El Presidente pidió paciencia ante cuestionamientos sobre la investigación del expresidente Enrique Peña Nieto y el extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos; “no se puede cerrar el caso”, declaró.
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que no habrá impunidad en relación a la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que todas las personas que resulten implicadas serán juzgadas.
“No va a haber impunidad. Todos los que participaron van a ser juzgados. Faltan esas órdenes de aprehensión, hay algunos que ya están detenidos. No son 80, son menos. Eso corresponde a la Fiscalía. Sí, pero no son 80”, dijo el Presidente durante la conferencia matutina.
Ante cuestionamientos sobre la inclusión del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, el mandatario mexicano pidió paciencia a que las personas detenidas y que cuentan órdenes de aprehensión declaren.
“Al momento que se detiene a participantes, van a declarar, se van a defender, van a aportar más información, de ahí que no se puede cerrar el caso, lo que nos interesa mucho, mucho, desde luego a los padres, es saber dónde están los muchachos, sus restos, qué pasó con ellos”.
Además, reiteró la continuidad en la investigación y el compromiso con los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tras lamentar lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, lo que calificó como un ejemplo “de abuso de autoridad, de mal Gobierno, de asociación delictuosa y desde luego de injusticias”.
Recientemente, el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las órdenes de aprehensión involucran a 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Todos ellos estarían vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores. Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
El pasado 19 de agosto, la FGR también detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México hace ocho años.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas Rodríguez, quien además presentó el más reciente informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa. Foto: Gobierno de México
Murillo Karam estuvo a cargo de investigar uno de los crímenes que más ha conmocionado dentro y fuera de México. Fue quien calificó como “verdad histórica” una versión de los hechos que decía que los 43 jóvenes fueron quemados en una gran hoguera encendida en un basurero, una explicación que después un grupo de expertos internacionales y la actual fiscalía mexicana echaron por tierra.
Asimismo, el Canciller Marcelo Ebrard declaró el pasado 23 de agosto que el proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio —exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y señalado como presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa— va “por buen camino”.
“Ya está integrado todo el expediente, ya la mayor parte de información que solicitó el Gobierno de Israel, según nos ha informado la Fiscalía General de la República, ya se entregó”, dijo al ser cuestionado al respecto.
El extitular de la AIC ha sido acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa y rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de cooperar en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, informó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el pasado 18 de agosto.
A la salida del hospital, el joven sólo agradeció a las personas que lo apoyaron durante este periodo de atención médica y dijo estar contento por haber sido dado de alta.
Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Juan Pablo, joven de 14 añosquemado por sus compañeros por ser otomí y no hablar fluidamente el español, fue dado de alta del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de Querétaro, luego de que permaneciera allí desde el pasado 7 de junio debido a las heridas.
El joven salió acompañado de sus padres, personal médico del hospital, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ).
A la salida del nosocomio, el joven se limitó a dar declaraciones, sólo agradeció a las personas que lo apoyaron durante este periodo de atención médica y dijo estar contento por haber sido dado de alta.
Los padres del joven reconocieron que los agresores identificados no han respetado las medidas cautelares de alejarse, ya que los han visto cercanos al lugar donde viven, por ello declararon que no se sienten seguros de seguir en la zona.
Juan Pablo llevaba tiempo sufriendo bullying por parte de sus compañeros y su maestra debido a su origen otomí y por no hablar fluidamente el español. Las agresiones iban desde apodos hasta palabras altisonantes.
Así fue que el pasado 6 de junio, dos alumnos de la telesecundaria Josefa Vergara, ubicada en la colonia El Salitre, en Querétaro, le prendieron fuego a Juan Pablo, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado.
Lo último que hicieron las autoridades de la escuela fue avisarle a los padres de la víctima. Foto: Diego Costa, Cuartoscruo.
Las autoridades de la telesecundaria Josefa Vergara cometieron una serie de irregularidades en la atención de su salud: primero no llamaron al 911 como debe hacerse ante cualquier emergencia; segundo, para sanear sus heridas le untaron pomada y cebolla; tercero, lo llevaron a un clínica al ver la gravedad de sus lesiones, pero sin avisarle a sus padres ni a sus hermanas, quienes también estudian en ese plantel.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa diaria que de ser necesario, pedirá que la Fiscalía General de la República (FGR) lleve el caso.
López Obrador pidió tener confianza en las autoridades y no realizar linchamientos a personas que presuntamente hayan cometido un delito.
Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la sociedad a no hacer justicia por su propia mano, tras el linchamiento del abogado Daniel Picazo en Huauchinango, Puebla.
En su conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que en su Gobierno “no hay impunidad para nadie” porque no es igual a los anteriores.
“Decirle a todo el pueblo, a las comunidades, que se tenga confianza en las autoridades. Nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores, así de manera categórica lo puedo decir”, exclamó.
El mandatario federal señaló que en su Administración no se protege a delincuentes, sino al contrario, se castiga al que comete un delito sin necesidad de hacer justicia por propia mano: “Eso está prohibido, pero además, significa un acto injusto, inhumano, no corresponde a lo que debe ser una sociedad responsable”.
“Hacer justicia por propia mano está prohibido… tengan confianza, puede ser que se libere a un delincuente pero de inmediato se actúa”
A 10 días del linchamiento de Daniel Picazo, de 31 años, el Presidente López Obrador pidió tener confianza en las autoridades.
“Puede ser que por alguna autoridad menor se libere a un delincuente, pero de inmediato se actúa y se repone el procedimiento. Nadie queda impune. No hay protección para ningún potentado, para ningún influyente, para ninguna persona, y así se ha ido entendiendo”, expresó.
El joven abogado era originario de Las Colonias de Hidalgo, junta auxiliar de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla. Por cuestiones académicas y laborales abandonó la localidad de Las Colonias de Hidalgo, para emigrar a la capital del país. Allí laboró directamente como parte de los funcionarios de apoyo en la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).
Daniel recién había cursado un Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos de la Universidad Complutense de Madrid. Y recientemente dejó la Cámara de Diputados. En sus redes sociales mostraba con orgullo sus viajes, uno de ellos a Dubai.
El Subsecretario de Seguridad informó que cinco de los siete detenidos ya fueron vinculados a proceso. Foto: Captura de pantalla.
Según algunos de sus amigos en la región, probablemente desconocía los lugares en los que se adentró el día de su muerte, donde fue retenido por vecinos de Papatlazolco.
El Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer el jueves pasado la detención de siete personas por su probable participación en el linchamiento del abogado, ocurrido el viernes 10 de junio.
El funcionario señaló que la detención fue realizada por las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla con la colaboración de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.
A detalle, informó que cinco de los siete detenidos, identificados como Óscar “N”, Alejandro “N”, Raymundo “N”, Abraham “N” y Oswaldo “N”, ya fueron vinculados a proceso penal. Mientras que José “N” y Simón “N” fueron detenidos por su presunta participación en los hechos.
Varias ciudades del país fueron convocadas a participar en esta manifestación nacional frente a los altos índices de violencia qie se vive en México.
Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- Cientos de personas salieron este domingo a las calles de la capital y otras ciudades del país como parte de una manifestación nacional para exigir un alto a la violencia.
La Marcha por la Paz y la Unión de México se lleva a cabo en varios puntos del territorio nacional en donde los ciudadanos se concentran con carteles y mantas entre gritos de demanda.
Las movilizaciones fueron convocadas en redes sociales por más de 30 organizaciones, entre ellas el proyecto Futuro 21, fundado en 2019 por políticos afines al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La Ciudad de México, Toluca, Guadalajara, Xalapa, Ciudad Juárez, Cancún, Puebla, y otras ciudades tuvieron movilizaciones simultáneas en donde también protestaron contra el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y su estrategia de “abrazos, no balazos”.
📍🇲🇽 TODA LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA MARCHA POR LA PAZ DEL 29 DE MAYO EN TODO MÉXICO ‼️ (Pósters de todas la ciudades y videos)#ALasCalles29Mayo#VotaParaBotarlos Ciudades participantes ⬇️ 1. ✅ CDMX 11am del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. pic.twitter.com/cHmX0sizgl
Los manifestantes, entre los que había desde personas mayores hasta familias con niños, se unieron a esta convocatoria al grito de “Ni una más, ni uno menos”, frente a los altos índices de desaparecidos y feminicidios que se viven en México.
En el centro del país, la movilización convocada por más de 100 organizaciones empezó a las 11:30 horas en el Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución.
Los contingentes invitaron a los demás ciudadanos a unirse a la marcha para demandar que la violencia cese.
En Toluca, integrantes de diversas agrupaciones se reunieron en el monumento al Águila en Toluca para unirse a la Marcha Nacional exigiendo un alto a la violencia en el territorio nacional.
Tan sólo el 24 de mayo se convirtió en el segundo día con más violencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con 118 asesinatos, de acuerdo con el informe diario sobre los homicidios dolosos en México que publica la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En el informe diario, se contabilizan 118 homicidios dolosos en el país, siendo Guanajuato y Estado de México las dos entidades federativas con más fallecidos por ese delito, con 19 y 11, respectivamente. Más atrás se encuentran Chihuahua, Morelos, Nuevo León y Sonora, con siete cada uno.
El Centro Prodh señaló que las mujeres sobrevivientes continúan luchando para que haya una investigación seria y diligente sobre la tortura sexual. El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de México en materia de violación de derechos humanos e impunidad.
Ciudad de México, 3 de mayo (EFE).- Las mujeres supervivientes de tortura sexualpor parte de policías en el caso de San Salvador Atenco, en el centro de México, pidieron este martes, cuando se cumplen 16 años del suceso, que se erradique esta práctica y se termine la impunidad.
“A 16 años de los actos que desembocaron en la tortura sexual de varias mujeres en San Salvador Atenco son las sobrevivientes las que continúan exigiendo que se revierta la impunidad y que se erradique esta práctica, para que no haya más mujeres en el país que vivan violaciones a sus derechos humanos por parte de elementos de seguridad”, señaló en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El boletín denunció que las medidas de “justicia” y de “no repetición” para las mujeres sobrevivientes sigue estando vigente, frente a un contexto “en donde la tortura sexual es una práctica que persiste”.
Así lo reflejan datos de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad (ENPOL) 2021, que revela que el 64.4 por ciento de las mujeres privadas de libertad menciona haber sufrido algún acto de violencia después de la detención y antes de llegar ante el Ministerio Público.
“Por ello, es indispensable cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México”, remarcó el texto.
Es una resolución en la que entre otras medidas ordenó la investigación y sanción a todos los elementos estatales y federales, incluida la cadena de mando, crear un observatorio independiente sobre uso de la fuerza las instituciones policiales a nivel federal (hoy Guardia Nacional) y fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a casos de Tortura Sexual.
“A tres años del dictado de fallo, las más sustantivas de estas medidas permanecen incumplidas”, lamentó el Centro Prodh.
Por otro lado, dado que las instituciones de seguridad “hacen un uso arbitrario y excesivo de la fuerza”, incluso de la fuerza letal, también sigue vigente la necesidad de establecer un Observatorio Independiente sobre el Uso de la Fuerza, como lo ordenó en su sentencia la CorteIDH, agregó.
Las mujeres de Atenco en la CIDH. Foto: Centro Prodh
“Las mujeres sobrevivientes continúan luchando para que haya una investigación seria y diligente sobre la tortura sexual, que considere todas las responsabilidades por las violaciones a derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo”, subrayó.
No obstante, la Fiscalía del Estado de México “continúa prodigando la impunidad, sin que la Fiscalía General de la República impulse decididamente el acceso a la justicia”, concluyó.
Las mujeres sufrieron el 3 y 4 de mayo de 2006 la detención ilegal y arbitraria por parte de policías en el municipio de San Salvador Atenco y en Texcoco, ambos en el central Estado de México.
#CasoCEJL. Hace 16 años, más de 30 mujeres fueron víctimas de tortura física, psicológica y sexual perpetrada por miembros de las fuerzas policiales en San Salvador de Atenco ??. Te invitamos a sumar tu voz con las #MujeresdeAtenco y exigir #NoMasTorturaSexualpic.twitter.com/W3xHozX1VT
En Tijuana, uno de los puntos rojos para la prensa, sus reporteros consideran que desde los asesinatos de sus colegas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, el clima se ha vuelto incluso más tenso y hostil.
Tijuana (México), 3 may (EFE).- El Día Mundial de la Libertad de Prensa tiene un trágico y especial significado en México. Ocho periodistas asesinados en lo que va de año y las exigencias de justicia de los informadores en constante peligro en lugares como Michoacán, Veracruz o Tijuana se suman al asedio permanente de muchas autoridades del país.
En la fronteriza Tijuana, Baja California, uno de los puntos rojos para la prensa, sus reporteros consideran que si antes ya era complicado trabajar en esa ciudad, desde los asesinatos en enero pasado de sus colegas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, el clima se ha vuelto incluso más tenso y hostil.
José Luis Camarillo, veterano reportero que durante años ha cubierto la nota policial, explicó este martes a Efe: “El riesgo es muy fuerte en esta frontera, ya que puedes estar a manos de dos generadores de riesgo; tanto de las autoridades policíacas como del crimen organizado. E incluso de la misma ciudadanía”.
El pasado 25 de enero, el gremio periodístico protestó a nivel nacional por los asesinatos de Lourdes Maldonado y del fotógrafo independiente Margarito Martínez. Foto: AP
El periodista ha sido víctima de diversas agresiones a lo largo de su trayectoria de más de 40 años en la ciudad.
Algunas de estas agresiones han sido perpetradas por agentes de la policía ministerial, de municipales y de ciudadanos en diversas manifestaciones, según relató.
OLA DE VIOLENCIA
Al igual que él, Octavio Fabela, quien lleva 32 años como reportero en Tijuana, aseguró que hoy en día se ha tornado mucho más complicada la labor periodística en esa ciudad debido a que “para los criminales es muy fácil atentar en contra de la vida de algunos compañeros”, como sucedió en su momento con Margarito y Lourdes.
Una imagen de la periodista Lourdes Maldonado. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro
El caso de Lourdes Maldonado conmocionó el país. Entre otros motivos, porque en marzo de 2019, en una de las conferencias diarias del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, la periodista dijo “temer” por su vida a raíz de un “pleito” que tenía con el hoy exgobernador de Baja California Jaime Bonilla, del oficialismo.
Fabela dijo a Efe que esta es la segunda ocasión que le toca trabajar “en un clima bastante violento en la ciudad”.
La primera etapa violenta, aseveró, fue en los años ochenta y noventa del siglo veinte, cuando había una inseguridad generalizada.
Y ahora, en una nueva ola de violencia, predomina el acoso por parte de las autoridades a los periodistas, sobre todo hacia quienes realizan trabajo de investigación.
En cuatro meses del 2022, se han asesinado a ocho periodistas. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro.
“Es complicado porque tenemos a la autoridad que nos hostiga y ello ha creado un clima de animadversión sobre lo que planteamos a través de nuestras notas. Además, tras los asesinatos [de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado] se vive un ambiente tenso porque parece que ya cualquiera tiene el derecho de asesinarte sólo por no estar de acuerdo contigo”, dijo.
Luis Omar Camarillo, un fotoperiodista de 22 años que lleva cinco colaborando para varios medios de la fuente policial en Tijuana, coincidió con su compañero en que tras los asesinatos de enero aumentó la “tensión” en el gremio y “en todo en general”.
“Yo hasta la fecha, cuando estoy con mi padre [José Luis Camarillo] u otros compañeros, siempre estoy en alerta en cualquier lugar donde llegamos. […] Porque uno nunca sabe en qué momento te pueda tocar”, dijo a Efe.
A lo largo del año se han realizado altares en las protestas en contra de la violencia en contra de periodistas. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo
ATAQUES A LA PRENSA
Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de la ONG Artículo 19, relató a Efe que generalmente los periodistas que corren “mayores riesgos” son los que están cubriendo en regiones donde se han desatado luchas entre grupos criminales y choques contra las autoridades, como es el caso de la fronteriza Tijuana.
“Hay un clima de animadversión en contra del ejercicio periodístico, que no es de ahora sino que es histórico por parte de los poderes fácticos y de los poderes públicos, pero hoy la impunidad rampante genera un incentivo”, explicó.
Resaltó que es muy importante tomar en cuenta que desde hace más de 15 años la prensa está cubriendo en un contexto “de guerra” en muchas regiones del país.
Las protestas han llegado hasta las conferencias matutinas del Presidente. Foto: Elizabeth Ruiz, Cuartoscuro.
Y en la actualidad, el discurso del Presidente López Obrador, muy crítico con cierta prensa, genera “un ambiente de hostilidad y de permisividad de violencia permanente que se replica por parte de otros actores”.
“El año pasado, documentamos por lo menos 62 casos de estigmatización por parte del Presidente [Andrés Manuel López Obrador] en contra de la prensa. […] Con [Andrés Manuel] López Obrador se ha incrementado en un 85 por ciento la violencia contra la prensa frente al primer trienio de Enrique Peña Nieto (2012-2018)”, concluyó.
De acuerdo con sus declaraciones de este viernes, Mario Escobar informó que su hija se subió al taxi de Juan David; sin embargo, tras acosarla, la joven decidió bajarse, “detonando” su desaparición.
Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- El papá de Debanhi Escobar, Mario Escobar, cuestionó el trabajo de la Fiscalía de Nuevo León y reveló que, según un documento al que tuvo acceso y que le mostraron las autoridades, el taxista que transportó a la joven la acosó sexualmente y por ello la mujer descendió del automóvil cuando no tenía que hacerlo.
“Hay un documento donde el taxista, Juan David, extiende la mano a los pechos de mi hija. Y ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso […] acuso públicamente a Juan David por detonar todo esto, porque eso detonó que mi hija se bajara del taxi y no debía de bajarse”, sentenció Mario Escobar frente a representantes de los medios de comunicación.
Asimismo, Mario Escobar arremetió contra la Fiscalía del estado ante la inefectividad de la dependencia con respecto a su trabajo para sobrellevar el caso de desaparición de Debanhi Escobar.
Imágenes del exterior donde fue encontrado el cuerpo de una mujer en NL. Foto: Gabriela Pérez Montiel, Cuartoscuro
“¿Por qué a la quinta aparece? Pregunta: ¿lo sembraron?, pregunta: ¿cómo llegó? No se pudo haber subido a la barda ella. [La teoría sobre que Debanhi resbaló] es mentira y tienen que llegar a las últimas consecuencias para encontrar a los culpables para que ya no haya peligro”.
“La Fiscalía fue muy hermética, no hizo su chamba, porque si hubiese tenido esa información, no estaríamos aquí: ya estuviera con mi hija y mi esposa. Esa persona [Juan David “N”] fue parte de la detonación”.
En ese mismo sentido, señaló directamente a Rodolfo Salinas, Fiscal de Nuevo León Especializado en Personas Desaparecidas, ya que no consideró que no había “delito qué perseguir” contra el taxista Juan David, por lo que hasta el momento sigue sin estar en calidad de detenido.
Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar durante una búsqueda en la zona alrededor de donde fue vista por última vez. Foto: Gabriela Pérez Montiel, Cuartoscuro.
Mario Escobar informó que el día de hoy se reuniría con el Gobernador Samuel García y que no podría presentarse a la manifestación programada para la tarde de este viernes ya que debe de continuar con la atención a asuntos referentes con su hija.
Más temprano, Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad Ciudadana en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León no solicitó la intervención federal en el caso de Debanhi Escobar, cuyo cuerpo habría sido encontrado dentro de las instalaciones del Motel Nueva Castilla. Dijo que, de ser necesario, la Fiscalía General de la República atraerá el caso.
“No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío exigía y pedía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer. […] Ellos [la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León] no hicieron su trabajo”, dijo el padre de la joven, Mario Escobar, ayer por la noche.
Detalles del motel donde fue encontrada la mujer sin vida en Escobedo, Nuevo León. Foto: Captura de pantalla
Mejía informó este viernes que el cuerpo sin vida de una mujer ya fue recuperado de la cisterna de un motel donde fue encontrada y que, a falta de identificación oficial, un crucifijo que llevaba con ella coincide con el de la joven Debanhi Escobar, desaparecida el pasado 8 de abril en Escobedo, Nuevo León.
“En la última comunicación con el Fiscal de Nuevo León, Gustavo Guerrero, nos informaron que ya se rescató el cuerpo de la cisterna. Lo llevaron al Servicio Médico Forense y se le realizará la necropsia”, indicó Mejía durante la conferencia matutina de López Obrador.
“Nos señalan que había un crucifijo que coincide con el que traía así como la ropa que se dio a conocer en el último momento en que fue vista”, añadió.
"¿Por qué a la quinta aparece? ¿La sembraron? ¿Cómo llego?"
El padre de Debanhi afirma que es mentira la versión que circula sobre que su hija resbaló en la cisterna del Motel Nueva Castilla.
Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que dé a conocer el minuto a minuto de los videos y evidencias en torno al caso de Debanhi Escobar.
“Yo exhortó respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo para que el día de hoy a la brevedad nos den a conocer un minuto a minuto los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas porque creo firmemente que tenemos derecho a conocer que hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir porque tenemos el derecho a ser informados”, expresó en dicho video difundido en Twitter.
Sobre el caso de Debanhi, les platico lo siguiente. (Video completo en YouTube, Facebook, e Instagram). pic.twitter.com/wv8eJfzmQY
Asimismo, Samuel García expresó que “estamos consternados, como sé que está consternada, la ciudadanía porque hay muchas dudas del lamentable caso de Debanhi”.
“Todo parece indicar que se trata de ella, pero hay que esperar una autopsia”, agregó García Sepúlveda del cuerpo hallado por las autoridades de Nuevo León.
Además, aseguró que no conoce la carpeta de investigación y pidió respetuosamente a la FGE que se convierta en una “Fiscalía abierta de puertas y paredes de cristal, que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia o la evidencia” por tres puntos, el primero para dar certeza a la familia de Escobar, el segundo para tranquilidad y aclaración de la sociedad sobré que fue lo que realmente pasó y el tercero para entender y actuar en consecuencia evitando que ocurran futuros casos como el de Debanhi.
Importante ⚠️
“No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío querían, exigían. Y mi hija está muerta. Y no sé qué hacer” Mario Escobar, papá de Debanhi, confirma su muerte y denuncia fallas graves de la Fiscalía.
Pasadas las 11:00 horas de este viernes, los papás de Debanhi Escobar llegaron al Palacio de Gobierno de Nuevo León, donde ya se reúnen con el Gobernador García.
El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas protege actualmente a mil 506 personas, un 88 por ciento más que al inicio de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018.
Ciudad de México, 17 ene (EFE).- A diez años de la entrada en vigor de la Ley para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas es momento contar con una nueva legislación y reconocer que las agresiones contra estas personas permanecen impunes en más del 90 por ciento de los casos, indicó este lunes la Secretaría de Gobernación de México.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la dependencia, Alejandro Encinas, subrayó se pondrá especial énfasis “en la definición de las competencias porque en muchos de los casos son las propias autoridades las causantes de las agresiones”.
Durante el primer diálogo regional para generar una iniciativa de Ley General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas llevado a cabo en Ciudad de México, Encinas dijo que la reforma busca crear un Sistema Nacional de Protección de defensores de derechos humanos y periodistas que ponga énfasis en la prevención;
“Actualmente el sistema federal que tenemos ha permitido que las autoridades locales se desentiendan de sus responsabilidades, por lo que en aquellos casos en que incurra responsabilidad de cualquier autoridad, el sistema nacional tenga las funciones y las facultades para iniciar acciones penales contra quienes violen la ley y agravien estos derechos”, declaró Encinas.
El periodista José Luis Gamboa fue asesinado tras presuntamente haber sido asaltado en el puerto de Veracruz. Foto: Facebook, José Luis Gamboa Arenas
Recordó que la impunidad prevalece sobre estos hechos “debido a que más del 90 por ciento de las agresiones y homicidios contra estas personas no son sancionados”.
Encinas señaló que a 10 años de que se aprobó esta Ley general, “es momento de hacer una reflexión para encarar un fenómeno delictivo” que, lamentablemente y a pesar de las acciones que el Estado mexicano emprendió, “no ha logrado revertirse”.
Precisó que esa discusión tiene que ser “abierta y libre”, un ejercicio de consulta en la que participen los beneficiarios del programa, entidades, colectivos, y organizaciones de periodistas y de derechos humanos.
Esto con el fin de generar los consensos para traducirse en una iniciativa que se presentará al Congreso, donde habrá un proceso de parlamento abierto para obtener una ley que tenga legitimidad y se le facilite su implementación.
Los foros regionales se llevarán a cabo en Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
Tanto A19 como RSF resaltaron que los hechos ocurrieron un día después de que el canal entrevistara al periodista Ricardo Ravelo, colaborador de esta casa editorial, y diera amplia difusión a su caso respecto a la censura e inicio de acciones legales en su contra por el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Foto: Cuartoscuro.
En octubre pasado, Encinas dijo que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “ha resultado ser insuficiente para enfrentar y revertir este fenómeno” de agresiones y violencia contra la prensa.
Además, indicó que el mecanismo protege actualmente a mil 506 personas, un 88 por ciento más que al inicio de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018.
De ellos, 495 son periodistas (136 mujeres y 359 hombres) y mil 11 defensores de derechos humanos (543 mujeres y 468 hombres) en un universo estimado de 203 mil 700 periodistas y 39 mil organizaciones de la sociedad civil.
El organismo consideró que sólo con la debida y cabal implementación de la Ley General, sumado a otros esfuerzos y acciones tangibles que fortalezcan las estructuras institucionales, normativas y de política pública, es que México estará en capacidad de avanzar hacia la erradicación de la desaparición de personas y la atención de los derechos de las víctimas, una de las problemáticas más complejas y lacerantes que enfrenta el país en materia de derechos humanos.
Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– Justo cuando se cumplen cuatro años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) denunció que pese a los esfuerzos de algunos actores institucionales, la gravedad del fenómeno de desaparición de personas es persiste y continúa atormentando a miles de familias en México.
En un comunicado, recordó que la Ley General fue impulsada por familiares y colectivos de víctimas con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, por lo que se adoptó con el objetivo de articular una respuesta gubernamental integral y coordinada en las acciones de investigación, búsqueda y reparación a las víctimas.
Sin embargo, aseguró el organismo, cuatro años después, los retos siguen siendo enormes para atender los más de 96 mil casos de personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, así como las más de 52 mil personas cuyos restos permanecen sin identificar en los servicios forenses y panteones públicos.
Asimismo, observó avances en la implementación de algunos aspectos de la Ley General relacionados con una mayor apropiación del tema por parte de ciertas autoridades, la aprobación en el nivel nacional de importantes herramientas para la búsqueda, la expedición de marcos regulatorios en determinadas entidades federativas y la creación de todas las comisiones de búsqueda.
“No obstante, aún quedan importantes aspectos rezagados que urge atender”, subrayó la ONU-DH.
Además, externó que ve con preocupación los intentos de desvinculación y falta de colaboración por parte de la mayoría de las fiscalías en la responsabilidad estatal de buscar a las personas desaparecidas.
También llamó la atención del organismo que aún no se hayan creado el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas, y que tampoco se haya emitido el Programa Nacional de Exhumaciones, previstos desde la expedición de la Ley General.
Más adelante, subrayó que tal y como lo afirmó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada al término de su visita a México, la cual se realizó en noviembre de 2021, “la impunidad es casi absoluta”, lo que favorece la reiteración de estos graves delitos.
Cuatro años después, los retos siguen siendo enormes para atender los más de 96 mil casos de personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, así como las más de 52 mil personas cuyos restos permanecen sin identificar en los servicios forenses y panteones públicos.
Por ello, la ONU-DH destacó la importancia y aprovechó para hacer “un firme llamado a todas las fiscalías del país a cumplir plenamente con todas las obligaciones de su competencia establecidas en la Ley General”.
A su vez, señaló que la mayoría de entidades federativas aún carecen de una política pública en materia de desaparición de personas y que incluso algunas no han armonizado sus marcos legislativos con los contenidos de la Ley General ni han dotado a sus comisiones estatales de búsqueda de los recursos mínimos indispensables para cumplir con su importante labor.
“Estas omisiones, incumplimientos y retrasos de los actores estatales repercuten negativamente en los derechos de las víctimas, en quienes sigue recayendo indebidamente, en ocasiones a costa de grandes riesgos, la carga de buscar a sus familiares e incidir en el aparato de procuración de justicia para que cumpla con identificar y sancionar a los responsables”, advirtió.
Finalmente, la ONU-DH reiteró su disposición de seguir brindando asesoría y cooperación técnica a las autoridades, así como de continuar acompañando a las víctimas en la implementación efectiva de los contenidos de la Ley General, la cual “constituye una loable conquista de las familias en su legítima aspiración por poner fin a la desaparición de personas en México, encontrar a sus familiares, que la justicia sancione a los responsables, obtener una reparación integral, mantener viva la memoria y garantizar la no repetición de estos graves crímenes”.
México tiene más de 95 mil desaparecidos, según datos gubernamentales. Más de 93 mil de esas desapariciones ocurrieron desde 2006, cuando el Gobierno inició su guerra contra el crimen organizado. Se cree que la mayoría han sido asesinados por cárteles del narcotráfico, y que sus cuerpos han sido arrojados en tumbas poco profundas, quemados o disueltos en ácido.
El Gobierno ha tenido problemas hasta para identificar los cuerpos que se han hallado. Alrededor de 52 mil esperan identificación.
Cuando el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas visitó México recientemente, concluyó que el problema es una impunidad “casi absoluta, estructural” en lo que respecta a las desapariciones. El Comité dijo que las acciones de México para generar seguridad “no sólo son insuficientes, sino también inadecuadas”.
Las múltiples deficiencias en materia de justicia que se denuncian en el documento de HRW permean directamente en las desapariciones porque miles de personas desaparecen cada año en México.
Ciudad de México, 13 de enero (EFE).- Las violaciones a los derechos humanos y la impunidad siguen siendo la norma en México y han continuado sin cambios durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, denuncia este jueves Human Rights Watch (HRW).
La tortura, las desapariciones forzadas, los abusos contra migrantes, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia de género y los ataques contra periodistas se han mantenido inalterables, asegura HRW en su informe anual de 2021.
“La impunidad sigue siendo la norma. Las reformas de ley promulgadas en 2017 y 2018 han sido lentas e ineficaces para abordar la tortura y la impunidad”, indica el reporte.
El informe destaca que el Presidente López Obrador ha ampliado además las funciones de las fuerzas armadas “desplegándolas en tareas de aplicación de la ley, en aduanas, el control de la migración irregular, ejecución de programas sociales y hasta en la construcción de megaproyectos”.
En 2021, el presidente mexicano López Obrador ha demostrado sus inclinaciones autocráticas: intentó intimidar periodistas, manipular la justicia y neutralizar los controles a su poder.
“En gobiernos anteriores, dar a los militares estas tareas ha contribuido a graves encubrimientos de abusos contra los derechos humanos”, denuncia el documento en el apartado sobre los abusos militares y las ejecuciones extrajudiciales.
Sobre la migración irregular, HRW critica al Presidente López Obrador por “participar activamente en las políticas migratorias abusivas” de Estados Unidos.
Y señala a los cárteles criminales, delincuentes comunes, Policía y funcionarios de migración de ser quienes regularmente “atacan” a las personas que migran a través de México “para robar, secuestrar, extorsionar, violarlos o matarlos”.
El informe condena que estos delitos rara vez son denunciados, investigados o sancionados.
Sobre el sistema de justicia penal, HRW, apoyada con datos de la ONG México Evalúa, señala que solo el 5.2 por ciento de los delitos cometidos en el país son resueltos.
El informe destaca que el Presidente López Obrador ha ampliado además las funciones de las fuerzas armadas “desplegándolas en tareas de aplicación de la ley”. Foto: Cuartoscuro
“El sistema de justicia penal habitualmente no brinda justicia a las víctimas de actos violentos, delitos y violaciones de los derechos humanos”, asegura el informe.
HRW critica a la Fiscalía General por no haber “implementado nunca propiamente la reforma de 2018”, destinada a hacer que la oficina fuera más independiente del gobierno y más responsable con las víctimas y sus familias.
Las múltiples deficiencias en materia de justicia que se denuncian en el documento de HRW permean directamente en las desapariciones porque miles de personas desaparecen cada año en México. “La policía, los militares, y grupos criminales son los responsables por muchos de esos casos”, asegura.
Hasta septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) había registrado más de 90 mil personas desaparecidas, la mayoría desde 2006. Las autoridades han reconocido públicamente que el número real podría ser mucho mayor.
En otro de los apartados más críticos del informe, en la parte de la responsabilidad sobre el cambio climático, se señala a México como uno de los 15 principales emisores de gases de efecto invernadero.
“México está contribuyendo a la crisis climática que está afectando cada vez más los derechos humanos en todo el mundo”, indica el reporte.
Sobre la migración irregular, HRW critica al Presidente López Obrador por “participar activamente en las políticas migratorias abusivas” de Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro
Y critica que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se opone abiertamente a la producción de energía eólica y solar.
Por otro lado, los periodistas y defensores de derechos humanos han sido también blanco de la delincuencia y de las propias instituciones de Gobierno.
“Las autoridades habitualmente no investigan adecuadamente los crímenes contra periodistas, y a menudo descartan su profesión como motivo”, indica el informe.
México es también uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. De enero a septiembre de 2021, la ONU reportó el asesinato de 10 de ellos.
“Las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y las niñas”, añade el documento.
América Latina enfrenta algunos de los desafíos más graves de DDHH en décadas.
En 2021 vimos retrocesos en las libertades básicas, el impacto de la pandemia, ataques al Estado de derecho y crisis migratorias.
Una de las economías criminales más perdurables en Latinoamérica, la extorsión telefónica, puede haber sufrido una caída de su efectividad. Dicho cambio puede obedecer a varios factores.
Por Kai Bernier-Chen
Ciudad de México, 14 de octubre (Insight Crime).- Un nuevo informe sostiene que la tasa de éxito de la extorsión telefónica en México va en descenso, pero la naturaleza variable de este delito dificulta demostrar dicha afirmación.
Entre 2013 y 2019, el número de empresas en México que recibieron llamadas extorsivas aumentó casi un 22 por ciento, pero los pagos totales disminuyeron más de un 15 por ciento, según una investigación recientemente publicada por México Evalúa, uno de los principales tanques de pensamiento de políticas públicas de México.
Con énfasis en el estado norteño de Baja California, el informe analiza por qué la frecuencia de las extorsiones telefónicas ha seguido aumentando, a la vez que su nivel de éxito ha disminuido de manera consistente.
Habitantes de Ciudad de México usando el celular. Foto: Cuartoscuro.
Con esto Baja California se situó como el cuarto estado mexicano con mayor extorsión en el país, pero con una tasa de éxito de solo 6 por ciento.
En los intentos de extorsión por teléfono los dueños de los negocios reciben amenazas de delincuentes, quienes exigen pagos entre 500 y 10 mil pesos (US$24-480), como lo declaró el jefe del sindicato de la industria procesadora del estado en entrevista con El Universal. Estos sistemas por lo general incluyen revelar información sensible y detalles íntimos de actividades recientes para crear la ilusión en las víctimas de que son seguidas.
ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
Una de las economías criminales más perdurables en Latinoamérica, la extorsión telefónica, puede haber sufrido una caída de su efectividad. Dicho cambio puede obedecer a varios factores.
A pesar de eso, México Evalúa deja en claro la dificultad de medir con exactitud las tasas de éxito de la extorsión telefónica, dada la naturaleza relativamente anónima de este delito. Las autoridades no tienen problemas en admitir que el número real de víctimas puede ser muy superior, pues las denuncias de este delito siguen siendo poco comunes.
Además de eso, el porcentaje de víctimas que pagan ha sido históricamente muy bajo, pues los responsables de los intentos de extorsión —en muchas ocasiones presos que hacen las llamadas desde el interior de una cárcel, ganan millones de dólares al año con dichas llamadas. Un estudio de 2018 mostró que se habían hecho 3.7 millones de llamadas de extorsión desde solo siete prisiones.
El gobierno ha tomado medidas para reducir este tipo de extorsión simplemente bloqueando las señales del teléfono celular alrededor de las prisiones mexicanas.
Una persona usando un celular. Foto: Cuartoscuro.
La razón más común de esta caída puede ser la conciencia de que el fraude está muy generalizado. Por tradición, las llamadas a las víctimas involucraban amenazas de lesiones personales o secuestro. Pero el Gobierno mexicano y otros de la región han realizado prolongadas campañas contra esta modalidad delictiva.
Esto conlleva algunas salvedades. Los extorsionistas han evolucionado la técnica. Según el gobierno estatal de Baja California, ya no se amenaza a los dueños de los negocios con lesiones personales. Se observa una nueva tendencia de difundir noticias falsas en medios sobre la empresa que está siendo extorsionada.
Las autoridades también se han apuntado algunos logros en el rastreo de las cuentas bancarias usadas para estos delitos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, que por lo general embarga las cuentas bancarias usadas para lavado de dinero y narcotráfico se ha fijado como prioridad el seguimiento de cuentas bancarias usadas para recibir dinero de las víctimas de extorsión que acceden a pagar.
Pero esta estrategia también puede haber desatado una reacción violenta, pues en un nuevo esquema extorsivo los delincuentes se hacen pasar por funcionarios de la UIF para tratar de asustar a las víctimas e inducirlas a hacer los pagos.
El informe de México Evalúa ofrece una imagen reveladora pero poco concluyente de la evolución de la extorsión telefónica. Aun con la baja tasa de detecciones, las estrategias tradicionales empleadas por los grupos criminales pueden estar fallando a medida que se divulga la información sobre sus métodos. Con todo esto, la extorsión telefónica sigue en aumento. El número de ese tipo de llamadas en México escaló rápidamente durante la pandemia de COVID-19 y se estima en más de US$500 millones las ganancias anuales que deja este delito.
De acuerdo con expertos en impunidad y justicia, el hecho de que Emilio Lozoya salga a cenar a un restaurante lujoso puede ser indignante, pero no es ilegal, ya que el exdirector de Pemex tiene un acuerdo con la Fiscalía General de la República. El problema, señalan, es que hasta el momento la investigación en el caso de corrupción no avanza y no hay ninguna acusación abierta contra algún exfuncionario de alto rango o expresidentes.
Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– Ricardo Anaya, Luis Videgaray, Francisco Domínguez Servién y Jorge Luis Lavalle forman parte del grupo de 70 personajes involucrados en presuntos actos de corrupción fraguados y ejecutados en los dos últimos sexenios en la trama de sobornos de Odebrecht, según la denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Lozoya Austin está hoy en la mira no sólo porque sus acusaciones han sido negadas por los señalados, sino también porque fue captado cenando en un restaurante lujoso de la Ciudad de México a pesar de que tiene un proceso judicial en curso.
Este fin de semana la columnista Lourdes Mendoza difundió unas fotografías de Lozoya, quien lleva su proceso en libertad gracias a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en un restaurante de la exclusiva zona de Lomas de Reforma de la Ciudad de México que causaron indignación tanto en la clase política opositora como dentro del propio Gobierno federal; incluso el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este suceso como un acto “legal, pero inmoral”.
Buenos días, aquí les dejo ooootra evidencia más de q @EmilioLozoyaAus estaba ayer cenando en la grande en el Hunan. Es el live de la foto. Ojo, el 10
Septiembre debió comparecer por la demanda por daño moral que le interpuse y no lo hizo argumentado “arraigo domiciliario” pic.twitter.com/JnxpwjUy06
“Yo tengo confianza en el Fiscal Alejandro Gertz Manero”, afirmó el mandatario esta mañana durante su conferencia. “Espero que alcance el tiempo y que todo esto se aclare y se haga justicia. Desde luego que, como todos los mexicanos, tiene que haber justicia pronta, expedita, pero yo espero que la Fiscalía informe cómo va el juicio y también que se analice la importancia que tiene la transparencia y que se le dé, si no mayor peso, el mismo que el del llamado ‘debido proceso’. Desde que se inventó eso ya no se puede informar al pueblo y todo se maneja en sigilo”.
De acuerdo con expertos en impunidad y justicia, el hecho de que Lozoya salga a cenar a un restaurante lujoso puede ser indignante, pero no es ilegal, ya que el exdirector de Pemex tiene un acuerdo con la Fiscalía a cargo de Gertz Manero, quien este día en medio del escándalo emitió un comunicado donde aseguró que “Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan el 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte que lleva el caso”.
Luego de ser extraditado desde España el año pasado, el exdirector de Pemex denunció a sus “socios y encubridores” y aportó “diversas pruebas que se han ido desahogando. Foto: Cuartoscuro.
“El problema con la salida de Lozoya a un restaurante no está en lo moral, el problema está en el uso arbitrario de este beneficio legal“, consideró el doctor Daniel Vázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Por un lado tienes a Lozoya en una investigación que no avanza, donde no hay ninguna red desmantelada, ninguna acusación abierta y ahí lo que genera ruido es que él no está dando información útil para armar una buena carpeta de investigación. Por otro lado tenemos los casos de Rosario Robles y los académicos del Conacyt, donde la FGR usa recursos para tratar de imputarles delitos”.
Para los expertos, la indignación que generó la salida de Lozoya a un restaurante de lujo tiene que ver con el tema de la impunidad en los casos de corrupción, donde la víctima directa es la sociedad.
“Más allá de que le cambiaran el trato a Lozoya la Fiscalía tendría que analizar si esa medida cautelar fue adecuada y pertinente, porque cada vez que la FGR solicita una medida cautelar tiene que prever dos cosas: que esa medida sea idónea y adecuada. Es decir, que no generen actos de violencia para las víctimas, que en este caso es la sociedad, y que la persona imputada no se dé a la fuga”, explicó Leslie Jiménez Urzúa, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero.
El Fiscal Alejandro Gertz Manero se encuentra en la mira luego de que Lozoya fue captado en un restaurante de lujo. Foto: Cuartoscuro.
Los analistas consideran que el trabajo de la Fiscalía en este caso evidencia que en México la justicia es clasista y racista, además de la falta de rendición de cuentas.
“Se supone que a la FGR se le dotó de autonomía y de mecanismos de control, como el plan de persecución penal y presentación de informes, y eso es lo que no hemos tenido. Lo que nos hace falta es una rendición de cuentas por parte de la Fiscalía, no sabemos cuáles son sus prioridades de investigación, qué tipo de fenómeno va a priorizar”, detalló Daniel Vázquez de la UNAM. “La Fiscalía tiene que verificar que la información que le dé Lozoya sea cierta y debe generar otros mecanismos de prueba. Me parece que la Fiscalía está esperando a que alguien más le haga su chamba”.
LA DENUNCIA DE LOZOYA
Luego de ser extraditado desde España el año pasado, el exdirector de Pemex denunció a sus “socios y encubridores” y aportó “diversas pruebas que se han ido desahogando; lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores quienes presuntamente recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht.
Después de la denuncia, realizada el 11 de agosto de 2020, Lozoya solicitó el criterio de oportunidad, una figura jurídica que le permite beneficios procesales a cambio de colaborar con la justicia.
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Foto: Cuartoscuro.
El que fuera director de Pemex entre 2012 y 2016, acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, cerró un acuerdo con la FGR mediante el cual delató a buena parte de la élite política mexicana a cambio de afrontar su proceso en libertad.
Las 63 páginas de la denuncia de Lozoya bañan de suciedad a varias generaciones de políticos quienes participaron en sobornos para avalar las reformas estructurales del sexenio de Enrique Peña Nieto y favorecer con supuestos contratos ventajosos a empresas como Grupo Higa (de Juan Armando Hinojosa Cantú), Braskem (filial de Odebrecht) y Altos Hornos de México (AHMSA), esta última del empresario Alonso Ancira, quien goza de un amparo contra la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero.
La denuncia de Lozoya, producto de un recurso legal para colaborar con el esclarecimiento de los casos de corrupción en México, está dividida en 10 subtemas que incluyen:
–Caso Odebrecht y financiamiento de campañas del PRI.
–Planeación para la aprobación y compra de votos de las reformas estructurales.
–Etileno XXI-Etapa de Felipe Calderón.
–Etileno XXI- Etapa de transición de Gobierno y comienzo de la Presidencia de Enrique Peña.
–Recursos adicionales para sobornar al PAN, diferentes a los de Odebrecht, pero con el mismo propósito.
–Otros hechos que reflejan el uso indebido del poder y tráfico de influencias.
–Pagos de votos y favores vía empresas privadas.
–Gestión de contratos por Carlos Salinas de Gortari y robo de combustible.
–Etileno XXI: pacto transexenal.
–Caso Agronitrogenados.
LOS INVOLUCRADOS NIEGAN ACUSACIONES
Algunos de los 70 involucrados en la demanda de Lozoya han negado categóricamente estar relacionados en presuntos actos de corrupción, como es el caso de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en el sexenio pasado y quien es mencionado en todo el documento por encabezar, junto con el expresidente Peña Nieto, la operación de sobornos para financiar campañas y aprobar reformas.
El exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, negó las acusaciones de Lozoya. Foto: Cuartoscuro.
En el documento, el exjefe de Pemex aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray le instruyeron reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña presidencial de 2012.
“Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente”, afirmó Lozoya en la demanda.
Luego de esta demanda, que se hizo pública en agosto del año pasado, Luis Videgaray Caso rompió el largo silencio durante su retiro político en Estados Unidos, donde es académico en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y se dijo listo para atender el llamado de la autoridad para esclarecer la verdad porque no permitirá que por “venganza política” se le difame.
“Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos”, escribió en una carta publicada el 20 de agosto de 2020. “Es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la Reforma Energética y de su conducta como servidor público”.
Ante la divulgación de un texto que, al parecer, es la denuncia que Emilio Lozoya presentó en contra mía y de otras personas, expreso aquí mis comentarios. pic.twitter.com/V9LxKBHzVE
Además, Lozoya acusó a Peña Nieto y Videgaray de pedirle usar parte del dinero para comprar votos de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) a favor de la Reforma Energética de 2013, que abrió el sector a la iniciativa privada.
En la denuncia, Lozoya nombró a los entonces senadores Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle (preso en el Reclusorio Norte), Salvador Vega, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca (investigado por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal).
Todos ellos negaron las acusaciones en su momento.
Respecto a la denuncia presentada por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República que ha sido filtrada a redes sociales, me permito mencionar lo siguiente: pic.twitter.com/xwwFFDyqIW
Lozoya también señaló a Ricardo Anaya Cortés, exdiputado federal, exdirigente del PAN y excandidato presidencial en 2018.
“Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”, aseveró Lozoya.
El exjefe de Pemex indicó que Videgaray le instruyó darle 6.8 millones de pesos a Anaya para sus aspiraciones políticas en Querétaro.
En respuesta, Ricardo Anaya Cortés pasó de las palabras a los hechos y en 2020 presentó una denuncia contra Lozoya Austin por daño moral ya que, aseguró, es falso que “Osiris Hernández” recibió casi 7 millones de pesos en el estacionamiento de la Cámara de Diputados en el marco de la aprobación de la Reforma Energética que abrió la puerta a la inversión extranjera. “La verdad está de mi lado”, dijo en un tuit acompañado de la copia de la denuncia.
Como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya.
Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez, para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas.
En total, afirmó Lozoya en su denuncia, el grupo de legisladores del PAN recibió 80 millones de pesos entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo Opengo, quien apareció en un video filtrado esta semana junto con Guillermo Gutiérrez recibiendo paquetes de dinero de un presunto colaborador de Pemex.
Además, acusó al exsenador Miguel Barbosa, actual Gobernador de Puebla por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de traficar influencias a favor de su hermano que trabajaba en Pemex.
Lozoya agregó que el operador en el tema de los presuntos sobornos fue el priista David Penchyna, entonces presidente de la Comisión de Energía y quien también ha rechazo las acusaciones.
Lozoya señaló al priista David Penchyna de ser el operador de los presuntos sobornos a legisladores para aprobar la Reforma Energética. Foto: Cuartoscuro.
En el documento Lozoya habla de la influencia que ejerció en México la constructora brasileña Odebrecht, la cual inició en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa con un contrato de la planta petroquímica Etileno XXI.
Según Lozoya, José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Energía durante el sexenio de Calderón, intervino, junto a José Antonio González Anaya, para que se otorgaran condiciones fuera de lo normal en las ventas de etano que Petróleos Mexicanos acordó con Braskem.
“El negocio que hicieron los brasileños es que Pemex le vendiera a Braskem el etano, ya que Pemex era el único proveedor, pero le hacían un descuento inexplicable de 25 por ciento sobre el precio del mercado, lo que hacía super desventajosa la posición de Pemex”, señaló Lozoya.
Lozoya aseguró que los exdirectivos de Pemex José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina apoyaron el contrato de Etileno XXI.
Niego los supuestos señalamientos que carecen de sustento o lógica alguna de Lozoya. Solo se entienden como un acto desesperado de quien sabiéndose culpable, pretende esquivar la justicia mediante el abuso del criterio de oportunidad y …
Ante los señalamientos, el exsecretario y excandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña tuiteó que las acusaciones de su excompañero de gabinete carecen de pruebas. “Seré respetuoso de las investigaciones. Anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos”, escribió y dio retuit al mensaje del extitular de Pemex y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya. “No participé en la aprobación de la Reforma Energética, ni en la contratación de Etileno XXI, ni en la compra de Agronitrogenados”, escribió el concuño del expresidente Salinas de Gortari.
El excandidato cuestionó el Tercer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus “récords históricos” que asegura son mentira o no son de su Gobierno.
Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés cuestionó, en un nuevo video, los “récords históricos” que enumeró el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su Tercer Informe de Gobierno el pasado 1 de septiembre.
Anaya reprobó la frase “tengan para que aprendan” del Presidente López Obrador y criticó los datos que dio en su Informe de Gobierno respecto a los niveles de corrupción, al manejo de la pandemia y las cifras de violenciaenMéxico.
“¿Para aprender qué, Andrés Manuel? ¿Aprender a mandar a tus hermanos a recibir dinero en efectivo y luego como Presidente protegerlos? ¿Aprender a decir que no pasaba nada con el coronavirus para luego acumular cientos de miles de personas muertas? ¿Aprender a repetir tú frasecita ‘abrazos, no balazos’ para luego soltar al hijo de El Chapo y llegar a la tragedia de 100 mil mexicanos muertos en tres años?”, expresó el político.
El panista calificó los “récords históricos” del titular del Ejecutivo a tres años de su Gobierno como “mentiras”, al considerar que hay más muertos que en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, “de ese tamaño es tu fracaso”, dijo.
“Pintas un país que sólo existe en tu cabeza y presumes según tus siete récords históricos, nada más que hay un pequeño problema: tres son mentira, tres no tiene nada que ver con tu gobierno y uno fue propuesta de todos los partidos”, señaló.
De los RÉCORDS HISTÓRICOS que AMLO presumió: 3 son mentira 3 no son de su gobierno
Y le faltaron varios récords: En impunidad (sus hermanos); en violencia (100,000 muertos en MEDIO sexenio); caída económica; manejo de la pandemia…
De los tres récord históricos que dicen que son mentira, habló sobre la inversión extranjera, que según datos de la propia Secretaría de Economía, la cifra más alta se alcanzó 2013; del incremento de deuda indicó que datos de la Secretaría de Hacienda arrojan que la deuda pública aumentó 1.6 billones de pesos durante su Gobierno y que el aumento del Índice de la Bolsa de Valores fue mayor cuando no era Presidente.
“Si fuera béisbol ya estarías ponchado”, enunció el excandidato.
Acerca de los logros que manifestó que no son del Gobierno actual, dijo que el alza de las remesas se lo debe al Presidente de Estados Unidos por los cinco mil pesos al mes que reciben las familias por cada niño, lo que hace posible que puedan mandar más dinero. “En lugar de presumir, deberías disculparte. La gente no se va y deja su familia y a su país por gusto, se van al otro lado porque en México no hay trabajo”, declaró.
Asimismo, Anaya Cortés reconoció que sí logró récords históricos “en personas muertas por la inseguridad y el crimen organizado; en personal médico que perdió la vida durante la pandemia, que ningún país del mundo supera; en candidatos asesinados en pleno proceso electoral y en impunidad.
Recordó que a pesar de “la claridad de la evidencia de su corrupción” protegió a Manuel Bartlett, a Irma Eréndira Sandoval y a sus hermanos, concluyendo que “el primer paso para resolver los tremendos problemas que enfrentamos es admitir que existen”.
“Deja de mentir y engañar, Andrés Manuel, por favor ya deja de hablar y mejor ponte a trabajar”, sentenció.
La única organización internacional que trata el tema, Acid Survivors Trust International (ASTI) habla de la existencia de unos mil 500 ataques al año en todo el mundo, pero alerta que el número real puede ser mayor porque muchos “no se reportan y aunque se denuncien puede ser clasificados bajo otro tipo de delitos”, afirma Jaf Shah, su director.
Por María Verza y Ginnette Riquelme
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cuando Elisa Xolalpa tuvo tres hijas y un trabajo que disfruta y con el que mantiene a su familia logró una de sus victorias: hacer fracasar el deseo de quien hace dos décadas la atacó con ácido con la intención de enterrarla en vida. Otra sigue pendiente: que se haga justicia.
En un país como México, con altos niveles de violencia en general y contra las mujeres en particular y donde las feministas han sido fuertemente criticadas por las autoridades por salir a las calles a exigir el fin de la impunidad, un grupo de supervivientes de ataques con ácido ha comenzado a levantar la voz.
Esmeralda Millán, quien sobrevivió a un ataque con ácido por su expareja hace tres años cuando ella tenía 23 años, posa para un retrato en la casa de su abuela en el estado de Puebla, México, el martes 22 de junio de 2021. El atacante de Millán fue arrestado y encarcelado bajo cargos de intento de feminicidio el mismo año del ataque. Foto: Ginnette Riquelme, AP
“Pensaba que era la única”, explica Xolalpa. “Pero ya no estamos solas”.
La Fundación Carmen Sánchez, que opera formalmente desde principios de año con el nombre de su directora, tiene registrados 29 ataques, cinco de ellos en 2021. El número puede parecer anecdótico en un país con 126 millones de habitantes, pero temen que sea sólo la punta del iceberg.
Por eso exigen cambios legales para que los ataques sean considerados en todo el país como intentos de feminicidio. Aspiran a que poner un muelle en una garganta deshecha o pasar por el quirófano para que pueda abrirse un ojo sean consideradas cirugías de primera necesidad. Reclaman ser vistas, aunque ver sus caras duela.
Esmeralda Millán muestra una selfie tomada el 1 de diciembre de 2018, el día antes de que fuera atacada con ácido por su expareja, en la casa de su abuela en el estado de Puebla, México, el martes 22 de junio de 2021. El atacante de Millán fue arrestado y encarcelado bajo cargos de intento de feminicidio el mismo año del ataque. Millán sufrió quemaduras en el lado derecho de su cara, el cuello, el pecho y las manos. Foto: Ginnette Riquelme, AP
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“Mamá, ¿Qué es el ácido?”, le preguntó un día Daniela, de 9 años, a su madre. Elisa Xolalpa recuerda que por un instante se quedó muda. Luego contestó que era un líquido que utiliza en el invernadero y que es peligroso. Otro día la pequeña salió llorando desconsolada de la escuela. “Unos niños me dijeron que eras muy fea, mamá, y no es cierto”, recuerda que le dijo.
Xolalpa tiene 38 años y mirada dulce. Disfruta cultivando flores como hacían sus ancestros, en balsas de tierra -las chinampas- sobre la zona lacustre del sur de Ciudad de México, el barrio de Xochimilco. Sabe que uno de sus pendientes es explicar a sus tres hijas pequeñas, fruto de su segunda pareja, el ataque que le cambió la vida y tras el cual sólo deseó morir.
Martha Ávila, quien sobrevivió a un ataque con ácido por su exyerno hace cuatro años cuando tenía 59 años, se abraza mientras posa para un retrato en su casa en el Estado de México, el 13 de junio de 2021. El ataque contra Ávila ocurrió el Día Internacional de la Mujer en 2017 mientras ella estaba en su trabajo, dos años después de que su hija había dejado a su pareja y se escondía de él. Después de 15 cirugías, Ávila aún necesita otras para recuperar la movilidad. Foto: Ginnette Riquelme, AP
Ahora, sin embargo, está centrada en prepararse psicológicamente para la audiencia prevista el 18 de agosto en la que espera que un Juez procese a su agresor, detenido apenas en febrero, a 20 años del ataque y después de tres denuncias y numerosas amenazas.
De momento, sólo está acusado de violencia familiar, pero ella confía en que le sentencien a varios años de prisión y que después puedan prosperar cargos formales por intento de feminicidio.
Xolalpa se ha sentido desdeñada incluso por el abogado de su atacante. “Dice que estoy bien porque pude formar una familia”, afirma indignada. Reconoce que se involucró en su segunda relación con el padre de sus hijas para “sentir que podía agradarle a alguien a pesar de las cicatrices”. “Fue un error, yo sigo dañada”.
Carmen Sánchez, quien sobrevivió a un ataque con ácido por su expareja hace siete años cuando ella tenía 30 años, posa para un retrato en México, el domingo 30 de mayo de 2021. Sánchez tuvo que ser sometida a 61 operaciones y debe proteger su piel y el ojo derecho del sol. Cuando Sánchez interpuso una denuncia contra su atacante en 2014, cuando fue atacada, el hombre no fue arrestado. En 2021 se reabrió una investigación bajo los cargos de atento de feminicidio y finalmente el hombre fue arrestado, aunque Sánchez aún espera saber si será formalmente acusado y procesado. Foto: Ginnette Riquelme, AP
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Quemar a alguien con ácido implica querer disolver a una persona física y psicológicamente, causar daños permanentes. Y es premeditado, afirma Naciones Unidas.
A Xolalpa la ataron a un poste antes de arrojarle el químico. El ácido deshizo las cuerdas pero también su ropa y su cuerpo mientras corría medio desnuda en busca de ayuda. Tenía 18 años y un hijo de su agresor. Lleva 40 cirugías en su cuerpo.
Entre las víctimas de los ataques con ácido hay hombres y niños, pero el 80 por ciento son mujeres generalmente atacadas por parejas o exparejas o por personas pagadas por ellos. El objetivo: venganzas o celos, dice ONU Mujeres.
Elisa Xolalpa posa para un retrato durante una entrevista en la que recuerda cómo sobrevivió a un ataque con ácido por su expareja, quien le dañó la cara, el pecho, la espalda, los brazos, las manos y le hizo perder un dedo de la mano derecha. La imagen fue tomada en su invernadero en Ciudad de México, el sábado 12 de junio de 2021. El ataque ocurrió hace 20 años cuando ella tenía 18 años, aunque el hombre fue arrestado apenas este año. Foto: Ginnette Riquelme, AP
“Nos consideran de su propiedad y actúan bajo el esquema de ‘si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie’”, explica Sayuri Herrera, Fiscal Especializada en feminicidios de la Ciudad de México.
Y aunque esta violencia se asoció a países del sudeste asiático, Shah asegura que no pueden vincularse a ninguna región, cultura o religión aunque sí a “profundas desigualdades económicas y sociales de género”.
Entre las supervivientes hay de todo: una miss italiana, una estudiante ugandesa, una saxofonista mexicana, profesionales de Colombia, campesinas de Nepal, jóvenes de Bangladesh o trabajadoras británicas. Según ASTI, la ciudad de Londres batió récords en 2017 con 456 ataques.
Elisa Xolalpa, quien sobrevivió a un ataque con ácido por su expareja hace 20 años cuando ella tenía 18 años, acomoda plantas en su invernadero y que luego venderá en un mercado en Ciudad de México, el sábado 12 de junio de 2021. Xolalpa está enfocada en prepararse mentalmente para una nueva audiencia con su atacante, quien finalmente fue arrestado en febrero de 2021. Foto: Ginnette Riquelme, AP
La ONG sólo tiene registros de un país latinoamericano, Colombia, donde llegó a haber 100 atentados al año.
En México las cifras están aumentando, reconoce la Fiscal Sayuri Herrera. No hay estadísticas oficiales claras, pero no dejan de aparecer casos, tanto actuales como del pasado.
Ximena Canseco, historiadora y cofundadora de la Fundación Carmen Sánchez, recuerda cómo en sólo un día, el 29 de julio, les contactó una sobreviviente de hace 30 años y encontraron un mensaje de auxilio en Facebook de la madre de una joven a la que acababan de lanzar ácido desde una moto.
Elisa Xolalpa, quien sobrevivió a un ataque con ácido por su expareja hace 20 años cuando ella tenía 18 años, habla con su mamá Carmen Martínez en el patio de la casa de sus padres en Ciudad de México, el sábado 12 de junio de 2021. Foto: Ginnette Riquelme, AP
Por si fuera poco, ese mismo jueves se enteraron de la muerte por COVID de una compañera que sólo se había atrevido a hablar de su caso semanas antes. “Nunca lo hizo público, lo había perdido todo y seguía recibiendo amenazas, estuvimos hablando una hora”, recuerda Canseco. Murió con 30 años y sin justicia.
En junio, un grupo de mujeres, entre ellas Xolalpa, se plantaron ante las oficinas de la Fiscalía capitalina para presionar sobre sus procesos. Ahora este departamento revisa investigaciones originariamente iniciadas por lesiones graves por si procede recalificarlas como intento de feminicidio.
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Elisa Xolalpa muestra las marcas de las quemaduras en sus brazos y manos que le dejaron el ataque con ácido por parte de su expareja hace 20 años cuando ella tenía 18 años, durante una entrevista en su invernadero en Ciudad de México, el sábado 12 de junio de 2021. Foto: Ginnette Riquelme, AP
El futuro de las mujeres atacadas con ácido en México cambió en una consulta médica de Colombia, allá por 2017.
Gina Potes, hoy de 45 años, y la primera superviviente en un ataque con “agente químico” en América Latina de la que se tiene noticia, recibió una videollamada camino del doctor. Era Carmen Sánchez.
La mexicana la contó cómo tres años antes, cuando estaba desayunando con su madre y hermanas su expareja entró en la casa y la arrojó el líquido corrosivo. Luego huyó en el vehículo de un cómplice mientras ella sentía cómo la barbilla se le quedaba pegada al cuello y el celular se derretía en sus manos.
Elisa Xolalpa, quien sobrevivió a un ataque con ácido por su expareja hace 20 años cuando ella tenía 18 años, habla con un colega que también cultiva plantas en Ciudad de México, el sábado 12 de junio de 2021. Foto: Ginnette Riquelme, AP
“Me contó todos sus dolores, lloró, me habló de sus cirugías”, explica Potes que desde que fundó en Colombia el colectivo “Reconstruyendo Rostros” se dedica a ayudar a otras mujeres que pasaron por lo mismo que a ella.
La conversación continuaba cuando la colombiana llegó al médico así que la avisó: “mira me voy a empelotar, pero seguimos platicando, no te preocupes”.
Así fue que esta mujer de pelo alborotado, piernas largas y lindos ojos, según ella se describe y que tras el ataque sufrido en 1996 pensó que se había convertido en un monstruo, se desnudó ante la cámara de su celular y la mirada perpleja de la mexicana.
Elisa Xolalpa, quien cuando tenía 18 años sobrevivió a un ataque con ácido mientras estaba atada a un poste por su expareja hace 20 años, habla por celular mientras sus hijos juegan en la casa de sus padres en la Ciudad de México, el domingo 4 de julio de 2021. Xolapa dijo que nadie puede permitir que se normalice la violencia y que ese es un mensaje que quiere enseñar a sus hijas. Foto: Ginnette Riquelme, AP
Verla mostrar sus cicatrices sin pudor zarandeó a Sánchez. Entendió que esconder lo que ha había pasado no ayudaba. Y mientras buscaba justicia en su caso y se sometía a operación tras operación –lleva 61– comenzó a platicar con otras mujeres, a buscar donantes y ayuda de abogados, psicólogos y doctores.
“Desde el principio sólo tuve dos opciones: o me dejaba morir, cosa que sí pensé muchas veces, o miraba mis cicatrices, las de adentro y las de afuera, y entendía que esa era mi nueva realidad”, explicaba Sánchez a finales de julio al recibir un premio de la Cámara de Diputados de México.
Ahí dejó claro a los legisladores que las mujeres como ella no sólo se enfrentan a la violencia del agresor, sino también a “la indiferencia e impunidad del Estado, a la revictimización de los medios de comunicación y a la exclusión y discriminación social y laboral”.
Elisa Xolalpa, quien sobrevivió a un ataque con ácido hace 20 años por su expareja cuando ella tenía 18 años, lleva plantas de su invernadero a un taxi para llevarlas a vender a un mercado en Ciudad de México, el sábado 12 de junio de 2021. Foto: Ginnette Riquelme, AP
Naciones Unidas ha destacado la importancia de modificar las leyes para que reflejen la gravedad del delito y ayuden a la reinserción de las víctimas, como ha sucedido en Camboya, Reino Unido o Colombia.
En México sólo tres de los 32 estados reconocen estos ataques como intentos de feminicidio, un país donde la violencia de género no cesa.
En la primera mitad de 2021, asesinaron a mil 879 mujeres y lesionaron a más de 33 mil, según datos del Gobierno federal. Además, se denunciaron casi 10 mil 500 violaciones y más de 23 mil 900 casos de violencia familiar, dos delitos que en marzo y mayo respectivamente batieron récords.
Elisa Xolalpa, quien sobrevivió a un ataque con ácido por su expareja hace 20 años cuando ella tenía 18 años, posa para un retrato en su invernadero en Ciudad de México, el sábado 12 de junio de 2021. Supervivientes como Xolalpa quiere que este tipo de ataques sean clasificados como atento de feminicidio, además de que reciban apoyo con las innumerables cirugías y terapias psicológicas. Foto: Ginnette Riquelme, AP
Y de esas violencias previas es donde puede salir el siguiente ataque con ácido, alerta Sánchez, porque en su caso y en el de la mayoría, los atentados se producen cuando ellas deciden separase del agresor.
“El agente químico es la gota que derrama el vaso, tienes que sentarse a mirar todas las gotas de violencia previa, familiar y social”, coincide la activista colombiana.
Para Xolalpa, una de las principales lecciones a lo largo de estos años es “la violencia no se puede normalizar” y eso es lo que quiere transmitir a sus hijos. Muchos miedos persisten pero su determinación es clara. “Tengo que transformar este dolor en otra cosa”. De momento, toca exigir justicia y no callar.
Elisa Xolalpa, quien sobrevivió a un ataque con ácido por su expareja hace 20 años cuando ella tenía 18 años, posa para un retrato dentro de su invernadero en Ciudad de México, el domingo 30 de mayo de 2021. Foto: Ginnette Riquelme, AP
Expertos y estudiantes del ITESO y Universidad de Stanford analizaron once casos emblemáticos sin justicia en México. El informe revela que autoridades emplean mecanismos “para socavar su propia investigación o garantizar que sus pesquisas no lleven a nada”.
Tijuana, 3 de agosto (ZETA).– La palabra impunidadfrecuentemente es asociada a la comisión de un delito que no tiene a una persona que responda por ello, fenómeno que se atribuye a la falta de capacidad de las agencias del Estado en las tareas de procuración de justicia; sin embargo, el estudio de una serie de casos paradigmáticos de violación masiva de derechos humanos, pone en evidencia que parte de esa impunidad es deliberada, en un resultado deseado de parte de autoridades, para que las investigaciones no conduzcan a nada.
Tal es la conclusión a la que llega el informe realizado por académicos y un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad de Stanford y de la Red Universitaria para los Derechos Humanos de los Estados Unidos, denominado “La impunidad activa en México, cómo entender y enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos”.
Encabezado por los investigadores Alejandro Anaya Muñoz, James Cavallaro y Patricia Cruz Marín, el estudio parte de la descomposición que vive el país en cuanto a la violación de los derechos a la integridad física, vinculada a una crisis de impunidad y de acceso a la justicia, al grado que México tiene uno de los niveles más graves en la materia en el mundo, al estimarse que prevalece una impunidad del 98 por ciento en la investigación de delitos, que es prácticamente absoluta.
El estudio analizó diferentes casos representativos en las últimas tres administraciones federales. Foto: Cortesía ZETA.
Entre los once casos analizados por los investigadores, se encuentra la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, en marzo de 2014; la masacre de 42 civiles y un agente federal en Tanhuato, Michoacán en mayo de 2015; y las incompletas y fallidas investigaciones del homicidio de la periodista Miroslava Breach con relación a los narcopolíticos de Chihuahua, en marzo de 2017. Aunque también figuran dos pesquisas de habitantes de Ensenada y Maneadero, Baja California, que en 2011 fueron detenidos y torturados por militares, sin que hallaran justicia a sus causas.
En esos y otros casos que ocurrieron desde 2008 hasta 2019, durante los sexenios de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés López Obrador, los académicos identificaron los mecanismos que generan la impunidad activa, como la alteración de la escena de los hechos y la siembra de evidencia falsa; la negativa a recibir denuncias; la intimidación y amenazas a víctimas, familiares y testigos.
También se hicieron visibles la reticencia de las autoridades civiles a investigar a elementos de las fuerzas armadas, y el ya conocido intento de manchar la reputación de las víctimas.
IMPUNIDAD “ADREDE”
Los académicos identificaron mecanismos que generan la impunidad activa, como la alteración de la escena de los hechos y la siembra de evidencia falsa. Foto: Cuartoscuro.
Para el doctor Alejandro Anaya Muñoz, coordinador de la Maestría de Derechos Humanos y Paz del ITESO, la crisis en temas como la violación al derecho a la vida, la prohibición de las exclusiones, así como al derecho a no ser víctima de tortura, de desaparición forzada y e derecho al acceso a la justicia, atraviesan una situación crónica y grave, dinámica que genera la impunidad activa por parte de las autoridades en un país donde solo en dos por ciento de los casos existe una sanción a los delincuentes, en forma excepcional.
El profesor Anaya estima que cuando la impunidad es la norma, como sucede en México, se convierte en un incentivo para que las violaciones de derechos humanos y el crimen se repitan y se perpetúen, “porque al no haber una sanción, no hay un freno inhibidor para las personas que delinquen, o un motivo para que las víctimas denuncien, o para que las autoridades no violen derechos humanos; porque si no va a haber castigo, entonces lo puedo hacer, sin ningún problema”.
El entrevistado aseguró que la impunidad es parte de la explicación, pero no el único factor que influye en la criminalidad, ya que en contextos donde existe una baja impunidad, de todos modos, existe criminalidad y violación a los derechos humanos: “Hay otros factores, pero uno muy importante para explicar la crisis actual, ambas crisis, sin duda es esa falta de castigo, de esa impunidad casi absoluta que estamos enfatizando”.
Los expertos advirtieron de una impunidad activa por parte de las autoridades, en un país donde solo en dos por ciento de los casos existe una sanción a los delincuentes Foto: Cortesía ZETA.
Anaya refiere diferencia entre la impunidad global y la impunidad activa. La primera se refiere a incompetencias, como las pesquisas malogradas, evasión de responsables de un delito, falta de suficiencia de prueba o cualquier otro pretexto relacionado con la falta de capacidad humana, técnica, científica o de entrenamiento, de los operadores de las agencias de procuración de justicia; mientras que la segunda, es aquella generada con toda intención por parte de las autoridades.
“La impunidad activa es aquella en la que las investigaciones no llevan a nada de manera deliberada. Es un resultado deseado, en el cual las propias autoridades encargadas de la investigación de los abusos, de las violaciones a los derechos humanos, hacen una serie de cosas para socavar sus propias investigaciones o para garantizar que sus pesquisas no lleven a nada, y eso es una diferencia muy importante con la impunidad que se explica con base en la falta de capacidades”, explica el experto.
Coloquialmente, se puede afirmar que es una impunidad de “adrede”, reitera el coordinador del proyecto de investigación, por lo que se entiende que no haya responsables de delitos, o ni siquiera investigaciones, o que los asuntos se enreden sin pies ni cabeza, en una dinámica constantemente advertida en casos de desaparición forzada, tortura, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales u homicidios de periodistas o de activistas. Por ello, no pondera ninguno de los once asuntos analizados con mayor o menor importancia entre ellos, pues todos son emblemáticos y muy descriptivos del fenómeno.
SUPERVISIÓN EXTERNA
Fotografía tomada durante un homenaje hecho por familiares, amigos y colegas de Miroslava Breach en 2018, al cumplirse un año del asesinato de la periodista. Foto: Erika Lozano, Cuartoscuro.
Resulta desmotivante para las víctimas y sus familiares que las autoridades se nieguen a recibir la denuncia, o que no se acredite la desaparición forzada, tampoco la tortura, e incluso haya amenazas para las personas que pretenden formular una denuncia en contra de agentes del Estado, “como para decirles que ya no le sigan porque les va a ir peor; es parte de una serie de mecanismos identificados en este informe, que son los que demuestran esta impunidad activa a la que hacemos referencia”, comenta el doctor en Derecho.
En su opinión, pareciera que la constatación de que existe una impunidad casi absoluta pega en el ánimo de las víctimas, y a pesar del cambio democrático de autoridades cada tres y seis años, e incluso modificación del sistema penal de justicia, no hacen diferencia y todo sigue igual.
“No quiere decir que no haya solución y nos resignemos a vivir en el país de la impunidad. Otra de las contribuciones del informe, es un planteamiento para romper con ese ciclo arbitrario y perverso. No es la única receta, ni la única estrategia, ni va a ser la varita de oro como para solucionar todo de la noche a la mañana, pero es una de las alternativas sobre la mesa: plantear los asuntos a mecanismos externos de supervisión de la justicia. Si tu conclusión es decir que este tipo de impunidad ‘adrede’ es buscada por las propias autoridades que tienen el mandato de alcanzar la justicia, no les podemos dejar a esas autoridades la solución de un problema de impunidad, porque lo están generando ellas directamente”, enfatiza el académico.
Según la organización Reporteros Sin Fronteras, los asesinatos contra periodistas en México tienen una impunidad del 99 por ciento. Foto: Cuartoscuro.
De acuerdo con el docente universitario, en cuatro experiencias concretas se ha involucrado a actores externos -internacionales- en la procuración de justicia en América Latina con buenos resultados, “una de ellas en nuestro propio país, en México, las otras tres en América Central: Guatemala, El Salvador y Honduras”.
Son estos ejercicios de involucrar a actores internacionales “en la búsqueda de que sí haya justicia, en busca que haya investigaciones serias, profundas independientes, y que, por lo tanto, haya sanciones”.
Para Alejandro Anaya, “el factor clave de esos actores es su naturaleza externa, es decir, que investiguen, que busquen esa sanción, pero que al ser externos, se pueda garantizar esa independencia y autonomía de entre los actores internos, que hasta la fecha no solamente no han garantizado la justicia, sino que a propósito, han buscado socavar la verdad y la justicia.
“Esos actores externos contribuirían a romper esa cadena de intereses que está detrás de la impunidad activa, y por supuesto, tener las capacidades y expertise en las investigaciones”, concluye.
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La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que la trasladó de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario José Kamel Nacif, uno de los principales señalados en su libro sobre pornografía y prostitución infantil.
Ciudad de México, 27 jul (EFE).- La organización Artículo 19 denunció este martes que persiste la impunidad para el empresario mexicano José Kamel Nacif, quien fue exonerado por el delito de tortura contra la periodista y defensora de derechos humanosLydia Cacho, en 2005.
Esto, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo otorgara un amparo a Nacif, con el que lo libera de toda responsabilidad en el caso de Cacho, superviviente de torturas por sus investigaciones sobre redes de explotación infantil.
“Con esta determinación se abre camino para la absolución del resto de los sentenciados”, apuntó la organización en un comunicado.
La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.
Pero de acuerdo con el Tribunal, su tortura y aprehensión no tuvieron relación con la publicación del libro Los Demonios del Edén: el poder de la pornografía infantil.
El empresario Nacif era uno de los principales señalados en el libro en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil que implicaba a empresarios cercanos al entonces Gobernador de Puebla, Mario Marín.
Según algunas versiones, su detención y tortura habría sido pactada entre Nacif y Marín.
Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.
Según Artículo 19, la determinación del Tribunal se basó en un análisis “profundamente sesgado”, pues cuando se valoraron las conversaciones que tuvo Nacif con Marín, refiriéndose a Cacho, se consideró que las afirmaciones contra la periodista eran “vagas y genéricas” y podían referirse a cualquier mujer.
La organización denunció que las magistradas consideraron que no había prueba fehaciente sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista por publicar el libro y que todo era responsabilidad de los policías que la aprehendieron.
Señaló que la sentencia denota “un profundo desconocimiento” de los estándares internacionales en materia de derechos humanos “y tiene un clara intención de exonerar a los autores intelectuales”.
📣 Sentencia que exonera a Kamel Nacif abre camino a la impunidad en el caso de @lydiacachosi
En este contexto adverso para la plena vigencia de los DH, Lydia Cacho y ARTICLE 19 reafirman su compromiso de la búsqueda de verdad, justicia y reparación:
Argumentó que esto no sólo significa una “mala decisión”, sino que también exalta la corrupción que existe en el sistema judicial del país.
Por ello exigió una investigación pronta, imparcial, independiente y eficaz sobre los presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial de la Federación y exhortó a su presidente, Arturo Zaldívar, a depurar el aparato judicial del país.
También pidió que se garantice una justicia imparcial, independiente y transparente en el resto del proceso en contra de los otros autores materiales e intelectuales.
En 2019, el Gobierno de México pidió perdón a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
