobreza extrema de alimentación” en 0 por ciento para 2018.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tampoco entregó información sobre los resultados de trabajo del Consejo de Expertos de la Cruzada Contra el Hambre, a pesar de que desde el inicio del programa se instaló y de que éste sería el encargado de elaborar propuestas y recomendaciones en la materia. No hubo pruebas de que dicho Consejo sesionara en 2015, por lo que se pone en duda la factibilidad de las medidas implementadas.

Apenas en el segundo mes de su administración federal, el 22 de enero de 2013, el priista Enrique Peña Nieto presentó la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el municipio de Las Margaritas en Chiapas, comunidad que registra los índices más altos de marginación.

Desde su creación, el programa tiene como objetivo atender la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria en 7 millones de personas, ocasionada por la insuficiencia de ingresos económicos y la carencia de por lo menos tres de los derechos sociales, incluido el de la alimentación.

En un acto al que asistió el ex Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien impulsó el programa Hambre Cero en su país, Enrique Peña Nieto lanzó la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Foto: Cuartoscuro

El Presidente y Rosario Robles Berlanga, entonces a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dieron arranque a un programa social que parecía tendría las mismas magnitudes que Prospera, hasta el momento el más importante en cinco administraciones.

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se establece el Sistema Nacional –mediante el cual se instrumentó la Cruzada– para atender el mandato constitucional de “garantizar el derecho a toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, y cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de los ámbitos público, privado y social, para erradicar el hambre, conceptualizada como la condición de pobreza extrema alimentaria.

Y en el inicio lo fue para Peña Nieto y Robles Berlanga. Sin embargo, desde la revisión del desempeño de la Cruzada en 2014 –realizada por la ASF– se evidenció que el programa tenía deficiencias en el diseño, en la focalización de la población a atender y en la coordinación de acciones implementadas, por lo que no había pruebas de su contribución a la erradicación del hambre en 7 millones de personas.

En la evaluación de 2015, los resultados arrojaron que la Cruzada no tuvo una meta concreta para ese año y contó con información sobre el avance de la única meta entonces, que es la que se tiene para 2018.

El método de cálculo de 15 indicadores de componente no permitió medir el cumplimiento de los objetivos, ya que no hubo congruencia entre las variables y las unidades de medida establecidas en el método de cálculo, concluyó la ASF.

La Sedesol no acreditó en qué medida se atendieron las carencias de cada una de las personas, a fin de contribuir a erradicar la pobreza extrema alimentaria en 6 millones 099 mil personas que viven en condiciones de pobreza alimentaria.

Además, se desconoció el presupuesto destinado para su implementación y no fue posible verificar la alineación de los 46 programas presupuestarios que intervinieron con el problema público que se pretende atender.

La ASF no tuvo información sobre los principales objetivos: Cero hambre a partir de una alimentación y una nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

Se proyectó que la Cruzada Nacional contra el Hambre debió operar en su primer etapa (2013) en 405 municipios; en la segunda (2014), en mil 012 municipios, y en la tercera (2015), en 2 mil 457 municipios. Foto: Cuartoscuro

CRUZADA PARA LA MITAD DEL PAÍS

En 2013 se diseñó la estrategia. Se seleccionó a la población objetivo, los programas que la integrarían, la implementación, el seguimiento y la evaluación para determinar si hay un efecto o no en la erradicación del hambre. Se proyectó que la Cruzada debió operar en su primer etapa (2013) en 405 municipios; en la segunda (2014), en mil 012 municipios, y en la tercera (2015), en 2 mil 457 municipios.

Pero según el órgano fiscalizador, las dependencias y entidades que participaron en la Cruzada no definieron el presupuesto específico destinado a la estrategia de los 46 programas presupuestarios a su cargo que operaron en 2015.

Además, aunque la Secretaría suscribió acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente con 14 de las 32 entidades federativas, con el objeto de impulsar el desarrollo social y el combate efectivo a la pobreza, no lo hizo con el resto y no se firmaron ni renovaron los acuerdos y se desconocen las causas de eso.

A esas 14 entidades se les dio un presupuesto de 68 mil 237 millones 680.7 mil pesos para implementar la Cruzada, pero no se justificó por qué esa cantidad, ni tampoco el porqué no atendió al 40.5 por ciento de su población objetivo ese año.

También hubo problemas en el número de programas y la evaluación de los resultados. El número de programas presupuestarios incluidos en la Cruzada pasó de 70 en 2013, a 64 en 2014 y a 46 en 2015 y de esos no fue posible verificar su alineación con la atención de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria.

Esos 46 programas, que costaron 110 mil 257 millones 897 mil pesos, desarrollaron 129 actividades, pero en 14 no se reportó a qué población atendieron; en 89 no se identificó a la población atendida que se encontró en pobreza extrema alimentaria, y en 40 actividades en las que se cuantificó a la población en pobreza extrema alimentaria, no fue posible identificar cuál fue la carencia social que se atendió.

La ASF instó a la Sedesol a que implemente medidas a fin de disponer de información para evaluar la contribución de los programas presupuestarios en la atención de las carencias identificadas en la población en condición de pobreza extrema alimentaria.

En cuanto a los comités comunitarios, la Sedesol informó que los 79 mil 279 grupos que operaron en 2015 dispusieron de un diagnóstico de necesidades locales; no obstante, para establecer un esquema de control de la estrategia, sólo el 53.3 por ciento se registró en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO), y el otro 46.7 por ciento, no.

“Esto impidió analizar la factibilidad de implementar medidas, a fin de disponer de información confiable, oportuna y suficiente para la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas del cumplimiento de los objetivos de la Cruzada”, dice el informe.

Pero estos comités, sólo se instalaron en Tlaxcala y se desconoce porqué no ocurrió lo mismo con los 79 mil 279 comités comunitarios que se tenían proyectados para las 32 entidades federativas.

La herencia Sedesol con el PRI: 3 secretarios y pobres al ritmo de 105 mil por mes

miércoles, septiembre 7th, 2016

Los pobres se le amontonan al Presidente. En cuatro años de Gobierno, Enrique Peña Nieto ha completado tres Secretarios en Desarrollo Social, cartera clave para abatir la pobreza y miseria. Mientras, a las filas de la tragedia, se han sumado casi tres millones de mexicanos, según los investigadores y las propias cifras oficiales. La renuncia de Luis Videgaray Caso a la Secretaría de Hacienda ocasionó la tercera sacudida para la Sedesol. Su titular, José Antonio Meade fue removido para que sustituyera a Videgaray. Apenas había llegado en agosto de 2015 en sustitución de Rosario Robles Berlanga quien fue nombrada en 2012.

Por Linaloe R. Flores y Daniela Barragán

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– Tres secretarios y un agregado de pobres a un ritmo de 105 mil por mes. Ese es el resumen de la política para combatir la pobreza en México en cuatro años de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

En el último tramo del sexenio, cuando ya deberían verse resultados, la Cruzada Nacional contra el Hambre [el programa estelar de combate a la pobreza] y Prospera [el antiguo Oportunidades que en 2014 cambió de nombre] no tienen un impacto claro y en cambio, los cálculos de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Colegio de México (Colmex) y las propias cifras oficiales arrojan por lo menos tres millones de mexicanos sumados a la tragedia de la pobreza.

La noche del martes 6 de septiembre, Luis Videgaray Caso presentó su renuncia a la Secretaría de Hacienda. El Presidente de la República nombró en esa cartera a José Antonio Meade quien ocupó la Secretaría de Desarrollo Social desde el 27 de agosto de 2015, cuando Rosario Robles Berlanga fue removida para ocupar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Con ello, la Sedesol -dependencia fundada en 1992 por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) completó tres secretarios.

Cuando la Cruzada fue lanzada, investigadores como Alfonso Sánchez Almanza de la UNAM advirtieron que la Cruzada generaría más pobres porque se encontraba focalizada a la miseria. Luego, un estudio del investigador Julio Boltvinik Kalinka, del Colegio de México (Colmex), basado en el Índice de Tendencia Labora de la Pobreza (ITLP) del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) arrojó que más de 3.6 millones de personas cruzaron el umbral de la clase media baja hacia la pobreza en 2014. El cálculo se basó en la evolución de los ingresos por trabajo captados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) comparados con el costo de los alimentos crudos.

En 2015, el Coneval admitió que la tragedia había crecido de 45.5 a 46.2 por ciento y de 53.3 a 55.3 millones de personas. Y entonces, el Gobierno federal lo reconoció de esa forma.

***

En la campaña de 2012, Enrique Peña Nieto firmó ante Notario Público 266 compromisos para ser cumplidos durante su Gobierno. Parte del último, titulado “Economía familiar” se refiere a los programas de combate a la pobreza. En la lista comprometida quedó estipulado: “Los programas de Oportunidades y Seguro Popular van a continuar y crecer”.

Hasta su Segundo Informe de Gobierno, rendido el 1 de septiembre de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto no había presentado una política de abatimiento a este mal y sólo se contaba con la Cruzada Nacional contra el Hambre, un programa basado en una iniciativa del ex Presidente brasileño, Inacio Lula Da Silva. Ese día del Informe, el programa Oportunidades fue renombrado como Prospera.

Si en 2015, la noticia fueron los dos millones de mexicanos que se sumaron a las filas de la pobreza bajo la administración de Robles Berlanga, para 2016 la noticia la dio el Inegi, al cambiar la forma en como se miden las carencias y los ingresos en México, lo que provocó que para el Coneval fuera imposible publicar las cifras actualizadas de pobreza en el país.

El pasado 15 de julio, Inegi publicó el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), en el que indicó que los ingresos de los más pobres habían aumentado 33.6 por ciento durante el último año y que en consecuencia, la captación del ingreso de esos hogares ascendió a un billón 524 mil 262.5 millones de pesos. Cada gráfica de dicho informe incluyó una nota al pie: “Los datos no son comparables con años anteriores”.

El hecho desató una ola de reacciones de especialistas y organizaciones civiles, ya que Inegi había eliminado la pobreza “por decreto estadístico”.

En los días siguientes, la pregunta fue, ¿quién es el responsable de que no haya cifras de pobreza en México? Inegi argumentó que lo hizo para mejorar, en adelante, las cifras; Julio Santaella, Presidente de Inegi, le echó la culpa a su antecesor Eduardo Sojo. Coneval se escandalizó y señaló que Instituto había jugado mal, sin avisarles y sólo generó sospechas.

El ahora ex secretario de la Sedesol, Meade Kuribreña, durante toda la discusión llamó a ambas instituciones a evitar la confrontación y a fortalecer los métodos de medición de pobreza, para no caer en la “gran tentación” de “politizar las cifras”. Como Santaella, refirió que el levantamiento del MCS la trabajó la anterior administración, pero defendió las decisiones de Inegi.

El conflicto se dio por terminado cuando ambas instituciones se sentaron a dialogar. En un comunicado de prensa conjunto, el Coneval anunció que no habría cifras de pobreza actualizadas y por su parte, el Inegi dijo que se sentarían a analizar si era posible dar, en algún momento, la cifras ausentes.

EL NUEVO ENCARGADO DE LA POBREZA

En el encuentro estuvieron también presentes integrantes de la Comisión Nacional Mediadora, así como los subsecretarios de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava y de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián. Foto: Segob.

Luis Enrique Miranda Nava [al centro en la imagen] era hasta este miércoles Subsecretario de Gobernación y tuvo, entre otras encomiendas, ser mediador en el conflicto del Gobierno federal con la CNTE. Foto: Segob.

Luis Enrique Miranda Nava, nuevo Secretario de Desarrollo Social, ocupaba hasta ahora la Subsecretaría de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong. Ha estado en el equipo de Enrique Peña Nieto desde que este gobernó el Estado de México (2005-2011) donde ocupó justo el cargo de Secretario de Gobierno. Después de los cambios en el gabinete, se ocupará de la dependencia rectora de los programas para erradicar la pobreza en México que hasta la fecha cuenta con un padrón de beneficiarios del programa Prospera de 25 millones 637 mil 99, según su página de datos abiertos. Y, para especialistas en el sistema electoral, como Eduardo Huchim, las listas de pobres significan votos en “los paralelos de la política nacional”.

Miranda Nava nació en Jocotitlán, Estado de México, el 3 de junio de 1964. Su padre, Luis Miranda Cardozo, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Su currículum no presenta ningún dato que lo relacione con experiencia en combate a la pobreza.

Es conocido el compadrazgo con Enrique Peña Nieto a quien conoce desde que Arturo Montiel Rojas gobernó el Estado de México (1999-2005). Los dos pertenecieron a ese grupo apodado como “Golden boys”. La autoría del mote se atribuye a Manuel Cadena quien era de una generación arriba y nombró así a quienes en sus treinta y pocos acompañaban a Montiel porque según él, brillaban en conjunto.

En el Gobierno del Estado de México se inició como Coordinador de Asuntos Jurídicos, puesto desde el cual, le tocó el movimiento de los comuneros de San Salvador Atenco quienes se oponían a la construcción del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Los de Atenco dieron una batalla en las carreteras con palos y machetes que se inició con Montiel, pero concluyó cuando Peña Nieto era Gobernador. En contra de sus líderes, fueron interpuestas varias demandas penales.

En 2006, la Policía Federal Preventiva y la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México se enfrentaron con los opositores al Aeropuerto, aglomerados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Hubo dos muertos, 207 detenidoso (10 menores de edad), 146 detenciones arbitrarias, y 26 violaciones de mujeres.

En 2012, durante la campaña electoral, Salvador Atenco se convirtió en el episodio más reclamado al entonces candidato Enrique Peña Nieto. Justo por el recuerdo de las heridas que dejó ese episodio surgió el grupo #Yosoy132 en la Universidad Iberoamericana (UIA).

En 2006, Luis Miranda Nava era candidato a la alcaldía de Toluca por el PRI, pero perdió la elección frente al candidato del Partido Acción Nacional, Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

Miranda Nava es Licenciado en Derecho por la Universidad Isidro Fabela, incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México. La cédula profesional, número 6871740 la obtuvo en 2011, poco antes de incorporarse a la campaña de Peña Nieto para la Presidencia de la República. Luego, se convirtió en vicecoordinador político del equipo de transición.

Su declaración patrimonial en la Secretaría de la Función Pública se reduce a su currícula escolar y laboral. No declara ni propiedades inmuebles, ni bienes muebles ni inversiones. Suscribió que está de acuerdo en hacer público su posible conflicto de interés; es decir con quienes no puede hacer ningún contrato como servidor público; pero no brindó ningún nombre de cónyuge o familiar.

El sexenio de Enrique Peña Nieto lo arrancó como Subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, en cuyo cargo está Miguel Ángel Osorio Chong. Desde ahí, se encargó de las negociaciones con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que en 2013 se apostaron en el Zócalo de la Ciudad de México. Fue Miranda Nava quien firmó el primer acuerdo de paz con los maestros disidentes el 2 de mayo de 2013. “Privilegiar el diálogo como una vía de construcción de propuestas orientadas al mejoramiento de la educación”, fue uno de los compromisos aquella vez. Pero el acuerdo fue roto por los hechos.

Tres años después, en Nochixtlán, Oaxaca, once personas murieron y 40 más resultaron heridas cuando elementos de la Policía Federal y estatal intentaron desbaratar un bloqueo carretero de los maestros disidentes. Después, en la Segob se instalaron cuatro mesas de negociación. Miranda Nava se quedó a cargo.

La estrategia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre se quedó en intento, dice la ASF

domingo, marzo 6th, 2016

La Sedesol no acreditó el cumplimiento de la estrategia de abatir el hambre, y tampoco los indicadores que definió la dependencia en 2014 para evaluar el mejoramiento del ingreso y la atención de las carencias sociales de la población en pobreza alimentaria extrema, de acuerdo con la ASF.

La administración del Presidente Enrique Peña Nieto utiliza 90 programas sociales de 19 dependencias para implementar una Cruzada. Foto: Cuartoscuro

Con la información de Sedesol, es imposible saber si el programa ha erradicado en alguna medida la pobreza alimentaria. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), el principal programa social de la actual administración y que en 2014 tuvo un presupuesto de más de 160 mil millones de pesos, tiene deficiencias en el diseño, en la focalización de la población a atender y en la coordinación de acciones implementadas, por lo que no hay pruebas de su contribución a la erradicación del hambre en 7 millones de personas.

Según el dictamen referente a 2014, estas deficiencias en la focalización y en la coordinación, no permitieron verificar en qué proporción se garantizó el acceso a la alimentación y a los demás derechos sociales de su población objetivo, ya que de los 61 programas que promovió, sólo nueve atienden directamente la pobreza alimentaria; el resto se ocupan de otras carencias.

Esos nueve programas presupuestarios se hicieron con el ejercicio de 50 mil 438 millones 863.3 mil pesos, tan sólo el 31.3 por ciento del presupuesto anual total.

La ASF realizó una evaluación únicamente de desempeño del programa. Se revisó el diseño de la estrategia y el avance con base en los resultados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en lo que respecta a la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional Contra el Hambre (SNCH) y la focalización de la población objetivo y el control y seguimiento de la Cruzada.

También fueron evaluados los resultados de la estrategia en la mejora del ingreso económico y la atención de las carencias sociales de las personas en situación de pobreza extrema alimentaria.

Se utilizaron los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, pero no fue posible evaluar algunos rubros porque los datos proporcionados por la Sedesol “no fueron suficientes de calidad, confiables y consistentes […] no reportó el avance en el cumplimiento del indicador ‘disminuir a un valor igual a cero los 7.0 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema de alimentación para 2018’”, puede leerse en el documento.

Por esta razón, el dictamen de la ASF señala que de las deficiencias detectadas en el marco de la Cruzada, la Sedesol no acreditó el cumplimiento de la estrategia de abatir el hambre, y tampoco de los indicadores que definió la dependencia en 2014 para evaluar el mejoramiento del ingreso y la atención de las carencias sociales de la población en pobreza extrema alimentaria, “no definió metas, ni acreditó resultados”.

En 2013 se creó el decreto del que nació la Cruzada. La encargada de diseñarla, focalizar a la población potencial, implementarla y coordinarla, fue Rosario Robles Berlanga, hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Su objetivo fue el de atender el mandato constitucional de garantizar el derecho a toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y conjuntar esfuerzos y recursos de los ámbitos público, privado y social, para erradicar el hambre.

La cruzada atendió en su primera etapa, en el año de su creación, 405 municipios. En 2014, atendió a mil 012 municipios.

PROBLEMAS DESDE LA CONCEPCIÓN

Cruzada contra el Hambre. Foto: Cuartoscuro

Rosario Robles, entonces titular de la Sedesol,  fue la encargada de implementar la Cruzada contra el Hambre. Foto: Cuartoscuro

La población objetivo de la Cruzada son aquellas personas que viven con un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar mínimo y que tienen tres o más carencias sociales, lo que las ubica dentro del umbral de la pobreza extrema.

Según los resultados de la ASF, eso es el indicador de pobreza multidimensional y no con la conceptualización del hambre, es decir, hay un problema desde la concepción. La metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dice el documento, no establece ni se cualifica el concepto de “pobreza extrema alimentaria”. En 2014 no se encontró una ley que reglamentara el derecho a la alimentación, por lo que no se define el problema público, ni la población objetivo.

Tampoco se homologaron los apoyos ni se reguló la transversalidad de la política pública entre dependencias y gobiernos.

Se informó sobre la operación de 90 programas, pero sólo 48 contaron con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Los otros 42 programas correspondieron a 15 programas presupuestarios.

“Cada programa tiene su propia población objetivo (personas, viviendas, localidades, etcétera) y su ámbito de actuación (nacional, regional), por lo que sus acciones pueden o no incidir en la población objetivo, los pobres extremos alimentarios”.

El problema de la focalización que señala la ASF es derivado de que del total de la población en México, 55.3 millones viven en condiciones de pobreza y 11.4 millones, el 20.6 por ciento en pobreza extrema. De esa población, 7 millones fueron catalogados por el Gobierno federal en pobreza extrema alimentaria. Esto porque contaban con un ingreso inferior al valor de la Línea de Bienestar Mínimo, además de vivir con tres o más carencias sociales. Es fue la población potencial de la estrategia.

Las cifras chocaron con los estimados del Sistema de Focalización de Desarrollo. Las “deficiencias” se reflejaron en una incorrecta coordinación de acciones de los programas que participaron en la Cruzada; la Comisión Intersecretarial de la CNCH informó que se implementaron 64 programas presupuestarios, pero se identificó que sólo 55 implementaron acciones. No se dio razón sobre por qué no se actuó con los otros nueve.

De los 55 programas que sí se implementaron se realizaron 79 acciones: en cuatro no se establecieron metas y en las otras 75 en que sí, se trabajó con términos absolutos y carecieron de un referente, “ lo que no permite determinar la suficiencia de las acciones para atender la problemática que se pretende resolver”.

“La información de las 79 acciones implementadas por los programas no permite asegurar que se dirigieron únicamente a la población objetivo de la CNCH, ya que sólo se cualifica el total de la población atendida por acción, sin precisar su condición de pobreza extrema alimentaria, por lo que no es posible determinar la imputabilidad de la estrategia en la solución del problema que pretende resolver”, decreta la Auditoría.

Aunado a eso, se encontró que de 64 programas presupuestarios que comprometieron acciones en el marco de la Cruzada, nueve tienen objetivos vinculados a la atención de la carencia por acceso a la alimentación, pero sólo cuatro reportaron al Sifode que atendieron a 518 mil personas, el 7.4 por ciento de la población objetivo.

Del presupuesto ejercido en 2014 –más de 160 mil millones de pesos–, corresponde a lo ejercido por 45 programas y no únicamente a las acciones vinculadas con la CNCH. De 19 programas no se reportó el ejercicio de recursos.

LA ESTRATEGIA DEBE CAMBIAR

En entrevista para SinEmbargo, Pilar Parás, Presidenta de la Fundación Merced, habló de la importancia de transparentar los recursos de este programa social, ya que es alarmante que éstos no lleguen a las poblaciones objetivo.

“Es importante que en todos los programas es necesario cuidar el tema de la corrupción, porque hay muchísimos recursos invertidos en ese tipo de programas que no están llegando a las comunidades o que llegan en forma de compra de votos, pero no crean desarrollo”, dijo.

Desde su perspectiva, la idea inicial de la Cruzada era buena. Comentó que para la elaboración del proyecto fueron convocadas diversas organizaciones civiles a participar con propuestas, pero al final no fueron tomas en cuenta las experiencias de organizaciones que llevan años en el campo trabajando con seguridad alimentaria y con buenos resultados.

La ASF recomendó perfeccionar el diseño de la Cruzada, que focalice sus objetivos y que coordine las acciones de los programas implementados.

Urgió a la Cámara de Diputados a que evalúe la pertinencia de elaborar una Ley General de Alimentación para que se reglamente el Artículo 4, una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a fin de definir el problema público y la población objetivo por atender.

Para Ricardo Fuentes-Nieva, Director Ejecutivo de Oxfam México, la estrategia tiene que cambiar ya, porque considera que los resultados son inaceptables.

“Los resultados de la Cruzada reflejan un problema sintético mayor, que es la falta de resultados de la política social en México y eso tiene que ver en parte, porque sigue con incentivos clientelares, patrimoniales […] hay que repensar las grandes cantidades de recursos que se van a la política social para que tengan más impacto”, comentó.

Sedesol relanzará Cruzada Nacional contra el Hambre

miércoles, noviembre 4th, 2015

México, 4 Nov (Notimex).- La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) prevé fortalecer y relanzar la Cruzada Nacional contra el Hambre, como parte de cuatro nuevas directrices principales de combate a la pobreza.

Durante una reunión con altos funcionarios, el titular de la dependencia, José Antonio Meade Kuribreña, adelantó que la nueva estrategia prevé el acompañamiento a los gobiernos locales en una estrategia de alcance nacional.

También la coordinación institucional para el empoderamiento de los beneficiarios de los programas sociales y la estabilidad de precios en artículos de consumo básico para proteger el bienestar de las familias mexicanas.

Meade Kuribreña explicó a mandos medios y superiores de todas las áreas de la secretaría y sus órganos desconcentrados que empoderar a los ciudadanos exige dar mayor rapidez y eficacia a la solución de sus carencias.

Sólo así será posible generar mejores condiciones de desarrollo e inclusión para todos los mexicanos, enfatizó el titular de la Sedesol, y recordó que México cuenta con un sólido marco normativo y metodológico para avanzar en la atención a los sectores más vulnerables.

Recordó que el reto es trabajar por los mexicanos más desprotegidos, conforme a las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, a fin de asegurar que el mayor número de personas salga de la pobreza y pueda ejercer cabalmente sus derechos.

Con base en cifras recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 24.6 millones de mexicanos viven por debajo de la línea mínima de bienestar y mejorar las condiciones de vida de ese segmento de la población es uno de los principales desafíos de la política social, enfatizó.

Informe presentado en Roma apunta que Cruzada contra el Hambre es un negocio más de Nestlé

jueves, octubre 22nd, 2015

Organizaciones del mundo presentaron sus apreciaciones sobre los problemas de alimentación que aquejan a sus países. ¿Qué dice el informe sobre los esfuerzos contra el hambre en México?

La Cruzada Nacional contra el Hambre ha favorecido a transnacionales. Foto: Cuartoscuro

La Cruzada Nacional contra el Hambre ha favorecido a transnacionales. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).— La lucha contra el hambre en México no gira en torno a las personas, sino a las empresas. Así lo apuntó un informe que organizaciones civiles de los cinco continentes hicieron llegar a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

En el capítulo sobre México, el trabajo llamado “Observatorio Mundial del Derecho a la Alimentación y Nutrición” explicó cómo los programas insignia de la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto favorecen la participación de los productos de las empresas transnacionales. Y esto, de acuerdo con activistas, hace que los productos locales sean desplazados.

El informe apuntaló la relación que hay entre la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH) y las grandes empresas. Este programa transfiere al año, 322 millones de dólares (alrededor de 5 mil 350 millones de pesos) a 717 mil tarjetas denominadas Sin Hambre, con la cual las personas consiguen quince productos, indicó.

“La mitad de estos productos, incluido el café soluble, el chocolate en polvo, los cereales de avena, los chiles enlatados y la leche en polvo, son producidos por transnacionales de alimentos. A través de estas transferencias, el programa contribuye a substituir los alimentos locales por procesados, generando enormes ganancias a las compañías, hasta ahora con un dudoso beneficio en la reducción de la desnutrición”, citó el Observatorio.

Por su parte, Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poder del Consumidor, señaló el vínculo que hay entre estos programas y Nestlé.

“De 15 alimentos de la tarjeta Sin Hambre hay alrededor de cinco productos que son de Nestlé. Entonces, hay una transferencia de miles de millones de pesos a través del programa a una transnacional. Entre los productos de Nestlé está el café instantáneo. Esta el café Dolca y la leche Nido”, dijo en entrevista.

Además este tipo de comestibles incide en el desplazamiento de los productos locales, agregó. “El café Dolca está llegando a ser distribuido en este programa de la CNH a zonas donde se produce café. Y México es de los mayores productores de café en el mundo”.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 refirió que en México hay 302 mil menores de cinco años que presentan bajo peso, un millón 467 mil baja talla y 171 mil emaciación o enflaquecimiento extremo.

Ese no es el único problema de alimentación que afecta a la población. En México el 70 por ciento de la población padece de sobrepeso u obesidad. Asimismo, es el país que presenta los índices de obesidad infantil más altos del mundo, donde uno de cada tres niños padecen la enfermedad.

BENEFICIOS A INDUSTRIA

Los productos de la industria de comida chatarra han llegado a las comunidades más pobres del país. Foto: Cuartoscuro

Los productos de la industria de comida chatarra han llegado a las comunidades más pobres del país. Foto: Cuartoscuro

La parte concerniente a México fue detallada por los expertos en salud alimentaria Xaviera Cabada y Marcos Arana Cedeño. Ahí, se especificaron otros respaldos que brinda el Gobierno a Nestlé.

A través de un proyecto llamado “Mi dulce Negocio”. El Gobierno promueve que 15 mil mujeres sean capacitadas por la compañía para elaborar y vender postres casa por casa “como una modalidad de autoempleo y para brindar educación nutricional a la población. Se trata a todas luces de una acción contraria a la necesidad de combatir la obesidad y diabetes”, citó el Observatorio.

Esta situación no sólo se repite en la CNH, sino en el programa de Inclusión Social Prospera, del que se benefician 943 mil 718 familias con el Programa de Apoyo Alimentario.

Organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria han sostenido que en las localidades donde se priorizan estos programas, la falta de condicionamiento en el uso del dinero asignado a la población ha hecho que éste se utilice para comprar comida chatarra.

“Si uno revisa las encuestas ingreso-gasto. Si usted mira las familias que han recibido transferencias económicas vía transferencias o Prospera, han triplicado el consumo de esta clase de alimentos [chatarra]. Aún la población en extrema pobreza está siendo parte ese enorme mercado con altas utilidades”, explicó Abelardo Ávila Curiel, el ex miembro del Comité de Expertos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

REFRESCOS AL CAMPO

Foto: Cuartoscuro

Áreas indígenas han sido especialmente vulneradas por los refrescos, citó el trabajo. Foto: Cuartoscuro

El informe presentado en Roma el 9 de octubre, en el marco del mes de la Alimentación, recalcaba la importancia de mantener el impuesto a refrescos. Como una medida fiscal con beneficio a la salud.

Sin embargo, el 19 de octubre los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) unieron fuerzas para avalar la reducción del impuesto del 10 al 5 por ciento en las bebidas que tuvieran 5 gramos de azúcar o menos, el equivalente a una cucharada de azúcar.

El informe ya detallaba la penetración que han tenido los productos refresqueros en las comunidades mexicanas, en especial en las áreas indígenas.

“El consumo de bebidas azucaradas embotelladas es especialmente grave en las regiones indígenas, donde las compañías refresqueras alientan el consumo de sus productos mediante la utilización de prácticas monopólicas”, cita el Observatorio.

Al respecto, Ávila explicó, durante una conferencia de prensa donde las organizaciones civiles dieron a conocer su pesar por la reducción al impuesto a refrescos, que la llegada de los productos chatarra al área rural fue apoyada por el mismo Gobierno.

“A partir de los tres programas en continuidad que ha habido desde 1997 encuentra uno ese dato. El consumo de refrescos que era inexistente y se ha multiplicado por cuatro o cinco. Lo primero que ve de la madre que acaba de cobrar la transferencia es que en el mismo lugar de pago hay todas estas cosas. Inclusive, en algunas circunstancias con el apoyo de los mismos sistemas estatales de distribución como Diconsa, que hasta la administración pasada era el principal proveedor de sopas instantáneas en la población, el vehículo para llegar la población más pobre”, dijo.

El Observatorio entregado acusó que el modelo económico actual ha sido un impedimento para garantizar a cabalidad las condiciones de respeto a los derechos humanos en el mundo, entre ellos el de la alimentación.