Tras seis años y cuatro meses de la masacre ocurrida en el Rancho de El Sol, en la frontera con Jalisco, donde fueron ejecutadas 22 personas por las fuerzas federales, siete exagentes fueron sentenciados a prisión por homicidio, según medios nacionales.
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– Ocurrió a primera hora de la mañana el viernes 22 de mayo de 2015. Fue un enfrentamiento entre la Policía Federal, elementos de seguridad, y supuestamente personas pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación. En el Rancho de El Sol, ubicado en Tanhuato, Michoacán, fueron asesinados 42 personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluiría que 22 de esas muertes fueron ejecuciones: se trató de una masacre.
“Se acreditaron transgresiones al derecho a la vida, con motivo del uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de [22 personas], atribuibles a servidores públicos de la PF”, sentenció el informe de la CNDH publicado un año después de la masacre.
El Gobierno mexicano, a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), siempre rechazó la masacre. El titular de la Comisión Nacional de Seguridad en aquel momento, Renato Sales, aceptó las 14 recomendaciones emitidas por la Comisión, pero aseguró que en el caso no se configura “la hipótesis de ejecuciones arbitrarias” de 22 civiles, como sostuvo la institución.
La masacre de Tanhuato fue revelada por un informe de la CDNH en 2016, un año después de que ocurriera. Foto: Cuartoscuro
Pero el informe es contundente. El 22 de mayo de 2015, en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato, en un área limítrofe con el estado de Jalisco, un enfrentamiento entre federales y un supuesto “grupo armado”, como plantearon las autoridades federales, dejó un saldo de 22 hombres muertos, tres más detenidos y un Policía Federal caído.
El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó en 2016 que hubo violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a funcionarios de la Policía Federal aquel día.
No sólo se trató de “violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria (extrajudicial) de 22 civiles”, sino de torturas, trato inhumano y degradante para los detenidos aquel viernes de 2015.
La Policía Federal, ahora desaparecida, rindió un homenaje de cuerpo presente al elemento caído durante el enfrentamiento en Tanhuato. Foto: Cuartoscuro
Si la Policía Federal había dicho que encontró un camión desde el cual le dispararon, y que después llegó a la hacienda, la CDNH derrumbó aquella versión, que no encontró respaldo en la evidencia mostrada por el Gobierno, y aseguró que los efectivos federales entraron de manera sigilosa y en las primeras de la noche al rancho.
El operativo federal, de acuerdo con el informe de la Comisión, empezó en algún momento entre las 06:00 horas y 07:00 horas del 22 de mayor, cuando 41 agentes ingresaron al rancho y aseguraron a las personas. La mayoría de ellas estaban dormidas.
“Posteriormente llevaron el operativo lo que contradice la versión oficial de los hechos” señaló la CNDH.
El informe remarca que la Policía Federal también movió cuerpos, sembró 16 armas y cartuchos a las víctimas, a otros siete les cambiaron las armas y los cartuchos por otros de diferente calibre y mintieron en los informes.
Las autoridades rechazaron siempre la versión de que habían usado la fuerza de forma “desmedida”. Foto: Cuartoscuro
“Hubo uso excesivo de la fuerza lo que derivó en la ejecución arbitraria ya que las 22 víctimas estaban en una posición de desventaja y vulnerabilidad: 13 estaban de espalda, a cinco les dispararon desde el helicóptero, otra una víctima estuvo expuesta a fuego directo y tres víctimas, a pesar de que ya estaban sometidas, las privaron de la vida, [..], la gran cantidad de disparos constitución una demostraron innecesario de la capacidad del uso excesiva de la fuerza” destacó el informe de la Comisión.
Además, a 16 de los cuerpos les colocaron deliberadamente armas de fuego, y las armas halladas a siete cuerpos fueron manipuladas y movidas de su posición original. Otra arma asociada a un cuerpo fue sustituida por otra de distinto calibre.
El tiroteo se dio en el marco de la llamada “Operación Jalisco” y luego de que, según la versión oficial, los propios pobladores de la zona denunciaron extorsiones, invasiones de predios, secuestros y asesinatos presuntamente realizados por miembros del CJNG.
El informe de la CNDH concluyó que 22 personas habrían sido ejecutadas por la Policía Federal. Foto: Cuartoscuro
Las autoridades argumentaron que el enfrentamiento se prolongó por tres horas, pues los presuntos delincuentes comenzaron a atacar “con intensidad” e incluso se pidió apoyo tanto terrestre como aéreo.
Sin embargo, cuando las familias de los muertos, la mayoría originarios de Ocotlán, Jalisco, comenzaron a recoger los cuerpos en el Servicio Médico Forense de Morelia, dieron cuenta de que los cadáveres presentaban huellas de tortura: estaban mutilados, destrozados, calcinados e incluso algunos denunciaron tenían el tiro de gracia.
Las familias de los afectados aseguraron que se había tratado de una “matanza”.
La versión de las autoridades hablaba de un enfrentamiento que ocurrió luego de una agresión iniciada por los supuestos criminales, pero no aportaron evidencias para comprobarlo. Foto: Cuartoscuro
Esta semana, seis años y cuatro meses después de la masacre, un Juez federal dictó auto de formal prisión por homicidio contra siete de los ocho expolicías federales detenidos el pasado agosto por el caso Tanhuato, informó este sábado el diario El Universal.
El expolicía federal que había sido detenido también en agosto, y que había sido traspasado a la Guardia Nacional tras la extinción de la corporación, fue liberado, ya que “no se encontraron elementos para procesarlo”, detalló el periódico mexicano, citnado fuentes judiciales.
La Fiscalía General de la República ha detenido a ocho de las 40 órdenes de aprehensión que fueron giradas por un Juez Federal contra los responsables en Tanhuato, incluidos el exdirector de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Cuauhtémoc Serrano Escobedo, un exmando de la PF, según El Universal.
Expertos y estudiantes del ITESO y Universidad de Stanford analizaron once casos emblemáticos sin justicia en México. El informe revela que autoridades emplean mecanismos “para socavar su propia investigación o garantizar que sus pesquisas no lleven a nada”.
Tijuana, 3 de agosto (ZETA).– La palabra impunidadfrecuentemente es asociada a la comisión de un delito que no tiene a una persona que responda por ello, fenómeno que se atribuye a la falta de capacidad de las agencias del Estado en las tareas de procuración de justicia; sin embargo, el estudio de una serie de casos paradigmáticos de violación masiva de derechos humanos, pone en evidencia que parte de esa impunidad es deliberada, en un resultado deseado de parte de autoridades, para que las investigaciones no conduzcan a nada.
Tal es la conclusión a la que llega el informe realizado por académicos y un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad de Stanford y de la Red Universitaria para los Derechos Humanos de los Estados Unidos, denominado “La impunidad activa en México, cómo entender y enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos”.
Encabezado por los investigadores Alejandro Anaya Muñoz, James Cavallaro y Patricia Cruz Marín, el estudio parte de la descomposición que vive el país en cuanto a la violación de los derechos a la integridad física, vinculada a una crisis de impunidad y de acceso a la justicia, al grado que México tiene uno de los niveles más graves en la materia en el mundo, al estimarse que prevalece una impunidad del 98 por ciento en la investigación de delitos, que es prácticamente absoluta.
El estudio analizó diferentes casos representativos en las últimas tres administraciones federales. Foto: Cortesía ZETA.
Entre los once casos analizados por los investigadores, se encuentra la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, en marzo de 2014; la masacre de 42 civiles y un agente federal en Tanhuato, Michoacán en mayo de 2015; y las incompletas y fallidas investigaciones del homicidio de la periodista Miroslava Breach con relación a los narcopolíticos de Chihuahua, en marzo de 2017. Aunque también figuran dos pesquisas de habitantes de Ensenada y Maneadero, Baja California, que en 2011 fueron detenidos y torturados por militares, sin que hallaran justicia a sus causas.
En esos y otros casos que ocurrieron desde 2008 hasta 2019, durante los sexenios de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés López Obrador, los académicos identificaron los mecanismos que generan la impunidad activa, como la alteración de la escena de los hechos y la siembra de evidencia falsa; la negativa a recibir denuncias; la intimidación y amenazas a víctimas, familiares y testigos.
También se hicieron visibles la reticencia de las autoridades civiles a investigar a elementos de las fuerzas armadas, y el ya conocido intento de manchar la reputación de las víctimas.
IMPUNIDAD “ADREDE”
Los académicos identificaron mecanismos que generan la impunidad activa, como la alteración de la escena de los hechos y la siembra de evidencia falsa. Foto: Cuartoscuro.
Para el doctor Alejandro Anaya Muñoz, coordinador de la Maestría de Derechos Humanos y Paz del ITESO, la crisis en temas como la violación al derecho a la vida, la prohibición de las exclusiones, así como al derecho a no ser víctima de tortura, de desaparición forzada y e derecho al acceso a la justicia, atraviesan una situación crónica y grave, dinámica que genera la impunidad activa por parte de las autoridades en un país donde solo en dos por ciento de los casos existe una sanción a los delincuentes, en forma excepcional.
El profesor Anaya estima que cuando la impunidad es la norma, como sucede en México, se convierte en un incentivo para que las violaciones de derechos humanos y el crimen se repitan y se perpetúen, “porque al no haber una sanción, no hay un freno inhibidor para las personas que delinquen, o un motivo para que las víctimas denuncien, o para que las autoridades no violen derechos humanos; porque si no va a haber castigo, entonces lo puedo hacer, sin ningún problema”.
El entrevistado aseguró que la impunidad es parte de la explicación, pero no el único factor que influye en la criminalidad, ya que en contextos donde existe una baja impunidad, de todos modos, existe criminalidad y violación a los derechos humanos: “Hay otros factores, pero uno muy importante para explicar la crisis actual, ambas crisis, sin duda es esa falta de castigo, de esa impunidad casi absoluta que estamos enfatizando”.
Los expertos advirtieron de una impunidad activa por parte de las autoridades, en un país donde solo en dos por ciento de los casos existe una sanción a los delincuentes Foto: Cortesía ZETA.
Anaya refiere diferencia entre la impunidad global y la impunidad activa. La primera se refiere a incompetencias, como las pesquisas malogradas, evasión de responsables de un delito, falta de suficiencia de prueba o cualquier otro pretexto relacionado con la falta de capacidad humana, técnica, científica o de entrenamiento, de los operadores de las agencias de procuración de justicia; mientras que la segunda, es aquella generada con toda intención por parte de las autoridades.
“La impunidad activa es aquella en la que las investigaciones no llevan a nada de manera deliberada. Es un resultado deseado, en el cual las propias autoridades encargadas de la investigación de los abusos, de las violaciones a los derechos humanos, hacen una serie de cosas para socavar sus propias investigaciones o para garantizar que sus pesquisas no lleven a nada, y eso es una diferencia muy importante con la impunidad que se explica con base en la falta de capacidades”, explica el experto.
Coloquialmente, se puede afirmar que es una impunidad de “adrede”, reitera el coordinador del proyecto de investigación, por lo que se entiende que no haya responsables de delitos, o ni siquiera investigaciones, o que los asuntos se enreden sin pies ni cabeza, en una dinámica constantemente advertida en casos de desaparición forzada, tortura, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales u homicidios de periodistas o de activistas. Por ello, no pondera ninguno de los once asuntos analizados con mayor o menor importancia entre ellos, pues todos son emblemáticos y muy descriptivos del fenómeno.
SUPERVISIÓN EXTERNA
Fotografía tomada durante un homenaje hecho por familiares, amigos y colegas de Miroslava Breach en 2018, al cumplirse un año del asesinato de la periodista. Foto: Erika Lozano, Cuartoscuro.
Resulta desmotivante para las víctimas y sus familiares que las autoridades se nieguen a recibir la denuncia, o que no se acredite la desaparición forzada, tampoco la tortura, e incluso haya amenazas para las personas que pretenden formular una denuncia en contra de agentes del Estado, “como para decirles que ya no le sigan porque les va a ir peor; es parte de una serie de mecanismos identificados en este informe, que son los que demuestran esta impunidad activa a la que hacemos referencia”, comenta el doctor en Derecho.
En su opinión, pareciera que la constatación de que existe una impunidad casi absoluta pega en el ánimo de las víctimas, y a pesar del cambio democrático de autoridades cada tres y seis años, e incluso modificación del sistema penal de justicia, no hacen diferencia y todo sigue igual.
“No quiere decir que no haya solución y nos resignemos a vivir en el país de la impunidad. Otra de las contribuciones del informe, es un planteamiento para romper con ese ciclo arbitrario y perverso. No es la única receta, ni la única estrategia, ni va a ser la varita de oro como para solucionar todo de la noche a la mañana, pero es una de las alternativas sobre la mesa: plantear los asuntos a mecanismos externos de supervisión de la justicia. Si tu conclusión es decir que este tipo de impunidad ‘adrede’ es buscada por las propias autoridades que tienen el mandato de alcanzar la justicia, no les podemos dejar a esas autoridades la solución de un problema de impunidad, porque lo están generando ellas directamente”, enfatiza el académico.
Según la organización Reporteros Sin Fronteras, los asesinatos contra periodistas en México tienen una impunidad del 99 por ciento. Foto: Cuartoscuro.
De acuerdo con el docente universitario, en cuatro experiencias concretas se ha involucrado a actores externos -internacionales- en la procuración de justicia en América Latina con buenos resultados, “una de ellas en nuestro propio país, en México, las otras tres en América Central: Guatemala, El Salvador y Honduras”.
Son estos ejercicios de involucrar a actores internacionales “en la búsqueda de que sí haya justicia, en busca que haya investigaciones serias, profundas independientes, y que, por lo tanto, haya sanciones”.
Para Alejandro Anaya, “el factor clave de esos actores es su naturaleza externa, es decir, que investiguen, que busquen esa sanción, pero que al ser externos, se pueda garantizar esa independencia y autonomía de entre los actores internos, que hasta la fecha no solamente no han garantizado la justicia, sino que a propósito, han buscado socavar la verdad y la justicia.
“Esos actores externos contribuirían a romper esa cadena de intereses que está detrás de la impunidad activa, y por supuesto, tener las capacidades y expertise en las investigaciones”, concluye.
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El periodista J. Jesús Lemus desentraña en su libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción (Harper Collins 2021) las causas que dieron origen a sucesos tan lamentables, todos marcados por la corrupción, como las matanzas de Apatzingán, Tanhuato, Tlatlaya, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).– El Gobierno de Enrique Peña Nieto quedó marcado no sólo por los actos de corrupción que tienen a dos de sus colaboradores, Rosario Robles Berlanga y Emilio Lozoya Austin, enfrentando a la justicia mexicana, sino también por actos de violencia que involucraron a las fuerzas del orden del Estado, como fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014; la ejecución extrajudicial de 22 civiles en junio de 2014 en Tlatlaya, en el Estado de México, y lo sucedido en Tanhuato, Michoacán, cuando elementos de la Policía Federal masacraron a 42 presuntos integrantes del crimen organizado.
Los entretelones de lo sucedido en aquel entonces —así como otros eventos ocurridos durante la administración pasada— son desentrañados por el periodista J.Jesús Lemus en su libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción (Harper Collins 2021), una radiografía del Gobierno que encabezó el priista de diciembre de 2012 a noviembre de 2018 en la que se aborda a fondo las causas y el origen de los escándalos de corrupción que marcaron a fondo el peñismo mediante historias no contadas hasta hoy.
“Acudo a las fuentes primarias de información para conocer las causas que dieron origen a sucesos tan lamentables, todos marcados por la corrupción, como las matanzas de Apatzingán, Tanhuato, Tlatlaya, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin dejar de lado otros eventos como las oscuras Rondas de Pemex o el caso del General Cienfuegos”, expone el propio J. Jesús Lemus.
De esta manera, refiere cómo detrás de la matanza perpetrada en 2015 en Michoacán —entidad cuyos niveles de violencia llevaron al Gobierno de Peña Nieto a enviar a Alfredo Castillo Cervantes como Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán— autoridades de seguridad federales estuvieron involucradas en el robo de combustible y en otro tipo de delitos violentos.
SinEmbargo publica el siguiente fragmento del libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción (Harper Collins 2021), de J. Jesús Lemus. Autorizado con la autorización de la Editorial Harper Collins.
La portada del libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción del periodista J. Jesús Lemus. Foto: Especial.
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ASESINATOS A SANGRE FRÍA EN TANHUATO
Casi ocho meses después de Ayotzinapa sobrevino otro asesinato en masa en el que nuevamente estuvieron involucradas las fuerzas del orden del gobierno federal… En Tanhuato, municipio al norte del estado de Michoacán, la Policía Federal protagonizó un escándalo de violencia extrajudicial al ejecutar en forma directa a por lo menos 22 personas que minutos antes habían participado en una refriega contra fuerzas federales.
Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2015. En este episodio cayeron abatidos en total 42 presuntos integrantes del CJNG, de los cuales más de la mitad fueron asesinados a mansalva. Otros tres de los presuntos delincuentes fueron detenidos y presentados con vida. También murió un elemento de la Policía Federal.
El asesinato a sangre fría de los 22 presuntos delincuentes se atribuye directamente a una orden del general Felipe Gurrola Ramírez, quien había sido designado por el presidente Enrique Peña Nieto, en suplencia del comisionado Alfredo Castillo, como el responsable del plan de seguridad para que Michoacán regresara a los cauces del Estado de derecho. Al general Felipe Gurrola, con la encomienda de concretar el plan de pacificación en Michoacán, se le dotó de poderes plenipotenciarios para dirigir un ejército conformado por más de 5 mil elementos pertenecientes al Ejército, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Marina; a ellos se sumaron algunos grupos de autodefensas que Alfredo Castillo Cervantes había reclutado del cártel de La Familia y de Los Caballeros Templarios.
Oficialmente se informó en su momento que los 42 abatidos del crimen organizado habían caído durante el enfrentamiento con elementos de la Policía Federal, que los presuntos miembros del CJNG se habían atrincherado en el Rancho del Sol —una finca campestre situada a un costado de la autopista de Occidente México-Guadalajara, a tres kilómetros de la comunidad de Tinaja de Vargas, entre los municipios de Tanhuato y Ecuándureo—, que fueron los que iniciaron el ataque y que los elementos de la Policía Federal únicamente respondieron para defender sus vidas.
Sin embargo, la historia detrás de los hechos revela algo muy distinto: hubo una orden superior que autorizó a los elementos de la Policía Federal aplicar, en el acto, justicia por propia mano, pues si bien es cierto que hubo un enfrentamiento previo, también lo es que los 22 ejecutados a mansalva ya se habían rendido —como en el caso de Tlatlaya—. Y no sólo los asesinaron estando indefensos, sino que algunas de las víctimas sirvieron de tiro al blanco para los policías, que les aplicaron la ley fuga luego de torturarlos.
Ocultaron cómo se dieron los hechos el general Felipe Gurrola; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.
El interior del Rancho del Sol en Tanhuato, Michoacán. Foto: Cuartoscuro.
No obstante, la CNDH determinó la actuación de la Policía Federal a partir de una investigación en la que se acreditaron violaciones graves a derechos humanos, cometidas en forma indiscriminada por personal de esa corporación, el cual sobrepasó las atribuciones que le confiere la ley para el combate a los grupos delincuenciales. La CNDH estableció que, de las 42 víctimas que dejó como saldo el enfrentamiento del Rancho del Sol, 40 murieron por impactos de bala, una fue quemada viva y una más murió por las lesiones que sufrió al ser arrollada por un vehículo.(112)
En versión de Miguel Ángel Padilla, familiar de una de las víctimas abatidas por la Policía Federal en el Rancho del Sol, la masacre inició al filo de las 6:30 de la mañana, no a las 8:30, como refieren todos los partes oficiales, incluso la averiguación que hizo la CNDH. Y todo fue a causa de la disputa de una toma de huachicol (combustible que se extrae ilegalmente de los ductos de Pemex) ubicada dentro del citado rancho, que estaba bajo control de un grupo de presuntos integrantes del CJNG.
La Policía Federal ya había ubicado la toma de huachicol en el Rancho del Sol; por ello trató de expropiarla para controlarla ilegalmente —con todos sus beneficios económicos—, como se venía haciendo desde que Alfredo Castillo se encargó de la seguridad en Michoacán. En ese sentido, hay que subrayar que, a partir de que Alfredo Castillo llegó a esa entidad con la representación presidencial para pacificarla, Michoacán empezó a ver crecer el robo de combustible de los ductos de Pemex, situación nada difícil de entender, pues el responsable de la protección de dichos ductos era el general Alfredo Herrera Pegueros, quien fue designado por el presidente Enrique Peña como gerente de Seguridad Física, área que dependía de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, encabezada por el general Eduardo León Trauwitz.
Conviene precisar que el general León Trauwitz fue el jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando este era gobernador del Estado de México. En el equipo de seguridad asignado por el Estado Mayor Presidencial al entonces gobernador mexiquense también estaba Alfredo Herrera Pegueros, que, al igual que León Trauwitz, tenía el rango de coronel. Ambos fueron ascendidos una vez que Peña Nieto llegó a la Presidencia. Fue en el Estado de México donde León Trauwitz y Herrera Pegueros se vincularon con el entonces procurador local Alfredo Castillo Cervantes, con quien colaboraron en forma estrecha.
Por esa relación, una vez que al general León Trauwitz lo pusieron al frente de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, y al general Herrera Pegueros al frente de la Gerencia de Seguridad Física de esa dependencia, mientras Alfredo Castillo recibía el nombramiento como comisionado para el Desarrollo de Michoacán, en aquella entidad se incrementó el robo de combustible directamente de los ductos, en una acción concertada entre los encargados de la seguridad de Pemex y Alfredo Castillo, quien a través de la Policía Federal se apropió de todas las tomas ilegales que ordeñaban los grupos del crimen organizado, principalmente células del CJNG.
El entonces Comisionado Federal en Michoacán, Alfredo Castillo. FOTO: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro.
De esa forma, en la revuelta que generó Alfredo Castillo en Michoacán, el negocio del robo de combustible se sumó a otras actividades rentables que desde la ilegalidad el comisionado realizaba con toda la fuerza policial y del Ejército de que disponía oficialmente, tales como tráfico de armas, venta de seguridad a empresas mineras, robo de minerales, tráfico de drogas, cobros de piso a ganaderos y dueños de huertas de aguacate y limón, despojo de huertas y has ta secuestro, actividades que continuaron arraigadas dentro de los mandos de seguridad aun cuando Castillo Cervantes dejó el cargo.
En ese contexto se dio el ataque al grupo de civiles que operaban una toma clandestina de extracción de combustible en el Rancho del Sol, en Tanhuato. Al momento del ataque, había 45 presuntos integrantes de la célula delictiva que hacía operaciones de huachicoleo, de los que sólo tres fueron presentados con vida ante el agente del Ministerio Público.
Según la versión de los únicos tres sobrevivientes de la matanza, quienes se encuentran recluidos en la cárcel federal de Tepic, cuyas declaraciones están contenidas en las indagatorias de la CNDH, los policías irrumpieron en el rancho sorpresivamente. Tomaron como detenidos a dos de los hombres que cuidaban la puerta, que estaban dormidos al inicio de las acciones, y a otro que hacía guardia unos metros dentro de las instalaciones del rancho. A los tres los aseguraron mientras el grupo de policías abría fuego directo contra la casa, situada en el centro del rancho. La respuesta de los agredidos no se hizo esperar y se desató una refriega que duró más de dos horas, en la cual participaron tres helicópteros artillados de la Policía Federal. En esa confrontación cayeron abatidos 20 presuntos miembros de la organización criminal y un elemento de la Policía Federal.
Al consumir los pertrechos de guerra, señala la versión de los sobrevivientes, los otros 22 hombres que quedaron en pie optaron por rendirse. Depusieron las armas y se entregaron a los policías. A todos los concentraron en el interior de la casa del rancho. Los hincaron, los ataron de pies y manos y les vendaron los ojos. Después, en tandas, a cada uno lo sacaron al exterior o lo llevaron a otras parte de la vivienda. A siete de los que se rindieron los ejecutaron a través de la ley fuga: les ordenaron que corrieran y los cazaron por lo menos tres grupos de policías que ex profeso se apostaron en diversos puntos del rancho. A otros 13 los mataron disparándoles a corta distancia, mientras per manecían arrodillados. A uno le rociaron gasolina y le prendieron fuego. A otro más lo arrollaron, mientras estaba tendido en el suelo, con una camioneta de la policía.
Los tres que sobrevivieron sólo fue por suerte, dicen ellos mismos en sus declaraciones, porque al inicio de las acciones el comandante de la partida de policías informó por radio que tenían únicamente tres detenidos, descartando así la posibilidad de ejecutarlos a todos. Los tres detenidos fueron llevados a proceso penal y a la fecha enfrentan cargos por el delito de homicidio calificado en contra del policía federal que cayó en el enfrentamiento.
Después de la ejecuciones, por instrucción del general Felipe Gurrola, los elementos de la Policía Federal acomodaron la escena del crimen para tratar de encubrir los asesinatos a sangre fría. A 27 cuerpos los cambiaron de su posición original. A los 22 ejecutados les colocaron un arma en las manos o cerca del cuerpo. Al que murió arrollado por la camioneta le dieron al menos tres disparos en diversas partes del cuerpo. Y provocaron un incendio con dos bidones de gasolina cerca del cuerpo del que fue calcinado en vida.
Hasta el día de hoy (marzo de 2021), después de casi seis años de los hechos, ni sus familiares ni los agredidos directamente por la Policía Federal han alcanzado justicia. Ninguno de los 67 elementos policiacos que participaron en la masacre ha sido presentado ante las autoridades. Tampoco se ha fincado responsabilidad contra los mandos que autorizaron la matanza ni contra los funcionarios que encubrieron los hechos. Es más, ni siquiera se sabe cuál es el estado actual de la averiguación previa iniciada por la PGR, debido a la reserva de información (113) que se dictó sobre ese expediente en mayo de 2016, por instrucciones directas de la procuradora Arely Gómez González. Dicha información podría ser desclasificada en junio de 2021, a menos que vuelva a ampliarse el plazo de reserva.
El caso de este asesinato colectivo fue llevado también a la Cámara de Senadores. El 20 de abril de 2017, casi dos años después de los hechos, el senador Raúl Morón Orozco presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado un dictamen con iniciativa de punto de acuerdo para que la PGR informara a esa representación sobre los avances que se tenían del caso, a fin de sancionar a los responsables y reparar el daño a los familiares de las víctimas, además de incidir para que en lo sucesivo los elementos de la Policía Federal contaran con mayor capacitación y se evitara repetir actos como ese. Pero el dictamen no tuvo ningún efecto. El entonces titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, simplemente fue omiso ante el reclamo de los senadores.
Y cómo no lo iba a ser, si dentro de la comisión senatorial de Derechos Humanos la iniciativa de punto de acuerdo no fue aprobada por la totalidad de sus integrantes.(114) Las y los únicos senadores que convinieron en llamar a cuentas a la PGR sobre aquella ejecución en masa fueron Lorena Cuéllar Cisneros, Gabriela Cuevas Barrón, Miguel Ángel Chico Herrera, Lucero Saldaña Pérez, María Marcela Torres Peimbert, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez. Las y los senadores que no firmaron la iniciativa de punto de acuerdo fueron David Monreal Ávila, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sofío Ramírez Hernández, Jesús Casillas Romero, Layda Sansores San Román y Adriana Dávila Fernández, a quienes al parecer no les interesó investigar más a fondo el proceder de las fuerzas federales frente a la población civil dentro de la modificada guerra contra el narco. Y parecería que la vida de las víctimas de Tanhuato, por el hecho de ser presuntos delincuentes, tampoco tuvo mucha importancia para ellos.
NOTAS:
112. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 4VG/2016, Sobre la Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, por el Uso Excesivo de la Fuerza que Derivó en la Ejecución Arbitraria de 22 Civiles y la Privación de la Vida de 4 Civiles; la Tortura de dos Personas Detenidas; el Trato Cruel, Inhumano y Degradante en Perjuicio de una Persona Detenida y la Manipulación del Lugar de los Hechos, Atribuida a la Policía Federal, con Motivo de los Hechos Ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el “Rancho del Sol”, Municipio de Tanhuato, Michoacán; Ciudad de México, 18 de agosto de 2016.
113. Procuraduría General de la República, respuesta a la Solicitud de Información 0001700130516, Ciudad de México, 1 de junio de 2016.
114. Senado de la República, Dictamen con Punto de Acuerdo Relativo a la Recomendación No. 4VG/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Hu manos, Relacionada con los Hechos Ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el “Rancho del Sol”, Municipio de Tanhuato, Michoacán; Ciudad de México, 20 de abril de 2017.
El instituto resolvió que el acceso a la documentación contribuye a garantizar el derecho a la verdad y a la construcción de un Estado en el que se garanticen los derechos humanos.
Operativo Tanhuato realizado en 2015. Foto: Archivo
Ciudad de México, 15 de diciembre (EFE).- El órgano de transparencia de México ordenó hoy a la Fiscalía entregar información del operativo policial realizado en 2015 en Tanhuato, en el occidental estado de Michoacán, en el que murieron 42 presuntos miembros de un cártel de las drogas.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) destacó en un comunicado que mostrar dicha información “es de particular importancia” en México, donde la impunidad es parte integral de la violencia.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) deberá entregar 43 testimoniales referentes a las declaraciones de policías federales, 10 dictámenes periciales en materia de balística y 13 oficios, once de la Policía Federal y dos de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló el INAI.
La PGR había argumentado ante esta institución que la difusión de los datos del operativo del 22 de mayo de 2015 podía llegar a “impedir la prevención o persecución de los delitos”.
Sin embargo, el INAI destacó la necesidad de permitir el acceso a esta información por tratarse de “violaciones graves a derechos humanos” que no solo afectan a las víctimas y a los ofendidos, sino a toda la sociedad.
De acuerdo con los primeros informes oficiales, 43 personas fallecieron en el operativo realizado en un rancho ocupado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas un policía federal.
Una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó en agosto pasado que 22 de los presuntos delincuentes fueron ejecutados extrajudicialmente y otros cuatro murieron por “el uso excesivo de la fuerza”, y denunció actos de tortura, manipulación de evidencias y falsedad de la información.
El Gobierno negó la existencia de ejecuciones extrajudiciales y argumentó que “el uso de las armas fue necesario” y “se actuó en legítima defensa” en el rancho, cuyos ocupantes -entre los cuales se cree había líderes del CJNG- respondieron con disparos a los llamados a deponer las armas.
El Comisionado de Seguridad, Renato Sales, negó en entrevista con Radio Fórmula que el Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, vaya a dejar el cargo después de que la CNDH emitiera un informe sobre los hecho ocurridos en Tanhuato, el 22 de mayo de 2015, y determinara que hubo ejecuciones extrajudiciales y tortura. “Esa determinación tendríamos que analizarla. En este momento no está puesto sobre la mesa”, aclaró.
Ayer, Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad (CNS), y Enrique Francisco Galindo Ceballos, comisionado General de la Policía Federal, ofrecieron una conferencia de prensa para hablar sobre el caso de Tanhuato. Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- El Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, aseguró que el Gobierno federal no solapará a ningún agente de la Policía Federal que, de comprobarse, haya incurrido en un delito durante el operativo del 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán.
En conferencia de prensa, Sales Heredia dijo que “si de la averiguación se desprende que hay hechos ilícitos, irregulares, uso indebido e ilícito de la fuerza que se traduce en homicidio doloso, vamos a sancionar, por supuesto, vamos a poner a disposición y corresponderá a la PGR ejercer la acción penal correspondiente y al Poder Judicial Federal emitir la sentencia que corresponda.
Sobre el informe que dio a conocer ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de los hechos ocurridos en el Rancho del Sol, donde 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, el Comisionado aseguró que “nosotros no encubriremos ni solaparemos a nadie, vamos a actuar plenamente conforme a derecho. También debo decir que respetamos absolutamente a la CNDH, que la consideramos más una aliada más que una adversaria en estos temas”.
Sales Heredia insistió en que es necesaria una Ley General sobre el Uso de la Fuerza Pública, la cual quizá implique una reforma al artículo 73 constitucional, para que puedan actuar concurrentemente los tres órdenes de Gobierno en esta materia.
Antes, el funcionario federal dijo en entrevista con Radio Fórmula que la renuncia de Enrique Francisco Galindo Ceballos, Comisionado de la Policía Federal (PF), por los hechos ocurridos en Tanhuato, no está sujeta a discusión: “Esa determinación tendríamos que analizarla. En este momento no está puesto sobre la mesa. Se tiene que ser muy claro en el tema, hay presunción de inocencia para mandos policiacos y también para policías, quien determina si una persona es responsable o no, no es más que el Poder Judicial Federal, quien tendría que decir si hay delitos que perseguir y que sancionar”.
El día de ayer, la CNDH presentó un informe sobre los hechos ocurridos en el Rancho del Sol, en donde perdieron la vida 22 personas. El organismo humanitario concluyó que la Policía Federal torturó a los detenidos, realizó ejecuciones extrajudiciales, manipuló la escena, sembró armas y cartuchos. También descartó el presunto enfrentamiento entre los elementos de seguridad federales y supuestos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por su parte, Sales Heredia señaló que la Comisión no puede iniciar una averiguación previa por ejecuciones extrajudiciales porque no existe ese tipo penal: “Hablando de una ejecución extrajudicial, permitiría suponer por la propia definición, que existen ejecuciones judiciales”. En cambio, el Comisionado señaló que se puede hablar de “homicidio”, “uso ilícito de la fuerza” o “exceso en la causa de justificación legítima de la defensa”.
Al respecto, Renato Sales indicó que la CNS está dispuesta a acatar las 14 recomendaciones, indicaciones y las resoluciones que se derivan del caso, así como a consignar elementos si así lo determina la Procuraduría General de la República (PGR), pero al ser cuestionado sobre la permanencia de Enrique Galindo al frente de la PF, el funcionario negó la posibilidad inmediata y delegó la determinación a el Poder Judicial.
El Comisionado reiteró una vez más que los elementos sólo repelieron la agresión: “si de inicio se dispara contra el helicóptero que iba a rescatar, y se dispara contra los Policías Federales que estaban ingresando, y lo que hacen en términos generales la Policía Federal, es repeler la agresión”, respondió al cuestionarle sobre si los efectivos actuaron como “pelotón de aniquilamiento”.
Así mismo, regresó al contexto de violencia en Michoacán con el Cártel Jalisco Nueva Generación, a pesar de que la CNDH descartó en su informe el presunto enfrentamiento entre miembros de esta organización y elementos policiales.
La periodista Sanjuana Martínez denunció, en agosto de 2015, esta matanza. En SinEmbargo dio a conocer que el 22 de mayo de ese año, en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato, Michoacán, y en un área limítrofe con Jalisco, un enfrentamiento entre federales y un supuesto “grupo armado”, como plantearon las autoridades federales, dejó un saldo de 22 hombres muertos, tres más detenidos y un Policía Federal caído.
La Policía Federal ejecutó extrajudicialmente a 22 personas en Tanhuato, Michoacán, torturó a detenidos, manipuló la escena de los acontecimientos, sembró y cambió armas al igual que elementos balísticos a las víctimas, y mintió en los informes, determinó la CNDH al presentar el informe sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015.
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Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– La Policía Federal ejecutó arbitrariamente a 22 personas en Tanhuato, Michoacán, en 2015, además, torturó a detenidos, manipuló la escena, sembró armas y cartuchos, informó hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El organismo autónomo presentó hoy su informe sobre los hechos ocurridos en el Rancho de El Sol, en el que perdieron la vida 22 personas, en el que el descartó el presunto enfrentamiento entre los efectivos de seguridad federales y supuestos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En tanto que el Gobierno negó dichas ejecuciones extrajudiciales, al asegurar que hubo un “uso racional” de la fuerza por parte de la Policía Federal.
El titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, aceptó las 14 recomendaciones emitidas, pero aseguró que en este caso no se configura “la hipótesis de ejecuciones arbitrarias” de 22 civiles, como sostiene esta institución.
“El uso de las armas fue necesario y se actuó, en nuestra consideración, en legítima defensa”, afirmó Sales tras asegurar que los agentes se identificaron y exigieron a los civiles que estaban en el rancho que depusieran las armas y “la respuesta fue con disparos de arma de fuego”.
La periodista Sanjuana Martínez denunció, en agosto de 2015, esta matanza. En SinEmbargo dio a conocer que el 22 de mayo de ese año, en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato, Michoacán, y en un área limítrofe con Jalisco, un enfrentamiento entre federales y un supuesto “grupo armado”, como plantearon las autoridades federales, dejó un saldo de 22 hombres muertos, tres más detenidos y un Policía Federal caído.
Hasta ahora, parece, se asoma la justicia.
En una rueda de prensa, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que hubo violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a funcionarios de la Policía Federal.
Entre ellas, “violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria (extrajudicial) de 22 civiles”, así como torturas, trato inhumano y degradante a detenidos.
A su vez, Ismael Eslava, Primer Visitador General de la CNDH y quien leyó el informe, señaló que “las evidencias permiten establecer el uso excesivo de la fuerza derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles” ya que, las pruebas clínicas, balísticas, necropsias detallan que las víctimas estaban en posición de desventaja”.
La Policía Federal había dicho que encontró un camión desde el cual le dispararon, y que después llegó a la hacienda. En su informe, la comisión dijo que el gobierno no proporcionó evidencia que respaldara dicha versión y aseguró que los efectivos federales entraron de manera sigilosa y en las primeras de la noche al rancho.
De acuerdo con los testimonios recabados, aseguró el organismo, se estableció que el operativo federal empezó entre las 06:00 horas y 07:00 horas del 22 de mayor donde 41 servidores ingresaron al rancho y aseguraron a las personas, la mayoría de ellas estaban dormidas.
“Posteriormente llevaron el operativo lo que contradice la versión oficial de los hechos” señaló el funcionario de la CNDH.
“Se observó que seis cadáveres estaban descalzos y con el torso descubierto, 11 cuerpos estaban descalzos, uno más presentó el torso descubierto y otro únicamente vestía trusa lo que establece que dichas personas estaban dormidas cuando inició el operativo” explicó.
MANIPULACIÓN DE LA ESCENA Y SIEMBRA DE ARMAS
Respecto a la siembra de armas y cartuchos, Eslava reportó que las armas de fuego que la Policía Federal movió cuerpos, sembró 16 armas y cartuchos a las víctimas, a otros 7 les cambiaron las armas y los cartuchos por otros de diferente calibre y mintieron en los informes,según informó Eslava.
“Hubo uso excesivo de la fuerza lo que derivó en la ejecución arbitraria, estableció la CNDH, ya que las 22 víctimas estaban en una posición de desventaja y vulnerabilidad: 13 estaban de espalda, a 5 les dispararon desde el helicóptero, otra una víctima estuvo expuesta a fuego directo y tres víctimas, a pesar de que ya estaban sometidas, las privaron de la vida, [..], la gran cantidad de disparos constitución una demostraron innecesario de la capacidad del uso excesiva de la fuerza” agregó.
A 16 de los cuerpos les colocaron deliberadamente armas de fuego, y las armas halladas a siete cuerpos fueron manipuladas y movidas de su posición original. Otra arma asociada a un cuerpo fue sustituida por otra de distinto calibre. “las armas de fuego que se vincularon con dos cadáveres fueron despojadas de sus cargadores y fueron sustituidos por otros de calibre distinto”
El informe destacó las hora del operativo y en la que llegaron las autoridades de la Procuraduría General de Michoacán, ya que, hubo un lapso de cuatro horas en las que la PF tuvo presuntamente tiempo de manipular la escena.
“El operativo se realizó entre las 6:20 y las 07: 30 de la mañana, y la hora en la que llegó personal de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán empezó la diligencia formal a las 14:00 horas”, resaltó.
TORTURA
Además del uso excesivo de la fuerza, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acreditó que existió tortura. Por evidencias fotográficas se presume que dos de las víctimas fueron quemadas, y a los detenidos los torturaron:
“De la cuenta Valor por Michoacán hay imágenes relativas en donde se observa que los cadáveres no presentaban quemaduras pero en las fotos que dio la PGJE de Michoacán de dos cuerpos, las víctimas presentaban quemaduras por fuego directo después de ser privadas de la vida, lo que también deberá de ser investigado por la autoridad ministerial”.
Se acreditaron también, aseguró, actos de tortura contra dos detenidos a quienes obligaron a ver tres ejecuciones, los amenazaron de muerte a ellos y a sus familias.
“De las evidencias se advirtió que fueron sometidos a sufrimiento severo, los obligaron a presencial algunas circunstancias de al ejecuciones de tres personas, luego fueron sometidos a interrogatorio del por qué estaban en el citado inmueble, sobre droga, mediante de amenazas de privarlos de la vida a ellos y a su familias” abundó.
El tiroteo se dio en el marco de la llamada “Operación Jalisco” y luego de que, según la versión oficial, los propios pobladores de la zona denunciaron extorsiones, invasiones de predios, secuestros y asesinatos presuntamente realizados por miembros del CJNG.
Monte Alejandro Rubido García, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), explicó entonces que el enfrentamiento se prolongó por tres horas, pues los presuntos delincuentes comenzaron a atacar “con intensidad” e incluso se pidió apoyo tanto terrestre como aéreo.
Sin embargo, cuando las familias de los muertos, la mayoría originarios de Ocotlán, Jalisco, comenzaron a recoger los cuerpos en el Semefo de Morelia, dieron cuenta de que los cadáveres presentaban huellas de tortura: estaban mutilados, destrozados, calcinados e incluso algunos tenían el tiro de gracia, dicen…
Algunos de ellos ni siquiera sabían portar armas, eran hijos y esposos de familias pobres que fueron a ese rancho a trabajar. Las madres y padres, hermanas y hermanos, que vieron las primeras fotografías de los muertos en redes sociales, corroboraron en los cuerpos de sus familiares muertos una violencia extrema que, aseguran, responde no a un enfrentamiento, como dijeron las autoridades, sino a una masacre.
Sin embargo, ninguna autoridad, ni siquiera la CNDH, había hecho caso a sus reclamos por esclarecer el hecho y “limpiar” el nombre de los muchachos. Ellos calificaron ese hecho como una “matanza” y señalaron al Gobierno federal como responsable de un exceso que derivó en la muerte de personas inocentes.
El caso de un grupo de policías federales entregados en Tamaulipas a criminales de Los Zetas y el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ponen en evidencia la necesidad de una reforma de fondo que libere a los mexicanos de la complicidad entre los delincuentes y las fuerzas locales.
El problema de la policía trabajando directamente con los cárteles de droga locales no es algo nuevo en México. Foto: Cuartoscuro
Por Paul Imison
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo/VICE).– Luego de ser secuestrados por miembros de la policía municipal en el estado fronterizo de Tamaulipas, Liliana y tres colegas fueron desvestidos y torturados durante tres horas. Después fueron llevados a un área boscosa aislada.
“En realidad pensamos que nos iban a matar”, dice Liliana, madre de dos hijos, y quien pidió que su nombre verdadero no fuera publicado por miedo a represalias. “Antes de que nos llevaran a la camioneta, un tipo se paró frente a nosotros y se puso a preguntarnos: ‘¿Cómo quieren irse?'”
Mientras los legisladores debaten una reforma trascendental del sistema de justicia mexicano, casos como el de Liliana, revelan los extraordinarios niveles de corrupción y falta de responsabilidad dentro de las fuerzas policiacas del país.
El hecho de que Liliana y sus compañeros formaran parte de las fuerzas de élite de la Policía Federal cuando fueron raptados hace dos años y medio, subraya la gravedad del problema. Y todo tiene más sentido, si sabemos que el equipo se encontraba investigando una ola de desapariciones cuando fue presa del ataque.
El problema de la policía trabajando directamente con los cárteles de droga locales no es algo nuevo en México. La presión por hacer algo más para solucionarlo se dio luego de que agentes municipales en la ciudad de Iguala, Guerrero, atacaran y después secuestraran a 43 estudiantes en septiembre de 2014. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa desparecidos provocó una ola de indignación nacional e internacional, que obligó al Presidente Enrique Peña Nieto a prometer una reforma de trascendencia.
Tres meses después de este terrible suceso, el gobierno propuso reemplazar los mil 800 miembros de la Policía Municipal con una sola unidad para cada uno de los 32 estados — un sistema llamado “mando único”—. Después de casi un año de discusiones políticas, el gobierno por fin está presionando para reabrir el debate.
“Estamos convencidos que la propuesta del Presidente de un ‘mando único’ es la solución a la imposible situación que enfrentan muchos municipios”, expresó en enero el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A primera vista, el nuevo modelo parece estar hecho a la medida para abordar la profunda corrosión de las fuerzas policiacas municipales, que han quedado expuestas por la desaparición de los estudiantes, y por el escalofriante secuestro de Liliana y sus colegas a manos de policías locales cuando se encontraban en una misión para investigar la ola de secuestros en una ciudad cercana a la frontera estadounidense.
“A veces, le tenemos más miedo a la policía local que a los cárteles”, dice Liliana.
Cuando el equipo se adentró en el poblado, con ropa de civil y manejando un auto sin insignias policiales, la policía local cómplice del famoso cártel de Los Zetas detuvo el coche y rápidamente identificó a sus ocupantes como agentes federales. Liliana y su equipo intercambiaron cumplidos y se les permitió avanzar. Sin embargo, minutos después al detenerse en una gasolinera, una camioneta color negro se estacionó junto a ellos. Varios hombres encapuchados se bajaron portando AK-47 y AR-15.
“Estábamos armados, pero no había algo que pudiéramos hacer”, explica Liliana. “Fueron muy profesionales, y nos tenían rodeados”.
Posteriormente, los cuatro oficiales fueron llevados al cuartel de la policía municipal donde fueron golpeados e interrogados. “Querían saber qué hacíamos en la ciudad, quién era nuestro jefe, y porqué nos habían enviado”, dijo Liliana. “Habíamos sido advertidos de antemano de que la policía estaba profundamente involucrada con el cártel, así que mentimos y les dijimos que estábamos investigando un caso de pornografía infantil”.
Liliana cree que los policías municipales que se encontraron a la entrada de la ciudad eran “halcones” pagados por los Zetas para advertirles de la llegada de bandas rivales o de agentes federales al pueblo.
Después del interrogatorio, las cuatro víctimas fueron amontonadas en una camioneta y llevadas al campo, afuera de la ciudad. Abandonados en una zona boscosa, sus captores parecieron titubear, alejándose de la escena, para después regresar y abrir fuego. Uno de los agentes federales murió; uno más quedó incapacitado. Liliana y un tercer agente fueron capaces llegar a una carretera cercana y resguardarse.
Durante la actual administración del Presidente Peña Nieto, la Policía Federal ha estado involucrada en varios incidentes de supuestas ejecuciones extrajudiciales de civiles. Foto: Cuartoscuro.
POLICÍAS SIN CONFIANZA
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Víctimas realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 63 por ciento de los mexicanos tienen poca o nula confianza en los miembros de la Policía Municipal, y también el 63 por ciento los considera corruptos. Pero el enfoque reciente sobre los ejemplos de colusión con cárteles de drogas y la Policía Municipal ignora lo grave que pueden ser las cosas en los demás niveles administrativos.
Por algo es claro que el público no ve a las fuerzas estatales o federales como una respuesta a sus problemas. Cerca del 56 por ciento de la población tiene poca o nula confianza es sus fuerzas policiacas estatales. La cifra para la Policía Federal es del 42 por ciento.
“Los problemas se pueden ver en varios grados en los tres niveles de gobierno encargados de impartir la Ley, pero en particular en el nivel municipal”, dice Raúl Benítez, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a VICE News. “En el peor de los casos, vemos cómo los oficiales son reclutados por las organizaciones criminales o participan activamente en crímenes por sí solos”.
La fuerza encargada de mantener la paz en el estado de Veracruz, ubicado en la costa del Golfo de México, es una institución estatal que tampoco está a la altura de las circunstancias.
La semana pasada, expertos forenses independientes identificaron los restos de uno de los cinco jóvenes que desaparecieron luego de ser arrestados por oficiales de la Policía Estatal en una gasolinera en el poblado de Tierra Blanca. El incidente fue captado por cámaras de seguridad, y algunos de los oficiales supuestamente involucrados fueron arrestados después de que el caso comenzara a llamar la atención en los medios. Uno de los oficiales detenidos dijo a los investigadores que las víctimas habían sido llevadas a un rancho y entregadas a los miembros de los cárteles, quienes los asesinaron.
Mientras tanto, las fuerzas federales también han sido acosadas por acusaciones de corrupción institucional y abuso de los derechos humanos, a pesar de numerosos intentos, que datan de la década los 90, para colocar su profesionalismo, probidad, y efectividad por encima de las dudas. Por ejemplo, Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en la presidencia de Felipe Calderón, fue señalado por periodistas por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.
Durante la actual administración del Presidente Peña Nieto, la Policía Federal ha estado involucrada en varios incidentes de supuestas ejecuciones extrajudiciales de civiles, o de individuos armados que se habían rendido. Entre ellos se encuentra el ataque hacia los seguidores de grupos de autodefensas en Apatzingán [Michoacán] en enero de 2015; además de la disputa que dejó a 42 muertos, supuestos miembros de cárteles, cuatro meses después en un poblado cercano llamado Tanhuato en el mismo estado.
Para Elena Azaola, especialista en seguridad pública del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, los problemas dentro de la aplicación de la Ley en México requieren mucho más que un simple cambio de comando.
“México necesita una reforma más fundamental que la actual propuesta”, dijo para VICE News. “La policía necesita profesionalizarse y ser blanco de supervisiones por órganos civiles y legislativos”.
Aunque han existido numerosos programas en años recientes para profesionalizar a la policía e investigar a los oficiales para la integridad personal, el entusiasmo por la idea de una supervisión civil, en la cual los ciudadanos juegan un papel en el desempeño de monitoreo, permanece ampliamente limitada al mundo de las organizaciones no gubernamentales.
“Esto sería algo completamente nuevo para México”, añadió Azaola. “Pero por el momento, a mi parecer, no hay voluntad política, ni suficiente presión de la sociedad civil, para hacerlo realidad”.
No obstante, Azaola y Benítez citan las recientes mejoras en algunas de las fuerzas municipales más grandes del país. La notable disminución de homicidios en el famoso poblado fronterizo de Ciudad Juárez, la ciudad más violenta en el mundo desde hace varios años, ha sido al menos atribuida a la reorganización de la agencia municipal.
Mientras los legisladores debaten los detalles de la reforma, Raúl Benítez cree que el resultado más probable es un modelo mixto en el cual algunos de los estados podrán implementar una estructura única de mando, pero en las ciudades más grandes y municipios tendrán sus propias fuerzas. Aunque también añade que uno de los principales obstáculos para mejorar la implementación de la ley en todos los casos es la tendencia de los políticos para utilizar las fuerzas policiacas primordialmente como un medio para proteger sus intereses políticos.
Liliana, quien continúa trabajando para la Policía Federal en calidad de administrativa, admite su profunda frustración. Cree que muchos oficiales agradecerían una supervisión más estricta si ello significara que pudieran trabajar de forma más segura y servir mejor a la comunidad, pero insiste que es casi imposible que los individuos honestos desempeñen su trabajo dentro de la agencia.
“La gente no se da cuenta que hay muchos policías tratando de realizar su mejor esfuerzo en una mala situación”, dijo, “pero muchos terminan por rendirse y se alejan de las instituciones”.
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HRW recuerda que en ambos casos el Gobierno ha negado el “uso ilegítimo de la fuerza letal” y ha mostrado a las víctimas como agresores de las fuerzas de seguridad.
La ONG señala que uno de los casos donde hay evidencias de ejecuciones extrajudiciales es en Apatzingan. Foto: Especial
Nueva York, 28 oct (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que existen evidencias de dos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Federal mexicana en el estado de Michoacán.
Según informó la ONG en un comunicado, los dos episodios, en los que hubo medio centenar de muertos, se registraron en Apatzingán el 6 de enero pasado y en Tanhuato el 22 de mayo.
La nota señala que en el caso de Apatzingán fueron ocho los civiles que murieron después de que policías federales dispersaran a grupos de autodefensa ciudadana.
Uno de los heridos en ese incidente le dijo a HRW que los policías dispararon a civiles desarmados y dos de ellos recibieron balazos en la cabeza “mientras se encontraban en el suelo intentando resguardarse, y luego colocaron armas junto a sus cuerpos”.
En Tanhuato, 42 civiles y un policía fallecieron cuando fuerzas federales “realizaron una redada en un rancho que supuestamente estaba ocupado por una banda criminal” no identificada por HRW.
De acuerdo con tres testigos de los hechos de Tanhuato entrevistados por un investigador de la organización, después de los disparos iniciales varios policías mataron “a personas que estaban escapando del lugar o estaban bajo custodia policial”.
HRW recuerda que en ambos casos el Gobierno ha negado el “uso ilegítimo de la fuerza letal” y ha mostrado a las víctimas como agresores de las fuerzas de seguridad.
“Sobre la base de la evidencia disponible, pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas”, dice en la nota el director gerente para las Américas de HRW, Daniel Wilkinson.
“Si bien el Gobierno insiste en que la Policía actuó correctamente en ambos casos, los hechos relatados por los testigos claramente sugieren que hubo ejecuciones extrajudiciales”, agregó.
La ONG reporta que ningún policía ha sufrido consecuencias en relación con los incidentes.
“Una y otra vez, el sistema de justicia de México ha demostrado ser incapaz o no querer que miembros de las fuerzas de seguridad respondan por los abusos que cometieron”, señaló Wilkinson.
El relator para México y primer vicepresidente de la CIDH, James Cavallaro, sostuvo que el organismo está preocupado por la situación de “graves violaciones” a los derechos humanos en el país.
Los padres de los 43 y estudiantes recibieron hoy en la normal de Ayotzinapa a la presidenta de la CIDH, Rose Marie Belle Antoine, al primer vicepresidente, James Cavallaro, y al secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rose Marie Belle Antoine, quien visitó hoy la Normal Rural de Ayotzinapa, no descartó la posibilidad de una reunión con los elementos del Ejército mexicano del 27 Batallón de Infantería de Iguala para obtener información de su actuar durante la desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, si es que el organismo tiene la posibilidad de cuestionarlos.
La presidenta del organismo calificó el caso de los 43 normalistas desaparecidos hace más de un año como una “tragedia de derechos humanos”, y aseguró a los padres de los estudiantes que “no los va abandonar en su lucha por justicia”.
Por su parte, el relator para México y primer vicepresidente de la CIDH, James Cavallaro, quien también estuvo presente hoy en la normal de Ayotzinapa, sostuvo que el organismo está preocupado por la situación de “graves violaciones” a los derechos humanos que se han registrado en los últimos tiempos en el país.
Una representación de la CIDH, integrada por la presidenta Rose Marie Belle Antoine, James Cavallaro, y por el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, acudió hoy a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Tixtla, Guerrero, para reunirse con padres de los 43 jóvenes desaparecidos y con estudiantes normalistas.
“La CIDH no los va a abandonar en su lucha por justicia”, prometió la Presidenta del organismo a los padres de familia.
Luego de la reunión en privado que sostuvo hoy en la normal de Ayotzinapa, Belle Antoine dijo a los medios de comunicación que siente mucho pesar por las familias de las víctimas y sostuvo: “estamos aquí para ver la situación de derechos humanos en México y lo que pasó aquí fue una tragedia de derechos humanos”.
“Hay muchas historias muy tristes. La de Ayotzinapa es de las más tristes. Siento pesar por todas las familias”, agregó.
En tanto, al ser cuestionada sobre una posible reunión con miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, la presidenta del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), no descartó esa posibilidad y agregó: “nosotros nos reuniremos, si es que tenemos oportunidad de hacer las preguntas nosotros”.
Por su parte, el comisionado James Cavallaro, sostuvo que “la Comisión está preocupada por la situación porque hay evidentemente violaciones graves, y no solamente de desaparición forzada” sino también en temas como “las ejecuciones extrajudiciales”, “la tortura” o la violencia contra “los periodistas”, dijo a Efe el comisionado Cavallaro.
Apuntó que este viaje “se realiza en un momento crucial para el país”, ya que en los últimos meses “se están registrando varios casos de graves violaciones a los derechos humanos”.
Entre ellas, Cavallaro citó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, en el Estado de México, a manos de militares o el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de policías federales en Tanhuato, Michoacán.
“La preocupación nuestra ha sido constante en los últimos años pero sí es cierto que en el momento actual hay una serie de incidentes muy graves”, insistió el comisionado.
Cavallaro participó hoy en la visita que la delegación de la CIDH hizo a la normal de Ayotzinapa, donde destacó la confianza que los padres de los 43 y los normalistas tienen en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes hace un mes presentaron un informe denunciando graves irregularidades y descartando que los jóvenes fueran quemados en un basurero.
“Nos animó mucho la confianza que tienen ellos en el grupo de expertos. Para nosotros fue muy importante escuchar de su propia voz la confianza que tienen en el grupo y la importancia que ha tenido para ellos tener una esperanza”, explicó a Efe Cavallaro.
La comisión de la CIDH fue recibida hoy en la normal de Ayotzinapa por padres de los 43 y normalistas. Foto: Twitter @CIDH
A través de su cuenta de Twitter, la CIDH informó que los padres de los normalistas desaparecidos pidieron al organismo la permanencia indefinida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), hasta saber la verdad, conocer el paradero de sus hijos y conseguir justicia.
De acuerdo con el diario El Sur, los normalistas guiaron a los representantes de la CIDH por las instalaciones del internado, iniciaron en el monumento a Jorge Alexis Herrera Pino y de Gabriel Echavarría de Jesús, estudiantes asesinados el 12 de diciembre del 2012 durante un el desalojo de la Autopista del Sol.
A las 10:00 de la mañana, los padres y alumnos recibieron con collares de flor de cempasúchil y la banda de guerra a la presidenta de la CIDH, Rose Marie Belle Antoine, el vicepresidente, James L. Cavallaro y el secretario general ejecutivo Emilio Álvarez Icaza.
El encuentro se desarrolló en el auditorio de la escuela a puerta cerrada. A mediodía se reanudó el recorrido por instalaciones de la Normal rural de Ayotzinapa.
El pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empezó ayer una visitas en México, donde se reunirá con distintas autoridades gubernamentales y colectivos civiles para revisar la situación de los derechos humanos en el país.
La delegación, conformada por la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine; el primer vicepresidente, James Cavallaro; el comisionado Felipe González y las comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, entre otros, se entrevistó ayer con la titular de Procuraduría General de la República, Arely Gómez; y con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En el encuentro se trataron diversos temas de derechos humanos, como el caso de la desaparición de 43 estudiantes hace un año en el estado sureño de Guerrero, el asesinato de periodistas, inmigración y desaparición forzada.
Los comisionados de la CIDH se dividieron hoy en cuatro grupos para poder visitar todas los estados de Tabasco, Nuevo León, Coahuila, Veracruz y Guerrero mencionadas entre este martes y miércoles.
En el marco de esta gira, que culminará el viernes con la presentación de un informe preliminar, la CIDH se reunirá con autoridades de los tres Poderes del Estado y representantes de la sociedad civil, órganos autónomos y víctimas.
Sobre su visita a México, el comisionado James Cavallaro recordó que están en México gracias a una invitación del Gobierno de Enrique Peña Nieto y valoró que el Estado haya avanzado en la normativa de derechos humanos con “una reforma constitucional de 2011 y otros avances”.
Sin embargo, matizó, “en términos materiales” no han llegado estos cambios y “no se aplican esas normas”.
“Nuestra función como Comisión es trabajar junto con la sociedad civil, Estado y autoridades buscando mejorar las condiciones” y “la cuestión es cuáles medidas concretas se van a tomar para responder a la situación de violaciones a los derechos humanos”.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
