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Doce gobernadores han pagado millones a Meta para promoverse en Facebook e Instagram

domingo, agosto 21st, 2022

Para la organización Artículo 19, los gobiernos estatales mantienen un despilfarro en publicidad oficial, con opacidad y discrecionalidad, por eso es necesario que el Congreso de la Unión regule en esta materia.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– Al menos 12 de los 32 mandatarios estatales mexicanos han pagado millones de pesos a Meta para promover su imagen en Facebook e Instagram en los primeros siete meses del año, de acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de Facebook Business.

Los gobernadores que más han gastado en promover su imagen son el emecista Samuel García Sepúlveda (Nuevo León) y el panista Mauricio Vila Dosal (Yucatán). Le siguen Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas); Ricardo Gallardo Cardona (San Luis Potosí); Marina del Pilar Ávila Olmeda (Baja California); Cuitláhuac García Jiménez (Veracruz); Mauricio Kuri González (Querétaro); Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morelos); Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes); Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán); David Monreal Ávila (Zacatecas) y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato).

Para la organización Artículo 19, los gobiernos estatales mantienen un despilfarro en publicidad oficial, con opacidad y discrecionalidad, por eso es necesario que el Congreso de la Unión regule en esta materia.

“Ningún gobierno de ningún partido se salva, todos se han beneficiado de este modelo de comunicación social completamente opaco”, aseguró Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de la organización Artículo 19.

La siguiente gráfica muestra la cantidad que cada uno de estos doce gobernadores ha pagado en anuncios de Facebook e Instagram de enero a julio de este año.

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Quien encabeza la lista de los gobernadores que más gastaron en publicidad de redes en los primeros siete meses del año es Samuel García: pagó un millón 726 mil 187 pesos, más otro cargo por 37 mil 356 dólares para difundir mensajes en Facebook e Instagram.

El anuncio por el que el Gobernador de Nuevo León ha pagado en varias ocasiones es el identificado como “El nuevo Nuevo León”, pero también ha gastado en mensajes promocionando su gira a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y denunciando al anterior Gobierno, el de Jaime Rodríguez Calderón, por la falta de agua y la inseguridad en el estado.

Las siguientes tablas muestra los anuncios con los que el Gobernador de Nuevo León se promociona en Facebook e Instagram, el alcance que han tenido esas publicaciones y el monto pagado en pesos y dólares.

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Mauricio Vila es el segundo Gobernador que más ha gastado en promover su imagen con un total de un millón 167 mil 506 pesos en anuncios pagados de Facebook e Instagram de enero a julio, como se observa en la siguiente tabla. El costo de los mensajes van desde los 100 hasta los cinco mil pesos y su periodicidad en redes dura de un día hasta un mes.

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Otro de los gobernadores que ha gastado en publicidad de redes es Francisco Javier García Cabeza de Vaca: ha pagado 603 mil 689 pesos de enero a julio por anuncios en Facebook e Instagram. El costo de cada uno de estos mensajes va desde los 599 pesos hasta los 70 mil.

En la lista le sigue Ricardo Gallardo Cardona, quien ha pagado 342 mil 791 pesos por promover su imagen al frente de San Luis Potosí. El costo por cada anuncio va de los 100 hasta los 15 mil pesos.

Un anuncio en Facebook pagado por el Gobierno de Tamaulipas. Foto: Facebook Francisco Cabeza de Vaca.

Un anuncio pagado del Gobernador de San Luis Potosí. Foto: Facebook Ricardo Gallardo Cardona.

La morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda también figura entre los 12 gobernadores que han gastado en publicidad de Facebook e Instagram con un total de 214 mil 095 pesos pagados en anuncios. Le sigue el Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García con 214 mil pesos.

El panista Mauricio Kuri es otro Gobernador que cuenta con anuncios pagados en Facebook e Instagram: de enero a julio ha gastado 164 mil 27 pesos. Le siguen los gobernadores Cuauhtémoc Blanco y Martín Orozco Sandoval, quienes han pagado 159 mil 296 pesos y 73 mil 557 pesos, respectivamente.

Los últimos tres lugares los ocupan los gobernadores Alfredo Ramírez Bedolla (56 mil 702 pesos), David Monreal (20 mil 298) y Diego Sinhue (17 mil 98 pesos).

Un anuncio pagado por la Gobernadora de Baja California. Foto: Facebook.

Un anuncio pagado por el Gobernador de Zacatecas. Foto: Facebook.

Si bien hay al menos 12 gobernadores que son clientes de la empresa de Mark Zuckerberg, hay otros que nunca han pagado por anuncios de Facebook ni Instagram. Entre ese grupo de mandatarios están los morenistas Miguel Barbosa Huerta (Puebla); Evelyn Salgado Pineda (Guerrero); Rutilio Cruz Escandón Cadenas (Chiapas); Claudia Sheinbaum Pardo (Ciudad de México) y Carlos Manuel Merino Campos (Tabasco).

También están el panista José Rosas Aispuro Torres (Durango) y el priista Alfredo del Mazo Maza (Estado de México).

Hay otros seis gobernadores que solo tienen registros de anuncios pagados cuando fueron candidatos, como los morenistas Miguel ángel Navarro Quintero (Nayarit); Víctor Manuel Castro Cossío (Baja California Sur); Layda Sansores San Román (Campeche), Indira Vizcaíno Silva (Colima), Lorena Cuéllar Cisneros (Tlaxcala) y Rubén Rocha Moya (Sinaloa).

Los demás gobernadores, como Miguel Ángel Riquelme Solís (Coahuila), Enrique Alfaro (Jalisco), Carlos Joaquín González (Quintana Roo), Omar Fayad Meneses (Hidalgo), Alejandro Murat Hinojosa (Oaxaca) y Alfonso Durazo Montaño (Sonora), sí tienen registros de anuncios pagados en Facebook e Instagram, pero en años anteriores.

Un anuncio pagado por el Gobernador de Querétaro. Foto: Facebook.

Un anuncio pagado por el Gobernador Cuauhtémoc Blanco. Foto: Facebook.

Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de la organización Artículo 19, destacó que en el caso de la publicidad en redes sociales, hay un ejercicio de transparencia por parte de la empresa Meta, pero no así por parte de los gobernadores, quienes han aprovechado estas plataformas desde que eran candidatos para promocionarse sin transparentar este gasto.

“Esta opacidad que se mantiene en los gobiernos estatales y municipales permite darle la vuelta a las obligaciones de fiscalización. Es la manera como también lo han hecho en las elecciones porque la normatividad electoral está enfocada a los medios convencionales, pero no está debidamente regulada a las plataformas de redes sociales. Aquí hay un ejercicio de transparencia por medio de Meta, pero sí requerimos que esta información se dé a conocer por los propios gobiernos”, detalló.

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Comando asesina a Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz; denunció amenazas

miércoles, agosto 3rd, 2022

Ernesto Méndez fue asesinado junto con otras tres personas, cuando celebraba en un bar con familia y amigos. El comunicador había sido amenazado en administraciones municipales anteriores, como la encabezada por el priista Timoteo Villa Ramírez.

Guanajuato, 3 de agosto (Zona Franca).- El periodista Ernesto Méndez fue asesinado tras un ataque armado en un bar de la colonia Cerro Prieto en San Luis de la Paz, Guanajuato.

El suceso se registró poco después de las 23:00 horas del martes, cuando un grupo armado irrumpió en el lugar y arremetió contra cuatro personas entre las que se encontraba el director del periódico Tu voz, excolaborador de Zona Franca y Periódico Correo.

En total, el ataque dejó un saldo de cuatro personas muertas y dos más lesionadas en la avenida Ferrocarril esquina con Libramiento Sur en San Luis de la Paz.

Se ha informado que el ataque se suscitó justo cuando Ernesto Méndez celebraba con familia y amigos el haber obtenido una de las concesiones entregadas para la Feria del Noroeste.

Al lugar llegaron policías y paramédicos, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Cabe recordar que el comunicador había sido amenazado en administraciones municipales anteriores, como la encabezada por el priista Timoteo Villa Ramírez.

Por ello, la organización Artículo 19 hizo un llamado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República (FGR), para que atraiga el caso y que se considere su labor informativa como móvil del crimen.

Asimismo, llamó al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas a contactar a familiares y colegas de Ernesto Méndez, con el fin de “otorgar las medidas de protección necesarias”.

Finalmente, Artículo 19 recordó que con Ernesto suman 13 asesinatos de periodistas en lo que que va del 2022, de esos homicidios, por lo menos nueve fueron vinculados por su labor periodística.

Protesta de periodistas en Morelia.

Artículo 19 recordó que con Ernesto suman 13 asesinatos de periodistas en lo que que va del 2022. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro

“Exigimos al Estado mexicano actuar de manera urgente para frenar este fenómeno y nos unimos al dolor de la familia, amigos y colegas de Ernesto”, concluyó.

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“Inadmisible la declaración de Alito sobre la prensa”: Art.19; exige disculpa pública

miércoles, mayo 25th, 2022

El dirigente político además está vinculado al encarcelamiento y tortura del periodista Miguel Ángel Villarino Arnábar.

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– La organización Artículo 19 calificó como “inadmisibles en una sociedad democrática” las declaraciones de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien expresó que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”.

A través de una alerta, Artículo 19 rechazó estas declaraciones en contra de la prensa, pues “denota la relación de violencia y sometimiento que impera entre las autoridades políticas y la prensa, así como la intolerancia a la crítica y el escrutinio públicos”.

Ayer, en redes sociales se difundió un audio en el que se escucha a Moreno Cárdenas – presuntamente en momentos que fungía como Gobernador del Estado de Campeche- decir que agredirá verbalmente al empresario Alexandro Arceo y donde violenta a la prensa, utilizando la precariedad como arma de censura:

“Yo siempre lo he dicho, el hijo de puta que se pase de verga, una verguiza, verguiza salvaje. Nomas te voy a dar un dato, a los periodistas no hay que matarlos a balazos papá, hay que matarlos de hambre”, se escucha en el audio.

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De acuerdo con datos de la organización, esta no es la primera vez que Alejandro Moreno violenta a la prensa. En 2015, cuando era candidato a la gubernatura de Campeche, Artículo 19 registró dos agresiones contra periodistas vinculadas a sus campañas electorales. Más adelante, ya como Gobernador de dicha entidad (2015-2019), documentó 39 ataques contra la prensa, de las cuales, 15 se relacionaban directamente al Gobierno de Moreno Cárdenas.

El dirigente político además está vinculado al encarcelamiento y tortura del periodista Miguel Ángel Villarino Arnábar.

“En 2018, Villarino Arnábar, uno de los periodistas a los que el Gobierno de Moreno Cárdenas persiguió y etiquetó como enemigos de Campeche, estuvo preso 58 días en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén”, detalló la organización defensora de los derechos de los periodistas.

Artículo 19 destacó que otro caso emblemático que muestra el “talante autoritario de Moreno” es el del medio Página 66, que sufrió la remoción de contenido a través de la utilización del mecanismo de “notificación y retirada” derivado de una una nota publicada el 10 de enero de 2018 en el portal de dicho medio de comunicación, en ella informan que la empresa Interconecta -filial del Grupo Altavista- habría firmado un contrato de casi dos millones de pesos mensuales para proveer servicios de video vigilancia urbana en las cuatro principales ciudades del estado de Campeche.

“Las ahora violentas declaraciones del dirigente político preocupan también pues el ‘matarlos de hambre’ enfatiza un problema de violencia estructural contra la prensa: la precariedad laboral”, indicó la organización.

Según información recabada por Artículo 19, hay entidades donde la prensa gana hasta 20 pesos por nota con fotografía publicada, es decir, que deben hacer casi 16 notas publicadas para llegar al salario mínimo. Para la organización, utilizar la precariedad de la prensa y tomar ventaja de ésta tiene un efecto cascada que en casos de violencia letal, como el de Roberto Toledo, Jorge Luis Camero y Moisés Sánchez, ha llevado a las autoridades a negar el vínculo de la labor periodística con sus asesinatos.

“La afirmación de: ‘quien se pase de […]’ debe ser agredido -refiriéndose a la prensa- muestra la intolerancia a la crítica y al escrutinio públicos por parte del líder político, quien además contraviene estándares internacionales sobre libertad de expresión, los cuales establecen que las personas servidoras públicas o líderes políticos están sujetos a un umbral de tolerancia mayor a la crítica, debido al carácter público de sus funciones”, detalló la organización en la alerta.

ALITO MORENO

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI y, al fondo, Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados priistas. Foto:

Adicionalmente, señala Artículo 19, “las afirmaciones de Moreno son inquietantes al considerar normal agredir y matar a la prensa como una forma de censura, en un país donde se han asesinado a 153 personas comunicadoras del 2000 a la fecha y donde se agrede a la prensa cada 14 horas por ejercer su labor”.

Por todo lo anterior, Artículo 19 exigió a la Fiscalía General del Estado de Campeche y a la Secretaría de la Función Pública estatal “una investigación exhaustiva, imparcial, objetiva, profesional y seria sobre los actos de censura perpetrados durante la gestión de Alejandro Moreno como Gobernador de aquella entidad. Para ello deberá considerar los patrones de violencia contra las personas periodistas durante su sexenio así como el ambiente de permisividad para perpetrar este tipo de actos por parte del resto de la administración pública”.

También exigió a Alejandro Moreno Cárdenas “una disculpa pública dirigida a toda la prensa, donde además reconozca la labor fundamental que tiene el periodismo en una sociedad democrática”.

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El ataque sí fue a Canal 44, reviran organizaciones internacionales a Jalisco

jueves, diciembre 30th, 2021

Para A19 y RSF, “es preocupante que la Fiscalía en menos de 24 horas emita dicho posicionamiento sin considerar como una línea de investigación al medio informativo, pues de facto desestima la labor informativa del medio”.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).– Las organizaciones Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras manifestaron su preocupación este jueves ante la postura de la Fiscalía del Estado de Jalisco por “minimizar” el ataque de un grupo de personas armadas a las instalaciones de la estación del Canal 44, ubicado en Tlaquepaque, donde asesinaron a dos guardias de seguridad que custodiaban la zona, y pidieron que se considera la labor periodística como eje principal en las investigaciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado aseguró el miércoles que no trató un ataque a la televisora, sino que iban directo a los trabajadores de seguridad. Sin embargo, las organizaciones resaltaron que las autoridades del Gobierno de Enrique Alfaro realizaron estas aclaraciones “sin siquiera haber realizado una investigación y sin dar mayores datos de los hechos donde resultaron muertos los dos guardias”.

“Además que de acuerdo a informaciones recabadas por RSF, la Fiscalía tardó demasiado tiempo y fue hasta hoy que confirmó que los fallecidos eran guardias del Canal 44. De acuerdo a los videos difundidos queda claro que los agresores iban contra las instalaciones que resguardan las antenas del canal”, indicaron en un comunicado este jueves.

Tanto A19 como RSF resaltaron que los hechos ocurrieron un día después de que el canal entrevistara al periodista Ricardo Ravelo, colaborador de esta casa editorial, y diera amplia difusión a su caso respecto a la censura e inicio de acciones legales en su contra por el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Foto: Imagen ilustrativa, Cuartoscuro.

Para A19 y RSF, “es preocupante que la Fiscalía en menos de 24 horas emita dicho posicionamiento sin considerar como una línea de investigación al medio informativo, pues de facto desestima la labor informativa del medio”. “Esto además, contraviene la obligación adquirida en el 2018 de aplicar en todas las investigaciones de los crímenes contra la prensa el Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión”, completaron.

Por ello, remarcaron que es importante que el atentado contra Canal 44 se investigue considerando su labor periodística como eje principal.

Ante la “creciente ola de violencia que está viviendo la prensa en el estado de Jalisco”, A19 y RSF manifestaron su solidaridad con los familiares de los guardias asesinados que laboraban para el Canal 44.

Además, exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que se ejerza la atracción de la investigación y a la Fiscalía General del Estado de Jalisco “brindar todas las facilidades para que esto se de lo más pronto posible al tratarse del ataque a un medio de comunicación” y que se aplique el Protocolo Homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, a fin de esclarecer los hechos y dar con los autores intelectuales y materiales de los delitos cometidos en las instalaciones del Canal 44.

Al Gobernador Alfaro le pidieron reconocer públicamente la importancia del ejercicio periodístico para una sociedad democrática y abstenerse de deslegitimar la labor de las personas periodistas y de cometer cualquier acción que inhiba el ejercicio de la libertad de expresión y por el contrario coordinar acciones que prevengan la producción y reproducción de la violencia contra la prensa.

Tanto A19 como RSF resaltaron que los hechos ocurrieron un día después de que el canal entrevistara al periodista Ricardo Ravelo, colaborador de esta casa editorial, y diera amplia difusión a su caso respecto a la censura e inicio de acciones legales en su contra por el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Foto: Imagen ilustrativa, Cuartoscuro.

Por último, ambas organizaciones pidieron al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas brindar medidas de seguridad idóneas a las instalaciones de Canal 44, así como al personal que labora en el medio, a fin de garantizar su seguridad, integridad y libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Tanto A19 como RSF resaltaron que los hechos ocurrieron un día después de que el canal entrevistara al periodista Ricardo Ravelo, colaborador de esta casa editorial, y diera amplia difusión a su caso respecto a la censura e inicio de acciones legales en su contra por el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Esto tras la difusión de investigaciones periodísticas que exponen información sobre la supuesta existencia de vínculos del Gobierno estatal con grupos de la delincuencia organizada.

“Esta es la tercera alerta que A19 emite en el mes de diciembre para evidenciar la violencia contra la prensa en la entidad. El día 10 y 28 de diciembre se expusieron agresiones contra periodistas que tienen que ver con mensajes estigmatizantes, así como censura e inicio de acciones legales que van en contra de la libertad de expresión en el Estado”, recordó la organización.

El día de ayer, un grupo de personas armadas a bordo de tres motocicletas atacaron las instalaciones de la estación del Canal 44 y asesinaron a dos guardias de seguridad que custodiaban la zona. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado aseguró que no fue un ataque a la televisora, sino que iban directo a los trabajadores de seguridad.

De acuerdo con la televisora, el hecho ocurrió el martes por la tarde alrededor de las 13:30 horas cuando los sujetos ingresaron a las instalaciones de la estación de transmisión del Cerro del Cuatro, donde se encuentran las antenas del Canal 44. Dos guardias de seguridad que resguardaban la zona trataron de impedirlo, pero fueron asesinados.

En ese lugar también se encuentran las instalaciones de transmisión de Televisa, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, de Canal Once, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de TV Azteca y de Telcel, sin embargo los sujetos sólo intentaron entrar a la estación del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.

La televisora informó que los dos guardias que fallecieron estaban contratados por la Universidad de Guadalajara y trabajaban para la empresa Irontigers.

En un video difundido en redes sociales por el periodista Víctor Hugo Magaña se observa el momento en que los individuos a bordo de dos motocicletas llegan al lugar e intentan ingresar a las instalaciones.

El ataque al Canal 44 ocurrió casi al mismo tiempo que Ricardo Ravelo dijo en el programa “Los Periodistas”, transmitido por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, que Enrique Alfaro utiliza un tono intimidatorio hacia su persona luego de que el mandatario anunciara una demanda en su contra por presunto “daño moral”.

“El tono que utiliza el Gobernador no deja de tener una carga intimidatoria hacia mi persona, esto trastoca mucho el equilibrio emocional sobre todo tratándose de temas de delincuencia organizada, porque como sabemos la delincuencia organizada opera de manera impune a lo largo del país. Este señalamiento público del Gobernador de que va a presentar una demanda en contra mía por daño moral, no lo puedo ver de otra manera más que como una amenaza, vulnera la libertad de expresión”, aseguró Ravelo en entrevista con Alejandro Páez.

[youtube m_eaQFLwdDU]

El columnista de SinEmbargo expresó su preocupación porque esta demanda se presente en el estado de Jalisco, pues dijo que Enrique Alfaro ejerce el control sobre el Poder Judicial del estado.

“Es un hombre que, como se denunció en los textos periodísticos (publicados en este medio el 17 y 24 de diciembre), tiene todo el control político, el control del Poder Judicial en Jalisco, ante eso despierta muchísimo temor, por esa razón me he puesto en contacto con organismos internacionales para denunciar esta situación y tomar medidas al respecto”.

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Alfaro ya ha intentado usar instituciones para coartar la libertad de expresión: A19

martes, diciembre 28th, 2021

La organización defensora de activistas y periodistas rechazó que el Gobierno de Jalisco haya anunciado emprender acciones legales en contra del reportero Ricardo Ravelo Galo, e hizo un llamado a la administración federal a garantizar la seguridad del periodista y sus familiares.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– La organización Artículo 19 rechazó la amenaza de inicio de acciones legales que realizó el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez en contra del periodista Ricardo Ravelo Galo.

El día de ayer, durante una conferencia de prensa, el Gobernador Alfaro anunció que interpuso demandas en contra del periodista e investigador Ricardo Ravelo Galo, quien es columnista de SinEmbargo, por supuesto daño moral.

“Fue presentada la demanda por daño moral, estamos solicitando medidas cautelares, no voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios, simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces, me parece una falta de respeto, incluso una falta de ética el hacer este tipo de comentarios, simplemente les diría, están presentadas las demandas por daño mora y estamos solicitando incluso medidas cautelares”, dijo el Gobernador de Jalisco.

El Gobernador Enrique Alfaro dijo que emprendería acciones legales en contra del periodista. Foto: Cuartoscuro.

La reacción del Gobernador se dio luego de que el periodista publicó los días 17 y 24 de diciembre dos artículos que son parte de una investigación periodística sobre la delincuencia organizada en la entidad, en los que expone información que supone existe protección del Gobierno de Alfaro a un grupo de la delincuencia organizada e incluso señala posibles vínculos entre el círculo cercano del Gobernador con actividades de liderazgo dentro de una organización criminal.

Artículo 19 señaló que esta no es la primera vez que el Gobernador intenta coartar la libertad de expresión usando a las instituciones del Estado.

“El primero de julio del 2018, derivado de la queja interpuesta por Alfaro, siendo apenas candidato ganador a la gubernatura, por conducto de la Comisión de denuncias y quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ordenó a Aristegui Noticias suspender la difusión de la nota ‘Enrique Alfaro: bajo investigación de EU por presuntos vínculos con el narcotráfico’, cuya autoría se atribuye a la periodista Anabel Hernández. Meses después (en diciembre del mismo año), tras una obsequiosa actitud del instituto y tribunal electorales locales que prolongaron de manera excesiva los plazos legales, la queja fue desechada por resultar improcedente la vía. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la información había dejado de circular desde julio de 2018”, destacó la organización en una alerta emitida esta noche.

En entrevista con Artículo 19, el periodista Ricardo Ravelo dijo: “Es sumamente difícil hacer periodismo de investigación en un país donde hay vínculos entre Gobierno y crimen organizado. Ante esta intimidación de la que soy objeto, solicito a las autoridades su respaldo porque temo por mi integridad física”.

Artículo 19 consideró “sumamente preocupante que el Gobernador pretenda censurar información e inhibir el debate y flujo de información sobre temas de interés público, pues como funcionario debe garantizar el derecho fundamental a informar y estar informados”.

“Aún peor resulta la utilización de instituciones judiciales y/o administrativas para provocar esa censura, abusando incluso de figuras como las medidas cautelares para intentar bajar notas periodísticas de inmediato y sin resolverse los procesos legales de fondo”, agregó la organización defensora de los periodistas.

Artículo 19 recordó que el derecho a la libertad de expresión no solamente protege las informaciones, ideas y discursos bien recibidos desde el poder público, sino aquellos que pueden resultar chocantes, mordaces y hasta ofensivos. Ahí radica precisamente el valor democrático de este derecho.

“Bajo la misma tesitura y de conformidad a la Declaración Conjunta 2021 Sobre Líderes Políticos, Personas que Ejercen la Función Pública, y la Libertad de Expresión se establece que para la garantizar el mayor nivel posible de protección de la expresión política y de otros asuntos de interés público, los políticos y personas que ejercen la función pública deben tener un mayor nivel de tolerancia a la crítica que los ciudadanos comunes”, indicó.

El periodista, escritor y columnista de SinEmbargo.mx. Ricardo Ravelo Galo. Foto: Ilse Huesca, Cuartoscuro

La organización solicitó al Gobernador de Jalisco desistir de su demanda en contra del periodista Ricardo Ravelo, así como abstenerse de cualquier otra acción que vulnere la integridad y la labor periodística de Ricardo.

Instó también al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de derechos humanos y periodistas a contactar a Ricardo Ravelo a fin de analizar el riesgo en el que se encuentra y otorgar medidas de protección tanto a él como a su familia.

Por último, hizo un llamado a las autoridades investigadoras, administrativas y judiciales para que se abstengan de ejercer censura en contra del periodista mediante medidas desproporcionadas e ilegales.

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Congreso incumple con mandato de SCJN al no regular publicidad oficial: Artículo 19

miércoles, diciembre 15th, 2021

“Es indispensable que el Congreso de la Unión rinda cuentas respecto a la inejecución de la sentencia de la Corte. La ciudadanía tiene el derecho a conocer los argumentos de este grave incumplimiento que desestima una resolución del máximo tribunal del país y mantiene un estado de inconstitucionalidad que favorece la censura sutil”, dijo Artículo 19. 

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El Congreso de la Unión no cumplió con lo requerido por la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 8 de septiembre de 2021, en la cual se le requirió para “que cumpla cabalmente con la obligación establecida en el artículo Tercero Transitorio del decreto de la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce y, en consecuencia, proceda a subsanar las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones correspondiente al año dos mil veintiuno”, informó esta noche la organización Artículo 19.

El Congreso de la Unión tuvo tres meses para llevar a cabo un proceso legislativo en donde se regulara una ley de publicidad oficial, subsanar las deficiencias de la actual Ley General de Comunicación Social, y cumplir con lo mandatado por la sentencia de la SCJN, indicó Artículo 19.

“La falta de voluntad y disposición política nuevamente arremeten contra la libertad de expresión y el derecho a la información en México, ya que persiste la ausencia de una debida y correcta regulación de las relaciones entre el Estado y los medios de comunicación, lo cual tiene consecuencias en el libre ejercicio de derechos, así como en la pluralidad mediática”, expuso.

Un puesto de periódicos. Foto: Cuartoscuro.

Artículo 19 dijo que “es importante resaltar que este requerimiento no es nuevo, pues existe desde la reforma constitucional en materia político electoral de febrero de 2014. Por lo que la ausencia de un marco normativo data de hace siete años, y lo que ha sobresalido es la falta de compromiso político de las legislaturas que han pasado por el Congreso de la Unión hasta el día de hoy”.

La necesidad de contar con un marco regulatorio en materia de comunicación social es urgente, pues como se ha denunciado a lo largo de diez años, la publicidad oficial no debe ser una herramienta de censura a través del “premio y castigo” a las líneas editoriales de los medios de comunicación, de acuerdo con Artículo 19. “Para ello se deben definir en el ámbito legislativo las condiciones necesarias para un pleno y libre ejercicio de derechos, evitar la concentración de la pauta publicitaria, generar criterios y reglas claras de operación y distribución de los recursos presupuestarios asignados”.

“En este sentido, nos preguntamos: ¿qué pasará ante el incumplimiento por parte de las y los legisladores? La libertad de expresión, el derecho a saber y la garantía de los derechos humanos están en riesgo sin una adecuada regulación de la publicidad oficial. La urgente necesidad de regular en la materia se debe a las discrecionalidades con que se ha manejado la comunicación social en los últimos diez años, que han impactado negativamente en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y a la información”.

“Ante este escenario, es imprescindible que el Poder Legislativo no deje pasar más tiempo del que ya ha pasado (7 años) y se comprometa con sus responsabilidades legislativas y con la sociedad y convoque a llevar a cabo un proceso en el que integre los más altos estándares en materia de libertad de expresión y publicidad oficial; asimismo, que convoque a diferentes voces para las discusiones legislativas que se lleven a cabo, garantizando así, la participación ciudadana”, indicó.

“Por consiguiente, es indispensable que el Congreso de la Unión rinda cuentas respecto a la inejecución de la sentencia de la Corte. La ciudadanía tiene el derecho a conocer los argumentos de este grave incumplimiento que desestima una resolución del máximo tribunal del país y mantiene un estado de inconstitucionalidad que favorece la censura sutil”, añadió.

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La Unión Europea externa disposición a ayudar a México a frenar fenómeno migratorio

sábado, noviembre 13th, 2021

Gautier Mignot, Embajador de la Unión Europea en México, afirmó que “existen soluciones como la inclusión laboral” para aquellos migrantes que solicitan asilo.

Tuxtla Gutiérrez (México), 12 nov (EFE).- La Unión Europea expresó este viernes su compromiso a la hora de ayudar a México a contener el fenómeno migratorio, que se ha agudizado en los últimos años con caravanas migrantes que cruzan el país con el propósito de llegar a Estados Unidos, aseguró Gautier Mignot, Embajador de la UE, durante su visita al estado de Chiapas .

“La Unión Europea está del lado de México. [La migración] es un problema complicado de manejar de forma ordenada, respetando los derechos de los migrantes, pero existen soluciones como la inclusión laboral para los solicitantes de asilo”, dijo Mignot.

Durante el inicio de una gira de trabajo de tres días por Chiapas para conocer el tema migratorio y la realidad social en la entidad, junto con una delegación de 12 embajadores de países europeos, el diplomático aseguró que se defiende la paz y la seguridad.

El Embajador de la Unión Europea en México Gautier Mignot junto con Rutilio Escandón, Gobernador de Chiapas. Foto: Twitter @UEenMexico

Mignot habló también sobre la guerra contra el narcotráfico en México, la cual, apuntó, “es una responsabilidad compartida y sabemos las consecuencias que trae”. Por ello, precisó, “hay que luchar contra esas redes para eliminar la violencia y apoyar a México para fortalecer las condiciones de seguridad”.

Preguntado por el índice de violencia contra periodistas en México, ya que, de acuerdo con la organización Artículo 19, 22 periodistas han sido asesinados durante el mandato del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, el Embajador señaló que “hay que buscar mecanismos de protección nacional para evitar este fenómeno” en el país.

CHIAPAS CON GRAN POTENCIAL

Mignot aseguró que Chiapas es una gran potencia que se ajusta con la Unión Europea en los temas de turismo, turismo sustentable, rural, étnico y cultural. “Esto llama la atención al europeo, por lo que hay una gran oportunidad para Chiapas de atraer ese sector”, apuntó.

Asimismo, destacó la importancia de la agricultura orgánica, pues recordó que Chiapas exporta un 34 por ciento de productos orgánicos y, según apuntó, es algo que interesa a los europeos ya que la entidad está posicionada en la producción agrícola.

Recordó que, desde 1999, la Unión Europea ha invertido mil millones de dólares y, tan solo este año, se ha realizado una inversión de 35 millones de dólares.

Asimismo, señaló que es importante que Chiapas siga avanzando en el desarrollo sustentable, preservando sus bosques y su riqueza natural, y seguir manteniendo un buen nivel de seguridad, pues los criminales están buscando extender sus actividades, por lo que la seguridad es esencial para la inversión y el turismo.

“En seguridad, el estado tiene índices bajos, es mejor que otros estados de la República. Lo importante es mantener este fenómeno bajo control”, concluyó.

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Artículo 19 acusa a la FGR de persecución “irracional” contra científicos del Conacyt

viernes, septiembre 24th, 2021

La organización defensora de derechos humanos aseguró que no se pueden pasar por alto las investigaciones periodísticas por posibles usos irregulares de recursos, pero el caso debe ser aclarado “por las vías legales correspondientes, garantizando el debido proceso y utilizando de manera adecuada, racional y proporcionada el derecho penal”.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– La organización Artículo 19, una de las agrupaciones que defienden la libertad de prensa y expresión en medios, señaló este viernes que se trata de una “persecución penal”  el intento de la Fiscalía General de la República (FGR) por buscar las órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y académicos, a los que acusa de delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

“Contraviene la libertad de investigación y estándares internacionales de derechos humanos”, señaló la organización en un posicionamiento respaldado por nueve otras agrupaciones y varios defensores de los derechos humanos en el país, bajo el título: “Persecución penal irracional de FGR, criminaliza la libertad académica“.

“Dados los antecedentes del caso y el contexto, la acción insistente de la FGR contra personas de la academia puede configurar un preocupante episodio del uso faccioso del aparato de procuración de justicia, para inhibir la libertad académica y de pensamiento como parte integrante del derecho a la libre expresión”, indicó Artículo 19.

La denuncia ante el Ministerio Público se hizo por las “posibles irregularidades” en asignaciones directas millonarias a favor de la asociación civil privada Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT A.C.) desde fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Sin embargo, un Juez federal del Penal Federal de Almoloya, Estado de México, negó definitivamente a la FGR emitir las órdenes de aprehensión. La Fiscalía ya anunció que volverá a solicitar la orden de aprehensión, “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.

“Si bien, no podemos pasar por alto que, desde marzo de 2020, se publicaron investigaciones periodísticas que señalan posibles usos irregulares de recursos, la materia de dichas investigaciones no forman parte de las insistentes judicializaciones recientes por parte de FGR”, expresó Artículo 19.

“Un posible uso irregular de recursos debe ser aclarado por las vías legales correspondientes, garantizando el debido proceso y utilizando de manera adecuada, racional y proporcionada el derecho penal y los instrumentos legales para la rendición de cuentas, siempre y cuando la autoridad encuentre sustento suficientes y contundente en el marco de una investigación imparcial, objetiva e independiente”, manifestó.

Al día de hoy, agregó la organización protectora de derechos humanos, “los delitos que se imputan a las 31 personas científicas y académicas son completamente desproporcionados y perfilan un efecto amedrentador por razones políticas”, como lo son: delincuencia organizada, usurpación de funciones, uso de recursos de procedencia ilícita y peculado. “Como se dijo, se persigue la existencia del Foro y la transferencia de recursos a dicha Asociación Civil”, completó.

Ante ello, añadió, “resulta preocupante el uso y abuso del subsistema en materia de delincuencia organizada, perfilando la criminalización de las personas académicas bajo herramientas tan laxas y violatorias de derechos humanos como la prisión preventiva oficiosa o el poder mantener a las personas detenidas lejos de su domicilio”.

“Más preocupante aún es la pretensión de sujetar a las científicas y científicos a prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Esto es un uso irracional del derecho penal, contrario a los principios democráticos”, alertó Artículo 19.

Además, recordó que esta situación se da en un contexto en el que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, “de quien se ha documentado podría utilizar su cargo para venganzas personales, fue aprobado por el Conacyt para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por una comisión a modo en 2021″.

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en un evento de mayo de 2019.

A pesar de la negativa de los jueces federales, la FGR, a cargo de Gertz Manero, insistirá en las acusaciones. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

“Por otro lado, el uso de los recursos de los que se vale la FGR para encarcelar a 31 académicas/os acusándolos de cometer delitos de alto impacto resulta ominoso, frente a un escenario de impunidad masiva por violaciones graves a derechos humanos”, remarcó Artículo 19. “En la actualidad tenemos más de 92 mil personas desaparecidas en el país, no hay una disminución de la impunidad en delitos que lastiman tanto a la sociedad, como homicidios dolosos, secuestros y gran corrupción”, agregó.

“La persecución de 31 académicos/as muestra dónde están las prioridades del Fiscal General de la República en el país, mientras que continuamos viviendo una grave violencia causada también por la impunidad”, destacaron.

Para la organización, “hay un vínculo directo entre la libertad de realizar investigación científica, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a gozar de la aplicación y beneficios generados por dicha información”. “Los efectos inhibitorios y ampliados causados por la persecución penal termina por impactar también en el ejercicio de estos derechos”, insistieron.

Oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.

“Por ello, exigimos cesar hostigamiento dirigido en contra de investigadores/as a través de la persecución penal y, en caso de existir conductas reprochables, se haga mediante una calificación jurídica adecuada, e incluso se agoten de manera previa otras vías como la administrativa. De este modo, las tareas de investigación por parte del Estado evitan que éstas tengan efectos inhibitorios en el ejercicio de derechos humanos de los particulares y también efectos de dimensión social”, finalizaron.

Además de Artículo 19, el posicionamiento fue firmado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Borde Jurídico, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Justicia Procesal Penal, AC, Observatorio de Designaciones Públicas, Organización Nacional Anticorrupción (ONEA México), Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

Firmaron también los activistas de derechos humanos Eliana García, Marcela Villalobos Andrade, Marcia Itzel Checa Gutiérrez, Mariclaire Acosta Urquidi, Jorge Javier Romero Vadillo, Juan Martín Pérez Garcia, Diana Iris García (miembro de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México), Daniel Vázquez, Denise Dresser, Magdalena Acosta Urquidi, Mauricio Fortes Besprosvani, Clemente Romero Olmedo, Susana Camacho Maciel, Raymundo Sandoval, Paula Saucedo Ruiz, Lourdes Morales y por la Red por la Rendición de Cuentas.

UNIVERSIDADES REACCIONAN

La investigación de la FGR contra científicos y académicos causó el rechazo de diversas universidades del país y comunidades académicas.

El Tecnológico de Monterrey expresó su indignación y preocupación frente a las “desmedidas acusaciones” y acciones legales en contra de los y las investigadoras. “La investigación en cualquier disciplina debe contar con un entorno favorable que promueva su florecimiento en beneficio del país, y en el que las autoridades respeten el Estado de Derecho y la presunción de inocencia”, determinó el ITESM.

Durante la ceremonia conmemorativa por los 100 años del lema y escudo universitarios celebrada el miércoles, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, calificó la acusación de la FGR como “un despropósito” e “inconcebible”.

Asimismo, la comunidad docente de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) hizo un llamado a la Fiscalía a cancelar las 31 órdenes de aprehensión en contra de los investigadores.

“Convocamos a los gremios, grupos, centros, redes e investigadores del país y de fuera de él, así como a las y los colegas de otras naciones, a rechazar el uso de las datos falsos, del miedo y la distorsión de la justicia para incidir en la vida de un país y coaccionar a sus científicos y científicas, tal como está ocurriendo”, dijo en un comunicado.

Finalmente, la comunidad de la Universidad Iberoamericana hizo pública su preocupación por las recientes acusaciones contra los científicos y académicos; expresó su solidaridad y exigió “que se haga valer el Estado de derecho”, y “que prevalezca la justicia en el espíritu que debe sostener la vida democrática del país”.

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ONGs piden justicia para el periodista Sergio Aguayo por denuncia de Humberto Moreira

miércoles, septiembre 8th, 2021

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 le pidieron a la Suprema Corte justicia para el caso del periodista Sergio Aguayo, quien fue sentenciado a pagar 10 millones de pesos por criticar en una columna escrita en 2016 al entonces Gobernador Humberto Moreira.

Ciudad de México, 8 de septiembre (EFE).– Varias ONG pidieron este miércoles a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México que tome una decisión judicial justa en relación al caso del periodista y académico Sergio Aguayo, condenado a pagar 10 millones de pesos (535 mil dólares) por una columna escrita en 2016.

“La Suprema Corte está ante una oportunidad histórica. En la línea que ha seguido de protección de este derecho (libertad de expresión), puede consolidar esa doctrina y en primerísimo lugar garantizar justicia para Sergio Aguayo en un caso que es aberrante”, dijo el director de la oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado.

La demanda contra Aguayo fue interpuesta por “daño moral” por el exgobernador del norteño estado de Coahuila, Humberto Moreira (2005-2011), quien en dicha columna del 2016 fue calificado de “oler” a corrupción por el periodista.

A comienzo de 2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumió la atracción del amparo directo promovido por Aguayo contra la sentencia de una sala del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México.

Ahora, algunas organizaciones civiles relacionadas con los derechos humanos y de los periodistas presentaron varios “amicus curiae”, que son documentos que permiten que terceros ajenos a un proceso judicial ofrezcan opiniones de trascendencia para la solución de un caso.

“Este ‘amicus curiae’ (amigo de la Corte) que presentamos (…) pretende aportar elementos en relación con el derecho a la libertad de expresión y las afectaciones que padece ante casos como este”, explicó Maldonado en conferencia de prensa virtual.

Por su parte, Aguayo, quien también estuvo presente, insistió en que, más allá de su caso personal, es preocupante que este tipo de acoso judicial siga siendo padecido por tantos periodistas en el país, por lo que son urgentes cambios y cooperación, consideró.

“No hay una metodología estructural para proteger periodistas que viven acoso judicial. Benditas ONG y medios de comunicación que han mostrado solidaridad y que han entendido que estamos expuestos a este tipo de acosos”, dijo.

Con él coincidió Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF): “Lo primero que piensa un periodista al enfrentar una demanda moral es el cómo se va a defender y con qué recursos, pero el otro impacto es a la sociedad. Este tipo de demandas provenientes de políticos inhibe y copta el flujo de información”, sentenció.

Artículo 19 documentó en 2020 39 casos de acoso judicial a periodistas. Antes de 2018, aseguró Maldonado, eran muy pocos los casos pero a partir de entonces las cifras “se dispararon”.

Además, México es uno de los países del mundo más violentos para el gremio periodístico y un total de 142 periodistas han sido asesinados desde 2000 a la fecha en posible relación con su labor, según la ONG.

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La SCJN ordena corregir la Ley que da manos libres en gasto de publicidad oficial

miércoles, septiembre 8th, 2021

Las organizaciones Artículo 19 y Fundar habían hecho un llamado a la Suprema Corte para resolver con perspectiva de derechos humanos los recursos legales que estaban pendientes. Mientras que a la administración federal pidió generar las condiciones políticas necesarias para abrir una discusión en torno a una nueva ley.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó hoy al Congreso de la Unión corregir las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social, la llamada “Ley Chayote”, que da al Gobierno mano libre para gastar sin reglas los recursos de la publicidad oficial.

Y la orden es que los diputados y senadores hagan el ajuste antes de que finalice el siguiente periodo ordinario de sesiones, el de 2021, según detalló la organización Artículo 19, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter.

“Después de 3 años de litigio, hoy la @SCJN otorga el amparo a ARTICLE 19, el cual considera inconstitucional la Ley General de Comunicación Social“, anunció. “Esta sentencia es un paso adelante para el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión”, aseguró.

También afirmó que “con una mejor Ley General de Comunicación Social se podrá contar con criterios más eficaces de asignación de publicidad oficial y así evitar su uso para el control mediático”, tal y como ya lo había adelantado en un informe, elaborado junto con la organización Fundar.

 

En ese documento, subrayó que “la falta de una debida y correcta legislación en la materia genera consecuencias nocivas para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información, así como la permisibilidad de malas prácticas y planeaciones en el ejercicio del gasto”.

Esa fue a la conclusión a la que llegaron ambas organizaciones después de analizar el gasto definitivo de publicidad oficial en 2020, el cual fue obtenido a través del Sistema de Comunicación Social (COMSOC), perteneciente a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

De acuerdo con los datos, se ejercieron dos mil 248 millones de pesos, de un total de dos mil 452 millones aprobados para ese ejercicio fiscal. “Esto significa que el Gobierno federal gastó alrededor de una quinta parte con respecto a los 11 mil 398 millones de pesos del segundo año de la administración de [Enrique Pena Nieto] EPN. Así, se sostiene la tendencia a la baja en el gasto de publicidad oficial”, explicaron.

Asimismo, Artículo 19 y Fundar consideraron “factible afirmar que es necesario generar políticas de comunicación social que permitan conocer a detalle las campañas, sus finalidades, que tomen en cuenta las necesidades de las audiencias a las que están dirigidas y que la información sea accesible, verificable, comprensible, oportuna, clara, idónea, suficiente y veraz para satisfacer los fines informativos, educativos o de orientación social establecidos en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución”.

Desde ese momento seguían pendientes de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tanto las acciones de inconstitucionalidad 52/2018, 53/2018 y 55/2018, presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el partido político Movimiento Ciudadano y un grupo de senadores y senadoras en contra de la actual y vigente Ley General de Comunicación Social. De igual manera, la resolución del amparo en revisión 308/2020 presentado por Artículo 19.

“Las tendencias identificadas a partir de los datos de 2020 refuerzan la necesidad de que la actual Ley General de Comunicación Social sea abrogada. Es necesario dar pie a una nueva discusión en la que converjan voces de la sociedad civil, la academia, legisladores y legisladoras, medios de comunicación, periodistas y especialistas en la materia, para que en un ejercicio de parlamento abierto se encuentren las opiniones que encaminen una nueva legislación con enfoque de derechos humanos y que coloque en el centro a la sociedad”, decían las organizaciones.

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La violencia contra periodistas sigue: Artículo 19; uno es agredido cada 12 horas

martes, agosto 24th, 2021

De enero a junio del presente año se registró una agresión contra la prensa cada 12 horas. En total, en este periodo, se contabilizaron 362 casos en contra de este gremio, siendo los principales ataques las intimidaciones y hostigamiento, seguidas de las amenazas. Además se contabilizaron tres asesinatos de periodistas. Los datos muestran que la violencia contra la prensa prevalece, al igual que la inacción del Estado.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– En el primer semestre del 2021 se registraron 362 agresiones contra la prensa en México. Es decir, se perpetró algún tipo de ataque contra este gremio cada 12 horas, según pudo documentar Artículo 19 en su informe sobre la violencia contra la prensa durante enero-junio del presente año, en el cual señaló que los principales atacantes provienen del Estado a la par que la cobertura de corrupción y política fue la más vulnerable.

La organización civil advirtió en su reporte el aumento de las intimidaciones y el hostigamiento, la principal agresión que se pudo confirmar con 113 incidentes, lo que representa el 31.22 por ciento del total. Detrás de ésta se ubicaron las amenazas, con 54 casos, y los ataques físicos, con 35 denuncias. Además, se reportaron los asesinatos, en este semestre, de tres periodistas: Benjamín Morales Hernández, Gustavo Sánchez Cabrera y Saúl Tijerina Rentería.

En lo que respecta a las amenazas, Artículo 19 señaló que casi la mitad fueron en contra de la integridad de los periodistas, las cuales se registraron en 26 ocasiones, seguidas de las amenazas de muerte, que ocurrieron 21 veces y siete fueron de acciones legales y de violencia sexual. 

“Las amenazas tienen un impacto en la libertad de expresión ya que provocan un efecto inhibitorio en las personas periodistas. Según su contexto, su percepción de seguridad, así como sus capacidades de acción y redes de apoyo, en ocasiones deciden no seguir informando sobre temas de interés público al ver que su vida e integridad corren peligro y ante la ausencia de un Estado que prevenga la violencia”, refirió la organización en su informe.

¿QUIÉNES SON LOS AGRESORES?

Artículo 19 identificó como los principales agresores de la prensa a los agentes del Estado, quienes cometieron 134 de los ataques en el periodo estudiado, es decir el 37.3 por ciento. El informe consiguió documentar que funcionarios civiles estuvieron vinculados directamente a 83 de estas arremetidas (23.12 por ciento), mientras que las fuerzas de seguridad civiles fueron responsables de 46 (12.81 por ciento) y las fuerzas armadas de 5 ataques (1.39 por ciento).

“Es de suma preocupación que el Estado, quien tiene la obligación de ser el garante de los derechos, persista en ser el principal agresor de estos”, advirtió la organización en su informe.

El reporte señala que por nivel de gobierno, las autoridades de los estados son las principales en violentar a la prensa con 57 casos (42.54 por ciento de las agresiones vinculadas a autoridades), después a nivel municipal con 47 (35.07 por ciento), y finalmente a nivel federal con 30 (22.39 por ciento).

Artículo 19 advirtió que estos porcentajes demuestran “la animadversión y hostilidad contra la prensa desde el poder público y la falta de políticas públicas coordinadas entre los tres niveles de Gobierno para prevenir ataques contra la prensa y para proteger a las personas periodistas agredidas”.

“La violencia contra la prensa va a continuar si las únicas protecciones contra ésta provienen del nivel federal sin coordinar las acciones de prevención y combate a la impunidad necesarias con los otros niveles de gobierno para así garantizar el libre ejercicio periodístico”, advirtió.

Además, resalta el informe, el periodo electoral implicó que otro tipo de actores vulneraran la libertad de expresión de la prensa en múltiples ocasiones: los partidos políticos, quienes, de acuerdo con lo documentado, fueron los responsables al menos de 56 agresiones, el 15.60 por ciento.

Como comparativo, en todo el año 2020 sólo se documentaron 11 agresiones por partidos políticos, lo que representó menos del 2 por ciento de todas las agresiones de dicho periodo.

Además, se consignó que distintos grupos del crimen organizado agredieron en al menos 12 ocasiones a la prensa (3.34 por ciento) principalmente mediante amenazas, la mayoría de muerte, exigiendo se deje de publicar sobre ciertos actos delictivos, o contactando y buscando extorsionar para que se publiquen mensajes sobre grupos contrarios.

“Sin embargo, algunas de sus agresiones pueden ser mucho más graves, como las persecuciones, o incluso los asesinatos”, refiere el documento.

Los principales hallazgos del informe de Artículo 19.

SIGUEN LOS ASESINATOS

“La violencia contra la prensa es su máxima expresión, se evidencia en los asesinatos de periodistas”, refiere Artículo 19 que de enero a junio de 2021, documentó el asesinato de 3 periodistas en un posible vínculo con su labor periodística.

Se trata de Benjamín Morales Hernández, asesinado el 3 de mayo (Día Mundial de la Libertad de Prensa) en Sonora; Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado el 17 de junio en Oaxaca; y Saúl Tijerina Rentería, asesinado el 22 de junio en Coahuila.

En el caso de Gustavo Sánchez, antes de ser asesinado, refiere el reporte, hizo públicas sus denuncias por amenazas y otras agresiones. “No obstante, la respuesta del Gobierno mexicano fue tardía o nula”.

Artículo 19 señala que en julio del 2020 Sánchez sufrió un intento de asesinato y también tenía denuncias abiertas en la fiscalía, e incluso en enero del 2021 solicitó su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas. “Sin embargo, sus medidas fueron aprobadas hasta tres meses después y éstas nunca pudieron ser aplicadas pues fue asesinado el 17 de junio”.

Los asesinatos de Ricardo López Domínguez, también de Sonora, y de Jacinto Romero Flores en Veracruz, ocurrieron el 22 de julio y el 19 de agosto, es decir, ya en el segundo semestre de este año, pero se documentaron en el informe dada su relevancia.

“Ambos fueron víctimas de ataques. Ricardo había sido víctima de múltiples agresiones digitales y de desplazamiento interno forzado derivado del riesgo en el que estaba, mientras que Jacinto había sido amenazado cinco meses antes de su asesinato”, advierte el reporte.

Además, resalta que los casos de Gustavo y Ricardo reflejan la necesidad urgente de diseñar “más y mejores estrategias de prevención y protección para que las y los periodistas ejerzan su labor de forma libre y sin violencia”.

LOS ESTADOS MÁS VIOLENTOS

De enero a junio de 2021, destaca el informe, la Ciudad de México se posicionó como la entidad con el mayor número de agresiones contra periodistas; con 64 casos, lo que representa el 17.68 por ciento del total de ataques.

No obstante, Artículo 19 indica que el que la capital tenga el mayor registro de agresiones no implica que sea el lugar más violento del país contra la prensa, ya que deben considerarse otros factores como la población de periodistas presentes en la entidad, así como el hecho de que existen redes de protección a periodistas más grandes las cuales, a su vez, generan mayor confianza para denunciar y reportar los episodios de violencia.

En segundo lugar se ubican Tamaulipas y Quintana Roo con 23 agresiones cada uno. En lo que respecta al primer estado, el reporte destaca que hubo “un salto exponencial” en las agresiones que se hubo un incremento del 64 por ciento en este semestre en comparación con todo el año 2020, cuando se documentaron 14 ataques. El estado, por ejemplo, ocupó el puesto 17 el año pasado.

Sin embargo, el informe precisa que de acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tamaulipas es considerada como “una zona silenciada, lo que implica que no todas las agresiones contra la prensa son denunciadas, esto sugiere que puedan existir más casos que no han sido documentados”.

Quintana Roo, a su vez, se mantuvo como uno de los estados más violentos contra la prensa desde el 2019. Aunque Artículo 19 advirtió que existe un cambio en las agresiones documentadas, ya que en años pasados la mayoría provenían de personas funcionarias particularmente elementos de las fuerzas de seguridad civiles.

México sigue siendo un país peligroso para ejercer el periodismo, señala el informe de Artículo 19. Foto: Cuartoscuro.

En este ocasión, sólo se documentaron 3 agresiones por parte de las distintas corporaciones policiales, pero resaltaron al menos 15 agresiones por sujetos cuya identidad no pudo ser identificada.

Puebla ocupó por su parte el tercer lugar con 22 agresiones, “continuando patrones de violencia que colocan a la entidad dentro de los primeros cinco estados con más ataques contra la prensa, en los últimos 3 años”, y Guerrero se colocó detrás con 21 casos, 13 de ellos  en Iguala de la Independencia, lo que representa el 61.90 por ciento del total en el estado.

LAS COBERTURAS MÁS PELIGROSAS

Artículo 19 señala que las agresiones contra la prensa están directamente vinculadas al tipo de coberturas que hacen. De esta manera, señala que en el periodo estudiado, el 53.76 por ciento de los ataques en contra de la prensa fue con motivo de la cobertura en corrupción y política (193 casos), seguido de la fuente de seguridad y justicia con el 15.60 por ciento (56 casos), 14.48 por ciento derechos humanos (52 casos); 11.42 por ciento protesta o movimientos sociales (41 casos); 1.67 por ciento tierra y territorio (6 casos).

“Cubrir el actuar del Estado, sea en el ámbito político o social, o en la situación de seguridad del país, sigue siendo un riesgo de gran magnitud. Esto lo demuestran los casos de Saúl Tijerina Rentería, comunicador de Noticias en la Web, y Benjamín Morales Hernández, director de Noticias Xonoigdag, quienes cubrían notas de seguridad y justicia, y Gustavo Sánchez Cabrera, director de Noticias Minuto a Minuto, temas de corrupción y política”, señala la organización al dar cuenta de los periodistas asesinados en el primer trimestre de 2021.

Otro aspecto que destaca el informe es que del total de las agresiones, 113 fueron en cobertura de las elecciones, es decir 1 de cada 3.

En ese sentido, se precisa que si bien, el día de las elecciones sólo se documentaron 18 agresiones contra la prensa, durante toda la coyuntura electoral periodistas y medios fueron amenazados, intimidados y amedrentados de múltiples formas, con el fin de limitar sus publicaciones, principalmente sobre el actuar de las autoridades y los partidos políticos.

Artículo 19 remarcó que las agresiones de este primer semestre de 2021 “reinciden procesos históricos de violencia” ya que el Estado es el principal agresor, la cobertura de corrupción y política como aquella que registra mayor tipo de ataques, seguido de seguridad y justicia.

También señala que “una segunda tendencia que experimentó un incremento fue la violencia en línea contra la prensa”. En ese sentido, 132 agresiones ocurrieron en el espacio digital, lo que equivale al 36.46 por ciento del total de ataques registrados. Es decir, más de 1 de cada 3 de las agresiones registradas en este primer semestre ocurrieron a través y con el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Además advierte que las mujeres periodistas en México “sufren de una violencia continua, la cual existe y se perpetúa por el sistema y normas patriarcales presentes en el ámbito político, digital y en los mismos medios de comunicación”.

De esta manera, se documentó que periodistas mujeres cisgénero fueron víctimas de 118 agresiones y 4 contra periodistas mujeres transgénero lo que implicó un 33.15 por ciento de los ataques documentados. 50 de éstos fueron intimidaciones y hostigamientos, esto incluye 17 campañas de desprestigio y 15 comunicaciones intimidatorias

“Se repiten las tendencias de crecimiento de años anteriores: el incremento de ataques contra periodistas mujeres, el ámbito digital como un espacio inseguro para ejercer el periodismo y el abuso del poder público para iniciar hostigamientos de tipos legales contra la prensa”, refirió en ese sentido la organización.

En ese sentido, se pidió a los gobiernos federal y estatales reconocer públicamente la importancia de la prensa para una sociedad democrática donde el Estado debe garantizar las condiciones para una prensa que ejerza su labor libre de violencia. Así como, condenar cualquier ataque y violencia contra personas periodistas y medios de comunicación.

También se llamó a diseñar e implementar una política pública integral que prevenga la violencia contra la libertad de expresión y que proteja a la prensa, y fortalecer al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, proveerlo de los recursos humanos y financieros necesarios.

A este Mecanismo, a su vez, se le requirió integrar la violencia ejercida en la esfera digital como un factor de riesgo, agilizar los procesos de incorporación a la prensa, coordinarse con las autoridades en las entidades federativas para el debido cumplimiento de las medidas de protección y generar estrategias y planes de prevención interinstitucionales con indicadores, para combatir las causas del riesgo.

A la Fiscalía General de la República (FGR), por su parte se le pidió resolver las investigaciones pendientes de los asesinatos de periodistas del 2021 y de años anteriores con el fin de terminar con la impunidad imperante en el país.

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Tribunal ampara a Kamel Nacif. Temen que el plan sea absolver a todos los acusados

martes, julio 27th, 2021

La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que la trasladó de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario José Kamel Nacif, uno de los principales señalados en su libro sobre pornografía y prostitución infantil.

Ciudad de México, 27 jul (EFE).- La organización Artículo 19 denunció este martes que persiste la impunidad para el empresario mexicano José Kamel Nacif, quien fue exonerado por el delito de tortura contra la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho, en 2005.

Esto, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo otorgara un amparo a Nacif, con el que lo libera de toda responsabilidad en el caso de Cacho, superviviente de torturas por sus investigaciones sobre redes de explotación infantil.

“Con esta determinación se abre camino para la absolución del resto de los sentenciados”, apuntó la organización en un comunicado.

https://twitter.com/lydiacachosi/status/1420015826934054917

La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.

Pero de acuerdo con el Tribunal, su tortura y aprehensión no tuvieron relación con la publicación del libro Los Demonios del Edén: el poder de la pornografía infantil.

El empresario Nacif era uno de los principales señalados en el libro en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil que implicaba a empresarios cercanos al entonces Gobernador de Puebla, Mario Marín.

Según algunas versiones, su detención y tortura habría sido pactada entre Nacif y Marín.

Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.

Según Artículo 19, la determinación del Tribunal se basó en un análisis “profundamente sesgado”, pues cuando se valoraron las conversaciones que tuvo Nacif con Marín, refiriéndose a Cacho, se consideró que las afirmaciones contra la periodista eran “vagas y genéricas” y podían referirse a cualquier mujer.

La organización denunció que las magistradas consideraron que no había prueba fehaciente sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista por publicar el libro y que todo era responsabilidad de los policías que la aprehendieron.

Señaló que la sentencia denota “un profundo desconocimiento” de los estándares internacionales en materia de derechos humanos “y tiene un clara intención de exonerar a los autores intelectuales”.

Argumentó que esto no sólo significa una “mala decisión”, sino que también exalta la corrupción que existe en el sistema judicial del país.

Por ello exigió una investigación pronta, imparcial, independiente y eficaz sobre los presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial de la Federación y exhortó a su presidente, Arturo Zaldívar, a depurar el aparato judicial del país.

También pidió que se garantice una justicia imparcial, independiente y transparente en el resto del proceso en contra de los otros autores materiales e intelectuales.

En 2019, el Gobierno de México pidió perdón a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005.

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El periodista Ricardo López, director de Infoguaymas, es asesinado a tiros

jueves, julio 22nd, 2021

El periodista Ricardo López fue asesinado a balazos este jueves en Guaymas, Sonora. La Fiscalía del estado comenzó las averiguaciones.

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo/EFE).– El periodista Ricardo López, de InfoGuaymas, fue asesinado este jueves en Guaymas, Sonora, informó la Fiscalía del estado.

La dependencia informó que las autoridades judiciales activaron un “Código Rojo” y comenzaron diligencias en colaboración con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).

De acuerdo con la información preliminar, el comunicador fue ultimado a las 17.00 hora local (22.00 GMT) en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el norte de Guaymas, justo el día en que cumplía 47 años.

López era propietario y director del portal InfoGuaymas y, de acuerdo con medios locales, en marzo pasado había denunciado amenazas en su contra tras la desaparición del también periodista Felipe Romero Chávez, de quien se desconoce su paradero.  Además, se desempeñaba como colaborador de Proyecto Puente, y reportero en medios de comunicación en Ciudad Obregón y Guaymas.

“Ejercer el periodismo en Guaymas es altamente riesgoso, aunque ya está la denuncia sigue habiendo amenazas”, dijo entonces en conferencia de prensa.

PERIODISTAS ASESINADOS EN MÉXICO

La semana pasada la Secretaría de Gobernación afirmó que, según cifras del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde diciembre de 2018 a la fecha han asesinado a 43 periodistas.

De acuerdo con la organización Artículo 19, tres periodistas han sido asesinados en relación con su labor informativa durante el 2021, mientras que la cifra aumenta a 28 al identificar a todos los reporteros asesinados desde el inicio del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, a abril de este año se habían incorporado 1424 periodistas y activistas mexicanos al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual tiene como finalidad “desplegar las acciones necesarias a favor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentren en riesgo con motivo de su labor”.

El pasado lunes, el periodista michoacano Abraham Mendoza, quien trabajaba en diversos medios de comunicación locales y desde 2013 se desempeñaba como conductor titular en la Revista Informativa VocesRadio, fue asesinado en Morelia.

-Con información de EFE

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Michoacán investiga si Abraham Mendoza fue asesinado por labor periodística

martes, julio 20th, 2021

El asesinato del periodista y locutor Abraham Mendoza Mendoza está siendo investigado por su actividad informativa. Al momento hay tres hombres detenidos como presuntos autores materiales del homicidio.

Morelia, 20 de julio (EFE).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) mantiene como principal línea de investigación la actividad informativa en el asesinato del periodista y locutor mexicano Abraham Mendoza Mendoza.

«El propio protocolo de investigación nos obliga a que desde el primer momento la perspectiva de la investigación se aborde en torno a la actividad periodística», dijo en conferencia de prensa este martes el Fiscal michoacano Adrián López Solís.

Aunque confirmó que esta es la principal hipótesis, no hizo referencia a algún trabajo periodístico específico.

Asimismo, confirmó que hay tres hombres detenidos como presuntos autores materiales del homicidio de Mendoza Mendoza, perpetrado alrededor de las 13:00 horas del lunes en la ciudad de Morelia, capital de Michoacán.

El fiscal adelantó que los detenidos son originarios del municipio de Ocotlán, en el estado de Jalisco, y son investigados para tratar de identificar a él o los autores intelectuales.

Los supuestos homicidas fueron identificados como José Wilbert “G”, Kevin “P” y Antonio “G”, a quienes se les decomisó un vehículo con reporte de robo, dos pistolas calibres 0.40 milímetros y una más 0.9 milímetros, así como un rifle de asalto, cargadores y municiones.

ASESINATO DE MENDOZA 

Mendoza murió luego de que sujetos armados le dispararan dentro de su vehículo este lunes, luego de salir de un gimnasio en la ciudad de Morelia, e hirieran a otra persona que se encontraba cerca.

El periodista y locutor conducía el programa informativo Observatorio en la emisora de la Universidad Vasco de Quiroga, Uve Radio, en el que, según medios locales, criticaba al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

Este martes, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, condenó el asesinato del comunicador e instó a las autoridades a investigar a fondo el crimen para conocer el móvil e identificar y juzgar a los responsables.

México es uno de los países del mundo más violentos para el gremio periodístico y cada año se registran numerosos asesinatos, agresiones e intimidaciones contra la prensa por parte del crimen organizado y de autoridades.

La semana pasada la Secretaría de Gobernación afirmó que según cifras del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde diciembre de 2018 a la fecha, se han asesinado a 43 periodistas.

Según la organización Artículo 19, al menos 139 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000 por sus tareas informativas.

Del total, 20 de ellos, si se suma el crimen de este lunes en Michoacán, se han producido durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

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ONGs rechazan el “quién es quién” de AMLO sobre las fake news

domingo, julio 4th, 2021

Las organizaciones exhortaron al Presidente a que reconozca públicamente la importancia de la labor periodística y de las organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de la democracia.

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo/AP).- La Organización internacional Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se manifestaron contra el “quién es quién en las mentiras de la semana” que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó el pasado miércoles contra la prensa mexicana.

Durante la audiencia temática “Estigmatización y ataques contra la prensa, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones” colectivos de periodistas, organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales denunciaron los constantes discursos estigmatizantes que el Gobierno federal y algunos gobiernos estatales y municipales emiten contra quienes defienden los derechos humanos y a la libertad de expresión.

Dicho señalamiento se realizó luego de que el Presidente lanzara en conferencia matutina desde Palacio Nacional, su selección de “noticias falsas” de medios y periodistas, que llamó “quién es quién en las mentiras de la semana”, pues López Obrador considera que los medios mexicanos y extranjeros lo atacan con mentiras.

Ante esto, las organizaciones señalaron que los espacios oficiales se utilizan para estigmatizar a personas defensoras, periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales con el fin de “silenciar, censurar y atacar la disidencia”.

Al respecto, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió al Gobierno mexicano reconsiderar el espacio “Quién es quién en las mentiras”, pues “puede estar afectando las garantías para un debate libre e informado del señalamiento público”. El debate “no puede trazarse bajo la culpabilidad de reprender y tiene que ser más abierto en términos de libertad expresión y democracia”, dijo.

Sin embargo, el Estado mexicano negó los hechos y afirmó que las y los funcionarios del Gobierno actual no estigmatizan a periodistas y personas defensoras sino que “estigmatizan las calumnias y mentiras”. No obstante, las organizaciones subrayaron que la estigmatización de parte de altos funcionarios genera un contexto de permisividad para agredir a la prensa y a las personas defensoras. Esto tiene como consecuencia directa el aumento de la violencia y el deterioro de entornos seguros para poder ejercer la libertad de expresión y defender derechos humanos.

Además, las organizaciones señalaron que las autoridades también omitieron posicionarse sobre la impunidad que prevalece en los crímenes contra la libertad de expresión, la cual es del más del 98 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales. Y tampoco clarificaron qué harán respecto a los 20 asesinatos y 4 desapariciones de periodistas y 45 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, ocurridos durante el actual sexenio.

Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, escribió que “en el caso de México, uno de los países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo, resulta doblemente peligroso el discurso directo de la Presidencia con insultos contra periodistas y medios, un tipo de agresiones que, como lo indica la experiencia, suelen degenerar en hechos de violencia”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó su preocupación acerca del segmento, pero el Vocero del Presidente, Jesús Ramírez, defendió el programa de López Obrador, escribiendo que “el Gobierno de México busca reducir el daño de la desinformación y las mentiras. No se desacredita a periodistas ni a medios, sólo se estigmatiza la mentira”.

“Esto permite a los ciudadanos formarse opinión de problemas nacionales y fortalece la democracia”, sostuvo.

Por lo que ante dichas omisiones del Estado y las denuncias presentadas en la audiencia, las organizaciones pidieron establecer mesas de diálogo con el Gobierno mexicano, una propuesta realizada por la CIDH y la oficina del la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Por su parte, la comisionada y relatora para México, Esmeralda Arosemena Troitiño, afirmó que la diversidad de opiniones no significa que las personas defensoras y periodistas sean “enemigas” y propuso un acercamiento entre gobierno y sociedad civil, ofreciendo para ello su apoyo para el diálogo.

Asimismo, las organizaciones señalaron la necesidad de la asistencia técnica al Estado mexicano para incorporar estándares internacionales sobre derechos humanos, en especial sobre libertad de expresión, al desarrollo de las conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República y con ello prevenir la reproducción de discursos “estigmatizantes”.

Además, las organizaciones también se unieron a las recomendaciones hechas por las y los comisionados de la CIDH y por la OACNUDH de realizar investigaciones efectivas con perspectiva de género para poner fin a la impunidad, eliminar los delitos contra el honor, revisar otros tipos penales instrumentalizados para criminalizar la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión, así como garantizar que las y los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones estigmatizantes, y que reconozcan y garanticen la labor de estos colectivos para el ejercicio democrático.

Finalmente, las organizaciones reiteraron el llamado para que la CIDH, medios de comunicación y sociedad en general se mantengan atentas por posibles represalias posteriores a la audiencia contra las y los integrantes de las organizaciones participantes.

Esta semana, López Obrador dijo que no pretende ser dueño de la verdad absoluta, pero se resiste fuertemente a las críticas y se niega a reconocer errores.

El mandatario dice ser víctima de una campaña de difamación por parte de “conservadores” cuyos intereses económicos han sido afectados por sus medidas para combatir la corrupción. López Obrador se ha quejado frecuentemente de que los “conservadores” pagan a reporteros o a organizaciones noticiosas para que lo ataquen.

La sección que fue presentaba por el Presidente, estará a cargo de García Vilchis y se presentará los días miércoles. Y aunque el Jefe del Estado mexicano había ofrecido, en una conferencia anterior, que habría derecho de réplica para periodistas y medios, aún la Presidencia de México no informó el mecanismo por medio del cual habrá derecho de réplica para los mencionados y/o denunciados a través de la “mañanera”.

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Policía de QRoo implicado en caso Lydia Cacho recibe 5 años de prisión

lunes, junio 7th, 2021

Artículo 19 recordó que los procesos en contra de Mario Marín y Kamel Nacif siguen en curso y la detención en contra de Adolfo Karam sigue sin ejecutarse.

Ciudad de México, 07 junio (SinEmbargo).- El expolicia ministerial de Quintana Roo, Miguel “N”, quien es acusado de haber detenido en forma violenta a la periodista Lydia Cacho en 2005, en apoyo de dos policías de Puebla, recibió una sentencia de cinco años y tres meses de prisión, informó Artículo 19.

A través de sus redes sociales la organización confirmó la sentencia y señaló que ésta es la tercera que se cumple por el caso Cacho.

Asimismo, recordó que los procesos en contra de Mario Marín y Kamel Nacif siguen en curso y la detención en contra de Adolfo Karam sigue sin ejecutarse.

El pasado 16 de abril la justicia mexicano informó de la ampliación de 5 a 7 años de cárcel al excomandante de la Policía Judicial Juan Sánchez Moreno, quien ejecutó la detención ilegal y tortura de la periodista

“El comandante que celebró y fue cómplice de mi tortura recibe sentencia con análisis interseccional de violencia de género. Además lo inhabilitan 15 años”, apuntó Cacho en un mensaje en Twitter.

“Me amenazaron de muerte si los encarcelaban, pero era necesario lograrlo. Basta de #TorturaPolicíaca”, añadió.

La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.

El empresario era uno de los principales señalados en el libro dedicado a la investigación del suceso titulado Los demonios del Edén, en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil.

Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente y dijo que sufrió tocamientos e insinuaciones sexuales y amenazas de muerte.

A mediados de abril, la periodista dijo que la Magistrada María Elena Suárez Préstamo, quien dictó la resolución, “es la jueza que no se arredra, que no se ha rendido ni vendido a pesar de las presiones del poder”.

Horas antes, la organización Artículo 19 informó que se les notificó la sentencia de apelación “la cual aumenta a 7 años la pena del excomandante de la judicial, Juan Sánchez Moreno, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista”.

La organización dijo que “con el segundo sentenciado en el caso, se da un paso importante hacia la justicia”. Sin embargo, sigue pendiente el proceso judicial contra tres implicados y la captura de otros que se encuentran prófugos.

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