La llamada partida secreta que permitía a los presidentes disponer de una determinada cantidad de recursos a discreción llegó a su fin la semana pasada con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al artículo 74 de la Constitución, la cual prohíbe el uso de este fondo millonario que operó en México desde 1917 y que en su mayoría fue usado para fines político-electorales.
Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).– “Salinas se robó la mitad de la cuenta secreta. Sí hizo muchas cosas (…) López Portillo destrozó al país y Salinas al final también”, dijo Luis Téllez Kuenzler, Secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Felipe Calderón en una llamada grabada por la escritora Diana Isabel Pando y que se hizo pública el 12 de febrero de 2009 en el noticiero radiofónico de MVS conducido en ese entonces por la periodista Carmen Aristegui.
Desde la aprobación de la Constitución en 1917, la llamada partida secreta formó parte del presupuesto federal, pero la semana pasada oficialmente llegó a su fin al publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformó el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe este fondo millonario que permitía al Presidente en turno disponer de una determinada cantidad de recursos a discreción. La mayoría de este dinero terminaba en los bolsillos del mandatario federal o se usaba para fines político-electorales.
En el año de 1993, por ejemplo, el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) manejó el equivalente a cuatro mil millones de pesos de esa partida y según los partidos de oposición, este dinero fue usado para favorecer a su partido, el PRI, pues era un año electoral.
En mayo de 2009, tres meses después de que se difundió el audio de Luis Téllez, el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) declaró en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui que Salinas manejó una partida secreta más grande que la que él utilizó y que era posible que se hubiera robado la mitad de ese recurso:
–¿Cómo abusó Salinas de esa partida secreta?, porque era mucho más grande que la que usted ejerció, eso está claro.
–Ampliamente más grande.
–¿De qué tamaño era esa partida secreta en relación con lo que usted ejerció? ¿Cinco, diez veces, cien veces?
–Por ahí.
–¿Cien veces? ¿Y el dinero usado?
–Por ahí anda.
–Hace unas semanas surgió el escándalo con Luis Téllez porque se registró su voz que decía que (Carlos Salinas) se robó la mitad de la cuenta secreta.
–Sí.
–¿Usted cree que se robó la mitad?
–Sí, es posible.
Pero Carlos Salinas no es el único expresidente a quien se le acusa de tomar del dinero de la partida secreta para enriquecerse o beneficiar a su partido, Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 al 2000) y Vicente Fox Quesada (2000-2006) también.
El Diputado morenista Pablo Gómez, quien dede el año de 1979 llevó al Congreso el tema de la eliminación de la partida secreta presidencial, declaró en entrevista que este fondo fue utilizado por los presidentes como gastos discrecionales. «Por ley tenía que justificase, pero nunca se presentaron facturas ni nada. Se alojó durante muchas años en el Ramo 23 como una partida que tenía una referencia a un precepto constitucional, pero nunca se le llamó por su nombre, era secreta en el doble aspecto: en su existencia y su cantidad no se justificaba. No se sabía en qué se usaba».
Pablo Gómez señaló que Salinas usó de manera muy especial la partida secreta y el tema llegó a los tribunales.
«Una parte de esa partida secreta se la dio a su hermano Raúl y él fue procesado en el tiempo de Zedillo como presunto responsable de haberse robado parte de la partida secreta», dijo. «Luego un juez exoneró a Raúl Salinas diciendo que la partida secreta no requería justificación, lo que es completamente falso, pero es la creencia que siempre se tuvo, que el carácter secreto de la partida hacía que no tuviera que comprobarse el gasto».
De acuerdo con datos recopilados por el Diputado Pablo Gómez, la partida con Salinas se incrementó considerablemente. «En 1988, cuando De la Madrid dejó el poder, estaba en 90 millones de dólares y Salinas lo dejó en casi 200 millones de dólares en el año 1994».
La profesora Sonia Juárez Moreno, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, mencionó en entrevista que la partida secreta de los presidentes tenía la finalidad de ser usada para imprevistos de la Nación, sin embargo, los mandatarios la utilizaban a modo.
«Comentan que el que más gastó fue Carlos Salinas de Gortari. Unos lo usaban para gastos personales, otros para financiar campañas de sus sucesores como en el caso de Fox», detalló.
La prohibición de la partida secreta se da a tan solo unos meses de que se realice la Consulta Popular (1 de agosto) sobre los actores políticos del pasado, un ejercicio que permitirá que los mexicanos decidan si avalan o no llevar a juicio las acciones de los últimos cinco expresidentes de México.
Según la Constitución, estas partidas deberían ser asignadas a las secretarías de Estado y ejercidas con la firma del Presidente, sin embargo esto no ocurrió en sexenios pasados y supuso una violación a la ley.
«En los sexenios priistas, los fondos no estaban sujetos a comprobación ni a rendición de cuentas. La antigua Contaduría Mayor de Hacienda, entonces el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, no estaba facultada para supervisar el uso de ese dinero (…) El Partido de la Revolución Democrática denunció al expresidente Vicente Fox de desvío de recursos de la partida secreta para respaldar la campaña panista del actual presidente en 2006», señalaba una iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria en el año 2011 por Jaime Fernando Cárdenas Gracia, entonces Diputado del PT, la cual buscaba prohibir la partida secreta.
En el 2006, último año del sexenio de Fox, los legisladores intentaron que la partida secreta presidencial se regulara al incluir en el artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria lo siguiente: “Las partidas secretas a que se refiere el artículo 75, fracción IV de la Constitución Política, que se incluyan en el Presupuesto de Egresos, únicamente podrán destinarse a gastos de seguridad nacional y estarán sujetas a la fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La información utilizada, así como la derivada de sus resultados, tendrá el carácter de reservada y confidencial”.
Sin embargo, con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) el dinero de este fondo se utilizó para financiar «gastos confidenciales» en el combate al crimen organizado, según denuncias hechas por legisladores de la oposición en 2011.
«El Gobierno de Felipe Calderón ha destinado a la partida secreta a lo largo de su sexenio hasta 12 mil millones de pesos para financiar gastos confidenciales y reservados en el combate al crimen organizado, dinero que se ha utilizado para pagar operaciones encubiertas, testigos protegidos, infiltrar a agentes en las redes de la delincuencia organizada, rentar casas de seguridad, preparar operativos sorpresa para detener a presuntos miembros del crimen organizado, entre otras acciones», refería Cárdenas Gracia en el año 2011.
En el sexenio de Calderón, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó respecto a esta partida dos auditorías a la entonces Procuraduría General de la República (cuentas públicas 2008 y 2006), una al CISEN (cuenta pública 2007), una a la Policía Federal (cuenta pública 2006) y otra al Instituto Nacional de Migración (cuenta pública 2005).
Las revisiones, sin embargo, se centraron en la comprobación del cumplimiento normativo, por lo que sólo hubo recomendaciones sin ninguna acción de tipo resarcitorio.
De acuerdo con la iniciativa de reforma para eliminar la partida secreta realizada por Cárdenas Gracia en 2011, los recursos asignados por dependencia dentro de la partida 33701 en el sexenio de Calderón fueron los siguientes:
–Secretaría de Gobernación: 642 millones 280 mil pesos.
–Secretaría de la Defensa Nacional: 57 millones 60’8 mil pesos.
–Secretaría de Marina: 29 millones 505 mil pesos.
–Presidencia de la República: 11 millones 941 mil pesos.
–CISEN: 563 millones 984 mil pesos.
–SAT: 30 millones 819 mil pesos.
–SSP: 5 mil 859 millones de pesos.
–Policía Federal: 4 mil 294 millones 173 mil pesos.
–Instituto Nacional de Migración: 119 millones 948 mil pesos.
Con el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) este recurso en su mayoría fue destinado para «gastos de seguridad nacional», hoy en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), reveló el diario Milenio en julio del año pasado.
Se trata de una partida de más de 40 mil millones de pesos que habría sido creada para “financiar misiones de inteligencia, urgencia y peligro dirigidas a combatir a los cárteles de la droga”. Tales cantidades fueron entregadas en un lapso de seis años (2013-2018), prácticamente durante toda la administración de Peña.
De 1979 –cuando se propuso por primera vez la eliminación de la partida– hasta este 2021 tuvieron que transcurrir 42 años para que los legisladores reformaran el artículo 74 para que las partidas secretas quedaran prohibidas.
«Durante los años posteriores se siguió insistiendo en que se eliminara, pero no querían, la querían seguir teniendo en la Constitución por si acaso se podía activar, pero ahora cuando nosotros llegamos al Congreso y siendo mayoría, una de las tareas que teníamos consistía en no eliminar el precepto sino cambiarlo para prohibir directamente la partida, porque si lo hubiéramos eliminado de todas maneras se podía hacer en el Presupuesto, en cambio ya prohibida por la Constitución pues va a ser mucho más difícil que se restablezca», aseguró el Diputado Pablo Gómez, pionero de esta propuesta.
Ahora con la reforma al artículo 74, lo referente a las partidas secretas quedó de la siguiente manera: «No podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación».
