Singapur logró eliminar una vieja ley que criminalizaba las relaciones sexuales entre hombres, a pesar de que el Gobierno continúa defendiendo la figura del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) – El Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, anunció este domingo que derogará la ley 377A, que castiga con una pena de cárcel de hasta dos años la homosexualidad, aunque enmendará la Constitución para protegerelmatrimonio entre el hombre y la mujer.
Lee precisó en un discurso a la nación, que las actitudes sociales hacia la comunidad LGTB han cambiado “considerablemente”, por lo que es oportuno despenalizar las relaciones entre hombres, contempladas en el Código penal como una “indecencia grave”.
“Si bien seguimos siendo una sociedad ampliamente conservadora, las personas homosexuales ahora son mejor aceptadas en Singapur, especialmente entre los singapurenses más jóvenes”, declaró el Primer Ministro. Agregó que se mantendrán las “normas y valores prevalecientes” protegiendo el matrimonio, según reportó CNA.
PM Lee: However, as the law stands, the definition of marriage can be challenged on constitutional grounds in the courts. I don’t think that for SG, the courts are the right forum to decide such issues. These are fundamentally not legal, but political problems.#NDR2022#NDRsg
Esta misma semana, el Viceprimer Ministro, Lawrence Wong, aseguró que las autoridades de Singapur valoraban derogar la ley debido a que se trata de “un marcador de valores importantes que le importan a la sociedad”, de acuerdo con Bloomberg.
Sin embargo, las autoridades señalaron que una revisión de la regla, que proviene de la época colonial y no se ha aplicado activamente durante más de una década, no legalizará el matrimonio homosexual ni se cambiarán otras cuestiones, como las normas de adopción o los valores educativos.
PM Lee: The Govt will repeal s377A & decriminalise sex between men. I believe this is the right thing to do & that most Singaporeans will now accept it. This will bring the law into line with current social mores & I hope, provide some relief to gay Singaporeans.#NDR2022#NDRsg
En el video, el menor libra la seguridad para hablar con el Presidente, y se observa que López Obrador lo toma de las manos y le da un beso en la frente.
Por Elena Vega C
Saltillo, 6 de agosto (Vanguardia).- Este 5 de agosto, en un evento del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Huamantla, Tlaxcala, un pequeño logró burlar la seguridad y acercarse al mandatario para pedirle que sacara a su papá de la cárcel.
El menor de ocho años, de nombre Emmanuel, se acercó al Presidente mientras la Gobernadora de la entidad, Lorena Cuéllar, estaba dando su discurso, ante lo que Lopez Obrador lo tomó de las manos y besó su frente.
Niño pide a AMLO que su padre sea liberado
Un menor de edad le entregó una carta a AMLO para pedirle que libere a su padre que se encuentra preso desde abril.
Luego, en entrevista para Grupo Fórmula, el menor expuso que le entregó una carta al Presidente en la cual le pide que saque a su papá de la cárcel porque “él es inocente”, comentó el pequeño entre lágrimas, de acuerdo con un video, y según el infante, el mandatario le habría dicho “va a salir”.
El niño estaba acompañado de su familia, quienes se encontraban presentes en el acto con carteles exigiendo justicia para el señor Saúl Rosales Meléndez, quien era el Presidente de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan; no obstante, fue detenido el pasado 14 de julio por su probable corresponsabilidad en el linchamiento consumado de una persona.
Los hechos habrían ocurrido el 15 de abril, durante Semana Santa, cuando los habitantes de la comunidad quemaron vivo a un hombre acusado de robo a una vivienda.
En esta área, conocida como “El Pueblito”, se comercializaba todo tipo de productos y generaba ganancias de hasta tres millones de pesos semanales.
Los Ángeles, 15 de julio (LaOpinión).- La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó el hallazgo, en el interior del penal de San Miguel, de un área con 104 cuartos ocultos que servían como gimnasios, zapaterías, restaurantes, farmacias y hasta celdas de lujo con “privados” para encuentros íntimos.
En esta sección, conocida como “El Pueblito”, se comercializaba todo tipo de productos, y se desconoce quién o quiénes tenían el control de estos negocios privados dentro de la sección.
A través de un comunicado, la dependencia estatal informó que procedieron a la demolición de todos estos cuartos construidos ilegalmente, los cuales generaban ganancias estimadas en al menos tres millones de pesos semanales.
Al respecto, el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reconoció que esta área de privilegio funcionó en al menos la mitad de su administración, argumentando que sus anteriores secretarios de seguridad lo engañaron, al asegurarle que la habían destruido y nunca lo hicieron.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Cruz Luna, aseguró que, a partir de enero, cuando él fue nombrado al frente de la dependencia, esa área fue desalojada, con lo que reconoció que en al menos dos años y medio de la actual administración, los reos que pudieron pagar, disfrutaron de esa área.
En algunas de las fotos publicadas en el comunicado, se pueden apreciar parte de los lujos a los que podía acceder todo aquel que pudiera pagar por los servicios.
#Puebla | #LoÚltimo La SSP informó que se concluyó con la demolición de 104 cuartos o locales que fueron construidos ilegalmente en el pasado al interior del penal de San Miguel, ubicado en la capital poblana. Estos generaban ganancias de al menos 3 millones de pesos semanales. pic.twitter.com/w4zLrBE15h
En el documento también se señala que estas acciones forman parte de las actividades emprendidas por el Gobierno del estado, para regularizar las actividades al interior de los centros penitenciarios poblanos.
Cabe recordar que el penal de San Miguel fue noticia anteriormente, luego de que se hallara el cuerpo de un bebé dentro de un contenedor de basura en dicha prisión. Posteriormente se dio a conocer que el cuerpo del pequeño, identificado como Tadeo, de tres meses, habría sido utilizado para ingresar droga al centro de reclusión, y sus restos habrían sido sustraídos de un cementerio en la Ciudad de México.
Kelly ha estado encarcelado sin derecho a fianza desde 2019. Este miércoles, el músico fue condenado a 30 años de prisión por abuso sexual a varias fanáticas.
Por Tom Hays
NUEVA YORK, 29 de junio (AP).- El astro del R&B R. Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión el miércoles por usar su estrellato para someter a jóvenes fanáticas — algunas de ellas solo niñas — a abusos sexuales sistemáticos.
R. Kelly durante una audiencia en el Tribunal Penal de Leighton, en Chicago, el 17 de septiembre de 2019. Foto: Antonio Perez, Chicago Tribune vía AP.
El cantante y compositor de 55 años fue condenado por extorsión y tráfico sexual el año pasado en un juicio que dio voz a acusadoras que alguna vez se preguntaron si sus historias eran ignoradas porque eran mujeres afroaméricanas.
La Jueza federal de distrito Ann Donnelly impuso la sentencia tras escuchar a varias sobrevivientes que dieron fe de cómo la explotación de Kelly repercutió en sus vidas.
R. Kelly llega al edificio del Tribunal Penal del condado de Cook, en Chicago, el 13 de junio de 2008. Foto: Nam Y. Huh, AP, Archivo.
“Me hiciste hacer cosas que quebraron mi espíritu. Literalmente deseé morir por lo mal que me hiciste sentir”, dijo una sobreviviente anónima dirigiéndose directamente a Kelly, quien mantenía las manos cruzadas y la mirada baja. “¿Lo recuerdas?”.
Kelly no habló a la corte.
En esta foto del 9 de mayo de 2008, R. Kelly llega a un tribunal en Chicago para el primer día de selección del jurado para su juicio por pornografía infantil. Foto: Charles Rex Arbogast, AP, Archivo.
La sentencia culmina la lenta caída de Kelly, quien fue adorado por legiones de fanáticos y vendió millones de discos incluso después de que las denuncias sobre su abuso de menores comenzaron a circular públicamente en la década de 1990.
La indignación generalizada por la conducta sexual inapropiada de Kelly no llegó sino hasta el surgimiento del movimiento #MeToo, y alcanzó un crescendo con el lanzamiento de la serie documental Surviving R. Kelly.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York afirmó, el 15 de junio del 2022, que cuenta con evidencia que comprueba que Genaro García Luna sobornó y amenazó durante años a periodistas que le investigaban.
Por Carlos Álvarez Acevedo
Tijuana, 27 de junio (Zeta).- César de Castro, abogado de Genaro García Luna -extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, solicitó al Juez federal Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, una prórroga de dos semanas, luego de que los fiscales neoyorquinos presentaron pruebas en las que se acusa al exfuncionario mexicano de ejercer violencia contra un periodista que lo investigaba y su supuesto intento de manipular a testigos.
En una carta fechada el 24 de junio dada a conocer por el periodista Keegan Hamilton, de VICE News, el abogado de García Luna, detalló que dichas evidencias son “poco confiables y falsas”, ya que consisten en más de 500 horas de grabaciones que son en gran parte inaudibles o ininteligibles y consisten principalmente en declaraciones hechas por un informante de la cárcel y no realizadas por el propio exfuncionario federal mexicano.
En lo referente al periodista, el litigante apuntó que es uno que ha atacado al extitular de la SSC mexicana durante décadas, “con acusaciones sin fundamento disfrazadas de periodismo”. Asimismo, en la carta de De Castro señala que “en cuanto a las dos afirmaciones del Gobierno, en nuestra oposición tenemos la intención de demostrarle a la Corte la falta de confiabilidad de esta supuesta evidencia y cómo permitir la admisión de esta evidencia probablemente resultará en juicios dentro de lo que ya será un proceso largo y complejo”.
FGR OBTIENE ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA GARCÍA LUNA POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y TRÁFICO DE ARMAS
La Fiscalía General de la República (FGR) informó, el 16 de junio del 2022, que obtuvo tres órdenes de aprehensión en diversas carpetas y procesos en contra Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico.
La primera, por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa (caso “CEFERESOS”). La segunda, por enriquecimiento ilícito, y, la tercera, por introducción ilegal de armamento (caso “Rápido y Furioso”). “Y se encuentran diversas investigaciones en trámite de las que se espera el cumplimiento de solicitudes de asistencia jurídica internacional, frente a los Estados Unidos. Conforme las diligencias pendientes puedan darse a conocer en versión pública, se hará de inmediato.”, indicó la FGR.
El caso “CEFERESOS” se refiere a las probables irregularidades en contratos con empresas privadas para la construcción de diversos Centros Federales de Readaptación Social. Se trata de ocho convenios por alrededor de 270 mil millones de pesos, que corresponden a adjudicaciones directas para prisiones en Morelos, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, Sonora, Chiapas y Durango.
La segunda orden de aprehensión tiene que ver con el presunto delito de enriquecimiento ilícito por más de 27 millones de pesos. Por este asunto, se ordenó el aseguramiento de sus cuentas bancarias y de tres inmuebles. La FGR estima que García Luna acumuló ingresos que no corresponden a su ejercicio como servidor público, recursos que supuestamente sirvieron para depósitos no identificados en cuentas bancarias, tarjetas de crédito, para la adquisición de un vehículo y, además, la compra de cinco bienes inmuebles.
Las propiedades aseguradas al exfuncionario federal, se localizan en calle Paseo de los Cedros Número 1, colonia Paseos del Sur, Alcaldía Xochimilco -un restaurante-; y, en calle Monte del Funiar No. 21, colonia Jardines en la Montaña, en la Alcaldía Tlalpan, ambos en la Ciudad de México. El otro de los inmuebles está en calle Amate sin número, lotes 12 y 13 de la manzana 22, Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, en el municipio Jiutepec, Morelos. Este último es una mansión que abarca varios terrenos, en una lujosa zona residencial.
La tercera orden de aprehensión, es por introducción ilegal de armamento, misma que tiene que ver con el caso “Rápido y Furioso”. Según la indagatoria SEIDO/UEITA-SON/0000306/2020, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, ordenó el ingreso ilegal a México de más de dos mil 500 armas de fuego.
Ello con el objetivo de detectar a los compradores. Sin embargo, el armamento se perdió y quedó en manos de grupos del narcotráfico, además de que, desde el año 2009, fue utilizado en crímenes de alto impacto. En este caso también hay orden de captura contra el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
Por el caso “Rápido y Furioso”, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra cinco personas más, de las cuales se ha ejecutado sólo una, contra Facundo Rosas Rosas, quien fuera el primer comisionado general de la Policía Federal (PF) del 2009 al 2012, y uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna.
Otra de las órdenes de aprehensión que falta por cumplimentar es contra de Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la División de Seguridad Regional de la PF -también muy cercano a García Luna. Entre enero y febrero de 2021, la FGR citó a comparecer en calidad de testigos a 14 exfuncionarios federales, entre ellos, al expresidente Calderón Hinojosa, y a los extitulares de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez.
GARCÍA LUNA AMENAZÓ Y SOBORNÓ POR AÑOS A PERIODISTAS Y A MEDIOS, ACUSA FISCALÍA DE NY
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York afirmó, el 15 de junio del 2022, que cuenta con evidencia que comprueba que Genaro García Luna sobornó y amenazó durante años a periodistas que le investigaban.
Según los fiscales neoyroquinos, en 2009 o 2010, el entonces funcionario federal usó dinero obtenido a través de un esquema de corrupción, para pagar sobornos a un medio, con el objetivo de prevenir artículos negativos respecto a él. Asimismo, la Fiscalía presentó una moción para adelantar que cuenta con pruebas que indican que entre 2008 y 2013, el acusado sometió a un periodista a una campaña de acoso y amenazas de varios años, como resultado de la investigación del periodista respecto a García Luna.
García Luna está detenido en EU. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York afirma que cuenta con grabaciones y testigos que comprueban dichas hipótesis, aunque no aclara qué periodistas o cuál medio fueron captados por el entonces funcionario federal. “Pruebas sobre los esfuerzos del acusado para silenciar a periodistas, ayudan a explicar cómo éste fue capaz de asistir al Cártel de Sinaloa durante años, sin ser detectado o arrestado”, escribieron en documentos presentados en el sistema electrónico de las cortes federales de EU.
En otro punto, la Fiscalía afirma que cuenta con grabaciones dónde consta que García Luna intentó silenciar a un testigo que podría testificar en este caso. El acusado habló respecto a amenazas de violencia y manipulación de los testigos de cargo, y se refirió al menos a uno de ellos por su nombre. Específicamente, el Gobierno estadounidense busca presentar evidencia de que en el otoño del 2020, el exfuncionario federal deseaba hacerles daño a las personas que presentarían testimonios en su contra.
Los fiscales de EU dijeron que el ex titular de la SSP de México habló en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés), con otro preso respecto a ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en contra suya y que mencionó a Jesús Reynaldo Zambada García, mejor conocido como “El Rey Zambada” y hermano de “El Mayo” -líder del Cártel de Sinaloa-, durante una conversación que fue grabada por funcionarios del Gobierno estadounidense.
En los documentos presentados en el sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos, los fiscales dijeron que funcionarios estadounidenses incluso llegaron a entregar al otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa, para que dicho reo -nombrado como “Individuo 1”-, se lo entregara a García Luna.
La supuesta conversación ocurrió en noviembre del 2020, según aseguran los fiscales neoyorquinos, que piden poder llevar la grabación al juicio para que el jurado la escuche. Según la explicación de la Fiscalía, el agente encubierto sería la persona que llevaría a cabo la violencia o amenazas contra los testigos.
Los fiscales neoyorquinos aseguraron, además, que el 31 de diciembre del 2020, el “Individuo 1” y García Luna llamaron al agente encubierto juntos desde la cárcel, aunque los documentos presentados en el sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos, no dan más detalles respecto a ello.
Durante el juicio al capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, celebrado a fines del 2018 e inicios del 2019, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, el jurado escuchó a “El Rey” testificar que entregó personalmente por lo menos seis millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del cartel, Ismael Zambada García, “El Mayo”.
“El Rey” dijo que se reunió con García Luna en un restaurante entre 2005 y 2006, donde le dio una maleta con tres millones de dólares al entonces titular de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación, de la Procuraduría General de la República (PGR). En una segunda reunión en 2007, cuando el acusado ya era titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Zambada García dijo que le dio otra maleta con entre tres y cinco mdd.
Genaro García Luna, Secretario de seguridad pública de México durante el mandato de Felipe Calderón entre 2006 y 2012. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro
GARCÍA LUNA NIEGA NEXOS CON CÁRTEL DE SINALOA; PIDE QUE MIEMBROS DEL JURADO NO SEAN ANÓNIMOS
César de Castro, abogado defensor de Genaro García Luna -extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, afirmó, el 30 de abril del 2022, que su cliente no tiene conexión con altos mandos del Cártel de Sinaloa.
Según lo reveló la agencia The Associated Press (AP) que tuvo acceso a un documento de 25 páginas ingresado al sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses, el litigante indicó, también, que los miembros del jurado en el juicio en contra del exfuncionario federal mexicano, no deberían quedar anónimos, ni ser apartados del público.
Asimismo, en el documento, el representante legal del extitular de la SSP Federal argumentó que un jurado que se mantenga anónimo, escoltado y separado del público durante el juicio a García Luna, daría la impresión de que su cliente es culpable de los cargos que se le imputan y que eso no garantiza un proceso justo.
De Castro afirmó que entre los miles de documentos de pruebas que la Fiscalía neoyorquina ha presentado contra su cliente -entre ellas una grabación en la que un compañero de celda de García Luna le hace muchas preguntas al exfuncionario federal mexicano- no hay evidencia de lazos entre el extitular de la SSP Federal y el Cártel de Sinaloa.
“Ninguna de las acusaciones contra el señor García Luna encaja con factores legales que justifiquen un jurado anónimo. Él no tiene un historial de violencia. Él no cuenta con un historial de interferir con el proceso judicial”, argumentó el abogado.
Asimismo, De Castro pidió desestimar la grabación del excompañero de celda de García Luna, porque “casi no se oye” y debido a que el preso estaría desesperado por recibir apoyo de los fiscales a su paquete de fianza, por lo que intentaría incriminar a su cliente, según lo afirmó el litigante.
“NO HE VISTO PRUEBAS CONTRA MI CLIENTE”, DICE ABOGADO DE GARCÍA LUNA A JUEZ EN EU
César de Castro, abogado defensor de Genaro García Luna -extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, afirmó, el 15 de diciembre del 2021, ante Brian M. Cogan, juez de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, en Nueva York, que no ha visto ni una sola prueba o documento que incrimine a su cliente, dentro del proceso que comenzará hasta el 24 de octubre del 2022.
Una de las órdenes de aprehensión es contra Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
El litigante afirmó que en la mayoría de los “millones de páginas” de que consta el expediente de García Luna “no hay pruebas de su conexión con el narcotráfico”, ni aparece siquiera mencionado su nombre, por lo que calificó el expediente de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, de “muy novelesco”.
De Castro solicitó acceso a los numerosos documentos confidenciales que obran en poder de la Fiscalía, una petición que ya había formulado antes. También expresó su intención de pedir a los fiscales una especificación de cargos, es decir, una explicación concisa de las acusaciones y respuestas específicas a las preguntas de los abogados.
El litigante afirmó, además, que García Luna fue alguien “muy importante” en México, que se reunía con altos funcionarios estadounidenses a menudo, incluidos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) -ambos por sus siglas en inglés-, y que por lo tanto quiere tener acceso a reportes sobre esas reuniones e informes “que serán material central para nuestra defensa”.
“La defensa tiene derecho a pedir asistencia […] Parece que están buscando un puerto en un océano”, dijo Cogan, quien determinó de plazo hasta el 3 de mayo del 2022, en la que se efectuará otra sesión con ambas partes, y en la que se estudie el posible acceso de la defensa de García Luna a dichos documentos confidenciales, para lo cual necesita escuchar las recomendaciones de la Fiscalía, encabezada por Breon S. Peace.
En cuanto a la petición previa de la Fiscalía neoyorquino de que los miembros del jurado sean anónimos y gocen de protección especial por los riesgos de “intimidación” a los que podría someterlos García Luna, el Juez Cogan dijo que no es el momento de tomar dicha decisión, misma que pospuso para más adelante.
El exfuncionario federal mexicano -quien se limitó a intercambiar comentarios en voz baja con su abogado-, compareció el 15 de diciembre del 2021, por primera vez desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, en la sala 8D de la Corte neoyorquina, a la cual llegó vestido con el traje color caqui que usan los presos del Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés), además de un cubrebocas.
JUICIO EN EU CONTRA GARCÍA LUNA PODRÍA INICIAR EL 24 DE OCTUBRE DEL 2022
Durante una audiencia llevada a cabo el 27 de octubre del 2021, se indicó que el juicio contra García Luna, podría iniciar el 24 de octubre del 2022, en un proceso judicial que duraría aproximadamente ocho semanas, y que presidirá el Juez Brian M. Cogan, en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, en Nueva York.
El Juez federal estadounidense advirtió que en caso de que las partes -la Fiscalía del Distrito Este neoyorquina y los abogados de García Luna- no estén listas para octubre del 2022, el juicio contra el exfuncionario federal se aplazaría para enero del 2023.
La audiencia fue celebrada de forma virtual con García Luna atendiendo la misma vía Zoom, desde una sala del Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés), donde se halla detenido desde que le fuera dictada la prisión preventiva.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, en la presentación de su libro en 2011. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro
El Juez Cogan propuso como fecha tentativa las 12:00 horas del 8 de diciembre, para que se llevara a cabo una jornada virtual donde ambas partes pudieran revisar La Ley de Procedimientos de Información y decidieran de forma conjunta cuáles documentos e información ligados al caso quedarán protegidos por la secrecía que exige dicha norma.
Asimismo, el juzgador federal fijó para el 8 de diciembre, una audiencia de adelanto del caso. Por lo pronto, Cogan dio como días tentativos el 9 o el 16 de enero del 2023, para iniciar el juicio en caso de que la fecha del 24 octubre del 2022 no sea suficiente tiempo para los litigantes y y los fiscales.
El Juez Cogan preguntó a ambas partes si un año era tiempo suficiente para preparar un juicio con estas características, por lo que tanto los fiscales neoyorquinos -encabezados por Ryan Harris-, así como César de Castro, abogado del exfuncionario federal mexicano, coincidieron en que sí.
GARCÍA LUNA TIENE RECURSOS PARA ACOSAR E INTIMIDAR AL JURADO, AFIRMA FISCALÍA DE EU
El 3 de diciembre del 2021, la Fiscalía Federal de Estados Unidos solicitó que los miembros del jurado que participen en el juicio contra Genaro García Luna permanezcan en el anonimato y sean escoltados por alguaciles, ello para evitar que sean intimidados.
“El acusado tiene los recursos financieros para intimidar o incluso hacer daño al jurado […] al Gobierno [de EU] le preocupa que el acusado y sus conspiradores puedan emprender una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias”, según afirmó Breon Peace, fiscal de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en un escrito dirigido al juez Brian M. Cogan, que preside el proceso.
En el texto, la Fiscalía Federal estadounidense aseguró que dichas medidas estarían destinadas a “proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado, con el objetivo de prevenir el acoso, la intimidación u otra interferencia con los miembros del jurado, así como mitigar cualquier temor en las mentes de los miembros del jurado”.
El fiscal de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York justificó las medidas para proteger al jurado -en el juicio que iniciará el 24 de octubre del 2023-, por la “excepcional gravedad de los cargos” contra García Luna, así como por “los antecedentes del acusado de interferir en procesos judiciales”.
En esta foto del 8 de octubre del 2010, el Secretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna participa en una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Foto: Marco Ugarte, archivo, AP
Si el Juez Cogan acepta la petición de la Fiscalía estadounidense, ya no serían revelados, a ninguna de la partes, ni los nombres de los miembros del jurado, ni sus direcciones de domicilios particulares y lugares trabajo. Los fiscales solicitan también que todos los miembros del jurado sean trasladados a la Corte y a sus residencias por alguaciles y que durante su estancia en el tribunal estén aislados del público.
García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación (AIF). Mientras que entre 2006 y 2012 fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, respectivamente.
Según la Fiscalía, “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos multimillonarios”, por lo que agregó tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos”, quienes incriminarán a García Luna, y que han sido partícipes de la violencia ejercida por dicho grupo del narcotráfico, para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.
En los documentos, la Fiscalía de EU asegura que los pagos que García Luna recibía por parte del Cártel de Sinaloa eran hechos por líderes de dicho grupo del narcotráfico, entre ellos, Ismael Zambada García, “El Mayo”; así como por Jesús “El Rey” Zambada García, quien testificó en el juicio contra Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.
Según los fiscales estadounidenses, García Luna ordenaba a miembros de la Policía federal mexicana que protegieran las rutas que usaba el grupo delictivo sinaloense y aportaba personal de seguridad para los altos cargos de dicha organización, además de que también entregó al Cártel de Sinaloa información sobre investigaciones que hacía la PF.
FISCALES DE EU PIDEN QUE JUICIO DE GARCÍA LUNA SEA HASTA OTOÑO DEL 2022
El 21 de octubre del 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, en Nueva York, que el juicio contra Genaro García Luna se realice en el otoño del 2022, además de que calculó que el proceso judicial duraría aproximadamente ocho semanas.
La fiscalía neoyorquina, encargada del caso, junto a la defensa del exfuncionario federal mexicano, solicitaron al Juez Brian M. Cogan, que en la siguiente audiencia, programada para el 27 de octubre del 2021, se programara de forma tentativa una fecha para iniciar el juicio contra García Luna, acusado por tres cargos de narcotráfico y uno más por falsedad de declaración.
“Las partes han consultado y solicitado, según la disponibilidad de la Corte, que se programe el inicio del juicio en el otoño de 2022. El gobierno anticipa que el juicio durará aproximadamente ocho semanas, incluida la selección del jurado”, indicó un documento ingresado a la Corte Federal por el fiscal Breon Peace.
A través de una carta dirigida al juez y con copia a César de Castro, el abogado de oficio defensor de García Luna, los fiscales le indicaron a la Corte del Distrito Este neoyorquina, que pese a las diferencias generadas por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19), está todo listo para la realización del juicio contra el exfuncionario federal mexicano.
El Departamento de Justicia de EU puntualizó al Juez Cogan, que “el Gobierno continúa el proceso de recopilación y revisión” de mayores pruebas en el caso de García Luna, y que hasta el 16 de agosto del 2021 ya se había dado a conocer que entre los últimos materiales que se habían acumulado, se encuentran más de seis mil 500 páginas de documentos.
El Gobierno de EU se encuentra a la espera de que se dé respuesta a otras comparecencias que están pendientes de desahogarse y continúa trabajando para obtener mayores informes financieros relacionados con las transferencias que el ex funcionario federal mexicano habría realizado o recibido por parte de integrantes del crimen organizado.
Felipe Calderón, expresidente de México, y su entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en 2012. Foto: Iván Stephens, Cuartoscuro
Asimismo, la Fiscalía del Distrito Este neoyorquina señaló que durante sus investigaciones, las autoridades estadounidenses han obtenido más de un millón de documentos, registros telefónicos y mensajes interceptados con los que se pretende acreditar la responsabilidad de García Luna en los delitos que se le imputan.
La Fiscalía de Nueva York señaló al juez Cogan que tanto el Departamento de Justicia de EU, como los defensores de García Luna “han enfrentado retrasos importantes en la preparación del juicio en este caso a la luz de la pandemia, incluidas las limitaciones en la capacidad del Gobierno para cumplir con los testigos encarcelados y limitaciones en la capacidad del abogado defensor para reunirse con el acusado”.
Aunado a lo anterior, los fiscales neoyorquinos solicitaron, en un memorándum, una audiencia para que el Juez del caso de García Luna imponga normas respecto a cómo manejar información confidencial que podría salir a la luz antes y durante el juicio y provocar “problemas de seguridad nacional”.
“Los cargos están relacionados con la asistencia de forma corrupta que el acusado dio cuando era Secretario de Seguridad Pública de México al Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo […] Debido a la naturaleza de estos cargos, Estados Unidos anticipa que asuntos relacionados con información confidencial podrían surgir en conexión con este proceso judicial”, señalaron los fiscales.
García Luna fue detenido el 10 de diciembre del 2019, en Dallas, Texas, acusado de conspiración internacional para traficar cocaína, en colusión con el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, cuando fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Calderón Hinojosa, y antes, como jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
CORTE DE EU APLAZA HASTA NOVIEMBRE AUDIENCIA POR DEMANDA DE UIF CONTRA GARCÍA LUNA
Una corte civil de Florida, Estados Unidos, reprogramó para el 3 de noviembre del 2021, la audiencia para el caso donde se enfrentará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y otras instituciones mexicanas contra Genaro García Luna y más de 40 entidades físicas y morales, incluida Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal.
El exfuncionario federal es acusado por la institución que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), de haber robado al menos 250 millones de dólares durante los seis años que duró el Gobierno de Enrique Peña Nieto, así como establecer una red de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EU.
La demanda radicada en la Corte de Circuito de Miami Dade -y que será presidida por el Juez William Thomas-, fue presentada el 21 de septiembre del 2021, por los abogados Carlos A. Acevedo, Kevin A. Malone y Kelley B. Stewart, litigantes contratados por el Gobierno mexicano.
Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, acudió a la ceremonia de reconocimientos al valor y al mérito de la Policía Federal en el Centro de Mando, en 2010. Foto: Iván Stephens, Cuartoscuro
Acevedo, Malone y Stewart han enviado decenas de misivas a cada alguacil del estado de Florida, donde reside la mayoría de los acusados y se hallan establecidas las entidades demandadas, para que entreguen los citatorios a los implicados, algunos de los cuales se les hace un reclamo respecto a una propiedad.
UIF DENUNCIA A GARCÍA LUNA EN EU POR LAVAR DINERO Y ROBAR 250 MDD DURANTE GOBIERNO DE EPN
El 21 de septiembre del 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó a Genaro García Luna de haber robado al menos 250 millones de dólares durante los seis años que duró el Gobierno de Enrique Peña Nieto y establecer una red de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EU.
La demanda de carácter civil fue presentada por la institución mexicana dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Onceavo Distrito Judicial de Miami, en Florida, en la cual se destaca que “tiene derecho al establecimiento de un fideicomiso implícito que consiste en bienes inmuebles que los demandados compraron con fondos robados del Gobierno de México y cualquier beneficio derivado de los fondos mal habidos”.
“Por lo tanto, el demandante, los Estados Unidos Mexicanos, exige un juicio contra cada demandante para la devolución, restitución, transferencia de las ganancias mal habidas de cualquier bien inmueble comprado con ellos, y por los costos de esta acción y cualquier otra reparación adicional como la Corte lo juzgará justo y apropiado”, señala la denuncia civil.
La UIF detalla que dichos actos fueron cometidos entre el 2012 y el 2018, destacando que García Luna comenzó a crear una compleja red, similar a una “empresa” de lavado de dinero, desde que asumió la Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno de Calderón Hinojosa, y que “desde su posición de inmenso poder controlaba muchos aspectos de la seguridad del país”.
La demanda señala que García Luna recibió un total de 74 millones de dólares en contratos con la Secretaría de Gobernación (SEGOB)-, que fueron producto de sobornos, manipulaciones, ofertas o corrupción, pero que en total, ,os recursos obtenidos de forma ilegal suman al menos 250 millones de dólares, con un esquema para “ocultar los fondos robados en numerosos activos ubicados principalmente en Florida”.
La UIF acusó a ocho personas físicas: Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, así como a un grupo de empresarios señalados como socios, presuntos prestanombres y coconspiradores del ex funcionario federal: Mauricio Weinberg López, Jonathan Weinberg Pinto, Synvia Punto de Winberg y Natan Wancier Taub. Así como José Francisco Niembro González, quien fue subsecretario de Tecnologías de la Información de la SSP, y su esposa, Martha Nieto Guerrero.
Además, 39 compañías y propiedades, 47 personas físicas y morales implicadas, fueron señaladas en la demanda por el Gobierno mexicano, quienes funcionaban como una “empresa” de lavado de dinero, en la que cada participante tenía un rol y tarea específica.
“García Luna armó una extensa red de socios comerciales que posteriormente utilizó para obtener contratos ilegales de diversas entidades y agencias de la República Mexicana por cientos de millones de dólares durante su mandato en el cargo, así como después de dejar su oficina”, insistió la UIF.
Genaro García Luna empleó a Televisa y a TV Azteca para recomponer la imagen de la Policía Federal. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro.
Asimismo, el exfuncionario federal y sus socios lavaron y retiraron el dinero de los contratos ilegales fuera de México, fuera del alcance de las autoridades mexicanas. “Orquestó la creación de una compleja red de múltiples entidades para comprar y mantener múltiples parcelas de bienes raíces y otros activos, incluidos numerosos automóviles de lujo y de colección”, detalla la denuncia.
La UIF explicó que su denuncia, se basa en que el extitular de la SSP durante la Administración de Calderón Hinojosa “ocultó fondos robados del Gobierno de México y obstaculizó su recuperación por blanquear ganancias mediante la transferencia de los fondos robados, fuera de México a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares”.
“Actos que se cometieron mientras estaban en Miami […] Con lo que pudo adquirir, controlar y mantener una gran y sofisticada empresa de lavado de dinero, principalmente a través de la compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en Florida”, agrega la demanda de 131 páginas.
La UIF destacó que dicha “empresa” de lavado de dinero, ideada y liderada por García Luna, transfirió 160.7 millones de dólares a Barbados en 2015; 12.9 millones de dólares en 2019 a Panamá, a través de la empresa Nunvav, propiedad de los Weinberg y Wancier, que sirvió como conducto principal para los fondos tomados ilegalmente de México.
También adquirió vehículos de lujo como Lamborghini, Ferrari y Rolls Royce. Además, destaca que en los últimos dos años, ya preso en Nueva York, García Luna vendió propiedades por más de 17 millones de dólares. Mientras que en otros casos, se siguen beneficiando de rentas, intereses.
UIF PRESENTA DEMANDA CIVIL EN EU PARA RECUPERAR 39 EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE GARCÍA LUNA
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó, el 21 de septiembre del 2021, la primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, así como por otras personas.
El litigio se presentó por la institución perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), así como la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en Miami, Estados Unidos.
La institución, a cargo de Santiago Nieto Castillo, informó que dichos activos se derivan de “un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el exsecretario”.
La acción judicial se presentó en las cortes de Miami, Florida, en Estados Unidos, donde la UIF identificó un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.
La demanda abarca 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, “sus cómplices y/o familiares”, que tienen operaciones en Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.
En enero de 2010, Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública federal, compareció ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro
“La presente demanda se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración y enriquecimiento injusto, entre otros. En el litigio se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción”, explicó la UIF.
Estas acciones buscan “refrendar el compromiso de abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad, para hacer efectivo el derecho de la sociedad mexicana a recuperar activos procedentes de esquemas de lavado de dinero que tuvieron origen en territorio nacional, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras. Lo anterior remarca la posición del Estado mexicano de cero tolerancia frente a actos de corrupción”, señaló.
El 16 de agosto del 2021, la audiencia de Genaro García Luna, prevista para el 23 de junio, fue pospuesta, de nueva cuenta, para el 25 de agosto de ese mismo año, luego de que el Juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, aceptó la moción que le hicieron llegar fiscales y los abogados defensores del extitular de la SSP Federal, durante el Gobierno de Calderón Hinojosa.
Después, el Juez federal retrasó hasta el 26 de octubre una vista previa del juicio de García Luna. Cogan ordenó posponer la sesión a instancias de la Fiscalía del Distrito Este neoyorquina, que solicitó 60 días más de plazo, porque descubrió nuevas pruebas -más de 13 mil páginas de documentos- que se suman a las más de un millón que conforman el expediente elaborado hasta el momento por los fiscales contra el exfuncionario federal mexicano.
Según el diario Reforma, en el juicio por narcotráfico contra García Luna en una Corte Federal de Nueva York se ha ventilado que posee bienes raíces en Estados Unidos que suman casi cuatro millones de dólares, entre ellos una propiedad de 1.2 millones que infructuosamente ofreció como garantía para su libertad bajo caución.
El extitular de la SSP Federal mexicana tiene una casa en Golden Beach, Florida, que compró por medio de una empresa de papel en octubre de 2012, cuando aún era titular de la SSP, pagada con un millón de dólares en efectivo. A esa residencia se mudó al concluir el Gobierno de Calderón Hinojosa.
El mismo rotativo afirmó que el 2016, a través de la misma empresa con la que adquirió ese inmueble, García Luna compró un yate, mientras que otra compañía en la que tampoco aparecía su nombre, era la que pagaba las colegiaturas de sus hijos.
En 2018 García Luna también compró la oficina ubicada en el despacho 507 del edificio con número 2980 de la calle 207 en Aventura, un suburbio de Miami, por 1 millón 224 mil dólares. Asimismo, la investigación estadounidense señala que el exfuncionario recibía millones de dólares, tanto de compañías con las que está públicamente afiliado, como de empresas fantasma con sede en países como Panamá y que contaba con un grupo de prestanombres para encubrir operaciones.
El 18 de junio del 2021, en el el memorándum enviado al Juez federal, Mark Lesko, nuevo fiscal titular del Distrito Este de Nueva York, insistió en una “producción de descubrimiento adicional el 18 de mayo de 2021, por un total de más de 31 mil páginas de documentos nuevos”.
Además, Lesko adelantó que esperan “respuestas de citaciones pendientes”, así como documentación de las solicitudes que ha presentado el Gobierno para tener acceso a “pruebas extranjeras”, como se informó en los memorándums entregados a dicha Corte neoyorquina en febrero y abril pasados.
Las audiencias contra García Luna -que ya cumplió un año y medio desde que fue detenido en diciembre del 2019- se han pospuesto primero en el mismo mes, pero del 2020, después en febrero, más adelante en abril y en junio del 2021.
Por último, esta misma semana se informó que se integran al caso contra García Luna, los fiscales Marietou Diouf e Hiral D’ Mehta, para reforzar al equipo que ya forman Michael Robotti, además de Ryan Harris, Erin Reid y Phillip Pilmar.
FISCALES DE EU PRESENTARÁN COMO EVIDENCIA, VIDEO DE GARCÍA LUNA EN CÁRCEL DE NY
Fiscales del Distrito Este de Nueva York informaron, el 18 de mayo del 2021, que entre las pruebas que tienen contra Genaro García Luna, destaca un video de diciembre del 2020, en el que aparece junto a un recluso en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés).
A través de de una carta presentada al Juez federal Brian M. Cogan y a César de Castro, abogado de García Luna, los cinco fiscales neoyorquinos dieron cuenta de una nueva serie de evidencias de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputan al exfuncionario federal.
Genaro García Luna en diciembre de 2011. Foto: Misale Valtierra, Cuartoscuro.
También anunciaron que en el juicio contra el mexicano planean presentar fotografías de Google Earth y documentos respecto a actividades de negocios que fueron obtenidos de Barbados, México y Panamá, a través de acuerdos o tratados de Asistencia Legal Mutua.
Los fiscales -citados por la agencia estadounidense The Associated Press (AP)– dijeron que el video de García Luna con otro preso fue tomado el 29 de diciembre del 2020,en el MCC, donde se encuentra el exfuncionario federal mexicano.
Los fiscales -encabezados por Mark Lesko-, también afirmaron en la carta dirigida a César de Castro, abogado defensor de García Luna, que tienen registros de propiedad, documentos financieros y grabaciones de conversaciones del acusado.
Entre las nuevas pruebas se cuenta también otra serie de grabaciones de comunicaciones que sostuvo García Luna, expedientes proporcionados por el Departamento de Estado de EU y expedientes provenientes del Gobierno de Colombia.
FISCALES DE EU PIDEN A JUEZ POSPONER 2 MESES AUDIENCIA DE GARCÍA LUNA
Fiscales del Departamento de Estado estadounidense, entre ellos Mark J. Lesko, pidieron al Juez Brian M. Cogan,, que pospusiera dos meses la audiencia programada para el 19 de abril del 2021, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, por el caso de Genaro García Luna.
Asimismo, los fiscales asistentes Michael Robotti, Ryan Harris, Erin Reid y Felipe Pilmar anunciaron en un memorándum, la “producción de descubrimiento adicional el 1 de marzo de 2021, por un total de más de 32 mil páginas de documentos, así como un disco duro de grabaciones del acusado”.
Además, los fiscales del Departamento de Estado de EU le explicaron al Juez federal, que esperan más pruebas del extranjero y a través de solicitudes del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT, por sus siglas en inglés), por lo que esperan que para la siguiente audiencia completen ya “un millón de páginas de documentos y voluminosas comunicaciones interceptadas y grabadas”.
Aunado a ello, los fiscales le indicaron al Juez Cogan, que ellos han producido la mayor parte de esos materiales y anuncian que ambas partes han enfrentando demoras en la preparación del juicio” todo a raíz de la pandemia de la COVID-19, que ha impedido que “el Gobierno pueda reunirse con testigos encarcelados y las limitaciones en la capacidad del abogado defensor para reunirse con el acusado”.
Finalmente, Lesko informó al juez federal, que los fiscales seguido trabajando en el litigio con apego a la Ley de Procedimientos para Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés), lo cual les tomará varios meses más, pero que al final esperan obtener información clasificada que les permita reforzar aun más su caso “previo al juicio”, cuyas audiencias se han pospuesto en al menos en seis ocasiones.
PANAMÁ ENTREGA A EU NUEVAS PRUEBAS CONTRA GARCÍA LUNA
El 3 de marzo del 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó nuevas pruebas contra Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, entre las que se encuentran evidencias aportadas por las autoridades de Panamá.
Genaro García Luna es acusado por supuestos vínculos con el narcotráfico. Foto: EFE.
A través del oficio MPR/RCH/EMR F.#2019R00927 -fechado el 1 de marzo de 2021 y firmado por Seth DuCharme, fiscal para el Distrito Este de Nueva York-, el Departamento notificó a la defensa de García Luna respecto al hallazgo y acumulación de nuevas pruebas contra el exfuncionario federal mexicano, entre ellas “archivos de la autoridad judicial panameña, foliados con los números 0000981467-0000983920”.
Según las autoridades estadunidenses, hasta ese momento eran 974 mil documentos los que se habían obtenido como pruebas contra García Luna. En el oficio del fiscal DuCharme, dirigido al abogado César DeCastro, que encabeza la defensa del extitular de la SSP de México, se explicaba que entre las nuevas evidencias se encuentran fotografías y videos.
Además de documentos de la autoridad judicial mexicana, copias del pasaporte del ex funcionario mexicano, reportes financieros, documentación del Departamento de Estado de EU y registros de propiedades, así como extractos de un libro y “una carta escrita por el acusado con una traducción en borrador, foliada con los números 0001012315-0001012327”.
Aunado a ello existían grabaciones de llamadas telefónicas hechas desde el Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés), en Brooklyn, en el cual se encuentra recluido García Luna, así como “documentos del Gobierno mexicano relacionados con un procedimiento de decomiso contra el acusado, acompañados por borradores de traducciones, foliados con los números 0001012698-0001013086”.
“Respecto al aviso del decomiso mexicano, el Gobierno [estadunidense] se comunicará con usted por separado para organizar la entrega personal de esos documentos al acusado, de acuerdo con los procedimientos solicitados por el Gobierno mexicano”, según establecía el oficio del Departamento de Justicia de EU.
El fiscal para el Distrito Este de Nueva York notificó también, a los abogados de García Luna, que la autoridad judicial de Estados Unidos contaba con un disco duro con grabaciones del acusado, “foliadas con el número 0001012333, lo cual es material protegido”.
SU CLIETE NO ES “EL CHAPO”, AFIRMA ABOGADO DE GARCÍA LUNA
El 28 de diciembre del 2020, César de Castro, abogado de García Luna, dijo en un documento enviado a la Corte del Distrito Este de Nueva York, que su cliente “no es ‘El Chapo’”, haciendo referencia al capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera.
Ello porque el litigante solicitó a la Corte ubicada en Brooklyn que los testigos que se presenten contra su cliente sean públicos, esto debido a que los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos pidieron que sean protegidas sus identidades, porque temen que el ex funcionario federal mexicano o sus asociados puedan atentar contra sus vidas.
“El señor García Luna no es ‘El Chapo’. Él no representa ningún riesgo a la seguridad de los testigos”, indicaba un fragmento de la carta, difundida en la red social Twitter por el periodista Keegan Hamilton, de Vice News.
En la misiva, el abogado de García Luna señaló que el exfuncionario federal mexicano es “un preso modelo”, que no ha incurrido en alguna infracción durante su encierro y que sólo ha sostenido comunicación con su familia.
A la par, señaló que “el sufrimiento [de García Luna] es de un nivel mucho más alto que cualquiera sufrido por el Sr. Guzmán Loera”, exlíder del Cártel de Sinaloa, condenado y preso en Estados Unidos.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Foto: Iván Stephens, Cuartoscuro.
FISCALES PIDEN APLAZAR AUDIENCIA PARA PROTEGER IDENTIDAD DE TESTIGOS
El 2 de diciembre del 2020, los fiscales neoyorquinos solicitaron al Juez Brian Cogan aplazar la divulgación de la evidencia contra García Luna, para así proteger la identidad de los testigos.
“El acusado y sus conspiradores podrían llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias antes del juicio, para castigarlos por su cooperación, disuadirlos de testificar contra él y frenar así la cooperación de otros”, indicaron entonces los fiscales.
“Estamos seguros de que ninguna de sus comunicaciones dará lugar a la conclusión de que García Luna representa cualquier tipo de amenaza a la seguridad de los testigos o de cualquier otra persona”, insistió De Castro en la misiva.
En una carta dirigida al Juez Cogan, firmada por el fiscal federal Seth DuCharme, también se solicita que los documentos se mantuvieran como clasificados hasta el 1 de marzo de 2021.
“Una orden de protección que permita plazas la divulgación de los materiales no iría en perjuicio del acusado y reduciría el riesgo de daño a los potenciales testigos de un juicio -al identificarlos-, así como el riesgo de exponer las investigaciones en desarrollo que los materiales identifican”, dice la misiva.
El texto añadía que dichos materiales “proveen de información que podría se usada para identificar testigos potenciales en un juicio, y cuyas identidades no han sido reveladas al acusado, a su defensa o al público”.
Dentro de los documentos que se solicitaba se mantuvieran reservados estaban comunicaciones grabadas, registros financieros y de propiedad pública, fotografías y “otros que revelarían la fuente del material”.
La petición, según abundaron los fiscales federales de EU, permitiría “proteger a testigos potenciales, sus familias y la integridad de las investigaciones”, contra García Luna.
La misiva añadió que tanto los testigos como sus familias “enfrentarían riesgos de seguridad serios si su cooperación con el Gobierno [de Estados Unidos] y su calidad como posibles testigos de juicio, fuera revelado”.
El 6 de diciembre del 2020, Martha Bárcena Coqui, entonces Embajadora de México ante los Estados Unidos, solicitó en una nota formal ante el Departamento de Estado de EU, la extradición de García Luna.
Funcionarios de la FGR indicaron que una Juez federal del Estado de México otorgó la orden de captura, debido a que el exfuncionario no demostró el origen de 27 millones de pesos que fueron utilizados para la compra de bienes inmuebles en México.
Un día después, el 7 de diciembre del 2020, García Luna compareció ante el juez Brian M. Cogan, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos. Durante la breve audiencia, se fijó una nueva fecha de audiencia para el 17 de febrero de 2021.
Mientras que César de Castro, abogado del exfuncionario federal mexicano, se quejó ante el Juez estadounidense, que desde el 20 de octubre del 2020 y hasta ese día, no había hablado con su cliente, y que hasta tres veces se le cancelaron reuniones con García Luna sin explicación.
El extitular de la SSP Federal mexicana está en prisión preventiva desde hace un año en el Centro Metropolitano de Detención, ubicado en Brooklyn, donde ahora se encuentra aislado debido al aumento de casos de coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19) en el lugar.
Ante dicha situación, De Castro solicitó un aplazamiento de 60 días para poder ver las pruebas en contra de su cliente. El abogado solicitó tener acceso a la evidencia, mientras que los fiscales Michael Robotti y Ryan Harris, reconocieron que desconocían esa situación y aceptaron comenzar una coordinación con la defensa y el personal que tiene a García Luna en custodia.
En ese entonces, el fiscal Seth DuCharme mencionó que contaban con 955 mil páginas de evidencia, la mayoría proveniente de una exploración a dispositivos electrónicos, fotos y videos de García Luna, y también tenían una cantidad “voluminosa” de comunicaciones interceptadas.
Además, informó que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York esperaba las respuestas de varias solicitudes de evidencia que hizo a gobiernos extranjeros, a través del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua.
El entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala Gómez del Campo y Genaro García Luna en una imagen del 14 de octubre de 2011. Foto: Isacc Esquivel, Cuartoscuro.
GARCÍA LUNA SE DECLARA INOCENTE DE CARGOS
El 7 de octubre del 2020, el extitular de la SSP Federal se declaró inocente de los cinco cargos que le imputó el Juez Brian M. Cogan, durante una audiencia llevada a cabo en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos.
De forma remota, García Luna escuchó la lectura de los los cinco nuevos cargos de la acusación ampliada, que se agregó al caso en julio del 2020, mismos que indican que el ex funcionario federal mexicano participó en envíos de droga a EU.
“La acusación señala que usted era el jefe de varios cómplices y ganó una fortuna gracias a estos envíos”, le dijo Cogan a García Luna, quien se declaró no culpable de los cinco cargos, entre ellos por supuestamente recibir sobornos por parte del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, para permitir el tráfico de drogas y falsedad de declaraciones.
El Departamento de Justicia de EU presentó el 29 de septiembre del 2020, un paquete de evidencia contra García Luna, que incluye comunicaciones interceptadas, videos y documentos de las autoridades mexicanas.
EU ACUSA A CERCANOS A GARCÍA LUNA
El 30 de julio del 2020, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York acusó a Ramón Eduardo Pequeño García y a Luis Cárdenas Palomino, excoordinador de la División de Inteligencia para la Prevención del Delito y extitular de la División de Seguridad Regional, ambos de la Policía Federal (PF), respectivamente, por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Según lo informó el periodista Alan Feuer, ambos exfuncionarios federales, junto a Genaro García Luna, estuvieron implicados en el asesinato de un informante colombiano de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), “hace más de una década”, según “ha testificado un renegado del cártel”.
“El informante estaba dando información a las autoridades estadounidenses sobre los envíos de cocaína controlados por Arturo Beltrán Leyva, el antiguo socio de Guzmán en Sinaloa […] Sergio Villarreal Barragán [alias ‘El Grande’], afirma que García Luna recibió el nombre del informante de un oficial corrupto de la PF en Bogotá [Colombia]”, indicó Feuer en su cuenta de la red social Twitter.
“Pequeño y Palomino ayudaron a darle el nombre a Beltrán Leyva. El informante fue secuestrado y torturado. Después de confesar que trabajaba para la DEA, fue asesinado”, agregó en una serie de tuits el periodista, corresponsal en Nueva York del diario The New York Times.
El Departamento de Justicia de EU acusó también a García Luna, por el delito de empresa criminal continua por colaboración con el Cártel de Sinaloa, y presentó tres cargos de importación de cocaína y conspiración internacional contra Pequeño García y Cárdenas Palomino.
FISCALÍA DE NY ACTUALIZA ACUSACIÓN CONTRA GARCÍA LUNA
La Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York actualizó la acusación presentada originalmente contra García Luna el 4 de diciembre del 2020, que solo incluía tres cargos de narcotráfico y uno de falsedad en declaraciones.
En consecuencia, se solicitó a la Corte para el Distrito Este de Nueva York ordenar la aprehensión de Pequeño García y Cárdenas Palomino, a quienes la Fiscalía caracterizó como “fugitivos” en un boletín de prensa.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, durante el mensaje sobre la publicación de la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en 2010. Foto: Iván Stephens, Cuartoscuro
Para sustentar la acusación de empresa criminal contra García Luna, los fiscales neoyorquinos mencionaron seis cargamentos masivos de cocaína asegurados en Estados Unidos entre 2002 y 2008, que sumaron 50 toneladas.
En ese periodo, García Luna fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y a partir de diciembre del 2006, titular de la SSP Federal mexicana.
“Entre 2002 y 2007, García Luna presuntamente ayudó a al menos seis envíos de cocaína por un total de más de 50 mil kilos de cocaína. Además, los acusados colocaron a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cártel de Sinaloa”, señala el comunicado del Departamento de Justicia de EU.
Antes, el 27 de julio del 2020, los fiscales neoyorquinos y César de Castro, abogado del ex funcionario federal mexicano, dijeron estar experimentando problemas para reunirse con posibles testigos para el juicio de García Luna, en las diversas cárceles estadounidenses, debido a la crisis sanitaria que experimenta EU.
El 24 de julio del 2020, la Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York entregó a los abogados defensores de García Luna, un paquete de pruebas que usará para el eventual juicio contra el exfuncionario federal mexicano, entre ellas, cocaína y heroína decomisada en el periodo comprendido entre el 2002 al 2009.
Las pruebas contra el extitular de la SSP Federal mexicana, incluyen 43.8 kilos de cocaína decomisados en Brooklyn el 24 de mayo de 2002, cuando García Luna era Coordinador General de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR).
Además, serán presentados 20 kilos de cocaína asegurados en el Buque Gatun, cerca de la costa de Panamá, en marzo del 2007, que fueron parte de un decomiso de 21 toneladas del narcótico en dicha embarcación, apenas días después de que el Gobierno mexicano encontró 205 millones de dólares en efectivo en la casa del empresario Zhenli Ye Gon, en Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México.
Asimismo, la Fiscalía neoyorquina -que depende del Departamento de Justicia estadounidense- también exhibirá ante la Corte del Distrito Este de Nueva York -donde se realizará el juicio contra García Luna- 22 kilos de cocaína y 4 kilos de heroína asegurados en Palisades, Nueva Jersey, en julio del 2009.
La defensa de García Luna, que encabeza el abogado César de Castro, también recibió al menos 60 mil páginas de documentos que no son públicos, como parte del procedimiento conocido como descubrimiento probatorio contra el exfuncionario federal mexicano.
Los documentos incluyen transcripciones de comunicaciones interceptadas, registros financieros, bancarios y de negocios, expedientes aportados por el Gobierno de México, así como declaraciones rendidas por el propio García Luna, quien fue detenido el 10 diciembre del 2019 en Dallas, Texas.
“El Gobierno llamará a declarar durante el juicio a expertos sobre análisis forense de drogas, los métodos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional, y sobre traducción de español a inglés”, agregó la Fiscalía neoyorquina, que aún no dio acceso a la defensa a la identidad, conclusiones e historial profesional de dichos expertos.
En abril y mayo del 2020, la Fiscalía de Nueva York ya había entregado otros documentos a la defensa, referentes a la vida que García Luna llevaba en Florida, a donde se mudó tras su salida del Gobierno Federal mexicano a finales de 2012, así como otras comunicaciones interceptadas.
Además, el 1 de junio del 2020, los Fiscales del Distrito Este de Nueva York entregaron a los abogados de García Luna, pruebas contra el exfuncionario federal mexicano, que incluyen correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas.
En dos cartas disponibles en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses, los fiscales neoyorquinos dijeron que entregaron las pruebas a los litigantes, además de que pidieron pruebas recíprocas por parte de la defensa de García Luna.
Según lo informó la agencia estadounidense The Associated Press (AP), en ambas cartas, los Fiscales neoyorquinos dijeron, también, que entregaban a los abogados de defensores de García Luna, transacciones de dinero, de propiedades, informes de cuerpos de seguridad y declaraciones del exfuncionario federal mexicano.
Los primeros reportes indican que hombres armados dispararon ráfagas desde un auto particular contra la puerta principal del penal, aún se desconoce los nombres de los involucrados.
Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- Un ataque ayer en la noche en la Cárcel Distrital de Cuautla dejó un custodio muerte y otro herido, según confirmó el Gobierno de Morelos.
“Lamentamos profundamente el cobarde ataque ocurrido en la Cárcel Distrital de Cuautla, donde lamentablemente un custodio del lugar perdió la vida y otro más resultó herido. Se ha desplegado el operativo correspondiente para dar con los responsables”, desplegaron las autoridades en un mensaje a través de sus redes sociales.
Los primeros reportes indican que hombres armados dispararon ráfagas desde un auto particular contra la puerta principal del penal; y autoridades municipales recibieron el reporte del ataque alrededor de las 22:30 horas de este jueves.
Al lugar asistieron elementos de las Fuerzas Armadas, de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Fiscalía General del Estado. Hasta esta madrugada se realizaron operativos de búsqueda para detener a los responsables que, presuntamente, viajaban en un auto compacto tipo Tsuru, color blanco.
El pasado 16 de junio, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que quieran viajar hacia México debido a los altos niveles de violencia, además del alza de contagios de COVID-19.
“El crimen violento y la actividad criminal opera ampliamente en la zona. Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes han sido víctimas de secuestro“, detalló el Gobierno en los casos de Colima, Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Morelos.
De acuerdo con el reporte de seguridad presentado el pasado lunes 23 de mayo en la conferencia matutina del Presidente, en el primer cuatrimestre del año hubo nueve mil 895 víctimas del delito de homicidio doloso, mientras que el total del año pasado superó las 11 mil víctimas.
En los tres años y cuatro meses de sexenio, el Gobierno federal contabiliza un total de 44 mil 235 homicidios dolosos.
El joven youtuber sería condenado a 15 meses de prisión y cerrar su cuenta de YouTube debido a que en 2016 humillo a una personas en situación de calle al ofrecerle unas galletas de pasta dental como parte de una broma para sus videos.
Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).- El youtuber Kanghua Ren fue condenado por el Tribunal Supremo de Barcelona por humillar a una persona en situación de calle; pasará 15 meses en la cárcel y tendrá que cerrar su cuenta de YouTube.
El youtuber Reset. Foto: Instagram vía @reset_youtuber.
El jurado de Barcelona acusó al creador de contenido por el delito contra la integridad moral, fijando una indemnización de 400 mil pesos por daños morales y fue condenado a 15 meses de cárcel.
Kanghua Ren, mejor conocido como “Reset” en internet, era un conocido influencer en España y América Latina que contaba con más de mil millones de suscriptores en YouTube.
El Supremo confirma la condena a 15 meses de cárcel al youtuber Kanghua Ren, conocido como ReSet, por grabar a un sin techo al que había ofrecido galletas con pasta de dientes. No podrá volver a utilizar la red social en 5 años y tendrá que indemnizar al hombre con 20.000 euros
— Alfonso Pérez Medina (@alfonsopmedina) May 31, 2022
Ante la situación, el propio Kanghua Ren se defendió en redes sociales y aseguró que no le han notificado sobre la condena.
“Acaban de salir noticias sobre mí pero yo todavía no lo recibo de la Justicia, desde 2016/17 ya son casi 5 años durante este tiempo cambié y madure. Ya lo tenia asumido hace tiempo así que toca pagar con la sociedad”, expresó el youtuber en Twitter.
Sería en 2016 cuando el creador de contenido publico un video con Gheorghe, un hombre en situación de calle, a quien entrega un billete de 20 euros y unas galletas para que se alimentara, sin embargo, dichas galletas las había hecho de pasta de dientes por lo que se creó un escándalo debido a la humillación hacía el señor.
“A lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo: esto le ayudará a limpiarse los dientes. Creo que no se los limpia desde que se volvió pobre”, explicó Ren en el video.
Después de la publicación y el escándalo que provocó, el joven se disculpó e incluso volvió a grabar junto a Gheorghe, sin embargo, la gente se le fue encima por la manera en que se expresó.
[youtube UuVpLlZyNcM]
“La gente exagera por bromas en la calle a un vagabundo, que seguro que si se lo hago a una persona normal no dirían nada”, dijo Ren en un nuevo video.
Cinco años después de lo sucedido, el joven será obligado a cerrar su canal de YouTube y permanecer 15 meses en prisión por humillar a una persona en situación de calle.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reveló la muerte de tres personas durante una riña violenta dentro del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria; las autoridades no han revelado exactamente cómo sucedieron los fallecimientos.
CIUDAD DE MÉXICO, 17 de mayo (AP).— Tres presos fallecieron el lunes en un incidente violento que se registró en una cárcel del norte de México, indicaron las autoridades estatales.
El hecho ocurrió dentro del Centro de Ejecución de Sanciones de la localidad norteña de Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas, donde perecieron tres reclusos, informó en un comunicado la Fiscalía General estatal sin precisar cómo sucedieron las muertes.
Agentes de la Policía de Investigaciones y peritos se trasladaron al penal para iniciar las primeras averiguaciones, precisó la Fiscalía estatal.
El incidente ocurre a menos de tres meses de un motín que se presentó en una cárcel del estado sureño de Guerrero durante el traslado de 155 reclusos que dejó 20 policías lesionados.
Comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Foto: Captura de pantalla
En enero se registró otro hecho violento en una cárcel del estado occidental de Colima, donde fallecieron ocho reclusos y otros siete resultaron heridos.
Los eventos violentos en las cárceles mexicanas son comunes. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, durante 2020 se reportaron 926 riñas, 70 homicidios y ocho motines en el sistema carcelario.
Los analistas estiman que la situación de violencia en los penales mexicanos es consecuencia del hacinamiento, el crecimiento de la población penal y el escaso personal de custodia, muchos de los cuales tienen malos salarios lo que favorece la corrupción.
En México hay 288 centros de reclusión con capacidad para 217 mil internos, pero la población penal es de 223 mil 416 personas.
Luego de una audiencia de más de 10 horas, agentes vincularon formalmente al exgobernador por haber confiscado bienes de un particular sin indemnización.
Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- El Juez de Control Eduardo Hoyuelas Orozco vinculó a proceso a Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” por el delito de abuso de autoridad en la requisa del sistema de transporte Ecovía.
Luego de una audiencia de más de 10 horas, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción pidieron formalmente vincular a proceso al exgobernador de Nuevo León.
Además, a Rodríguez Calderón se le acusa de haber confiscado bienes de un particular sin indemnización, refiriéndose a la requisa de la Ecovía que pertenecía al empresario del transporte Abelardo Martínez, de Transporte Tecno Ecológico.
El exgobernador ingresó al Penal de Apodaca después de ser detenido en el municipio de General Terán. Foto: Especial
Se alegó que al haber sido una orden directa de “El Bronco”, sería el responsable del daño al concesionario, quien interpuso la denuncia en el 2020 ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
“[La requisa] es una acto de arbitrariedad jurídica, atenta contra los derechos que asisten a la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, afectó a los bienes del concesionario”, dijo el Juez.
El Juez de Control estatal Juan Roberto Ortiz, había aplazado la audiencia a petición de la defensa del exgobernador, sin embargo, se reanudó este lunes en forma privada y vía virtual por Hoyuelas Orozco.
Los abogados de don Jaime Rodríguez Calderón, hacemos del conocimiento de la opinión pública los hechos y las artimañas ilegales que hoy mantienen al ex gobernador en prisión preventiva. pic.twitter.com/5YD4o6OJz2
La Ecovía -de 30 kilómetros de recorrido y 80 unidades- fue requisada en octubre de 2016 al considerar que “El Bronco” prestaba un deficiente servicio de transporte.
Rodríguez Calderón fue detenido el pasado 15 de marzo, y se encuentra actualmente detenido en el Penal de Apodaca y se mantendrá ahí al menos hasta el 12 de abril, cuando se llevará a cabo la primera audiencia por el caso de las “Broncofirmas”, en el cual se le acusa del uso indebido de recursos públicos para conseguir las firmas requeridas para su candidatura independiente a la Presidencia en las elecciones de 2018.
Durante su visita a Nayarit, el Presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que va a “procurar que vengan familias de niveles económicos modestos” al complejo ecoturístico Islas Marías; la antigua Colonia Penal Federal Islas Marías cerró sus puertas en marzo del 2019, siendo considerada una de las prisiones más crueles de nuestro país.
Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las Islas Marías, antigua prisión mexicana, estarán abiertas a todo el turismo, no sólo el de “élite”.
“Vamos a procurar que vengan familias de niveles económicos modestos, que no sea una isla para la élite, hay que buscar el equilibrio porque hay casas muy bellas aquí en la isla, no mansiones, entonces una gente que tiene ingreso puede venir aquí, pero al mismo tiempo un trabajador podría venir y estar con toda la familia”, dijo el mandatario al visitar el Museo de las Islas Marías.
En el marco de la visita de López Obrador a Islas Marías, este viernes fue inaugurado el complejo ecoturístico de las Islas Marías “Muros de agua” en una de las prisiones más crueles del país, el cual cerró en marzo de 2019. Foto: Presidencia.
“Se va a poder disfrutar, venir a explorar y a recrear la historia, conocer cómo era el régimen autoritario, cómo trataban a los opositores”, agregó en su discurso.
La colonia penitenciaria de Islas Marías, fundada en 1905 en la Isla María Madre —el único de los cuatro islotes habitados de un archipiélago a más de 100 kilómetros de las costas de Nayarit y sometido a los embates periódicos de los huracanes— fue clausurada en 2019 y desde entonces intenta reinventarse.
Primero fue con un centro de educación ambiental, por el que ya han pasado 153 jóvenes. Ahora, como han hecho otros penales insulares en el pasado, aspira a convertirse en destino ecoturístico, lugar de disfrute de las aves y las playas.
Durante la conferencia matutina de este viernes, el Presidente López Obrador destacó la transformación que ha tenido la antigua prisión de Islas Marías, puesto que ha pasado a convertirse en un centro turístico de la región y nivel nacional.
“Esa prisión histórica y horrorosa está convertida en un centro de recreación para el turismo ecológico, está preparando con un fin y es un paraíso, lo que era un infierno se está convirtiendo en un paraíso, ya ven como cuando se es mesías se puede cambiar el color del mar y se pueden convertir los infiernos en paraísos y quien puede cambiar todo eso es el pueblo, la voz del pueblo sí es la voz de Dios”, comentó.
La Fiscalía indicó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, la cual fue otorgada durante la audiencia inicial y que continuará vigente por el tiempo que dure el proceso.
Mérida, 8 de abril (PorEsto!).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán informó sobre la vinculación a proceso de la ciudadana O. G. G. por el delito de robo calificado cometido con violencia, denunciado tras los hechos del pasado mes de marzo en una farmacia ubicada en la avenida Itzaes de la colonia Centro, en Mérida.
Una vez que se reanudó el proceso porque la imputada se encontraba enferma, se realizó la audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida, donde la Juez Segunda de Control valoró los datos de prueba aportados por los fiscales de litigación, decretando el auto de vinculación a proceso por el delito imputado y otorgó dos meses para la investigación complementaria.
Cabe recordar que durante la audiencia inicial, esta representación social estableció que los hechos ocurrieron el pasado 18 de marzo, cuando la imputada ingresó a la farmacia, donde hizo uso de la violencia moral y amenazó a la empleada con un cuchillo para que le entregara todo lo de valor, motivo por el que se presentó la denuncia correspondiente, misma que derivó en la causa penal 86/2022.
Por último, se mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual fue otorgada durante la audiencia inicial y que continuará vigente por el tiempo que dure el proceso, por lo que la imputada permanecerá privada de su libertad.
El mandatario salvadoreño aseguró que los integrantes de grupos criminales que se encuentran al interior de los penales del país no recibirán alimentos si los homicidios aumentan.
San Salvador, 4 de abril (EFE).– El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le advirtió este lunes a las pandillas que si incrementan los homicidios en el país, quitarán la comida en las cárceles donde se encuentran presos, según el mandatario, unos 23 mil miembros de dichas estructuras.
“Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales (…) ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles (…) así que mejor estense tranquilos y déjense arrestar”, dijo Bukele durante un evento de graduación de 205 alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) que fue transmitido por redes sociales.
El mandatario señaló que “por ahí andan rumores que se quieren empezar a vengar de la gente honrada al azar”, “hagan eso y no habrá un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys (pandilleros) allá a dentro”, advirtió.
Policías fuertemente armados vigilan las calles del centro de San Salvador, El Salvador, el domingo 27 de marzo de 2022. Foto: Salvador Meléndez, AP.
“Les juro por Dios que no comen un arroz”, subrayó.
Y agregó: “No me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a esos pandilleros si tanto los quieren, los entregamos todos”.
El mandatario también dijo este lunes, durante la graduación de militares, que las pandillas son el “brazo armado” de las organizaciones humanitarias, comunidad internacional y partidos opositores.
El domingo también lanzó esta acusación y publicó que también son “socios de los pandilleros” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los periodistas.
“No hay duda que arreciarán sus ataques a medida sientan que pierden su brazo armado”, dijo Bukele.
Un soldado revisa la mochila de un hombre a la salida de la Comunidad Las Palmas, un barrio que se supone que está bajo el control de la pandilla Barrio 18 en San Salvador. Foto: Salvador Meléndez, AP
El Salvador cumplió el domingo una semana bajo régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas.
El Congreso suspendió, a petición de Bukele y sin ningún estudio o discusión, varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones.
El Gobierno ha realizado masivas detenciones de supuestos pandilleros, en lo que ha denominado una “guerra contra las pandillas”, como lo hicieron sus antecesores.
Las fuerzas de seguridad han capturado a cinco mil 747 supuestos pandilleros, mientras familiares de los detenidos buscan información y han denunciado agresiones.
Previo al GP de Baréin, un niño de aquella ciudad solicitó la ayuda de Lewis Hamilton para que su padre pueda sobrevivir, debido a que está condenado a muerte.
Por Reinaldo Oliveros
Los Ángeles, 19 de marzo (LaOpinión).- Un niño de Bahréin, cuyo padre fue sentenciado a muerte, envió un dibujo a Lewis Hamilton para pedirle ayuda y que pueda sacar a su padre de la cárcel con vida. Antes de la carrera de este domingo que da el inicio a la temporada de Fórmula 1, el niño se ha convertido en protagonista.
El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton de Mercedes-AM. Foto: EFE, EPA, Antonin Vincent, POOL.
En el dibujo se observa el vehículo de Mercedes de Lewis Hamilton junto a las palabras: “Sir Lewis, otro Fórmula 1 donde mi padre está en la pena de muerte. Por favor ayuda a liberarlo”, escribió el niño junto a su dibujo.
El joven de 12 años de edad es hijo de Mohammed Ramadhan, un exmiembro de las fuerzas de seguridad de Baréin que enfrenta la pena de muerte.
“Hice este dibujo para motivar a Lewis”, afirmó. “Hay muchas historias en las que Lewis puede influir y puede ayudar a cambiar”.
Hamilton afirmó que aún no ha visto el dibujo, pero cada año recibe cartas de personas que están sufriendo y lo más que puede hacer es empatizar con aquellos que sufren estos retos y tienen estas trágicas historias por contar.
“Yo creo que el peso del cambio en realidad necesita ser puesto en los gobiernos y quienes están en el poder. Es por eso que debemos seguir usando las plataformas que tengamos también cuando lleguemos a esos países, para asegurarnos de que sostienen conversaciones serias sobre lo que sucede ahí”, dijo el piloto británico.
Hamilton también señaló que la Fórmula Uno está obligada a generar conciencia sobre los derechos humanos en cada uno de los países donde se realizan las competencias y también los pilotos y escuderías deben presionar por cambios en el automovilismo.
“Hay muchas organizaciones que están peleando por los derechos humanos y las apoyo. El mundo es un desastre. Vemos que hay desplazados como refugiados más que nunca, no solo en Ucrania, sino en Siria. Debería ser responsabilidad de todos nosotros en hacer un cambio”, dijo el piloto.
El narcotraficante acusó que el Juez federal no atendió sus alegatos en el sentido de que presenta discapacidad auditiva, visual y motora, lo que amerita el cambio de lugar de internamiento a su domicilio.
Sinaloa, 31 de diciembre (Río Doce).- José Elías Pacheco Martínez, titular del Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, negó el amparo para que Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el “Jefe de Jefes”, pudiera acceder al beneficio de prisión domiciliaria.
El 22 de noviembre, el capo sinaloense interpuso un juicio de amparo para lograr un confinamiento domiciliario, pero fue desechado por el juez, por la poca claridad en sus argumentos, según lo informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En su recurso judicial Félix Gallardo acusó de haber sido víctima de discriminación, al no haber sido valorado su estado físico, por su condición de salud y su avanzada edad, con lo que se violó una serie de derechos humanos.
Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara en los 80, y sentenciado por el asesinato de Enrique Camarena. Está preso desde 1989. Foto: Cuartoscuro.
Ante ello, el Juez federal señaló al “Jefe de jefes” modificar los motivos de amparo y autoridades contra las que promueve el recurso, y le dio cinco días hábiles como plazo, mismo que venció el día 22 de diciembre.
En el séptimo día hábil Félix Gallardo presentó sus argumentos, sin embargo ya era fuera de tiempo, donde detalló en una lista las autoridades a las que señala como responsables, sin especificar de manera clara, precisa y puntual qué acto es el que reclama de cada una de ellas.
El principal argumento en su solicitud es que su “grave” estado de salud y su avanzada edad se traducen en una desventaja para cumplir con el tiempo que le resta en prisión.
El narcotraficante acusó que el Juez federal no atendió sus alegatos en el sentido de que presenta discapacidad auditiva, visual y motora, lo que amerita el cambio de lugar de internamiento a su domicilio.
Hasta el momento se han interpuesto tres juicios sin efecto para que el detenido pueda purgar su condena de 37 años en un domicilio de la colonia Paseos del Sol en Zapopan, Jalisco.
José Irizarry usó su puesto para darse una vida de lujo; el jueves fue sentenciado a más de 12 años en una cárcel de EU por asociación delictuosa con un cártel colombiano para lavar dinero.
Miami, 10 dic (EFE).- Un agenteantinarcóticos de EstadosUnidos (DEA) fue sentenciado esta semana a más de 12 años de cárcel en un tribunal de Florida por el delito de fraudebancario y lavadodedinero para un cártelcolombiano, informaron las autoridades.
JoséIrizarry, de 46 años, y su esposa, NathaliaGómez–Irizarry, fueron arrestados en febrero de 2020 en SanJuan, PuertoRico, bajo la acusación de haber lavado dinero para un cártel colombiano.
Las autoridades acusaron entonces a la pareja de estar involucrada en una trama que durante siete años desvió más de nueve millones de dólares de investigaciones encubiertas de lavado de dinero de la DEA a los bancos.
Según el Departamento de Justicia de EU, Irizarry y su familia recibieron al menos un millón de dólares en sobornos por su participación.
Foto: El exagente de la DEA José Irizarry, al centro, llega a una corte federal el jueves 9 de diciembre de 2021, en Tampa, Florida. Foto: AP
Irizarry llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable en 2020 de 19 cargos en su contra, entre otros “conspiración para cometer lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad agravado”.
Los documentos judiciales indican que Irizarry comenzó a implicarse en la trama delictiva poco después de declararse en bancarrota en 2010, cuando “usó su puesto como agente especial para desviar hacia él y sus cómplices nueve millones de dólares” procedentes de investigaciones encubiertas sobre lavado de dinero de la DEA.
A cambio, el exagente de la DEA recibió “sobornos y comisiones por un valor de al menos un millón de dólares que utilizó para comprar joyas, autos de lujo y una vivienda”.
Para llevar a cabo el plan, Irizarry y sus compinches utilizaron una “identidad robada con la que abrieron una cuenta bancaria donde se depositaban las ganancias de las drogas desviadas”.
Jose Irizarry used his position as a special agent to divert $9 million from undercover DEA money laundering investigations to himself and to co-conspirators. In return, he received bribes and kickbacks worth at least $1 million. https://t.co/pzGQhWQ5aW
La trama duró el tiempo que estuvo el agente designado en la división de Miami de la DEA y su oficina en Cartagena de Indias (Colombia).
La Jueza encargada del caso, Charlene Honeywell, ordenó a Irizarry pagar la cantidad de 11 mil 233 dólares en concepto de restitución y la devolución de un anillo de diamantes y un auto de lujo.
“El Departamento de Justicia tiene cero tolerancia para el abuso de cargos públicos y está comprometido a descubrir y perseguir la corrupción dondequiera que se encuentre, especialmente entre las filas de las fuerzas del orden”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División de lo Penal de este organismo.
El individuo fue imputado por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, contra la salud, acopio de armas de fuego del uso exclusivo, homicidio simple y lesiones.
Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con apoyo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), obtuvo sentencia condenatoria de 158 años de prisión en contra de Roberto “M”, exintegrante del cártel de los hermanos Arellano Félix.
Roberto “M” fue imputado por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, contra la salud, acopio de armas de fuego del uso exclusivo, homicidio simple y lesiones.
La familia Arellano Félix controló en los años 90 la frontera de Baja California con Estados Unidos para la distribución de drogas. Foto: Zeta
De acuerdo con la información oficial de la FGR, el 30 de agosto del 2012, se había dictado sentencia condenatoria en su contra por los mencionados delitos, sin embargo, el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito revocó dicha pena y ordenó la reposición del procedimiento.
Finalmente, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dictó sentencia condenatoria por los delitos de delincuencia organizada [modalidades de contra la salud y secuestro]; privación ilegal de la libertad [en la modalidad de secuestro en agravio de cinco víctimas], contra la salud [en la modalidad de posesión del estupefaciente denominado marihuana con fines de tráfico]; acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; homicidio simple [en grado de tentativa] y lesiones, por lo que se le impuso la pena de 158 años ocho meses de prisión.
#FGR a través de la #FEMDO, con apoyo de la #FECOR, obtiene sentencia condenatoria de 158 años de prisión contra una persona por delitos de delincuencia organizada, contra la salud, privación ilegal de la libertad, acopio de armas, homicidio y lesiones. https://t.co/kQDfF8QZe8pic.twitter.com/8XtGoT1xUO
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
