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“La ‘verdad histórica’ de Ayotzinapa resulta hoy aún más insostenible”, afirma ONU-DH

lunes, agosto 29th, 2022

También ha pedido el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en México, así como la dotación de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes.

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) – La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha reconocido los esfuerzos de México para lograr “el pleno acceso a la verdad y la justicia” en el caso Ayotzinapa, por el que se acusa al anterior Ejecutivo de mentir y encubrir la desaparición de 43 estudiantes en 2014.

Así lo ha anunciado este lunes en un comunicado el organismo, en el que ha resaltado que el informe presentado recientemente por el presidente de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa es una muestra del “más alto nivel” del intento del Ejecutivo de López Obrador por conocer la verdad acerca de lo ocurrido.

“La información hecha pública por el presidente de la comisión es un paso importante para apuntalar el actuar diligente, coordinado y responsable de todas las autoridades del Estado mexicano hacia el objetivo compartido de llegar a la verdad de lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, ha expresado el representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado.

“En línea con los estándares internacionales, es fundamental que en este proceso las autoridades mantengan un diálogo permanente con las familias y las personas defensoras de Derechos Humanos que las acompañan y se garantice el acceso a toda la información generada y la que se pueda obtener en el futuro”, ha añadido.

En este sentido, la ONU-DH ha resaltado la nueva información aportada sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque a los estudiantes, la participación de agentes estatales y no estatales, las omisiones y falta de reacción de las autoridades y las irregularidades de la investigación inicial, “corrobora y amplifica lo que previamente habían comenzado a delinear padres y madres, organizaciones acompañantes y expertos internacionales”.

La ONU-DH ha subrayado la importancia de que ahora sea el Gobierno el que lo ratifique de manera oficial en un informe público.

Asimismo, la organización ha señalado que “es fundamental” que la Fiscalía asegure, en el desarrollo de las nuevas judicializaciones, “una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas, observe el debido proceso y la independencia judicial”.

Por último, ha resaltado la importancia de que la información dada a conocer lleve a las autoridades a adoptar medidas inmediatas “acordes con la gravedad del caso”, entre las que se encuentran, “como mínimo, una depuración inmediata del funcionariado que haya participado activa o pasivamente en los hechos de septiembre del 2014”.

También ha pedido el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en México, así como la dotación de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes.

“Estamos ante un momento crucial para llegar a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa”, ha mencionado Fernández-Maldonado.

“La llamada verdad histórica resulta hoy aún más insostenible. Se debe seguir avanzando hacia el derecho a la verdad, que comprende conocer las circunstancias que permitieron el ataque contra los estudiantes, la secuencia de los hechos, el rol del Estado y los grupos delincuenciales en la confabulación criminal y el destino final de los estudiantes con base en pruebas fehacientes” ha agregado.

Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, estado de Guerrero, desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.

La primera versión oficial (la “verdad histórica”) fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos ahora refutados por una nueva investigación.

ONU registra 850 civiles muertos y mil 400 heridos en Ucrania por invasión de Rusia

sábado, marzo 19th, 2022

Según la organización internacional, más de mil personas que han sido heridas y 545 que han fallecido a causa de la invasión rusa a Ucrania faltan de ser identificadas.

Madrid, 19 de marzo (SinEmbargo).– Casi 850 civiles ucranianos han muerto y mil 400 han resultado heridos como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania desde el principio de la invasión, según el último balance actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), publicado este sábado.

“Desde las 4:00 horas del 24 de febrero, cuando comenzó el ataque armado de la Federación Rusa contra Ucrania, hasta las 0:00 horas del 18 de marzo, el Alto Comisionado ha registrado dos mil 246 bajas civiles en Ucrania: 847 muertos y mil 399 heridos”, según el informe.

Los fallecidos han sido identificados como 155 hombres, 119 mujeres, 21 niños y siete niñas, así como 36 niños y 509 adultos pendientes de identificación. Los heridos han sido identificados como 142 hombres, 107 mujeres, 18 niñas y nueve niños, así como 51 niños y mil 072 adultos pendientes de identificación.

Personas quitan escombros afuera de un centro médico dañado luego de que partes de un misil ruso, derribado por la defensa aérea ucraniana, cayeran en un bloque de apartamentos cercano, según autoridades, en Kiev, Ucrania, el jueves 17 de marzo de 2022. Foto: Vadim Ghirda, AP

Por zonas de control, Naciones Unidas estima 607 muertos y 671 heridos en territorio todavía controlado por el Gobierno ucraniano, a los que hay que sumar 187 muertos y 547 heridos en las zonas bajo su control de las disputadas regiones de Donetsk y Lugansk, en el este del país. En el área bajo control de las milicias de estas autoproclamadas repúblicas, la ONU ha constatado 234 bajas (53 muertos y 181 heridos).

Naciones Unidas apunta que la mayoría de las bajas civiles fueron causadas por el uso de armas explosivas de “amplia área de impacto”, a través de artillería pesada, el uso de plataformas de cohetes, así como ataques aéreos.

La ONU apunta que las cifras reales “son considerablemente más altas, especialmente en el territorio controlado por el Gobierno y especialmente en los últimos días”, debido a que falta información de algunos lugares donde se han producido intensas hostilidades y muchos detalles de las bajas “aún están pendientes de corroboración”.

Personal de servicios de emergencia y voluntarios transportan en camilla a una mujer embarazada herida por los bombardeos rusos en Mariúpol, Ucrania, el 9 de marzo del 2022. El bebé nació muerto y media hora después falleció la madre. Foto: Evgeniy Maloletka, AP.

Naciones Unidas también “toma nota” del informe de la Fiscalía General de Ucrania, según el cual hasta las 8:00 (hora local) del 19 de marzo, 112 niños habían muerto y 140 habían resultado heridos.

La ONU también reconoce la existencia de un informe de la Policía Nacional de la región de Járkov, según el cual a las 18:00 horas (hora local) del 18 de marzo, el número total de víctimas civiles en la región de Járkov era de 263 civiles muertos, entre ellos cuatro niños.

ONU confirma al menos 351 civiles muertos y 707 heridos por invasión rusa a Ucrania

sábado, marzo 5th, 2022

Miles personas han sido afectadas por la invasión de Rusia hacia Ucrania, ya que mientras las muertes ascienden a 351 y los heridos a 707, cientos de familias han tenido que huir a países vecinos.

Madrid, 5 de marzo (Europa Press).– Al menos 351 civiles ucranianos han muerto y 707 han resultado heridos como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania desde que inició, según el último balance actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), publicado este sábado.

“Desde las 04:00 horas de la mañana del 24 de febrero hasta las 00:00 horas del 4 de marzo, el Alto Comisionado ha registrado mil 058 bajas civiles en Ucrania: 351 muertos y 707 heridos”, según el informe.

Los fallecidos han sido identificados como 71 hombres, 41 mujeres, ocho niños y cuatro niñas, así como diez niños y 217 adultos pendientes de identificación. Los heridos han sido identificados como 58 hombres, 40 mujeres, 11 niñas y dos niños, así como 23 niños y 573 adultos pendientes de identificación.

Una mujer huye con su familia a través de un puente destrozado a las afueras de Kiev, Ucrania, el 2 de marzo de 2022. Foto: Emilio Morenatti, AP

Por zonas de control, Naciones Unidas estima 355 bajas en territorio controlado por el Gobierno ucraniano: 63 muertos y 292 heridos. En el área bajo control de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, la ONU ha constatado 116 bajas (23 muertos y 93 heridos).

Naciones Unidas apunta que la mayoría de las bajas civiles fueron causadas por el uso de armas explosivas de “amplia área de impacto”, a través de artillería pesada, el uso de plataformas de cohetes, así como ataques aéreos.

La ONU apunta que las cifras reales “son considerablemente más altas, especialmente en el territorio controlado por el Gobierno y especialmente en los últimos días”, debido a que falta información de algunos lugares donde se han producido intensas hostilidades y muchos detalles de las bajas “aún están pendientes de corroboración”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EUROPA PRESS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

ONU-DH exige investigar asesinatos de los periodistas José Luis y Alfonso Margarito

miércoles, enero 19th, 2022

El organismo expresó sus condolencias a las familias, colegas y amistades de los dos periodistas, y llamó a las autoridades a garantizar la “atención efectiva” a sus familiares.

Ciudad de México, 19 ene (EFE).– La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó este miércoles “enérgicamente” los asesinatos de los periodistas mexicanos Alfonso Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas, y pidió una investigación “exhaustiva”.

La ONU-DH llamó a “garantizar una investigación pronta y exhaustiva que agote la posibilidad de que los crímenes estén vinculados con su actividad periodística“, según detalló el organismo en un comunicado.

Estos crímenes fueron perpetrados en días recientes en Tijuana (estado de Baja California) y en la ciudad de Veracruz (estado de Veracruz).

“Los recientes asesinatos del señor Martínez Esquivel y el señor Gamboa Arenas son un doloroso recordatorio de la alarmante violencia dirigida contra la prensa en México”, señaló el representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado.

Y agregó: “La difamación, las amenazas, las agresiones y los ataques más graves en contra de personas periodistas, como la desaparición y el asesinato, constituyen dramáticas violaciones no sólo en contra de las víctimas directas, sino también contra el derecho a la información”.

DOS REPORTEROS ASESINADOS

Alfonso Margarito Martínez Esquivel era un periodista con una larga trayectoria en la cobertura de notas relacionadas con temas de seguridad y violencia para diversos medios nacionales e internacionales en Tijuana, Baja California.

Fue asesinado afuera de su domicilio en Tijuana el 17 de enero de 2022.

Mientras que el periodista José Luis Gamboa Arenas era director del medio digital Inforegio y en su trabajo también daba difusión a problemas de inseguridad y temas políticos, según la ONU-DH.

Fue asesinado en un supuesto asalto en el Puerto de Veracruz, el 10 de enero de 2022.

INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA

“La ONU-DH alienta a las autoridades a desarrollar una investigación efectiva y exhaustiva de estos graves ataques, considerando todas las líneas de investigación relevantes, incluyendo la hipótesis de un vínculo entre los asesinatos y la labor periodística realizada por las víctimas”, indicó el organismo.

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Además, la ONU-DH pidió que se actúe conforme a los estándares internacionales y el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, adoptado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en octubre de 2018.

“La ONU-DH recuerda que la investigación debe permitir esclarecer no sólo a los autores materiales, sino las razones de los mismos y, en su caso, las personas responsables intelectualmente de estos ataques”, subrayó.

México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo en el mundo. Durante 2021, la ONU-DH documentó al menos ocho asesinatos y dos  desapariciones de periodistas que pudieron derivar o estar relacionados con su actividad periodística y las condiciones en las que la ejercen.

Asimismo, documentó el asesinato de dos guardias de seguridad mientras custodiaban las instalaciones de una entidad de comunicación.

La ONU regaña a México por desaparecidos y lo extiende a las fiscalías estatales

domingo, enero 16th, 2022

El organismo consideró que sólo con la debida y cabal implementación de la Ley General, sumado a otros esfuerzos y acciones tangibles que fortalezcan las estructuras institucionales, normativas y de política pública, es que México estará en capacidad de avanzar hacia la erradicación de la desaparición de personas y la atención de los derechos de las víctimas, una de las problemáticas más complejas y lacerantes que enfrenta el país en materia de derechos humanos.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– Justo cuando se cumplen cuatro años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) denunció que pese a los esfuerzos de algunos actores institucionales, la gravedad del fenómeno de desaparición de personas es persiste y continúa atormentando a miles de familias en México.

En un comunicado, recordó que la Ley General fue impulsada por familiares y colectivos de víctimas con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, por lo que se adoptó con el objetivo de articular una respuesta gubernamental integral y coordinada en las acciones de investigación, búsqueda y reparación a las víctimas.

Sin embargo, aseguró el organismo, cuatro años después, los retos siguen siendo enormes para atender los más de 96 mil casos de personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, así como las más de 52 mil personas cuyos restos permanecen sin identificar en los servicios forenses y panteones públicos.

Asimismo, observó avances en la implementación de algunos aspectos de la Ley General relacionados con una mayor apropiación del tema por parte de ciertas autoridades, la aprobación en el nivel nacional de importantes herramientas para la búsqueda, la expedición de marcos regulatorios en determinadas entidades federativas y la creación de todas las comisiones de búsqueda.

 

“No obstante, aún quedan importantes aspectos rezagados que urge atender”, subrayó la ONU-DH.

Además, externó que ve con preocupación los intentos de desvinculación y falta de colaboración por parte de la mayoría de las fiscalías en la responsabilidad estatal de buscar a las personas desaparecidas.

También llamó la atención del organismo que aún no se hayan creado el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas, y que tampoco se haya emitido el Programa Nacional de Exhumaciones, previstos desde la expedición de la Ley General.

Más adelante, subrayó que tal y como lo afirmó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada al término de su visita a México, la cual se realizó en noviembre de 2021, “la impunidad es casi absoluta”, lo que favorece la reiteración de estos graves delitos.

 

Por ello, la ONU-DH destacó la importancia y aprovechó para hacer “un firme llamado a todas las fiscalías del país a cumplir plenamente con todas las obligaciones de su competencia establecidas en la Ley General”.

A su vez, señaló que la mayoría de entidades federativas aún carecen de una política pública en materia de desaparición de personas y que incluso algunas no han armonizado sus marcos legislativos con los contenidos de la Ley General ni han dotado a sus comisiones estatales de búsqueda de los recursos mínimos indispensables para cumplir con su importante labor.

“Estas omisiones, incumplimientos y retrasos de los actores estatales repercuten negativamente en los derechos de las víctimas, en quienes sigue recayendo indebidamente, en ocasiones a costa de grandes riesgos, la carga de buscar a sus familiares e incidir en el aparato de procuración de justicia para que cumpla con identificar y sancionar a los responsables”, advirtió.

Finalmente, la ONU-DH reiteró su disposición de seguir brindando asesoría y cooperación técnica a las autoridades, así como de continuar acompañando a las víctimas en la implementación efectiva de los contenidos de la Ley General, la cual “constituye una loable conquista de las familias en su legítima aspiración por poner fin a la desaparición de personas en México, encontrar a sus familiares, que la justicia sancione a los responsables, obtener una reparación integral, mantener viva la memoria y garantizar la no repetición de estos graves crímenes”.

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México tiene más de 95 mil desaparecidos, según datos gubernamentales. Más de 93 mil de esas desapariciones ocurrieron desde 2006, cuando el Gobierno inició su guerra contra el crimen organizado. Se cree que la mayoría han sido asesinados por cárteles del narcotráfico, y que sus cuerpos han sido arrojados en tumbas poco profundas, quemados o disueltos en ácido.

El Gobierno ha tenido problemas hasta para identificar los cuerpos que se han hallado. Alrededor de 52 mil esperan identificación.

Cuando el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas visitó México recientemente, concluyó que el problema es una impunidad “casi absoluta, estructural” en lo que respecta a las desapariciones. El Comité dijo que las acciones de México para generar seguridad “no sólo son insuficientes, sino también inadecuadas”.

–Con información de AP

ONU pide aclarar si se atacó a Canal 44; la CNDH solicita medidas cautelares

viernes, diciembre 31st, 2021

La ONU-DH pidió a las autoridades mexicanas que adopten las medidas necesarias para contribuir a la seguridad de periodistas, medios de comunicación y de todas las personas que contribuyen a la actividad de los mismos.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a la autoridades mexicanas investigar si el asesinato de dos guardias de seguridad que resguardaban las instalaciones de Canal 44, en el Cerro del Cuatro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tuvo relación con la labor periodística del medio. Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó implementar medidas cautelares para que la agresión no quede impune.

“Ante este grave hecho, la ONU-DH llama a las autoridades a investigar con pleno apego a los estándares de debida diligencia, al fin de identificar y sancionar a los responsables de este ataque. Asimismo insta a las autoridades a agotar todas las líneas de investigación, incluso la hipótesis de una posible vinculación del ataque con la labor periodística realizada por el Canal 44 y los otros medios”, expuso el organismo en un comunicado.

Por su parte, la CNDH explicó que las medidas cautelares que solicitó están dirigidas al comandante de la Guardia Nacional, al Gobernador de Jalisco, así como al Fiscal, al Secretario de Seguridad estatal y al Consejal del Presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque.

“(Las medidas) buscan salvaguardar la vid, seguridad física e integridad emocional del personal que labora en la estación y la del periodista Gabriel Torres Espinoza –director de Canal 44–, además de que contribuyen a proteger de otro posible ataque el inmueble del Canal 44 y Radio UdeG”, mencionó el organismo en un comunicado.

La ONU-DH recordó que la declaración conjunta sobre delitos contra la libertad de expresión de los relatores expertos en materia de libertad de expresión de la ONU, la OSCE, la OEA y la CADHP de 2012 señalan: “Cuando existan evidencias de que un delito consumado pueda ser un delito contra la libertad de expresión, la investigación debería avanzar dando por supuesto que se trata de un delito de tal naturaleza hasta tanto se demuestre lo contrario, y deberían agotarse todas las vías de investigación relevantes vinculadas con los actos de expresión de las víctimas”.

También, pidió a las autoridades mexicanas que adopten las medidas necesarias para contribuir a la seguridad de periodistas, medios de comunicación y de todas las personas que contribuyen a la actividad de los mismos.

“En ese sentido la ONU-DH saluda la información hecha pública en relación con la comunicación mantenida por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de SEGOB con el medio de comunicación y anima a la pronta implementación de medidas efectivas de protección”, agregó.

La ONU-DH expresó sus condolencias a las familias, colegas y amistades de las dos víctimas y llamó a las autoridades a garantizar la atención efectiva a sus familiares.

CIDH y ONU-DH muestran preocupación por nuevos hallazgos sobre espionaje con Pegasus

viernes, agosto 6th, 2021

A través de un comunicado, los organismos pidieron que se garantice la adopción de las medidas necesarias “para respetar, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos, la participación pública y las garantías a la oposición política”.

Ciudad de México 6 ago (EFE).– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestaron este viernes su preocupación ante los nuevos hallazgos sobre la utilización del software Pegasus para espionaje.

“El uso de softwares de vigilancia ha estado vinculado al arresto, intimidación e incluso al asesinato de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, lo cual es sumamente preocupante”, señalaron los organismos en un comunicado de prensa conjunto.

El pasado 18 de julio una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50 mil teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15 mil casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo; así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Ante esto, la CIDH y la ONU-DH señalaron que es “imperativo” que los Estados limiten el uso de cualquier tipo de tecnología que pueda tener injerencia en las comunicaciones privadas.

Indicaron que este uso debe estar delimitado en forma clara y precisa en la ley, ser excepcional y operar en función de lo estrictamente necesario; aunado a que debe contar con autorización judicial previa y una supervisión constante de los organismos estatales pertinentes.

Asimismo, dijeron que la información recientemente publicada sobre el espionaje de Pegasus se suma a las denuncias que al menos desde 2017 vienen realizando organizaciones, personas defensoras y periodistas, respecto al uso de ésta y otras herramientas de espionaje en México y otros países de la región.

Los organismos hicieron un llamado al Gobierno mexicano a que la investigación que se realiza sobre este tema sea “completa, efectiva e imparcial” y derive en la sanción efectiva a quienes resulten responsables.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió que los gobiernos de países democráticos emprendan acciones judiciales por el espionaje a periodistas a través del programa Pegasus.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió que los gobiernos de países democráticos emprendan acciones judiciales por el espionaje a periodistas a través del programa Pegasus. Foto: Ritchie B. Tongo, EFE

Del mismo modo, exigieron que la investigación incluya la identificación plena de las víctimas de espionaje o intento de espionaje, así como la posibilidad de informarlas de ello.

Subrayaron la importancia de la labor de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos y extendieron su reconocimiento y apoyo a quienes “valientemente” han documentado y difundido información sobre este caso, así como a quienes fueron víctimas del espionaje.

Destacaron el deber de las compañías privadas de adecuar su actuación a derechos humanos, y las obligaciones de los Estados de debida diligencia, transparencia y rendición de cuentas, especialmente en términos de contratación y supervisión de los servicios prestados por actores privados.

Finalmente llamaron a la “moratoria inmediata” sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia “hasta que se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos”.

La ONU-DH exige reparar el daño a las víctimas del derrame de Grupo México en Sonora

viernes, agosto 6th, 2021

Según un reciente boletín de la ONG Poder, a pesar del desastre ambiental, Grupo México ha argumentado que ya cumplió con el resarcimiento de los daños a las víctimas por el derrame, mientras los damnificados piden al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tome medidas al respecto.

Ciudad de México, 6 ago (EFE).– La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México reiteró este viernes su llamado a la reparación integral de las víctimas y la recuperación del medio ambiente tras el fatídico derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014.

Por el séptimo aniversario del accidente, el organismo emitió un comunicado en el que pidió fortalecer los procesos de reparación integral para las víctimas y el emprendimiento de acciones concretas para la recuperación del medio ambiente.

El 6 de agosto de 2014, la falla en una válvula de una mina de Grupo México generó el derrame de 40 mil metros cúbicos de una solución cargada de cobre y otros metales procesados con ácido sulfúrico que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi, dejando sin agua para consumo humano y actividades productivas a más de 22 mil habitantes de siete municipios.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DH México, recordó que ante la llegada de una nueva administración en el norteño estado de Sonora “la responsabilidad del Estado, a nivel estatal y federal, incluye asegurar medidas transparentes, participativas y accesibles para todas las comunidades afectadas, en línea con los estándares internacionales en la materia”.

Asimismo, expresó que la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos “no depende de la capacidad o la voluntad del Estado” y señaló que ellas también están obligadas a observar “una debida diligencia en sus procesos y remediar sus errores”.

Reiteró que es fundamental lograr una reparación adecuada y asegurar la no repetición “para garantizar efectivamente los derechos a las víctimas.”

El año pasado, el Gobierno mexicano reconoció oficialmente que “pozos que abastecen de agua a miles de personas contienen metales en cantidades peligrosas para la salud” y estableció un plazo para tener un “diagnóstico ambiental”, el cual concluye el próximo 4 de octubre.

ONU-DH condena asesinatos de los periodistas Ricardo Domínguez y Abraham Mendoza

martes, julio 27th, 2021

De diciembre de 2018 a la fecha han asesinado a 43 periodistas, así lo revelaron cifras del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Ciudad de México, 27 jul (EFE).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó este martes los asesinatos, la semana pasada, de los periodistas mexicanos Ricardo Domínguez, en el estado de Sonora, y Abraham Mendoza, en el estado de Michoacán.

“La ONU-DH expresa su preocupación por la continuidad de la violencia en contra de los periodistas en México y su impacto para quienes ejercen la libertad de expresión y para el derecho de toda la sociedad a acceder a la información”, expresó la organización en un comunicado.

Domínguez López fue acribillado el 22 de julio en un estacionamiento del municipio de Guaymas, justo el día en el que cumplía 47 años.

Era propietario y director del portal InfoGuaymas, y también ejercía de corresponsal de Televisa en Sonora.

En marzo pasado, denunció haber recibido amenazas, tras la desaparición de Pablo Romero Chávez, otro trabajador de prensa de ese municipio.

Abraham Mendoza, por su parte, fue asesinado a balazos el 19 de julio tras salir de un gimnasio en la ciudad de Morelia.

Mendoza trabajaba en diferentes medios de comunicación locales y desde 2013 se desempeñaba como presentador titular en la Revista Informativa VocesRadio. También era locutor de radio de la estación EXA Morelia.

ONU-DH instó a las autoridades pertinentes a investigar “pronta y exhaustivamente” ambos casos y la posible vinculación de los homicidios con su labor periodística.

Además, indicaron, las investigaciones deben esclarecer los hechos en su totalidad, determinar de los autores materiales e intelectuales y “de acuerdo con los más altos estándares de debida diligencia”.

“La ONU-DH reitera su disposición para cooperar técnicamente con las autoridades correspondientes y expresa sus condolencias y solidaridad con la familia, colegas y amistades de Ricardo López Domínguez y Abraham Mendoza Mendoza”, terminó el comunicado.

Recientemente la Secretaría de Gobernación afirmó que, según cifras del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde diciembre de 2018 a la fecha han sido asesinados 43 periodistas.

Según la organización Artículo 19, al menos 139 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000 por sus tareas informativas.

ONU-DH condena el asesinato del defensor indígena Simón Pedro Pérez; pide investigar

miércoles, julio 7th, 2021

El representante de la ONU-DH en México manifestó a través del escrito que es “preocupante” que hayan asesinado al activista días después de que denunciara ante las autoridades los riesgos que enfrentan los pobladores de los Altos de Chiapas.

Ciudad de México, 7 jul (EFE).- La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó este miércoles el reciente asesinato del defensor de derechos humanos e indígena Simón Pedro Pérez López en el sureste de México.

“ONU-DH condena el asesinato del defensor de derechos humanos e indígena Simón Pedro Pérez López y llama a las autoridades a investigar el caso de manera exhaustiva tomando en cuenta todas las líneas de investigación, incluyendo la posible vinculación con su trabajo de defensa e incorporando la perspectiva multicultural”, expresó el organismo en un comunicado.

En este sentido, consideraron que el suceso es “otra trágica evidencia” de cómo la violencia coarta la labor de los defensores de derechos humanos en el país latinoamericano.

Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, manifestó a través del escrito que es “preocupante” que hayan asesinado al activista días después de que denunciara ante las autoridades los riesgos que enfrentan los pobladores de la región de los Altos de Chiapas.

Esta inseguridad y violencia se debe, dijo, a la actividad de grupos criminales y a las denuncias hechas por la sociedad civil al respecto.

“La falta de atención por parte de las autoridades a denuncias de esta gravedad no sólo incumple con el deber de protección estatal sino que sitúa en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades indígenas que se atreven a alzar la voz en este contexto de inseguridad”, señaló.

El pasado lunes, Simón Pedro Pérez López y su hijo realizaban sus compras en el municipio de Simojovel, cuando un hombre en una motocicleta en movimiento, según testigos, disparó de manera directa.

Pérez López era defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas de la zona Altos de Chiapas y además participaba en la Parroquia de Santa Catarina del municipio de Pantelhó, donde era catequista.

Fernández-Maldonado insistió en la urgencia de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes de manera transparente y tomando en cuenta “el enfoque multicultural”.

El activista también fue integrante de la organización Las Abejas de Acteal, grupo indígena, cristiano, pacifista y anti neoliberal, que en 1997, sufrió un ataque por parte de un centenar de presuntos militares que mataron a 45 tzotziles (grupo emparentado con los tzeltales).

Tras el homicidio, el párroco Marcelo Pérez acusó a un grupo al que llamó “sicarios de Pantelho”, quienes dijo asesinaron a Simón Pedro (…) y dijo que el hombre “era una de las tantas víctimas de la violencia estructural en Pantelho”.

Según la organización Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) en los dos primeros años del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder en el 1 de diciembre de 2018, alrededor de 45 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en México.

La ONU presiona a Guanajuato: pide esclarezca crimen de buscador

miércoles, junio 9th, 2021

La ONU-DH se unió al repudio ante el asesinato de Javier Barajas Piña, víctima e integrante de la Comisión de Búsqueda en Guanajuato, quien habría iniciado su lucha en el colectivo luego de la desaparición de su hermana Guadalupe en febrero de 2020.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- A diez días del asesinato de Francisco Javier Barajas Piña, buscador de personas desaparecidas en Guanajuato, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se unió al repudio de las comisiones de búsqueda y exigió a las autoridades estatales esclarecer el crimen para dar con los responsables.

“El asesinato del Sr. Barajas Piña es particularmente grave en la medida que podría estar vinculado con sus actividades de búsqueda en la entidad. De esta forma, además de ser un suceso trágico para su familia, buscaría tener un efecto intimidatorio sobre las autoridades y los colectivos de personas desaparecidas que realizan actividades de búsqueda en Guanajuato”, declaró Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México.

“En este contexto, es de vital importancia que el Poder Ejecutivo adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las labores de búsqueda de la Comisión no se vean afectadas por este indignante hecho,” añadió.

Javier, de 27 años, era integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y fue asesinado a tiros en Salvatierra, Guanajuato. Su cuerpo fue hallado con heridas de arma de fuego en la calle de Abasolo de la zona centro; el crimen se cometió el sábado 29 de mayo alrededor de las 23:30 horas.

Los reportes ciudadanos alertaron a las autoridades por el impacto de varias detonaciones por arma de fuego. Y cuando los elementos de seguridad y la Cruz Roja llegaron al lugar de los hechos, encontraron a Javier Barajas tirado en la banqueta con al menos 15 disparos en el cuerpo.

Él se integró al colectivo de búsqueda de personas desaparecidas por la desaparición de su hermana Guadalupe Barajas Piña, de quien no se sabía nada desde el desde el 29 de febrero de 2020, hasta que sus restos fueron encontrados en una fosa clandestina en el mismo municipio.

Durante los últimos meses, el trabajo de Javier, primero como hermano de Guadalupe y posteriormente como funcionario de la Comisión Estatal de Guanajuato, estuvo dirigido para la búsqueda de la verdad y justicia para las personas desaparecidas y sus familias en su estado.

La ONU-DH señaló que este homicidio, así como otras amenazas y agresiones contra personal de estos colectivos “debe llevar a una reflexión sobre las condiciones en las que se realizan las búsquedas y a la adopción de las medidas de protección que sean necesarias por las autoridades estatales y federales, con el fin de que la impostergable búsqueda de las personas desaparecidas pueda realizarse en condiciones seguras”.

Finalmente, el Alto Comisionado reiteró su disposición de asistir técnicamente a las autoridades correspondientes, así como su solidaridad con los familiares y amigos de la víctima.

Normalistas presas en Chiapas no deben sufrir abuso sexual: ONU

domingo, mayo 23rd, 2021

Las protestas se desencadenaron en rechazo a la decisión de las autoridades educativas de establecer que el examen de admisión a la escuela normal rural fuera exclusivamente por internet. La policía de Chiapas detuvo a 97 manifestantes.

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigió a las autoridades del estado de Chiapas garantizar que las mujeres detenidas durante las protestas de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” estén protegidas contra cualquier acto de violencia sexual o de género.

“Es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”, afirmó Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.

La ONU-DH calificó como preocupante las denuncias de mujeres que acusaron haber sufrido abuso sexual por parte de policías de Chiapas, por ello pidió no ignorar los señalamientos e investigarlos.

Estudiantes marchan en la Ciudad de México para exigir la liberación de alumnos de la Normal Rural de Mactumactzá. Foto: Galo Gañas, Cuartoscuro.

“La información que hemos recibido es preocupante y es fundamental que las alegaciones por abuso no sean ignoradas, sino tomadas con toda la seriedad e investigadas de forma diligente”, agregó Fernández Maldonado.

En este sentido, recalcó que es “especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”.

De acuerdo con la información disponible, el pasado 18 de mayo, 97 personas fueron detenidas durante protestas de normalistas de Mactumactzá en la caseta cobro de la Autopista Tuxtla-San Cristóbal de las Casas.

Del total de detenidos, 93 eran integrantes de la escuela, 72 mujeres y 21 hombres, y cuatro personas de la comunidad de Chenalhó.

Luego de la detención, 94 personas fueron puestas a disposición de un Juez, quien declaró legal la detención.

Sin embargo, durante la detención, las personas denunciaron haber sufrido malos tratos, violencia sexual, abusos de poder y uso excesivo de la fuerza.

Además, habrían contado con dificultades apara tener un representante legal durante su detención.

Por ello, la ON-DH llamó a garantizar el debido proceso a todas las personas detenidas incluye el absoluto respeto a los principios de presunción de inocencia, la individualización de las conductas que puedan ser calificadas como violatorias de la ley y el acceso al derecho a la defensa.

Estudiantes exigen la liberación y respeto a los derechos humanos de normalistas de Mactumactzá detenidos el pasado18 de mayo. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

También pidió que las investigaciones de los posibles actos de abuso “deberán ser diligentes e imparciales, desde lo ocurrido en el momento de su detención y durante todo el tiempo que las personas detenidas permanezcan bajo el control de las instituciones del estado”.

Las protestas se desencadenaron en rechazo a la decisión de las autoridades educativas de establecer que el examen de admisión a la escuela normal rural fuese exclusivamente por internet, como parte de las medidas para contener los contagios de COVID-19, con lo cual se corre el riesgo de negar su acceso a la educación a personas que no tengan acceso a computadoras, internet o electricidad.

La ONU pide que México aclare la desaparición de dos activistas

jueves, mayo 13th, 2021

El organismo llamó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para garantizar una búsqueda pronta y efectiva de las dos defensoras conforme a los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y a los demás estándares relevantes en la materia.

Ciudad de México, 13 may (EFE).– La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó este jueves las desapariciones de las defensoras de derechos humanos mexicanas Claudia Uruchurtu Cruz y Grisell Pérez Rivera.

“La ONU-DH llama a las autoridades a realizar una investigación urgente e integral de los hechos y a lograr la búsqueda y localización de las dos defensoras de derechos humanos, desaparecidas desde hace más de 40 días”, dijo en un comunicado Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México.

Grisell Pérez, abogada de 38 años y defensora de los derechos humanos, fue reportada como desaparecida desde el pasado 26 de marzo en Tlalmanalco, en el central Estado de México.

Pérez desapareció luego de haber hecho un plantón ante el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que se reuniera con las familias de víctimas de feminicidio y apoyara los refugios para mujeres.

Mientras que también el 26 de marzo, la luchadora social Claudia Uruchurtu Cruz fue privada de su libertad cerca de la plaza central del Palacio Municipal de Asunción Nochixtlán, en el sureño estado de Oaxaca.

Uruchurtu había denunciado supuestos actos de extorsión y abuso de poder por parte de las autoridades municipales de Nochixtlán.

La ONU-DH destacó que en México las defensoras de derechos humanos enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos ciertos servidores públicos, lo que además se ve agravado por la discriminación “estructural por motivos de género”.

Por ello, dijo, es “esencial” que en la búsqueda de ambas activistas y en la investigación de su desaparición se incorpore la perspectiva de género.

Fernández-Maldonado indicó que la impunidad en los crímenes contra defensores de los derechos humanos “es una de las causas que más agravan la vulnerabilidad que enfrentan en México”.

Ante dicha situación, apuntó, es necesaria una investigación efectiva y de acuerdo a los estándares de debida diligencia, que logre que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia por estos hechos.

“Es el más claro mensaje de que estos terribles actos no serán tolerados”, añadió.

Del mismo modo, alentó a que haya una investigación “pronta y exhaustiva” de ambas desapariciones y que se comprendan todas las posibles líneas de investigación, incluyendo la relacionada a su activismo.

México afronta una crisis histórica de desapariciones con un registro de 87 mil 820 personas no localizadas desde 1964.

Según el informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19”, presentado a inicios de febrero por varias ONG, 24 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el país durante el año 2020.

“No es un San Fernando”, revira Segob a la ONU sobre el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas

miércoles, enero 27th, 2021

El pasado 23 de enero, autoridades mexicanas localizaron 19 cuerpos calcinados en varias camionetas ubicadas en los límites de los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Hasta el momento se conoce que las muertes fueron a causa de proyectiles de arma de fuego y que después se incendiaron los vehículos.

México, 27 ene (EFE).- El Gobierno de México aseguró este miércoles que no habrá impunidad en el caso de los 19 cuerpos calcinados hallados en el estado mexicano de Tamaulipas, por lo que “por ningún motivo” es igual a la masacre de 72 migrantes ocurrida en 2010 en la misma región.

“Por ningún motivo es lo mismo que lo que sucedió en San Fernando“, aseguró la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Esto en respuesta a lo señalado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que comparó lo ocurrido el fin de semana en Tamaulipas con la masacre en la localidad de San Fernando del 2010.

La funcionaria señaló que, a diferencia de lo ocurrido en 2010, ahora “todos los días, a partir de que sucedió este evento”, han “estado en el Gabinete de Seguridad viendo los avances sobre esta situación”, dijo.

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Sánchez Cordero indicó también que se han dado avances en la investigación. “Te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzado y se ha avanzado muchísimo, tenemos mucha información”, puntualizó.

Sin embargo, dijo que no podía dar más detalles ya que este tipo de investigaciones deben darse “en la mayor de las secrecías”. “Desde luego no va a haber impunidad” en el caso, reiteró.

El pasado fin de semana aparecieron 19 cuerpos calcinados – 16 hombres, una mujer y dos por determinar- en varios vehículos en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, en la fronteriza Reynosa, Tamaulipas.

Por el momento no se conoce la identidad de las víctimas, aunque varios testimonios apuntan a que son migrantes centroamericanos víctimas del tráfico de personas, mientras que otros reportes indican un choque entre dos bandas criminales.

Tras los hechos, el representante de la ONU-DH México, Guillermo Fernández-Maldonado, expresó la preocupación del organismo por lo ocurrido el fin de semana y recalcó que “estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”, alertó.

En agosto de 2010 ocurrió uno de los sucesos más escabrosos de la historia reciente de México con el asesinato de 58 hombres y 14 mujeres de diversas nacionalidades en el municipio de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas.

Dos años después, en mayo de 2012, aparecieron otros 49 cuerpos en Cadereyta, en el norteño estado de Nuevo León.

“Es un ataque a la sociedad”: La ONU-DH condena el asesinato del periodista Jaime Daniel Castaño

miércoles, diciembre 16th, 2020

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un comunicado en el que condenó el asesinato del fotoperiodista, Jaime Daniel Castaño, la semana pasada en Jerez, Zacatecas.

Ciudad de México, 16 de diciembre (EFE).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó este miércoles el asesinato a balazos del periodista mexicano Jaime Daniel Castaño, perpetrado la semana pasada en el municipio de Jerez, en el norteño estado de Zacatecas.

“El asesinato del señor Castaño es una tragedia para su familia, a quien expresamos nuestra solidaridad, pero también es un ataque a la sociedad mexicana en su conjunto”, señaló el representante de la ONU-DH en México, Guillermo Fernández, en un comunicado del organismo.

De acuerdo con la ONU-DH, Castaño, quien contaba con 20 años de experiencia en el periodismo, trabajaba para el municipio de Jerez y colaboraba en un medio de comunicación local, fue asesinado a balazos el pasado 9 de diciembre tras cubrir un asesinato.

“El señor Castaño fue seguido por hombres armados, tras alejarse del lugar donde fueron hallados los cuerpos de dos hombres asesinados en el contexto de violencia que en los últimos días ha afectado la zona. Los hombres interceptaron al señor Castaño y le dispararon causándole la muerte en el lugar”, detalló el organismo.

El representante de la ONU-DH lamentó que para los periodistas mexicanos “realizar la cobertura informativa de hechos graves y relevantes” supone “un riesgo para su vida”.

“La extrema vulnerabilidad en que se hallan los periodistas que trabajan en zonas con elevados niveles de violencia no solo pone en riesgo su integridad y su vida, sino que reduce cada día la información a la que tiene derecho la sociedad”, añadió.

El organismo de las Naciones Unidas arremetió contra “la impunidad en la que se encuentran muchos crímenes contra periodistas” y exigió “que los esfuerzos para atender la violencia contra periodistas sean más integrales y fortalezcan las medidas para prevenir la violencia”.

Según el Gobierno mexicano, 2020 es el año más mortífero para periodistas en la última década con 20 asesinatos.

La ONU-DH acredita que al menos seis de estos asesinatos están relacionados con la profesión periodística de las víctimas.

De acuerdo con el registro de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en 2019 México fue el país con más periodistas asesinados (10) junto con Siria (10) y por delante de Pakistán (4) y Afganistán (3).

México batió sus récords con más de 34.000 homicidios dolosos en 2019 en medio de una ola de violencia protagonizada por los enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico y las autoridades.

El ataque armado a mujeres en Cancún genera indignación en México y el extranjero. Exigen castigo

martes, noviembre 10th, 2020

Una protesta por los feminicidios en Cancún, sureste de México, terminó este lunes cuando la Policía Municipal reprimió a los manifestantes con disparos dejando como saldo tres personas heridas, entre ellos dos reporteros, ambos por disparos de arma de fuego.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Colectivos, políticos, autoridades y hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron que policías municipales de Cancún, Quintana Roo, dispararan contra integrantes de colectivos feministas que se manifestaban por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado.

La ONU-Derechos Humanos señaló que “las autoridades deben respetar proteger y promover el derecho a la manifestación. No debe hacerse uso de armas letales en protestas pacíficas. La policía debe regirse por principios de #UsoDeLaFuerza, que incluyen la necesidad, proporcionalidad, prevención y rendición de cuentas”.

“Es esencial investigar el operativo, dado que las autoridades civiles dieron a conocer que habían girado instrucciones explícitas de no agresiones y no usar armas en la marcha de hoy, indicó en un comunicado a medianoche. Las agresiones contra periodistas, cuya labor resulta esencial para una sociedad libre, democrática y plural deben también ser investigadas. Resulta muy preocupante el elevado número de periodistas lesionados durante estos hechos”, agregó.

La ONU-DH también rechazó los actos policiales contra personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que monitoreaba la actuación de las autoridades, y cuya función resulta esencial para garantizar los derechos humanos.

La protesta llegó al ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, donde la policía previamente clausuró la entrada con vallas metálicas y posteriormente comenzaron las detonaciones de armas de fuego, esto luego de que colectivos de mujeres entraran a las instalaciones para exigir justicia por los feminicidios del pasado fin de semana.

A través de redes, las manifestantes que acudieron a la marcha denunciaron que las balas fueron detonadas por policías y eran de verdad, no de goma.

Colectivos, políticos, autoridades y hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron que policías municipales de Cancún, Quintana Roo, dispararan contra integrantes de colectivos feministas que se manifestaban por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado. Foto: Cuartoscuro.

El colectivo Mujeres en Plural condenó “que la violencia misógina haya alcanzado la tarea valiosa que realizan las reporteras, quienes fueron atacadas con armas de fuego”.

“Exigimos al Gobierno estatal y local que garanticen una investigación autónoma y expedita contra los que dieron la orden de usar armas de fuego”, compartió en un comunicado.

La Red de Periodistas de Quintana Roo informó que habrían sido cuatro los comunicadores que resultaron lesionados durante la manifestación.

El colectivo Las brujas del mar aseguró que los hechos muestran que las autoridades mexicanas “tienen una guerra declarada contra las mujeres”.

El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo en un mensaje en Twitter que reprobaba los actos de violencia. “Repruebo totalmente la intimidación y agresión contra las y los manifestantes. Di instrucciones precisas de no agresiones y no armas en las marchas que se darían el día de hoy”, apuntó.

El funcionario adelantó que investigará “al irresponsable que dio instrucciones diferentes a éstas y ha provocado toda esta situación complicada para la sociedad de Quintana Roo. Actuaré con firmeza para que se aplique la ley a quien cometió esta agresión”.

En el mismo sentido fue el mensaje de alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, quien apuntó que reprobaba todo acto de violencia.

“En mi carácter de presidenta municipal jamás ordenaré ningún tipo de represión en contra de la ciudadanía. He dado instrucciones precisas para que se realicen las investigaciones correspondientes”, apuntó.

En tanto, Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, apuntó en Twitter que “lo acontecido en Palacio Municipal es en todos sentidos inaceptable”, dijo

“Estoy ordenando una investigación interna y poniendo a disposición de la Fiscalía del estado toda la información para que haga lo propio”, agregó.

El director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló en redes sociales que los “policías locales reprimieron una protesta con armas de fuego e intentaron arrebatar teléfonos y cámaras a periodistas presentes”.

Además de que dos periodistas fueron heridos de bala por lo que “las autoridades deben investigar y castigar a los responsables”.

El pasado fin de semana, dos feminicidios ocurrieron en Cancún en menos de 24 horas y los cuerpos de las mujeres fueron hallados el sábado y el domingo por la noche.

Este lunes la Fiscalía de Quintana Roo confirmó el hallazgo en Cancún del cadáver de la joven de 20 años Alexis, cuyo nombre original era Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado y sobre quien había una alerta de desaparición desde el pasado 7 de noviembre.

De acuerdo a los datos de la Fiscalía, el cuerpo, que fue identificado posteriormente por sus familiares, fue encontrado “con claras huellas de violencia”.

Fue tras el anuncio del hallazgo que se convocaron acciones para denunciar la falta de efectividad de las autoridades y el hartazgo ante los feminicidios y la violencia de género, en un país donde cada día son asesinadas, en promedio, diez mujeres.

Según la Fiscalía de Quintana Roo en lo que va del año se han registrado una docena de feminicidios en la entidad.

México registró el año pasado 34.608 homicidios dolosos y 1.012 feminicidios, los datos más elevados desde que hay registros.

-Con información de EFE.