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En este 2022 se cumplen 10 años desde que las familias Pérez Rodríguez y Mendiola Acosta iniciaron la búsqueda de sus familiares desaparecidos en la carretera 85, que atraviesa el municipio de El Mante, en Tamaulipas, un territorio asolado por la violencia del crimen organizado. Sus búsquedas han dado respuestas sobre qué pasó con cientos de personas desaparecidas en esa región inhóspita.

Por Marcela del Muro

Tamaulipas, 22 de agosto (A dónde van los desaparecidos).– Entre la multitud que se encontraba sentada frente al podio, una mujer vestida de colores claros y de cabello alborotado, que sostenía un cartel, se levantó de su lugar y gritó: “Perdone que lo interrumpa, mi único afán [es] encontrar a mi familia. Mi familia está desaparecida desde el 14 de agosto del 2012… los levantaron en Ciudad Mante, Tamaulipas”.

Unos metros enfrente de ella, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa daba el discurso de arranque de la construcción del Libramiento Valles-Tamuín, en el municipio de Ciudad Valles, conocido como “la puerta grande de la Huasteca potosina”, zona este de San Luis Potosí.

Este hecho fue noticia nacional. “Edith Pérez le reclamó al Presidente la falta de resultados y abandono para encontrar a sus cinco familiares desaparecidos”, registró el encabezado del periódico Expansión, al día siguiente, el 14 de noviembre del 2012.

La administradora Lupita Mendiola Acosta leyó, sorprendida, las notas que relataban cómo aquella valiente mujer exigió que le firmaran un compromiso presidencial para encontrar con vida a su familia ausente. Supo que se referían a la maestra Edith Pérez Rodríguez, de Tamuín, también municipio fronterizo con el estado de Tamaulipas y parte de la Huasteca potosina.

La noticia impactó a Lupita porque una semana antes, el 7 de noviembre, su hermano menor, Daniel Mendiola Acosta, junto a uno de sus trabajadores que hacía las veces de chofer, Gerardo Uribe Rodríguez, ambos treintañeros, habían sido secuestrados en la misma carretera. Los Mendiola Acosta ya habían entregado el rescate en un entronque de la carretera de Antiguo Morelos, Tamaulipas, pero seguían sin saber dónde estaban.

“A los seis días ponemos la denuncia. Empiezan a rastrear los teléfonos y todavía [las señales] daban en la sierra. Ahí, a mediados de noviembre, es cuando empieza el verdadero calvario: hablar, investigar, esperar, volver a hablar y que las autoridades no te digan nada”, recuerda Lupita, su semblante alegre se nubla cuando recuerda aquellos primeros días.

Angustiada, la administradora de Ciudad Valles se reunió con la maestra.

“Entonces ya me enteré que desaparecieron sus hijos y sobrinos que estaban chicos; desaparecían de todas las edades”, comenta Lupita.

La señora Pérez busca a sus hijos Alexis y José Arturo Dominguez Pérez, de entonces 16 y 20 años; su sobrina Milynali Piña Pérez, de 13, su sobrino Aldo Pérez Salazar, de 20, y su hermano Ignacio Pérez Rodríguez, de 54 años. Aquel martes 14 de agosto del 2012, ellos venían de regreso de Houston, Texas. Pasadas las seis de la tarde, José Arturo avisó a su mamá que iban llegando a Ciudad Mante, Tamaulipas, cabecera municipal de El Mante. Solo les faltaban dos horas para llegar a Tamuín, pero fue pasando el tiempo y los viajeros no volvieron.

En tres meses, Edith y su hermana Graciela Pérez Rodríguez, mamá de Milynali, habían recorrido las comandancias de la Policía Federal, Estatal y Municipal en la zona y las procuradurías de los dos estados; pedido ayuda de las comisiones de derechos humanos, la potosina y la tamaulipeca; y acudido a Províctima, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y, en cada instancia, rogaron que buscaran a sus desaparecidos, pero ninguna investigó ni las asesoró.

La familia salió, por su cuenta, a explorar las brechas en medio de la serranía de El Mante, entre los cañaverales y los ranchos abandonados. Peinaron kilómetros de veredas en medio del monte crecido donde, suponían, desapareció la camioneta color arena con sus cinco seres queridos y comenzaron a encontrar indicios de terrenos utilizados como guaridas que, suponían, eran de criminales.

“Estábamos desesperados y pensábamos que el único que nos podía ayudar para que se hiciera la búsqueda era el Presidente”, dice la madre de Alexis y Arturo. Con esa acción de protesta, la averiguación por la desaparición de su familia fue enviada a la delegación estatal de la PGR, con base en Ciudad Victoria, y las autoridades comenzaron a buscar a sus desaparecidos.

Este 2022 se cumplen 10 años desde que Lupita, Edith y Graciela iniciaron la investigación y búsqueda de sus familiares. Del 2006 a junio del 2022, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) se han reportado, al menos, 228 personas desaparecidas en el municipio tamaulipeco de El Mante; un territorio asolado por un tipo de violencia muy organizada, ejercida, desde el 2010, por la corporación criminal Los Zetas, que controlaron las actividades ilícitas en el municipio y tenían la complicidad y el silencio de las autoridades. Desde el 2016, la región es disputada por sus escisiones: los Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Noreste.

En esta zona que fue dominada por el terror, Lupita, Graciela y Edith trazaron una brecha para la búsqueda de personas. Ellas, junto a sus colectivos, han descubierto y explorado esas tierras donde los grupos criminales habitaron e intentaron quemar los rastros de las personas que se llevaban. Sus investigaciones arrojan pistas claras que explican la dinámica regional de la desaparición de personas y de la violencia ejercida por este grupo criminal en poblaciones bajo su dominio.

LA CARRETERA FEDERAL 85

La Huasteca está ubicada al noreste de México. Es una región integrada por el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz e Hidalgo, el este de San Luis Potosí, y una parte pequeña del norte de Puebla y Querétaro; un área de clima tropical, con abundantes recursos naturales y gran diversidad cultural que comparte un sistema de creencias, gastronomía y la forma de Gobierno tradicional.

Este territorio ha estado comunicado entre sí desde la época prehispánica. Algunos caminos reales se convirtieron en carreteras o brechas entre los valles y montañas, muchas de ellas aún utilizadas.

En los años 30 del siglo pasado se construyó la carretera federal 85, conocida como la México-Laredo, una vía crucial porque atraviesa y conecta las Huastecas potosina, tamaulipeca e hidalguense. Este camino fue el primero en el país que enlazó a la Ciudad de México con la frontera en Nuevo Laredo.

Atravesar esta carretera en el tramo que une la Huasteca potosina con la tamaulipeca es un viaje en medio de la selva; por el color verde de las plantas y los árboles que, dependiendo de la temporada, florecen y llenan el paisaje de colores chillones. Esta fue una ruta frecuente de Daniel Mendiola, el hermano de Lupita, un joven empresario vallense dedicado al alquiler de maquinitas, que colocaba en tienditas de abarrotes o plazas públicas de la zona.

Ese miércoles 7 de noviembre del 2012, Daniel y su chofer Gerardo habían recorrido la ruta de El Mante, Xicoténcatl y Ocampo. Ese día su familia recibió una llamada anónima donde se solicitaba un rescate de dos millones y medio de pesos a cambio de los dos hombres.

“Nos reunimos en la noche en casa de mi mamá y ahí nos volvieron a marcar del teléfono de Daniel. Hablamos con él y nos dijo: ‘Sí, estoy bien, acabo de comer ceviche’. Le hicimos la prueba de vida, ya sabes, le preguntamos de dónde era mi papá y el nombre del perro de la casa, entonces confirmamos que sí era él”, cuenta Lupita, en entrevista en un restaurante de Ciudad Valles.

Los Mendiola no pudieron conseguir todo el dinero. El siguiente lunes 12 de noviembre, entregaron lo recolectado y la factura de la camioneta que Daniel recién estrenaba a los tripulantes de un camioneta que los esperaban en el entronque de la carretera 85 a la altura del municipio Antiguo Morelos, Tamaulipas.

“Dimos todo y nos dicen: ‘Más adelantito te entregamos a Daniel’”. Los Mendiola siguieron a aquella camioneta que se fue perdiendo entre los caminos sin pavimentar de la Sierra. “Nosotros no desconfiamos, ya habíamos pasado por lo mismo antes, [cuando] secuestraron a mi hermano Miguel. Pero con Daniel fue distinto, fueron pasando los días sin noticias de ellos, íbamos sintiendo más y más desesperación”.

Graciela Pérez comenta que la desaparición de su familia no fue la primera que sucedió en la zona. “Mily, mis sobrinos y mi hermano desaparecen en agosto del 2012, pero se veían casos de desaparición en el sur de Tamaulipas desde el 2010. Lo veíamos en las noticias de las redes sociales, mucho secuestro y violencia, pero nosotros creíamos que si no nos deteníamos en ningún lado y solo íbamos sobre la carretera, [que] estábamos seguros”.

Cuando Graciela habla de la parte “sur de Tamaulipas” se refiere, en específico, a la zona de El Mante y algunas localidades y municipios vecinos conectados por la carretera federal 85 –tramo de El Mante, pasando por Gómez Farias hasta Llera de Canales–, así como los caminos y brechas que atraviesan esta autopista federal, como la carretera estatal 66, que cruza Ocampo y llega hasta Ciudad Tula; o la carretera estatal 116, que topa en el municipio de Xicoténcatl.

Según el Registro Nacional, del 2009 al 30 de junio del 2022, en esos seis municipios se registran 336 personas desaparecidas, de las cuales la mayoría son hombres (74 por ciento) y jóvenes, de los 15 a los 44 años. De estas, 228 casos han ocurrido en El Mante (70 por ciento) y 47 en Xicoténcatl, donde llama la atención que 133 mujeres, la mayoría entre 5 y 29 años, fueron reportadas como desaparecidas entre 2016 y 2019; 128 fueron localizadas.

No sólo la carretera 85 se convirtió en escenario de las desapariciones, datos obtenidos por Quinto Elemento Lab del mismo registro muestran que mil 033 personas han sido desaparecidas mientras realizaban un trayecto de una comunidad o ciudad a otra. La mayoría de estos casos ocurrieron en carreteras y caminos de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

También arroja datos de 325 personas de las que no se supo más en algún punto de su viaje rumbo a Estados Unidos, 51 fueron registradas en Coahuila, 45 en Tamaulipas y 40 en Sonora.

EL MANTE: UN TRRITORIO CONTROLADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO

Las brechas y caminos que conectan a El Mante con las principales ciudades o la frontera norte en Tamaulipas y el Golfo de México; y con las ciudades de San Luis Potosí y Monterrey la convirtieron en una zona estratégica para las organizaciones criminales. Este lugar era manejado por el Cártel del Golfo (CDG), pero en marzo del 2010, sus antiguos aliados, Los Zetas, se interesaron en él e iniciaron una batalla por dominar este territorio.

Su llegada al municipio fue estrepitosa. Cada balacera, enfrentamiento o matanza traía consigo una imagen o video de terror que se difundió por redes sociales, blogs y mensajes de texto. Era parte de la propaganda de Los Zetas, una campaña publicitaria que demostraba sus alcances violentos.

“¿Por qué si ellos solo regresaban de vacaciones, desaparecieron?”, se preguntó la mamá de Milynali, esa noche que su hija y su familia no volvieron. Nacho, su hermano mayor, viajaba a Estados Unidos cada verano a comprar ropa, útiles escolares y herramientas para su taller mecánico; y nunca había sufrido accidentes o robos en la carretera. Ella revisó detalladamente las redes sociales, los medios digitales y los periódicos en busca de información.

“Alcancé a ver lo que pasaba desde el 2010. Te das cuenta que hay miles de personas que han desaparecido, pero que sus familias no tienen una denuncia porque tenían miedo de acercarse a las instituciones, había una falta de credibilidad en la Fiscalía de Tamaulipas y no había la menor voluntad para buscarlos”, relata Graciela, una mujer enérgica y de risa fácil, que vivió durante varios años en Estados Unido y regresó a México para que su única hija, Mily, pudiera tener una vida más tranquila en la Huasteca.

Los datos del extinto registro a cargo del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces PGR, le dan la razón a Graciela: de 2010 a 2013, mil desapariciones fueron denuncias más de año después de haber ocurrido.

Su hermana Edith recuerda que el primer problema con el que se toparon fue la falta de conocimiento e indiferencia de las autoridades. “Para que nos ayudarán a buscarlos fue un verdadero lío. No existía el delito de desaparición, no había leyes de búsqueda ni protocolos de nada. Nosotros no sabíamos quién tenía que buscar a nuestra familia y ellos [las instituciones de Gobierno] tampoco. En Ciudad Mante pusimos la denuncia, pero nos dijeron que teníamos que ir con el Ejército porque ellos no se metían, estaba muy peligroso”.

Tres días después, la familia Pérez Rodríguez fue extorsionada. Edith cree que eran los policías municipales de Ciudad Mante que conocían su tragedia y tenían los datos personales que habían dado al poner la denuncia.

Además de la búsqueda en campo, Graciela comenzó a repartir volantes con el rostro de sus familiares, por las vías principales de Mante y en sus redes sociales. Se fueron acercando decenas de personas de varios estados del país con algún ser querido desaparecido. La mayoría no tenía denuncia; los tamaulipecos por miedo y los foráneos muchas veces por desconocimiento, dato que le hace asegurar que existe una gran “cifra negra” de desapariciones en la zona.

También distribuyó sus fichas de búsqueda entre los miembros del Ejército; ellos no podían investigar la desaparición de su familia, pero detenían a los delincuentes. “Les pedí que enseñaran las fotografías a los detenidos. Por si los ven, por si saben algo, que sepan que los estamos buscando”, relata Graciela.

Dos meses después de la desaparición, en octubre, recibió una llamada del Ejército, habían capturado a un secuestrador que tenía en su poder a cinco personas, quien al confesar sus delitos reconoció a Mily. El hombre fue el encargado de separar a la niña de 13 años de su familia, porque uno de los jefes “la quería para él”. Él se la entregó a una mujer “muy sanguinaria”, eso le dijeron a Graciela. A partir de ese momento ella se concentró en recorrer los lugares mencionados por aquel delincuente.

En aquel momento, los medios de comunicación nacionales y algunos internacionales sí estaban enfocados en la guerra que se vivía en la frontera norte de México, incluida Tamaulipas, pero eran pocos los que volteaban a ver esta área sur del estado.

“Como familia te tocaba buscarlos. La misma Fiscalía los dividía en ese tiempo y te decían que lo que pasaba acá eran problemas de delincuentillos locales, que ‘ahí no se dan los grandes delitos, se dan en el otro sur de Tamaulipas, como Tampico, Madero, Altamira, Aldama’”, narra Graciela.

LOS ZETAS Y EL CONTROL DEL TERRITORIO A PARTIR DE LA VIOLENCIA

Lupita Mendiola y las hermanas Pérez Rodríguez han comprobado que el grupo que dominaba la llamada plaza de Mante era muy organizado. Cada miembro contaba con una función específica dentro de la organización, que era piramidal. Los que administraban la organización no eran los mismos que realizaban el trabajo delincuencial. “Por eso nunca se llega a las personas responsables”, asevera la hermana del empresario de las maquinitas.

La investigadora Guadalupe Correa-Cabrera, quien conoce las dinámicas violentas de la región y es autora del libro “Zetas Inc.”, explica que éste no es un grupo del narcotráfico, sino un modelo conformado por varias células o franquicias que buscan el control absoluto de territorios y realizan un abanico de actividades criminales, entre ellos la extorsión a comerciantes. Asegura que la estructura de este grupo criminal se asemeja al modelo de negocios de una empresa transnacional, conformada por una diversidad de personajes: desde políticos y trabajadores del Estado, agentes de inteligencia y seguridad pública, hasta criminales.

“Ellos [Los Zetas] fueron pioneros en la utilización de la violencia y el miedo como estrategias de control territorial. La sangre, las cabezas, todo esto para seguir justificando su extractivismo”, puntualizó la doctora en Ciencias Políticas, durante una conferencia del Colegio de México (Colmex). “Ellos tenían acceso a armamento de alto calibre para controlar todo lo ilegal, pero, a veces, también lo legal que se produce o se comercia en el territorio”.

Daniel Mendiola tenía varios años pagando una cuota mensual al crimen organizado de Ciudad Mante, para poder mantenerse a salvo y seguir trabajando sus maquinitas en la zona. En espera de su regreso, su familia continuó manejando el negocio.

“Nos comenzaron a hacer llamadas. Nos decían: ‘Ya no regresen para acá, vamos a manejar nosotros el negocio’. Dejamos todo porque teníamos mucho miedo de que nos fueran a desaparecer a alguien más. Nos fuimos a San Luis [Potosí]”, recuerda Lupita.

El terror los hizo huir. La madre de Daniel y los cuatro hermanos Mendiola Acosta con sus familias se fueron más de un año de Ciudad Valles. Pero la estancia en la capital del estado era complicada. Hacía falta el tío alegre, el hermano trabajador y el hijo cariñoso; la familia regresó a Ciudad Valles con la esperanza de que pronto Daniel regresara a casa y no la encontrara vacía.

Edith relata que los Mendiola Acosta contaban con información que complementó lo que ella y su hermana llevaban investigado sobre la desaparición de su familia. “Entonces por ahí nos fuimos como madejita, tratando de desenredar todo. Así fue como empezamos a construir juntas”.

Además de El Mante, se sabe que Los Zetas controlaron el corredor fronterizo que va de Nuevo Laredo a Monterrey, Nuevo León, su territorio más valioso; parte de la Huasteca tamaulipeca, potosina y veracruzana, así como el territorio costero del Golfo de México que llega hasta Guatemala.

LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE TAMAULIPAS

En mayo del 2014, el Gobierno del entonces Presidente Enrique Peña Nieto presentó la estrategia de seguridad para Tamaulipas, la cual tenía como principal objetivo desarticular a el CDG y Los Zetas. Con la información investigada por las familias, las instituciones de seguridad e inteligencia comenzaron a rastrear los pasos del grupo criminal que operaba en El Mante y ofrecieron recompensas millonarias a quien diera información.

A mediados de junio del 2014, la Marina detuvo al “jefe de plaza” de Los Zetas en El Mante y de Hidalgo, Tamaulipas, apodado “El Ricky”. En la ruta por la carretera federal 85, Hidalgo es el municipio contiguo a Ciudad Victoria, en el centro oeste del estado, fronterizo con Nuevo León.

Este hombre de 29 años y 10 en la organización criminal era señalado por una mujer llamada Blanca Moreno, de ser uno de los responsables del secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de siete familiares el martes 18 de mayo del 2012, y de llevársela a ella y a otros seis, cuando estaban reunidos discutiendo cómo pagar el rescate, cuatro días después.

A los 14 parientes secuestrados los tuvieron en un rancho localizado en medio de la sierra de Llera de Canales, a una hora de Ciudad Mante.

Rodeados de tanta vegetación y vida silvestre, los Moreno vivieron el terror. El séptimo día la familia notó un cambió en la rutina de sus captores, a quienes vieron acarrear tambos, hachas y garrafas. La sospecha se confirmó cuando degollaron a uno de los tíos enfrente del resto de la familia.

Entre el aturdimiento, Blanca y su primo se dieron cuenta que sólo uno de los secuestradores los vigilaba. Un impulso de valentía hizo que Blanca lo golpeara, mientras algunos de sus familiares corrían a una camioneta hasta que pudieron arrancarla y huir. Pero Blanca no alcanzó a subir, su única opción fue aventarse por el barranco . Hasta ahora continúan desaparecidos seis integrantes de la familia Moreno: César Moreno Villela, Angélica y Jose Eduardo Martínez Moreno, Nallely Moreno Martínez, Enedina Moreno Mayorga y Wendy Jhovany Medina Moreno.

Así se descubrió que el grupo retenía a personas secuestradas en “campos de exterminio”, donde los Zetas despojaron de todo rastro de identidad a sus rehenes, quemando sus cuerpos hasta convertirlos en fragmentos de huesos.

“El Ricky” también fue uno de los perpetradores de la desaparición del empresario Daniel Mendiola, del chofer Gerardo Uribe y de la familia Pérez.

“Cada que había una detención, pedíamos que nos dejaran platicar con ellos y les preguntábamos por nuestra familia, pero era raro que nos dijeran algo. El único que declaró con puntos y comas, con croquis y todo, fue ‘El Ricky’”, comenta Lupita Mendiola.

Él les dijo que el secuestro de la familia de Edith y Graciela fue una equivocación, confundieron la camioneta con la de un rival. Ellos sólo iban por una semana de vacaciones.

“El Ricky” señaló la existencia de otro “campo de exterminio” llamado El Papalote, localizado en Gómez Farias, en la Reserva de la Biosfera El Cielo, a unos 20 kilómetros de El Mante. Tras la confesión, este campo quedó abandonado durante tres años, hasta el 2017, que las familias presionaron a las autoridades para explorar la zona y buscar a sus seres queridos ausentes.

HASTA ENCONTRARLOS, PORQUE ES LA PROMESA QUE LES HICE

En estos momentos, “estamos muy ocupados trabajando en tres campos en Mante”, dice Graciela cuando se le entrevistó en abril del 2022, y se refiere al trabajo que hacen los colectivos “Milynali Red CFC” y “Voz y Dignidad por los Nuestros”. Estas son agrupaciones hermanas, el primero creado por Graciela en 2017 y establecido en El Mante, Tamaulipas; el segundo fue creado por Edith y Lupita en 2015, y se concentra en la búsqueda de potosinos a lo largo y ancho de México.

“Empezamos sin saber nada sobre forense, pero con el interés de aprender para encontrarlos y regresarlos a casa”, dice Edith. En septiembre del 2017, cuando la crisis de desaparición arreció nuevamente en la zona, atribuida a la fragmentación de Los Zetas y a la disputa del territorio, las familias comenzaron a explorar el rancho El Papalote.

“Es un lugar tan bonito por su vegetación, al otro lado de la sierra; y estar ahí escarbando miles de restos calcinados. Es muy triste, me llena de coraje”, piensa Edith. “[‘El Ricky’] declara y dice que ahí habían quedado Daniel y otras 50 personas más”, explica Lupita. “Es un lugar bellísimo, donde se vivió mucho dolor”, describe Edith.

En 140 días de trabajo que fueron distribuidos en dos años (entre el 2017 y el 2019), las familias de las agrupaciones caminaron y exploraron el campo de media hectárea localizado en las faldas de la Sierra Madre Oriental.

Ahí encontraron 47 hornos clandestinos de incineración, donde el grupo de “El Ricky” quemó a decenas de hombres y mujeres. Las buscadoras escarbaron y cribaron esas tierras, donde posiblemente estaban sus familiares, y recuperaron más de 150 kilos de restos óseos, algunos calcinados y otros completamente carbonizados, según lo que comenta Lupita. Estos fragmentos fueron recogidos por la Fiscalía General de la República para procesarlos e identificar a las personas que desaparecieron.

“Fue un trabajo exhaustivo, física y mentalmente, pero ahora el trabajo le corresponde al Gobierno. No están listos ni los dictámenes antropológicos, se sabe que todos son ‘restos humanos’, pero solo hay un aproximado de que hay entre 50 y 60 individuos. Necesitamos saber la verdad, saber si ahí está Daniel”.

En agosto del 2021, el último informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México comunicó que, según cifras oficiales, existen más de 52 mil personas fallecidas sin identificar en el país, más los cuerpos que se han ido sumando día con día. Pero este dato no incluye los miles de fragmentos de restos humanos que familias, como las de los colectivos que trabajan en Ciudad Mante, han recuperado.

El pasado 28 de abril, por insistencia de las familias de víctimas, se firmó el convenio entre Gobierno del Estado y la Fiscalía General de San Luis Potosí con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México para que los expertos que integran el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) colaboren en la capacitación y arranque de la identificación de los cuerpos y restos en el estado.

“Estamos aquí luchando por amor. Por todo el amor que le tenemos a nuestros hijos, a nuestra familia. Si hay una posibilidad de que mis hijos estén en una fosa clandestina, yo voy a ir a recogerlos, como estén, donde estén. Hasta encontrarlos, porque es la promesa que les hice, así se los entreguen a mi nietos”, las palabras de Edith resuenan en el pequeño salón de juntas del recién inaugurado Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda en la ciudad de San Luis Potosí.

Este acuerdo ha llenado de esperanza a Lupita, Edith, Graciela, y de cientos de familias potosinas con seres queridos desaparecidos en todo el país.

Graciela explica que esto es un logro de las familias y de los colectivos de búsqueda. Uno entre los muchos avances que han impulsado en la búsqueda de personas en el país, en un país con más de 100 mil desaparecidos.

El mensaje de Edith: “Ellos tienen nombre, ellos no son un número de carpeta de averiguación, ellos tienen sueños. Estos son mis hijos, esta es mi familia, por favor, ayúdenos a encontrarlos”.

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