Ricardo Monreal consideró que la población votaría de la misma manera el 6 de junio que el 6 de agosto, por lo que no tendría ninguna influencia que Morena se someta al veredicto de las urnas. “No va a cambiar la opinión del ciudadano, simplemente el ejercicio que se realice no tendrá costo adicional si se hace en el mes de junio, el mismo día de la elección”, afirmó.
Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, comunicó que impulsará una iniciativa para llevar a cabo la Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes el 6 de junio del próximo año, día de elecciones.
En entrevista con medios de comunicación, Monreal destacó que el argumento principal de los detractores de la realización de la consulta en agosto de 2021 es el costo, el cual calculan que será de entre seis mil millones u ocho mil millones de pesos. Comentó que es posible no gastar ese dinero si se realiza el día durante el ejercicio electoral del siguiente año.
Adelantó que para hacer posible la reforma se requiere de mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los legisladores deben posicionarse a favor, por lo que será necesario el apoyo de la oposición.
Dijo que aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador figure en las boletas, esta decisión no tendría extensión electoral, ya que se realizaría “en el mismo universo y con la misma estrategia”, pero en una urna distinta.
“Les quiero decir una cosa: esta iniciativa la valoré el viernes y el sábado, el domingo ya la tenía y hoy la comenté, pero la tenía”, explicó a reporteros.
Consideró que la población votaría de la misma manera el 6 de junio que el 6 de agosto, por lo que no tendría ninguna influencia que Morena se someta al veredicto de las urnas. “No va a cambiar la opinión del ciudadano, simplemente el ejercicio que se realice no tendrá costo adicional si se hace en el mes de junio, el mismo día de la elección”, afirmó.
Monreal descartó que su propuesta tenga fines electorales. “Si estamos tan mal como movimiento, pues a la mejor hasta perdemos la elección y a la pregunta, de una vez en paquete. ¿Cuál es el temor?”, expresó.
Añadió que los ciudadanos son los que deciden, por lo que pidió no tener miedo a la democracia o a los procesos democráticos de consulta directos para la población.
La SCJN avaló la pregunta para la consulta popular y determinó que el ejercicio es constitucional.
Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).–Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron la pregunta que se realizará durante la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.
Durante el receso se valoraron los distintos enfoques en que votaron los ministros para llegar a una pregunta que tuviera todo el respaldo.
La pregunta es: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, conforme al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
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“De esta manera queda aprobada la pregunta y la constitucionalidad de la materia de la consulta y reformulada y aprobada la pregunta que ha considerado adecuada este Tribunal”, comentó Alejandro Zaldívar, Ministro presidente de la SCJN.
En el resolutivo quedó establecido que es constitucional la materia de consulta popular; la pregunta del pleno de la SCJN en términos de lo previsto por la Ley General de Consulta Popular quedó finalmente aprobada por unanimidad y Zaldívar agradeció al Ministro ponente Luis María Aguilar su disponibilidad para hacer el engrose “a pesar de no compartir las razones y la pregunta planteada”.
Se instruyó para que en las próximas 24 horas se notifique al Senado de la República los puntos resolutorios de este asunto.
La SCJN revisó la pregunta de la consulta; analizó que no fuera tendenciosa o tuviera juicios de valor, el uso de lenguaje neutro, sencillo y comprensible o que produjera una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.
Previamente, el pleno de la SCJN dio seis votos a favor de la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta popular para decidir si se enjuicia o no a cinco expresidentes de México.
El proyecto de inconstitucionalidad del Ministro Luis María Aguilar Morales quedó con cuatro votos.
El Ministro presidente Arturo Zaldívar realizó la votación del proyecto bajo el entendido de que se modificará la pregunta hecha por el Presidente para cuidar los derechos humanos.
Durante casi tres horas los once ministros expusieron sus razones para respaldar o no la iniciativa de consulta enviada por el Presidente. Finalmente, se aprobó con seis votos pero con la orden específica de que se modificara la pregunta. Cuando se reanudó la sesión Zaldívar dijo que la pregunta que se presentó contó con el respaldo de todos.
En la votación se hicieron algunos comentarios; el Ministro ponente Aguilar Morales dijo que la pregunta no deriva completamente de la materia de consulta; la Ministra Piña Hernández dijo que a la Corte no le correspondía, como órgano del Estado, reinterpretar, redefinir o volver a intervenir la voluntad ciudadana, lo que sería contrario a la finalidad de la democracia participativa y el Ministro Pérez Dayán hizo una reserva sobre la temporalidad que establece la pregunta.
Al final los puntos se aprobaron por unanimidad, para dar paso al Senado de la República.
A unas horas de que la Suprema Corte declare si la petición de consulta es inconstitucional o no, manifestantes acudieron a los alrededores de las instalaciones con pancartas en las que acusaron que varios de los ministros fueron “asignados” por al menos tres exmandatarios, por lo que el fallo puede ser que la consulta no proceda.
Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- Varias personas llegaron a manifestarse afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que se lleve a cabo la consulta popular para el enjuiciamiento de los últimos cinco expresidentes de México.
A unas horas de que la Suprema Corte declare si la petición de consulta es inconstitucional o no, manifestantes acudieron a los alrededores de las instalaciones con pancartas en las que acusaron que varios de los ministros fueron “asignados” por al menos tres exmandatarios, por lo que el fallo puede ser que la consulta no proceda.
“11 ministros corruptos en la Suprema Corte: tres puso Fox, cinco el borracho de Calderón y tres el pendejo nacional (EPN). ¿Entiendes por qué no los enjuician?”, se lee en una de las cartulinas que levantaron para exigir la consulta.
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Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para reforzar la seguridad del lugar y evitar disturbios mayores, por lo que se bloqueó el paso de los manifestantes.
La congregación inició con cerca de 50 personas que coreaban “juicio político contra todos los expresidentes”.
“Ya estamos hasta la madre del saqueo. Exigimos juicio a todos los expresidentes. ¡Juicio a presidentes! ¡Juicio a presidentes! ¡Corruptos vende patrias, no tienen madre!”, gritaban como consignas.
En una transmisión realizada por Radio Búfalo MX se observa principalmente a mujeres que portaron cubrebocas y que sostenían las pancartas con la petición de enjuiciamiento.
En el “en vivo” de redes sociales que duró poco más de una hora, se vio que con el paso de los minutos más gente se sumaba a la protesta y comentaban ante cámara sus incoformidades con quienes fueron Jefes del Ejecutivo federal.
Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en su conferencia de prensa matutina que sería lamentable que la SCJN declare inconstitucional la consulta popular sobre el enjuiciamiento de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
— (Paty Cruz) Camarita La Pirata (@CamaritaPirata) October 1, 2020
Subrayó que aunque la decisión está en manos de los ministros, éstos no pueden negarle a la ciudadanía su derecho a participar en la decisiones democráticas del país, pues resulta “importantísimo para México”.
Como lo hizo en la rueda de prensa de ayer, destacó que la decisión será de suma importancia, ya que a partir de ello se resolverá cómo es la democracia en México: participativa o representativa.
“Yo espero que se resuelva bien, esto significa que se respete el espíritu del Artículo 35 de la Constitución, de que el poder de emana del pueblo y se instituye para su beneficio y de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su Gobierno. Es la esencia de la democracia, que no se le niega el pueblo su derecho a participar, que se haga valer a plenitud la democracia”, comentó ante medios.
“Decir que es inconstitucional, que no procede, pues no va a estar bien, y no quiero que se mal interprete porque yo soy respetuoso del Poder Judicial. Vamos a esperar a ver qué resulta. Fue admirable que en 15 días los ciudadanos reunieron más de dos millones de firmas, por qué negarle la participación a la gente, hay que hacer valer la democracia”, agregó.
El 30 de septiembre, el mandatario apuntó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional la consulta ciudadana para el enjuiciamiento de los expresidentes, promoverá la iniciativa para modificar el Artículo 35 de la Constitución.
El Jefe del Ejecutivo destacó que las consultas ciudadanas sirven para que la población ejerza su derecho a la opinión pública y a la participación democrática en temas de gran relevancia para la nación, y no sólo cuando sea tiempo de elecciones.
“Es muy sencillo de explicar, se quiere que el pueblo sólo vote cada tres o seis años para tener representantes o se quiere que además de que el pueblo elija sus representantes, cada tres, cada seis años, pueda ser consultado cuando se trate de asuntos trascendentes, de todo aquello que tiene que ver con el interés general”, señaló en su conferencia de prensa matutina.
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Este derecho forma parte del Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, López Obrador agregó que de ser rechazada la consulta por la SCJN, éste resulta una simulación, “es letra muerta”.
Andrés Manuel recalcó que no se debe impedir la consulta bajo el argumento de que se violen los derechos humanos de las personas en cuestión, en este caso los exmandatarios, ya que no existe ninguna violación, pues dentro de la pregunta que se plateó resaltan que los involucrados serían juzgados bajo los procedimientos legales y con respeto a sus garantías.
Este jueves, la SCJN definirá si le da luz verde o roja a la propuesta de consulta popular que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque el Ministro Luis María Aguilar Morales, encargado de estudiar la propuesta, ya concluyó que es improcedente, las fuerzas políticas e ideológicas podrían jugar un papel clave en la votación que se realizará este 1 de octubre.
-Con información de Dulce Olvera y Guadalupe Fuentes
Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- Llegó el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida si abre la puerta para enjuiciar a los cinco expresidentes de México a raíz de la iniciativa que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El estudio que realizó el Ministro Luis María Aguilar Morales determinó que el documento de Presidencia en la que enumera las causas por las cuales los cinco hombres deben enfrentar la justicia resulta anticonstitucional, principalmente porque vulnera los derechos humanos de los señalados, así como el debido proceso y la presunción de inocencia.
Por otro lado, advierte que de realizarse la consulta y que el resultado fuera por el no al enjuiciamiento, se afectaría el acceso a la justicia si alguno de ellos cometió un delito.
El pasado jueves, cuando se publicó la conclusión del Ministro, se comenzó a hacer referencia a su trayectoria, enmarcando su postulación por parte de Felipe Calderón Hinojosa en 2009 y su cercanía con Enrique Peña Nieto, dos de los posibles enjuiciados.
Para la votación que se realizará el día de hoy, hay especialistas que sostienen que los 11 ministros votarán en contra, si se apegan de lleno a lo establecido en la Ley de Consulta Popular que establece como uno de los principales puntos que ninguna consulta puede ir en contra de los derechos humanos que están protegidos por la Constitución. Sin embargo, el Presidente López obrador hizo un llamado a los ministros para que escuchen las demandas del pueblo de México.
“La decisión que va a tomar la Corte es una decisión trascendente porque se va a resolver si se acepta el que en los hechos se aplica la democracia participativa […] si nos vamos a quedar limitados a la democracia representativa o damos un paso adelante para que el pueblo en todo momento decida la forma de su gobierno, que es la esencia de la democracia, lo que establece el artículo 39 de nuestra constitución”, comentó en su conferencia de prensa matutina.
Agregó que se decidirá si el pueblo votará cada tres o seis años para tener representantes o si se quiere además que el pueblo pueda ser consultado cuando se trate de asuntos trascendentes, de todo aquello que tiene que ver con el interés general.
“Argumentar o esgrimir que si se lleva a cabo una consulta se violan los derechos humanos de las personas en cuestión creo que es un asunto que no debe de considerarse como argumento fundamental, porque no hay violación de derechos humanos, no existe ninguna violación de derechos humanos”, agregó.
Y si el día de hoy los ministros votan por el no, el Presidente lanzó un planteamiento: “¿para qué está ese artículo en la Constitución?, es una simulación, es letra muerta y olvidarnos de eso. No, sí diríamos eso, desde luego, pero yo tengo la responsabilidad de buscar que en México -porque fue mi compromiso- se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, todo lo que tiene que ver con la democracia participativa y de inmediato estaría enviando una reforma, una iniciativa de reforma al 35 para que no se cancele esta posibilidad”.
Entonces, hay dos posibilidades: que los once ministros voten en contra de la iniciativa presidencial o que se desate una disputa entre los grupos políticos que pueda haber en la Corte, de los más alejados y los más cercanos al Gobierno de López Obrador.
ZALDÍVAR Y UNA AGENDA LIBERAL
Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, actual presidente del máximo tribunal del país, ha mostrado a lo largo de su carrera una postura más liberal en temas como el aborto o la transparencia del poder judicial. Se le ha identificado como cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso esta amistad causó polémica en la elección (2 de enero 2019) para dirigir la SCJN, donde el Ministro se impuso con siete votos, de los seis que necesitaba para poder ser elegido.
Sin embargo, esta cercanía con el actual Presidente no influye en sus votaciones en la Suprema Corte, así lo ha declarado él mismo y coinciden analistas.
Sus votaciones en la Suprema Corte y posicionamientos respecto a algunos temas han causado polémica. Por ejemplo, en noviembre de 2019, el Ministro expresó públicamente su deseo de que en México el aborto sea despenalizado, lo que causó críticas por parte del sector conservador en México.
“Ojalá algún día el aborto seguro sea una realidad en México, nadie está a favor del aborto, de lo que se está a favor es de su despenalización, nadie está en contra de la vida, de lo que estamos en contra es de que se criminalice y victimice a las mujeres, y que estén en prisión por haber tenido un aborto, porque en las cárceles están sólo las mujeres pobres y las indígenas, y aunque a muchos les duele lo que digo, las niñas ricas siempre han abortado y lo seguirán haciendo. No ha habido ni habrá una sola niña rica en prisión por abortar”, declaró en un evento el 22 de noviembre de 2019.
Al Ministro Arturo Zaldívar se le ha señalado como un personaje cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro.
Otro momento en el que el Ministro presidente también causó controversia fue cuando aseguró que había recibido presiones por parte del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en los casos de la Guardería ABC y Florence Cassez.
El 9 de octubre de 2019 durante la transmisión del programa “John y Sabina”, del Canal Once, el Ministro declaró en entrevista: “El Presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos en los asuntos que estamos manejando, cosa que, también he dicho, no se podría decir de algún otro Presidente, que sí amenazó, que sí presionó, y que yo no sólo soy testigo, sino que fui objeto de esas presiones”.
Al ser cuestionado sobre los nombres de esos expedientes que presionaban a la Corte, el Ministro respondió que Felipe Calderón.
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE
–Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá:
El Ministro, cercano al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Sherer Ibarra, es el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resuelve asuntos civiles y penales. Llegó por un periodo de 15 años en sustitución del Ministro en retiro José Ramón Cossío.
El Presidente López Obrador envió una terna al Congreso proponiéndolo a él y a dos morenistas, Celia Maya García y Loretta Ortiz Ahlf. El Senado de la República, con mayoría de Morena, lo votó y designó a finales de 2018.
El Ministro Juan Luis González Alcántara. Foto: Cuartoscuro.
El doctor en Derecho por la UNAM y por la Universidad de Barcelona desde 1992 fungió como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; del año 2000 al 2003 fue presidente de la Institución y desde 2004 desempeñó el cargo de Magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Durante su toma de protesta en el Senado, el Ministro González Alcántara aseguró que la independencia judicial no implica solamente una estructura formal que separe funciones, sino estar dispuestos a convertirse en “auténticos guardianes del orden constitucional” y tomar en cuenta exigencias y anhelos de los ciudadanos, “a quienes estamos obligados a servir”.
–Ministra Ana Margarita Ríos Farjat:
Ríos Farjat, extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a inicios del Gobierno de López Obrador, es una de las tres ministras de la Suprema Corte. De hecho, es la primera vez desde la Reforma Constitucional de 1995 que contará con la participación de tres Ministras. Ríos también formó parte del equipo de transición del actual Gobierno de México.
Ministra Margarita Ríos. Foto: Cuartoscuro.
La abogada por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y también poetiza arribó a la SCJN en diciembre de 2019 por votación del Senado, cuya mayoría es de la bancada morenista.
Cuando recibió la toga magisterial destacó la autonomía con la que se ha conducido no solo en su vida profesional, sino en su vida entera. “Autonomía que refrendo ahora ante la trascendental función que comienzo a desempeñar y que será respecto a toda influencia, visión o postura que no nazca exclusivamente en la intimidad de mi leal saber y entender. Autonomía frente a los otros Poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo cuya Cámara Alta tuvo a bien nombrarme”, dijo.
Además de haber laborado en el Juzgado Tercero de Distrito del Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación, cuenta con casi dos décadas de ejercicio profesional independiente en firmas y fue editorialista en el diario Reforma.
–Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena:
Gutiérrez Ortiz Mena está en la Corte desde diciembre de 2012, a propuesta del expresidente saliente Felipe Calderón Hinojosa y a la par del inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, dos de los expresidentes relacionados con la consulta popular.
El maestro en Derecho por la Universidad de Harvard acudió a la boda de la hija de Juan Collado, abogado de la élite política peñista, preso por el caso de lavado de dinero en Caja Libertad. Sin embargo, el pleno de la SCJN determinó que no era impedimento para que el Ministro participe en asuntos que involucren al expresidente priista.
Ministro Alfredo Gutiérrez Mena. Foto: Cuartoscuro.
Se le recuerda por, con base en violaciones al debido proceso, haber votado a favor de liberar a Florence Cassez, ciudadana francesa involucrada en un montaje realizado por Televisa y la Secretaría de Seguridad comandada por Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.
–Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo:
Jorge Mario Pardo Rebolledo es ministro desde finales del Gobierno de Felipe Calderón. Es Doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. El veracruzano se ha desempeñado desde 1982 dentro de la Judicatura Federal como Actuario Judicial, Secretario de Juzgado de Distrito, Secretario de Estudio y Cuenta, Juez de Distrito y Magistrado de Tribunal Colegiado.
–Ministra Norma Lucía Piña Hernández:
Piña Hernández, quien ha manifestado su apoyo a la equidad de género y la lucha contra la violencia de género, fue propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto y llegó a la Suprema Corte en 2016 para sustituir a la ahora Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Ministra Norma Piña. Foto: Cuartoscuro.
Profesora de Educación Primaria, licenciada y doctorante en Derecho por la UNAM, era Magistrada en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito antes de llegar a la Primera Sala de la Corte.
Ya había sido propuesta como candidata a Ministra en otra terna del expresidente Felipe Calderón en el 2012. Tiene 27 años de pertenecer al Poder Judicial de la Federación.
LA SEGUNDA SALA DE LA CORTE
–Ministro Presidente Javier Laynez Potisek:
Fue ratificado como Ministro en diciembre de 2015. Es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, con Maestría y Doctorado en Derecho Público por la Universidad de París.
Dentro de su trayectoria hay puestos como el de Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la República (Hoy Fiscalía General) y Procurador Fiscal de la Federación.
Ministro Javier Laynez. Foto: Cuartoscuro
El Ministro votó en contra de la Ley Bonilla, que le permitía al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla extender su mandato y elaboró la resolución de amparo en la que validó la constitucionalidad de varios aspectos de la Ley Minera, la cual afecta gravemente los derechos de pueblos indígenas.
–Ministro Luis María Aguilar Morales:
El Ministro fue el encargado de realizar el estudio de la iniciativa presidencial. Está en la SCJN desde el 1 de diciembre de 2009 y fungió como Presidente de ésta y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el periodo de enero 2015 a diciembre 2018, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Aguilar Morales, su voto es claro. Foto: Cuartoscuro
En diversas publicaciones se la ha señalado como “amigo” de Calderón Hinojosa e incluso del priista Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y tiene casos controvertidos en su carrera de Ministro.
En una crónica del diario El País, publicada en enero de 2015 con motivo de su elección como Presidente de la Corte, quedó consignado que contó con el “respaldo del grupo más conservador”. Un ejemplo de eso es que en 2011 votó para mantener vigente un artículo que protege a la vida desde la concepción en Baja California.
–Ministra Yasmín Esquivel Mossa:
Esquivel Mosssa es abogada por la UNAM y tiene posgrados por la Universidad del Valle de México (UVM), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la Universidad Panamericana y por la Complutense de Madrid.
En 2004, Vicente Fox Quesada la propuso como Magistrada de los Tribunales Agrarios, cargo en el que fue designada por unanimidad por el Senado de la República y en febrero de 2019 fue propuesta por López Obrador como Ministra de la SCJN.
–Ministro José Fernando Franco González Salas:
González Salas es Ministro desde el 12 de diciembre de 2006 y entre sus cargos anteriores sobresalen el que tuvo en del año 2000 al 2005 como subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social en la Secretaría del Trabajo durante la administración de Vicente Fox.
En 2015 el Ministro pidió disculpas públicas luego de decir que los niños con discapacidad deberían tener una “ubicación especial y separada” de otros menores, porque “pueden perjudicarlos y eso está documentado”. La salida del Ministro será para 2021, cuando culmine su estancia de 15 años.
–Ministro Alberto Pérez Dayán:
El 22 de noviembre de 2012, el Senado de la República lo designó Ministro; asumió el 1 de diciembre siguiente.
El Ministro saliente se opuso a la reducción salarial. Foto: Cuartoscuro
Se le conoce como el Ministro que frenó el recorte salarial en la Corte, luego de la llegada del Presidente López Obrador. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados pidió que se le sometiera a juicio político por esa suspensión a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servicios Públicos, que es uno de los pilares de la política de la actual administración.
Nieto Castillo apuntó que estas indagatorias no se abrieron de manera exclusiva en contra de los exmandatarios, sino que las investigaciones se realizan en contra de las 70 personas que Lozoya expuso en las declaraciones presentadas ante la Fiscalía General de la República.
Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró que ya se investiga a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa por su presunta participación en el caso Odebrecht.
En una entrevista con el diario El Universal, el funcionario de la dependencia perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que esta indagatoria parte de las declaraciones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Nieto Castillo apuntó que estas indagatorias no se abrieron de manera exclusiva en contra de los exmandatarios, sino que las investigaciones se realizan en contra de las 70 personas que Lozoya expuso en las declaraciones presentadas ante la Fiscalía General de la República.
“Una instrucción del Presidente, la convicción personal, es investigar a las 70 personas que se encuentran relacionadas en el documento para verificar si existieron las transacciones financieras que se mencionan en el texto o no existieron y, en su caso, cuando la FGR o la Secretaría de la Función Pública (SFP) hagan los requerimientos correspondientes, poder informar”, expuso con El Universal.
Según la conversación que sostuvo con el periodista Horacio Jiménez, lo que está haciendo la UIF es corroborar que los datos presentados en las acusaciones sean ciertos, por lo que se está analizando operación por operación descrita en los señalamientos del extitular de Pemex.
“¿Las investigaciones a Odebrecht alcanzan a Calderón y a Peña Nieto?”, cuestionó el reportero.
“Eso es lo que ha estado planteando el señor Lozoya en su denuncia y nosotros lo que tenemos que hacer es corroborar que los datos de la denuncia sean ciertos, estamos en este momento en el proceso de investigación”, respondió Nieto Castillo.
Agregó que como parte del proceso se hace una revisión rápida en la base de datos de la Unidad. Sin embargo, detalló que para verificar los datos se necesita información del Banco de México y de la Comisión Naciona Bancaria y de Valores, por ello, el proceso puede durar dos o tres meses.
“Se está haciendo la revisión del sistema financiero en los sujetos obligados por actividades vulnerables para efecto de determinar si hay elementos para poder, en su caso, presentar la denuncia”, precisó el titular de la UIF ante el medio.
Los expresidentesFelipe Calderón, a la derecha, y Enrique Peña Nieto, a la izquierda. Foto: Archivo, Cuartoscuro.
A pesar de que reconoció que su destitución al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en 2017 tuvo que ver con las órdenes de aprehensión que consiguió en contra de los exgobernadores Javier Duarte y César Duarte, negó que estas nuevas indagatorias contra Peña Nieto y Calderón se traten de una venganza.
“¿No es una venganza contra el peñanietismo?”, preguntó Horacio Jiménez. “No en lo absoluto. Siempre he actuado con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, no es mi culpa que sean corruptos”, determinó Nieto.
Finalmente, aclaró que no está interesado en la gubernatura de Querétaro, como se ha señalado, y que está concentrado al 100 por ciento en sus funciones como encargado de la UIF, ya que mantiene un compromiso con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y con los mexicanos.
UIF PREPARA SEXTA DENUNCIA CONTRA LOZOYA
El pasado 21 de septiembre Nieto Castillo informó que se está integrando una sexta denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Emilio Lozoya, relacionada con la adquisición y contratación con la constructora brasileña Odebrecht cuando éste aún era Director de Pemex.
Hasta el momento la UIF ha presentado cinco denuncias en contra de Lozoya por la compra de un Astillero español, adquisición de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, sobornos de Odebrecht, robo de hidrocarburos y lavado de dinero a través de la empresa Yacani, propiedad de su esposa Marielle Helene Eckers.
Nieto Castillo señaló que la denuncia es con respecto al modelo de transacciones financieras de Odebrecht hacia las cuentas del exdirector de Pemex.
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. Foto: Archivo, Cuartoscuro.
El titular de la UIF afirmó que Lozoya habría entregado a las autoridades un documento en el que involucra a 70 personas físicas y morales.
Por último, la Suprema Corte tendrá un plazo de 20 días para resolver la constitucionalidad de la consulta y de ser válida, nuevamente se turna al Senado para su emisión
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó los pasos que deben seguirse para llevar a cabo la consulta popular para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de México.
A través de una infografía publicada en su cuenta de Twitter, el INE refirió que la ruta que debe seguirse para publicar la convocatoria de la consulta ciudadana está constituida por cinco pasos.
El Instituto recordó que el pasado 22 de septiembre recibió por parte del Senado de la República las dos propuestas de cuestiones que se pueden ejecutar en la consulta. A partir de la recepción, el INE cuenta con ocho o 10 días hábiles para verificar que los apoyos sean igual o mayores al dos por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal, y que además hayan sido presentados en el formato correcto.
Luego de dicho plazo se abre un proceso de captura y verificación de datos nominales, con lo que se constatará que los registros nominales no sean irregulares ni duplicados. Después de ello, el INE visitará a una parte de los ciudadanos que formaron parte de la recaudación de firmas para validar la autenticidad. Este proceso se realizara en máximo 30 días.
“Deben ser al menos 1.82 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral”, refirió el Consejero electoral, Ciro Murayama.
A partir de esto se publicará un informe con los resultados detallados sobre la legitimidad de los apoyos ciudadanos y se remitirá al Senado para su trámite y difusión.
“Si se cumple con el dos por ciento, el Senado envía la petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), junto con la propuesta de la pregunta”, se lee en la infografía.
Por último, la Suprema Corte tendrá un plazo de 20 días para resolver la constitucionalidad de la consulta y de ser válida, nuevamente se turna al Senado para su emisión
PROPUESTA DE PREGUNTAS
El pasado 22 de septiembre, Senado de la República envió al Instituto Nacional Electoral (INE) la solicitud de consulta popular para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes del país, la cual se recibió la semana pasada de parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado, especificó que se enviaron dos propuestas del cuestionamiento que se planteara en la consulta ciudadana. Detalló que el INE tendrá 30 días para verificar que cada una de las propuestas haya sido suscrita por al menos dos por ciento de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.
Una de las propuestas fue impulsada por la actual secretaria general del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnski. La pregunta que planteó fue: “¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los expresidentes de México y en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”.
El segundo cuestionamiento fue: “¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”, el cual fue propuesto por los ciudadanos Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Bahena.
La iniciativa de López Obrador generó mucha polémica en el país e incluso este jueves un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, propuso declararla “inconstitucional” por restringir los derechos humanos.
México, 25 sep (EFE).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este viernes la legalidad de la consulta popular planteada por él mismo para investigar y llevar a juicio a los expresidentes, cuya constitucionalidad fue cuestionada por un Magistrado de la Suprema Corte.
“Yo sostengo que llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía, al contrario, es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía”, afirmó el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.
La iniciativa de López Obrador generó mucha polémica en el país e incluso este jueves un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, propuso declararla “inconstitucional” por restringir los derechos humanos.
“Se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de derecho mismo”, opinó el magistrado sobre este proyecto que será debatido por la Suprema Corte el 1 de octubre.
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El mandatario contestó que la consulta “no es violatoria de los derechos humanos” porque no plantea “un juicio sumario, no hay una vía extrajudicial, tiene que ser el Ministerio Público, tienen que ser los jueces” los que decidan sobre los posibles delitos de los expresidentes en caso de que la gente apruebe el referéndum.
Para apoyar su argumentación, López Obrador enfatizó el lenguaje jurídico incluido en la pregunta que presentó al Senado, que es la siguiente:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
El mandatario argumentó que se le hace “no sustancial el impedir una consulta alegando que se violan derechos humanos” porque en la pregunta no va “un sesgo”.
“¿Dónde está la violación de los derechos humanos? Entonces no se podría juzgar a nadie. ¿Cómo me vas a abrir una investigación si me estás violando por anticipado mis derechos humanos? No se podría investigar nada”, ironizó.
El Presidente aseveró que “no se necesita ser abogado” para entender la cuestión, ya que es algo de “juicio práctico, es sentido común”.
En la iniciativa de consulta redactada por López Obrador, describió que durante el Gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) fue “cuando crecieron más” las desigualdades y que con Zedillo (1994-2000) se llevó “a sus últimas consecuencias” las “políticas privatizadoras”.
Acusó a Fox (2000-2006) de intervenir “indebida e ilegalmente” en las elecciones presidenciales de 2006, en las que López Obrador perdió frente a Calderón (2006-2012), y a este lo señaló por entregar territorio a “las bandas delictivas”.
De su predecesor directo, Peña Nieto (2012-2018), dijo que recibió “grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso arriesgarse y fue él el que envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la solicitud de consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes de México. Ahora la decisión, antes de pasar al Congreso, está en el Máximo Tribunal Constitucional del país y, de manera más precisa, en manos del Ministro Luis María Aguilar Morales, quien llegó a esa instancia en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- En la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), el encargado de realizar la tesis sobre la procedencia o no de la solicitud de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, será el Ministro Luis María Aguilar Morales.
De acuerdo con abogados consultados por SinEmbargo, la carrera del Ministro sin duda marca un camino de cómo podría ser el desenlace del tema en la Suprema Corte. De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Consulta Popular, si se aprueba la constitucionalidad de la propuesta de la Presidencia de México, pasa al Senadode la República para que se discuta y se formule la convocatoria.
El mismo reglamento señala que la Corte tendrá que definir que la propuesta de consulta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no vulnere los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección.
Gran parte de la responsabilidad está depositada en Aguilar Morales, quien nació en la ahora Ciudad de México el 4 de noviembre de 1949 y es Ministro de la SCJN desde el 1 de diciembre de 2009, postulado por uno de los expresidentes que forman parte de la lista de posibles futuros enjuiciados: Felipe Calderón Hinojosa.
Aguilar también fungió como Presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el periodo de enero 2015 a diciembre 2018, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, otro de los expresidentes en capilla y quien es señalado ahora por presuntos actos de corrupción.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, de acuerdo a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes, Carlos Salinasde Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, es la pregunta materia de estudio para Aguilar Morales.
El Ministro Aguilar revisará entonces que esta pregunta no sea tendenciosa, ni que evoque juicios de valor sobre los mencionados. El Máximo Tribunal Constitucional en México debe evaluar si con la sola pregunta se están dañando los derechos humanos de los expresidentes, además de los principios que consagra el Articulo 40 constitucional, los ingresos y gastos del Estado en materia electoral, la disciplina de la Fuerza Armada Permanente y la seguridad nacional.
Luis María Aguilar Morales, entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una imagen del 13 de diciembre de 2018 cuando rindió su informe anual de labores. Al evento asistieron Andrés Manuel López Obrador, entonces recién llegado como Presidente de México, y Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Cámara de Senadores. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
El Ministro tiene entonces un gran paquete en sus manos, pero su trayectoria levanta dudas de analistas consultados por este diario digital.
En diversas publicaciones se la ha señalado como “amigo” de Calderón Hinojosa e incluso del priista Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y tiene casos controvertidos en su carrera de Ministro,
En especial, hay dos episodios que lo describen en esa trayectoria.
En una crónica del diario El País, publicada en enero de 2015 con motivo de su elección como Presidente de la Corte, contó con el “respaldo del grupo más conservador”. En ese texto, el periodista Luis Pablo Beauregard, recupera cómo Aguilar Morales votó en 2011 para mantener vigente un artículo que protege a la vida desde la concepción en Baja California: “en lugar de meterse de fondo a una discusión sobre el aborto, como hicieron muchos de sus compañeros, señaló que los legisladores locales no tenían facultades para generar nuevos derechos fundamentales”.
El otro caso es del proyecto sobre la violación de derechos humanos en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, por la tragedia que cobró la vida de 49 niños en el incendio de esa estancia subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“En un caso altamente politizado, el ministro Aguilar votó con la mayoría al señalar que los funcionarios públicos Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam no estuvieron involucrados en violaciones graves de derechos y que no existía un desorden generalizado en las guarderías del Gobierno”, expone el texto del diario español.
LA TRAYECTORIA INFLUYE
La maestra Milca Judith Calzada Lemus, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó en entrevista con SinEmbargo que el documento del Presidente López Obrador sí cumple con los requisitos que solicita la Ley Federal de Consulta Popular, que son sencillos.
Sobre que la solicitud fue turnada a Aguilar Morales, dijo que sí considera que su trayectoria tendrá qué ver, “no sólo porque se trate del Ministro Luis María Aguilar, sino porque finalmente somos una persona, un ser humano y reflejamos en nuestro trabajo y maneras cotidianas esos elementos que han servido para crear la personalidad; los elementos culturales, familiares, políticos en donde se desempeña uno. Como ser humano, evidentemente sí van a influir, más aún tratándose de la forma en la que llegó a ser Ministro”.
Sin embargo, continuó, la decisión final no será únicamente de un Ministro, ya que el estudio se hará con todos los integrantes del pleno de la Suprema Corte. Pero reitera en que sí van a influir en gran medida las cuestiones de ideología política que cada uno represente o con la que comulguen.
La maestra Milca Judith Calzada Lemus, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, considera que la decisión final no será únicamente del Ministro Aguilar Morales, ya que el estudio se hará con todos los integrantes del pleno de la Suprema Corte. Sin embargo, dice, sí van a influir las cuestiones de ideología política con las que comulguen. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro
Al respecto, el doctor Gilberto Santa Rita Tamés, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, comentó que los ministros van a ser muy cuidadosos y se van a mantener de acuerdo al texto de la Ley, a la normativa constitucional y “a todo el andamiaje de normas que existen porque hay un gran escrutinio público. Son muchos ojos de la ciudadanía los que están puestos en este proceso”.
Santa Rita Tamés añadió que para que la propuesta del Presidente López Obrador llegue a una sentencia condenatoria tiene que depurarse y llegar a una imputación por un hecho delictivo en concreto y luego que el Ministerio Público federal lo pruebe.
“Este proceso además puede durar muchos años y no se va a tener una solución en el corto ni mediano plazo. Esto hace que la responsabilidad del Ministro que tiene en sus manos el proyecto en la Corte sea mayor. Lo más fácil que pueden llevar a cabo es quitarse las presiones políticas e ideológicas y actuar conforme a la ley. Eso es lo que creo que va a ocurrir”, consideró el académico de la Universidad Iberoamericana.
Calzada Lemus, académica de la UNAM coincidió en este punto: “no se tomará una postura política pero sí legal. En ese sentido si esos hechos por los cuales el señor Presidente tiene la intención de llevar a juicio a los expresidentes, no se necesitaba propiamente de la consulta, ya que toda persona que participe en un hecho considerado como delito se le dé aviso a las autoridades, el Ministerio Público está obligado a realizar la investigación correspondiente”.
“La SCJN en general va a darle un carpetazo a esta solicitud que presenta el Presidente”, concluyó Calzada Lemus.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador no esperó a que los ciudadanos presentaran sus 1.8 millones de firmas recolectadas y él mismo envió un documento que preparó junto con su Consejería Jurídica para solicitar la consulta popular a los expresidentes.
Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– Jorge Ramos Ávalos, periodista mexicano, dijo hoy que es válido llevar a cabo investigaciones contra los expresidentes mexicanos.
“Es válido y legítimo investigar a los expresidentes mexicanos. ¿Acaso ya se nos olvidaron los fraudes, los abusos de poder, los actos de corrupción y la partida secreta?”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.
“Los expresidentes no deben tener impunidad. Urge una comisión de la verdad y la memoria”, añadió. El comunicador ha entrevistado varias veces a los exmandatarios. En los encuentros los ha cuestionado sobre los hechos turbios que ilustran sus carreras políticas.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador no esperó a que los ciudadanos presentaran sus 1.8 millones de firmas recolectadas y él mismo envió un documento que preparó junto con su Consejería Jurídica para solicitar la consulta popular a los expresidentes.
Aunque en el documento insiste en que está en contra de la acción, enlistó las piedras que cargan los expresidentes de lo que él llama “periodo neoliberal” y que abarca los años 1988-2018, cuyos gobiernos fueron emanados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
Los nombres de los seis hombres que gobernaron México en esos años sin duda causan agrura a más de uno; son referente de sufrimiento y coraje por la manera en cómo manejaron el poder y se llevaron en el ruedo a millones de personas, de familias completas.
“Voy a dar a conocer nuestra decisión de entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso, de los expresidentes de México, de 1988 a la fecha. Es decir, hasta el Presidente [Enrique] Peña Nieto. Es el Presidente Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, explicó López Obrador durante la mañana del martes 15 de septiembre.
En junio, Damián Alcázar, reconocido actor mexicano, dijo que Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, ya debería dedicarse a otra cosa que no sea la política, pues cuando le tocó gobernar sólo convirtió al país en “una bolsa de violencia terrible”.
Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– El actor Damián Alcázar llamó al pueblo de México a hacer un esfuerzo para llevar ante la justicia a los expresidentes.
“Quiero enviar este mensaje a mis amigos y a los que no son mis amigos: tenemos la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la justicia. Es muy posible que a ninguno puedan meter a la cárcel, hayan hecho lo que hayan hecho, porque hay muchos candados”, dijo el histrión en un video compartido en las redes sociales.
“Hay magistrados y jueces corruptos, hay magistrados y jueces que son amigos de ellos. Hay magistrados y jueces metidos en los partidos políticos que han estado en el poder. Pero los expresidentes y toda la sociedad tienen que saber que fueron ladrones, que fueron corruptos, que fueron tramposos, que fueron indecentes y que lo sabemos. Entonces ese es el objetivo principal”, agregó.
“Hay que llenar un formato. Tus hijos merecen un mejor país. Merecen políticos decentes, honrados, que se esfuercen por darle al pueblo de México lo que se merece y que no salgan millonarios como hasta ahora. El país está en la violencia absoluta y en la pobreza infame”, añadió.
En junio, Damián Alcázar, reconocido actor mexicano, dijo que Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, ya debería dedicarse a otra cosa que no sea la política, pues cuando le tocó gobernar sólo convirtió al país en “una bolsa de violencia terrible”.
“El ser humano es muy complejo, es muy extraño. Este señor (Felipe Calderón), si realmente tuviera dignidad, se dedicaría a otra cosa. No consiguió hacer del país más que una bolsa de violencia terrible, infame, permitiendo la grosería de contar con gente tan sucia en su gobierno. No hay de qué sentirse honrado. ¿Por qué insiste? Que se dedique a otra cosa. Para ser Presidente no tuvo la capacidad de sacar al país. Los seres humanos somos complejos. Calderón debería dedicarse a otra cosa”, dijo durante una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores de “Los Periodistas”.
“La gente sabe qué pasó en su sexenio. Tiene seguidores porque tal vez se vieron beneficiados durante su periodo. Qué mal le fue a México. Se va a llevar, su partido, presupuesto que necesitamos para otras cosas. Deberían haber sólo dos o tres partidos”, añadió el protagonista de La Ley de Herodes.
“No sirve para Presidente. ¿Cómo es posible? Por supuesto que sabía de la corrupción. El nieto de Felipe ángeles ha dicho que se lo dijo personalmente. Tuvo piel de rinoceronte, poca sensibilidad, poca imaginación. Ya no te hablo de humanismo. No debería seguir, se perderá dinero”, agregó.
Damián Alcázar dijo que “en México no existe la oposición porque no hay pensadores. Todos han jugado sucio. No hay crecimiento si entendemos que el crecimiento es de los adinerados, de los comerciantes… Los de abajo nunca han importando, ahora es que empiezan a tener importancia para la gente al mando del país. Hay que darles la oportunidad de que vivan mejor”.
“México es un cuerpo infectado y empezar a curarle implica unos movimientos internos brutales. Bacterias, virus no quieren abandonar el cuerpo porque de ahí se nutren. Se han hecho por años. Nuestro país por años ha estado en manos equivocadas, en manos que solamente se usaron para el despojo y el enriquecimiento de una minoría. Se resiste a desaparecer, pero se está logrando. Fueron años de infección. Llevamos casi 2 años de una nueva visión para levantar el país. Va costar mucho trabajo, pero se está consiguiendo”, dijo el actor en “Los Periodistas”.
“Gabinete (de López Obrador) está hecho de personajes honestos, entusiastas, que están dispuestos a seguir la batuta de Andrés Manuel. El país está en manos de un estadista, de un hombre… Es un humanista. Él reflexiona. Tiene convicciones. Es un hombre de lucha, un luchador social. Es un político muy experimentado. Tiene que ser difícil. No me imagino a otra persona ahí, mucho menos de los otros partidos porque seguiríamos en el mismo rumbo”, agregó.
El pasado 2 de junio, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, agradeció al actor Damián Alcázar por pronunciarse a favor del Gobierno que encabeza.
“Suele pasar que periodistas, artistas o escritores se refugien en la supuesta objetividad o independencia para no comprometerse (que sabemos es una forma hipócrita de tomar partido). Tú en cambio, Damián, sin dejar de ser libre, te defines a favor de la transformación. Gracias”, escribió el mandatario en redes sociales.
Antes, el actor de cine Damián Alcazar reafirmó su voto por el Presidente López Obrador después de que se difundiera una imagen donde afirmaban estaba arrepentido de apoyarlo.
El actor dedicó el video a adultos que describió como “pusilánimes, cobardes, resentidos, corruptibles, que crean en las fake news”, reafirmando su apoyo a López Obrador. Además de considerarlo como el mejor Presidente México.
“Yo voté por López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor Presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo de mexicano, y lo está haciendo, constantemente”, aseguró en la grabación.
El actor protagonista de cintas como La delgada línea amarilla (2015), Un mundo maravilloso (2005) o La ley de Herodes (1999) criticó a los que no son simpatizantes del Gobierno de Obrador, y les sugirió subir sus propias fotos registrando su inconformidad o decepción por AMLO, pero sin meterlo.
“Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en nuestro maravillo país, bueno, a mí no me metan en sus fake news”, agregó.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que si no prosperan las vías legales para convocar a un referendo en el que los mexicanos decidan si se debe enjuiciar o no a sus predecesores lo solicitará él mismo.
Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– El Comité 68 pidió hoy no sólo abrir procesos contra los expresidentes mexicanos, también contra militares y políticos involucrados en las masacres de la historia nacional.
“En México, de modo continuo y sistemático el Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad y ha violado los derechos humanos. Un largo historial de agravios contra la ciudadanía y los pueblos, así como de la soberanía y la nación, son la base de los graves problemas que vivimos hoy”, señaló en un comunicado.
“En un país en que la impunidad se sostiene transexenalmente es necesario un proceso de justicia que frene ese continuum de agravios. Detrás de la matanza de Tlatelolco, del Halconazo del 10 de junio y de la llamada Guerra Sucia, hay responsables directos”, agregó.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que si no prosperan las vías legales para convocar a un referendo en el que los mexicanos decidan si se debe enjuiciar o no a sus predecesores lo solicitará él mismo.
“Detrás de los asesinaros de militantes de la oposición, de la guerra contra las comunidades zapatistas, de las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque. Detrás de los crímenes contra Atenco, la APPO, la CNTE y Nochixtlán, hay responsables directos. Detrás de las matanzas contra migrantes, de la muerte de los mineros de Pasta de Conchos, de las víctimas de la guardería ABC, hay responsables directos. Detrás de los feminicidios que día a día aumentan en el país, de la violencia contra las mujeres, hay responsables directos. Detrás de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, detrás de las decenas de miles de personas desaparecidas y asesinadas, de las desplazadas por la violencia, hay responsables directos que iniciaron esa guerra, hasta ahora continuada. Detrás del asesinato de tantas y tantos defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, periodistas, hay responsables directos”, agregó el Comité 68.
“Esos responsables tienen nombre y apellido. No son personas aisladas llenas de deseos macabros. La violencia contra el pueblo mexicano no sólo es producto de la corrupción y de intereses personales. Es resultado de una política criminal -genocida en algunos casos-, bien planificada y coordinada desde el poder del Estado”, añadió.
El Comité 68 dijo que un primer paso necesario para alcanzar la justicia en el país es investigar y enjuiciar a los ex presidentes Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Además, el Comité 68 exigió a las autoridades mexicanas que “asuman sus responsabilidad e inicien o reactiven los juicios e investigaciones contra los ex presidentes y todos los funcionarios de Estado que hayan cometido crímenes contra el pueblo de México”.
El Comité 68 pide justicia por Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro.
El fin de semana, ciudadanos mexicanos comenzaron a recabar firmas para solicitar a las autoridades la convocatoria de una consulta ciudadana a fin de decidir si se debe investigar y enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes de México.
Los firmantes piden al Instituto Nacional Electoral (INE) una consulta ciudadana bajo la pregunta: ¿“Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”.
Aunque la pregunta es abierta, los que recogen las firmas portan carteles con los rostros de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Felipe Calderón (2006-2012) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
La idea de una consulta ciudadana es del actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción.
No obstante, el mandatario sostiene que quiere evitar la “venganza” contra sus predecesores, por lo que estos solo serán investigados por el actual Gobierno si lo decide el pueblo en una consulta.
Aunque la aprobación reflejó estabilidad, la opinión negativa subió en tema de gestión del Gobierno. Además, el periódico reveló que la credibilidad en la honestidad del Presidente se colocó por debajo del 50 por ciento.
Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- A unas horas de su Segundo Informe de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con el 59 por ciento de la aprobación de los mexicanos, según una encuesta publicada por el periódico El Financiero.
De acuerdo con el periodista Alejandro Moreno, la aprobación del mandatario se mantuvo estable a pesar de la crisis económica desatada por la pandemia del nuevo coronavirus. Esto se ve reflejado en la comparación de la encuesta publicada el mes anterior por el mismo medio, en la que la aprobación se encontraba en 58 por ciento.
De junio a agosto de este año, la aprobación del Jefe de Estado pasó de 56 hasta el 59 por ciento revelado en la encuesta del periódico.
Aunado a la pandemia y a temas económicos, hace unas semanas fue publicado el video de Pío López Obrador, hermano del Presidente, recibiendo supuestas aportaciones del extitular de Protección Civil, David León. Sin embargo, este tema tampoco hizo que disminuyera la medición.
Si bien la aprobación se mantuvo estable, el Jefe del Ejecutivo federal bajó en puntaje de honestidad y se ubicó por debajo del 50 por ciento al pasar de 51 a 49 por ciento, con respecto al mes anterior.
En cuanto al desempeño del Gobierno de la Cuarta Transformación, el 59 por ciento de los encuestados por El Financiero calificó como “mala o muy mala” gestión en materia de seguridad pública.
Las consideraciones negativas de los mexicanos también aumentaron en materia de economía -la cual pasó del 58 al 61 por ciento-, de 45 a 50 por ciento en materia de corrupción y de 32 a 36 por ciento en salud, según detalla Alejandro Moreno.
El ejercicio también reveló que si hoy se llevara a cabo una consulta de revocación de mandado, el 56 por ciento votaría a favor de que López Obrador continúe en el cargo, frente al 39 por ciento que no quiere que siga como Presidente.
El Financiero expuso que “este nivel de refrendo es el más bajo registrado en la serie de encuestas, iniciada en junio del año pasado”.
Sobre las investigaciones en contra de expresidentes, el 74 por ciento de los entrevistados considera que éstas deben seguir un proceso estrictamente judicial. Tan sólo el 16 por ciento de la población prefiere una consulta ciudadana.
“Sin embargo, de haber tal consulta, el 76 por ciento afirma que votaría a favor de que se investigue a los expresidentes”, según el periodista Alejandro Moreno.
Finalmente, el medio reveló que la opinión pública se mostró dividida respecto a la imparcialidad que perciben en las investigaciones de casos de corrupción, pues el 46 por ciento opina que son imparciales, mientras que otro 46 por ciento cree que tienen una motivación política.
AMLO PRESUME 70% DE APOYO
El Jefe del Ejecutivo Federal aseguró ayer que cuenta con el 70 por ciento de aprobación de los mexicanos, en contraste de una encuesta publicada por el diario Reforma en la que se mostró que la aprobación del mandatario se ha reducido hasta el 56 por ciento desde el inicio de su Gobierno.
Andrés Manuel López Obrador especificó que ese 70 por ciento es referente a ciudadanos que quieren que continúe con su mandato, frente a un 25 por ciento que buscan que deje el cargo y un cinco por ciento “que le da igual”. Afirmó que según una encuesta internacional que mide a los jefes de Estado alrededor del mundo, él se coloca en el segundo lugar de aprobación y que sólo ha caído dos puntos durante la contingencia sanitaria.
“Yo tengo mi encuesta 70 por ciento, 65, 64 de aprobación… y a la pregunta: qué se quede o qué se vaya, traigo 70 para que me quede; 25 que me vaya, y al 5 que le da igual… me he mantenido, hay una encuesta internacional que mide a los jefes de Estado de todos los países y estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial y he caído con la pandemia 2 puntos, pero cada quien tiene su medición”, apuntó.
Incluso, en uno de sus últimos spots del Segundo Informe de Gobierno, el Presidente presumió ese mismo porcentaje de aprobación al mismo tiempo que afirmó que se está acabando con la corrupción y que seguirá con esa lucha.
En su spot publicado el 26 de agosto, Andrés Manuel refirió que se han acabado los privilegios y que “ya no hay más corrupción arriba”.
Añadió que desde los tiempos de Madero no se ha atacado tanto a un Presidente, pues su combate a la corrupción ha evidenciado a varios funcionarios y exservidores públicos.
“Ya no es más de lo mismo. Se acabaron los fueros, los privilegios. Ya no hay corrupción arriba, por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados. Desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un Presidente como ahora, pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo. El 70 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con la transformación y yo, no voy a fallarles”, expuso en la grabación.
El Senador panista arremetió contra el Presidente López Obrador y le exigió presentar pruebas en contra de los exmandatarios de lo contrario sólo estaría polarizando al país.
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Gustavo Madero, Senador del Partido Acción Nacional (PAN), exigió al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, presentar las pruebas que tiene en contra de los expresidentes en vez de estar solicitando consultas para llevar a cabo un proceso judicial contra ellos.
Durante conferencia de prensa el Senador panista calificó de “falsas consultas” las actividades que han emprendido algunos integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para solicitar a la sociedad un voto en contra o a favor de llevar a juicio a los expresidentes.
También dijo que si el Presidente tiene pruebas de que algún exmandatario haya cometido un delito, que las presente, de lo contrario solo estaría haciendo proselitismo.
“Si usted tiene algo contra cualquier expresidente que haya cometido un delito, métalo al bote. Denúncielo, no le saque. No sea Pilatos, que se lava las manos con falsas consultas. Usted sabe que lo único que está haciendo es campaña política para destruir el ánimo de la gente, generar la cólera”, dijo.
Acompañado de más integrantes blanquiazules, Madero arremetió contra López Obrador y refirió que si él tiene un pacto de impunidad con los exejecutivos federales tiene que romperlo y dejar de jugar con las instituciones.
“Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador: deje de estar utilizando el poder para distraer a los mexicanos de los verdaderos problemas que tiene por su Gobierno por su culpa. Deje de estar manoseando a las instituciones, a la justicia, para polarizar a los mexicanos (…) si tiene algo es su obligación denunciarlos, armarles las carpetas de investigación. Si tiene un pacto de impunidad, rómpalo, pero no utilice a la democracia, no la eche a perder, como está echando a perder el país”, sentenció durante la conferencia.
Las firmas comenzaron a recolectarse desde el pasado jueves instalando mesas en varios puntos de la capital y tienen la intención de llevar a cabo brigadas en las plazas de las principales ciudades del país.
México, 30 ago (EFE).- Ciudadanos mexicanos comenzaron a recabar firmas para solicitar a las autoridades la convocatoria de una consulta ciudadana a fin de decidir si se debe investigar y enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes de México.
“Estamos haciendo una colecta de firmas para que se haga una consulta popular para el próximo año. Tenemos plazo hasta el 15 de septiembre para juntar 1.8 millones de firmas”, explicó este domingo Alejandro Torres, un voluntario en el centro de Ciudad de México.
Torres detalló que comenzaron a recolectar las firmas el pasado jueves instalando mesas en varios puntos de la capital y que tienen la intención de llevar a cabo brigadas en las plazas de las principales ciudades del país.
La recaudación de firmas comenzaron desde el pasado jueves. Foto: José Pazos/EFE
Los firmantes piden al Instituto Nacional Electoral (INE) una consulta ciudadana bajo la pregunta: ¿”Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”.
Aunque la pregunta es abierta, los que recogen las firmas portan carteles con los rostros de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Felipe Calderón (2006-2012) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
“La gente demanda justicia por los delitos que han cometido los expresidentes según las investigaciones hechas por actos de corrupción y la guerra contra el narco”, explicó el voluntario.
La idea de los juicios a expresidentes fue dada en primera instancia por el actual mandatario mexicano. Foto: José Pazos/EFE
La idea de una consulta ciudadana es del actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción.
No obstante, el mandatario sostiene que quiere evitar la “venganza” contra sus predecesores, por lo que estos solo serán investigados por el actual Gobierno si lo decide el pueblo en una consulta.
El pasado lunes, el Presidente invitó a los ciudadanos a organizarse para convocar la consulta antes de que venza el plazo legal el 15 de septiembre.
Aunque la pregunta es abierta, los que recogen las firmas portan carteles con los rostros de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari. Foto: Twitter @camaney19
En caso de que no se alcancen las firmas, instó al Congreso a impulsar el referendo y no descartó, como última opción, ser él mismo quien la convoque una vez se agoten las otras vías.
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por López Obrador, anunció el sábado que recolectará firmas en las calles, mientras que 15 senadores del partido ya han presentado una iniciativa de consulta en la Cámara Baja, la cual debe ser apoyada por 43 legisladores para prosperar.
Los legisladores del PT aseguraron que seguirán acompañando al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha contra la corrupción, por lo que asumen como propia la causa ciudadana que exige justicia.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, informó que durante el próximo periodo ordinario de sesiones impulsará la consulta popular para conocer si la ciudadanía está de acuerdo con iniciar procesos penales contra expresidentes de México.
En una nota emitida por la Cámara de Diputados, los legisladores del PT anunciaron que apoyarán la participación ciudadana, ya que consideran que es un “clamor popular” que los exmandatarios devuelvan lo que han tomado de manera ilícita. Aseguraron que con la Cuarta Transformación se terminaron los privilegios y la impunidad.
“Se trata de un tema trascendental, por eso el PT continuará acompañando al Presidente López Obrador en su lucha contra la corrupción. Asumimos como propia la causa ciudadana que exige justicia y por eso les tomamos la palabra”, expresaron.
Además, adelantaron que buscarán legislar en materia de salud, porque la pandemia de la COVID-19 ha demostrado que el sistema de salud mexicano ha sufrido abandono. Argumentaron que el acceso a la salud había sido un privilegio y no un derecho constitucional.
Por otra parte, manifestaron su interés en legislar para revertir “la precarización” del trabajo, consecuencia del outsourcing. Añadieron que las condiciones dignas del retiro deben ser mejoradas, ya que se ha demostrado el fracaso de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).
Finalmente, los diputados del PT destacaron que en la agenda alimentaria presentarán un paquete de políticas públicas para fortalecer la soberanía alimentaria, pues es una pieza fundamental para el bienestar.
“Estamos firmes en la construcción del proyecto de nación que significa la implementación de la Cuarta Transformación, y un punto estratégico para lograrlo es, sin duda, el agro mexicano, por lo que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, vamos por etiquetar recursos en esta área”, declararon.
De acuerdo con el sondeo realizado por el medio, al preguntar si los expresidentes deben de ser llevados a juicio, Enrique Peña Nieto fue el más señalado con un 89.4 por ciento, seguido por el priista Carlos Salinas con 88.5 por ciento y por último a Felipe Calderón con 82.1 por ciento.
Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).— Nueve de cada diez mexicanos está de acuerdo en que el actual Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, persiga a los exfuncionarios que hayan cometido delitos, incluidos los expresidentes, de acuerdo con una encuesta publicada por El Universal.
De acuerdo con el sondeo realizado por el medio, al preguntar si los expresidentes deben de ser llevados a juicio, Enrique Peña Nieto fue el más señalado con un 89.4 por ciento, seguido por el priista Carlos Salinas con 88.5 por ciento y por último a Felipe Calderón con 82.1 por ciento.
El 53.9 por ciento de los entrevistados indicaron que las declaraciones hechas por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), no dicen la verdad; en tanto, el 86.7 por ciento de los encuestados consideraron que Lozoya deberá ir a prisión por los delitos cometidos.
Sólo el 7 por ciento cree que no debería de ayudar al actual Gobierno para perseguir y capturar a otros exservidores públicos.
Peña Nieto y Calderón unidos por Odebrecht. Foto: Cuartoscuro
Respecto a la revelación de los videos donde se puede observar al hermano del Presidente, Pío López Obrador recibiendo dinero del excoordinador de Protección Civil, David León, el 75 por ciento de los entrevistados piensa que debería de sancionarse a Morena en caso de comprobarse que dicho efectivo entregado fue utilizado para financiar al partido de manera ilegal.
AMLO RESPECTO A ENJUICIAR PRESIDENTES
Cuestionado esta mañana durante su conferencia matutina, el Presidente señaló que tanto el caso de Genaro García Luna y Felipe Calderón deben de darse a conocer. “Que la gente sepa”, expresó, señalando que el caso de García Luna, preso actualmente en Estados Unidos, es la ejemplificación de lo que se denomina un narco-Estado.
Por lo que pidió ir a fondo para que nunca más se vuelva a repetir una situación así en el país. Respecto al caso Lozoya, el mandatario sostuvo que se trata de “delincuencia de cuello blanco” y señaló que hay alrededor de 70 implicados en la trama de corrupción.
“Pues lo que he venido diciendo, que se conozca todo lo relacionado con el caso Lozoya y con el caso García Luna. Los dos. Que la gente sepa. El caso de García Luna es muy grave porque era Secretario de Seguridad del Gobierno federal y se le está acusando en Estados Unidos de que recibía dinero para proteger a uno de los grupos delictivos, al grupo de Sinaloa, y se castigaba o se perseguía o se aniquilaba a otros grupos. Imagínense la seguridad en manos de la delincuencia, por eso se habla de un narco-Estado. Eso es gravísimo”, dijo.
El Jefe del Ejecutivo federal, exhortó a ir a fondo “para que nunca jamás se vuelva a presentar una situación así y en el caso de Lozoya lo mismo, esa es delincuencia de cuello blanco, delincuencia vinculada a la política. Corrupción política más que nada. Y hay como 70 implicados. Eso también nunca se había visto, que se hiciera una denuncia como la que presentó el señor Lozoya”.
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Respecto a la compra de la planta de fertlizantes, el mandatario federal añadió que al no haber reparación del daño, los responsables serán enjuiciados y castigados.
“Dos, lo repito, tanto en el caso de García Luna como de Lozoya, recuperar lo robado porque ayer que hablé que los de AHMSA vendieron su planta de fertilizantes que llevaba 16 años, parada, arrumbada, una chatarra, se la compró el Gobierno en 200 millones de dólares de sobreprecio. Y dije, porque me habían informado de que un nuevo año de AHMSA estaba dispuesto a pagar esos 200 millones de dólares. Ayer dijeron que no. Entonces no va a haber reparación del daño. Tienen que ser enjuiciados, castigados”.
También señaló que se en caso de ser necesario, se convocará a la ciudadanía para llevar a cabo a una consulta para enjuiciar a los expresidentes involucrados, citando al Artículo 35 constitucional.
“Y lo tercero, es la consulta. Si es necesario, convocar a la gente para que opine si se debe juzgar a los expresidentes involucrados y es un procedimiento constitucional. En el Artículo 35 de la Constitución se establece que se puede llevar a cabo una consulta si se cumple con algunos requisitos. Primero, la consulta la puede hacer el Presidente de la República, una tercera parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras y al puede solicitar el ciudadano con su firma”.
Después agregó que la consulta sólo puede ser solicitada del primero al 15 de septiembre del año en curso.
“Esta es una cosa de casualidad. Dicen que la suerte cuenta mucho en política. Resulta que como está la Constitución y la ley de la materia sólo se puede solicitar la consulta del 1 al 15 de septiembre. Si se solicita el 16 de septiembre, ya no, hay que esperar hasta la siguiente elección. Es como los registros de los partidos”.
“¿Qué opino? Pues que se vea primero que los ciudadanos lo soliciten. Segundo, que lo puedan solicitar los legisladores si así lo deciden. Y tercero, que sea el Presidente. O sea, el Presidente lo puede hacer hasta el último día”.
–¿La consulta va porque va? –preguntó un reportero.
–No sabemos. Vamos a esperar a ver qué sucede de aquí al día 15. Este es un proceso que se tiene que llevar en paralelo a las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República, pero yo no lo descarto porque yo no quiero pasar a ser verdugo, que me echen la culpa como había la costumbre de que todo lo decía el Presidente –afirmó López Obrador.
No obstante, el mandatario insistió en que él votará en contra de que los expresidentes sean enjuiciados, pero al mismo tiempo aseguró que es un demócrata y que se someterá a lo que diga la ciudadanía.
“Yo voy a votar en contra de que se procese a los expresidentes, pero al mismo tiempo soy demócrata y me voy a someter a lo que diga la gente, lo que diga el pueblo”.
AMLO ENCAMINA SU INTENCIÓN DE JUICIO A EXPRESIDENTES
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hace dos días que si se llegara a aprobar la solicitud para realizar una consulta ciudadana sobre el posible enjuiciamiento a los exmandatarios mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) sería la encargada de fijar la fecha de su celebración.
En su conferencia de prensa matutina, recordó que la consulta se puede hacer si lo piden el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, la tercera parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras o el mismo Presidente.
“A mí me gustaría mucho que fuesen los ciudadanos. Si no pueden los ciudadanos, en segunda instancia, los legisladores y yo me quedo hasta el final. No necesito recolectar firmas. Vamos a ver qué sucede”, dijo López Obrador.
Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, explicó que “si lo solicitan los ciudadanos, presentan las firmas, pasa esa solicitud a la Suprema Corte de Justicia y ahí se decide si se cumple con los requisitos y si es constitucional la consulta”.
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“Luego pasa al INE [Instituto Nacional Electoral] para que se lleve a cabo. Hay dos posibilidades. Una es que se lleve a cabo el día de la elección federal el año próximo, el 6 de junio, y la otra posibilidad es que sea en agosto. Eso lo decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si es por solicitud de los legisladores del Presidente o de los legisladores, tiene que aprobarse en las cámaras con mayoría simple”, precisó AMLO.
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