El acusado de 26 años viajó desde California hasta Maryland porque buscaba asesinar al Juez Brett M. Kavanaugh tras la posible prohibición del aborto en Estados Unidos por la Suprema Corte de dicho país.
Los Ángeles, 10 de junio (La Opinión).- Nicholas John Roske, de 26 años, fue acusado formalmente de intento de asesinato, según dio a conocer la oficina del Fiscal General de Maryland, el estado donde reside el Juez del Tribunal Supremo Brett M. Kavanaugh.
El hombre que fue arrestado cerca de la casa del magistrado de la Corte Suprema confesó en su declaración jurada que quería irrumpir en la vivienda para asesinarlo y luego suicidarse. Según la cadena Telemundo, entre sus razones estaba su crítica a la posible abolición del aborto, el fatal tiroteo en Uvalde, Texas y la inoperancia para detener la violencia armada.
El hombre fue detenido este miércoles cerca de la vivienda en la que reside el Juez, lugar que se convirtió en las últimas semanas en escenario de manifestaciones en respuesta a la filtración del borrador de una sentencia que apunta a que el Tribunal Supremo derogará este mismo mes el derecho al aborto en Estados Unidos.
Según el escrito de acusación del Fiscal General de Maryland, el acusado había viajado desde California hasta Maryland “para matar específicamente a un Juez del Tribunal Supremo”, aunque no especificaba contra cuál de los nueve magistrados se dirigían sus amenazas.
The Washington Post, que cita a fuentes familiarizadas con la investigación, asegura que el detenido había expresado su intención de asesinar a Kavanaugh y estaba enfadado por la derogación del derecho al aborto, así como por los recientes tiroteos que han sacudido al país.
En la imagen Brett Kavanaugh y el expresidente estadounidense Donald Trump. Foto: AP
El hombre no llegó a acercarse a la casa de Kavanaugh, en el condado de Montgomery (Maryland), cerca de la capital de Estados Unidos, y fue detenido en una de las calles aledañas.
Kavanaugh, nominado por el expresidente Donald Trump (2017-2021), es uno de los magistrados del Tribunal Supremo que favorece la abolición del aborto, según el borrador de la sentencia filtrada en mayo por el medio Politico.
Cuando fue detenido, Roske dijo a la Policía que “estaba molesto por la reciente filtración de un fallo” del Tribunal Supremo y por el reciente tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde (Texas), donde fallecieron 19 estudiantes y dos profesoras, detalla el escrito de acusación.
Según las autoridades, a Roske le encontraron varias armas, incluida una pistola cargada, un cuchillo, gas pimienta, un martillo, un destornillador y cinta adhesiva, entre otros.
Si es condenado por el cargo de intento de asesinato, Roske podría enfrentarse a una pena máxima de 10 años de prisión.
El borrador del Poder Judicial de Estados Unidos fue filtrado durante este día señala que se anularía la resolución del caso de dicho país que provocó que el aborto fuera legalizado en todo EU.
Por Mark Sherman Y Zeke Miller
WASHINGTON, 3 de mayo (AP).— Un anteproyecto de opinión deja entrever que la Corte Supremapodría disponerse a anular el fallo del caso Roe contra Wade de 1973 que legalizó el aborto en todoEstados Unidos, según un reporte publicado por Politico el lunes.
La decisión de revertir Roe podría llevar a implementar prohibiciones al aborto en aproximadamente la mitad de los estados y podría tener enormes ramificaciones en los comicios de este año. Pero se desconoce si el borrador representa la última palabra del máximo tribunal en este asunto, pues a menudo las opiniones varían durante el proceso de redacción.
Sea cual sea el resultado, el reporte de Politico representa un vistazo extremadamente inusual al proceso confidencial de deliberación de la corte, particularmente en un caso de tal importancia.
La anulación al fallo del caso Roe vs. Wade permitiría que cualquiera de los estados de EU prohiban el aborto. Foto: Rich Pedroncelli, AP
“Roe estuvo notablemente mal desde el principio”, asegura el anteproyecto de opinión. El borrador está firmado por el Juez Samuel Alito, miembro de la mayoría conservadora de seis jueces del tribunal, frente a tres liberales. Alito fue nominado por el expresidente George W. Bush.
El documento fue calificado como “el primer borrador” de la “opinión de la corte” sobre un caso que impugna la prohibición de Mississippi al aborto luego de 15 semanas de gestación, caso conocido como Dobbs contra la Organización de la Salud de las Mujeres de Jackson.
El tribunal tiene previsto emitir un fallo sobre el caso a finales de junio o los primeros días de julio, antes de que expire su periodo de sesiones.
En términos prácticos, el anteproyecto de opinión afirma que no existe un derecho constitucional a los servicios de aborto, y permitiría a cada estado regular de manera más estricta el procedimiento o prohibirlo por completo.
“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados”, añade en referencia al caso de 1992 de Planned Parenthood contra Casey que ratificó el fallo del caso Roe sobre un derecho constitucional a los servicios de aborto, pero que permitía a los estados establecer ciertas limitantes a la práctica. “Es momento de escuchar la Constitución y regresar el tema del aborto a los representantes de elección popular”.
Una portavoz de la Corte Suprema dijo que el tribunal no tenía comentarios al respecto, y The Associated Press no pudo confirmar de inmediato el anteproyecto que publicó Politico, el cual lleva fecha de febrero.
Politico sólo indicó que recibió “una copia del borrador de opinión de una persona al tanto de los procedimientos de la corte en el caso de Mississippi, junto con otros detalles que respaldan la autenticidad del documento”.
El desafuero del entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador fue ordenado por el Presidente Vicente Fox. Hoy se cumplen 17 años de aquel momento en el que el mandatario capitalino dijo en la Cámara de Diputados: “Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia”.
Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).– Justo cuando se cumplen 17 años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal por la mayoría del PRI y PAN en la Cámara de Diputados, este jueves 7 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, tema clave del Gobierno actual.
El desafuero de López Obrador fue ordenado por el Presidente Vicente Fox; pactado con el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, y con el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo. El Secretario de Energía era Felipe Calderón.
El 7 de abril de 2005, el Zócalo de la CdMx lució pletórico de seguidores de AMLO, entonces Jefe de Gobierno capitalino, quien lo cobijaron en un mitin previo a su juicio de desafuero en la Cámara de Diputados. Foto: Nelly Salas, Cuartoscuro
En el video que SinEmbargo publica hoy, López Obrador se despide de sus colaboradores en su despacho de la Jefatura de Gobierno y sale para dirigirse a la Cámara de Diputados, donde pronunciará el discurso contra el desafuero:
“Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los Amigos de Fox, del Pemexgate y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar, me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital”, acusó López Obrador.
Y rubricó: “Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad!”
Y hoy jueves 7 de abril la SCJN resolverá si es constitucional o no la Ley de la Industria Eléctrica que ha sido combatida por empresas privadas y la oposición, mientras que en la Cámara de Diputados se define también la Reforma Eléctrica promovida por el Presidente de México.
La votación fue 53 contra 47 prácticamente en un bloque partidista haciendo a Brown la primera Jueza negra dentro del Poder Judicial de Estados Unidos; la Vicepresidenta Kamala harris presidió la sesión.
Por Mary Clare Jalonick y Mark Sherman
WASHINGTON, 7 de abril (AP).— El Senado confirmó a Ketanji Brown Jacksona la Corte Suprema de Estados Unidos el jueves, rompiendo una barrera histórica al asegurar su lugar como la primera Jueza negra y otorgando al Presidente Joe Biden un respaldo bipartidista por su esfuerzo por diversificar la corte.
Jackson, una jueza de apelaciones de 51 años, con nueve años de experiencia en un tribunal federal, fue confirmada con una votación 53-47, prácticamente en bloque partidista, aunque con el voto de tres republicanos. La Vicepresidenta Kamala Harris, también la primera mujer negra en alcanzar ese cargo, presidió la sesión.
“Este es un día maravilloso, un día alegre, un día inspirador, para el Senado, para la Corte Suprema y para Estados Unidos”, exultó el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer. Cuando Harris anunció el conteo final, la cámara estalló en vítores. Las galerías superiores del Senado estaban casi llenas por primera vez desde el comienzo de la pandemia hace dos años.
Jackson ocupará su puesto cuando el Juez Stephen Breyer se jubile este verano, consolidando el ala liberal de la corte dominada por conservadores 6-3. Ella estaba con Biden en la Casa Blanca viendo la transmisión de votación y se abrazaron al saber el resultado.
🔴 🇺🇸 Aprueba el Senado de los #EUA a Ketanji Brown Jackson como jueza de la Corte Suprema; se trata de la primera mujer afrodescendiente en llegar al cargo y fue ovacionada al confirmarse en el Pleno. (📹 ABC News)pic.twitter.com/W1VHv84z9h
Durante los cuatro días de audiencias en el Senado el mes pasado, Jackson habló de lo que padecieron sus padres por la segregación racial y dijo que su “camino estaba más claro” que el de ellos como estadounidense negra después de la promulgación de las leyes de derechos civiles. Asistió a la Universidad de Harvard, se desempeñó como defensora pública, trabajó en un bufete de abogados privado y fue nombrada miembro de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos.
Les dijo a los senadores que aplicaría la ley “sin miedo ni favoritismo”, y rechazó los intentos republicanos de presentarla como demasiado indulgente con los criminales que había sentenciado.
Jackson será apenas el tercer integrante negro del máximo tribunal, después de Thurgood Marshall y Clarence Thomas, y la sexta mujer. Se unirá a otras tres mujeres —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Amy Coney Barrett— lo que significa que cuatro de los nueve jueces serán mujeres por primera vez en la historia.
Una vez que preste juramento, Jackson será el segundo miembro más joven de la corte después de Barrett, de 50 años. Nadie en la corte tiene más de 75 años, la primera vez que sucede en casi tres décadas.
La Revocación de Mandato causa polémica porque es impulsada por Andrés Manuel López Obrador, por lo que la oposición le ha acusado de promover “una campaña permanente” para movilizar a sus bases.
Ciudad de México, 30 de marzo (EFE).- Senadores de varios partidos de oposición presentaron un recurso ante la Suprema Corte contra un decreto que permite a funcionarios públicos manifestarse sobre la consulta de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador del 10 de abril, informaron este miércoles los grupos políticos.
“El día de ayer (martes), las y los senadores del PAN, PRI, PRD y Grupo Plural presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Decreto de interpretación auténtica del concepto de ‘propaganda gubernamental dentro del procedimiento de la Revocación de Mandato'”, informaron los grupos parlamentarios en el Senado.
Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 17 de marzo tras su aprobación en el Senado y fue muy criticado por la oposición.
Papeleta que se utilizará en la consulta de Revocación de Mandato. Foto: INE
El documento, así como diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato, pretende que legisladores, gobernadores y demás servidores públicos incluido el Presidente, puedan promover la Revocación de Mandato.
“En su momento, las y los senadores de la oposición advirtieron que este atropello contravenía la Carta Magna del país y que esta excepción, modificaba de manera sustancial y grave la equidad en este ejercicio electoral”, agregó el comunicado.
El pasado 28 de marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inaplicable dicho decreto y señaló que este “no realiza una interpretación auténtica del concepto propaganda gubernamental, sino que se establece una excepción a la prohibición de difusión”.
“En este sentido, la declaración del TEPJF asistió en la razón a las y los senadores que consideraron que este decreto era a todas luces improcedente”, indica el comunicado.
Los grupos de oposición -el conservador PAN, el PRI y el izquierdista PRD- esperan que la acción de inconstitucionalidad se resuelva en el mismo sentido que la resolución reciente del Tribunal Electoral.
La Consulta de Revocación, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, causa polémica porque es impulsada por el propio Presidente López Obrador, por lo que la oposición le ha acusado de promover “una campaña permanente” para movilizar a sus bases.
Además, en los últimos meses se han producido varios choques entre los organismos electorales y el Gobierno federal.
A inicios de febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México dictó una medida cautelar contra López Obrador para que se ajustara a “los principios de imparcialidad y neutralidad” en la consulta de Revocación de Mandato presidencial.
Un total de 92.82 millones de mexicanos podrán participar en consulta.
El proyecto que se someterá a votación mañana plantea la liberación de Alejandra Cuevas Morán, al señalar que se utilizó una figura inexistente en la legislación penal para encarcelarla, y en el caso de la señora Laura Moran, el deber de cuidado que se le impuso a la mujer excede el límite “de lo razonable”.
Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el día de mañana el proyecto que propone liberar a Alejandra Cuevas Morán, hija de Laura Morán, pareja del fallecido Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, después de permanecer más de un año encarcelada.
El proyecto elaborado por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena explica que en el caso de Alejandra Cuevas Moran, hijastra del finado hermano de Gertz Manero, se utilizó una figura inexistente en la legislación penal para encarcelarla, y en el caso de la señora Laura Moran, el deber de cuidado que se le impuso a la mujer excede el límite “de lo razonable”.
Especialistas consultados por SinEmbargo indicaron que el proyecto de la Corte y su eventual aprobación sería un revés contra el Fiscal y confirmaría indirectamente que habría usado las instituciones para venganzas personales:
“Lo que el proyecto está confirmando o diciendo, es que no hay elementos para perseguir a estas personas y eso fortalece la tesis —de la que todos estamos cada vez más ciertos a raíz de los audios— de que el Fiscal está utilizando su encargo para hacer una venganza personal; habla justamente que sí hubo una persecución personal del Fiscal, una venganza personal y que este caso no debe haber llegado hasta donde llegó”, destacó Adriana Greaves, confundadora de TOJIL .
Y aunque el fallo también supondría una derrota personal para el Fiscal Alejandro Gertz Manero, para la especialista, el titular de la Fiscalía aún gana en el ámbito político porque, a pesar del fallo y sobretodo los audios, no ha sido ni será investigado o sancionado.
“Sí sería una derrota porque claramente él tenía un interés. Él era el tercero interesado y estaba convencido de que estas personas (Laura y Alejandra) habían cometido el delito. En la esfera política yo creo que sigue en modo ganador, porque siendo el encargado de investigar delitos, está cometiendo un delito en flagrancia. Lo escuchamos (en los audios) llevando a cabo actos de tráfico de influencias, aun así, hay cero consecuencias”, dijo la especialista.
Y reiteró: “Entonces aún y cuándo podría pensarse que esto es una derrota yo creo que el no removerlo y no iniciar una investigación por hechos de corrupción habla de que sigue teniendo mucha fuerza política”.
Alejandro Gertz Manero, ha sido señalado constantemente, pero aún mantiene el respaldo del Presidente. Foto: Cuartoscuro
FAMILIA ACUSA A GERTZ
El Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena publicó el pasado martes el proyecto que pondrá a discusión del pleno de la Suprema Corte, en el que propone el amparo liso y llano para Alejandra Cuevas Morán y su mamá, Laura Morán.
El amparo propuesto en el proyecto provocará la liberación inmediata de Alejandra Cuevas, “al no advertirse la posible actualización del delito de homicidio que a título probable se le atribuyó”.
El abogado Federico Gertz, hermano de Alejandro Gertz Manero, murió en septiembre de 2015 en la Ciudad de México a causa de una “congestión visceral generalizada, producto de una neumonía y un choque séptico por una úlcera en la espalda”, según el estudio de los forenses que fue citado por El País en diciembre de 2021.
Desde la muerte del abogado, Gertz Manero mantiene una disputa legal con Laura Morán Servín, quien fue la pareja por 50 años de su hermano Federico, y en contra de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, hija de Laura Moran. El Fiscal las acuso de no haber brindado los cuidados necesarios que su hermano Federico requería, lo que habría provocado su fallecimiento.
La entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México determinó no ejercer acción penal al considera que no había elementos ni motivos para procesar a nadie, sin embargo, el Fiscal promovió recursos y amparos para evitar el cierre de la investigación.
Gertz Manero denunció en una entrevista que el único “motivo por el que las denunciadas no estaban en prisión era su parentesco con Alfredo del Mazo, primo del entonces Presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018)”. Y es que la nieta de la pareja de Federico es la esposa del actual Gobernador del Estado de México.
La balanza de la disputa legal se inclinó a favor del funcionario federal después de que asumió como el primer Fiscal del país –en enero de 2019 —un cargo que desempeñará por nueve años. El 16 de octubre de 2020 Alejandra Guadalupe Cuevas fue detenida bajo los cargos de “homicidio por omisión” mientras que Laura Morán Servín enfrenta una orden de arresto por homicidio, quien, debido a su avanzada edad, no está en prisión.
La acusación que llevó a Alejandra Cuevas a prisión asegura que las mujeres fueron negligentes en el cuidado del abogado Federico Gertz cuando les correspondía desempeñarlo con toda diligencia para evitar su muerte. En el caso de la señora Laura Moran, por tratarse de su concubina, y en el caso de Alejandra, quien lleva más de un año presa, por tratarse de la hija de la pareja del fallecido.
La familia política del Fiscal ha denunciado que él se ha aprovechado de su cargo para emprender una venganza en su contra. Los hermanos Alonso, Gonzalo y Ana Paula Castillo, hijos de Alejandra Cuevas, incluso han indicado que consideran que detrás de las intenciones de Gertz Manero hay una trama más oscura pues lo acusaron de desviar dinero a paraísos fiscales.
El 25 de septiembre del año anterior, Alonso Castillo Cuevas, nieto de Morán e hijo de Alejandra Cuevas, acudió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar que se investigara al Fiscal General por depósitos presuntamente ilícitos en paraísos fiscales por 7.9 millones de dólares.
En el año 2017, la investigación sobre paraísos fiscales del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, descubrió una sociedad de inversión a nombre de Federico en las Islas Caimán. Su hermano Alejandro era el vicepresidente.
Las denuncias de la familia política de Gertz Manero, con relación a que ha utilizado su puesto han mantenido en el ojo del escándalo al titular de la Fiscalía.
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Fue entonces que el pasado 10 de noviembre, la Suprema Corte atrajo el litigio en una sesión de pleno que fue privada. Arturo Zaldívar, Ministro presidente del máximo Tribunal de México explicó que atrajeron el caso porque estaba desgastando a la dependencia federal y ocasionando daño a la imagen de un ente autónomo del Estado mexicano.
No obstante, a inicios del este mes de marzo, al menos cinco grabaciones de conversaciones telefónicas entre el Fiscal Gertz Manero, y el Fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, fueron filtradas en redes desde anoche.
En los audios, el Fiscal General lee el proyecto de sentencia del Ministro Pérez Dayán, que se sometería a votación días después, el 14 de marzo. Las grabaciones parecen indicar que Gertz Manero obtuvo una copia adelantada de una opinión propuesta, pero aún no aprobada. El documento que citaba sólo podía tener acceso, de manera legal, si lo publicaba la SCJN, lo cual no ocurrió así. Según los audios, el proyecto prácticamente otorgaría libertad a Alejandra Cuevas Morán, de 68 años, por lo que el Fiscal buscaba alguna forma de revertirlo, según los audios.
Alonso Castillo calificó las filtraciones como una “violación al principio de equidad” que Alejandro Gertz Manero haya tenido acceso al proyecto de sentencia de la SCJN. Por su parte, el Fiscal declaró en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Formula era víctima de “una verdadera extorsión mediática criminal”.
Alonso, Gonzalo y Ana Paula Castillo Cuevas, hijos y nietos de Alejandra Cuevas y Laura Morán, llamaron a la SCJN a resolver favorablemente su caso. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
El 14 de marzo, la Suprema Corte desechó el proyecto presentado por el Ministro Alberto Pérez Dayán, quien sólo propuso un amparo para efectos sin analizar el fondo del caso.
Los ministros de la Corte votaron 10-1 en contra del proyecto de Pérez Dayán, ya que la abrumadora mayoría consideró que un nuevo Ministro realizara un análisis a fondo. Fue en esa sesión donde cinco ministros adelantaron que estaban a favor de un amparo liso y llano, pero la abrumadora mayoría votó por desechar ese proyecto
El Ministro Presidente Arturo Zaldívar pidió que el proyecto que se presentara deberá ser con perspectiva de género, es decir, que se tendría que analizar entendiendo las diferencias estructurales y los estereotipos.
Fátima Gamboa, Coordinadora legal de la organización Equs Justicia, litigio con perspectiva de género, explicó en entrevista con SinEmbargo que el sistema penal en México criminaliza a las mujeres y las encarcela de manera injusta por no juzgar con perspectiva de género.
Al respecto, ejemplificó, que una de las causas por las que mujeres han sido criminalizadas es porque el incumplimiento de roles de género y estereotipos que tienen que ver con un deber de cuidado.
“Muchas veces hay una sobre exigencia de cuidado. Hemos visto casos en donde las mujeres se tienen que cuidar a ellas mismas, tienen trabajo, tienen actividades o fuera de cuidado, y entonces pareciera que las mujeres tienen que abandonar sus vidas, sus proyectos E incluso poner su cuerpo y descuidar su propio cuidado para cuidar a otras personas, y es un poco lo que te exige el sistema penal cuando te criminaliza por la omisión de cuidados”, explicó la experta.
El pasado 22 de marzo, como se estipuló, el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena publicó el proyecto que pondrá a discusión del pleno de la Suprema Corte, en el que propone el amparo liso y llano para Alejandra Cuevas Morán y su mamá, Laura Morán. El documento también propone que se ordene la liberación inmediata de Alejandra Cuevas.
Según expone el Ministro en su proyecto, en el caso de Laura Moran se identifica que el deber de cuidado que se le impuso excede el límite de lo razonable.
“No es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en franca situación de vulnerabilidad – pues tenía 88 años- se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma. Es lógico, por tanto, que no puede ser responsabilizada por un resultado -la muerte de su pareja sentimental de 50 años- que razonablemente no podía evitar”, señala.
En el caso de Alejandra Cuevas, detalla se utilizó una figura inexistente en la legislación penal para juzgarla: la de garante accesoria, por lo que no habría delito y debe de ser liberada.
El Pleno de la SCJN aseguró que su compromiso está con la Constitución y enfatizó que resuelve asuntos de manera transparente. El mensaje tuvo lugar luego de la filtración de algunos audios atribuidos al Fiscal Gertz Manero.
Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo/EFE).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que resuelve todos los asuntos de su competencia con “independencia, imparcialidad y transparencia”, además de hacerlo en sesiones públicas. La respuesta del máximo tribunal del país llega días después de que en redes sociales se difundieron audios atribuidos al Fiscal Gertz Manero en los que habría hablado de una supuesta intervención para lograr que ministros fallaran a favor en el caso que impulsa contra la expareja y la exhijastra de su hermano Federico, a quienes acusa de haberlo asesinado.
“Todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia, en sesiones públicas en las que las Ministras y Ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos, de cara a la sociedad y al escrutinio público”, aseguró la Corte esta tarde en un breve posicionamiento.
El Pleno de la SCJN también reiteró que su único compromiso “es con la Constitución y los derechos humanos”.
El único compromiso de la #SCJN es con la Constitución y los derechos humanos; todos los asuntos de su competencia se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia, en sesiones públicas. pic.twitter.com/R8zJCINy0k
Este fin de semana al menos cinco grabaciones de conversaciones telefónicas entre el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, y el Fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, fueron filtradas en redes. En una de las grabaciones se escucha una voz, presumiblemente de Gertz Manero, decir a Juan Ramos López que el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán prácticamente otorgaría libertad a Alejandra Cuevas, encarcelada bajo la acusación de haber participado en el homicidio de Federico Gertz, hermano del Fiscal General.
En estas conversaciones hablan del juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y revelan una supuesta intervención de Gertz Manero para lograr que la Corte dé una resolución que lo favorezca.
De esta manera, hablan del apoyo que varios ministros de la corte podrían dar a su favor, mientras que hay uno de los magistrados, Alberto Pérez Dayán, que pretendería dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de la expareja (Laura Morán) de su hermano.
Según Gertz Manero, ambas mujeres -exesposa e hija- propiciaron en 2015 la muerte de su hermano por negligencia.
La FGR anunció este fin de semana que abría una carpeta de investigación por espionaje contra el procurador general.
AMLO DEFIENDE AL FISCAL
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes tener “confianza” en el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, tras la filtración de unos audios en los que este habla de un juicio en la Suprema Corte relacionado con la muerte de su hermano y que puede constituir un caso de tráfico de influencias.
“No los escuché pero sí tengo la información de lo básico y opino que tiene que resolver la Corte sobre este caso. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado con su hermano. Lo entiendo. Entonces él quiere que se haga justicia”, dijo el presidente en la rueda de prensa desde Palacio Nacional.
López Obrador aseguró que el caso lo resolverá el Poder Judicial y dijo desconocer si Gertz Manero tuvo acceso al expediente.
“Está en manos del Poder Judicial, si él habla mal de los ministros (de la Suprema Corte) es su visión de las cosas. Yo también lo hago a veces. No es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros y desde luego no les tengo confianza a jueces porque no han demostrado actuar con rectitud”, lamentó el Presidente.
A pregunta expresa, aseguró tener “confianza” a Gertz Manero: “Sí, tengo confianza en el fiscal”.
Una periodista le preguntó sobre el supuesto abuso de poder y el tráfico de influencias que puede representar esta conversación.
“Ahora, si va a utilizar su cargo para influir en el caso habría que esperar al resultado de los ministros. Hay que esperar el juicio, porque no depende de la Fiscalía, depende del Poder Judicial, en esta etapa”, apuntó el presidente.
El mandatario dijo que este caso también tenía “tintes políticos” y buscaba “tumbar” al Fiscal.
Patricia Guerrero fue nominada por el Gobernador de California, Gavin Newsom; sería la primera latina en integrar el máximo órgano judicial del estado de California.
Por Brian Melley
LOS ÁNGELES, 16 de febrero (AP).— Una jueza de tribunal de apelaciones que es hija de inmigrantes mexicanos fue nominada el martes por el Gobernador Gavin Newsom como la primera latina en servir en la Corte Suprema de California.
La magistrada Patricia Guerrero, de 50 años de edad, creció en la región agrícola del Valle Imperial y ha trabajado como fiscal federal, socia de un bufete de abogados, jueza del tribunal superior y ahora forma parte del Tribunal de Apelaciones del 4to Distrito.
“Su extraordinaria trayectoria y nominación para fungir como la primera jueza latina en el máximo tribunal de nuestro estado es una inspiración para todos nosotros y un testimonio de la promesa del Sueño de California de oportunidades para que todos prosperen, sin importar su origen o código postal”, señaló Newsom en un comunicado.
De confirmarse su nominación, Guerrero ocuparía la vacante que se abrió en octubre cuando el juez asociado Mariano-Florentino Cuéllar dejó el cargo para convertirse en Presidente de Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Cuéllar fue nominado a la corte por el exgobernador Jerry Brown.
La jueza Patricia Guerrero fue nominada para estar en la Suprema Corte de California. Foto: Rob Andrew, Cortesía del Tribunal de Apelaciones del 4to Distrito vía AP.
La corte de siete miembros actualmente está conformada por cuatro magistrados nominados por demócratas y dos que fueron propuestos por republicanos. Otra nominada por Brown, la jueza Leondra Kruger, está siendo considerada por el presidente Joe Biden pera reemplazar al juez Stephen Breyer en la Corte Suprema de la nación luego de que éste se jubile.
La nominación fue celebrada por grupos de activistas que presionaron a Newsom para que designara a una persona latina después de que Cuéllar anunció que dejaría la corte en septiembre. Guerrero surgió en ese momento como una posible candidata para ocupar la vacante.
La diversidad en el tribunal ha sido una prioridad para Newsom. En 2020, nominó al primer juez abiertamente gay, Martin Jenkins, quien es la tercera persona de raza negra en servir en la corte.
I’m proud to nominate Justice Patricia Guerrero to be the first Latina Justice on the California Supreme Court.
Guerrero dijo en un comunicado que se sentía “sumamente honrada” de ser seleccionada y que, en caso de ser confirmada, “tendría un impacto positivo en las vidas de los californianos de todo el estado”.
“No llegué aquí sola”, comentó Guerrero en un video. “Me apoyo en los hombros de mis padres y mis abuelos, que vinieron a este país en busca de mejores oportunidades para sus hijos. Creo que es importante que la gente vea que… pueden alcanzar los sueños que quieran con oportunidades y trabajo duro”.
Expertos consultados por SinEmbargo coincidieron en que, si bien son notables los esfuerzos para transformar el Poder Judicial, aún hay retos y pendientes, entre ellos, establecer mecanismos que permitan la participación ciudadana en la vigilancia, designación y en los procesos disciplinarios a jueces, magistrados y personal del Poder Judicial de la Federación.
Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).– La limpia dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) que ha encabezado el Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, enfrenta aún retos importantes, sobre todo en materia de transparencia, participación ciudadana y en la creación de organismos de supervisión para las actuaciones de los jueces, magistrados y del personal de las unidades administrativas.
Zaldívar asumió como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero de 2019 con la bandera de acabar con la corrupción en uno de los poderes que ha arrastrado con la falta de confianza de la ciudadanía. Por ejemplo, la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública refiere que 68.4 por ciento de la población mexicana adulta considera que los jueces —sin diferenciar a los federales de los locales— son corruptos.
El propio Ministro Presidente hace más de un año y medio —cuando anunció su cruzada— dijo que “quien diga que en tribunales no hay corrupción, miente descaradamente”. Ahora el también titular del Poder Judicial de la Federación llega a su tercer año de gestión asegurando que dentro de ese Poder “ya no hay corrupción tolerada, ni institucionalizada”.
No obstante, especialistas consultados por SinEmbargo destacaron que, si bien es difícil evaluar los avances en materia de combate a la corrupción y a pesar de ser notorios los esfuerzos que ha emprendido la actual administración en la materia, el combatir las mafias, corrupción, malas prácticas y trasformar al Poder Judicial es una tarea complicada con varios pendientes.
“Hay muchas cosas que se pueden hacer por parte del Consejo de la Judicatura Federal que preside el Ministro Presidente. Creo que es muy importante que se abata la corrupción, pero aún faltan muchas cosas, como crear más órganos de supervisión; crear comisiones que vigilen las actuaciones y también se requiere más de la participación de la población”, destacó el doctor Manuel Plata García, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM.
Luis Fernando Villanueva, coordinador del Área Legal de Equis Justicia para las Mujeres, señaló a su vez que uno de los avances y aspectos a favor del Ministro Presidente Arturo Zaldívar ha sido el discurso político sobre el combate a la corrupción y la Reforma al Poder Judicial. No obstante, destacó que, si bien la transformación es trascendental, es necesario que ésta vaya de la mano de la población y ahí es donde faltó incluir ejercicios de parlamento abierto y participación de la sociedad civil.
“El Poder Judicial dentro de su transformación necesita quitarse sus mantos de divinidad —por decirlo de alguna manera— de majestuosidad, y abrirse a la participación ciudadana. Sí, (la administración de Zaldívar) es una gestión que va a la vanguardia en derechos humanos y transparencia, pero creo eso que no va a funcionar si no va de la mano con la sociedad civil y la ciudadanía, y ahí es donde tiene que haber un cambio en la gestión del Ministro Presidente”, expresó el especialista.
El Ministro Presidente, Arturo Zaldívar arrancó en su administración una política de combate a la corrupción. Foto: Cuartoscuro.
CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO
Como parte de la política de combate a la corrupción desde el ámbito penal, la Corte informó que el año anterior se judicializaron cuatro carpetas de investigación que se iniciaron en contra de dos actuarios judiciales y un exchofer de un funcionario público y un exoficial administrativo; así como también se dictó auto de apertura a juicio en contra de un Magistrado de Circuito que no reportó ni aclaró en sus movimientos financieros las inconsistencias en su evolución patrimonial.
De acuerdo con datos del Tercer informe de actividades, en el 2021 se sancionaron a 55 a servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales, entre ellos, a tres magistradas; ocho magistrados de Circuito; 15 jueces de Distrito, y tres secretarios de Tribunal.
Entre las acciones sancionatorias que destaca la Corte, a través del Consejo de la Judicatura, se encuentra la destitución de un Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio por hechos de hostigamiento sexual; así como la destitución del Magistrado de Circuito, Carlos Loranca Muñoz, quien además fue inhabilitado por 15 años porque no reportó en sus declaraciones patrimoniales de 2014, 2015 y 2016 cerca de seis millones de pesos producto de diversas operaciones. El exmagistrado, quien es vinculado a Othón ‘Cachetes’ Muñoz Bravo, quien es un líder ‘huachicolero’, fue destituido en febrero del año pasado.
Otra de las sanciones que destacó el PJF como parte del combate a la corrupción y nepotismo fue la inhabilitación por un año de una Secretaria de Juzgado en funciones de Jueza por actos de nepotismo, ya que nombró a su hija como secretaria. Se trata de Rosa María Sánchez Baltazar, quien era secretaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en Naucalpan, Estado de México.
Además, con motivo de los procedimientos de responsabilidad administrativa, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación sancionó a 182 servidoras y servidores públicos, de las cuales, 80 fueron apercibimientos privados, cuatro amonestaciones privadas, 80 amonestaciones públicas, 12 suspensiones, seis inhabilitaciones y tres sanciones económicas.
En tanto que de los procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por el Pleno o por el Ministro Presidente, se impusieron 13 sanciones: 7 amonestaciones públicas, 2 amonestaciones privadas y 4 apercibimientos públicos, según detalla el informe de la Corte.
En cuanto al nepotismo, la SCJN dio cuenta que las al menos 183 readscripciones —cambios de jueces o juezas del área de adscripción— realizadas en la gestión de Zaldívar son muestras “de la problemática del fenómeno y del éxito que se ha logrado en el combate al nepotismo”, ya que de esos al menos 23 casos fueron de titulares que se readscribieron el año pasado porque tenían familiares dentro del mismo órgano jurisdiccional.
Otros 19 titulares fueron readscritos por los esquemas de contratación o relaciones familiares que mantenían con otras u otros servidores públicos del circuito donde anteriormente se desempeñaban. El Poder Judicial también destacó la implementación de un padrón electrónico de relaciones familiares.
El Poder Judicial de la Federación informó que el año anterior se judicializaron cuatro carpetas de investigación. Foto: Presidencia de México.
LOS PROS Y CONTRAS DE LA LIMPIA
Expertos consultados por SinEmbargo coincidieron en que son notables los esfuerzos para transformar el Poder Judicial, pero que entre los pendientes está el de establecer mecanismos que permitan la participación ciudadana en la vigilancia, designación y en los procesos disciplinarios a jueces y magistrados.
“El Poder Judicial deja de ser ciudadano cuando la población no participa en los procesos de transformación de la institución. [En el proyecto de Reforma Judicial] sí participó el Poder Legislativo, si se presumió que fue con el Poder Ejecutivo, ¿pero dónde está la ciudadanía? Entonces, sí es importante que en el discurso político se pongan en estos temas, (combate a la corrupción), pero siempre que esté ausente la sociedad civil y la ciudadanía estamos fallando en construir un Poder Judicial o una justicia ciudadana”, reiteró Luis Fernando Villanueva, el coordinador del Área Legal de Equis Justicia para las Mujeres.
“Falta que el (Ministro) Presidente participe más en los eventos de escucha de la sociedad civil, es decir, mesas de trabajo. También faltan ejercicios como observatorios de sentencias”, dijo.
Para los especialistas el Ministro Arturo Zaldívar debe de abrir más espacios a la participación ciudadana. Foto: Cuartoscuro.
Villanueva también destacó la ausencia de mecanismos disciplinarios y de acciones dentro del Poder Judicial Federal.
“Hay quejas entre el Consejo de la Judicatura, hay sanciones, pero mecanismos accesibles a la ciudadanía o mecanismos disponibles para la ciudadanía no hay […] Hay que revisar qué cambios de fondo necesite el Consejo de la Judicatura para poder evaluar la transparencia de todas y todos sus juzgadores”, ejemplificó.
Y añadió: “No solamente es crear mecanismos que favorezcan a la acción, sino crear mecanismos que permitan la participación ciudadana. La ciudadanía debe tener la oportunidad de impugnar nombramientos de juezas y jueces a través de sus resoluciones”.
En materia de transparencia y justicia abierta comentó que, aunque también hay avances, por ejemplo, que ahora tanto el Poder Judicial de la Federación y los poderes estatales están obligados a publicar las sentencias y acuerdos, por otra parte, aún faltan mecanismos de vigilancia y evaluación de los integrantes del Poder Judicial que no cumplan con las exigencias de rendición de cuentas.
“El Poder Judicial de la Federación incluido el Tribunal Electoral publica la mayoría de sus sentencias, lo hacen con versiones públicas, ¿pero qué pasa con aquellas juezas y jueces que no lo hagan? ¿Cuáles son esos mecanismos disciplinarios? Ahí nos falta materializar la transparencia”, señaló.
En materia de impartición de justicia con perspectiva de género, el abogado de Equis Justicia indicó que sí se han realizado acciones e implementado herramientas para juzgar con perspectiva de género. Al respecto aplaudió que este año la SCJN actualizó y sacó una nueva versión del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género —implementado desde 2012—, sin embargo, dijo que aún no se logra la meta al 100 por ciento.
“Mientras sigamos encontrando sentencias que discriminan y que se basan en estereotipos, es porque nos siguen faltando pasos para la justicia con perspectiva de género y derechos humanos”.
Por su parte, el doctor Manuel Plata García, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, coincidió con Villanueva, pues señaló que la gestión de Zaldívar en cuanto al combate a la corrupción “ha sido loable”, pero destacó que erradicar la mala praxis no sólo es asunto del Poder Judicial, sino que deben ser partícipes los otros poderes, los otros órganos del poder público y la ciudadanía.
“Pienso que el largo camino para combatir la corrupción se ha iniciado por el Ministro presidente Zaldívar, sin embargo, creo que falta un buen trecho para lograr tan ansiada pretensión en pro de la administración de Justicia” detalló.
“Estamos siguiendo con protocolos muy estrictos. No es necesario que nos aislemos las ministras y los ministros, estamos teniendo sesiones breves, de manera muy adecuada y con cubrebocas”, comentó Arturo Zaldívar.
Ciudad de México, 12 de enero (PorEsto!).- Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de 60 años de edad resultó positivo a la COVID-19, y explicó que presenta síntomas leves y se encuentra laborando desde su domicilio.
Lo anterior lo informó este miércoles 12 de enero, el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, durante su conferencia de prensa mensual, en la que aseguró se mantiene la actualización de los protocolos de prevención de contagios.
“Estamos siguiendo con protocolos muy estrictos. No es necesario que nos aislemos las ministras y los ministros, estamos teniendo sesiones breves, de manera muy adecuada y con cubrebocas”, comentó.
“En estos dos años de pandemia hemos aprendido que más del 80 por ciento de las personas contagiadas en el Poder Judicial fueron personas que trabajaron en casa”, agregó.
¿Quién es Jorge Mario Pardo Rebolledo?
Tras el fallecimiento de José de Jesús Gudiño Pelayo, el 19 de septiembre de 2010, Calderón propuso a Jorge Mario Pardo Rebolledo. Foto: Cuartoscuro
Jorge Mario Pardo Rebolledo nación en Xalapa, Veracruz, el 1 de febrero de 1961. Desde el 10 de febrero de 2011 se desempeña como Ministro de la SCJN. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho desde 1986, de la que se tituló tras la defensa de su tesis “La reclamación electro ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Asimismo, es maestro en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de Estudios Superiores. También cuenta con estudios en Derecho Civil y Familiar en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Curso la maestría en Derecho de Amparo y el doctorado en Ciencias Penales en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. En 2006 se hizo acreedor a la Presea Tepantlato: Mérito Académico, distinción que le fue entregada en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.
En el ámbito profesional se ha desempeñado desde 1982 dentro de la Judicatura Federal como actuario judicial, secretario de Juzgado de Distrito, así como secretario de estudio y cuenta del pleno de la Segunda Sala de la SCJN. También fue Juez de Distrito en el Estado de México, en materias civil y penal, además de Magistrado de Tribunal Colegiada y, desde 2001, ejerció como Magistrado de Circuito del Cuatro Tribunal Colegiado en Toluca.
En 2006 fue candidato a ser integrante del Consejo de la Jefatura Federal (CJF), sin embargo, resultó elegido consejero Óscar Vázquez Marín. Tras el retiro de los ministros Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón, en el 2009, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa sometió una terna para suplicar ambas vacantes en la SCJN, en la que estaba incluido Pardo Rebolledo, junto a Luis María Aguilar Morales, María Luis Martínez Delgadillo, Jorge Adame Goddard, Eduardo Ferrer MacGregor y Arturo Saldívar Lelo de Larrea.
Tras el fallecimiento de José de Jesús Gudiño Pelayo, el 19 de septiembre de 2010, quedó abierta una nueva vacante en el máximo tribunal mexicano, respecto a la cual, en una segunda terna, el entonces Presidente Calderón Hinojosa propuso a Jorge Higuera Corona, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Gelacio Pérez Dayán.
Zaldívar destacó que durante el primer periodo del año la SCJN tratará temas como el acuerdo sobre los derechos de los niños transgénero, también aseguró que la Corte seguirá trabajando de manera independiente.
Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que aunque los fallos que se resuelvan en este año puedan o no gustar, “dependiendo de las coyunturas políticas”, el máximo tribunal seguirá trabajando con independencia e imparcialidad.
“En estos, como en todos los asuntos, la Corte actuará con independencia e imparcialidad como lo ha venido haciendo hasta ahora; nuestros fallos podrán gustar o no, dependiendo de las coyunturas políticas, pero nuestro único compromiso es, ha sido y seguirá siendo con la Constitución y con los derechos humanos”, expuso durante la sesión pública.
Además, destacó que en durante el primer periodo del año se tratarán temas como el acuerdo sobre los derechos de los niños transgénero y las órdenes del Ejecutivo Federal de disponer del agua almacenada en la presa La Boquilla para pagar los adeudos del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre Estados Unidos y México.
Al inaugurar el 1er. Periodo de Sesiones de la #SCJN de 2022 el Ministro Presidente @ArturoZaldivarL destacó algunos asuntos que podrían resolverse “aunque hay muchos otros asuntos de interés, estos no pueden listarse ni ser resueltos hasta en tanto no exista un proyecto” pic.twitter.com/yogQJdVGQo
“Este año, la Corte resolverá asuntos de gran trascendencia para el orden jurídico nacional, me referiré a algunos de los de mayor interés social, aunque insisto en que estos asuntos son tan importantes como los otros miles de asuntos que ingresan a la Corte y sobre los que nos debemos pronunciar indefectiblemente. Únicamente haré referencia a asuntos que cuentan con proyecto y que previsiblemente serán resueltos en el primer semestre de este año, aunque hay muchos otros asuntos de interés, estos no pueden listarse ni ser resueltos hasta en tanto no exista un proyecto del Ministro o Ministra ponente”, afirmó.
Arturo Zaldívar agregó que también se abordará la controversia constitucional contra el acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad; acciones de Inconstitucionalidad en las que se impugna el Código de Justicia Militar, así como la impugnación al Registro de Personas Agresoras Sexuales en la Ciudad de México.
El Ministro presidente explicó que se utilizará un nuevo formato unificado de sentencias para identificar las consideraciones que constituyen jurisprudencia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país.
También anunció que el 4 de enero la SCJN dará la bienvenida formal a la nueva Ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien ese mismo día comenzará a participar en las sesiones del Pleno y de la Segunda Sala, donde ocupará el asiento que dejó el Ministro Fernando Franco.
Durante su participación, la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat dio cuenta con el Informe de la Comisión de Receso, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones de 2021, integrada por ella y por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, y precisó que en ese periodo se recibieron 228 expedientes, de los cuales se remitieron seis a la Primera Sala, dos a la Segunda Sala, 207 a la Subsecretaría General de Acuerdos, 13 a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este jueves la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) no posponer la consulta sobre la revocación de su mandato.
Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió la determinación adoptada por la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mandata continuar con el proceso de revocación de mandato con el presupuesto existente e informó que acatará la decisión en sus términos.
“El INE acata la resolución de la SCJN y se mantendrá atento a que se resuelva de fondo la controversia que presentó ante la insuficiencia presupuestal. Como siempre, el INE seguirá garantizando los derechos políticos de la ciudadanía”, dijo Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del INE.
“No obstante, el Instituto se mantendrá atento a la resolución de fondo que realice la SCJN respecto de la controversia constitucional que interpuso el pasado 7 de diciembre ante la insuficiencia presupuestal para la organización de este ejercicio de participación ciudadana, ya que, por lo pronto, la determinación comunicada este jueves por la SCJN tiene carácter de provisional y no resuelve el fondo del asunto”, detalló el INE en un comunicado.
Lorenzo Córdova. Foto: Cuartoscuro.
La determinación de fondo será fundamental para atender el mandato expreso de la Ley de Revocación de Mandato que, en su artículo 40, señala que la jornada de revocación de mandato debe sujetarse al procedimiento dispuesto para la celebración de elecciones federales, agregó.
“Así como el señalamiento del artículo 41 que determina la obligación del INE para habilitar la misma cantidad de casillas que fueron instaladas para el proceso electoral anterior, es decir más de 161 mil casillas, cuya integración sea por parte de ciudadanas y ciudadanos que integrarán las mesas receptoras en los términos que determina la ley”, detalló.
El INE dijo que estos mandatos de ley suponen una inversión de 3 mil 830 millones de pesos, los cuales fueron programados en el Proyecto de Presupuesto entregado por el INE, ante la posibilidad de que se cumplieran los requisitos y se convocara el ejercicio de revocación de mandato; “sin embargo, la Cámara de Diputados realizó un recorte de 4 mil 913 millones de pesos, lo que dejó al Instituto sin los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana”.
Hasta el momento, el INE cuenta con mil 503 millones de pesos para organizar la revocación de mandato derivado de ajustes y recortes en proyectos, frente a lo cual se deberán analizar las implicaciones que la resolución de la SCJN tendrá en el desarrollo de todas las actividades, pues señala que del acuerdo tomado por este órgano “se desprende el indicador de viabilidad financiera para aplicar recursos al procedimiento de revocación de mandato, y así desarrollarlo (incluyendo todas sus etapas) dentro de ese margen presupuestario”.
En ese sentido, para acatar la resolución incidental de la Comisión de Receso de la SCJN, la Secretaría Ejecutiva coordina a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, para analizar escenarios y modificaciones a todos los procedimientos y actividades que implica el ejercicio democrático para ajustarse a ese limitado presupuesto, dijo el INE.
“Cabe señalar que hasta el momento el proceso de verificación y validación de firmas que son necesarias para cumplir el requisito constitucional del respaldo del 3 por ciento de personas inscritas en la Lista Nominal que detone el ejercicio de participación directa sigue en curso y nunca fue suspendido, por lo que se continúa con la revisión de las firmas en papel que el INE recibió durante los últimos días en más de mil 400 cajas, las cuales se habrán de sumar a 1 millón 44 mil 630 firmas que ya pasaron por los controles y revisiones necesarias para que abonen al cumplimiento del requisito”, añadió.
“Una vez concluida esta etapa, la Dirección del Registro Federal de Electores entregará los resultados de la revisión y validación de cada una de los apoyos de la ciudadanía para que el Secretario Ejecutivo presente al Consejo General el informe final sobre el cumplimiento del requisito constitucional a más tardar el 4 de febrero de 2022”, detalló.
El pasado 10 de noviembre el Instituto Nacional Electoral informó que la consulta para la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, se realizaría el 10 de abril del próximo año.
Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió al Instituto Nacional Electoral (INE) que “debe realizar la consulta sobre revocación de mandato“, programada para el 10 de abril o “podrá incurrir incluso en responsabilidades penales”.
El Ministro Fernando Franco González Salas declaró que “es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), así como que se exima al Instituto y a su personal de las sanciones administrativa, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”.
El artículo cuatro transitorio de la LFRM dicta que “la aplicación de las disposiciones previstas en esta Ley corresponde al Congreso de la Unión, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia”.
El INE avaló el registro presupuesto de mil 275.9 millones de pesos para la realización de la consulta. Foto: Graciela López, Cuartoscuro.
“El Instituto tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación, incluyendo los Consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan”, finaliza el artículo.
El pasado 10 de noviembre el INE informó que la consulta para la revocación de mandato del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se realizaría el 10 de abril del próximo año en caso de que se junten las firmas necesarias, ya que la recolección del apoyo no estará limitado al formato digital, sino que también contemplará el uso de formatos impresos.
Asimismo, el pasado 8 de diciembre el INE avaló el registro presupuesto de mil 275.9 millones de pesos para la realización de la consulta de revocación de mandato, en caso de que se apruebe, como parte de los ajustes presupuestarios por el recorte que aprobó la Cámara de Diputados.
López Obrador aseguró que las mujeres son prioridad tras la elección de Loretta Ortiz como Ministra de la SCJN, quien tomará posesión el próximo 12 de diciembre.
Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que LorettaOrtiz haya sido elegida por el Senadode la República como nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sustitución del Ministro FernandoFranco.
“Celebro que el Senado haya elegido a la nueva Ministra. Estamos también hablando de otra mujer que es abogada especialista en derecho constitucional, pero también defensora de derechos humanos. Muy bien”, aseguró desde Palacio Nacional.
En su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal aseguró que las mujeres siguen teniendo prioridad en puestos de importancia en el país, luego de anunciar que la Subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, será propuesta como Gobernadora del Banco de México.
"Celebro que el Senado haya elegido a la nueva Ministra (Loretta Ortiz)"
El Senado ratificó el martes a la abogada Loretta Ortiz como nueva Ministra de la SCJN con 92 votos a favor de los 114 senadores presentes, por lo que por primera vez la Corte contará con cuatro mujeres en el pleno de 11 asientos.
La designación de Ortiz superó las votaciones de las candidaturas de Verónica de Gyvés Zarate, con nueve votos, y Bernardo Bátiz Vázquez, con ocho votos, nombres que formaban parte de la terna que el Presidente envió la semana pasada a la Cámara Alta para sustituir a Fernando Franco, quien culminará su periodo el 11 de diciembre.
Con gran honor y humildad asumo la máxima responsabilidad de ocupar el cargo de Ministra de la @SCJN.
Reafirmo mi compromiso por construir una justicia eficiente y cercana a las personas, que asegure la protección efectiva de los derechos humanos.
Loretta Ortiz fue integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México de 2016 a 2017; Diputada federal de 2012 a 2015 con el Partido del Trabajo (PT); y Consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2002 a 2006.
Además fue fundadora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de López Obrador, y desde 2019 se desempeñaba como consejera de la Judicatura Federal, organismo de Gobierno de los jueces. Esta era la tercera ocasión que Ortiz formaba parte de la terna para llegar a la Corte.
De acuerdo con Reforma, un Tribunal Colegiado estableció en definitiva que los recursos eran federales, por lo que determinó que la única víctima fue la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende cerrar la acusación contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el presunto desvío de 250 millones de pesos, informó este martes el periódico Reforma.
De acuerdo con el reportero Víctor Fuentes, será el miércoles 17 de noviembre cuando el proyecto sea votado, el cual desecha por improcedente el amparo que el Gobierno de Javier Corral Jurado promovió para que se le reconociera como víctima.
En tanto, un Tribunal Colegiado estableció en definitiva que los recursos eran federales, por lo que determinó que la única víctima fue la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, detalló el Reforma.
Víctor Fuentes añadió en su texto que la Corte sólo revocará la sentencia de 2019, cuando en una audiencia un Juez federal permitió a la autoridad estatal argumentar su derecho a ser reconocida como víctima.
Manlio Fabio Beltrones y Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Foto: Cuartoscuro, Archivo
El reportero de Reforma agregó que con la decisión de la Corte también quedará cerrada la posibilidad de que Luis Videgaray, Secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, sean perseguidos por ese caso.
El 28 de septiembre de 2018, después de nueve meses, el exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI abandonó el estatal de Aquiles Serdán, en Chihuahua, donde estuvo preso por el presunto desvío de 250 millones de pesos a través de una triangulación desde la Secretaría de Hacienda hacia la Administración del exgobernador César Duarte y posteriormente hacia las campañas del partido tricolor en 2016.
Al ser encontrado culpable del delito de peculado, el 19 de mayo de 2020, autoridades impusieron una pena de tres años de prisión al priista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, de la cual se le iban a restar ocho meses y 25 días, que corresponden al tiempo en el que permaneció encerrado con medida cautelar.
Además, Gutiérrez fue multado por 35 mil pesos y sin monto para reparación del daño, ya que el recurso fue regresado a las arcas de la Secretaría de Hacienda estatal.
Luis Videgaray, excolaborador de Enrique Peña Nieto, en una conferencia de prensa celebrada en 2017. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro
CULPABLE DE PECULADO
El 7 de mayo de ese año, el Tribunal de Enjuiciamiento encontró los elementos para declarar al político coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez culpable del delito de peculado.
Una noche anterior, los tres jueces que integran este órgano colegiado ofrecieron sus razonamientos, y dos de ellos fallaron en contra del exsecretario.
El proceso se llevó a cabo dentro del juicio oral 22/2019 correspondiente a la causa penal 4094/2017.
El coahuilense, tras el fallo, dijo sentirse tranquilo, y adelantó que apelaría la decisión en la misma instancia local, y en su caso, recurriría posteriormente a la instancia federal en un Tribunal Colegiado.
Un Tribunal de Enjuiciamiento encontró los elementos para declarar Alejandro Gutiérrez Gutiérrez culpable del delito de peculado. Foto: Especial
La resolución tuvo un resultado de cuatro votos contra uno para amparar a un sujeto acusado de tentativa de violación y encarcelado en Tamaulipas en 2018.
Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró que las personas acusadas de tentativa de violación no merecen prisión preventiva forzosa ya que no está contemplada en el Código Nacional de Procedimientos de Penales (CNPP).
La resolución se dio por una votación de cuatro votos contra uno en la Primera Sala de la SCJN, al amparar a un sujeto acusado por tentativa de violación en Tamaulipas y encarcelado desde 2018.
La mayoría de los ministros determinó que la sentencia a previsión preventiva se aplicó indebidamente ya que en el CNPP dicta solamente en los casos donde la violación se consuma y no existe en el código una situación cuando el delito queda en grado de tentativa.
“Esta Suprema Corte arriba a la conclusión que la descripción típica de la tentativa de violación no está prevista en los artículos 19 constitucional y el 167 del CNPP, para efectos de extender la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, resolvió la Primera Sala.
Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ofreció conferencia de prensa para ofrecer detalles sobre los avances en materia de las sentencias sobre objeción de conciencia y aborto. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
“Indudablemente la tentativa de violación puede encuadrar en una de las finalidad que busca alcanzar la prisión preventiva, y por tanto ésta puede ser impuesta sobre dicha tentativa. La presencia del sujeto activo podría no estar asegurada; la seguridad de la víctima, ofectido o testigo, podrían estar en peligro; el proceso penal podría ser obstaculizado; y la prisión preventiva podría ser la única medida que asegure que no sucedan estas circunstancias”, agregó la Sala.
La sentencia también se funda en convenciones en materia de derechos humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que la prisión preventiva “no debe ser la regla general, sino la excepción como una medida cautelar”.
Por ello, la SCJN afirmó que el juez deberá examinar cada situación en los particular: “se insiste que la autoridad competente deberá analizar cada caso concreto previo a la imposición de la medida cautelar idónea y correspondiente, en todos los casos, pero tratándose de tentativa de violación al no estar prevista de manera expresa en la constitución no podrá imponer la medida por extensión”.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
