Con el fin de ejemplificar su nueva medida de austeridad republicana, López Obrador mostró los datos de la pensión que recibían los expresidentes de México y otros países.
Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió este jueves que el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa recibía una de las pensiones vitalicias más altas en comparación con otros líderes nacionales del mismo periodo.
En su conferencia de prensa matutina, López Obrador compartió cuánto dinero se les pagaba a los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y otros más por haber gobernado el país, frente a su nuevo plan de austeridad que pasará a “la pobreza franciscana”.
De acuerdo con el titular del Ejecutivo, el expresidente Felipe Calderón era “el número uno” con una pensión de 54 millones 262 mil 111 pesos, la mitad de lo que obtenía el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien percibía una pensión de 22 millones 847 mil 184 pesos.
“La austeridad no es un asunto administrativo, es de principios“
Pese a las constantes reducciones en el gasto del Gobierno, "sí hay siempre márgenes" para pasar de la "Austeridad Republicana" a la "Pobreza Franciscana", dijo el presidente. pic.twitter.com/4ViywJdkgW
“Miren, estas eran las pensiones que recibían los expresidentes: Calderón, ‘número uno’, 54 millones anuales total de pensión; [George] Bush tenía 22 millones; Sebastian Piñera, de Chile, 10 millones; [Gordon] Brown, de Reino Unido, tres millones 859 mil; Colombia, [Álvaro] Uribe, dos millones 460 mil y [José María] Aznar, dos millones 166 mil”, detalló el Presidente.
El titular del Ejecutivo también reveló las pensiones del resto de los exmandatarios mexicanos desde el periodo de Luis Echeverría Álvarez, a excepción de Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari, quienes renunciaron a ella.
Vicente Fox con 48 millones 942 mil 394 pesos; Ernesto Zedillo renunció a 37 millones 847 mil 184 pesos; Carlos Salinas también renunció a 42 millones 881 mil 810 pesos; y Luis Echeverría recibía 44 millones 185 mil 832 pesos.
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Por lo anterior, el mandatario federal aseguró que “todo esto ya no existe en el caso de nuestro país” luego de que en 2018 se estableció la suspensión de las pensiones vitalicias para los expresidentes de México.
En cuanto a las nuevas medidas de la “pobreza franciscana”, el Gobierno buscaría reducir aún más los gastos de la administración con el recorte de viáticos en los viajes al extranjero, compras de insumos, vehículos oficiales y continuar sin deudas adicionales para mantener ahorros.
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del INAI, planteó que en el caso de exfuncionarios o funcionarios de alto nivel cabe una excepción a la regla de confidencialidad, bajo la cual se había considerado al inicio la información relacionada con las denuncias presentadas por la UIF.
Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó este jueves a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar a conocer el número de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), de 2005 al 30 de agosto de 2021, en contra de los expresidentes y el actual mandatario de México por operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción.
“El sujeto obligado debe desglosar la información por nombre de cada uno de los expresidentes de México, es decir, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como del actual titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador; también debe precisar el mes en el que se presentó la denuncia y la delegación de la FGR que la recibió2, detalló en un comunicado.
Durante la presentación del asunto ante el pleno, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas dio a conocer que la SHCP clasificó como confidencial la información relacionada con las denuncias presentadas por la UIF. Además, señaló, el sujeto obligado manifestó su incompetencia para proporcionar datos sobre las averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas y cerradas.
Por ello, inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual indicó que la dependencia omitió responder a la información solicitada y no se pronunció si conoce o no del asunto o si realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos institucionales.
https://www.youtube.com/watch?v=7fIKIBzdLFo
“¿Por qué en el caso de exfuncionarios o funcionarios de altísimo nivel cabe una excepción a lo que podría ser la regla de la confidencialidad? Bueno, porque se antepone el bien principal que es, naturalmente, el de la rendición de cuentas y se trata de situaciones que de ser ciertas y estar comprobadas o de existir, sí tendrían que ser reveladas”, planteó Acuña Llamas.
Asimismo, el Comisionado del INAI señaló que la ponencia a su cargo efectúo una prueba de interés ponderando los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, para determinar la viabilidad de dar a conocer la información solicitada.
Respecto a la idoneidad, a lo largo de la ponencia advirtió que subyace el derecho fundamental de acceso a la información, puesto que a través de éste se busca no sólo satisfacer un interés individual, sino la necesidad de la colectividad de conocer de las actuaciones y desempeño de los exservidores públicos y del servidor público en gestión.
Mientras que en el caso del principio de necesidad, determinó que el derecho de acceso a la información es la única vía para que cualquier persona acceda a la información relativa a la existencia o no de procedimientos penales en trámite, concluidos en las que está transcurriendo el plazo para interponer un medio de defensa y concluidos que no han derivado en una sanción en contra de los exservidores públicos y del servidor público en gestión.
Por otra parte, acerca de la proporcionalidad, concluyó que divulgar la información relativa a la existencia o no de procedimientos penales en contra de los exservidores públicos y del servidor público en gestión, permite conocer de alguna forma que la dependencia, en cumplimiento a sus atribuciones toma las medidas necesarias para vigilar que las conductas y desempeño de los servidores públicos sean acordes a la normatividad respectiva.
“En conclusión, si bien lo requerido es considerado como de acceso restringido, ya que encuadra en alguna de las excepciones a la publicidad de la información establecida en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tratarse de información relacionada con motivos de interés público es que procede su difusión, que contribuirá tanto a garantizar el ejercicio de acceso a la información como a favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos”, subrayó el Comisionado.
Por lo anterior, el pleno del INAI instruyó a la SHCP proporcionar el número de denuncias que la UIF ha presentado ante la FGR por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como corrupción, en contra de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, registradas de 2005 al 30 de agosto de 2021.
Además, recordó que debe asumir competencia sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas y cerradas, y emitir la respuesta que en derecho corresponda.
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La consulta fue la primera a nivel federal de la historia de México y requería un 40 por ciento de participación para que su resultado fuera vinculante.
–Actualización 5:40 del 2 de agosto
Ciudad de México, 1 de agosto (EFE/SinEmbargo).- Con el 98.35 por ciento de las actas computadas, el Sí en la consulta popular ha obtenido más de 6 millones de votos, ante 100 mil del No.
Los 6 millones 434 mil 015 votos del Sí representan el 97.7336 por ciento de la votación, mientras que los 101 mil 233 mil del NO apenas representan el 1.5375 por ciento, de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE).
Al momento se han contabilizado 47 mil 945 votos nulos, es decir, 0.7281 por ciento del total.
La inédita y polémica consulta popular impulsada por el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre enjuiciar a sus cinco predecesores pinchó este domingo con una participación de solo el 7 por ciento, lejos del 40 por ciento necesario para que el resultado fuera vinculante.
La consulta popular, la primera a nivel federal de la historia de México y con consecuencias muy inciertas, se había interpretado como una exhibición de fuerza del oficialismo de cara al plebiscito del próximo año sobre revocar el mandato de López Obrador.
Pero la jornada se caracterizó por la llegada a cuentagotas de votantes a los puntos de votación, lejos de las largas filas que se registraron en las elecciones intermedias de hace apenas dos meses.
Los resultados preliminares comenzaron a publicarse a las 20 horas del centro. Foto: Cuartoscuro.
El conteo de votos. Foto: Cuartoscuro.
Sin duda influyó la confusión en torno a la pregunta del plebiscito, sus consecuencias y la postura del presidente, quien a pesar de convocarlo no fue a votar.
En un inicio, la consulta convocada por López Obrador proponía enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) por corrupción, fraudes electorales y la guerra contra el narcotráfico, entre otros males.
Pero la Suprema Corte modificó la pregunta para preservar la presunción de inocencia y dejó un enunciado muy abierto que planteaba a los mexicanos si quieren “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados”.
El enunciado dividió a los mexicanos entre los que creían que la consulta podía acabar con la histórica impunidad en el país y los que consideraban absurdo votar para que se aplique la ley.
Mientras el Ejército Zapatista había apoyado la consulta para resarcir a víctimas de masacres, la organización Human Rights Watch la había tachado de “circo político”.
Solo los más convencidos por el Sí fueron a votar, como Jaime, un ingeniero químico de 56 años que lo consideró un ejercicio “muy importante”.
“Creo que los expresidentes tienen que dar cuentas de la gestión que hayan hecho. Yo creo que es visiblemente muy mala la que hicieron y los efectos los estamos viviendo ahora”, explicó a Efe tras votar en el centro de Ciudad de México.
Este domingo la ciudadanía determinará si se pone en marcha o no “un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados” para así “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.
Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– El día llegó. La primera Consulta Popular organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá lugar este domingo 1 de agosto para determinar si la ciudadanía avala que se ponga en marcha “un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados”.
La revisión que se plantea hacer para “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” abarca, por lo menos, a las administraciones de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, según ha señalado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue el que impulsó este ejercicio. Aunque en la pregunta que se formulará a la ciudadanía, no figura el nombre de ninguno de estos exmandatarios.
Para que se pueda proceder a este “proceso de esclarecimiento”, el cual consistiría en la creación de una Comisión de la Verdad, como ha señalado el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se requiere que participe al menos el 40 por ciento de las personas inscritas en Lista Nominal, la cual está compuesta por 93 millones 686 mil 877 personas; es decir, tendrán que votar más de 37 millones de mexicanos.
A manera de dimensión, en las elecciones presidenciales de 2018 participaron más de 56 millones de mexicanos.
Mientras que en las dos consultas nacionales que hizo López Obrador—ambas realizadas antes de que asumiera la presidencia y sin respaldo del INE— apenas rondaron el millón de participantes: en el ejercicio en el que se decidió la cancelación del Aeropuerto de Texcoco votaron 1 millón 67 mil 859 personas y en el que se consultaron sus 10 programas prioritarios participaron 925 mil 168 mexicanos.
El nombre de ningún expresidente aparece en la pregunta de la Consulta. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
¿QUÉ SE PREGUNTARÁ EN LA CONSULTA?
El 15 de septiembre del año pasado, con base en el artículo 35 constitucional, López Obrador envió la propuesta al Senado. Desde entonces ha aclarado que no participará en este referéndum porque él ya puso “punto y a parte para ir adelante”, pero ha dicho que no planea pasar a la historia como una “tapadera”.
La pregunta que él propuso para la consulta era:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
El 1 de octubre de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la materia del referéndum y el Congreso lo aprobó en ambas cámaras a finales de ese mes. Pero para hacerla constitucional, los ministros modificaron el planteamiento de esta manera:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Es decir, se eliminó el nombre de los cinco expresidentes.
Para poder participar se necesita estar inscrito en el Padrón Electoral y tener credencial para votar con fotografía vigente. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Votar en la Consulta Popular constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos para participar en la toma de decisiones sobre temas de trascendencia competencia de la Federación.
La Ley establece que para poder participar se necesita estar inscrito en el Padrón Electoral y tener credencial para votar con fotografía vigente, es decir estar en la Lista Nominal. Para saber si estás inscrito puedes verificar aquí.
Para el día de la votación, se instalarán más de 57 mil mesas receptoras, con una capacidad de atención aproximada de hasta 2 mil personas en cada una de ellas.
Este 1 de agosto podrás participar en la primera #ConsultaPopular entre las 8 am y las 6 pm.
Además de que se ha capacitado a los funcionarios de casilla, es decir, a 284 mil 251 personas y el 76.13 por ciento ha participado en simulacros y prácticas recreando el domingo 1 de agosto.
El INE ha habilitado además una página para que puedas consultar la casilla en la que tendrás que votar, a la cual puedes acceder aquí.
La jornada de la Consulta Popular comenzará a las 8:00 de la mañana y concluirá a las 18:00 horas, se aplicarán los protocolos y medidas sanitarias para cuidar tanto a los funcionarios de casillas como a los participantes, como son el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia y la sanitización constante de los espacios. Además, se recomienda llevar tu propia pluma.
¿Ya sabes cómo será la papeleta de la #ConsultaPopular? Te la presentamos.
La Consulta Popular ha generado polémica porque la pregunta no menciona los nombres de los expresidentes ni refiere un proceso legal o de juicio político.
Por lo que de ganar el sí, a lo que se daría pauta sería a la creación de una Comisión de la Verdad, a partir de la cual, más que una pena legal figuraría una pena política y un juicio histórico, con la que la ciudadanía podría conocer los alcances de las responsabilidades imputables a los exmandatarios que antecedieron a López Obrador.
Pero para ello, el resultado de lo que se decida este domingo tendría que ser vinculante, es decir que establezca una obligación a una autoridad.
En ese sentido, lo que establece el Artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular es:
“El resultado de la consulta popular, es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan”.
La misma legislación establece en su Artículo 64 que cuando el Instituto Electoral indique —en su caso— que la participación total en la Consulta Popular tenga el porcentaje requerido, el resultado será vinculatorio para los poderes mencionados y se hará del conocimiento de la Suprema Corte, “la cual notificará a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención”.
Además, en el que caso de que el resultado de la Consulta sea vinculatorio tendrá efectos durante los tres años siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez.
Si bien, no habrá un Programa de Resultados Electorales Preliminares sí se llevará a cabo el Conteo Rápido y los Cómputos Distritales desde la misma noche de la jornada del 1 de agosto conforme vayan llegando los paquetes a las 300 Juntas Distritales del INE, y se habilitará un micrositio en el que la ciudadanía podrá dar seguimiento en tiempo real a los cómputos.
El INE ha previsto que los resultados de los cómputos distritales se tengan 24 horas después del cierre de las Mesas Receptoras. El cómputo distrital es la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas.
Si al término del cómputo distrital se establece que la diferencia entre el “SÍ” y “NO” es igual o menor a un punto porcentual, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas, a solicitud del Presidente de la República, a través del Consejero Jurídico, de los legisladores, a través del Presidente del Congreso de la Unión, o de los ciudadanos, a través de un representante designado.
De no presentarse este escenario, en las 48 horas siguientes a la conclusión de los cómputos, el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, dará a conocer el resultado al Consejo General del Instituto, que a su vez tendrá 72 horas para realizar el cómputo total y la declaratoria de resultados con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales.
Posteriormente, se tienen que dar a conocer los resultados correspondientes e informar a la Suprema Corte sobre los mismos.
Los resultados finales del cómputo nacional serán dados a conocer una vez transcurrido el periodo para impugnaciones y, en su caso, una vez resueltas las resoluciones de la autoridad judicial electoral a nivel federal.
La pregunta de la consulta ha sido un intenso tema de debate, puesto que en un inicio proponía enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Por Eduard Ribas i Admetlla
Ciudad de México, 31 de julio (EFE).- México ultima los preparativos de la consulta popular del domingo sobre enjuiciar a los expresidentes del país por varios delitos, un proceso que divide a los mexicanos entre quienes creen que acabará con la impunidad y quienes se oponen a que la justicia se someta a las urnas.
“Más de 93.6 millones de mexicanos estamos convocados a participar en este inédito ejercicio de democracia participativa. Por primera vez en nuestra historia, se va a llevar a cabo una consulta popular a nivel federal”, expresó este sábado el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.
La consulta fue una promesa del Presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, quien como mandatario electo organizó un proceso similar para cancelar las obras del que iba a ser el nuevo aeropuerto capitalino.
Los exmandatarios… pero en máscaras. Foto: Cuartoscuro.
Esta, sin embargo, será la primera que contará con garantías jurídicas y la participación de los organismos electorales, y sirve de antesala para la consulta de revocación de mandato del presidente convocada para el próximo año.
A horas de que ocurra la consulta, mexicanos recorren las calles con consignas, usando máscaras de los expresidentes y llamando al voto. Otros se resisten.
“Ahora sí hay cámaras y los estamos grabando. Cuiden por favor sus carteras. Por favor guarden sus carteras bien. Viene el pelón, Salinas. Viene Chente Fox, luego convierte lo de la cartera en ranchos. Por ahí anda Zedillo, tengan cuidado por favor”, dijo uno de los encargados de las actividades para promover la consulta. Frente a él estaban personas usando máscaras de los exmandatarios.
La pregunta de la consulta ha sido un intenso tema de debate, puesto que en un inicio proponía enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
López Obrador los señalaba por la corrupción, las desigualdades, las privatizaciones, los fraudes electorales o la guerra contra el narcotráfico, entre otros males.
Pero el Supremo modificó la pregunta y dejó un enunciado muy abierto que plantea a los mexicanos si quieren “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados”.
Aunque muchos consideran la pregunta poco clara, Ariadna Bahena, activista y promotora de la consulta, dijo a Efe que es “atinada” porque “los crímenes y las violaciones a derechos humanos no corresponden a una sola persona”, si no a varios actores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De todos modos, desde el inicio de la campaña el 15 de julio, los promotores vinculados al oficialismo han empapelado las calles con las caras de los exmandatarios.
“Estamos insistiendo en dar a conocer la pregunta concreta para evitar que las personas que el domingo lleguen frente a la papeleta no se sorprendan”, explicó a Efe la consejera electoral Norma de la Cruz.
CONSULTAR LA JUSTICIA
El planteamiento ha sido criticado no solo por la oposición, sino también por la comunidad académica y organizaciones civiles que consideran que la justicia debe aplicarse sin someterse a consulta.
“Me parece un sinsentido preguntar si los delitos deben de castigarse. Se pregunta un absurdo porque lo que se busca no es impartir justicia sino construir una agenda mediática”, dijo a Efe el politólogo de la universidad UNAM Khemvirg Puente.
Lo cierto es que ni el presidente ni nadie de su Gobierno han explicado su plan en caso de que se imponga el ‘Sí’.
“No se puede poner a consulta algo que los consultados no saben cuál va a ser la consecuencia de su voto”, insistió Puente.
En cambio, los promotores insisten en que el ‘Sí’ abrirá la puerta a que se creen Comisiones de la Verdad para investigar delitos de las anteriores Administraciones con la participación de las víctimas y la sociedad civil.
“No estamos planteando si se consulta la justicia. Es un instrumento para exigir justicia”, respondió Bahena.
Se acerca la consulta. Foto: Cuartoscuro.
EL RETO DE LA PARTICIPACIÓN
De todos modos el primer gran escollo será el de la participación, puesto que la ley exige que vote el 40 por ciento de los electores, 37 millones de mexicanos, para que el resultado sea vinculante, un reto titánico.
Además, por falta de recursos, el INE solo establecerá 57 mil mesas electorales, una cifra menor a las 163 mil de los últimos comicios.
Esto ha desatado el enésimo choque entre el oficialismo y el Instituto Electoral.
“Hay que seguir evidenciando que si la participación es muy baja es porque no hubo las condiciones”, expresó Bahena, quien este sábado protestó ante el INE.
La consejera De la Cruz contestó que, a pesar de que el Congreso no les ha cedido más recursos, el INE ha hecho una fuerte campaña de difusión porque quiere “que esto salga muy bien”.
La consulta será el domingo. Foto: Cuartoscuro.
LÓPEZ OBRADOR NO VOTARÁ
El que sorprendentemente no participará es López Obrador, quien, a pesar de convocar la consulta y promover la participación, ha dicho varias veces que su “fuerte no es la venganza”.
Es más, el viernes confesó que en caso de votar, algo que no podrá hacer porque está de gira fuera de la capital, optaría por el ‘No’.
“La consulta no me preocupa, se va a llevar a cabo. Me preocupa cuál será el mensaje del presidente el lunes por la mañana”, dijo a Efe el jurista Tito Garza.
El primer ejercicio de este tipo cuenta con un apoyo efectivo del 77 por ciento de los entrevistados, aunque apenas el 44 por ciento asegura que traerá consecuencias jurídicas reales; los morenistas son los más interesado en participar.
Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– La consulta popular del próximo domingo 1 de agosto sobre investigar o no a los “actores políticos del pasado”, el primer ejercicio de este tipo desde su introducción en las leyes y la Constitución, se perfila para arrasar por la opción del “SÍ”, pero con un interés bajo de la ciudadanía, reveló una encuesta del diario El Financiero.
De acuerdo con el medio mexicano, el 77 por ciento de los mexicanos que fueron encuestados está a favor de que se lleven a cabo “las acciones pertinentes” para esclarecer “decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”. Sin embargo, apenas a un 31 por ciento le interesa participar en la votación que se llevará a cabo en unos días.
Una mesa receptora, una papeleta y una pregunta te esperan este 1 de agosto en la #ConsultaPopular.
La encuesta de El Financiero también dejó ver que la pregunta definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que retiró el nombre de los últimos cinco expresidentes mexicanos, es confusa para un 40 por ciento de los entrevistados. El 55 por ciento, por otro lado, dice que se entiende bien. El restante cinco por ciento contestó que no sabe.
La única pregunta que aparecerá en la boleta del domingo con las opciones “SÍ” y “NO”: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Pero la ciudadanía mostró un amplio apoyó por el “SÍ” a pesar del desinterés general por la consulta popular, que llega poco menos de dos meses después de las elecciones intermedias del país, las más grandes hasta ahora en la historia del país.
La boleta que se usará para la consulta popular del domingo. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro.
El 58 por ciento de los encuestados por El Financiero está de acuerdo con iniciar las “acciones pertinentes” para esclarecer los hechos del pasado. El 25 por ciento, uno de cada cuatro, no contestó. Y apenas el 17 por ciento se mostró en desacuerdo y votaría “NO” el domingo si asiste a las mesas instaladas por el INE (Instituto Nacional Electoral).
En el porcentaje efectivo, el apoyo al “SÍ” despegó: sin contar a las personas que no contestaron, los que están de acuerdo con la pregunta de la consulta popular se elevaron al 77 por ciento, por un 23 por ciento que se perfilaría por el “NO”.
El problema para los impulsores de la consulta popular, incluido el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es el interés que mostraron los encuestados por participar en el ejercicio del domingo. Apenas el 31 por ciento dijo que “mucho”, aunado a un 30 por ciento que dijo “algo”.
Del otro lado, el 18 por ciento dijo que tenía “poco” interés y el 19 por ciento “nada”. La consulta popular necesita del 40 por ciento de participación del padrón electoral para que el ejercicio sea vinculante.
Los más interesados en participar son los que se relacionan con Morena, el partido que fundó López Obrador y con el que llegó al Gobierno. El 61 por ciento de los morenistas quiere participar en la consulta ciudadana. El partido oficialista es el que más ha promovido el ejercicio como un referéndum para definir si debe haber o no un “juicio a expresidentes”, sobre todo a los últimos cinco: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.
Le siguen en interés, aunque alejados, los que se consideraron apartidistas. El 23 por ciento quiere participar en la consulta popular, por apenas el 15 por ciento de los identificados como panistas, priistas y perredistas, que hoy en día conforman la oposición política en el país.
Sin embargo, la encuesta de El Financiero mostró una gran división con respecto a las consecuencias que podría tener la consulta popular: el 46 por ciento consideró que será apenas un “ejercicio meramente simbólico” y un 44 por ciento dijo que sí tendrá “consecuencias jurídicas reales”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena promueven la Consulta Popular con la promesa de enjuiciar a expresidentes. Pero a partir del ajuste de la Suprema Corte para no violar derechos humanos, la pregunta se hizo ambigua y con ello los efectos de este ejercicio.
–Con información de Guadalupe Fuentes y Obed Rosas
Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– La ciudadanía participará el próximo 1 de agosto, por primera vez desde que se habilitó este mecanismo, en una Consulta Popular nacional, la cual fue propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la campaña presidencial de 2018, para determinar si se debe enjuiciar o no a los cinco expresidentes que lo antecedieron.
Pero los nombres de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto no aparecen en la pregunta que será sometida a consulta, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ajustara la pregunta original para no violar derechos humanos de víctimas y señalados, por lo que de resultar vinculante sólo podría dar pauta a la creación de una comisión de la verdad, como señaló el Ministro presidente Arturo Zaldívar, “para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados”.
No obstante, la última palabra la tendrá el Jefe del Ejecutivo federal y ninguna consecuencia directa será de carácter penal, sino más bien política, observaron analistas consultados por SinEmbargo.
Aunque han habido consultas a nivel local, ésta es la primera que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) a nivel nacional. La Ley Federal de la Consulta Popular establece que el proceso de esclarecimiento será obligatorio para las autoridades competentes cuando la participación total corresponda al menos al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. En este caso, tendrías que votar más de 37 millones de ciudadanos. A manera de dimensión, en las elecciones presidenciales de 2018 participaron más de 56 millones de mexicanos.
La pregunta propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue ajustada por la SCJN. Foto: Cuartoscuro.
El 15 de septiembre del año pasado, con base en el artículo 35 constitucional, López Obrador envió la propuesta al Senado. Desde entonces ha aclarado que no participará en este referéndum porque él ya puso “punto y a parte para ir adelante”, pero ha dicho que no planea pasar a la historia como una “tapadera”.
La pregunta que él propuso para la consulta era:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
El 1 de octubre de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la materia del referéndum y el Congreso lo aprobó en ambas cámaras a finales de ese mes. Pero para hacerla constitucional, los ministros modificaron el planteamiento de esta manera:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Es decir, se eliminó el nombre de los cinco expresidentes.
Una ciudadana lee sobre la consulta popular. Foto: Cuartoscuro.
El Ministro presidente, Arturo Zaldívar, aclaró desde entonces en entrevista con Radio Fórmula que esta consulta no obliga a nada a la Fiscalía General de la República (FGR) ni al Poder Judicial de la Federación, ya que “los sistemas de impartición y procuración de justicia no son sujetos a consulta porque se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública”.
Precisó que en todo caso darían paso a comisiones de la verdad emprendidas por el Legislativo y Ejecutivo, aunque señaló que “si el Ministerio Público tiene elementos para proceder en contra de cualquier persona, lo puede hacer y los jueces actuarán conforme a la Constitución y a las leyes”.
¿POR QUÉ SE AJUSTÓ LA PREGUNTA?
De los cinco expresidentes señalados, sólo los expanistas Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) han hecho pública su opinión. Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) han guardado silencio al respecto.
Para Fox, la Consulta Popular es algo “muy penoso” y calificó de “lacayos” a los ministros de la Suprema Corte. Para Calderón, es violatoria de diversas garantías como la presunción de inocencia y debido proceso, por lo que pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que si tenía pruebas contra él las presentara directamente ante la Fiscalía o dejara de “hostigarlo”.
Un ciudadano se informa sobre la consulta popular. Foto: Cuartoscuro.
El politólogo y especialista en derecho constitucional, Javier Martín Reyes, expuso que la pregunta propuesta por el Presidente López Obrador “era muy clara”, ya que indicaba quiénes eran los actores políticos y planteaba tanto una posible comisión de delitos como una posible sanción. Pero cinco ministros de la Suprema Corte la rechazaron por inconstitucional y otros seis, la mayoría, optó por “interpretar” lo que dijo el Jefe del Ejecutivo.
“Estaban con nombre y apellido los expresidentes. Lo que pasó en la Corte es que los 11 ministros dijeron que así como estaba planteada la pregunta era inconstitucional porque se restringían derechos humanos, entre otros, los derechos de las víctimas porque los procesos penales buscan sancionar a quienes cometieron un tipo de delito, pero también buscan reparar a las víctimas. Entonces lo que dijeron los 11 ministros fue que se abría la puerta para que eventualmente ganara el ‘no’ y no se repararan los daños de las víctimas”, explicó.
HAY SIMULACIÓN Y MENTIRA
La pregunta avalada por la Corte es “extremadamente vaga y ambigua”, consideró el académico del CIDE Javier Martín Reyes, ya que no queda claro quiénes son los actores políticos sometidos a la Consulta Popular, cómo será el “proceso de esclarecimiento” y cuáles son “las sanciones pertinentes”.
“No queda claro si este proceso de esclarecimiento es por vía penal, administrativa o de justicia transicional. No sabemos a qué se refiere con ‘años pasados’. Podrían ser 2020 y 2019, o nos podemos ir muy atrás al 68 y al 71. Tampoco sabemos si las sanciones se refieren a abrir carpetas de investigación en materia penal o administrativa, crear comisiones de la verdad, crear procesos de memoria histórica o incorporar los hallazgos de la sociedad civil”, aseguró el académico Javier Martín Reyes.
Y sentenció: “Toda esta confusión es porque a la Corte le dio miedo decirle que no al Presidente y renunciaron a ese papel de contrapeso que tienen para ponerle límites al poder”.
Sin embargo, además de confusión, dijo que ha resultado en una simulación, ya que simpatizantes de la denominada Cuarta Transformación aseguran que la Consulta Popular es para enjuiciar a los expresidentes.
“Como es tan amplia y ambigua la pregunta, le sirve a Morena para decir que esta es la consulta para enjuiciar a los expresidentes y un proceso de justicia transicional. Pero la Corte dijo que esto no podía ser un proceso que tuviera incidencia en las investigaciones en juicios penales, por eso sí es una mentira decir que esto es una consulta para enjuiciar a los expresidentes”, aclaró el especialista en derecho constitucional.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, por ejemplo, llamó en días pasados a participar en la Consulta Popular para que luego de haber tenido presidentes “asesinos, ladrones y traidores a la patria” ahora “paguen por lo que hicieron, para que el pueblo de México logre sentarlos en el banquillo de los acusados, para que se haga justicia y se termine la impunidad”.
SI GANA EL SÍ
Si más de 37 millones de mexicanos deciden participar el próximo domingo 1 de agosto en la consulta popular, y la mayoría vota a favor de iniciar un proceso de esclarecimiento contra actores políticos, la última palabra la tendrá el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue el que impulsó este ejercicio.
“Lo que deliberadamente dice la sentencia de la Corte —dijo el académico Javier Martín Reyes— es que al final el Presidente va a decidir libremente cuáles son las sanciones pertinentes”.
Puede abrir una comisión de la verdad, procedimientos de tipo administrativo o un proceso para la memoria histórica. “La realidad es que esta consulta va a tener efectos nulos jurídicamente, pero políticamente el Presidente hará lo que más le convenga”.
La boleta de la consulta popular organizada por el INE. Foto: Cuartoscuro.
Estefanía Medina, cofundadora de Tojil, una organización civil dedicada a litigio estratégico, precisó en una entrevista anterior con SinEmbargo que el esclarecimiento de las acciones de los expresidentes ya debería estar en la cancha de la Fiscalía.
“La Fiscalía no necesita de ninguna consulta y mucho menos de ningún análisis de ninguna comisión porque la persona legalmente y constitucionalmente facultada para investigar estos hechos y advertir si hay responsabilidades, y que además debería tener las capacidades técnicas para ello, es la Fiscalía”, aseguró.
Medina coincidió en que no tiene ninguna aplicación en la operación del Sistema de Justicia criminal, sino que queda completamente en un ámbito político. Y, si en algún momento la Fiscalía abriera una investigación, las sanciones dependerán de caso a caso.
“Muchos de los posibles delitos que están señalándose, de los que pudiera haber datos, pudieran incluso ya estar prescritos”, dijo.
En la misma línea, el especialista en derecho constitucional Javier Martín Reyes aseguró que ya hay muchos posibles delitos que ya no se van a poder procesar por el paso del tiempo y, además, la Fiscalía ni siquiera ha podido procesar casos con datos como el del extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
“Si no ha podido con Lozoya, yo tengo duda de que tenga la capacidad y la voluntad política para hacerlo [investigar a expresidentes]”, consideró.
La Associated Press comprobó que una serie de noticias que fueron ampliamente difundidas en redes sociales esta semana son falsas, entre ellas que habría un pico máximo de decesos por COVID entre julio y agosto.
Por Marcos Martínez Chacón, Rafael Cabrera y Abril Mulato
Ciudad de México, 23 de julio (AP).– Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:
INSTITUTO DE SALUD NO ALERTÓ SOBRE REPUNTE DE MUERTES POR COVID
LA AFIRMACIÓN: El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en México advirtió en un comunicado a sus empleados que el país enfrentará el “pico máximo de la pandemia” por COVID-19 entre julio y agosto. El INSP también llamó al personal de la institución a entrar en “cuarentena” entre el 15 y el 30 de julio.
LOS HECHOS: El INSP dijo en un comunicado a través de sus redes sociales que el mensaje que circula no es verdad y no fue emitido por la institución. Además, tras la aplicación masiva de vacunas contra COVID-19, los contagios y decesos por el virus se han reducido en comparación con las semanas más críticas de la pandemia.
Recientemente, en México se ha registrado un aumento en el número de contagios de coronavirus, por lo que autoridades sanitarias en el país han llamado a la población a mantener medidas como el lavado de manos, utilización de cubrebocas y el distanciamiento social.
Dos paramédicos trasladan a un enfermo por COVID-19 a la zona triage del Hospital de Los Venados. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro
El 13 de julio, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, explicó que, aunque México enfrentaba una “tercera ola” de contagios, las hospitalizaciones no se han incrementado de manera exponencial, ya que las vacunas han sido efectivas para prevenir casos graves.
“Esto es la consecuencia positiva de tener una población vacunada y de haberlo hecho de acuerdo a un plan científicamente diseñado… Empezamos vacunando personas adultas mayores, que son las que tienen la mayor propensión a tener enfermedad grave”, declaró en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una publicación que circula en WhatsApp y Facebook muestra un texto falsamente atribuido al INSP en el que éste supuestamente alertó a sus empleados sobre un inminente “pico máximo de la pandemia” en México y acerca de un repunte de muertes por COVID-19.
“Llegaremos a tener 500 a mil muertos por día, siendo el pico máximo la primera semana de agosto. Como individuos formados en Salud, hagamos cuarentena del 15 al 30 de julio. No salgamos a parques, centro comerciales o sitios públicos. Sólo es necesario por estos 15 días”, agrega el texto.
Pero en un comunicado del 15 de julio, el INSP alertó que es “falso” que haya emitido esa declaración y llamó a la población a no compartir información que no ha sido corroborada de manera oficial.
La desinformación en los tiempos del coronavirus se mueve desde el poder. Foto: Shutterstock
Aunque en semanas recientes se ha registrado un aumento en contagios y decesos por COVID-19, los fallecimientos diarios no han alcanzado los 500 en los últimos días. De acuerdo con cifras oficiales, al 18 de julio, en México han sido administradas más de 54 millones de dosis de distintas vacunas contra el coronavirus.
Además, el mismo texto ha circulado desde 2020 en redes sociales atribuyéndole falsamente a instituciones de otros países como la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia (UdeA), en Colombia, institución que también desmintió haber emitido la advertencia.
Al 22 de julio, en México se han registrado dos millones 693 mil 495 contagios y 237 mil 207 muertes por COVID-19, de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins.
INE NO PIDIÓ ABSTENCIÓN EN CONSULTA CONTRA EXPRESIDENTES
LA AFIRMACIÓN: Diferentes publicaciones que circulan en redes sociales aseguran que los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, del Instituto Nacional Electoral (INE), hicieron un llamado para que la gente no acuda a participar en la consulta ciudadana para investigar a expresidentes, que se realizará el 1 de agosto.
Carlos Salinas de Gortari es uno de los cinco expresidentes que serían llamados a cuentas por decisiones políticas que afectaron la vida de miles de personas. Foto: Cuartoscuro.
LOS HECHOS: El próximo 1 de agosto, en México se realizará una consulta popular para preguntar a la población si están de acuerdo en que se hagan las investigaciones pertinentes para aclarar las decisiones políticas de los años recientes. La consulta ha dividido a la población, pues mientras un sector apoya la consulta y señala que será para enjuiciar a los expresidentes, otros señalan que la pregunta no plantea ningún juicio.
Murayama y Córdova no han llamado a no votar. Los consejeros han dado entrevistas aclarando que la consulta popular no es para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de México, pues la pregunta que autorizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no dice eso.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que la Suprema Corte redactó y autorizó para la consulta.
La consulta popular del 1 de agosto, la primera de la historia del país, requiere de la participación del 40 por ciento del censo para ser vinculante. Foto: Cuartoscuro
Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido político, Morena, y sus seguidores difunden la consulta bajo la premisa que los exmandatarios serán enjuiciados, los consejeros electorales han sido más prudentes en los alcances.
Sin embargo, en redes sociales circulan publicaciones que aseguran que Córdova y Murayama están haciendo llamados para que la gente no participe en la consulta, lo cual es falso.
“El INE pide no votar a la población bajo el mecanismo de la desinformación, ¿lo sabe AMLO?”, dice un video en YouTube.
A casi dos semanas que se realice la consulta, Murayama y Córdova han salido a dar entrevistas en medios explicando los alcances legales de la consulta.
“¿El INE está organizando una consulta para preguntar si se debe enjuiciar a ex presidentes? Pues no, la pregunta que redactó la SCJN y que estará en la boleta es otra, y es esta”, escribió Murayama en su cuenta de Twitter, mensaje que fue acompañado por una imagen de la pregunta en la boleta de la consulta.
Bienvenida la promoción de la consulta popular del 1 de agosto que realizará el @INEMexico.
Ojalá que se promocione, además, diciendo la verdad.
Los consejeros electorales han señalado que en la pregunta planteada por la Corte no se menciona a los expresidentes, sino a actores políticos. En ningún momento los consejeros han llamado a la gente a no acudir a votar.
AERONAVE MILITAR MEXICANA SÍ VIAJÓ A CUBA PARA REPATRIAR MÉDICOS
LA AFIRMACIÓN: México envió ayuda a “la dictadura cubana” en una aeronave militar el pasado 15 de julio. El Canciller Marcelo Ebrard mintió y dijo que se trasladaron a médicos cubanos que ayudaron al personal de salud mexicano durante la pandemia de COVID-19.
LOS HECHOS: El 29 de marzo sí llegaron a Cuba un grupo de 124 médicos que ayudaron a combatir la pandemia de COVID-19 en México, pero el jueves 15 de julio volvió a la isla un grupo de más de 90. Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México como el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) informaron en sus webs oficiales el regreso de los médicos ese día.
De acuerdo con un comunicado de la SRE, el 15 de julio, el Gobierno de México, con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, retornó a La Habana, Cuba, a 92 médicos y enfermeras que en los últimos meses prestaron sus servicios en territorio mexicano para contribuir a atender la pandemia por COVID-19.
“Cabe destacar que los especialistas laboraron en la Ciudad de México, especialmente en el oriente de la ciudad”, dice el documento oficial.
Por su parte, el MINSAP señaló que “colaboradores del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve” regresaron el jueves a la isla provenientes de Panamá y México luego de auxiliar a la población de esas naciones en el combate a la COVID-19.
Una delegación con más de 50 médicos y enfermeros cubanos llegó a Italia para ayudar en la gestión de la emergencia del coronavirus. Foto: EFE.
Sobre los profesionales que trabajaron en México, el Ministerio detalló que realizaron 499 cirugías mayores y menores, 245 mil 461 procederes de enfermería y 40 mil 132 capacitaciones.
Al texto informativo, la institución cubana agregó algunas fotografías de la Agencia de Noticias Cubana (ACN) en donde se ve a algunos profesionales de la salud sosteniendo banderas de México, Panamá y Cuba en el Aeropuerto Internacional “José Martí”.
Medios de comunicación como Canal Caribe y la Agencia informativa Latinoamericana, Prensa Latina, también publicaron imágenes de lo ocurrido.
Algunas publicaciones en redes sociales aseguran incorrectamente que México “insiste en ayudar a la dictadura cubana” y que por eso mandaron un avión de la Fuerza Militar.
“Según declaró el Canciller mexicano Marcelo Ebrard, fue para regresar a médicos, pero se confirmó que estos ya habían retornado el 03/29/2021. Ahora envían un Hércules C-130. ¿Por qué México y Venezuela insisten en apoyar a la Dictadura Cubana?”, dice un mensaje que acompaña una imagen que muestra la trayectoria que siguió la aeronave mexicana el 15 de julio.
Algunos usuarios incluso tratan de probar su teoría publicando una fotografía de la llegada de médicos cubanos a la isla el 29 de marzo y capturas de pantalla del video difundido por medios de comunicación sobre la llegada de médicos el 15 de julio.
La primera imagen muestra a 11 médicos posando frente a la cámara y sosteniendo banderas de Cuba y México. En medio se ve a una mujer de cabello negro semi recogido que usa una bufanda negra. Las capturas de pantalla muestran a una mujer bajando del avión también usando una bufanda negra, pero no se distingue su cara.
Con dicha comparación sugieren que el arribo de profesionales de la salud a Cuba no ocurrió y que se usaron fotos del 29 de marzo para asegurar lo contrario.
La fotografía con los 11 médicos fue tomada por el fotógrafo Vladimir Molina para Prensa Latina el 29 de marzo.
The Associated Press revisó el video difundido por Canal Caribe el 15 de julio y retomado por medios mexicanos como El Universal y corroboró que la que aparece en la grabación no es la misma mujer que aparece en la fotografía de Prensa Latina del 29 de marzo. En el video entrevistan a la doctora que utiliza la bufanda negra y la mujer no se parece a la de la foto.
Molina por su parte dijo a la AP que él cubrió ambos eventos (el del 29 de marzo y el del 15 de julio) y confirmó que el jueves pasado sí llegaron médicos cubanos provenientes de México a la isla y envió fotografías que prueban su asistencia.
Además de estos dos arribos, el 15 de abril de este año el MINSAP informó sobre la llegada de otro grupo de 92 médicos que colaboraron en México.
La Unidad Central de Cooperación Médica de Cuba manifestó que los colaboradores son el último grupo que se encontraba en México desde hace seis meses.
CAMAS OLÍMPICAS NO FUERON HECHAS DE CARTÓN PARA EVITAR CONTACTO
LA AFIRMACIÓN: Las camas de cartón instaladas en los dormitorios para atletas de los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, fueron elaboradas con ese material para evitar el contacto físico entre los participantes de la justa deportiva. Éstas resisten el peso de una sola persona.
LOS HECHOS: Las camas fueron elaboradas con ese material para que éstas sean recicladas después de las Olimpiadas y resisten hasta 200 kilogramos, de acuerdo con los organizadores.
El 23 de julio en Tokio serán inaugurados los Juegos Olímpicos en los que participarán 11 mil atletas de alrededor del mundo, luego de que la pandemia de COVID-19 obligó a posponer las competencias por un año.
Dos lotes de muebles de dormitorio, que incluyen camas hechas de cartón, para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Foto: AP
Las Olimpiadas ocurrirán en medio de un aumento de contagios en Japón y, en particular, en la ciudad sede, donde se reportaron mil 832 casos positivos dos días antes de la inauguración de los Juegos.
“Lo que nos había preocupado está pasando justo ahora. El aumento en el número de casos se había esperado con las Olimpiadas o sin ellas, y lo que nos preocupa es que habrá un incremento explosivo de casos, independientemente de las Olimpiadas”, dijo el presidente de la Asociación Médica de Japón en una conferencia de prensa.
Una publicación que circula en Facebook afirma falsamente que las camas en los dormitorios de los atletas fueron hechas de cartón para evitar la “intimidad” entre los competidores, pero esto no es verdad.
El 24 de septiembre de 2019, antes de la declaración de la pandemia de COVID-19, el comité organizador de los Juegos Olímpicos informó que las camas de cartón serían elaboradas por la empresa airweave.inc y que éstas utilizarían colchones diseñados para mejorar la calidad del sueño y confort de los atletas.
“Todas las bases de las camas serán hechas de cartón altamente resistente, que tendrán la capacidad de resistir pesos de hasta 200 kilogramos”, dijo el comité en ese momento.
Posteriormente, en una conferencia de prensa ocurrida el 9 de enero del año pasado en Tokio, Takashi Kitajima, gerente general de las Villas de Atletas, dijo que ésta será la primera ocasión en la cual los muebles de los dormitorios Olímpicos fueron elaborados con materiales reciclables, reportó la AP.
“Son más resistentes que las camas hechas de madera”, dijo Kitajama en la conferencia.
Después de los Juegos, las camas serán reconvertidas en productos de papel y los colchones, que no son de cartón, serán reciclados como productos plásticos.
FOTOGRAFÍA NO MUESTRA A TROPAS DE EU ESPERANDO ÓRDENES PARA INTERVENIR EN CUBA
Infantes de Marina de EU en un complejo militar estadounidense en el aeropuerto de Kandahar, Afganistán. Foto: AP.
LA AFIRMACIÓN: Una imagen compartida en redes sociales muestra a miembros del ejército de Estados Unidos esperando órdenes para intervenir en Cuba.
LOS HECHOS: La imagen data de noviembre de 1983 y se tomó luego de que fuerzas estadounidenses invadieron la isla caribeña de Granada tras acusar al Gobierno de aliarse con el Gobierno de Cuba y la Unión Soviética. Durante la invasión los estadounidenses se enfrentaron a granadinos y cubanos.
Después de realizar una búsqueda inversa de imágenes, la AP encontró que la fotografía circula en la web al menos desde diciembre de 2015. La imagen forma parte de una publicación sobre la operación militar Furia Urgente, mediante la cual Estados Unidos invadió Granada el 25 de octubre de 1983.
La historia titulada “Ranger McGraw, la bandera de Bryan Staggs y Operación Furia Urgente” fue publicada en el blog del escritor Stephen Trujillo, quien de acuerdo a la web de Amazon que comercializa sus libros, fue “ranger” (soldado especializado en la vigilancia, cuidado y labor policial de un territorio específico) y miembro las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos también conocidos como “boinas verdes”.
A lo largo del texto, Trujillo presenta diversas imágenes de la operación militar Furia Urgente y la fotografía en cuestión es una de ellas. En ella el autor asegura que se tomó en noviembre de 1983 “poco después de regresar de la Granada liberada” y detalla que el soldado Christopher Marks, que aparece en la fotografía en cuestión, la publicó en Facebook.
Marks relató a la AP vía mensaje de Facebook que la fotografía fue tomada por un fotógrafo que contrataron y que él tiene una copia física de la imagen, sin embargo, dijo desconocer el nombre del autor.
“Probablemente todos desearíamos que esta fuera una foto reciente, pues nuestras cinturas son mucho más grandes ahora. La imagen fue tomada en noviembre de 1983 después de que regresáramos de Granada. Soy el tipo del extremo derecho en la fila del medio”, añadió Marks.
AP contactó a Trujillo para solicitar un comentario pero no obtuvo respuesta inmediata.
En el mismo texto de Trujillo se presenta otra versión del mismo momento en la que aparecen más soldados. De acuerdo con Trujillo, los soldados Bryan Staggs y Bruce McGraw la enviaron para su publicación.
Esta misma imagen fue retomada por la web de noticias Business Insider en una historia publicada en 2016. En el pie de foto el medio también señala que el autor es Staggs y que se tomó en Granada en 1983.
Una publicación compartida en Facebook sugiere equivocadamente que la imagen muestra a soldados de Estados Unidos esperando las órdenes para intervenir en Cuba. La autora de la publicación añade en los comentarios que si hay intervención de Estados Unidos “no va a haber ni un solo tiro”.
Pero la fotografía no es reciente, en realidad se tomó casi 40 años atrás, días después de que Estados Unidos, junto con pequeñas unidades militares o policiales de la Organización para los Estados del Caribe Oriental, Barbados y Jamaica, invadieron Granada.
La acción militar tuvo lugar en respuesta al golpe de Estado perpetrado el 13 de octubre de 1983 por Hudson Austin y su alianza militar cubano- soviética.
Reportes mediáticos de la época revisados por la AP hablan de enfrentamientos entre el ejército estadounidense y soldados cubanos y mencionan que fue el primer episodio bélico entre ambas naciones.
Un reporte del diario español El País dice: “Cuatro días después de la invasión norteamericana de Granada persisten varios focos de resistencia por parte de grupos cubanos y granadinos contra los seis mil soldados de Estados Unidos desplegados en la isla caribeña según reconoció ayer el secretario de Defensa, Caspar Weinberger”.
Las fuerzas militares derrotaron a la resistencia y derrocaron el Gobierno de Austin.
Con los ojos tapados, Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa aparecen en lonas y volantes que han sido distribuidos por la Ciudad de México. Falta poco para la consulta.
Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Organizaciones, personajes de la política y hasta actores promueven con videos y otros actos la consulta para decidir si se enjuicia o no a expresidentes mexicanos, la cual se llevará a cabo el próximo 1 de agosto.
Imágenes que hoy cuelgan de paredes y volantes que se entregan a los ciudadanos en la capital mexicana llevan la misma leyenda escrita: se buscan expresidentes. Las palabras van a acompañadas de las fotografías de Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Este domingo, Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa, encabezó un mitin en las inmediaciones de la demarcación para mostrar su apoyo a la consulta ciudadana para enjuiciar a los últimos 5 expresidentes mexicanos. La Alcaldesa estuvo acompañada por distintos dirigentes sociales quienes pidieron a los habitantes de Iztapalapa que participen el próximo 1 de agosto.
Eventos para promover el voto. Foto: Cuartoscuro.
Falta poco para la consulta. Foto: Cuartoscuro.
Promueven la consulta en Mérida. Foto: Cuartoscuro.
En mesas instaladas en distintas demarcaciones, incluidas Xochimilco, Cuauhtémoc y Benito Juárez, ciudadanos que cuentan con la mayoría de edad comparten sus firmas para apoyar el proceso que se viene.
El pueblo de México tiene la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la justicia. Es llenar un formato, es un pequeño esfuerzo que podría darle a la sociedad mexicana, de aquí en adelante, las posibilidades de llevar el mandato del país, dijo el actor Damián Alcázar en un video que se volvió viral esta semana.
Desde otras trincheras, activistas piden que ya sea en medios, redes sociales o en territorio, es importante seguirnos organizando e informando al pueblo. Celebran que se llevará a cabo un ejercicio democrático inédito en México.
El sexenio de Peña estableció un régimen lleno de corrupción, saqueo, tráfico de influencias y crímenes de lesa humanidad que las y los mexicanos no olvidamos.
A Felipe Calderón la nación le demanda dar la cara por haberse robado las elecciones de 2006, por los nexos de sus funcionarios con el narco y por haber hecho de nuestro país un cementerio. Este 1° de agosto decidamos hacer justicia, ¡votemos #JuicioSí! #JuicioAExPresidentespic.twitter.com/L6xDWxBuLC
El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó esta semana la impresión de las más de 93.5 millones de papeletas que se utilizarán durante la consulta popular del próximo 1 de agosto para enjuiciar a expresidentes.
El INE señaló que el número de papeletas corresponde al número de ciudadanos que aparecerán en la lista nominal para este ejercicio, primero en su tipo organizado por el Instituto.
Las papeletas que se utilizarán durante la consulta están impresas en tamaño media carta, en papel bond y en su parte frontal aparece la pregunta: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cano las acciones pertinentes, con el apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?», misma que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, en la boleta aparecen las dos opciones de respuesta que estarán disponibles para que la ciudadanía manifieste su decisión: «sí y no».
En las papeletas también fueron incorporados elementos de identificación como son: la entidad federativa y distrito, similar a las boletas electorales utilizadas en una elección federal; así como un lomo foliado que permitirá desprender la papeleta para ser entregada a cada ciudadano, conforme se vayan identificando en las mesas receptoras.
A casi tres semanas de la consulta ciudadana sobre los expresidentes, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller llamó a los mexicanos a construir la democracia y compartió que ella sí votará ese día.
Ciudad de México, 08 de julio (SinEmbargo).– La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller aseguró que participará en la consulta popular que se realizará en todo el país para enjuiciar o no a los expresidentes y llamó a la ciudadanía a promoverla.
A través de sus redes sociales, la esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos que salgan a votar el próximo 1 de agosto para decidir si se lleva a juicio a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“Este 1 de agosto los mexicanos mayores de 18 años tendremos la oportunidad de ser consultados sobre el juicio a expresidentes de la República. La respuesta será un SÍ o un NO en la boleta. Esto es democracia participativa. Te invito a participar. Sólo tienes que llevar tu credencial de elector”, publicó la autora de “La tierra prometida”.
Gutiérrez Müller decidió mantener su voto en secreto, pero adelantó que sí participará en este ejercicio democrático: “¡claro que sí! La democracia, repito, la hacemos los ciudadanos”.
Además, acusó al Instituto Nacional Electoral de darle poca difusión a la consulta popular a menos de un mes de celebrarse en todo el país.
“El #INE necesita que lo ayudemos un poco a promover la consulta —aprobada por los tres poderes de la Unión. Parece que no tienen mucho tiempo para ocuparse de ella, o cierto desinterés en publicitarla en la mayoría del órgano colegiado. Espero que no sea así”, explicó.
Sostuvo que el INE, órgano que se encargará de realizar la consulta, no informa mucho dónde votar ni el número de casillas que se instalarán, las cuales serán menos de las acostumbradas en las jornadas electorales.
La escritora reafirmó que la democracia se construye con la participación de todos los ciudadanos, y que las instituciones organizadoras y judiciales en materia electoral “son tan sólo personal designado para llevar a cabo su tarea”.
López Obrador explicó que sus antecesores ocasionaron la ruina del país y el que México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años. La ley para realizar la consulta en agosto se publicó la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación.
Ciudad de México, 22 jun (EFE).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió este martes a los ciudadanos votar en la consulta pública del 1 de agosto, la primera en la historia del país para juzgar a los exmandatarios del “periodo neoliberal“.
“Yo no voy a participar en la consulta ni voy a votar por que se enjuicie a los presidentes, pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete, ahí está que todos den a conocer su punto de vista, libremente”, declaró López Obrador en su rueda de prensa matutina.
Sus declaraciones se producen tras publicarse la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley para realizar la consulta el 1 de agosto, con un periodo de difusión a partir del 15 de julio.
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Aunque la pregunta original mencionaba por nombre y pedía indagar la “presunta comisión de delitos” de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Suprema Corte cambió el cuestionamiento.
“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Corte en octubre pasado.
Aun así, López Obrador aseveró que la pregunta “se puede traducir de manera muy sencilla” a “¿quieres que se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los expresidentes?”.
“Es otro texto, pero en esencia es eso, ‘sí’ es si quieres que se inicie el proceso, de conformidad con la ley, ‘no’ es que no estás de acuerdo”, comentó.
— Norma Irene De La Cruz Magaña (@NormaIreneD) June 20, 2021
El Presidente enunció las razones por las que juzgar a sus predecesores.
En el caso de Salinas argumentó que “entregó todos los bienes de la Nación del pueblo de México a sus allegados”.
Sobre Zedillo recordó el rescate a la banca conocido como el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), por el que el país lleva “30 o 40 años pagando”.
A Fox, el primer Presidente electo por un partido distinto al Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo acusó de “fraude a la democracia” por incumplir con el cambio y operar a favor de su sucesor, Felipe Calderón, compañero del Partido Acción Nacional (PAN).
Aunque dijo que no va a participar ni a votar en la consulta popular, AMLO enunció las razones para juzgar a los expresidentes. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
A Calderón, quien aún está activo en la política y es una voz opositora, le atribuyó la “guerra contra el narcotráfico”, que desató violencia y masacres.
Y de Peña Nieto, su predecesor inmediato, resaltó la corrupción generalizada.
“Hay materia. ¿Qué ocasionó todo esto? La ruina del país, el que México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años, fue todo un periodo decadente, por eso estamos aquí, porque el pueblo dijo ‘vamos a buscar una transformación'”, sostuvo López Obrador.
El mandatario también criticó al Instituto Nacional Electoral (INE), que había rechazado organizar la consulta, con un esto estimado de 890 millones de pesos (unos 44.5 millones de dólares) con el argumento que no hay presupuesto.
“Ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad”, ironizó el Presidente.
La llamada partida secreta que permitía a los presidentes disponer de una determinada cantidad de recursos a discreción llegó a su fin la semana pasada con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al artículo 74 de la Constitución, la cual prohíbe el uso de este fondo millonario que operó en México desde 1917 y que en su mayoría fue usado para fines político-electorales.
Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).– “Salinas se robó la mitad de la cuenta secreta. Sí hizo muchas cosas (…) López Portillo destrozó al país y Salinas al final también”, dijo Luis Téllez Kuenzler, Secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Felipe Calderón en una llamada grabada por la escritora Diana Isabel Pando y que se hizo pública el 12 de febrero de 2009 en el noticiero radiofónico de MVS conducido en ese entonces por la periodista Carmen Aristegui.
Desde la aprobación de la Constitución en 1917, la llamada partida secreta formó parte del presupuesto federal, pero la semana pasada oficialmente llegó a su fin al publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformó el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe este fondo millonario que permitía al Presidente en turno disponer de una determinada cantidad de recursos a discreción. La mayoría de este dinero terminaba en los bolsillos del mandatario federal o se usaba para fines político-electorales.
En el año de 1993, por ejemplo, el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) manejó el equivalente a cuatro mil millones de pesos de esa partida y según los partidos de oposición, este dinero fue usado para favorecer a su partido, el PRI, pues era un año electoral.
Los expresidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo son señalados de recibir millones de la partida secreta. Foto: Cuartoscuro.
En mayo de 2009, tres meses después de que se difundió el audio de Luis Téllez, el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) declaró en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui que Salinas manejó una partida secreta más grande que la que él utilizó y que era posible que se hubiera robado la mitad de ese recurso:
–¿Cómo abusó Salinas de esa partida secreta?, porque era mucho más grande que la que usted ejerció, eso está claro.
–Ampliamente más grande.
–¿De qué tamaño era esa partida secreta en relación con lo que usted ejerció? ¿Cinco, diez veces, cien veces?
–Por ahí.
–¿Cien veces? ¿Y el dinero usado?
–Por ahí anda.
–Hace unas semanas surgió el escándalo con Luis Téllez porque se registró su voz que decía que (Carlos Salinas) se robó la mitad de la cuenta secreta.
–Sí.
–¿Usted cree que se robó la mitad?
–Sí, es posible.
A Fox se le acusa de usar el dinero de la partida secreta para financiar la campaña de Calderón. Foto: Cuartoscuro.
Pero Carlos Salinas no es el único expresidente a quien se le acusa de tomar del dinero de la partida secreta para enriquecerse o beneficiar a su partido, Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 al 2000) y Vicente Fox Quesada (2000-2006) también.
El Diputado morenista Pablo Gómez, quien dede el año de 1979 llevó al Congreso el tema de la eliminación de la partida secreta presidencial, declaró en entrevista que este fondo fue utilizado por los presidentes como gastos discrecionales. “Por ley tenía que justificase, pero nunca se presentaron facturas ni nada. Se alojó durante muchas años en el Ramo 23 como una partida que tenía una referencia a un precepto constitucional, pero nunca se le llamó por su nombre, era secreta en el doble aspecto: en su existencia y su cantidad no se justificaba. No se sabía en qué se usaba”.
Pablo Gómez señaló que Salinas usó de manera muy especial la partida secreta y el tema llegó a los tribunales.
“Una parte de esa partida secreta se la dio a su hermano Raúl y él fue procesado en el tiempo de Zedillo como presunto responsable de haberse robado parte de la partida secreta”, dijo. “Luego un juez exoneró a Raúl Salinas diciendo que la partida secreta no requería justificación, lo que es completamente falso, pero es la creencia que siempre se tuvo, que el carácter secreto de la partida hacía que no tuviera que comprobarse el gasto”.
De acuerdo con datos recopilados por el Diputado Pablo Gómez, la partida con Salinas se incrementó considerablemente. “En 1988, cuando De la Madrid dejó el poder, estaba en 90 millones de dólares y Salinas lo dejó en casi 200 millones de dólares en el año 1994”.
La profesora Sonia Juárez Moreno, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, mencionó en entrevista que la partida secreta de los presidentes tenía la finalidad de ser usada para imprevistos de la Nación, sin embargo, los mandatarios la utilizaban a modo.
“Comentan que el que más gastó fue Carlos Salinas de Gortari. Unos lo usaban para gastos personales, otros para financiar campañas de sus sucesores como en el caso de Fox”, detalló.
La prohibición de la partida secreta se da a tan solo unos meses de que se realice la Consulta Popular (1 de agosto) sobre los actores políticos del pasado, un ejercicio que permitirá que los mexicanos decidan si avalan o no llevar a juicio las acciones de los últimos cinco expresidentes de México.
Según la Constitución, estas partidas deberían ser asignadas a las secretarías de Estado y ejercidas con la firma del Presidente, sin embargo esto no ocurrió en sexenios pasados y supuso una violación a la ley.
“En los sexenios priistas, los fondos no estaban sujetos a comprobación ni a rendición de cuentas. La antigua Contaduría Mayor de Hacienda, entonces el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, no estaba facultada para supervisar el uso de ese dinero (…) El Partido de la Revolución Democrática denunció al expresidente Vicente Fox de desvío de recursos de la partida secreta para respaldar la campaña panista del actual presidente en 2006”, señalaba una iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria en el año 2011 por Jaime Fernando Cárdenas Gracia, entonces Diputado del PT, la cual buscaba prohibir la partida secreta.
En el 2006, último año del sexenio de Fox, los legisladores intentaron que la partida secreta presidencial se regulara al incluir en el artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria lo siguiente: “Las partidas secretas a que se refiere el artículo 75, fracción IV de la Constitución Política, que se incluyan en el Presupuesto de Egresos, únicamente podrán destinarse a gastos de seguridad nacional y estarán sujetas a la fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La información utilizada, así como la derivada de sus resultados, tendrá el carácter de reservada y confidencial”.
Sin embargo, con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) el dinero de este fondo se utilizó para financiar “gastos confidenciales” en el combate al crimen organizado, según denuncias hechas por legisladores de la oposición en 2011.
“El Gobierno de Felipe Calderón ha destinado a la partida secreta a lo largo de su sexenio hasta 12 mil millones de pesos para financiar gastos confidenciales y reservados en el combate al crimen organizado, dinero que se ha utilizado para pagar operaciones encubiertas, testigos protegidos, infiltrar a agentes en las redes de la delincuencia organizada, rentar casas de seguridad, preparar operativos sorpresa para detener a presuntos miembros del crimen organizado, entre otras acciones”, refería Cárdenas Gracia en el año 2011.
En el sexenio de Calderón, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó respecto a esta partida dos auditorías a la entonces Procuraduría General de la República (cuentas públicas 2008 y 2006), una al CISEN (cuenta pública 2007), una a la Policía Federal (cuenta pública 2006) y otra al Instituto Nacional de Migración (cuenta pública 2005).
Las revisiones, sin embargo, se centraron en la comprobación del cumplimiento normativo, por lo que sólo hubo recomendaciones sin ninguna acción de tipo resarcitorio.
De acuerdo con la iniciativa de reforma para eliminar la partida secreta realizada por Cárdenas Gracia en 2011, los recursos asignados por dependencia dentro de la partida 33701 en el sexenio de Calderón fueron los siguientes:
–Secretaría de Gobernación: 642 millones 280 mil pesos.
–Secretaría de la Defensa Nacional: 57 millones 60’8 mil pesos.
–Secretaría de Marina: 29 millones 505 mil pesos.
–Presidencia de la República: 11 millones 941 mil pesos.
–CISEN: 563 millones 984 mil pesos.
–SAT: 30 millones 819 mil pesos.
–SSP: 5 mil 859 millones de pesos.
–Policía Federal: 4 mil 294 millones 173 mil pesos.
–Instituto Nacional de Migración: 119 millones 948 mil pesos.
Con el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) este recurso en su mayoría fue destinado para “gastos de seguridad nacional”, hoy en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), reveló el diario Milenio en julio del año pasado.
Se trata de una partida de más de 40 mil millones de pesos que habría sido creada para “financiar misiones de inteligencia, urgencia y peligro dirigidas a combatir a los cárteles de la droga”. Tales cantidades fueron entregadas en un lapso de seis años (2013-2018), prácticamente durante toda la administración de Peña.
De 1979 –cuando se propuso por primera vez la eliminación de la partida– hasta este 2021 tuvieron que transcurrir 42 años para que los legisladores reformaran el artículo 74 para que las partidas secretas quedaran prohibidas.
“Durante los años posteriores se siguió insistiendo en que se eliminara, pero no querían, la querían seguir teniendo en la Constitución por si acaso se podía activar, pero ahora cuando nosotros llegamos al Congreso y siendo mayoría, una de las tareas que teníamos consistía en no eliminar el precepto sino cambiarlo para prohibir directamente la partida, porque si lo hubiéramos eliminado de todas maneras se podía hacer en el Presupuesto, en cambio ya prohibida por la Constitución pues va a ser mucho más difícil que se restablezca”, aseguró el Diputado Pablo Gómez, pionero de esta propuesta.
Ahora con la reforma al artículo 74, lo referente a las partidas secretas quedó de la siguiente manera: “No podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia la consulta popular para enjuiciar a expresidentes impulsada recientemente por un grupo de ciudadanos.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó una petición ciudadana para realizar una consulta sobre llevar a juicios a expresidentes.
La petición había sumado más de 2 millones de firmas y agregaba una pregunta a la consulta sobre el enjuiciamiento de expresidentes; esta fue presentada por activistas y militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La SCJN declaró que la petición de consulta popular no tiene materia para someter a juicio a los expresidentes.
La medida se tomó por unanimidad al considerar que la pregunta que se haría ya se hizo en la consulta impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se resolvió el 1 de octubre.
No procede la revisión de la constitucionalidad de la materia de la consulta popular 2/2020, toda vez que su objeto ha quedado sin materia. pic.twitter.com/KyTTMxGyvY
De acuerdo con el Ministro Luis María Aguilar, la consulta rechazada no aporta nada novedoso a la iniciativa que se aprobó anteriormente.
La propuesta rechazada incluía una pregunta distinta a la que propuso el mandatario de México:
“¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”.
Al ser rechazada, la única consulta popular que se realizará sobre el tema es la por el Presidente López Obrador.
El 1 de octubre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio seis votos a favor de la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta popular para decidir si se enjuicia o no a cinco expresidentes de México.
Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) detalló hoy que 5 mil 530 muertos “firmaron” para que se llevara a cabo la consulta para enjuiciar a los expresidentes mexicanos.
El INE informó ayer que concluyó que una solicitud impulsada para realizar la consulta popular que lleve a juicio a expresidentes sí alcanzó el mínimo de firmas necesarias, pero detectó que se incluyeron registros de personas muertas, otros de quienes ya habían sido dados de baja de la Lista Nominal y algunos que no dieron su autorización. Ho compartió los números.
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) encontró que 2 millones 116 mil 837 de los 2 millones 538 mil 048 apoyos que recolectaron sí estaban registrados en la Lista Nominal de Electores, por lo que sí se alcanzó el porcentaje de apoyo mínimo establecido en la ley, que es del 2 por ciento.
Sin embargo, en los registros recabados en la solicitud promovida por los ciudadanos Norma Ariadna Sánchez Bahena y Manuel Vázquez Arellano, el INE detectó una serie de irregularidades.
“La DERFE también encontró que algunas de las personas que supuestamente otorgaron su apoyo, en realidad habían sido dadas de baja de la Lista Nominal por defunción, algunos desde 1999; también se identificaron registros de personas cuyos derechos políticos fueron suspendidos y otros con datos irregulares, que igualmente habían sido dados de baja de la Lista Nominal”, expuso en un comunicado.
De acuerdo con el órgano electoral, los apoyos que corresponderían a personas muertas pudieron ser obtenidos de listados nominales usados en elecciones anteriores o fotocopias de las credenciales para votar.
Además, fue seleccionada una muestra de 850 personas firmantes para constatar su apoyo, solo 597 de ellas fueron entrevistadas.
“Se logró entrevistar a 597, de los cuales 480 (80.40%) manifestaron haber apoyado la solicitud de consulta, mientras que el otro 19.60%, correspondiente a 117 personas, dijo no haber dado su apoyo”, detalló el INE.
El órgano electoral informó que el 22 de septiembre de este año recibió de la Cámara de Diputados 77 cajas con los formatos con que fueron recabadas las firmas y el DERFE comenzó una revisión de los formatos para identificar los que no tuvieran información suficiente.
El INE descontó los registros en formatos inconsistentes porque, por ejemplo, estaban en un formato distinto, no tenían firmas, no estaba incluida la pregunta o era distinta, o no contenían el dato de Clave de Elector y al final cuantificó 2 millones 538 mil 048 registros.
Estos fueron los resultados identificados por el instituto en ese análisis:
– Ciudadanos firmantes: 2,538,048
-Ciudadanos firmantes en la Lista Nominal: 2,116,837
-Ciudadanos firmantes no existentes en la Lista Nominal: 276,677
-Ciudadanos excluidos de la Lista Nominal: 23,533
-Bajas por defunción: 5,530
-Bajas por pérdida de vigencia: 14,442
-Bajas por cancelación de trámite: 1,969
-Bajas por suspensión de derechos políticos: 744
-Bajas por registro duplicado en el Padrón: 619
-Baja por datos personales irregulares: 138
-Bajas por domicilio irregular: 91
-Registros repetidos: 120,902
-Registros de ciudadanos sin firma o huella: 99
Esta no es la primera solicitud para realizar la consulta que llevaría a juicio a expresidentes en la que el INE detecta irregularidades. La semana pasada el instituto informó que la solicitud impulsada por Yeidckol Polevnsky, consejera de Morena, no reunió el mínimo de firmas
En su tradicional reunión matutina con la prensa, López Obrador dijo cuál considera que debería ser la pregunta que se les haga a los ciudadanos, aclarando que es a los expresidentes de México a quienes se enjuiciaría.
Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la pregunta que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la consulta popular sobre el enjuiciamiento a actores políticos es “bastante ambigua” y “confusa“.
El Jefe del Ejecutivo federal refirió que la pregunta no tiene claridad y que puede confundir a la ciudadanía. Sin embargo, reiteró que ante el planteamiento que se haga en la consulta, la respuesta de la población debe ser “sí o no”.
En su tradicional reunión matutina con la prensa, López Obrador dijo cuál considera que debería ser la pregunta que se les haga a los ciudadanos, aclarando que es a los expresidentes de México a quienes se enjuiciaría.
“La pregunta está un poco ambigua, confusa, pero al final será sí o no; en esencia es ‘¿quieres que se juzgue de conformidad con la Ley, respetando los derechos humanos a los expresidentes, sí o no?’ Entonces ya va a llegar al momento que muchos van a saber cómo votar, es decir, si es no o sí”, expuso.
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Resaltó que en el proceso se aclarará qué significa o qué implica una votación por el “no”, de la misma forma, se hará por el “sí”.
El pasado 1 de octubre, ministros de la SCJN aprobaron la pregunta que se realizará durante la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.
La pregunta es: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, conforme al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
“De esta manera queda aprobada la pregunta y la constitucionalidad de la materia de la consulta y reformulada y aprobada la pregunta que ha considerado adecuada este Tribunal”, comentó Alejandro Zaldívar, Ministro presidente de la SCJN.
En el resolutivo quedó establecido que es constitucional la materia de consulta popular; la pregunta del pleno de la SCJN en términos de lo previsto por la Ley General de Consulta Popular quedó finalmente aprobada por unanimidad y Zaldívar agradeció al Ministro ponente Luis María Aguilar su disponibilidad para hacer el engrose “a pesar de no compartir las razones y la pregunta planteada”.
La SCJN revisó la pregunta de la consulta; analizó que no fuera tendenciosa o tuviera juicios de valor, el uso de lenguaje neutro, sencillo y comprensible o que produjera una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.
El 15 de septiembre, cuando López Obrador informó sobre la petición de la consulta ciudadana, el mandatario propuso el cuestionamiento que debería realizarse dentro de la consulta ciudadana para el enjuciamiento de los últimos cinco expresidentes.
Durante la lectura del escrito que hizo desde Palacio Nacional, el mandatario expuso la propuesta de pregunta que se haría a la población sobre el juicio de los últimos cinco jefes del Ejecutivo Mexicano.
En su pregunta, López Obrador recalcó que el juicio se realizará en apego a las leyes vigentes y con los debidos procesos que este implique.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña?”.
El dictamen especificó que la consulta popular estará bajo la dirección del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual será la única instancia que participará.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados determinó como precedente la petición de consulta popular que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo juicios contra expresidentes que hayan incurrido en actos de corrupción.
Con 17 votos a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como cinco en contra del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), se aprobó la minuta enviada al Senado.
El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro para que sea discutido y votado los próximos días.
“Es procedente la petición de consulta popular presentada por el Presidente de la República”, puede leerse en el proyecto de decreto.
En tanto, señaló que la consulta propuesta por el titular el Ejecutivo cumple con el requisito de trascendencia señalado por la Ley Federal de Consulta Popular.
La consulta popular sería realizada el 1 de agosto de 2021.
Los ciudadanos responderán si o no a: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para empezar un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
El dictamen especificó que la consulta popular estará bajo la dirección del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual será la única instancia que participará.
Además, el INE determinará por cuáles medios la consulta será difundida y también decidirá sobre la ubicación de las casillas.
Por su parte, la oposición acusó que Morena pretende utilizar la figura del Presidente para evitar un fracaso electoral más grande que el registrado en los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo.
El Diputado Felipe Macías reiteró que la ley no debe de ser sometida a consulta y que en caso de que haya prueba de que los expresidentes incurrieron en actos de corrupción se debe proceder un juicio.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
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