La elección de Gobernador en el Estado de México es considerada el experimento previo a la elección presidencial de 2024. Esa es la magnitud de los comicios del próximo año, en una entidad con más de 12 millones de votantes y que hoy es la joya de la corona que se disputarán las tres fuerzas políticas más importantes del país.
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- A un año de que se realicen las elecciones para elegir Gobernador en el Estado de México, los rostros de los posibles candidatos de todos los partidos han tapizado las calles de esa entidad que, o están en malas condiciones o no cuentan con alumbrado público.
Por la mañana, cuando millones de personas inician un traslado de hasta dos horas de sus hogares a sus trabajos, pueden ver desde los camiones viejos, costosos e inseguros, los rostros sonrientes de quienes se venden como políticos de altura y aseguran que es su tiempo de gobernar para los mexiquenses.
Este despliegue publicitario al que se suman todos los partidos, es una constante en el estado desde que Enrique Peña Nieto hizo campaña en 2005 y demostró cómo el despliegue de fotografías garantiza estar en la competencia.
Y así serán las cosas a lo largo de todo este año.
Hasta ahora, los principales nombres que ya han sido definidos por sus partidos y que se preparan para el arranque de la campaña son Delfina Gómez, de Morena; Enrique Vargas del Villar, del PAN, y Omar Ortega del PRD. Mientras que por el PRI, suenan los nombres de la Diputada Ana Lilia Herrera —quien atribuyó la aparición de espectaculares con su nombre a “mexiquenses que pusieron manos a la obra”— y la Secretaria de Desarrollo del Edomex, Alejandra Del Moral.
Alfredo del Mazo Maza, actual Gobernador del Estado de México. Foto: Gobierno de México
El Estado de México es el objeto del deseo político. Por un lado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscará retenerlo para mantener su bastión y una estructura social y política que ha alimentado a lo largo de décadas. Por el otro, Morena quiere sumar esa entidad a la lista de victorias de los últimos cuatro años.
En medio de esa algarabía está la realidad: el Estado de México es una de las entidades más inseguras, más corruptas, la que ejerce más violencia contra las mujeres y en donde está el mayor número de población en condiciones de pobreza. Todo eso sustentado con datos.
El colectivo Nos Queremos Vivas Neza compartió una reflexión a SinEmbargo: el control del PRI en el Estado de México ha representado para quienes habitan ahí, y en particular para las mujeres, “un terrible estancamiento en cuanto mejoras en la calidad de vida, poco acceso a mejores condiciones laborales, vivienda, salud, etc., pues todo se reduce a programas sociales asistencialistas que no atacan de manera estructural el problema de la desigualdad”.
“La gestión del gobierno actual encabezado por Alfredo del Mazo, fue completamente inexistente. Se caracterizó por ser un gobierno fantasma, ausente, con un personaje gris del que poco se habló, ni para bien ni para mal”, señaló.
Y ante la pregunta de “¿Qué opinan de que se hable mucho de la importancia política del Estado de México y poco de lo que realmente significa gobernar una entidad con muchos problemas?”, el colectivo multidisciplinario respondió que los habitantes serán utilizados como herramientas útiles y pasajeras cuando los llamados de auxilio y apoyo han sido permanentes.
Y el llamado a quien llegue es mínimo: que esté a la altura de la situación y no anteponer los intereses de su partido político.
LOS FRÍOS NÚMEROS MEXIQUENSES
Violencia
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), muestran cómo la violencia y los delitos en el Estado de México triplican en algunos casos la tasa nacional.
Si se revisan los números y tomando la medición de delitos por cada 100 mil habitantes, el homicidio doloso ha mantenido una tasa constante comparada con el comportamiento del delito a nivel nacional pero hasta 2020, pues en el país comienza a bajar pero en el Estado de México, no.
Respecto a los feminicidios, la cifra nacional es igual a la de esa sola entidad.
Del delito de extorsión, durante los últimos tres años la tendencia estatal es tres veces mayor a la nacional. En 2015 ese delito se ubicó en 9.6 por ciento por cada 100 mil habitantes y para lo que va de 2022, es de 13.37.
Pero el delito en el que sobresale es el del robo a transeúnte: en 2015, los delitos en el Estado de México eran 155 por ciento más que la cifra a nivel nacional; en 2018, el 75 por ciento; en 2021 el 71 por ciento más y para lo que va de 2022, un 146 por ciento más.
Pobreza
El Estado de México abona el 9.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que convierte a la entidad en la segunda más importante de todo México en materia. El comercio, la minería y el sector industrial son los sectores más importantes.
Los números de pobreza en el Estado de México contrastan con las cifras de la actividad económica. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro
A pesar de eso, es la entidad con el mayor número de población en condiciones de pobreza: en 2020, de acuerdo con los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 8 millones 342.5 mil personas viven en esa condición; en 2018, la cifra era de 7 millones 036.3 mil personas.
En cuanto a pobreza extrema, el Edomex sólo está por debajo de Chiapas –entidad que históricamente concentra los mayores niveles de pobreza–: en 2020 hay 1 millón 401.9 miles de personas en esa condición.
La Secretaría de Economía (SE) desarrolló el Índice de Complejidad Económica ECI, que mide las capacidades productivas de una localidad y predice su nivel de ingreso, crecimiento económico, desigualdad y hasta las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Estado de México ocupa el lugar número 13 con un ECI de 0.71.
La percepción
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) obtenidos de la medición de transparencia y anticorrupción, señalan que por cada 100 mil habitantes, 50 mil 619 de los mexiquenses refirieron actos de corrupción en los trámites realizados.
Es la octava entidad a nivel nacional y eso ha ido en aumento, en 2013, el índice era de 30 mil 318 por cada 100 mil habitantes.
La tasa de población que cree o ha escuchado que existe corrupción en los trámites es de 60 mil 544.
El Inegi también tiene indicador de la tasa de prevalencia delictiva y en el Estado de México ésta es de 32 mil 501; el segundo a nivel nacional. En el de mujeres de 18 años y más, la tasa es de 28 mil 325 y para los hombres la entidad ocupa el primer lugar con una tasa de 37 mil 27.
Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas y Luis Enrique Miranda Nava, políticos priistas con presencia en el Estado de México por décadas. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
Y esas cifras generan un ambiente que es cuantificable: el 91.3 por ciento de la población de 18 años y más considera que la entidad es insegura. Es el primer lugar a nivel nacional y se mantiene así desde 2011.
Porcentaje de personas de 18 años y más que considera insegura la entidad en la que vive (Estado de México). Foto: Inegi
Esto va de la mano con una desconfianza, pues el 85.2 por ciento de la población, aunque identifica a la Policía Preventiva Municipal considera que es corrupta; ese porcentaje tampoco cambia desde 2011. Ocurre lo mismo con los Ministerios Públicos, Procuradurías estatales. Ahí la desconfianza es del 85.3 por ciento y es la máxima a nivel nacional.
Por otro lado tiene solo una oficina de Derechos Humanos por cada millón de habitantes, lo que la ubica en el lugar 29 a nivel nacional. Y esa cifra no ha cambiado desde 2013.
En el caso concreto de la atención a las mujeres, Nos Queremos Vivas Neza señaló, por ejemplo, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) “nunca brindó un adecuado acompañamiento, asesoramiento, respeto a los protocolos de seguridad que se han generado y trabajado, ni canalizó a las demás instancias responsables la enorme pila de casos que existen”.
Desde la perspectiva de este grupo, es una realidad que en la entidad no se cuenta con mecanismos efectivos que permitan e impulsen la evaluación de la operación de los instrumentos legales, ni una rendición de cuentas transparente que vaya más allá de las instituciones y sus cifras, “pues no hay la voluntad política para involucrar y poner en el centro de dichos mecanismos a las víctimas, sus familias, colectivas de acompañamiento y demás grupos de la sociedad civil.
