En 2012, Rafael “C” se volvió socio de Rodisa y proporcionó datos falsos a fin de obtener un crédito con la institución financiera.
Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) capturó este lunes en Veracruz a un socio de una empresa de servicios petroleros por su probable responsabilidad en un fraude realizado a Banobras por más de mil 238 millones 649 mil 442 pesos.
Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía aprehendieron a Rafael “C”, socio de la Rotary Drillrigs Internacional S.A. de C.V. (Rodisa), beneficiaria del crédito de la institución financiera, en la Colonia Culturas Veracruzanas, de la ciudad de Xalapa.
En cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de fraude, librada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Procesos Penales de la Ciudad de México, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad judicial, en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
El imputado es socio de Rodisa, beneficiaria del crédito de la institución financiera. Foto: Banobras
De acuerdo con la carpeta de investigación, en el año 2012, Rafael “C” se asoció con la empresa Rodisa, a través de la cual proporcionó datos falsos a fin de obtener un crédito de Banobras.
A través de dos contratos, Pemex Exploración y Producción acordó con Rotary Oilfiel Drilling Equipment International Inc., Procesos Manufacturing Corp y Rotary Drillrigs International S.A. de C.V, realizar perforaciones de pozos petroleros y producción. Por ello, se gestionó una línea de crédito en el Banco Invex como Fiduciario.
Con esta acción se causó un perjuicio patrimonial para el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Sociedad Nacional de Crédito (Banobras), Institución de Banca de Desarrollo por la cantidad antes mencionada.
#FGR a través de la #PFM y la @PGR_AIC , cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una persona, esto por su probable responsabilidad en el delito de fraude, realizado a Banobras por más de mil doscientos millones de pesos.
De acuerdo con el Banobras, el financiamiento se otorgó mediante un crédito sindicado con Nacional Financiera.
Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) autorizó un financiamiento por 700 millones de pesos para la construcción del tramo 1 del Tren Maya.
El banco informó que el financiamiento para el tramo que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, se otorgó mediante un crédito sindicado con Nacional Financiera (Nanfin) por mil 400 millones de pesos.
“El crédito se autorizó en las mejores condiciones de mercado y el esquema financiero tendrá como fuente de pago el subcontrato de obra pública relacionado con el contrato de obra pública celebrado por el contratista del Tramo 1 con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y se suma al crédito por 2,700 mdp que Banobras otorgó para el Tramo 4 (Izamal-Cancún)”, informó Banobras en un comunicado.
La institución recordó que el Tramo 1 del Tren Maya tendrá una longitud de 228 kilómetros y considera las estaciones Palenque, Usumacinta, Tenosique, El Triunfo, Candelaria y Escárcega.
Con este financiamiento, cumplimos con el compromiso de la #BancaDeDesarrollo en la generación de bienestar en las regiones y sectores que más se necesita
“Con este crédito y al cierre de junio de 2021, el otorgamiento de Banobras para proyectos con fuente de pago propia asciende a 15 mil 555 millones de pesos”, comentó Jorge Mendoza, director general de Banobras.
La construcción del Tren Maya ha desatado polémica en México debido a que algunos grupos ambientalistas han señalado que la megaobra podría causar afectaciones ambientales y despojo de tierras a las comunidades de la Península de Yucatán.
Con la construcción del tren se busca que las divisas captadas por el turismo que visita las playas de Cancún, en el Caribe Mexicano, puedan adentrarse al territorio mexicano de una manera fácil y accesible, para que así, parte de la derrama económica del turismo llegue a estados como Chiapas.
“Nos estamos ahorrando más de 300 millones de pesos al no utilizar esta aeronave entonces estos recursos son muy valioso muy valioso en este momento”, detalló el director de Banobras. Con la nueva subasta de otras 19 aeronaves, el Gobierno federal estima recibir 520 millones de pesos, unos 24 millones de dólares.
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).-El Gobierno federal hará una nueva subasta de 19 aeronaves, a sobre cerrado, para colocar aviones y helicópteros que no se utilizan por la administración actual; con este movimiento buscan recuperar 520 millones de pesos (unos 24 millones de dólares).
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que su Gobierno ha gastado 120 millones de pesos en el mantenimiento y conservación del avión presidencial, sin embargo, Jorge Mendoza Sánchez, Director General de Banobras, informó que se han ahorrado 300 millones de pesos al no usarlo.
La venta de las aeronaves se hará por medio de tres procesos paralelos. El primero, es una subasta a sobre cerrado que se llevará a cabo el 12 de marzo y los recursos irán para el Instituto para Devolverle el Pueblo lo Robado. Se subastarán 13 helicópteros y seis aviones pertenecientes a las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como a la Comisión Nacional del Agua.
“Mencionar que los precios de salida de la subasta es de 520 millones de pesos, es decir si llegáramos a vender todas las aeronaves si estarían ingresando 520 millones de pesos”, explicó el director de Banobras.
El segundo proceso es con las Naciones Unidas, que se trata de la venta de Defensa Nacional y de la Marina. “Son aeronaves que se encuentran en arrendamiento” que se hará a a nivel internacional y nacional. “Vamos a estar actualizando los precios de las aeronaves ya que los avalúos son del año pasado”, dijo Mendoza Sánchez.
“Tenemos que recibir la recepción de ofertas entre el 19 y el 22 y se tendrán que evaluar a más tardar el 7 de mayo para poder estar dando un fallo entre el 10 y el 14 de mayo a estos dos procesos”, explicó el funcionario.
VENTA DEL AVIÓN PRESIDENCIAL
Mendoza Sánchez, de Banobras, aseguró que se sigue trabajando para vender el avión presidencial, un proceso que también se realiza a través de las Naciones Unidas.
El avalúo del costo de la aeronave ascendió a dos mil 286 millones de pesos, pero se realizó finales del año pasado, por lo que se realizará un nuevo avalúo del TP01 por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabi).
“Las últimas semanas sentimos un poco más de movimiento en el mercado de aeronaves. Recibimos ya interés de tres nuevos participantes, estamos en pláticas iniciales, aún es muy temprano para para ver si si pudieran llegar a concretarse, pero ya se los remitimos a las Naciones Unidas y estamos esperando la visita de alguno de ellos durante la próxima semana”, dijo el funcionario.
El director de Banobras explicó que se ha hecho un esfuerzo para reducir los costos que genera la aeronave, sin embargo se deben cumplir con todas las especificaciones internacionales y locales para mantenerlo en óptimas.
El costo a la fecha, desde que inició la administración, para mantener el avión presidencial es de alrededor de 120 millones de pesos, sin embargo, comparado con los precios de los últimos tres años, con el 2018 como base, el Gobierno federal se ahorra 300 millones de pesos al no utilizarlo.
“Nos estamos ahorrando más de 300 millones de pesos al no utilizar esta aeronave entonces estos recursos son muy valioso muy valioso en este momento”, detalló.
Luego de que la declaración de Emilio Lozoya sacara a la luz el financiamiento que Nacional Financiera otorgó a un diario nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se subió al tema y dijo que en los sexenios anteriores se usó a la banca de desarrollo “de manera muy irregular”.
Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Son seis las entidades que conforman la banca de desarrollo mexicana y la mayoría de ellas acumula en el registro de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) diversas anomalías en su funcionamiento, incluso en casos sensibles, por ejemplo, en el caso del dinero para las víctimas de los sismos de 2017.
La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se auditará a esos organismos por su participación en presuntos casos de corrupción. El tema salió por el financiamiento que recibió un diario nacional en 2014.
“Por primera vez se va a llevar a cabo una auditoría a toda la banca de desarrollo, porque en todo esto de Odebrecht, en lo de los fertilizantes, en todo, se utilizó a la banca de desarrollo de manera muy irregular, discrecional, se ordenaba de arriba dar los créditos; también en la Financiera Rural, lo que era antes Banrural. Entonces, vamos a hacer una auditoría”, comentó en su conferencia matutina del 9 de septiembre.
Nacional Financiera fue el la causa por la cual la Banca se colocó en el centro del discurso presidencial. Foto: Nafin
El Presidente agregó que de esas entidades financieras salieron los créditos para la planta de Odebrecht de Etileno XXI, “y antes de que empezaran a operar la planta ya les estaban devolviendo IVA, y con la devolución del IVA pagaron el crédito. Muy extraño. Cuando pedí que se investigara, resultó que era legal. No, los tecnócratas era magos, se suponía que era un estímulo a la inversión”.
Por el “influyentismo”, dijo, esos créditos no llegaron a las pymes o a una pequeña o mediana empresa.
La ASF tiene observaciones de los últimos 10 años de Nacional Financiera (Nafin), Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército).
De acuerdo con una revisión hecha por SinEmbargo, son esas las dependencias que acumulan más anomalías, principalmente deficiencias de información, reembolsos perdidos, supervisiones deficientes y el otorgamiento de créditos sin expedientes legales que los sustentaran.
Estos son algunos ejemplos relacionados con el otorgamiento de financiamiento.
En primer lugar, Bansefi en la asignación y recuperación de créditos, otorgó 21 créditos que no contaron con un expediente, además de que la ASF no encontró evidencia de la entrega del expediente de otros 103 créditos, por 3 milllones 927 mil pesos, que rebasaron los 90 días naturales de vencidos. Esto en 2015.
El caso más polémico de Bansefi, relatado por la ASF es sobre los apoyos para los damnificados por los Sismos del 7 y 19 de Septiembre de 2017, actividad que le fue encomendada junto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de Rosario Robles.
El manejo de los créditos por parte de ambas dependencias provocó que no se contara con un número definitivo de damnificados por los sismos, por lo que tampoco se pudo programar y priorizar los apoyos para la reconstrucción de las viviendas afectadas.
“Al 31 de diciembre, el Bansefi había dispersado el 92.4 por ciento (5 mil 917 millones 815 mil pesos) del monto en 238 mil 311 tarjetas FONDEN monetario y de Vivienda, sin que ello significara que el monto y las tarjetas hubieran sido entregados al beneficiario […] los damnificados no accedieron de forma eficiente, oportuna y completa a los recursos del FONDEN, ministrados por el Bansefi para reconstruir los daños parciales o totales causados a sus viviendas, debido a la ausencia de disposiciones normativas para regular el servicio de dispersión de recursos”, concluyó la ASF.
Banobras guarda varios capítulos de presunta corrupción del financiamiento de infraestructura. Foto: Cuartoscuro.
No solo fue eso, en cuanto a la fabricación de tarjetas, en 2017, Bansefi dispuso de 341 mil 794 tarjetas, de las cuales el banco encargado de manejarlas recibió 500 solicitudes de aclaraciones por cargos no reconocidos, por un monto de 3 millones 726 mil pesos.
En el caso de Banobras, lo que encontró la ASF fue con relación al dinero de los fideicomisos para infraestructura. Banobras, como fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), no realizó un seguimiento de la rentabilidad monetaria obtenida de los proyectos y fondos de inversión.
Además, se encontró que las decisiones del ejercicio de los recursos reposan únicamente en los integrantes de su Comité Técnico, que no están bajo ninguna regulación gubernamental, por lo que se tienen anomalías en los aprovechamientos, sobre todo por la explotación de las concesiones carreteras, que es dinero que debería recibir el Gobierno federal.
En 2017, el Fonadin presentó un déficit patrimonial de 117 millones 592 mil pesos. Ese mismo año la ASF detectó que realizó indebidamente pagos al prestador de servicios de personal por outsourcing, por un monto de 1 millón 679 mil pesos, por concepto de liquidaciones, aun cuando dicha obligación estaba a cargo de la empresa contratada.
En lo que respecta a Nafin, de acuerdo con la ASF, ésta no contó con metas y objetivos para evaluar el desempeño de sus propias inversiones y en 2019 modificó sus indicadores para sus metas en la Agenda 2030; de la validación de la documentación comprobatoria de los reembolsos, únicamente se verificó el destino del crédito en 85 por ciento de los casos y además, carece de la definición de criterios y requisitos que deben cumplir los acreditados para ser sujetos de periodos de gracia, renovaciones o reestructuras.
Bancomext otorgó créditos durante 2017 por un monto de 185 millones 959 mil pesos, sin tener la evidencia suficiente de que fueron autorizadas por los comités facultados, ya que las actas de las sesiones de estas instancias de decisión no tenían las firmas requeridas.
Para 2017, el banco de comercio exterior carecía de una política o procedimiento específico para la identificación y la gestión de riesgos de corrupción de sus procesos sustantivos.
Finalmente, en lo que respecta a Banjército, la ASF encontró que apenas en 2018, en dos créditos de cartera vencida, por 3 mil 801 millones 053 mil pesos no se identificó que las disposiciones realizadas por las acreditadas implicaban un riesgo en la recuperación de
los recursos en 2017.
Las deudas económica y legal de OHL por el Viaducto Bicentenario se acumulan en el Estado de México. Para el abogado Paulo Díez Gargari, su débito con la banca de desarrollo es insostenible mientras que, en la opinión del Diputado local Faustino De La Cruz, el adeudo también es con la ciudadanía y el Estado de derecho, en tanto que las redes de corrupción y la falta de voluntad política continúan minando la impartición de justicia.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- Al margen de los presuntos actos de corrupción entre OHL (hoy Aleatica) y el Gobierno del exgobernador mexiquense (2005-2011) Enrique Peña Nieto, de que Aleatica no tiene derecho de explotar el Viaducto Bicentenario y que la concesión que mantiene desde 2008 –hasta el año 2038– debería ser revocada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la 4T, existe una incapacidad financiera por parte de la empresa para cubrir la deuda bancaria derivada de la construcción de la vía sobre uso de suelo federal.
De acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari, quien mantiene un proceso legal en contra de Aleatica desde hace más de una década, los problemas relacionados con los créditos del Viaducto Bicentenario implican conflictos de interés y corrupción desde el Gobierno del Estado de México, además de mentiras al mercado financiero y esquemas de fraude por parte de la empresa, que continúan al amparo de autoridades locales y federales.
“Todo conecta y todo da la vuelta. Son las mismas personas que andan en un lado y en el otro, siempre con ésta falsa apariencia de pulcritud, de legalidad y de corrección”, explicó en conferencia de prensa, para dar a entender que la puerta giratoria del peñanietismo permitió la extensión de créditos a sabiendas del riesgo de impago.
Por un lado, el banco de inversión Vace Partners, fundado en 2009 por Alfredo Vara Alonso, quien fuera director general de Banobras entre abril de 2017 y diciembre de 2018, actuó como asesor financiero para la elaboración del financiamiento crediticio del Viaducto Bicentenario en 2009-2010.
Por otra parte está Alonso García Tamés, quien fuera director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) (2007-2011) en la época (2010) en que fueron otorgados los créditos del Viaducto Bicentenario y quien actualmente se desempeña como director general y representante en México del fondo de inversión canadiense CDPQ, que “es dueña del 45 por ciento del Circuito Exterior Mexiquense”.
El Viaducto Bicentenario es una vía de comunicación que Aleatica ha explotado por años sin una concesión del Gobierno federal gracias a la corrupción del peñanietismo. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.
Además de los posibles conflictos de interés y del amañe para conceder los créditos a Aleatica, están las consecuencias financieras del impago.
“Ni siquiera asumiendo que ellos tuvieran un derecho válido para explotar esa autopista, Aleatica está en posibilidad de pagar a su vencimiento, que es en el 2024, los créditos bancarios obtenidos” en su mayoría, a través de Banobras y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), comentó Díez Gargari.
Lo importante del caso, en la opinión del litigante, “es identificar que no estamos frente a actos de corrupción aislados, sino que son actos ejecutados por una red muy sofisticada de corrupción que estaba encabezada por Enrique Peña Nieto, y de ahí para abajo, y que tenía como uno de sus principales socios y aliados a Aleatica, en cuyo Consejo de Administración estaba, entre otros, Emilio Lozoya Austin”. Una red desde la cual “se financiaron no sólo las campañas políticas del PRI en el Estado de México y la presidencial del 2012, sino con la que también se pagaron sobornos a servidores públicos en España por la adjudicación de aquél proyecto ferroviario del Tren Móstoles-Navalcarnero, e incluso, para hacer pagos ilegales al Partido Popular“.
EL ENDEUDAMIENTO
Las cifras recabadas por Paulo Díez Gargari arrojan que la subsidiaria de Aleatica, Viaducto Bicentenario S.A. de C.V., tenía una deuda registrada de 5 mil 891 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019. De dicha cantidad, 4 mil 469 millones pertenecen a créditos de Banobras (1 mil 422 mdp) y del Fonadin (3 mil 47 mdp).
“El crédito del Fonadin es subordinado. […] Es decir que se paga después de que se hayan pagado los créditos de los otros acreedores. De modo que hoy está clarísimo, no es una suposición, no es una expectativa… Hoy sabemos con certeza, que por lo menos ese crédito del Fonadin no se va a pagar a su vencimiento. Y es muy probable que los otros dos tampoco puedan pagarse en su totalidad”, aseguró Díez Gargari.
La falta de posibilidades de pago y de cumplimiento es grave porque el monto a cargo de crédito genera intereses que no son baratos, debido a las elevadas tasas de pago. Sólo en 2019, según lo que registró Aleatica en sus estados financieros, el costo de los intereses fue de 700 millones de pesos.
“Haciendo un cálculo […] con base en el saldo insoluto de lo que hoy se debe y los intereses que generan estos créditos, el monto aproximado de intereses […] que estos señores tendrían que pagar en el periodo 2020-2024 es como de 2 mil 700 millones de pesos”, explicó Díez Gargari.
El adeudo con intereses (5 mil 891 mdp) al corte del 31 de diciembre de 2019, más el adeudo que generará ( 2 mil 700 mdp) en los siguientes años hasta 2024, da un total aproximado a pagar de 8 mil 591 millones de pesos. En ese sentido, el abogado señaló que el problema es que los ingresos generados por Aleatica, a través del pago de cuotas de peaje, no es ni será suficiente para cubrir sus deudas con la banca de desarrollo de México. Al respecto dio cifras.
En 2019, Aleatica reportó ingresos por 1 mil 38 millones de pesos en cuotas de peaje. Y durante el primer semestre de éste año, los ingresos reportados por dicho concepto ascendieron a 271 millones de pesos.
La crisis por la pandemia de COVID-19 golpeó el flujo de ingresos de la compañía por lo que, de acuerdo con los cálculos de Díez Gargari, “si bien les va, en un escenario muy optimista, en todo 2020 podrán llegar a tener ingresos como de 600 millones de pesos”.
Si consideramos que a partir de 2021 Aleatica recuperará su nivel de ingresos por peaje previo a la crisis sanitaria a nivel nacional, explicó el litigante, la compañía podría juntar ingresos máximos por 5 mil 500 millones de pesos de aquí a 2024, año en que vencen los plazos de pago de los créditos contratados en 2010.
A ese dinero habría que restarle la contraprestación que Aleatica le tiene que pagar al Gobierno del Estado de México y que es equivalente al 0.5 por ciento de los ingresos (o a 27.5 mdp). Además están el pago de impuestos, los gastos operativos y de mantenimiento menor y mayor de la infraestructura vial.
“Lo que nos quede, que no van a ser 5 mil 500 millones de pesos, sino un monto sustancialmente inferior, probablemente 4 mil millones de pesos, habrá que aplicarlo a una deuda que para entonces va a sumar 8 mil 591millones de pesos, que es la suma de los 5 mil 891 millones de pesos que tienen de saldo, más los 2 mil 700 millones de pesos de intereses”, indicó Gargari.
Fuente: Paulo Díez Gargari.
De no pagarse el monto debido, considerando que el Gobierno del Estado de México no tiene obligaciones legales con Aleatica, el riesgo de la compañía en el proyecto “es el riesgo de la demanda: que si no hay suficiente tráfico, pues entonces lo único que procedería es una ampliación de la concesión, pero que si llegado el vencimiento de la concesión y de sus prórrogas no se hubiera recuperado, pues tendrían que devolver la concesión”.
Para Díez Gargari, la primera irregularidad en esta situación es que Aleatica, pese a su incapacidad de pago, “no le informa nada al mercado” sobre la necesidad de reestructurar la deuda. En ese sentido, dijo que la otra opción de la compañía es solicitar al Gobierno mexiquense la ampliación de la concesión y una autorización para aumentar el precio de las tarifas de peaje.
Sin embargo, el abogado mencionó que esto último –la ampliación y el aumento– no es factible porque, para empezar, no hay concesión federal, y segundo, si la Administración de Alfredo del Mazo Maza lo hiciera, “va a terminar en la cárcel antes de que termine su periodo como Gobernador del Estado de México. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en ésta autopista no se ha autorizado ningún aumento de tarifa. […] Ni siquiera se le autorizó el incremento en función de la inflación de éste año, porque nadie está dispuesto, mientras esto no se resuelva, y esto será judicializado pronto por la Fiscalía General de la República, […] a meterle mano”.
AVANCES Y RIESGOS
Paulo Díez Gargari asegura que “lo más que han hecho hasta ahora las autoridades, en una actitud indolente de la SCT federal, pues es, con su inactividad y su silencio, permitir que estos señores sigan percibiendo un ingreso que no tienen derecho a cobrar”.
En la actualidad, Aleatica está en proceso de constitución de una Fibra E, que es un mecanismo financiero para atraer inversión pública o privada, para impulsar su proyecto de la Autopista Urbana Norte que conecta con el Viaducto Bicentenario, pero en territorio capitalino.
La preocupación de Díez Gargari al respecto es que, aunque Aleatica no tiene derecho de cobro ante el Gobierno de la Ciudad de México, “sin embargo, en sus estados financieros, registran un pasivo a cargo de la Ciudad de México como por 14 mil millones de pesos”.
El riesgo de dicha situación es grande, ya que si Aleatica constituye su Fibra E, podría tratar de “vender certificados a nuestras Afores, involucrar y emboletar allí a los trabajadores, blindar el proyecto y complicar que se les pueda aplicar la ley”.
No obstante, así como hay piedras en el camino, existen elementos para decir que las denuncias públicas han surtido efecto.
De acuerdo con el Diputado local morenista Faustino De La Cruz, el trabajo legislativo en torno al caso del Viaducto Bicentenario fue acotar las prerrogativas de concesión de Aleatica, que obtenía beneficios a través de negociaciones “en lo oscurito para tener canonjías”.
El legislador dijo a SinEmbargo que hubo modificaciones al “Artículo 17 del Código Financiero para que se acote el tiempo de la concesión y pueda ya determinarse de que, una vez que la empresa ha recuperado su inversión, pues el Gobierno pueda decidir convertirla en una vía estatal o concesionarla a otra empresa”.
El problema, dijo, es que “no hay voluntad del Gobernador de transparentar el manejo y acuerdo de éstas concesiones”. Además falta que otras instancias, como el Poder Judicial, la SCT o las unidades de inteligencia financiera, trabajen en conjunto para evitar que éste tipo de abusos tengan lugar.
En ese sentido, De La Cruz refirió que Aleatica “violenta los derechos” de la ciudadanía porque no tiene los derechos de vía y “en consecuencia, en términos generales, están explotando un bien público federal, están obteniendo una ganancia económica, pero en detrimento de un derecho que corresponde a todos los mexicanos”.
Para el legislador por Ecatepec, los problemas relacionados con el Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario y la Autopista Amozoc-Perote fueron orquestados por Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza y Luis Videgaray Caso para “perpetuarse en el poder”.
Por su parte, el abogado Díez Gargari mencionó que hubo avances en varios frentes.
“Hemos logrado sacar varios de estos asuntos de la competencia de la Subrocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, que es un área de la Fiscalía que sigue siendo propiedad de los peñanietistas desde donde protegen a estos señores, y varios de esos asuntos los hemos logrado enviar a la Fiscalía Anticorrupción, cuya competencia aparece mucho más natural y directa que la otra, y esos han empezado a avanzar”, explicó a SinEmbargo.
Más allá de los avances y los cambios de legislación, el Diputado De La Cruz dijo que “para que no sucedan casos como estos hay que aplicar la ley. Segundo, que la Unidad de Inteligencia [Financiera federal] siga investigando a fondo y ponga al descubierto ante la opinión pública éstos enormes fraudes, ésta enorme corrupción” y que, también en éste caso, las auditorías superiores de fiscalización estatal y federal hagan lo propio.
Lo otro, abundó, es que “necesitamos los ciudadanos intervenir en la vida pública a través de la decisión en la urna, el ir quitando los gobiernos. […] Los mexicanos tenemos que exigir, pero también demandar a través de nuestro voto razonado. Y hoy creo que los mexiquenses tenemos y tienen la oportunidad de que en el 2023 acabemos con el Grupo Atlacomulco; y desde luego, llegando a ello, no por persecución, […] abrir los archivos […] porque allí está lo más putrefacto de la corrupción, de las complicidades para imponer gobiernos”.
De probarse las irregularidades y actos de corrupción ligados a casos como el del Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario, la Autopista Amozoc-Perote y la planta Etileno XXI que involucra indirectamente a Aleatica, no sólo existe la posibilidad de revocar las concesiones, sino además, la posibilidad de que Aleatica pierda las obras e instalaciones en beneficio de la Nación sin reparación alguna, además de una pena de hasta 12 años de prisión para los responsables, concluyó Díez Gargari.
“Se tiene un avance con uno de los oferentes en términos y condiciones de compra-venta se recibió ya un depósito de un millón de dólares el lunes pasado”, señaló Jorge Mendoza, director de Banobras.
Ciudad de México, 27 de julio (Economía Hoy).- Jorge Mendoza Sánchez, director del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), dio a conocer que hay dos potenciales compradores del avión presidencial “José María Morelos y Pavón”, y que uno de estos interesados incluso ya hizo un depósito por un millón de dólares.
Mendoza participó en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta mañana se realizó frente a la aeronave.
“Nos encontramos al día de hoy con dos potenciales compradores; la semana pasada, el avión concluyó su estancia en Victorville y el proceso continuará en territorio nacional”, declaró el director de Banobras.
“En cuanto a las dos ofertas, se tiene un avance con uno de los oferentes en términos y condiciones de compra-venta se recibió ya un depósito de un millón de dólares el lunes pasado”, señaló Jorge Mendoza.
El funcionario indicó que los costos de preservación del avión en Estados Unidos ascendieron a 1.7 millones de dólares (alrededor de poco más de 37 millones de pesos).
El director de Banobras comentó que el avión se encuentra en mejores condiciones que bajo las que se entregó a la actual administración, y prometió que “no se malbaratará”.
“El avión cuenta con más de mil 072 horas de vuelo; el presidente nos dio la instrucción de vender el avión en las mejores condiciones a través de las mejores prácticas, que se hiciera en un proceso transparente y se observen las directrices en materia de normatividad, austeridas, y también del uso eficiente de los recursos públicos”, expresó Mendoza, “Siempre se ha contado con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y un precio de venta que ningún caso sea menor al valor de mercado”.
FUE UN INSULTO AL PUEBLO
Durante su intervención, López Obrador dijo que el avión presidencial “es tan grande, tan grande, que las personas se ven pequeñas”.
“Claro que la grandeza de las mujeres y hombres se mide de la cabeza al cielo, pero sí es monumental, faraónico”, agregó el primer mandatario, “Desde luego, es un insulto al pueblo de México, habiendo tanta necesidad y tanta pobreza este luego.
El Presidente de la República recordó que la aeronave fue adquirida rumbo al final del sexenio de Felipe Calderón y utilizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Durante la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que el avión tipo Boeing 787-8 recibió el trabajo de preservación en Victorville, Estados Unidos, el cual calificó como “la sede más importante de mantenimiento y operación de Boeing”.
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- El mantenimiento del avión presidencial “José María Morelos y Pavón” tuvo un costo total de 1.7 millones de dólares, informó esta mañana el titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza.
Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario aseguró que luego de un año y siete meses en los que estuvo fuera de territorio mexicano, la aeronave se encuentra en perfectas condiciones.
Durante la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que el avión tipo Boeing 787-8 recibió el trabajo de preservación en Victorville, Estados Unidos, el cual calificó como “la sede más importante de mantenimiento y operación de Boeing”.
“El avión se encuentra en territorio nacional, podrán atestiguar que se encuentra en perfectas condiciones. Se ha hecho un gran trabajo de preservación y mantenimiento. Transcurrido un año y siete meses se encuentra en mejores condiciones a como lo recibimos”, expuso.
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La aeronave fue supervisada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mientras permaneció en el extranjero y cuenta con mil 702 horas de vuelo.
Mendoza precisó que tiene todas las certificaciones de mantenimiento y operación por parte del fabricante y afirmó que no se va a malbaratará pese a que la administración pasada no lo entregó en las mejores condiciones.
Agregó que se cuenta con el asesoramiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que no se venda en un precio menor al del mercado.
“El Presidente nos dio la instrucción de vender el avión en las mejores condiciones, que se hiciera un proceso transparente y se observen las directrices en materia de normatividad de austeridad y también del uso eficiente de los recursos públicos”, comentó el titular de Banobras.
Por último, dijo que se han recibido propuestas de 42 potenciales compradores de 16 países, pero actualmente se encuentran en negociaciones con dos de ellos.
Al respecto, anunció que uno de los interesados en la adquisión del “José María Morelos” envió un depósito de un millón de dólares.
“Si se llega a completar la firma de compraventa Se tendrán que llevar inspecciones para posteriormente hacer un cierre de operación”, finalizó.
OFERTA DE 120 MDD Y EQUIPO MÉDICO POR EL AVIÓN
El Gobierno de México informó el pasado 13 de julio que tiene encima de la mesa una sólida oferta de compra de 120 millones de dólares para el avión presidencial, que está en venta desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador porque lo considera demasiado lujoso.
“En cuanto al avión presidencial, recibimos una oferta en abril, que está en curso, por 120 millones de dólares, que es aproximadamente 2 mil 697 millones de pesos”, explicó en conferencia de prensa el titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza.
El funcionario explicó que la oferta es “en efectivo” y que una “parte” de lo ingresado estaría destinada a la compra de equipo médico para afrontar la crisis del coronavirus SARS-CoV-2, que en el país ha dejado más de 35 mil muertos y casi 300 mil contagios.
“Por confidencialidad en este punto del proceso, no podemos dar mayores detalles”, expresó Mendoza, quien a finales de 2018 recibió el encargo de López Obrador de vender las aeronaves del Gobierno dedicadas al traslado de altos funcionarios.
Según las autoridades, están pendientes algunas inspecciones técnicas para la venta de la aeronave y, en caso de que no se cerrara la transacción, hay otras dos ofertas sobre la mesa.
El titular de Banobras explicó que también hay una oferta por la segunda aeronave más lujosa del Gobierno, un Gulfstream G-550, por el cual ya se recibió un depósito de 2.5 millones de dólares, aunque no dio más detalles.
Hoy, la CNDH destacó que la construcción de esa vialidad también causó la muerte de dos personas más, una de las cuales perdió la vida al circular en motocicleta y ser golpeada por un cable de luz de alta tensión suelto, y la otra cayó de un paso peatonal sin barandal ni señalamiento de peligro alguno.
“El socavón no es un mero accidente, sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada, por la SCT, Banobras y las empresas involucradas”, dijo este miércoles Enrique Guadarrama, segundo visitador general de la CNDH, al presentar la recomendación.
Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de las irregularidades en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, por lo que tiene también responsabilidad en el socavón que dejó dos muertos en julio de 2017. Destacó que en la obra hubo negligencia y posible corrupción.
“La CNDH determinó, mediante investigaciones y pruebas periciales exhaustivas, que la SCT es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, donde se formó un socavón en que perecieron dos personas”, dijo hoy el organismo en un comunicado.
Informó que entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral en la carpeta de investigación que integra. También anunció que solicitará a la Secretaría de la Función Pública que investigue el caso de manera integral y no dispersa, basada en todos los componentes que provocaron la falla, tanto de las empresas como de las personas servidoras públicas involucradas. Recordó que hasta el momento sólo 9 servidores públicos han sido sancionados en materia administrativas.
“El hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas”, dice el documento.
El 12 de julio de 2017, un automóvil donde viajaban Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre e hijo de 56 y 30 años, cayó en el agujero de cinco metros que se formó en el kilómetro 93 del Paso Exprés. Ambos murieron.
Hoy, la CNDH destacó que la construcción de esa vialidad también causó la muerte de dos personas más, una de las cuales perdió la vida al circular en motocicleta y ser golpeada por un cable de luz de alta tensión suelto, y la otra cayó de un paso peatonal sin barandal ni señalamiento de peligro alguno.
“El socavón no es un mero accidente, sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada, por la SCT, Banobras y las empresas involucradas”, dijo este miércoles, Enrique Guadarrama, segundo visitador general de la CNDH, al presentar la recomendación.
Detalló que el organismo acreditó que hubo falta de planeación e irregularidades en el diseño del libramiento; así como en la licitación, la contratación de empresas y un posible esquema reiterado de alteración administrativa.
“Del caso se desprenden elementos e indicios de un posible esquema de corrupción que la comisión nacional pide se investigue por las autoridades competentes en los ámbitos penal y administrativo”, dijo Guadarrama.
La CNDH consideró importante que se siga la cadena de mando en las investigaciones.
“Es importante que las autoridades competentes para investigar esta situación en lo administrativo y en lo penal consideren lo que hemos llamado como cadena de mando administrativo. Para que no quede sólo en la cuestión de los servidores públicos del director general o director de área, sino que se investigue a todos”, recalcó Guadarrama.
La CNDH consideró importante que se siga la cadena de mando en las investigaciones por la muerte de dos personas en 2017 en un socavón en el Paso Exprés. Foto: Cuartoscuro
Indicó que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) otorgó para la obra irregular; mientras, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) no informó de los puntos de afectación en la zona ni realizó visitas de verificación.
Respecto del posible esquema de corrupción de Banobras y la SCT, la CNDH destacó que pudo observar irregularidades en la ejecución de la obra, en el proceso de licitación y la contratación con las empresas, que generaron alza de 67.94 por ciento en el costo previsto de mil 134 millones 215 mil 941pesos; así como el aumento de siete meses en el tiempo de ejecución, sin la autorización de la Función Pública.
Entre otras recomendaciones, la CNDH solicitó al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, que en coordinación con Banobras, Conagua, el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca reparen el daño a las víctimas directas e indirectas de las cuatro personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; se ofrezca disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos junto con otras instituciones financieras participaron en la apertura del crédito a OHL por 6 mil 475 millones de pesos, el cual tiene un plazo inicial de 10 años para pagarlo y puede ser prorrogable por un máximo de 20 años.
El crédito es para financiar parcialmente la construcción y puesta en operación de la autopista Atizápan-Atlacoumulco en el Estado de México, la cual le fue concesionada en 2014 y su inicio de operaciones entraría en 2016, pero por la obtención del derecho de vía se hicieron ajustes al trazo.
De acuerdo con las Bases Generales del Concurso en el que se entregó la concesión por 30 años para construir y operar la autopista, la propuesta que ganaría sería la que presentara el mayor monto en el concepto de Pago Inicial. Ideal, que es propiedad de Carlos Slim Helú, ofreció 80 millones de pesos más que OHL, pero la SCT falló a favor de esta última.
Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- OHL firmó un crédito por 5 mil 310 millones de pesos a un plazo de 10 años con el objetivo de financiar parcialmente la construcción y puesta en operación de la autopista Atizápan-Atlacoumulco en el Estado de México, la cual le fue concesionada en 2014 y su inicio de operaciones entraría en 2016, pero por la obtención del derecho de vía se hicieron ajustes al trazo.
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) junto con otras instituciones financieras participaron en la apertura del crédito a OHL, el cual tiene un plazo inicial de 10 años para pagarlo y puede ser prorrogable por un máximo de 20 años y a una tasa de interés equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio más un margen financiero creciente de entre 275 y 350 puntos base durante los primeros ocho años del crédito.
“Dicha operación se llevó a cabo entre su subsidiaria AT-AT y un sindicato de bancos conformado por Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander); Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Banobras); y Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, señaló el comunicado de la constructora enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Adicionalmente, se celebró otro contrato por un monto máximo de mil 165 millones de pesos con un plazo de dos años para financiar los requerimientos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del proyecto.
La autopista Atizapán-Atlacomulco, en el Estado de México, fue concesionada en 2014 y se tenía prevista entrara en operación en 2016, pero debido a la obtención del derecho de vía, se tuvieron que hacer ajustes al trazo, lo que retrasó la obra.
De acuerdo con las Bases Generales del Concurso en el que se entregó la concesión por 30 años para construir y operar la autopista, la propuesta que ganaría sería la que presentara el mayor monto en el concepto de Pago Inicial. Promotora de Desarrollo de América Latina (Ideal), que es propiedad de Carlos Slim Helú, ofreció 80 millones de pesos más que OHL, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) falló a favor de OHL.
Eso revelaron los documentos difundidos por el abogado Paulo Díez Gargari.
Muestraron, además, que Ideal ofreció un pago inicial al Gobierno federal por 610 millones de pesos, mientras que OHL pujó con 530 millones de pesos.
En la base de licitación se estableció que ese era el criterio que decidía la adjudicación de la obra, por lo que Ideal habría tenido que ser declarada como Propuesta Ganadora. La de Ideal era una inversión de 6 mil 699 millones de pesos, mayor en 840 millones de pesos de lo que ofreció OHL.
De acuerdo con Díez Gargari, una mayor inversión significaba mejor calidad de la infraestructura, era una garantía de que la obra no costaría más al usuario y tampoco daría lugar a un mayor plazo de concesión.
Además, la empresa propiedad de Carlos Slim, ofreció aportar el 80 por ciento de la inversión como capital propio, mientras que OHL ofreció sólo el 52 por ciento, cuando una mayor cantidad de capital propio es igual a menos crédito otorgado.
Y sobre las tarifas de cuota, la de Ideal era de 140.60 pesos, 5 por ciento inferior a la de OHL, que era de 148 pesos.
La concesión comprende el derecho y la obligación de llevar a cabo todas las actividades necesarias para construir, operar, explotar, conservar y mantener la Autopista; el derecho para el uso y aprovechamiento del Derecho de Vía, los permisos y autorizaciones necesarios para prestar los servicios auxiliares, y el conjunto de actividades que la concesionaria estará obligada a llevar a cabo en los términos que establezca el título de concesión.
Fueron 28 empresas las que se mostraron interesadas; tres presentaron propuestas y 11, una carta de disculpa.
El pasado 21 de agosto, OHL México anunció el aumento de tarifas del Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, que para el caso del primero fue de hasta casi 20 por ciento.
A la fecha, OHL México opera siete autopistas de peaje y tiene 49 por ciento de participación en la concesión del aeropuerto de Toluca.
A través de un punto de acuerdo, los senadores Mario Delgado, Zoé Robledo, David Monreal y Manuel Merino, afiliados a Morena, presentaron evidencia de la Auditoría Superior de la Federación donde se intenta mostrar que Alfredo del Mazo, durante su gestión al frente de Banobras, le facilitó más de 500 millones de pesos al gobierno de Javier Duarte para obras fantasmas, lo cual generó un quebranto para el erario público.
Una investigación de SinEmbargo difundida la semana pasada reveló que en los dos años que Del Mazo estuvo al frente de ese banco se gastaron ahí 2 mil 605 millones 810 mil 431 pesos en juicios de demandas, fiestas de día de muertos, publicidad, uniformes, regalos, software, deportes, autos, camionetas, árboles de navidad, cortinas y renta de instalaciones, de acuerdo con los 889 contratos públicos disponibles en el POT.
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– Senadores afiliados al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar y sancionar la presunta responsabilidad de Alfredo del Mazo Maza, candidato del PRI al gobierno del Estado de México, por la entrega de recursos al gobierno de Veracruz para financiar obras fantasmas cuando él era director de Banobras.
El priista Del Mazo llegó a la dirección del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) el 7 de diciembre de 2012.
Dos investigaciones de SinEmbargo revelaron que en los dos años que Del Mazo estuvo al frente de ese banco se gastaron ahí 2 mil 605 millones 810 mil 431 pesos en juicios de demandas, fiestas de día de muertos, publicidad, uniformes, regalos, software, deportes, autos, camionetas, árboles de navidad, cortinas y renta de instalaciones, de acuerdo con los 889 contratos públicos disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
En 2014 Alfredo del Mazo otorgó cuatro contratos a otro ex Gobernador, al de Chihuahua, César Duarte Jáquez, hoy prófugo de la justicia. Los montos eran por un total de cuatro mil 285.3 millones de pesos, cuando era titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Derivado de esos créditos, la administración de Chihuahua aumentó la deuda pública en más del 80 por ciento.
Además de los préstamos, ese año, la dependencia encabezada por Del Mazo Maza también otorgó al Gobierno de Duarte Jáquez una garantía de Pago Oportuno que, de acuerdo con un boletín difundido por el Instituto Técnico para el Desarrollo de las Haciendas Públicas, permitió al chihuahuense una “mejora en sus calificaciones” crediticias.
A través de un punto de acuerdo, los senadores Mario Delgado, Zoé Robledo, David Monreal y Manuel Merino presentaron evidencia de la ASF, donde se demuestra que Alfredo del Mazo, durante su gestión al frente de Banobras, le facilitó más de 500 millones de pesos al gobierno de Javier Duarte de Ochoa para obras fantasmas, lo cual generó un quebranto para el erario público.
“De los 10 proyectos revisados, sólo tres se concluyeron. De los siete restantes, cuatro fueron obras fantasma, es decir, Banobras utilizó, autorizó la transferencia de recursos pero las obras no existen”, acusaron.
“Tres de los proyectos resultaron inconclusos y la aplicación de los recursos, en su mayoría, no pudo ser comprobada”, mencionaron en el punto de acuerdo.
El Senador Mario Delgado informó que de acuerdo a datos de la misma Auditoria Superior en los proyectos financiados en 2013 al Gobierno de Veracruz, se encontraron escandalosas irregularidades.
“Cuando Alfredo del Mazo era director general de Banobras, se autorizaron 505.9 millones de pesos para cinco proyectos de infraestructura, de más de 500 millones de pesos de la Auditoría Superior de la Federación que audita en 2013 determinó, sólo se comprobó la aplicación en 2013 de 500 millones, sólo aplicaron 123.7 millones de pesos, los restantes 382.2 millones no pudieron ser comprobados porque se trata de tres obras fantasmas y dos proyectos que nunca se concluyeron”, comentó.
El Senador Mario Delgado dio a conocer que cuando la ASF revisó la obra de las bodegas del DIF veracruzano en el Museo de Transporte en Xalapa, financiado con recursos autorizados por Banobras en la era Del Mazo, se encontró un predio abandonado utilizado como estacionamiento. Mientras que cuando visitó el lugar donde supuestamente se haría la ampliación del Planetario del Museo Interactivo de Xalapa., la ASF encontró solo áreas verdes.
“Las observaciones que hace la Auditoria Superior nos demuestran que a pesar de que el Gobierno Federal desde 2013 ya sabía de los desvío de Duarte; no les importó y por el contrario a través de Alfredo del Mazo le suministraron recursos por más de 500 mdp para obras fantasma”, declaró el legislador de Morena.
En el punto de acuerdo, los senadores afiliados a Morena señalaron que en agosto de 2013 Banobras suscribió un contrato de crédito con Rotary Drillrigs International (Rodisa) por 91 millones 493 mil 914 dólares. Empresa en la que el accionista mayoritario es Oscar Fernández Luque, quien fue Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Huixquilucan en la gestión de Del Mazo y actualmente está prófugo.
“Este hecho sin duda representa un fraude, pues la empresa tenía menos de un año de constituida y aun así le dieron créditos. Lo que demuestra que Alfredo del Mazo utilizaba su puesto para hacer fraudes con sus amigos y ex empleados”, puntualizaron.
Los legisladores acusaron a Del Mazo de ser cómplice de Javier Duarte y de sus amigos causando un quebranto al erario.
[NdeR: El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]
EL DICHO: “A mi no me van a manchar con la corrupción de ustedes. Yo soy un hombre íntegro”. “Cada obra pública, cada licitación, cada obra pública se hará de manera transparente y de cara a la ciudadanía. Yo soy un hombre de valores, soy un hombre que siempre he sido honesto y recto” (Alfredo Del Mazo Maza, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, durante el debate político del martes 25 de abril de 2017).
EL HECHO: Alfredo Del Mazo asevera no estar vinculado a actos de corrupción. Sin embargo, el ex Alcalde de Huixquilucan ha sido señalado por sus contrincantes políticos, en diversas ocasiones, de estar involucrado en negocios opacos -con Grupo Higa y OHL, como indicó Josefina Vázquez Mota el 25 de abril- o de formar parte de un árbol genealógico “podrido” del Grupo Atlacomulco -como dijo Delfina Gómez durante el debate-. Además, existen pruebas que refieren que no es tan transparente como presume. Uno de esos casos nos remonta a la época (2012-2015) en que estuvo al frente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), tiempo en que, según el Portal de Obligaciones de Transparencia del Gobierno federal, habría otorgado, de manera directa (sin licitación pública), contratos a empresas señaladas por ser opacas. A pesar de los señalamientos y de los hechos, lo cierto es que Alfredo Del Mazo, hasta donde se sabe, no cuenta con procesos en su contra. Su único estigma, en ese sentido, está ligado a una investigación ocurrida en el año 2000 por un caso de presunto desvío de recursos, en el que él se habría visto beneficiado para estudiar en Harvard. Más allá de eso, lo único que lo persigue son acusaciones y cuestionamientos -lo que no quiere decir que sea inocente-.
#DichosyHechos dice que las acusaciones y las polémicas en que se ha visto involucrado el candidato tricolor, ponen en tela de juicio la integridad que el candidato ostenta tener. Por lo demás, la información oficial disponible hasta el momento no permite vincularlo, de manera legal u oficial, a un acto de corrupción. A continuación los hechos.
· El escándalo del 2000: Hace 17 años, Alfredo Del Mazo Maza formó parte de una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), por un presunto desvío de recursos en el año 2000, cuando fue beneficiario de una beca otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex), en calidad de empleado, con la finalidad de poder estudiar en Harvard. Según la averiguación previa 09/DAFMJ/2002 de la PGR, del Mazo habría recibido una beca por 257 mil 552 pesos por parte de Pemex, a escasos tres meses de estar laborando en la paraestatal, siendo que la normatividad interna señala que, para hacerse acreedor a esta prestación, es necesario acreditar tres años de servicio. Entre las inconsistencias del caso figuran: uno, el entonces director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, habría creado un puesto “fuera de cuadro” para Del Mazo, por lo que éste no era un “profesionista de planta” -otro requisito para merecer la beca-. Dos, en este caso estuvieron involucrados Juan José Domene Berlanga y Carlos Juaristi Septién, quienes en esa época eran señalados por el supuesto desvío más de mil 500 millones de pesos de Pemex, que habrían terminado en las arcas del Partido Revolucionario Institucional. Y tres, de acuerdo con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (disuelta en 2003), las autoridades de Pemex violaron varias disposiciones internas para favorecer a Del Mazo, siendo que sospechaba que al momento de obtener la beca, el priista aún no contaba con su titulo de licenciatura. Además, Pemex le concedió un permiso especial, con goce de sueldo y sin interrupción de su antigüedad como empleado -otra inconsistencia más-.
· Banobras: De 2012 a 2015, Del Mazo Maza ocupó la dirección de Banobras. De acuerdo con una revisión de SinEmbargo a los 889 contratos que la institución hizo públicos ante el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), en su primer año de administración, Banobras celebró 463 contratos por un monto de 934 millones 446 mil 488 pesos, de los cuales, sólo 10 no fueron entregados por Adjudicación Directa -dos fueron por licitación pública y el resto por invitación a tres personas-. Algunas de las empresas beneficiadas fueron: Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana Del Estado De México, señalada por no rendir cuentas (recibió más de 10 millones 776 mil 439 pesos); y Eolo Plus, la empresa de taxis aéreos de Grupo Higa, involucrada en casos como el de la “casa blanca” de la primera dama Angélica Rivera de Peña. Hasta aquí, que Del Mazo vaya a transparentar “cada obra pública, cada licitación”, no se ve claro.
· Grupo Higa: El 17 de abril de 2017, durante un evento político en Zinacantepec, Estado de México, Del Mazo fue cuestionado por haber entregado dos créditos a Juan Armando Hinojosa Cantú (propietario del consorcio Grupo Higa) a través de la compañía Autopistas de Vanguardia SA de CV, por un monto total de 4 mil 400 millones de pesos, para participar -junto con otros bancos- del financiamiento del proyecto de construcción de 38.7 kilómetros de la autopista Toluca–Naucalpan. En su defensa, Del Mazo aseveró que el “financiamiento para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca […] se autorizó en la administración del presidente Calderón y la directora de Banobras era Gerogina Kessel”. Por su parte, Abraham Zamora Torres, extitular de Banobras (2015), refirió que “a esta administración federal [la de Del Mazo] sólo le correspondió formalizar los créditos previamente autorizados”.
· Su “relación” con Duarte: En 2014, aún como director de Banobras, Del Mazo otorgó 794 millones de pesos a 45 municipios de Veracruz -estado entonces gobernado por Javier Duarte de Ochoa (2010-2016)-, para la construcción de obras de infraestructura del Programa Banobras-Fais 2014-2017. La financiación sería liquidada durante las administraciones de Duarte y de Del Mazo. A partir de que Duarte cayera en desgracia el año pasado, acusado de diversos delitos financieros, todos quienes sostuvieron relaciones con él fueron señalados. Prestos, los políticos comenzaron a distanciarse del ex Gobernador. Del Mazo no fue la excepción. Este año, tras publicarse una foto en la que aparece junto a Javier Duarte, Alfredo Del Mazo dijo en público que “no hay una relación de amistad, fue una relación institucional como director del banco […]. [L]o que hicimos fue trabajar con los gobiernos municipales”.
***
¿Verdad o mentira? VERDAD A MEDIAS. Que Alfredo Del Mazo Maza sea un hombre “íntegro” y “transparente” no queda claro. Los datos no permiten corroborarlo. A pesar de los múltiples señalamientos en su contra, la información disponible tampoco permite acusarlo -de manera oficial o legal- por cometer actos de corrupción.
Los reportajes publicados los días 24 y 25 de abril se basan en los 889 contratos públicos ubicados en el Portal de Obligaciones de Transparencia y que fueron aprobados en los años 2013 y 2014 por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), periodo en que Alfredo del Mazo Maza estuvo al frente de la Institución.
1.En ninguno de los dos trabajos se dice que Alfredo Del Mazo fuera el receptor de los gastos expuestos.
Se explica que fueron aprobados durante su administración y que en su mayoría fueron servicios de los que los trabajadores fueron los destinatarios.
Cada uno de los contratos en los que se basan las notas están disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT):
Todos los contratos ubicados ahí son públicos: el nombre del contratista, el objetivo del contrato, el monto, el tipo de licitación y la fecha en que se firma el contrato, así como las ampliaciones y modificaciones de monto que puedan darse.
2. Sobre el dicho de que los contratos y los gastos nunca fueron ejercidos de manera personal por Alfredo del Mazo, reitero que en los reportajes jamás se dice que él ejerciera ese dinero, sólo en el caso de la contratación de un servicio de transportación aérea con Eolo Plus por 10 millones 700 mil pesos, en el que el contrato público especifica que fue él uno de los que gozó del servicio.
3. Al menos dos reporteros de SinEmbargo han solicitado al equipo de Alfredo del Mazo su versión sobre distintos temas. No ha habido respuesta.
Pero, aprovechando la carta que envía el equipo de campaña de Alfredo del Mazo, se ratifica públicamente lo que ya se les dijo por vía telefónica: que las puertas de SinEmbargo están abiertas para el candidato del PRI. Han estado en SinEmbargo Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez; estará también Juan Zepeda. Alfredo del Mazo está cordialmente invitado a una entrevista con SinEmbargo en el momento que así lo quiera disponer. Seguramente será de enorme interés para los lectores de este medio.
De los 2 mil 605 millones de pesos que Banobras, en tiempos de Alfredo del Mazo Maza, gastó en publicidad, fiestas, deportes, ropa y abogados, el 18 por ciento fue para viejos conocidos. El punto de encuentro está en el Estado de México, la entidad que hoy el priista busca gobernar. A lo largo de su administración en ese banco de desarrollo mexicano, la que marcó el regreso del PRI a Los Pinos, se sumaron varios proyectos que fueron a dar a las manos de viejos amigos, y por adjudicación directa. En dos años al frente de Banobras, Del Mazo otorgó casi 500 millones de pesos a instituciones y empresas allegadas a él y a su partido político.
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– Alfredo del Mazo Maza llegó el pasado 19 de abril a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para participar en una convivencia con alumnos y personal de la institución. Cuando entró al Auditorio de esa institución, fue presentado como “el próximo Gobernador del Estado de México”.
Del Mazo Maza, quien es candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno del Estado de México –y miembro del Grupo Atlacomulco que ahora encabeza su primo, el Presidente Enrique Peña Nieto–, fue increpado al final por un individuo. Pero en general recibió aplausos y alabanzas de las autoridades de la UAEM.
Y es que la relación no se limita al acto al que Del Mazo asistió hace unos días, sino se remonta a los tiempos en que dirigió el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), de 2012 a 2015.
En 2013, por ejemplo, la UAEM recibió por tres contratos 423 millones 740 mil 929 pesos.
El primer contrato fue por 31 millones de pesos más una modificación realizada días después que costó 6 millones 200 mil pesos más.
Banobras pagó por un software que automatizara los procesos relevantes de la institución y su mantenimiento.
Luego vino otro contrato por 206 millones 111 mil 272 pesos para el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM, para la contratación del servicio de control, operación y soporte de tecnologías de la información y comunicaciones para Banobras de 2013 a 2017.
Finalmente, se celebró otro contrato por 180 millones 429 mil 657 pesos, para los “Servicios administrados de Red Lan, Red Inalámbrica y Telefonía IP para Banobras”.
Los tres contratos y la ampliación, fueron otorgados a la Universidad Autónoma del Estado de México por Adjudicación Directa.
El caso se repitió con el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, una empresa de seguridad privada que se formó y fortificó cuando el Presidente Peña Nieto era Gobernador del Estado de México. En los últimos años ha ido acumulando contratos de un alto costo con varias secretarías y órganos federales.
Del Mazo, a través de Banobras, le otorgó dos contratos por 31 millones 899 mil 980 pesos, también por Adjudicación Directa, el método más recurrente de contratación de Alfredo del Mazo.
MÁS MEXIQUENSES BENEFICIADOS
Una revisión realizada por SinEmbargo a los 889 contratos que son públicos en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) –los contratos para obras están bajo reserva–, revela que en el primer año de administración en Banobras de Del Mazo se celebraron 463 contratos por 934 millones 446 mil 488 pesos, de los cuales sólo 10 no fueron entregados por Adjudicación Directa. Dos fueron por Licitación Pública Nacional y el resto por Invitación a tres personas.
Para 2014, de 426 contratos fue un total de mil 671 millones 363 mil 943 pesos; 12 fueron por Invitación a tres personas, dos por Licitación Pública Nacional y el resto por Adjudicación Directa.
En el caso del Cuerpo de Vigilancia del Estado de México, el panista Carlos Madrazo Limón aseguró en 2011, cuando era Diputado federal, denunció a esta empresa por ser una organización policiaca que operaba sin rendir cuenta alguna.
Detalló también que la organización creció en el gobierno de Peña Nieto y con Luis Miranda Nava, hoy Secretario de Desarrollo Social, quien fungió como administrador.
Del Mazo pagó 10 millones 776 mil 439 pesos por los “servicios de seguridad y vigilancia, en los inmuebles propiedad o al servicio de Banobras, ubicados en el área metropolitana de la Ciudad de México, así como a los inmuebles Predio Salvatierra (San Ángel Inn) y México Lindo (Estado de México), para preservar en éstos, y en su caso restaurar, condic (sic)” [la explicación del contrato en el POT es lo único que especifica al respecto].
Luego, 10 millones 607 mil 338 pesos por el mismo requerimiento.
El resto del dinero pagado fue por modificaciones a los contratos, en los que se acordó modificar las cláusulas o incrementar el monto del contrato.
Luego, con un solo contrato, la que es considerada la “constructora favorita” de la actual administración, se hizo de 10 millones 700 mil pesos.
A Eolo Plus, la empresa de taxis aéreos de Grupo Higa, propiedad de Armando Hinojosa, se le contrató para el servicio de “transportación aérea ejecutiva nacional e internacional para el Director general, personal directivo, así como el presidente y presidente suplente del consejo directivo de Banobras. (ejercicios 2013 a 2015)”.
Es justo el periodo en el que Alfredo del Mazo estuvo al frente del banco de desarrollo.
Finalmente, está la contratación de los servicios de Autobuses México Toluca Zinacantepec, por 7 millones 891 mil 017 pesos. Ese dinero se obtuvo mediante dos contratos –uno por Adjudicación Directa y otro por Licitación Pública Nacional– y dos modificaciones, sólo para el transporte de personal de Banobras en la Zona Metropolitana.
Alfredo del Mazo Maza llegó a la dirección de Banobras el 7 de diciembre de 2012, cuando el PRI, de nuevo en la Presidencia y con los mexiquenses al frente, repartía sus piezas en el Gobierno federal. En los dos años que Del Mazo estuvo al frente de ese banco se gastaron ahí 2 mil 605 millones 810 mil 431 pesos en juicios de demandas, fiestas de día de muertos, publicidad, uniformes, regalos, software, deportes, autos, camionetas, árboles de navidad, cortinas y renta de instalaciones, de acuerdo con los 889 contratos públicos disponibles en el POT. Luego, en 2015, Del Mazo dejó Banobras y ese mismo año, la austeridad económica llegó al Gobierno federal.
Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– Trabajar en Banobras en los tiempos de Alfredo del Mazo Maza, de 2012 a 2015, fue saborear cucharadas soperas de la vida de Paris Hilton: clases de tenis y boliche, viajes en aeronaves rentadas al amigo Armando Hinojosa Cantú, celulares, autos y estacionamientos privados.
Fueron dos años sin limitaciones, a todo lujo… en un país con 55.3 millones de pobres, de los cuales 8 millones 269 mil personas están en el Estado de México, que él aspira a gobernar y donde su familia ha hecho una carrera y se ha enriquecido.
De acuerdo con los 889 contratos que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) tiene públicos en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), en 2013 y 2014, años en que la entidad estuvo bajo órdenes del priista Alfredo del Mazo, se gastaron 2 mil 605 millones 810 mil 431 pesos en diversas actividades, que van desde el pago de juicios hasta la contratación de maestros de boliche, colocación de árboles de navidad, uniformes deportivos, regalos, fiestas y hasta maestros de yoga y ajedrez.
Alfredo del Mazo llegó a Banobras los primeros días de diciembre de 2012, cuando el panorama para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era completamente diferente al que es ahora. Fue designado como director general del Banco, luego de ser Presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México. Brincó luego a la esfera federal, donde su primo, Enrique Peña Nieto, había asumido la Presidencia.
La revisión realizada por SinEmbargo a los 889 contratos que son públicos en el POT –los contratos para obras están bajo reserva–, revela que en el primer año de administración en Banobras de Del Mazo se celebraron 463 contratos por 934 millones 446 mil 488 pesos, de los cuales sólo 10 no fueron entregados por Adjudicación Directa. Dos fueron por Licitación Pública Nacional y el resto… por Invitación a tres personas.
Para el año siguiente, 2014, la historia fue similar en cuanto al modo de contratación, aunque no con el monto. De 426 contratos fue un total de mil 671 millones 363 mil 943 pesos; 12 fueron por Invitación a tres personas, dos por Licitación Pública Nacional y el resto por Adjudicación Directa.
Gran parte de los contratos revisados corresponden a actividades de apoyo al personal.
El total de trabajadores del Banco son mil 055 personas, que en su mayoría son personal de confianza.
Los salarios más comunes en esa institución van de los 71 mil 908 pesos y a los 220 mil 149 pesos.
El 6 de diciembre de 212, Alfredo del Mazo fue nombrado director del Banco Nacional de Obras (Banobras) en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro
MAESTROS DE TODO
Algunos ejemplos de los gastos:
• Contratación de entrenador de yoga: 29 mil 091 pesos. • Contratación de entrenador de futbol soccer: 20 mil pesos. • Entrenador de boliche: 35 mil 750 pesos. • Contratación de un entrenador de tenis: 35 mil 750 pesos. • Entrenador de voleibol varonil: 33 mil pesos. • Contratación de entrenador de tochito bandera: 33 mil pesos. • Contratación de un entrenador de tenis mixto: 19 mil 799 pesos. • Entrenador de ajedrez: 22 mil 227 pesos.
Los trabajadores de Banobras año con año asisten a jornadas de juegos deportivos internos y de ligas bancarias, además de que la institución les brinda programas de activación física.
Para la contratación de maestros por dos años se pagaron 832 mil 997 pesos.
• Pensión para dos vehículos: 17 mil 640 pesos. • Renta de 500 espacios de estacionamiento para evento de fin de año: 51 mil 500 pesos. • Estacionamiento en Santa Fe (dos contratos): 3 millones 800 mil pesos. • Estacionamiento: 180 mil pesos • Renta de dos canchas de cristal tipo inglesa de squash: 66 mil pesos. • Instalaciones de boliche: 50 mil pesos. • Uso de dos canchas de fútbol soccer empastadas y con medidas reglamentarias: 179 mil 588 pesos.
Total por 4 millones 5545 mil 728 pesos.
JUICIOS Y ABOGADOS
En 2013, Banobras pagó 26 millones a abogados y bufetes de abogados para 161 casos de demandas y juicios interpuestos por la institución y también para lidiar con demandas en contra. Todos los contratos fueron por Adjudicación Directa.
Lo mismo ocurrió en 2014, con 141 contratos por un costo de 28 millones 059 mil 833 pesos.
• “Servicios para dar continuidad y seguimiento durante el 2013, a la defensa de los derechos e intereses de Banobras en el juicio de amparo”: 1 millón 100 mil pesos. • “Defensa de los derechos e intereses de Banobras, en el juicio de nulidad promovido en contra de Banobras”: 990 mil pesos. • “Servicios para dar continuidad y seguimiento durante el 2013, a la defensa de los derechos e intereses de Banobras, en el juicio de amparo con número de expediente 211/2013, promovido por Axtel S.A.”: 4 millones de pesos. • “Defensa de los derechos e intereses de Banobras, como institución de crédito, durante el ejercicio de 2013, en la presentación de la denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, por la falsificación de documentos oficiales”: 95 mil pesos. • “Atención durante el ejercicio 2013 a la demandas laborales presentadas en su contra, con motivo de las quiebras y liquidaciones en el que Banobras ha intervenido, a efecto de deslindar”: 156 mil pesos.
Y sobresalen los siguientes abogados y bufetes:
• Bufete Zambrano y Abogados. • Langlet, Carpio y Asociados. • El Bufete Ortega y Abogados S.C. • Bufete Vibe Consultores S.C. • Bufete Jurídico Rea. • Bufete Diez de Bonilla, Kuri y Asociados, S.C. • Segundo García Hinojosa. • Leopoldo Octavio Cantón Monsreal.
De 302 contratos fue un total de 54 millones 208 mil 085 pesos.
Para el primer año de gestión, se realizaron 23 contratos de publicidad por un total de 12 millones 333 mil 867 pesos. Para el siguiente año, fueron 65 contratos y el monto que se pagó fue de 36 millones 547 mil 950 pesos.
• Contratación de 4 planas para la campaña publicitaria: 260 mil pesos a Marketing Ve y Asociados S.A. de C.V. • 54 spots y 20 menciones: 302 mil 840 pesos a Televisión Digital S.A. de C.V. • Monitoreo de medios impresos, electrónicos e Internet y evaluación del perfil mediático de Banobras: 1 millón 020 mil pesos a Sr. & Friends S.A. de C.V. • Tres inserciones virtuales con producción para partidos AAA de la Liguilla Mexicana: 1 millón 050 mil 400 pesos. • Difusión de campaña en radio: 729 mil 294 pesos al Grupo Radiofónico del Estado de México. • Difusión de campaña: 1 millón 803 mil 060 pesos a Televisa. • Difusión de campaña: 1 millón 200 mil 420 pesos a Radiotelevisión Veracruz.
Total de 48 millones 881 mil 817 pesos.
FIESTAS
En dos años hubo 33 contratos para regalos y fiestas:
• Fiesta de fin de año: 1 millón 265 mil pesos. • Tabletas, minicomponentes y regalos para el personal: 269 mil 326 pesos. • Estuches para vino y estuches de juego de mesa de regalo para el día del padre: 115 mil 500 pesos. • Compra de 16 medallas Tous con cadena de regalo para el festejo del día de las madres: 29 mil 412 pesos. • Árboles de navidad: 68 mil 545 pesos. • Bolígrafos metálicos gravados: 90 mil pesos. • Adquisición de diversos productos de madera: 160 mil 714 pesos. • Fiesta de Día de muertos: 700 mil pesos. • Fiesta del Día del niño: 175 mil 236 pesos. • Compra de playeras de la Selección Mexicana de Fútbol, Mundial Brasil 2014 por el Día del Padre: 243 mil 011 pesos.
Total de fiestas y regalos: 6 millones 654 mil 226 pesos.
AVIONES
• Contrato de un avión usado bombardier: 19 millones 500 mil pesos. • Boletos de avión: 18 millones 300 mil pesos. • Servicios de transportación aérea para el director general de Banobras: 10 millones 700 mil, con Eolo Plus, filial de Grupo Higa.
Total de siete contratos: 67 millones 518 mil 857 pesos.
TELEFONÍA
De 16 contratos en dos años se gastaron 213 millones 592 mil 457 pesos:
• Red inalámbrica y telefonía IP: 180 millones 429 mil 657 pesos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México. (Fondict-UAEM.) • Telefonía celular y de oficina móvil empresarial para los funcionarios autorizados: 5 millones 760 mil pesos.
Pintura, cortinas, elevadores, techos, mesas para la cafetería, remodelaciones… en dos años fueron 61 contratos en materia:
• Mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles: 250 mil pesos. • Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a extintores, hidrantes, aspersores, equipos neumáticos y de bombeo; así como a los gabinetes de bombero de Banobras: 191 mil 654 pesos. • Mantenimiento al circuito cerrado de cámaras: 40 mil 150 pesos. • Aplicación de pasta tipo cemento natural en las cuatro fachadas del edificio: 247 mil 217 pesos. • Mantenimiento al equipo de oficina del edificio sede: 60 mil pesos. • Película térmica para el edificio: 328 mil 128 pesos. • Mantenimiento de la terraza del edificio: 298 mil 450 pesos.
Total: 22 millones 330 mil 574 pesos.
CURSOS Y TALLERES
En dos años se impartieron 43 talleres y cursos a trabajadores y sus familias:
• Curso de verano para niños (máximo 150 niños): 675 mil pesos. • Curso “Líderes”: 437 mil 068 pesos. • Curso “Rompiendo el hábito de ser tú mismo”: 148 mil 200 pesos. • Curso de redacción: 27 mil pesos. • Curso Primeros Auxilios: 130 mil pesos. • Inglés de negocios: 262 mil 400 pesos.
Total: 7 millones 673 mil 442 pesos.
Y MÁS GASTOS:
• Ropa con el logotipo de Banobras y el lema “Mover a México”: 1 millón 221 mil 621 pesos. • Automóviles, camionetas y gasolina: 21 millones 053 mil 151 pesos. • Compra de palmas y mantenimiento por dos meses: 210 mil pesos. • Traducciones al inglés: 170 mil pesos. • Limpieza y jardinería: 12 millones 923 mil 671 pesos. • Encuestas: 27 millones 142 mil pesos.
En el Reforma: Ordenan arrestar a Blanco por crimen. El abogado defensor del Alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, reveló que un juez de Morelos ordenó la aprehensión de su cliente por su presunta vinculación con el asesinato del organizador de la Feria de la Primavera.
En El Universal: OCDE: mexicanos critican pero incitan corrupción. Los mexicanos consideran que el gobierno es “altamente corrupto”, pero según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 33 por ciento de encuestados aceptaron haber pagado un soborno en sectores como el de educación, sistema judicial, servicios médicos y de salud, así como a la policía.
En Milenio: Sheriff a Trump: ahora bombazo… al narco mexicano. En su cuenta de Twitter, Richard K. Jones sugirió usar el artefacto que lanzó EU en Afganistán contra los cárteles mexicanos.
En el Excélsior: Domina México cártel de Jalisco. En México operan nueve cárteles del narcotráfico que se han asentado en 19 estados.
En La Jornada: Odebrecht creó oficina especial para documentar los sobornos. En días recientes, los brasileños viven pegados a una hipnotizante nueva versión de telerrealidad: los videos emitidos casi sin interrupción de poderosos ex ejecutivos encarcelados acusando de corrupción al Presidente, Michel Temer, y a casi todos los políticos relevantes del país.
En La Razón: Sobrepeso impidió al doble remolque frenar: los muertos ya son 26. Tras el accidente en la autopista Siglo XXI en el que una pipa doble remolque se impactó con un camión de pasajeros, Héctor Gandini, uno de los mayores promotores de la prohibición de los primeros vehículos, dijo que la unidad que transportaba gasolina no logró frenar por el peso de la carga que tienen este tipo de unidades, y llamó a prohibirlos en periodos vacacionales.
SECUNDARIAS NACIONALES:::
En el Reforma: Se avecina tormenta en las Coreas.- China. China alertó ayer que las tensiones en la península coreana podrían salirse de control.
En El Universal: AMLO nombra coordinador a ex abogado de Hank. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, designó a Juan Guillermo Ruiz Hernández, titular del despacho de abogados que defendió a Jorge Hank Rohn de delitos contra la salud, como coordinador de las nueve oficinas que darán asesoría legal a los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
En Milenio: China pide a Norcorea y EU no provocarse. China , considerada como única aliada de Corea del Norte, advirtió a través de su canciller, Wang Yi, que un “conflicto puede estallar en cualquier momento” ante las provocaciones ente Pyongyang y Washington y repitió que “el diálogo es la salida”.
En el Excélsior: Banobras otorgó dos créditos a Grupo Higa. Entre 2012 y 2014, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) otorgó dos créditos y tres contratos por más de cuatro mil 400 millones de pesos a empresas del Grupo Higa.
En La Jornada: No habrá piedad ante cualquier provocación de EU: Norcorea. El gobierno estadunidense estudia sus opciones militares respecto del programa nuclear de Corea del Norte, confirmó este viernes un consejero de política exterior de la Casa Blanca. Señaló que no es cuestión de si habrá más pruebas atómicas, sino cuándo. Por su parte, el gobierno norcoreano prometió que habrá una respuesta sin piedad ante cualquier provocación de Washington, que decidió enviar uno de sus portaviones hacia la península coreana. Tanto Rusia como China pidieron a ambos países cesar las amenazas e impedir que escale la tensión.
En La Razón: La “madre de todas las bombas” repunta popularidad de Trump. Rusia, Siria e Irán lanzaron ayer una dura advertencia a Estados Unidos para que no vuelva bombardear el territorio sirio e hicieron un llamado a que se investigue el ataque químico de la semana pasada.
FOTOS:::
En el Reforma: Viven su pasión. Cerca de 800 mil personas se dieron cita en el Cerro de la Estrella para observar la representación del Viacrucis. En la edición 174 del evento, también se reconoció a vecinos por su participación, a lo largo de los años, en la Pasión.
En El Universal: Pasión de Cristo recorre el Zócalo. Con la asistencia de cientos de personas, se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución la representación del Viacrucis. En Iztapalapa se realizó la tradicional procesión de Viernes Santo, donde se registraron 850 mil asistentes
En Milenio: Luto en Michoacán. La delegada de Iztapalapa, Dione Anguiano, invitó a varios embajadores con el fin de que la tradicional representación se conozca a escala mundial. En Tancítaro, Judas murió ahorcado de verdad.
En el Excélsior: El Papa reza por los inocentes. Bajo fuertes medidas de seguridad en Roma, el papa Francisco encabezó ayer el Viacrucis alrededor del Coliseo romano, al término del cual rezó por “la sangre vertida por los inocentes” por guerras e injusticias. Al final, el Papa pronunció más de siete veces la palabra “vergüenza” para enumerar los pecados, omisiones, injusticias, escándalos y horrores que azotan al mundo y a la misma Iglesia.
En La Jornada: Vía crucis en la Plaza de la Constitución. Decenas de personas, incluidos turistas nacionales y extranjeros, presenciaron la representación de la Pasión de Cristo en el Centro Histórico de la capital, a cargo de la Compañia de Teatro Clásico Fénix Novohispano. En tanto, en Iztapalapa, se calcula que más de millón y medio acudieron a la 174 escenificación de la crucifixión, con saldo blanco, informaron autoridades
En La Razón: Saldo blanco en viacrucis; lo vigilan 25 mil agentes… y centuriones. Durante toda la Semana Santa dos millones de personas asistieron a Iztapalapa; en la 174 edición de la Pasión de Cristo (foto) no se implementó la ley seca; la observan representantes de Brasil, Italia…
Las Zonas Económicas Especiales, lanzadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, tienen como objetivo “democratizar la productividad” de municipios en estados con alta marginación, como son Tabasco, Chiapas, Oaxaca. Sin embargo, alertan analistas del grupo Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, esa Ley le da a la iniciativa privada, a los inversionistas, más atribuciones legales, lo que impactará directamente en la autonomía de los municipios.
Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– El diseño y planeación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) no sólo quedó a cargo de consultoras privadas y vinculadas con empresas beneficiadas por la Reforma Energética, como Evercore Partners, de Pedro Aspe Armella.
También, de acuerdo acuerdo con la agrupación Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), esta nueva política del Gobierno federal anunciada como medio para “democratizar la productividad” en zonas de marginación económica, como el Itsmo de Tehuantepec, es un endurecimiento del modelo extractivista y un paso adelante en la privatización del territorio mexicano.
Estas zonas son: la del Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye municipios vecinos de Michoacán y Guerrero; la del Corredor del Istmo de Tehuantepec, que incluirá los polos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, y la de Puerto Chiapas, en Chiapas.
“La Ley muestra un paso más allá, porque se le da a la iniciativa privada la posibilidad de gestionar territorios”, dice Patricia Legarreta, investigadora de PODER.
“Eso es algo diferente de cómo se han visto estos movimientos entre empresas y Gobierno, porque ahora directamente se le entrega al administrador, que pueden ser un inversionista, la capacidad para gestionar el territorio en términos de políticas públicas, y obliga a los autoridades municipales a alinear sus políticas para adoptarlas a las necesidades de las Zonas Económicas Especiales; es decir, les quita autonomía a los municipios”, agrega.
En un análisis sobre la Ley Federal de las Zonas Especiales Económicas (LFZEE) y su reglamento –publicados en junio de 2016–, Legarreta y Oscar Pineda, también investigador de Poder, advierten sobre la inconstitucionalidad de los nuevos ordenamientos que, señalan, convierten a agentes privados en autoridades de facto sobre polígonos ricos en recursos naturales, con capacidades para decidir sobre seguridad y tránsito de bienes y personas.
“Es de especial atención el inciso XII del artículo 33 de la LFZEE que asigna como responsabilidad del Administrador Integral la de ‘operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la Zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes. Dichas funciones podrán presentarse con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia de las mismas se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas”, citan los autores en el análisis.
“Este apartado no sólo es inconstitucional, ya que atenta contra el derecho al libre tránsito, sino que es una amenaza directa a la soberanía nacional en tanto que un Administrador Integral puede ser una persona moral cuya atribución es decidir quién puede acceder a la zona o quién está atentando contra la seguridad de la misma. Esta disposición es regresiva y puede fomentar la conformación de cuerpos de seguridad ‘especiales’ o ad-hoc para resolver o disolver cualquier conflictividad social”, agrega el texto, publicado en la revista de la organización oaxaqueña Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
El riesgo de tales disposiciones, agrega Pineda en entrevista, es la “discrecionalidad” con la que la LFZEE permite actuar a las empresas privadas.
“Prácticamente les estás dando poderes fácticos sobre los territorios a particulares, y lo que nos preocupa es eso: que pueden dar licencias, subcontratar y brindar servicios, y uno de estos poderes, además recolectar los impuestos de la zona, es también decidir o determinar sobre el tránsito de personas o mercancías por las zonas”, advierte.
Las ZEE, de acuerdo la descripción del Gobierno federal, son áreas geográficas que se ubicarán “en un sitio del país con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva”, como dice la Secretaría de Economía.
“Su objetivo es democratizar la productividad, a nivel regional, para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país. Algunos de los beneficios de los que estas zonas pueden gozar, son: fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, una infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (capital humano, financiamiento, innovación), así como estímulos y condiciones preferenciales”, agrega la definición.
En respuesta a una solicitud de información entregada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras, que fue asignado por el Gobierno federal para el diseño de las ZEE), se menciona también que estas nuevas regiones son una política de fomento económico y desarrollo industrial “dirigida a focalizar en espacios geográficamente definidos los esfuerzos de diversos agentes de los sectores público y privado en acciones que impulsen el desarrollo de actividades económicas más productivas” y en regiones con menores niveles de ingresos del país.
“Esta última situación es particularmente relevante en el sur del país, donde se ubican las tres entidades más rezagadas en términos de desarrollo económico y bienestar social, por lo que las actividades de Zonas Económicas Especiales comprende, en un principio, fomentar la instalación de Cuatro Zonas ubicadas en Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas; Puerto Salina Cruz y Puerto Coatzacoalcos, estas dos últimas en el corredor del Itsmo de Tehuantepec”, agrega Banobras.
Para los investigadores de PODER, sin embargo, por la manera en la que se ha aplicado la Reforma Energética, sin consulta a diferentes comunidades, “es fácil predecir” que las ZEE generarán consecuencias negativas.
“Además de las implicaciones político administrativas que subyacen en este reordenamiento territorial para impulsar proyectos industriales y energéticos en zonas identificadas con alto grado de marginalidad, es importante analizar los posibles impactos ambientales, sociales y culturales derivados de esta estrategia”, dice el texto.
“No se especifican mecanismos de resolución de conflictos o reparación de daños en caso de que se lleguen a desarrollar ciertos proyectos que involucren un alto consumo de recursos naturales y/o despojo de tierras cuyo fin sea agropecuario, de vivienda o autoconsumo. Tampoco se consideran mecanismos de salvaguarda de los derechos fundamentales de las y los pobladores de estas zonas cuya vida será afectada por la decisión de los tres niveles de gobierno y sus socios empresariales (…) Si a este panorama sumamos la grave crisis de derechos humanos y la rampante corrupción que se vive en el país, las consecuencias son más que evidentes”, agrega el artículo.
Poder advierte también sobre la instalación de una “ventanilla única” para trámites de permisos y licencias de todas las empresas que quieran instalarse en las ZEE y que, de acuerdo con los analistas, “tiene por objetivo facilitar trámites a las empresas, pero no contempla un espacio para que la ciudadanía exprese su opinión, ni obtenga información”.
Las ZEE, de acuerdo con el plan anunciado por el Presidente Enrique Peña Nieto en septiembre de 2015, incluye para la construcción de al menos dos gasoductos en la región del sureste.
“Se construirán importantes proyectos de comunicaciones e infraestructura energética, que eleven la competitividad de las Zonas, incluyendo, aquí sólo señaló algunos de estos proyectos de infraestructura, el Gasoducto Transoceánico, y el Gasoducto de Salina Cruz a Puerto Chiapas, y de aquí, a Guatemala”, dijo Peña Nieto.
“Con estos programas y proyectos se creará un entorno positivo para atraer más inversiones generadoras de empleo, para consolidar cadenas globales de alto valor agregado en la región, y para multiplicar la demanda de productos y servicios locales”, agregó entonces.
El año siguiente, el diseño para planear, coordinar y controlar las ZEE fue asignado por el Gobierno federal a un grupo de empresas en las que participan las consultoras Evercore –propiedad del ex Secretario de Hacienda de Carlos Salinas, Pedro Aspe– y ADhoc, de Aarón Dychter Poltolarek, ex subsecretario de Transportes y también integrante del Consejo de Administración de Infraestructura Energética Nova, o IENOVA.
Evercore, además, tiene desde 2012 inversiones en la empresa Diavaz, contratista de Petróleos Mexicanos y que, en diciembre de 2015, también obtuvo dos contratos subastados durante la Ronda Uno de la Reforma Energética para explotar dos campos petroleros terrestres; uno en Tamaulipas y el otro en Chiapas.
Y, por estas relaciones, dice Enrique Díaz Infante, director del programa del Sector Financiero del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), es que “preocupan” los potenciales conflictos de interés entre quienes diseñan las proyectos para las ZEE y las empresas que, en el futuro, pueden beneficiarse de ellos.
“Lo que preocupa es que pudiera haber un mal uso de la información privilegiada o conflicto de intereses involucrado, y eso sólo se podrá revelar posteriormente”, comentó Díaz-Enriquez. “Es como si diseñas la ZEE y, después, se asignan los contratos para la construcción a una empresa relacionada contigo”, agregó el investigador, que analiza la participación de Evercore en la generación de deuda pública en las entidades.
Luego de una petición de información, Banobras declinó revelar los diagnósticos, proyectos y demás datos generados por las consultoras privadas para el diseño de las ZEE.
“La información relativa a doce documentos correspondientes a cuatro estudios de prefactibilidad, cuatro proyectos de dictamen y cuatro informes de resultados de auscultación y relación de potenciales administradores integrales e inversionistas fue clasificada como reservada por un término de cinco años, y hasta en tanto concluya el proceso deliberativo, por tratarse de información que se encuentra directamente relacionada con la tomad de decisiones y teniendo en cuenta que su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación”, respondió Banobras.
“La divulgación de la información solicitada (…) previo a la deliberación y adopción de decisiones definitivas, pudiera, entre otros: a) afectar las negociaciones e incrementar los costos de adquisición de los inmuebles donde se pretenden instalar las ‘secciones’ de Zona en predios federales, así como generar un proceso especulativo en el ‘polígono más amplio’ donde se pudieran desarrollar otras ‘secciones’ en propiedad privada y en sus respectivas áreas de influencia”, agregó el banco.
En su análisis, los investigadores de Poder encuentran también que la dirección misma de las nuevas ZEE es un ejemplo “clásico” de uso de la “puerta giratoria” por la que empresarios transitan al sector público y viceversa.
En julio de 2016, El Presidente Enrique Peña Nieto designó y tomó protesta a Gerardo Gutiérrez Candiani como Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Foto: Cuartoscuro
Esto, observan, debido al nombramiento Gerardo Gutiérrez Candiani, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) como nuevo titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, creada también el año pasado como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“En el caso de las ZEE en México, la puerta giratoria se da en el nivel más alto e implica el nombramiento desde el Presidente de la República a empresarios como funcionarios públicos, pero también las atribuciones que otorga la ley para que los empresarios tomen decisiones sobre políticas públicas, o que las políticas de responsabilidad social empresarial pasen a ser parte de la política pública”, dicen en el artículo.
“Hay muchas razones para creer que es una política a modo para las empresas y, además, empresas asociadas a la Reforma Energética”, concluye Pineda en entrevista.
PRIVATIZAR EL TERRITORIO
El artículo 33 de la nueva Ley Federal de Zonas Económicas Especiales permite, de acuerdo con investigadores de Poder, nuevas modalidades de control territorial a entidades privadas, ya que permite que el “administrador general” de cada polígono pueda:
–Operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la Zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes. Dichas funciones podrán prestarse con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en las mismas se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.
–Formular las reglas de operación de la Zona, las cuales deberán incluir, entre otros aspectos, los horarios de la Zona; regulación de las áreas de uso común; control y acceso de tránsito de personas y bienes; intercambio de información entre los Inversionistas y el Administrador Integral; programación de instalación de Inversionistas; manejo de cargas y medidas para la prevención de accidentes.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
