Gracias a un amparo solicitado por la representación legal de Roxana, la medida cautelar en contra de Roxana fue suspendida temporalmente, por lo que aún podrá continuar su proceso jurídico fuera de la prisión; Roxana estuvo recluida nueve meses en el penal del Bordo de Xochiaca por asesinar a su violador en defensa propia.
Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- Un Juez federal otorgó la suspensión provisional en el juicio de amparo solicitado por Roxana Ruiz, la joven que estuvo recluida en el penal del Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, Estado de México desde mayo del año pasado, por haber asesinado a su atacante en un acto de defensa personal ante una agresiónsexual.
“El juzgado ha sido sensible y en un primer momento nos concede la suspensión provisional del acto reclamado que era impedir que Roxana ingresara a prisión”, delcaró Ángel Carrera, representante legal del Roxana.
Desde su detención en mayo de 2021 por el asesinato del hombre que la violó, ella estuvo encerrada en un penal del Estado de México; sin embargo, el 16 de febrero de este año salió gracias a la resolución de un Juez de control, quien señaló que las garantías de Roxana habían sido violadas y revocó la prisión preventiva como medida cautelar.
Familiares y colectivas feministas han hecho manifestaciones a favor de Roxana Ruiz, esperando que logre terminar su proceso jurídico. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro
Pero, el pasado 8 de abril, el Tribunal de Alzada de Texcoco revocó la resolución del Juez de control, por lo que fue notificada para que en su próxima audiencia fuera ingresada a una prisión de nuevo.
Ante esta cuestión, Ángel Carrera presentó un recurso de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF),el cual fue admitido por dicha dependecia.
El representante de la joven argumentó que Roxana ha cumplido con todas las medidas indicadas por las autoridades durante su proceso jurídico, como acudir a las firmas respectivas, ir a terapia psicológica y no salir de la ciudad.
“El juzgado [está] en espera de que lleguen los informes tanto previos, como justificados de las autoridades responsables para el efecto de que si están de acuerdo con lo que estamos reclamando”, complementó Carrera.
Con respecto al porvenir del proceso, Carrera señaló que por el momento hace falta la entrega de las copias certificadas en donde se señale la suspensión temporal; así como la búsqueda de la suspensión definitiva, la cual asegura el abogado que se conseguirá pues, los motivos por los que existe la prisión preventiva en el derecho no aplican en el caso de Roxana.
“No hay razón para que Roxana esté en prisión. El propósito de la prisión preventiva es para que no haya obsstrucción de la justicia, no haya peligro para las víctimas, en fin ese tipo de cosas”, señaló.
Por su parte, Roxana Ruiz agradeció a las colectivas feministas que la han apoyado dentro de todo el proceso que ha vivido, además de que espera que las autoridades tomen conciencia con respecto a los derechos de las mujeres y sobre todo, de aquellas que se encuentran privadas de su libertad.e
“El solo hecho de que las tengan encerradas, no las tomen en cuenta: valemos tanto las que estamos allá, las que estamos aquí y hay muchas privadas de su libertad injustamente, entonces que tomen conciencia las autoridades y las leyes y ya no se vea ese caso de corrupción y desinterés por nosotras”, declaró.
Mujeres de colectivas feministas acuedieron a las inmediaciones de los Juzgados de Nezahualcóyotl para apoyar a Roxana previo a su audiencia. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
El 8 de mayo del año pasado fue cuando la vida de Roxana, quien también es madre de un niño de cuatro años, dio un giro de 180 grados. La joven llevaba siete años viviendo en el municipio de Nezahualcóyotl, a donde migró desde Oaxaca por la pobreza y en busca de empleo, el cual consiguió en un puesto de papas frente a una tienda de conveniencia.
Ese día al salir de su jornada laboral, una joven que trabajaba en la tienda de conveniencia le invitó una cerveza, ella la bebió y al retirarse para irse a su casa un sujeto, quien también laboraba en ese lugar, se ofreció a llevarla. A partir de ahí comenzaría todo su infierno.
“Sólo tomé una cerveza y le dije que me iba, en eso llegó un muchacho que trabaja en el lugar, sólo lo conocía de vista, no creí que fuera mala persona. Llegó cuando me estaba retirando, se ofreció a acompañarme a mi domicilio, que es muy cercano. Cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar porque vivía lejos y dijo que si lo dejaba dormir en el cuarto, insistió tanto que me asusté y me dio miedo, por tonta accedí. Lo dejé entrar, le puse una colchoneta en el piso y le dije que ahí se podía quedar; me acosté y pasados unos minutos se subió a mi cama y me empezó a quitar la ropa, me golpeó, me violó, yo estaba en shock, sólo quise defenderme, pasé momentos horribles, sentí su aliento, sus manos, cuando me penetró y sólo quería que esto acabara. Le di un golpe en la nariz, empezó a sangrar y me dijo: ‘ahora sí te vas a morir’”, relata Roxana Ruiz en una carta.
Exterior del penal del Bordo de Xochiaca. Foto: Luis Carbayo, Cuartoscuro.
El sujeto la golpeó fuertemente y cuando se distrajo, Roxana aprovechó para intentar defenderse con lo único que tenía a la mano, una playera.
“Me dio miedo, él me golpeaba, cuando se distrajo tomé una playera y se la puse en el cuello, lo asfixié, sentí miedo, terror, sólo no quería que no lastimara a alguien más; me sentí sola, denigrada, que no valía nada; sentí que todo era culpa mía por haber confiado en esas personas”, detalla Roxana. “Crecí en un pueblo donde todos se saludan y esa confianza me tiene recluida en el Penal del Bordo de Xochiaca y en donde el juez me sentenciará”.
Pero al defenderse Roxana asesinó a su agresor y luego fue detenida sin que se le diera la oportunidad de explicar que había sido violada.
La Sala Especializada del TEPJF dio a conocer más temprano este sábado que a pesar de que el decreto aprobado para poder promover la Revocación de Mandato está vigente, no es aplicable para la consulta actual ni en procesos electorales que se encuentren en curso.
Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del partido Morena, mencionó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “no puede” estar por encima del Poder Legislativo, por lo que instó a apoyar al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la consulta de la Revocación de Mandato.
Delgado Carrillo también afirmó que el decreto sobre el alcance del concepto “propaganda gubernamental”, aprobado en el Congreso gracias a las mayorías de Morena en ambas Cámaras, y que este sábado descartó aplicable para el proceso actual de Revocación por la Sala Especializada del TEPJF, “termina con la censura”.
El @TEPJF_informa no puede estar por encima del Poder Legislativo. El decreto de interpretación sobre el alcance del concepto de "propaganda gubernamental", termina con la censura.
Todos apoyamos a ya saben quién. Aunque a algunos no les guste.
La Sala Especializada del TEPJF dio a conocer más temprano este sábado que a pesar de que el decreto aprobado, que permite a los funcionarios promover la Revocación de Mandato, está vigente, no es aplicable para la consulta popular ni procesos electorales que se encuentren en curso.
Aunque fueron reconocidas las facultades del Congreso para llevar a cabo interpretaciones de la ley, Rubén Lara, Magistrado Presidente; así como Luis Espíndola, y Gabriela Villafuerte, coincidieron en que esta medida no se puede aplicar, pues no cumple con la temporalidad establecida en el Artículo 105 la Constitución e impacta las reglas electorales fundamentales.
La Constitución dicta que las reglas electorales deben aprobarse y publicarse al menos 90 días antes de que ocurran los comicios electorales.
Luis Espíndola, Rubén Lara y Gabriela Villafuerte. Foto: Especial
Además, explicó que en dado caso de que este decreto sea aplicado, se estaría alterando la certeza de cuáles son las reglas a las que están sujetas, a las que van a someterse y las rutas que determinarían estos procesos, como el de irretroactividad de las normas, legalidad y seguridad jurídica.
Por otro lado, legisladores de las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y del Grupo Plural interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto aprobado en fast-track por Morena y aliados que les permite hacer promoción de la Revocación de Mandato.
“Debido a la premura por modificar el texto y avalar una interpretación a modo, la elaboraron sobre el texto no reformado. Producto de este error es que el decreto en su artículo primero sobre la interpretación a la figura de propaganda gubernamental cita erróneamente el inciso b (referente a violencia política de género) en vez del inciso c (propaganda gubernamental)”, recalcaron los senadores.
La consulta de la Revocación de Mandato será el 10 de abril. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.
El pasado 17 de marzo, el Senado de la República aprobó en lo general las modificaciones del proyecto de decreto que establece que la difusión de la consulta popular de Revocación de Mandato no sea considerada como propaganda gubernamental y que les permita a los funcionarios promoverla.
Entre los diversos gritos de la oposición que se quejaba porque el tiempo fue insuficiente para que todos los senadores votaran, los cambios fueron avalados con 67 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones.
La consulta revocatoria, programada para el próximo 10 de abril, es un proceso que ha impulsado López Obrador como un mecanismo de democracia directa y participativa en la que, en la mitad de su Presidencia, se pregunta a los mexicanos si quieren que el mandatario siga gobernando o que renuncie.
Expertos consultados por SinEmbargo coincidieron en que, si bien son notables los esfuerzos para transformar el Poder Judicial, aún hay retos y pendientes, entre ellos, establecer mecanismos que permitan la participación ciudadana en la vigilancia, designación y en los procesos disciplinarios a jueces, magistrados y personal del Poder Judicial de la Federación.
Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).– La limpia dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) que ha encabezado el Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, enfrenta aún retos importantes, sobre todo en materia de transparencia, participación ciudadana y en la creación de organismos de supervisión para las actuaciones de los jueces, magistrados y del personal de las unidades administrativas.
Zaldívar asumió como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero de 2019 con la bandera de acabar con la corrupción en uno de los poderes que ha arrastrado con la falta de confianza de la ciudadanía. Por ejemplo, la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública refiere que 68.4 por ciento de la población mexicana adulta considera que los jueces —sin diferenciar a los federales de los locales— son corruptos.
El propio Ministro Presidente hace más de un año y medio —cuando anunció su cruzada— dijo que “quien diga que en tribunales no hay corrupción, miente descaradamente”. Ahora el también titular del Poder Judicial de la Federación llega a su tercer año de gestión asegurando que dentro de ese Poder “ya no hay corrupción tolerada, ni institucionalizada”.
No obstante, especialistas consultados por SinEmbargo destacaron que, si bien es difícil evaluar los avances en materia de combate a la corrupción y a pesar de ser notorios los esfuerzos que ha emprendido la actual administración en la materia, el combatir las mafias, corrupción, malas prácticas y trasformar al Poder Judicial es una tarea complicada con varios pendientes.
“Hay muchas cosas que se pueden hacer por parte del Consejo de la Judicatura Federal que preside el Ministro Presidente. Creo que es muy importante que se abata la corrupción, pero aún faltan muchas cosas, como crear más órganos de supervisión; crear comisiones que vigilen las actuaciones y también se requiere más de la participación de la población”, destacó el doctor Manuel Plata García, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM.
Luis Fernando Villanueva, coordinador del Área Legal de Equis Justicia para las Mujeres, señaló a su vez que uno de los avances y aspectos a favor del Ministro Presidente Arturo Zaldívar ha sido el discurso político sobre el combate a la corrupción y la Reforma al Poder Judicial. No obstante, destacó que, si bien la transformación es trascendental, es necesario que ésta vaya de la mano de la población y ahí es donde faltó incluir ejercicios de parlamento abierto y participación de la sociedad civil.
“El Poder Judicial dentro de su transformación necesita quitarse sus mantos de divinidad —por decirlo de alguna manera— de majestuosidad, y abrirse a la participación ciudadana. Sí, (la administración de Zaldívar) es una gestión que va a la vanguardia en derechos humanos y transparencia, pero creo eso que no va a funcionar si no va de la mano con la sociedad civil y la ciudadanía, y ahí es donde tiene que haber un cambio en la gestión del Ministro Presidente”, expresó el especialista.
El Ministro Presidente, Arturo Zaldívar arrancó en su administración una política de combate a la corrupción. Foto: Cuartoscuro.
CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO
Como parte de la política de combate a la corrupción desde el ámbito penal, la Corte informó que el año anterior se judicializaron cuatro carpetas de investigación que se iniciaron en contra de dos actuarios judiciales y un exchofer de un funcionario público y un exoficial administrativo; así como también se dictó auto de apertura a juicio en contra de un Magistrado de Circuito que no reportó ni aclaró en sus movimientos financieros las inconsistencias en su evolución patrimonial.
De acuerdo con datos del Tercer informe de actividades, en el 2021 se sancionaron a 55 a servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales, entre ellos, a tres magistradas; ocho magistrados de Circuito; 15 jueces de Distrito, y tres secretarios de Tribunal.
Entre las acciones sancionatorias que destaca la Corte, a través del Consejo de la Judicatura, se encuentra la destitución de un Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio por hechos de hostigamiento sexual; así como la destitución del Magistrado de Circuito, Carlos Loranca Muñoz, quien además fue inhabilitado por 15 años porque no reportó en sus declaraciones patrimoniales de 2014, 2015 y 2016 cerca de seis millones de pesos producto de diversas operaciones. El exmagistrado, quien es vinculado a Othón ‘Cachetes’ Muñoz Bravo, quien es un líder ‘huachicolero’, fue destituido en febrero del año pasado.
Otra de las sanciones que destacó el PJF como parte del combate a la corrupción y nepotismo fue la inhabilitación por un año de una Secretaria de Juzgado en funciones de Jueza por actos de nepotismo, ya que nombró a su hija como secretaria. Se trata de Rosa María Sánchez Baltazar, quien era secretaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en Naucalpan, Estado de México.
Además, con motivo de los procedimientos de responsabilidad administrativa, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación sancionó a 182 servidoras y servidores públicos, de las cuales, 80 fueron apercibimientos privados, cuatro amonestaciones privadas, 80 amonestaciones públicas, 12 suspensiones, seis inhabilitaciones y tres sanciones económicas.
En tanto que de los procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por el Pleno o por el Ministro Presidente, se impusieron 13 sanciones: 7 amonestaciones públicas, 2 amonestaciones privadas y 4 apercibimientos públicos, según detalla el informe de la Corte.
En cuanto al nepotismo, la SCJN dio cuenta que las al menos 183 readscripciones —cambios de jueces o juezas del área de adscripción— realizadas en la gestión de Zaldívar son muestras “de la problemática del fenómeno y del éxito que se ha logrado en el combate al nepotismo”, ya que de esos al menos 23 casos fueron de titulares que se readscribieron el año pasado porque tenían familiares dentro del mismo órgano jurisdiccional.
Otros 19 titulares fueron readscritos por los esquemas de contratación o relaciones familiares que mantenían con otras u otros servidores públicos del circuito donde anteriormente se desempeñaban. El Poder Judicial también destacó la implementación de un padrón electrónico de relaciones familiares.
El Poder Judicial de la Federación informó que el año anterior se judicializaron cuatro carpetas de investigación. Foto: Presidencia de México.
LOS PROS Y CONTRAS DE LA LIMPIA
Expertos consultados por SinEmbargo coincidieron en que son notables los esfuerzos para transformar el Poder Judicial, pero que entre los pendientes está el de establecer mecanismos que permitan la participación ciudadana en la vigilancia, designación y en los procesos disciplinarios a jueces y magistrados.
“El Poder Judicial deja de ser ciudadano cuando la población no participa en los procesos de transformación de la institución. [En el proyecto de Reforma Judicial] sí participó el Poder Legislativo, si se presumió que fue con el Poder Ejecutivo, ¿pero dónde está la ciudadanía? Entonces, sí es importante que en el discurso político se pongan en estos temas, (combate a la corrupción), pero siempre que esté ausente la sociedad civil y la ciudadanía estamos fallando en construir un Poder Judicial o una justicia ciudadana”, reiteró Luis Fernando Villanueva, el coordinador del Área Legal de Equis Justicia para las Mujeres.
“Falta que el (Ministro) Presidente participe más en los eventos de escucha de la sociedad civil, es decir, mesas de trabajo. También faltan ejercicios como observatorios de sentencias”, dijo.
Para los especialistas el Ministro Arturo Zaldívar debe de abrir más espacios a la participación ciudadana. Foto: Cuartoscuro.
Villanueva también destacó la ausencia de mecanismos disciplinarios y de acciones dentro del Poder Judicial Federal.
“Hay quejas entre el Consejo de la Judicatura, hay sanciones, pero mecanismos accesibles a la ciudadanía o mecanismos disponibles para la ciudadanía no hay […] Hay que revisar qué cambios de fondo necesite el Consejo de la Judicatura para poder evaluar la transparencia de todas y todos sus juzgadores”, ejemplificó.
Y añadió: “No solamente es crear mecanismos que favorezcan a la acción, sino crear mecanismos que permitan la participación ciudadana. La ciudadanía debe tener la oportunidad de impugnar nombramientos de juezas y jueces a través de sus resoluciones”.
En materia de transparencia y justicia abierta comentó que, aunque también hay avances, por ejemplo, que ahora tanto el Poder Judicial de la Federación y los poderes estatales están obligados a publicar las sentencias y acuerdos, por otra parte, aún faltan mecanismos de vigilancia y evaluación de los integrantes del Poder Judicial que no cumplan con las exigencias de rendición de cuentas.
“El Poder Judicial de la Federación incluido el Tribunal Electoral publica la mayoría de sus sentencias, lo hacen con versiones públicas, ¿pero qué pasa con aquellas juezas y jueces que no lo hagan? ¿Cuáles son esos mecanismos disciplinarios? Ahí nos falta materializar la transparencia”, señaló.
En materia de impartición de justicia con perspectiva de género, el abogado de Equis Justicia indicó que sí se han realizado acciones e implementado herramientas para juzgar con perspectiva de género. Al respecto aplaudió que este año la SCJN actualizó y sacó una nueva versión del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género —implementado desde 2012—, sin embargo, dijo que aún no se logra la meta al 100 por ciento.
“Mientras sigamos encontrando sentencias que discriminan y que se basan en estereotipos, es porque nos siguen faltando pasos para la justicia con perspectiva de género y derechos humanos”.
Por su parte, el doctor Manuel Plata García, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, coincidió con Villanueva, pues señaló que la gestión de Zaldívar en cuanto al combate a la corrupción “ha sido loable”, pero destacó que erradicar la mala praxis no sólo es asunto del Poder Judicial, sino que deben ser partícipes los otros poderes, los otros órganos del poder público y la ciudadanía.
“Pienso que el largo camino para combatir la corrupción se ha iniciado por el Ministro presidente Zaldívar, sin embargo, creo que falta un buen trecho para lograr tan ansiada pretensión en pro de la administración de Justicia” detalló.
Durante la ponencia, Arturo Zaldívar destacó los avances en el combate a la corrupción y el nepotismo desde el interior del Poder Judicial de la Federación.
Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró este miércoles que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) “ya no hay corrupción tolerada, ni institucionalizada”.
Al rendir su tercer informe de labores, el Ministro presidente destacó que los casos de corrupción registrados son aislados y “no obedecen a mafias que operaban desde adentro”.
“Puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada, ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Son casos aislados y no obedecen a mafias de corrupción que operaban desde adentro”, expresó.
“Hoy somos un nuevo Poder Judicial que brinda una justicia más humana, efectiva y cercana que nunca”, afirmó Zaldívar durante la ponencia.
Arturo Zaldívar también aseguró que “hoy se combate el nepotismo, la corrupción y el acoso sexual con resultados que están a la vista de todos”.
El Ministro presidente dijo que “las instituciones no se protegen con el silencio y la defensa a ultranza del statu quo”. Y señaló que “evidenciar la corrupción, perseguirla y prevenirla, lejos de debilitarnos nos fortalece y reafirma nuestra legitimidad”.
El Ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, durante el Tercer Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación. Foto: Presidencia de México.
Además, mencionó que “bajo un criterio de cero tolerancia”, la SCJN ha “perseguido y sancionado la corrupción en todas sus formas y a todos los niveles. Hemos roto las estructuras de poder por las que abogados, despachos traficaban influencias e impunidad al interior del Poder Judicial”.
“No existe actualmente ningún juzgado o tribunal en el país en el que el titular tenga familiares trabajando para él o para ella, ni en un esquema de nombramientos cruzados”, añadió.
Asimismo, Arturo Zandívar destacó que desde hace tres años se planteó una ruta para la transformación del PJF “para lograr cambios tangibles a fin de lograr satisfacer las demandas de justicia del pueblo de México”. “La justicia elitista que tanto tiempo ha estado al servicio del poder y de los privilegios”.
[pdf-embedder url=”https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2021/12/Discurso-de-Arturo-Zaldívar-por-su-tercer-Informe-Anual.pdf” title=”Discurso de Arturo Zaldívar por su tercer Informe Anual”]
“Este es el nuevo Poder Judicial de la Federación. A lo largo de nuestra historia hemos servido a México con esmero e institucionalidad. Ahora lo hacemos con conciencia social, modernidad, igualdad, accesibilidad, honestidad y transparencia. El reto para el próximo año será la consolidación de este nuevo rumbo que hemos emprendido”.
“Sé que con el apoyo invaluable de todas y todos los servidores públicos que conforman el Poder Judicial, lograremos afianzar sobre cimientos firmes una nueva justicia para todas y para todos”, agregó.
La presentación del Tercer Informe Anual contó con la presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador; su esposa Beatriz Müller; la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbuam; Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República, y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, entre otros.
Arturo Zaldívar rindió su tercer informe de labores, en donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo presente. Foto: Presidencia de México.
El Ministro presidente de la SCJN aclaró que no se trata de un recorte presupuestal al PJF, sino de una falta del presupuesto solicitado para cumplir con la tercera etapa de la Reforma de Justicia Laboral.
Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que el recorte al presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF) en 2022 le impediría cumplir con compromisosinternacionales de México.
El Ministro presidente aseguró que quitarle tres mil millones de pesos al PJF impediría el cumplimiento con la tercera etapa de la reforma en materia de justicia federal, que afectaría el convenio adquirido con los socios comerciales del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Se está comprometiendo un proyecto prioritario del Estado mexicano; no sólo es la Federación, los estados, los tres poderes federales, sino el Estado mexicano en la comunidad internacional. Este elemento es esencial para una relación sana con Estados Unidos; eso es lo que está en juego”, insistió.
Zaldívar hizo a los legisladores una “exhortación respetuosa para que se pondere esta situación” con el fin de que los beneficios lleguen a la gente más pobre del país y no se ponga en riesgo la reactivación económica ni la justicia social.
La reforma laboral no es un proyecto del PJF. Es un compromiso del Estado Mexicano; una obligación constitucional para una mejor justicia para millones de trabajadores y un acuerdo internacional con nuestros socios comerciales de América del Norte. Su cumplimiento no es opcional. pic.twitter.com/gWR2fyPx2N
Además, alertó que la Reforma Laboral no es de cumplimiento optativo, sino una obligación constitucional de las autoridades mexicanas, por lo que incumplir esa obligación generaría una serie de consecuencias “muy desfavores” para México.
“De verdad, no alcanzo a entender yo qué razones pudieron tener quienes dictaminaron el presupuesto para no considerar esencial o relevante algo que es una obligación constitucional”, señaló.
Agregó que de concretarse el ajuste al PJF, no se detendría la aplicación de la reforma de justicia federal y buscarían cómo hacer ahorros u obtener recursos: “tenemos que capacidad de maniobra y trataremos de cumplir en lo posible este compromiso”.
Asimismo, adelantó que planea reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Durante casi cinco meses la Suprema Corte resolvió vía remota juicios de amparo, controversias institucionales, acciones de inconstitucionalidad entre otros temas.
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- El Poder Judicial de la Federación reiniciará sus actividades presenciales el próximo 3 de agosto luego de permanecer en confinamiento social debido a la pandemia.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, informó a través de su cuenta de Twitter que luego de casi cinco meses de trabajar a distancia el Tribunal reanudará sus actividades.
“Estamos listos para regresar a las actividades presenciales el 3 de agosto. Lo haremos con prudencia y con todas las medidas sanitarias que se requieran. En breve se darán a conocer los acuerdos correspondientes”, escribió en Twitter.
En el #PJF estamos listos para regresar a las actividades presenciales el 3 de agosto. Lo haremos con prudencia y con todas las medidas sanitarias que se requieran. En breve se darán a conocer los acuerdos correspondientes. #SCJN#CJF
El pasado 21 de mayo en sesión privada realizada a través de videoconferencia se aprobó continuar durante el mes de junio y julio las actividades no presenciales.
Además de las controversias constitucionales con suspensión que actualmente pueden promoverse, se admitieron a trámite vía electrónica los recursos en el juicio de amparo, controversias institucionales, acciones de inconstitucionalidad, así como los demás asuntos de su competencia.
“Por primera vez habrá acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en línea. Se abre toda la competencia de la SCJN en vía electrónica. Seguiremos cumpliendo con nuestra alta responsabilidad protegiendo la Constitución y los DDHH”, destacó Arturo Zaldívar hace un par de meses.
Los señalamientos de Caro Quintero formarían parte, detalló el diario nacional, de dos promociones al amparo en revisión de su orden de captura. Con ello buscaría que el Poder Judicial no le impusiera el pago de una garantía para acceder al amparo.
Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- Rafael Caro Quintero aseguró al Poder Judicial de la Federación que no posee solvencia económica para pagar una garantía con la cual evitar su extradición a Estados Unidos.
De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación a los que tuvo acceso el diario Reforma, el histórico líder del narcotráfico en México no posee un ingreso ni puede realizar algún trabajo que le genere remuneración económica.
“El nombrado recurrente alegra insolvencia porque dice tener más de 60 años de edad, no estar pensionado ni jubilado, y como hecho notorio aduce encontrarse sustraído de la acción de la justicia, lo que le impide -dice- laborar o desempeñar alguna actividad por la que pueda adquirir recursos económicos”, se establece en el cuerdo publicado por el Poder Judicial.
A Caro Quintero se le busca por una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985.
Rafael Caro Quintero fue liberado en agosto de 2013 debido a errores en su proceso en el caso de asesinato del ex agente de Estados Unidos , Enrique Camarena. Foto: Archivo, Victor Mendiola, Cuartoscuro.
Sin embargo, el capo del narcotráfico ha presentado una serie de amparos para detener la orden de aprehensión en su contra.
Los señalamientos de Caro Quintero formarían parte, detalló el diario nacional, de dos promociones al amparo en revisión de su orden de captura.
Con ello buscaría que el Poder Judicial no le impusiera el pago de una garantía para acceder al amparo.
A la par, el capo solicitó que la sesión en la que se votará su amparo de revisión sea aplazada hasta después de la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Caro Quintero fue liberado el pasado 9 de agosto de 2013, luego de permanecer 28 años preso por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en Jalisco.
El capo del narcotráfico estaba preso en el Penal Estatal de Jalisco, sin embargo un Juez consideró que se le debió juzgar por el fuero común y no el federal.
Tras ser liberado, el Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, solicitó su detención con fines de extradición a Estados Unidos, ya que las autoridades de dicho país lo buscaban para llevarlo ante la Corte Federal del Distrito Central de California.
Posteriormente, un tribunal de Jalisco revocó su libertad, el 22 de enero de 2015, y solicito su recaptura y le impuso nuevamente una condena por 40 años de prisión.
Sin embargo, hasta la fecha el capo no ha podido ser detenido y en más de una ocasión ha solicitado amparos para evitar caer en manos de las autoridades.
“La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que los ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó. No toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa.”, expresó el Ministro presidente de la SCJN.
Ciudad de México, 11 de diciembre (Sin Embargo).- Arturo Zaldívar, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó durante su primer Informe Anual de Labores que “se está limpiando la casa” de nepotismo y corrupción, así como que no tolerará a servidores públicos que antepongan sus intereses personales a los de la justicia.
“La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que los ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó. No toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa.”, expresó el Ministro presidente.
La presentación del primer Informe Anual contó con la presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Mónica Fernández, presidenta del Senado, y Laura Angélica Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados.
Durante la ponencia, Zaldívar afirmó que se busca sacar de las filas a los malos servidores públicos, a los corruptos, a los mediocres y a todo que no esté a la altura del cargo ostentado.
“Queremos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio y no como servicio”, precisó.
El Ministro presidente indicó que se deben de seguir derribando barreras con el fin de brindar justicia para todos; ser la voz de los que no tienen voz.
“Debemos seguir derribando barreras para que haya una justicia para todos, pero sobre todo, para los más pobres, los más desprotegidos, los olvidados, los marginados, los discriminados. Tenemos que ser la voz de los que no tienen voz”, declaró Zaldívar.
Zaldívar también destacó la importancia y la necesidad de que el sistema mexicano cuente con jueces honestos y comprometidos con los valores constitucionales para una sociedad libre y democrática.
“Contar con jueces honestos, valientes, preparados, sensibles y comprometidos con los valores constitucionales, es tan necesario para una sociedad libre y democrática, como lo es la integridad del sistema representativo en su conjunto”.
Ante la percepción de que el sistema judicial mexicano es “corrupto”, Zaldívar expresó que un sistema percibido como corrupto carece de fuerza y legitimidad para desempeñar su rol.
“Un poder judicial percibido como corrupto pone en entredicho la capacidad del Estado para cumplir sus fines. Un poder judicial percibido como corrupto carece la fuerza y legitimidad para desempeñar el rol equilibrador que constitucionalmente le corresponde”, expresó Zaldívar durante su primer Informe.
El Ministro presidente consideró que una mejor justicia implica una administración más eficiente, más austera y que mantenga su cercanía con la sociedad.
“Una mejor justicia implica también una mejor administración, más eficiente y austera; que mantenga su cercanía con la sociedad; y que administre, con esmero y diligencia, los recursos que la sociedad le confiere”.
Arturo Zaldívar también destacó el lanzamiento de JusticiaTV, propuesta que el calificó como “una apuesta por la televisión pública plural”; así como también resaltó la igualdad entre hombres y mujeres ante la Ley. Finalmente, el Ministro refirió que la colaboración y unión es indispensable para la impartición de justicia en el país.
“Todos los órganos que intervenimos en el sistema de justicia, desde los primeros respondientes hasta los jueces constitucionales, somos eslabones de una misma cadena. La colaboración y la suma de esfuerzos en beneficio de la sociedad es indispensable”.
#MetaDatos | Los amparos concedidos por jueces estatales y federales a políticos implicados en casos de corrupción han mantenido viva la protesta en contra del Poder Judicial, que desde el 15 de junio ha impulsado un grupo de tuiteros que emplean etiquetas como #RenovarPoderJudicialYa.
La obtención de una suspensión provisional otorgada al líder petrolero Carlos Romero Deschamps para evadir las acusaciones por triangulación de fondos reactivaron entre una comunidad de usuarios las protestas.
Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– Desde mediados de junio se mantiene activa una protesta tuitera en contra de los principales actores que conforman el Poder Judicial de la Federación por una serie de acciones que han emprendido en beneficio de políticos señalados por corrupción.
Esta movilización se identifica en Twitter con etiquetas como #RenovarPoderJudicialYa, #HampaEnLaSCJN y otra decena de frases construidas a partir de señalamientos similares dirigidos a jueces y magistrados.
A pesar de que su actividad decae, continúa su flujo a cuentagotas oponiendo resistencia a la inmediatez que caracteriza a esa plataforma. La protesta tiene su epicentro en la indignación provocada por el largo historial de casos en que implicados en delitos de corrupción han obtenido amparos. Entre los más recientes, destaca un amparo para evitar la prisión a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) implicado en el caso Odebrecht.
Aunque el impacto inicial de esta movilización ya no es el mismo que en el mes de junio, las etiquetas han permanecido activas en Twitter y han sido útiles para conectar una lista de casos de impunidad que en los últimas semanas han generado indignación.
El más reciente involucra al juez Raúl García Camacho, Juez Décimo Cuarto de Distrito con sede en Naucalpan, Estado de México, quien concedió un amparo provisional al líder del sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) , Carlos Antonio Romero Deschamps, y que en contribuyó a que un grupo de usuarios reactivaran las etiquetas de protesta en contra de jueces y magistrados.
AMPARO INDIGNA A USUARIOS
Este martes, una hora antes de que se diera a conocer la obtención del amparo provisional por parte del líder petrolero, Romero Deschamps ya se había convertido en tendencia nacional a raíz de dos denuncias en contra de él y seis de sus familiares que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), según dio a conocer el diario Reforma.
En la denuncia se le señala por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Según el diario de circulación nacional, ambas denuncias se encuentran integradas en la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/66/2019 de la Fiscalía Anticorrupción luego de que la dependencia federal identificó una serie de transacciones efectuadas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) con las que Romero Deschamps proporcionó fondos a sus familiares.
Sin embargo, horas más tarde, el también ex Senador obtuvo un amparo provisional de mano del juez mexiquense.
El nombre del líder petrolero se mantuvo como tendencia por más de cinco horas acumuló más de 16 mil 900 tuits en los que predominó el malestar de los usuarios y la indignación por la facilidad con la que el líder petrolero obtuvo por segunda ocasión en este año un amparo para librarse de las acusaciones por corrupción y enriquecimiento ilícito.
Increíble que en México y gracias al modelo neoliberal, los pillos (Lozoya, Romero Deschamps) con harta lana, puedan comprar amparos con jueces vendidos.
Romero Deschamps obtuvo este nuevo amparo a pesar de que en su trayectoria sobresalen casos como el Pemexgate, escándalo acontecido durante el sexenio del ex Presidente Vicente Fox Quesada y en el que se implicó al líder petrolero de desviar fondos del STPRM para la campaña del ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa.
Hay jueces que son vergonzosamente impresentables en México ¡Y luego se quejan de mis mentadas de madre! ¿Cómo entonces llamarle a estas chingaderas de los hijos de puta? Juez federal evita que Romero Deschamps vaya a prisión.Juez federal suspende sentencia de Javier Duarte. WTF!
El ex legislador también había sido relacionado en días pasados en las discusiones que surgieron en las redes sociales a raíz de la detención del abogado Juan Collado Mocelo, acusado de delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita.
Durante su carrera, Collado fue defensor de varios políticos de renombre entre ellos Romero Deschamps. La cercanía entre ambos personajes exaltó en las conversaciones el perfil ligado a corrupción y pillaje del líder petrolero, alimentadas por su estilo de vida lleno de lujos y que no corresponde con sus percepciones.
Romero Deschamps se ha desempeñado como Secretario General del STPRM desde 1989, a pesar de los señalamientos que se han originado desde el interior del sindicato por diversas irregularidades en las que habría incurrido.
LAS PROTESTAS EN LA RED
El caso Romero Deschamps generó amplia dispersión en la generación de hashtags. Esta diversidad también se ha producido por el tiempo que se ha sostenido la protesta en las redes sociales y la constante reactivación a partir de episodios como el de este martes.
A través de una análisis de la actividad de la tendencia entre las 13:00 y 16:00 horas, se identificaron numerosas etiquetas interconectadas en Twitter con las que los usuarios condenaron la designación del amparo provisional a Romero Deschamps, la mayoría de estas etiquetas han sido impulsadas en casos similares desde el 15 de junio.
Una característica de este movimiento es que no es una etiqueta la que lo define, sino una demanda. Esta diversidad en la enunciación de hashtags no se ha presentado en otras movilizaciones relevantes como el caso Ayotzinapa, donde en lugar de generar nuevos hashtags, los participantes numeraron etiquetas como #YaMeCansé.
Esta movilización también promueve un discurso en el que destacan los señalamientos de corrupción a jueces y magistrados y a la SCJN desde una perspectiva histórica y no solo por el episodio de este martes.
Las frases proyectan una imagen desgastada del Poder Judicial y la urgencia por renovar en su totalidad el sistema de justicia en México. Los términos reestructuración, transformación, limpieza, renovación han sido empleados con frecuencia en este sentido.
Cientos de usuarios de Twitter emplearon diversas etiquetas que reactivaron las protestas en contra del Poder Judicial a raíz de que Carlos Romero Deschamps obtuvo un amparo. Foto: SinEmbargo
#MetaDatos | A lo largo de esa semana, un numeroso contingentes de usuarios en Twitter se ha movilizado a través de etiquetas como #RenovarPoderJudicalYa, con la exigencia de que jueces, magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean sustituidos de tajo ante las numerosas acusaciones que les señalan por diversas prácticas de corrupción y protección a delincuentes, incluidos los llamados de “cuello blanco”.
Una revisión a la red que conforman estos usuarios arroja que la exigencia ha crecido y va abarcando buena parte del país, pues proviene de estados como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla y Baja California, entre otros, y tienen como uno de sus principales protagonistas –y unificador del movimiento– al Ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.
Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo)._ La etiqueta #RenovarPoderJudicalYa brotó el sábado 15 de junio pasado entre comunidades de tuiteros mexicanos, con una marcada predominancia de seguidores del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese sábado, otra etiqueta alcanzó el clímax de las tendencias de Twitter: #YoApoyoElAmparo, que clama por la clausura definitiva –desde la vía legal– del proyecto aeroportuario en Santa Lucía, Estado de México. Ambas movilizaciones tuvieron como foco central a los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, aunque con exigencias encontradas.
Sin embargo, la movilización para pedir la renovación de todo el aparato jurídico tuvo una implicación política de gran escala en el entorno digital, debido a que el nivel de tensión que se acumuló en torno a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detonó una protesta que se ha extendido a prácticamente todo el territorio nacional, alimentada desde casos locales que ya pulsaban en la Red desde hace meses, pero también por las numerosas acusaciones que pesan sobre la trayectoria de jueces y ministros, como es el caso de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, a quien se acusa de presunto enriquecimiento ilícito y de la supuesta protección a políticos de alto nivel, entre ellos el ex Presidente Enrique Peña Nieto.
Esta tensión es visible aún este jueves en enjambre de etiquetas que han surgido en torno al hashtag #RenovarPoderJudicalYa, y que han conectado la opinión de miles de usuarios en torno al tema desde #HampaDeLaSCJN y #JuecesCorruptos, hasta la etiqueta personal #MedinaMora, que se multiplica con una velocidad similar a la de otras con acusaciones más directas como #FueraNarcoJuecesYMagistradosCorruptos o #PrisiónParaMedinaMora.
RENOVACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS
El jueves pasado y todavía este viernes, la lista de aforismos que acompañan al característico numeral “#”suma decenas. Con cada frase que se adhiere se articula aún más el discurso en el que prevalecen reclamos a la inoperancia, opacidad y corrupción del Poder Judicial en México y la petición de que la totalidad de los ministros que conforman el Tribunal Superior y magistrados de la SCJN, así como jueces de distintas categorías sean renovados en su totalidad.
La movilización se convulsiona más cuando los nodos de la red se interconectan en torno al Ministro Median Mora, a quien se pide su renuncia desde la plataforma Change.org desde hace dos semanas. Al corte de esta nota, la petición iniciada por el usuario Daniel Ponce suma 23 mil 400 firmas.
Eduardo Medina Mora, de 62 años, llegó a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gracias a la nominación del entonces Presidente Enrique Peña Nieto en 2015. Foto: Cuartoscuro.
Los señalamientos contra Eduardo Medina Mora por incurrir en supuestas prácticas de corrupción han alcanzado nivel internacional.
De acuerdo con la agencia Notimex, la National Crime Agency del Gobierno del Reinio Unido lo investiga por transferencias que alcanzarían la suma de 2 millones 383 mil 526 libras esterlinas, según una investigación del periodista Salvador García Soto. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó que entre los años 2016 y 2018 el ahora Ministro recibió depósitos a cuentas donde es titular por 2 millones 130 mil dólares.
Ayer, el Ministro reviró a través de la cuenta oficial de la @SCJN y dijo que los señalamientos son falsos. Sin embargo, esta reacción no se tradujo en la disminución de la polémica en torno a su imagen y, por el contrario, se intensificó aun más.
Medina Mora es un nodo central en la red que ha crecido en Twitter en torno al Poder Judicial, pero al adentrarse a ella no es el único: saltan otros nombres y casos de corrupción que detonan la indignación entre los usuarios. Por ejemplo, destaca el caso de la Juez Luz María Ortega Tlapa, quien en días pasados le concedió un amparo a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien está involucrado en el caso de los sobornos de empresa brasileña Odebrech. La misma jueza ha concedido varios amparos a delincuentes como Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En la movilización, la trayectoria de Ortega Tlapa es uno de los casos más representativos de la protesta en Twitter contra jueces y magistrados, a los que se suman los nombres de jueces locales en Baja California, Estado de México y Jalisco.
EL MOVIMIENTO BROTA EN TODO EL PAÍS
Los datos apuntan a que la movilización crece a lo largo de todo el país.
En una muestra generada a partir de tuits en los que se emplearon las etiquetas #HampaDeLaSCJN, #RenovarPoderJudicalYa y #JuecesCorruptos, un MetaDato originado –a partir de las localidades que indicaron los usuarios en sus perfiles– muestra que estas etiquetas no sólo están interconectadas, sino que también articulan una movilización que brota en todos los estados del país y con mayor incidencia en entidades como Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur , Puebla y Nuevo León.
Aunque el rechazo al Poder Judicial dentro de esta protesta está generalizado entre todos los participantes, los estados antes mencionados no sólo son los más participativos, sino que coinciden con las entidades identificadas por la organización Frente Social, en su Índice Mexicano de Corrupción y Calidad Gubernamental, como los estados con mayor corrupción, de acuerdo con la percepción ciudadana.
En este estudio, la Ciudad de México, Tabasco, Puebla, Oaxaca, Estado de México, Baja California y Baja California Sur son en donde hay mayor malestar de los ciudadanos en torno a la corrupción.
En una muestra de 752 tuits se encontró que hay participantes de todo el país en la movilización contra jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gráfico: Elaboración SinEmbargo
CORRUPCIÓN , PRINCIPAL DETONANTE
La protesta en la que se señala que el Poder Judicial requiere ser renovado en su totalidad coincide también con otro estudio: el de la organización World Justice Project (WJP) que en su Índice de Estado de Derecho 2019 ubica a México entre los últimos lugares del ranking global.
La calificación que obtuvo el país en cuanto a la procuración de la Ley lo sitúa en el lugar 99 de 126 naciones. Además destaca que este año se encuentra dos lugares abajo con respecto al año anterior.
En el Índice del Estado de Derecho de 2019, realizado por la WJP, México se encuentra en los últimos lugares a nivel global sobre todo por la alta percepción de corrupción. Foto: WJP
De acuerdo con WPJ, el principal problema del Estado de Derecho en México es la corrupción y la inseguridad.
Además de la percepción de una corrupción extendida en todo el sistema judicial, el movimiento detonó también debido a que entre los promotores de los hashtags persiste la expectativa de ver materializada la promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador de llevar ante la justicia a los que llamó “delincuentes de cuello blanco” y “mafia del poder”, etiquetas que entre sus seguidores recaen precisamente en jueces y magistrados.
#MetaDatos | La etiqueta #YoTambiénApoyoelAmparo sumó cinco días continuos de actividad en Twitter en apoyo a los diversos amparos que promueven suspender las obras del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, así como la reactivación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, Estado de México.
Este movimiento es impulsado por el colectivo empresarial que se identifica con la etiqueta no más #NoMásDerroches y usuarios que son opositores de las políticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en esta dinámica brotan cada vez con más frecuencia participantes que amplifican este mensaje y que se asemejan a los atributos de un bot: perfiles incompletos y despersonalizados, que sólo interactúan por medio de retuis y que, además, participan únicamente cuando se trata de criticar al Primer Mandatario.
Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).– El movimiento que se promueve con la etiqueta #YoTambiénApoyoElAmparo se mantiene activo desde hace cinco días en Twitter; es una red de usuarios que promueve el freno a la construcción del aeropuerto internacional en Santa Lucía, Estado de México, y la reactivación de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, también en tierras mexiquenses, y que ha sido impulsado básicamente por exigencias del grupo empresarial en torno al hashtag #NoMásDerroches.
Desde el 4 de junio, ese grupo promueve ante el Poder Judicial de la Federación un amparo definitivo para que las obras del NAIM se concluyan, a pesar de que el Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dio la orden de cancelarlas. En torno a este movimiento, además de empresarios, se destacan usuarios de oposición a la 4T, pero también –cada vez con mayor énfasis– la participación de perfiles automatizados y que tienen atributos semejantes a los de un bot; es decir, son perfiles incompletos y despersonalizados, que sólo interactúan por medio de retuis y que, además, participan únicamente cuando se trata de criticar al Primer Mandatario.
En Twitter, la red de usuarios que exige la cancelación del NAIM también se ha enfrentado en discusiones con grupos afines a la Cuarta Transformación, lo que le ha dado continuidad a su campaña.
Junto a los protagonistas de lo que se ha convertido en una de las movilizaciones en redes sociales más contundentes para defender el proyecto aeroportuario en Texcoco –como es el caso de Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)–, en el análisis destacan cuentas que amplifican el hashtag #YoTambiénApoyoElAmparo a partir del uso intensivo del retuit.
Además, con mayor discreción, múltiples cuentas de aspecto automatizado se distribuyen entre los clústeres o subgrupos de la red que conectan este debate. ¿Quién o quiénes crean esas cuentas? ¿Quiénes las organizan y distribuyen? Las respuestas a esas preguntas no pueden responderse desde el análisis de esta red.
En la muestra recolectada por la Unidad de #MetaDatos se observa que algunos usuarios en Twitter adquirieron notoriedad por las menciones que recibieron en torno al tema del NAIM; destaca el caso del abogado Miguel Meza, quien es parte del colectivo @MXvsCORRUPCION. Foto: SinEmbargo
BOTS O NO BOTS
Sin centrar este análisis de #MetaDatos en la definición o identificación de un bot, en la visualización de los datos conformados por una muestra de mil 665 nodos [usuarios] y 4 mil 020 aristas [o interacciones entre ellos], un ejército de cuentas impersonales movilizan esta red, se dispersan en ella y, claro, la ayudan a crecer.
Estas cuentas guardan similitud en su actividad. Por ejemplo, 95 por ciento de sus participaciones son retuits y observan una tendencia monotemática, centrada de manera exclusiva en retuitear contenidos críticos al Presidente López Obrador y de los grupos y usuarios opositores a sus políticas; lo hacen de manera despersonalizada, pero a su vez coordinada.
Otra característica de este grupo se centra en que tienen un promedio de menos de 100 seguidores y escasa personalización en su configuración; el resultado es que su perfil luce siempre incompleto. Algunas de esas cuentas activan la protección –que se visualiza con un candado en el nombre de usuario– para no evidenciar métricas nulas o muy bajas.
Este es el aspecto de uno de los perfiles de los usuarios que amplificaron la tendencia #YoTambiénApoyoelAmparo. Foto: SinEmbargo
Por ejemplo, la cuenta @Vctor79597322 fue creada el 8 de junio pasado y al corte de esta nota permanecía sin foto de perfil ni de portada; suma poco más de 500 tuits, 33 seguidores y menos de cinco respuestas, el resto de su actividad son retuits.
El usuario @israeltr2011 presentan toda vía más signos de ser un perfil automatizado: fue creado en 2011, suma 600 tuits y tiene ocho seguidores, además registra un 100 por ciento de retuits y su foto es despersonalizada.
El usuario @Julio53805750 pertenece al grupo de usuarios que amplificaron la tendencia #YoTambiénApoyoElAmparo por medio de retuits a las cuentas de los protagonistas de la movilización, en este caso @MXvsCORRUPCION, @Miguelmezac y @hijasdelamx. Foto: SinEmbargo
Todavía más impersonal, destaca la cuenta @lania_kea, que está protegida pero que en torno a ella otros usuarios de similares características conformaron un pequeño clúster, de acuerdo con la visualización de la muestra; esta cuenta fue creada en 2016 y no tiene seguidores.
Como estos usuarios, otros con características similares han aportado en la amplificación y continuación de la campaña en favor del NAIM y desde una trinchera muy particular, pues no se les halla vínculos con los miembros del colectivo #NoMásDerroches más allá de los retuits que dieron a muchos de sus comentarios.
La cuenta @lania_kea destacó por generar vínculos con otras cuentas de aspecto despersonalizado. Foto: SinEmbargo
Mientras que el empresario Claudio X. González Guajardo adquiere visibilidad por las reacciones que recibe, dado que es uno de los representantes del colectivo #NoMásDerroches, usuarios como @sebastianremse obtienen un número similar de menciones al interior de sus comunidades.
En este caso @sebastianremse alcanza alta visibilidad también debido al alto número de retuits que generó: de acuerdo con la herramienta de análisis de Twitter, Tweet Binder, al menos 77 de esas acciones fueron realizadas desde esa cuenta entre el 17 y el 18 de junio.
El usuario @sebastianremse ha sido uno de los principales amplificadores no orgánicos debido a que retuiteó la etiqueta decenas de veces. Sin embargo, también recibió múltiples menciones de otros usuarios. En la muestra se observa algunos de los usuarios con los que se interconectó. Foto: SinEmbargo
LOS EMPRESARIOS
Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther), presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana; el abogado Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC), integrante de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (@MXvsCORRUPCION), y otros empresarios que integran el colectivo #NoMásDerroches han cimbrado Twitter con su posicionamiento respecto al tema.
En la visaulización de los datos aparecen por el interés que generó su posicionamiento. El 17 de junio el colectivo obtuvo una suspensión definitiva en contra de la construcción del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía y la cancelación de la obra en Texcoco en tanto el Gobierno Federal no cumpla con una serie de dictámenes y permisos de orden ambiental y de seguridad, de acuerdo con el colectivo esta suspensión definitiva es la más contundente que han obtenido tras promover 147 amparos ante el Poder Judicial de la Federación.
“Esta nueva orden judicial fue obtenida con motivo de los 147 juicios de amparo que el colectivo #NoMásDerroches ha presentado con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la cancelación del NAIM y asegure que el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios”, expresó el colectivo @MXvsCorrupción en su cuenta oficial de Twitter.
“#Comunicado Desde el colectivo #NoMásDerroches logramos una nueva orden judicial de suspensión a las obras del aeropuerto en Santa Lucía, que además obliga a preservar las obras del #NAIM en Texcoco”,
La orden de suspensión autorizada por Miguel Ángel Burguete García, Juez del Octavo de Distrito en Edomex detonó aun más las reacciones que ya habían alcanzado cifras importantes durante el fin de semana. De acuerdo con el análisis generado por Metadatos, los usuarios que participaron en esta movilización centraron su interés en los actores políticos, antes que en organizaciones empresariales que la protagonizan. Destaca el caso del abogado Miguel Alfonso Meza, integrante de MXvsCORRUPCIÓN.
De acuerdo con el colectivo, con esta resolución, suman siete las suspensiones conseguidas ante el Poder Judicial, de las cuales, tres son definitivas e de acuerdo con Miguel Meza impiden desde el marco legal la continuación de la obra en Santa Lucía en tanto no se cumpla una serie de dictámenes y permisos ambientales y de seguridad.
Santa Lucía no puede continuar hasta que no se tengan dictámenes y permisos:
1. Ambientales
2. De seguridad aeronáutica
3. De viabilidad aeronáutica
4. De prospección arqueológica
5. Estrategia de viabilidad social, política (6) e interinstitucional (7).
La celebración del colectivo #NoMásDerroches generó una reacción diametralmente opuesta entre una comunidad de usuarios en donde ha crecido la crítica hacia el Poder Judicial, cuyo máximo representante es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido que magistrados y jueces han generado contrapeso desde esta tribuna. Entre estos episodios, la suspensión definitiva a las obras de Santa Lucía destaca por contraponerse a uno de los proyectos más trascendentes en el Plan de Gobierno de López Obrador.
Desde el pasado 15 de junio, quienes condenaron la actuación de Burguete García promueven etiquetas como #HampaDelaSCJN frase compuesta a partir de los propios dichos del Presidente quien en semanas pasadas empleó el término “hampa” para señalar a un grupo de periodistas de tendencia conservadora que han mostrado afinidad por los poderes fácticos.
La etiqueta es un señalamiento directo a la SCJN que surgió a partir de los señalamientos sobre que el Ministro Eduardo Medina Mora realizó transferencias a Gran Bretaña como a Estados Unidos por casi 102 millones de pesos de acuerdo con una investigación realizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo.
La frase #HampaDelaSCJN se conectó en la discusión crítica que generó la promoción de un amparo definitivo a la construcción de Santa Lucía por el colectivo #NoMásDerroches.
Esta conección surgió a partir de la interconexión de etiquetas como #hampaeneljudicial, #juecescorruptos, #renovarpoderjudicialya, #hampaeneljudicia, #fuerajuecesyministros y otras que denotan malestar entre la comunidad que apoya el proyecto aeroportuario de López Obrador y que desde el fin de semana ha constrastado con los motivos por los que la movilización de #YoTambiénApoyoElAmparo se ha sostenido en la plataforma.
La crítica a #NoMásDerroches se intensifica aun más entre los usuarios que han destacado la trayectoria de del Juez Burguete García quien ha sido señalado por proteger a los implicados en el caso de corrupción de la empresa OHL.
¿Qué tienen en común Emilio Lozoya, el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? Además de ser acusados de presunta corrupción y lavado de dinero, los tres obtuvieron amparos por el mismo juez. Hay otros casos donde jueces y magistrados han sido denunciados ante el Consejo de la Judicatura Federal por favorecer a empresas.
Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).– “Un grupo de abogados famosísimos hasta se anunciaban diciendo: ‘Yo saco a cualquiera de la cárcel’, aunque se tratara de los asuntos de mayor corrupción. Algunos de ellos habían estado de senadores y diputados y ya habían arreglado las leyes a modo. Además, tenían muy buenas relaciones con el Poder Judicial, con jueces, magistrados y ministros. Pero todo eso ya se terminó”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador el martes en su conferencia matutina.
No necesitaba decirlo, porque esa sensación existe en los mexicanos. En las últimas semanas, quizás meses, las redes han escenificado una verdadera movilización ciudadana en contra del Poder Judicial. Una serie de amparos y suspensiones temporales para evitar que personas vinculadas con el crimen y la corrupción enfrenten a la justicia, así como el tema de transferencias millonarias a cuentas personales e incluso los salarios que se asignan ministros y magistrados han puesto en duda su labor en México. Apenas hace unos días, miles de usuarios colocaron el hashtag #RenovarPoderJudicialYa para señalar también la poca transparencia y los excesos de un supra poder que contrasta en una Nación de 53.4 millones de pobres.
Hay casos donde un mismo juez otorgó amparos a Emilio Lozoya; al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), señalado por presunto lavado de dinero. También hay jueces y magistrados acusados de favorecer a la constructora OHL en el Estado de México mientras en España está bajo presión permanente.
Otro caso es el de la juez de control de Chihuahua, María Guadalupe Hernández Lozano, quien otorgó un amparo que anula una orden de aprehensión contra el ex Gobernador priista César Duarte Jáquez, por la causa penal 1841/17, en la que se le acusa de entregar 2 millones 420 mil pesos del erario al ex Diputado por Movimiento Ciudadano Fernando Reyes Ramírez, a cambio de su apoyo para aprobar la bursatilización de bonos carreteros.
El ex Gobernador César Duarte, prófugo de la justicia, es otro de los personajes que han hecho uso del recurso de amparo. Foto: Cuartoscuro.
Pero de los casos que más generaron polémicas es el del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, quien realizó transferencias millonarias a Gran Bretaña y Estados Unidos y esos datos fueron ventilados públicamente.
Otros jueces también fueron criticados por favorecer con siete recursos legales, entre amparos y suspensiones temporales contra órdenes de aprehensión, a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre quien pesa una orden de aprehensión por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por medio de estos recursos legales, Lozoya libró la prisión desde 2017, pero su suerte cambió esta semana: una jueza federal retiró la suspensión definitiva a la orden de aprehensión en su contra, por lo que en cualquier momento podría ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).
Uno de los jueces que concedió recursos legales a Lozoya es Sandra Leticia Robledo Magaña, quien el 7 de noviembre de 2017 le otorgó una suspensión definitiva que impedía a la PGR (hoy Fiscalía General de la República) pedir cualquier orden de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht.
Otros jueces también fueron criticados por favorecer con siete recursos legales, entre amparos y suspensiones temporales contra órdenes de aprehensión, a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos. Foto: Cuartoscuro.
Esta misma jueza también ha beneficiado con recursos legales a personajes vinculados a casos de presunta corrupción. El 3 de mayo de este año otorgó un amparo a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien es señalado por presunto lavado de dinero.
A la lista de Sandra Leticia Robledo Magaña también se suma la suspensión de dos órdenes de aprehensión contra el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa en el año 2017.
Otro caso es el del Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, Miguel Ángel Burguete García, quien en abril de 2018 anuló el procedimiento administrativo en contra de la constructora OHL (hoy Aleatica), demandada por irregularidades en la construcción del Viaducto Bicentenario.
El abogado Paulo Díez Gargari, quien lleva un litigio en contra de la constructora OHL en México, presentó el 10 de octubre de 2017 una denuncia en contra de este juez ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ante el temor de que pudiera incurrir en un caso de corrupción y favorecer a la constructora, lo que finalmente ocurrió.
Díez Gargari ha presentado hasta el momento tres denuncias en contra de jueces y magistrados por favorecer a la empresa OHL.
Esta semana el juez Burguete García también concedió dos suspensiones definitivas para mantener las obras del aeropuerto en Texcoco, lo que impide provisionalmente la construcción en Santa Lucía, proyecto que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con Lizbeth Padilla Sanabria, doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que un juez otorgue un amparo no necesariamente significa que esté implicado en un acto de corrupción.
La académica explicó que en México toda persona tiene derecho a un amparo y puede usar este recurso todas las veces que considere que se le está violando un derecho.
“Así sea un secuestrador, lavador de dinero o el corrupto más terrible, se le va a tener que otorgar el amparo porque tiene derecho al debido proceso”, explicó en entrevista.
En México existen dos tipos de amparo: directo e indirecto. El primero se hace cuando la sentencia es definitiva o cuando alguna autoridad pone fin a un juicio o procedimiento, y el segundo se hace con cualquier tipo de actuación que no pone fin al juicio, sino que al final del día el quejoso considera que se violan derechos humanos, como los amparos concedidos a Emilio Lozoya.
“Cuando se da un amparo para ser detenido depende del delito, por ejemplo, en el caso de Lozoya y su hermana están hablando de recursos de procedencia ilícita que ya ameritan prisión oficiosa y son considerados como delitos graves, y el amparo en primer término no les sirve de nada porque lo único que hace es que se pongan a disposición con un juez de amparo, quien a su vez va a revisar con el juzgado de distrito para ver que sea correcta la medida cautelar y si considera que es apegada a derecho, pues simplemente los detiene ahí mismo”, detalló la académica de la UNAM.
La doctora Padilla Sanabria consideró que en varios casos las autoridades que investigan no están capacitadas y no saben cómo obtener pruebas, por eso los amparos se incrementan y las personas, aunque sean corruptas, quedan absueltas. “Algunos reclaman que por qué se otorgan amparos o descongelan las cuentas, pero la justicia no tiene nada que ver con el Estado de Derecho”.
Padilla Sanabria aclaró que los amparos no tienen vigencia, pero la suspensión provisional sí porque se otorga en lo que dura el trámite del amparo.
Insistió en que la falta de capacitación de las autoridades provoca que, en algunos casos, actúen no conforme a la norma jurídica. “Yo creo que jurídicamente las cosas no las están llevando bien y esto trae como consecuencia que se otorguen amparos a las personas acusadas de delitos como corrupción o lavado de dinero, estas personas tienen derechos humanos y uno de ellos es el debido proceso”.
Para el abogado Paulo Díez Gargari el tema de la corrupción en el Poder Judicial genera una frustración social porque la ciudadanía cree que no hay puertas abiertas por ningún lado.
“El tema de la corrupción en el Poder Judicial es importante porque hay jueces que hacen un daño enorme, generan una frustración en los ciudadanos. Si no podemos confiar en las personas que están para impartir la justicia, entonces qué alternativas tenemos como sociedad”, dijo en entrevista.
Hay casos donde un mismo juez otorgó amparos a Emilio Lozoya, el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Foto: Cuartoscuro.
MAGISTRADOS ACUSADOS DE FAVORECER A OHL
La constructora OHL, una de las empresas beneficiadas con concesiones en el Estado de México durante los sexenios priistas de Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, ha estado involucrada en una serie de polémicas que comenzaron en el año 2015 cuando una serie de audios filtrados involucraban a sus directivos en casos de presuntos sobornos a jueces y políticos a cambio de obras.
El escándalo tuvo consecuencias en España, en donde la constructora es investigada. En México solo hubo algunas sanciones a nivel estatal: Apolinar Mena Vargas renunció al cargo de secretario de Comunicaciones del Estado de México en 2015 derivado del resultado parcial de la investigación que se realizó respecto al título de concesión del Viaducto Bicentenario y a las llamadas telefónicas difundidas en internet.También se impuso una multa a OHL de 38.8 millones de pesos que no ha sido pagada.
La empresa fue señalada en marzo por el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de haber financiado con 186 millones de pesos una campaña negra en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador durante los comicios electorales de 2017-2018.
Tras la acusación, Aleatica aseguró no tener “relación alguna, directa o indirecta, en las ‘campañas negras’”; también refirió que “cooperará con las investigaciones oficiales que puedan surgir”.
El abogado Paulo Díez Gargari, quien lleva un litigio en contra de OHL en México, ha presentado tres denuncias ante el Consejo de la Judicatura Federal en las que acusa a jueces y magistrados de favorecer con amparos a la constructora.
En junio de 2015 presentó una denuncia en contra de Mónica Alejandra Soto Bueno, Tito Contreras Pastrana y Mauricio Gregorio Saucedo Ruiz, magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.
“En un principio este tribunal había atendido un amparo en favor de infraiber, que decía que la empresa tenía derecho a instalar, operar y mantener en el Circuito Exterior Mexiquense, pero luego el Estado de México junto con Aleatica fueron a verlos y estos mismos señores, quienes ya habían otorgado un amparo, dijeron que el único efecto que tenía ese recurso era permitirle a Infraiber volver a pintar una raya roja como de medio metro, no es broma, y que cualquier otra cosa que ocurriera tenía que avisarle a la autoridad”, explicó en entrevista.
Díez Gargari mencionó otro caso, el de César de Jesús Molina Suárez, juez del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, quien también emitió sentencias en favor de OHL y de quien también presentó una denuncia ante el CJF que acabo en lo mismo: no procedió.
JUEZ AMPARA A OHL Y FRENA SANTA LUCÍA
En agosto de 2016, el Gobierno del Estado de México, encabezado en ese entonces por Eruviel Ávila Villegas, impuso una multa de 38.3 millones de pesos a la empresa OHL (hoy Aleatica), luego de que la consultora Pricewaterhouse Cooper’s (PWC) detectó diversas irregularidades en la construcción del Viaducto Bicentenario como discrepancias en desembolsos no reportados y sin explicación aparente, así como cambios llevados a cabo sin el permiso de la autoridad.
Un año después de la multa, el 12 de abril de 2017, la constructora inició un procedimiento de amparo ante el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, Miguel Ángel Burguete García, para evitar el pago de la multa.
El abogado Paulo Díez Gargari también denunció este caso ante el Consejo de la Judicatura Federal, porque al mismo tiempo que el juez revisaba el amparo de la empresa se reunió con los entonces titulares de la Secretaría de Comunicaciones estatal y del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (Saascaem), lo que podría incurrir en un acto de corrupción.
El juez lo negó y en el CJF no procedió la denuncia. Sin embargo, en abril de 2018, Miguel Ángel Burguete García resolvió que el Saascaem no estaba facultado para sancionar y anuló el procedimiento administrativo en contra de la constructora.
“En 2017 Aleatica promovió un amparo ante el juez federal Miguel Ángel Burguete García para evitar la multa de 38.3 millones de pesos, pero curiosamente en esa ocasión al revisar la agenda del Secretario de Comunicaciones del Estado de México nos dimos cuenta de que este juez fue justamente a verlo y yo lo denuncié desde un primer momento porque al parecer las autoridades le pidieron que fallara en favor de Aleatica”, dijo en entrevista Díez Gargari.
El abogado contó que cuando denunció que el juez Burguete se había reunido con autoridades del Estado de México mientras estaba revisando una solicitud de amparo, el Consejo de la Judicatura Federal desestimó las pruebas.
“Les presenté las pruebas, como la agenda pública del entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes estatal, pero el órgano consideró que no había elementos suficientes porque el juez dijo que no había estado ahí y que si su nombre apareció en la agenda era porque alguien lo había inventado”, recordó.
Aquí la denuncia que presentó el abogado Díez Gargari en contra de Burguete García:
Miguel Ángel Burguete García, quien había sido denunciado ante la Judicatura por favorecer a OHL, concedió el lunes otras dos suspensiones definitivas para mantener las obras del aeropuerto en Texcoco, lo que impide provisionalmente la construcción en Santa Lucía, proyecto que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El juez emitió dos sentencias interlocutoras en amparos tramitados contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco en las que concedió la suspensión definitiva hasta que se dicte una sentencia definitiva de amparo.
JUEZA: LOZOYA, SOSA CASTELÁN (UAEH) y JAVIER DUARTE
El 31 de mayo de este 2019, la jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, otorgó un amparo a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por la presunta orden de aprehensión girada en su contra.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, investiga a la universidad estatal luego de que detectara movimientos financieros inusuales a nombre de dicha institución. Informó que ésta habría recibido recursos por 156 millones de dólares provenientes de Suiza.
Gerardo Sosa Castelán, como presidente del patronato, es señalado por presunto lavado de dinero.
Este no es el único caso en el que Robledo Magaña actúa a favor de personas involucradas en escándalos públicos. El 7 de noviembre de 2017 la jueza concedió a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), una suspensión definitiva que impedía a la PGR (hoy Fiscalía General de la República) pedir cualquier orden de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht.
A la lista de Sandra Leticia Robledo Magaña también se suma la suspensión de dos órdenes de aprehensión contra el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa.
El 10 de agosto de 2017, la jueza otorgó una suspensión definitiva a dos órdenes de aprehensión por diversos delitos emitidas por las autoridades de Veracruz contra el ex Gobernador.
SIETE AMPAROS PARA LOZOYA
Desde que Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, fue acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita mientras trabajaba en la petrolera, ha promovido siete recursos legales, entre amparos y suspensiones provisionales, que le impidieron pisar la cárcel. Fue hasta esta semana cuando su suerte cambió: una jueza federal retiró la suspensión definitiva a la orden de aprehensión en su contra, por lo que en cualquier momento podría ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).
Aquí la lista de los recursos legales promovidos por el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, desde 2017:
–5 de junio de 2019: La Jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva Emilio Lozoya Austin para que no se ejecute hasta que se resuelva el juicio de amparo, la orden de aprehensión en su contra.
–29 de mayo de 2019: El Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal otorgó la suspensión provisional de orden de aprehensión contra Lozoya.
–5 de diciembre 2018: El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió la protección de la justicia a Emilio Lozoya y dejó sin efecto el acuerdo dictado el 10 de julio de 2018 en la carpeta de investigación que se sigue al quejoso. Al resolver el amparo 702/2018, la juzgadora federal instruyó que en un plazo de 30 días hábiles, la Fepade determine si existen o no diligencias por practicar y, de lo contrario las desahogue de inmediato.
En la imagen, el ex Presidente Enrique Peña Nieto junto con Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Foto: Presidencia.
–22 de octubre 2018: Emilio Lozoya obtuvo un nuevo amparo que impide hacer públicas las indagatorias de la PGR sobre el caso Odebrecht.
–2 de marzo de 2018: Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primera de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió a Emilio Lozoya la suspensión definitiva contra la judicialización de la indagatoria por enriquecimiento ilícito y cohecho.
–7 de noviembre de 2017: Sandra Leticia Robledo Magaña, la misma jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva a Lozoya dentro del amparo que promovió contra la negativa de la PGR de darle acceso al expediente FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017 en su contra.
–11 de octubre de 2017: El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal concedió una suspensión provisional al ex director de Petróleos Mexicanos.
LAS CUENTAS DE MEDINA MORA
Otro de los casos más polémicos dentro del Poder Judicial es el del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora.
Una investigación realizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo reveló que entre 2006 y 2018, cuando gobernaron Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), Compusoluciones y Asociados SA de CV recibió 102 millones 107 mil 156 pesos a través de 26 contratos de millones y miles de pesos para suministrar licencias y capacitación en la operación de software como Oracle, o cursos sobre el uso de Excel o Power Point en las oficinas de Gobierno.
De estos, 25 contratos fueron conseguidos por adjudicación directa; es decir, sin que mediara concurso o competencia con otras compañías del ramos de la informática.
La misma búsqueda arrojó que la presente Administración, de Andrés Manuel López Obrador, no ha requerido de los servicios de Compusoluciones y Asociados SA de CV.
Otro de los casos más polémicos dentro del Poder Judicial es el del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora. Foto: Cuartoscuro.
Se trata de la empresa de cuyos dividendos se habría beneficiado el Ministro Eduardo Medina Mora y cuya pertenencia accionaria habría sido omitida en sus declaraciones patrimoniales, según publicó el periodista Salvador García Soto en su columna del 5 de junio pasado, Serpientes y Escaleras, de El Universal, titulada “Las transferencias millonarias del ministro Medina Mora”.
De acuerdo con la publicación, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza habría recibido transferencias monetarias en cuentas de Gran Bretaña y Estados Unidos que superan en mucho los ingresos que obtuvo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2015, cuando el Senado de la República lo avaló en la posición. Los reportes británicos y estadounidenses propiciaron que las autoridades mexicanas iniciaran una investigación. Así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó a Compusoluciones y Asociados SA de CV, entidad en la que el Ministro Medina Mora aparece como beneficiario del “pago de dividendo”.
Un día después de la publicación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga las cuentas bancarias del Ministro Eduardo Medina Mora y dejó claro que ello no significa que sea culpable de delitos vinculados con la corrupción.
“Hay información del Gobierno de Estados Unidos. Ya se le pasó a la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso no significa que sea culpable. Es una información que tiene la oficina de Inteligencia Financiera”, comentó durante la conferencia de la mañana de ese día.
La movilización provocó que legisladores, trabajadores y periodistas que se encontraban al interior de la Cámara Baja, también fueran desalojadas.
Ciudad de México, 22 de mayo, (SinEmbargo).- Personal que se encontraba en el edificio del Poder Judicial de la Federación, edificio que se encuentra a detrás de la Cámara de Diputados, fue desalojado por una supuesta amenaza de bomba.
La movilización provocó que legisladores, trabajadores y periodistas que se encontraban al interior de la Cámara Baja, también fueran desalojadas.
Reportes en medios nacionales señalan que la evacuación inició alrededor de las 10:50 horas. Se espera que los trabajadores regresan al edificio luego de la revisión de las instalaciones y de que las autoridades descarten cualquier peligro en la zona.
Aparentemente, una llamada telefónica advirtió de la supuesta bomba, por lo que inició la evacuación del edificio.
Al sitio se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de Protección Civil y de elementos de seguridad de la Cámara de Diputados.
Desalojo en el palacio de justicia de san Lázaro por una presunta amenaza de bomba pic.twitter.com/1Qxgt4fSU8
Posteriormente, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que “se manera inmediata se inició el protocolo de seguridad y se determinó suspender actividades en salvaguarda de todos”.
Agregó que al momento se reportó un avance del 50 por ciento en la revisión del edificio.
#Comunicado Respecto a la amenaza de bomba a las instalaciones de San Lázaro del #PJF, se informa que de manera inmediata se inició el protocolo de seguridad y se determinó suspender actividades en salvaguarda de todos. Se lleva un avance del 50%, todo se reporta en orden.
Un grupo de personas protestó afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los salarios y supuestos privilegios que tienen ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. La indignación de una parte de a sociedad también se expresó en la plataforma Change.org a través de una petición que solicita que “los jueces y magistrados sean removidos de su cargo por no acatar el mandato del pueblo”.
Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– Los salarios en el Poder Judicial de la Federación han indignado a una gran parte de la sociedad, la cual ha manifestado su inconformidad a través de protestas y peticiones en plataformas como Change.org, en donde exigen poner fin a sus privilegios.
Este miércoles un grupo de personas protestó afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los supuestos privilegios que tienen ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial.
Los manifestantes colocaron pancartas afuera del recinto con leyendas como “Fin de la era de los virreyes” y “Señores ministros no más dispendios ni derroche, que se aplique el artículo 127”.
En la protesta, que fue convocada por la organización Por la Transformación de la Reconciliación A.C., se gritaron consignas en contra de los funcionarios del Poder Judicial que se ampararon contra la Ley Federal de Remuneraciones por considerarla una intromisión a su autonomía.
Esta es la segunda protesta que se realiza en una semana en contra de los salarios de los ministros y magistrados. El pasado domingo, alrededor de 30 personas se manifestaron en el Ángel de la Independencia Inicialmente, planeaban dirigirse a la SCJN, pero ante la baja afluencia de personas, optaron por manifestarse en dicha glorieta de Reforma.
Los manifestantes expresaron su rechazo a los supuestos privilegios de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.
Un grupo de personas protestaron en contra de los supuestos privilegios de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.
De acuerdo con las remuneraciones vigentes de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación establecidos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los salarios mensuales netos que reciben los empleados de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal van desde los 13 mil 369 hasta los 269 mil 215 pesos.
Un Ministro de la Suprema Corte y un Consejero del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los puestos más altos dentro del Poder Judicial en México, reciben un salario de 269 mil 215 pesos mensuales, además de otras percepciones anuales como un pago por riesgo (554 mil 595 pesos), aguinaldo (444 mil 380 pesos), prima vacacional, seguro de gastos médicos mayores, ayuda de gastos funerales, ayuda de anteojos, estímulo por antigüedad, estímulo por jubilación, entre otros.
Tomando en cuenta solamente el salario neto, el pago por riesgo y el aguinaldo, un Ministro de la Corte y un Consejero del CJF reciben cada uno al año 4 millones 229 mil 555 pesos.
MÁS DE 40 MIL PIDEN REMOCIÓN DE JUECES
Desde el pasado 9 de diciembre, una petición subida a la Change.org solicita que “los jueces y magistrados sean removidos de su cargo por no acatar el mandato del pueblo”.
La petición, subida por la ciudadana Leito Alcantar, suma hasta este miércoles 40 mil 511 firmas y va dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.
En la petición manifiestan:
“Por medio del presente oficio manifestamos nuestro rechazo a las recientes decisiones tomadas por el Ministro de la SCJN Alberto Pérez Dayán referentes a la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos para el ejercicio 2019.
“Consideramos que la Acción de Inconstitucionalidad contra dicha ley promovida por diputados y senadores del PRI, PAN y PRD es en sí misma inconstitucional y afecta de manera considerable al presupuesto del año 2019 destinado para programas sociales y proyectos de desarrollo nacional. Por esta razón rechazamos la reciente medida emitida por la Suprema Corte por considerarse dolosa, arbitraria y por no contribuir al modelo de Austeridad Republicana del nuevo gobierno federal que busca erradicar la corrupción en los tres poderes de gobierno”.
Los firmantes exigieron que, con la autoridad soberana que les confiere el artículo 39 Constitucional, sean removidos los ministros Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte, y Alberto Pérez Dayán.
También exigieron que se inicie un proceso de investigación a dichos ministros por presunta corrupción y que sean inhabilitados para tomar algún cargo en el periodo que dure la misma.
“Damos de plazo hasta el día 30 de diciembre del presente año para que los ministros previamente señalados renuncien a su cargo y abandonen el edificio de la SCJN”, solicitaron.
De acuerdo con el contrato de compraventa celebrado en abril de 2015, el magistrado de Puebla le vendió el terreno a la empresa “Energéticos Muñoz” en la que estuvieron él y sus dos hijos, y que abandonaron un mes antes de que la Marina detuviera a Othón Muñoz Bravo.
Foto: Periódico Central.
Por Osvaldo Macuil/ Edmundo Velázquez
Puebla/Ciudad de México, 3 de octubre (Periódico Central/SinEmbargo).- El magistrado del Poder Judicial de la Federación, Carlos Loranca Muñoz, era el propietario del terreno en donde Othón Muñoz, “El Cachetes”, construyó una gasolinera en Acajete, Puebla. El magistrado le vendió el predio a la empresa del líder huachicolero “Energéticos Muñoz”, en la que él y sus tres hijos participaron como accionistas.
Esto según el contrato de compra-venta celebrado el 17 de abril de 2015 ante la Notaría número 55, que señala que el predio de mil 112 metros cuadrados fue vendido en tan solo 450 mil 990 pesos.
Ayer, Periódico Central publicó que Carlos Loranca y sus tres hijos formaron parte de la sociedad “Energéticos Muñoz”, cuyo accionista mayoritario es Othón Muñoz, y que los cuatro dejaron justo un mes antes de que la Marina detuviera a “El Cachetes” en su casa en Lomas de Angelópolis, Puebla, por narcotráfico y posesión de armas de uso exclusivo del ejército.
Al realizar una búsqueda en el Registro Público de la propiedad sobre el predio, se descubrió que pertenecía a Carlos Loranca y que él se lo vendió a la empresa de la que formaban parte sus hijos en menos de medio millón de pesos.
“El contrato de compraventa que celebran de una parte el abogado Carlos Loranca Muñoz, a quien en adelante se le identificará como “EL VENDEDOR” y de la otra la persona moral “ENERGËTICOS MUÑOZ” Sociedad Anónima de Capital Variable representada en este acto por su apoderado legal, el señor Sergio Galindo Ramírez, a quien en los sucesivo se identificará como el comprador”’.
Este terreno está ubicado en carretera Acajete-Teziutlán número 24, tercera sección, Código Postal 75520.
Periódico Central realizó un recorrido en Acajete y se observa que en este terreno ya opera un Oxxo y la gasolinera está concluida y cuenta con los logos de Petróleos de México. Solamente está a la espera de que le liberen la licencia de funcionamiento.
De acuerdo a fuentes del Ayuntamiento de Acajete, “El Cachetes” envió a Sergio Galindo, su representante legal, a pedir que este permiso se lo entreguen de manera gratuita, a pesar de que el costo es de solo 8 mil pesos.
La administración que encabeza el perredista Antonio Aguilar Reyes estuvo en desacuerdo con esta estación, debido a que se encuentra enfrente a la primaria Miguel Hidalgo, en la cual estudian mil 400 alumnos en dos turnos, y representa un riesgo por la cercanía y el tipo de producto que se comercializa.
En primera instancia se negó la licencia de uso de suelo para este tipo de actividades. Por ello, el magistrado Carlos Loranca y Othón Muñoz llevaron el caso hasta el Poder Judicial de la Federación.
En un trámite exprés, el PJF ordenó que se dieran los permisos correspondientes o de lo contrario se incurriría en desacato judicial y el alcalde sería destituido.
LA SOCIEDAD ANÓNIMA “ENERGÉTICOS MUÑOZ”
En 2015, el magistrado Carlos Loranca Muñoz y el presunto criminal conformaron la Sociedad Anónima “Energéticos Muñoz” para colocar una gasolinera en Acajete, frente a una escuela.
En marzo de 2015 se constituyó esta sociedad. En un inicio formaron parte los tres hijos del magistrado Carlos Loranca: Carlos Eduardo, Karla Esther y Raquel Patricia Loranca Ochoa.
El titular y principal accionista es Othón Muñóz, detenido el 20 de agosto en Lomas Angelópolis, Puebla, por tráfico de drogas y posesión ilegal de armas.
En un principio, la sociedad estuvo sólo conformada por “El Cachetes” y los tres hijos de Loranca. Sin embargo, en 2016, el magistrado Loranca ingresó a la sociedad a través de la compra de un 10 por ciento de las acciones que le vendió directamente Othón Muñoz, según consta en las actas inscritas ante el Registro Público de Comercio de Puebla.
Justo un mes antes de la detención de Othón Muñoz Bravo, Carlos Loranca y sus hijos abandonaron la sociedad. La entregaron a los usuales prestanombres de “El Cachetes”, quienes aparecen como copropietarios de otras estaciones: los hermanos Luis Antonio y José Rubén Córdova Garma.
“La ciudadanía se siente robada y aunque la elección esté a punto de anularse por el rebase de los topes de campaña de Miguel Riquelme, también deben analizarse de manera global los demás agravios que evidencian la injerencia ilegal de todo el aparato del Gobierno Estatal,” consideraron los integrantes de Coahuila Digno frente a los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- Guillermo Anaya Llamas, Armando Guadiana Tijerina y Javier Guerrero García, ex candidatos a la gubernatura de Coahuila, pidieron este día ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se anulen las elecciones de la entidad.
En un comunicado, se informó que los integrantes de Coahuila Digno expusieron ante Magistrados “que la anulación [tienen que ser] inminente” porque el candidato del Partido de la Revolución Institucional (PRI) rebasó los gastos de campaña.
“El tope de campaña del candidato priista es claro y contundente con el dictamen del Instituto Nacional Electoral y la anulación un hecho, porque el artículo 41 Constitucional señala expresamente que si un candidato rebasa el 5 por ciento del tope, debe anularse la elección, supuesto que ya se cumple.”
Para los denunciantes, la anulación de elecciones es casi un hecho, debido a que el argumento priista para rebasar el tope fue desechado.
“Al validarse el Reglamento de Fiscalización del órgano electoral, se dio un paso sólido rumbo a las nuevas elecciones, ya que el principal argumento del PRI para evitar el rebase de los topes de campaña y la nulidad en si, fue desechado”.
Ante la Magistrada Presidenta Janine Madeline Otálora Malassis, el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y el director Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Eduardo Aguilar Sierra, los integrantes de Coahuila Digno denunciaron, además, la intervención del Gobierno federal en las pasadas elecciones.
“La ciudadanía se siente robada y aunque la elección esté a punto de anularse por el rebase de los topes de campaña de Miguel Riquelme, también deben analizarse de manera global los demás agravios que evidencian la injerencia ilegal de todo el aparato del Gobierno Estatal.”
El 11 de junio pasado, Miguel Ángel Riquelme Solís recibió la constancia de mayoría que lo acredita como ganador de la elección a la Gubernatura efectuada el 4 de junio de este año.
En sesión, el Instituto Electoral de Coahuila aprobó por una unanimidad el cómputo estatal y declaró la validez de la elección.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
