La concesión del Viaducto Bicentenario que el expresidente Enrique Peña Nieto otorgó a OHL —hoy Aleatica— en 2008 cuando era Gobernador del Estado de México no sólo es explotada de manera irregular, también se financió con dinero público otorgado por la banca de desarrollo, por lo que un grupo de ciudadanos pide recuperar la vía.
Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), encabezada por Jorge Arganis Díaz Leal, parece estar beneficiando a Aleatica como lo hizo en su momento la dependencia durante el sexenio Enrique Peña Nieto, denunció el abogado Paulo Díez Gargari, quien encabeza una petición para que el Gobierno federal recupere el Viaducto Bicentenario.
“Ni Ruiz Esparza había beneficiado tanto a OHL como este señor (Jorge) Arganis”, destacó en entrevista al hablar de la petición que a través de la plataforma Change.org impulsa junto con la exdiputada Martha Tagle y el actor Daniel Giménez Cacho.
La razón para quitarle a Aleatica la concesión es sencilla y, según los firmantes, es completamente legal: está construida sobre la autopista federal México-Querétaro, es decir, sobre una vía federal.
No tenemos por qué seguir pagando la corrupción peñanietista. #RecuperemosElViaducto. Si estás de acuerdo, difunde este vídeo y firma la petición en https://t.co/6Be7wdVqQT para que los corruptos nos devuelvan lo robado. pic.twitter.com/ORPBJKSAU8
— Paulo Díez Gargari (@PDiezG) September 12, 2021
“El Gobierno federal está obligado a recuperar el Viaducto Bicentenario porque está construido en su totalidad sobra la autopista México-Querétaro y es un bien nacional de uso común sobre el cual nadie, más que la autoridad federal, tiene jurisdicción”, explicó Paulo Díez Gargari, uno de los firmantes de la petición.
SinEmbargo solicitó a Aleatica, vía correo electrónico y en sus redes sociales, una postura acerca de la petición de ciudadanos en Change.org para quitarle la concesión del Viaducto Bicentenario, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta. No obstante, en un cable publicado por la agencia EFE en octubre de 2020 la empresa acusó al abogado Paulo Díez de buscar presionar al Gobierno de México para “imponer una agenda privada, haciéndola parecer de interés público”.
De acuerdo con el abogado, la concesión del Viaducto Bicentenario estuvo plagada de irregularidades desde su licitación. “El Gobierno del Estado de México le adjudicó a Aleatica ese proyecto a pesar de que había una oferta superior y que preveía un pago inicial de la Secretaría en favor del Gobierno del Edomex por el doble de lo que se ofreció. La otra oferta era de mil 500 millones de pesos, la de Aleatica era de 750, pero la contraprestación periódica era el 0.5 por ciento de los ingresos que se generara por la cuota del peaje, o sea era 40 por ciento más”.
En noviembre de 2010 se inauguró el Viaducto Bicentenario en el tramo Lago de Guadalupe-Tepalcapa. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.
“El problema es que para poder construir sobre una vía federal de comunicación se requiere autorización de la SCT, pero ésta nunca autorizó la ejecución de obras sobre ese derecho de vía. La Ley dice que quien explota un bien nacional de uso común, como es el Viaducto Bicentenario, comete un delito y se sanciona con 12 años de prisión y dice también de la pérdida de las obras en instalaciones, esto quiere decir que el Gobierno no tiene que pagar nada por rescatar la vía”, detalló el abogado Díez Gargari.
A pesar de las anomalías señaladas en contra de la explotación del Viaducto Bicentenario, el Gobierno de México, a través de la SCT, ratificó en septiembre de 2020 la legalidad de la concesión. La información sobre este acuerdo de validez se dio a conocer a través de la Gaceta del Gobierno del Estado de México.
En dicho acuerdo ambas partes “reconocen la validez y legalidad de los actos relacionados con la conservación, reconstrucción y ampliación, en específico el otorgamiento del Título de Concesión para la Construcción, Explotación, Operación, Conservación y Mantenimiento del Viaducto Bicentenario” en varios tramos.
Para el abogado Paulo Díez Gargari el convenio entre la SCT y el Gobierno del Estado de México “estuvo lleno de falsedades” y mencionó que intentaron justificarlo con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles.
“Ese convenio es un acto que está lleno de falsedades, fueron tan burdos que para tratar de justificar esto que dijeron que se había hecho porque en el Plan de Desarrollo del Estado de México estaba incluido el aeropuerto Felipe Ángeles como una prioridad, yo lo tuve que leer y no hay ni una sola mención al aeropuerto por la sencilla razón que el plan se hizo antes de que se tuviera el conocimiento del aeropuerto”, destacó.
Jorge Arganis, Secretario de Comunicaciones y Transportes. Foto: Cuartoscuro.
En noviembre del año pasado el titular de la SCT, Jorge Arganis, compareció ante comisiones de la Cámara de Diputados y fue cuestionado sobre el Viaducto Bicentenario. Primero dijo que sí estaba concesionada, luego que se le había otorgado a una empresa que tenía muy mala reputación y que el tema estaba siendo revisado por abogados.
“Uno no se explica por qué el Secretario de Transportes no hace nada. Hay evidencia de que la propia sociedad concesionada del Viaducto reconoce en un juicio que un ciudadano promovió que el Viaducto Bicentenario es un bien nacional de uso común”, señaló el abogado Díez Gargari.
UNA OBRA FINANCIADA CON CRÉDITOS DEL GOBIERNO
El Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa otorgó a OHL —hoy Aleatica— dos créditos a través de la banca de desarrollo para financiar el Viaducto Bicentenario, una obra que, denuncian ciudadanos, es explotada de manera irregular pues se construyó sobre una vía federal autorizada por Enrique Peña Nieto cuando era Gobernador del Estado de México.
Es decir, parte del dinero que se usó para el Viaducto Bicentenario vino de préstamos que el Gobierno federal, en ese entonces encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, realizó a Aleatica, una práctica que en sexenios pasados usaron empresas extranjeras, en especial las españolas, como lo ha señalado el Presidente Andrés Manuel López Obrador en diferentes ocasiones, la más reciente el pasado 8 de septiembre:
“La banca de desarrollo, Nacional Financiera, Bancomext, Banobras, eran utilizados también para dar crédito que en la mayoría de las veces no pagaban empresas que supuestamente venían a invertir a México”, lamentó el mandatario.
El Viaducto Bicentenario —una vía elevada que une a varios municipios del Estado de México con la capital del país— fue concesionada a Aleatica en mayo de 2008 por el Gobierno mexiquense, en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto.
La vía está estructurada en tres fases: la primera (ya construida) consiste en un viaducto con carácter reversible de 22 kilómetros, entre el ex-Toreo y Tepalcapa; en la segunda fase (en construcción) se ejecutará un segundo viaducto en paralelo una vez alcanzado el máximo aforo vehicular, y en la tercera (en construcción) se prolongarán 10 kilómetros ambos viaductos.
Al 31 de diciembre de 2017, la supuesta inversión pendiente de recuperar con cargo a esta autopista alcanzaba los 26 mil 176.4 millones de pesos. Lo anterior, a pesar de que falta por construir la otra mitad del proyecto.
De acuerdo con el informe anual de Aleatica del año 2020, el 27 de noviembre de 2009 la empresa celebró contratos de apertura de crédito con dos entidades crediticias públicas: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Ambos con un plazo de 15 años.
El primero es un “crédito preferente A” y se destinaron dos mil millones de pesos al pago de la contraprestación inicial al Gobierno del Estado de México, al pago de las inversiones realizadas y por realizar en relación con la construcción del proyecto. Esta línea de crédito deberá pagarse en un plazo de 15 años mediante 60 exhibiciones y devenga intereses al 8.2550 por ciento más puntos base anuales (2.75 por ciento- 4.5 por ciento). Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 se han realizado amortizaciones por 854 mil 600 pesos, 577 mil 600 pesos y 372 mil 400 pesos, respectivamente.
Banobras, entidad que otorgó el crédito a Aleatica, depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en noviembre de 2009 cuando se hizo el préstamo era dirigida por Agustín Carstens Carstens.
El Viaducto Bicentenario fue concesionada a Aleatica en mayo de 2008 por el Gobierno mexiquense, en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro.
En el crédito otorgado por el Fonadin, el importe máximo ascendió a mil 500 millones de pesos, de los cuales mil 200 millones se destinó a cubrir parcialmente el pago de principal e intereses de los Créditos Preferentes, el pago de los costos del contrato derivado, el pago de las comisiones del crédito subordinado, la capitalización de los intereses del crédito subordinado devengados y no pagados y los gastos de estructuración del presente contrato, incluyendo sin limitar, los honorarios y gastos de los asesores de Fonadin.
Los 300 millones de pesos restantes del crédito se destinarán al pago de costos de la obra, estudios, permisos, escalatorias, equipo de control, así como otros gastos asociados a la construcción del proyecto. Esta línea de crédito deberá pagarse en un plazo de 15 años mediante 60 exhibiciones a partir de marzo de 2014.
Fonadin es un fideicomiso instituido en Banobras en donde el Gobierno federal, a través de la SCT, otorga las concesiones para construir, operar, explotar y mantener más de 45 autopistas.
Además de estos créditos con la banca de desarrollo, Aleatica también celebró uno más con una institución privada el 16 de marzo de 2010. Fue un contrato de crédito simple con Banco Inbursa por el cual se le otorgó una línea de crédito de hasta dos mil millones de pesos que deberá pagarse en un plazo de 15 años mediante 60 exhibiciones.
“Seguimos sin saber cuál es el monto de la inversión que hizo Aleatica al Viaducto. El problema que tienen es que está a punto de vencer un crédito del Fonadin, que originalmente era por mil 500 millones de pesos y ahora va en 4 mil millones y es claro que es impagable”, dijo el abogado Paulo Díez Gargari en entrevista. “Fue un engaño al decir de la inversión extranjera porque en el caso de OHL y el Viaducto no hay ninguna inversión extranjera, incluso la contraprestación inicial que le pagaron al Gobierno del Estado de México se financió con dinero público de Banobras, es un tema muy ofensivo porque no es cierto de que hay inversión extranjera”.
El Viaducto Bicentenario está estructurado en tres fases. Foto: Cuartoscuro.
El Viaducto Bicentenario cobra peajes que van de los 5.66 a los 105.39 pesos, dependiendo los tramos transitados, de acuerdo con las tarifas vigentes este 2021. A pesar de que esta vía es junto con el Circuito Exterior Mexiquense las obras que mayores ganancias dejan a la empresa Aleatica, el año pasado la pandemia hizo que sus números se redujeran casi en 50 por ciento.
“El caso del Viaducto no es un caso común de corrupción, es un delito lo que está ocurriendo ahí porque cada que cobra peaje está cometiendo un delito”, aseguró el abogado Díez Gargari. “Si llega el plazo para pagar el crédito y no se paga se va a evidenciar la corrupción del por qué otorgaron un crédito que todo el mundo sabía que era impagable. Antes lo resolvían modificando la concesión, les daban más plazo y estos señores emitían bonos, pagaban, pero al final el riesgo nos lo seguimos quedando los mexicanos porque estamos nosotros mismos financiando el desarrollo nacional con recursos de nuestra banca de desarrollo”.
