El Presidente pidió paciencia ante cuestionamientos sobre la investigación del expresidente Enrique Peña Nieto y el extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos; “no se puede cerrar el caso”, declaró.
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que no habrá impunidad en relación a la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que todas las personas que resulten implicadas serán juzgadas.
“No va a haber impunidad. Todos los que participaron van a ser juzgados. Faltan esas órdenes de aprehensión, hay algunos que ya están detenidos. No son 80, son menos. Eso corresponde a la Fiscalía. Sí, pero no son 80”, dijo el Presidente durante la conferencia matutina.
Ante cuestionamientos sobre la inclusión del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, el mandatario mexicano pidió paciencia a que las personas detenidas y que cuentan órdenes de aprehensión declaren.
“Al momento que se detiene a participantes, van a declarar, se van a defender, van a aportar más información, de ahí que no se puede cerrar el caso, lo que nos interesa mucho, mucho, desde luego a los padres, es saber dónde están los muchachos, sus restos, qué pasó con ellos”.
Además, reiteró la continuidad en la investigación y el compromiso con los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tras lamentar lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, lo que calificó como un ejemplo “de abuso de autoridad, de mal Gobierno, de asociación delictuosa y desde luego de injusticias”.
Recientemente, el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las órdenes de aprehensión involucran a 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Todos ellos estarían vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores. Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
El pasado 19 de agosto, la FGR también detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México hace ocho años.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas Rodríguez, quien además presentó el más reciente informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa. Foto: Gobierno de México
Murillo Karam estuvo a cargo de investigar uno de los crímenes que más ha conmocionado dentro y fuera de México. Fue quien calificó como “verdad histórica” una versión de los hechos que decía que los 43 jóvenes fueron quemados en una gran hoguera encendida en un basurero, una explicación que después un grupo de expertos internacionales y la actual fiscalía mexicana echaron por tierra.
Asimismo, el Canciller Marcelo Ebrard declaró el pasado 23 de agosto que el proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio —exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y señalado como presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa— va “por buen camino”.
“Ya está integrado todo el expediente, ya la mayor parte de información que solicitó el Gobierno de Israel, según nos ha informado la Fiscalía General de la República, ya se entregó”, dijo al ser cuestionado al respecto.
El extitular de la AIC ha sido acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa y rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de cooperar en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, informó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el pasado 18 de agosto.
El activista Vidulfo Rosales destacó que los padres de los 43 normalistas siempre tuvieron información extraoficial de que el Ejército estuvo inmiscuido en los hechos, pero el Gobierno de Enrique Peña Nieto lo desestimó por completo. Ahora las investigaciones arrojan que hay militares que sí tienen responsabilidad penal, por lo que “deben de enfrentarla”.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– La narrativa del General Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue siempre la de deslindar a los militares y evitar que fueran llamados a declarar por este caso. El General Secretario sostuvo en el Gobierno pasado que el Ejército no tuvo ninguna relación, nada que ver y ninguna responsabilidad de acción en la Noche de Iguala. Hoy se sabe que no fue así.
“¿Por qué aquí deberíamos haber intervenido? Primero, no teníamos gente; segundo, no teníamos por qué haber intervenido”, dijo Cienfuegos hace casi siete años, en octubre de 2015, en una entrevista con Televisa en la que aseguró que la institución a su cargo no incurrió en una “omisión” durante las horas en las que los estudiantes de Ayotzinapa fueron agredidos y 43 de ellos desaparecidos. El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y el último elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmienten esto y aseguran que el Ejército tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo durante la desaparición de los normalistas, pues elementos de esa institución fueron testigos de primera mano de los diferentes episodios que tuvieron lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El General Cienfuegos es el mando militar en el que ha recaído la exigencia, de padres y activistas, de que sea llamado a declarar para rendir cuentas sobre los acontecimientos de esa noche en Iguala. Y ahora que se confirma la participación del Ejército —con un informe emitido desde una instancia gubernamental, que reconoce que fue “un crimen de Estado”— resurge la demanda de que el General Salvador Cienfuegos explique hasta dónde llegaron sus conocimientos y órdenes frente a los hechos de Iguala y los eventos posteriores.
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“Los padres siempre tuvieron información extraoficial de que el Ejército mexicano estaba inmiscuido, pero el Gobierno pasado lo desestimó por completo. Dijo que eso era una locura, que cómo se podía imputar eso. El General rechazó rotundamente que fueran investigados los elementos del Ejército y ahora resulta que las investigaciones arrojan que sí tienen responsabilidad penal y por eso deben de enfrentarla”, comentó Vidulfo Rosales, abogado representante de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
El alto mando militar no sólo se negó a abrir los cuarteles —una de las demandas de los padres de los normalistas desaparecidos— durante su gestión frente a la Sedena, sino que advirtió que no iba a permitir que los integrantes de las fuerzas armadas fueran investigados. Fue en octubre del año 2015, justo el mes en que la Marina manipuló el basurero de Cocula (como ahora se sabe), cuando el General Cienfuegos Zepeda dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no tenían por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] en ningún momento dice que pueden interrogarlos. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro, ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”, dijo en una entrevista difundida en el espacio del periodista Joaquín López-Dóriga en Televisa.
El General Salvador Cienfuegos deslindó al Ejército de responsabilidades en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro
El informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, presentado el pasado jueves por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, desmantela lo dicho por el General: El Ejército no sólo tuvo conocimiento, además tenía la responsabilidad de actuar en los hechos, debido a que uno de sus soldados estaba infiltrado y se encontraba entre los estudiantes desaparecidos. Se trata de Julio César López Patolzin, quien llevaba cuando menos dos años con los normalistas.
El informe detalla que el soldado se encontraba activo en el Ejército Mexicano “realizando funciones de informante” y que su superior jerárquico, el Teniente Marcos Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, sabía que él se encontraba dentro del grupo de estudiantes que fue atacado. El Ejército, agrega el documento, aunque estaba al tanto de lo que ocurría, “no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece en el Protocolo para Militares Desaparecidos” que obliga a los mandos a implementar medidas contundentes a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y, en su caso, rescate del personal militar desaparecido.
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No es la primera vez en que se asegura que el Ejército conoció el desarrollo de los hechos de la Noche de Iguala. El informe del Grupo de Expertos también dio cuenta de ello en marzo pasado —con base en documentación militar y de inteligencia— que la milicia estaba enterada de lo que ocurría, minuto a minuto, durante la desaparición de los normalistas ya que hubo dos operaciones de inteligencia en las que esa institución dio un seguimiento casi contrainsurgente a los estudiantes, operaciones en las que incluso, según el GIEI, tenían a elementos de inteligencia infiltrados desde hacía por lo menos 10 años.
Frente a las nuevas revelaciones del GIEI, los expertos, activistas y los padres y madres de los 43 estudiantes exigieron, en ese entonces, investigaciones exhaustivas al Ejército, Marina y al expresidente Enrique Peña Nieto, quien —insistieron— debe ser llamado a declarar por los hechos contra los 43 estudiantes y la fabricación de la llamada “Verdad Histórica”, lo cual ha prolongado la desaparición de los normalistas y ha obstaculizado el acceso a la verdad y justicia.
“Hoy con mayor relevancia se determinaría la necesidad de escuchar al General Cienfuegos para que nos cuente historias sobre el pasado, el durante y el después de este caso también […] esa información (los videos y lo que reveló el GIEI) reposaba hace 7 años. La conocían todos los estamentos y la conocía inclusive el Secretario de Defensa de esa época y el Secretario de Marina de esa época. Yo lo que puedo decir es que sí sería interesante que por lo menos intenten dar una explicación de qué fue lo que supieron, cómo lo supieron, qué ordenaron y hasta dónde lo ordenaron”, expresó desde abril pasado en entrevista con SinEmbargo, Angela Buitrago, integrante del GIEI.
Una bandera de México con la leyenda “Ayotzinapa Vive”. Las autoridades han señalado que la investigación sigue. Foto: Sugeyry Romina Gándara/SinEmbargo.
Hasta el momento los padres de los 43 no han fijado públicamente una postura misma que se estima pueda presentarse este miércoles. No obstante, persiste la exigencia de una explicación y respuestas por parte de todas las autoridades que pudieron estar involucradas no sólo en la desaparición, sino en la construcción de la “verdad histórica”.
Aunado a los dos informes —el del GIEI y el de la Comisión de la Verdad—, el viernes 20 de agosto, el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión, las cuales, involucran a 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El comunicado emitido por la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero no detalla quiénes son los mandos militares y tropa involucrados y ahora son buscados por las autoridades para ser presentados ante un juez.
Vidulfo Rosales indicó a Los Periodistas, que las órdenes de aprehensión contra los militares tienen mucha relevancia porque esa operación a gran escala que se hizo en Iguala, el pacto de silencio, solamente podía venir de una institución como el Ejército mexicano.
“Esa imposibilidad de hablar, de que se sepan las cosas, solamente pude devenir de una institución, de una institución que cuenta con hermetismo, con una disciplina capaz de no romper esos pactos de silencio y esa institución es el Ejercito mexicano. Siempre los padres tuvieron información extraoficial de que el Ejército mexicano estaba inmiscuido, el Gobierno pasado lo desestimó por completo y dijo que eso era una locura, que cómo se podían imputar esas cuestiones al Ejército”, comentó.
El abogado recalcó que es necesario que se procese de inmediato a esos mandos militares y del batallón porque si el caso si sólo se queda en la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam y en un anuncio de las órdenes de captura de corte político–, esos ordenamientos legales no tendrán sentido.
A su vez el abogado dijo que los familiares de los normalistas consideran que las responsabilidades llegan hasta el más alto nivel del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Sabemos que la FGR y la Comisión de la Verdad no tienen en el radar (a General Salvador Cienfuegos), pero nosotros estamos insistiendo que se investigue la cadena de mando hasta el más alto nivel, por supuesto a estas dos personas (Cienfuegos y Peña Nieto) que a nuestro juicio deberían de ser objeto de procesamiento”, destacó Vidulfo Rosales.
Aunque hasta el momento no se ha detallado con precisión quiénes son los elementos del Ejército que cuentan con las órdenes de aprehensión, el informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, elaborado por la Segob, detalla con nombre de pila a algunos de los elementos, da cuenta de los testimonios de soldados y lo que pudieron observar, así como de los mandos que estaban al tanto de sus operaciones.
Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han exigido desde hace años investigar al Ejército. Foto: Sugeyry Romina Gándara/SinEmbargo.
PARTE DE LOS MILITARES
José “N”, es Segundo Capitán de Infantería y tenía a su cargo a Eduardo “N”, soldado de Infantería que observó la detención de 10 de los estudiantes en el Palacio de Justicia y tomó fotografías, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad
El Capitán también estaba a cargo de la fuerza de reacción que observó a uno de los camiones donde iban los estudiantes, el cual estaba abandonado y fue remolcado por grúas. Esa misma fuerza de reacción acudió a la Clínica Cristina donde tomaron fotografías y resguardarlo el lugar.
Roberto. “N”, fue uno de los que atendió el accidente de la pipa y acudió a verificar el dato de personas heridas por arma de fuego en el Hospital General de Iguala. También fue de los elementos que brindó seguridad perimetral posterior a los hechos de Santa Teresa en Iguala y también acudió a obtener datos sobre los ingresos en el Hospital General.
José “N”, declaró que él se encontraba en su oficina durante los hechos de los días 26 y 27 de septiembre, no obstante, la gente a su mando le comunicaba los acontecimientos de Iguala. De acuerdo con la información que le llegaba, José iba dando órdenes y organizando a sus elementos.
La narración de los hechos que da en sus declaraciones coincide con la cronología presentada en los informes de Sedena, cuando la información mencionada es la que fue recibida en el C-4 por Joel “N”, Ezequiel “N” y por los Órganos de Búsqueda de Información (OBIS) que estaban laborando ese día.
Al Teniente Jorge N le instruyeron ir a la colonia Industrial, donde fue hallado el cuerpo de Julio César Mondragón. Joel tenía como tarea recibir y emitir informes del C-4; él daba cuenta inmediatamente al Coronel José Rodríguez Pérez y al cuartel general de la 35 Zona Militar.
El 26 de septiembre, la noche de la desaparición de los estudiantes, recibió una llamada del C-4 del Sargento Felipe “N”, quien le informó de dos camiones con estudiantes normalistas de Ayotzinapa, provenientes de Chilpancingo con rumbo a Iguala y que uno de los camiones, el que iba al Rancho del Cura, y otro, visto en la caseta, se dirigían a la central de autobuses Estrella Blanca, donde los estudiantes se apoderaron de dos autobuses y vandalizaron otro inmueble.
También recibió otra llamada, entre las 21:30 y 22:00 horas, donde Cano le informó que la Policía Municipal de Iguala y normalistas tenían un enfrentamiento.
Joel “N” le ordenó al soldado Eduardo “N” hacer un recorrido en el periférico, quien informó a las 22:30 horas que frente al Palacio de Justicia había un autobús con normalistas y que éste estaba rodeado de varias patrullas de la policía municipal (encapuchados), quienes les ordenaban con groserías a los estudiantes que bajaran del camión, pero que ellos se negaron y ante la negativa les arrojaron gas.
Vidulfo Rosales dijo que desde hace años los padres de los 43 normalistas tenían información extraoficial de que el Ejército sabía y tenía más participación en los hechos, de lo que ellos decían tener. Foto: Cuartoscuro.
El soldado Ezequiel “N”, dijo que el Coronel Rodríguez le pidió que acudiera al evento de la Presidenta del DIF de Iguala Maria de los Angeles Pineda, esposa del Alcalde José Luis Abarca, y llegó al lugar aproximadamente a las 17:50 horas.
Además, recibió una llamada del Coronel quien le pidió que se trasladara a la caseta de cobro para observar qué hacían los estudiantes ahí. Llegó a dicha caseta las 20:20 horas; en el lugar observó a 40 estudiantes realizando actividades de boteo, información que le notificó a su superior. Permaneció, indica el informe, cerca de 40 minutos en el lugar, observó cómo se iban los estudiantes con rumbo a Chilpancingo y se retiró a su casa.
El Sargento Felipe “N”, era el encargado del C4 por parte de la Sedena y de pasarle esa información a Joel “N”, quien era el encargado de recibir los reportes. Alrededor de las 21:20 horas, detalló en su declaración, los estudiantes habían entrado a la central de autobuses y querían llevarse un autobús. Posteriormente, empezaron a llegar reportes por parte del 066 de enfrentamientos y personas heridas. El soldado terminó su turno a las 10 horas del siguiente día.
Eduardo “N”, es un soldado de infantería que recibió órdenes de verificar un autobús abandonado con normalistas en el periférico a la altura del Palacio de Justicia. El 26 de septiembre, entre las 22 y 22:30 horas, el Teniente Joel le instruyó que acudiera a la carretera que conduce a Chilpancingo, ya que habían reportado un autobús abandonado, al parecer con estudiantes.
El soldado indicó que él acudió en su motocicleta particular y observó que se encontraba un camión Estrella de Oro rodeado de elementos de la Policía Municipal de Iguala, quienes iban en cinco patrullas. Los policías intentaban bajar a los estudiantes, pero estos se negaban; lo reportó al teniente Joel, quien le dijo que se quedara a observar, pero que no se arriesgara.
Foto: Moisés Pablo, Cuartocuro
El soldado indicó que llegaron otras dos patrullas de la Policía Municipal con elementos que venían más agresivos, pues les aventaron gas lacrimógeno por lo que aproximadamente 10 jóvenes se bajaron y de inmediato fueron esposados con las manos hacia atrás y, de forma agresiva, puestos en el piso boca abajo. El elemento permaneció en ese lugar hasta las 23:30 horas, donde tomó entre cuatro o cinco fotografías con su celular; sin embargo, declaró que en ningún momento se percató de las detonaciones de arma de fuego.
Eduardo “N”, soldado, señaló que salieron del batallón cerca de las 00:30 horas del 27 de septiembre abordo de dos camionetas y que al llegar a Palacio de Justicia sólo vieron el camión, pero ya no estaban los estudiantes. Dijo que observaron a las grúas remolcando el camión, que estuvieron cinco minutos y se retiraron.
Agregó que, cuando iban de regreso al batallón, recibió una llamada de Joel “N”, diciéndole que habían recibido un reporte, por C4, el cual decía que sujetos habían entrado armados a la Clínica Cristina, por lo que se dirigieron de inmediato, pero que en su traslado se percataron de tres autobuses a media calle de Juan N. Álvarez y periférico, además de observar dos cuerpos masculinos sin vida.
Comandante Roberto “N”, era el encargado de la fuerza de reacción que acudió a brindar seguridad perimetral en el crucero de Santa Teresa. El 26 de septiembre, por la mañana le instruyeron a él y a su fuerza de acción atender el hecho del tráiler con material explosivo accidentando en el kilómetro 43 de la carretera federal 95, lugar donde permaneció hasta las 22:20 horas.
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LOS ENLACES DE LA “VERDAD HISTÓRICA”
De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, los almirantes Ortega y Redondo, y el General Saavedra participaron como “enlaces operativos para desarrollar la investigación” denominada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, encabezada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, preso por estos hechos.
No está claro en la información oficial si los dos almirantes y el general, actual director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, tienen ya órdenes de aprehensión en su contra y si ya están detenidos, pero la Fiscalía General de la República informó, el viernes, que obtuvo de un juez 20 de éstas contra mandos y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, Guerrero, relacionados con los hechos de Iguala.
Los elementos castrenses están involucrados en las 83 órdenes de aprehensión que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró a petición de la FGR, y que involucran también a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de los municipios de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, así como 11 policías estatales y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Hasta ahora el único militar preso por la Noche de Iguala es el capitán José Martínez Crespo, quien fue uno de los militares que fueron identificados por los normalistas sobrevivientes y quien está preso desde noviembre de 2020, acusado de delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada.
El informe sobre la investigación de lo ocurrido con los 43 normalistas presentado por el Subsecretario Alejandro Encinas, el jueves, identifica a parte de los responsable de fabricar la “verdad histórica” por la que está preso Murillo Karam, entre ellos funcionarios federales del Gobierno de Enrique Peña Nieto y de Guerrero, encabezado por Aguirre Rivero.
“La verdad histórica es resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder en la que participaron en su implementación: el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el Subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el director de la AIC, Tomás Zerón, quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno federal”, dice el documento.
Y añade: “Los enlaces operativos para desarrollar la investigación fueron: Por parte de Semar, el almirante Marco Antonio Ortega Liu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y el titular de la Unidad de Inteligencia Naval, el almirante Eduardo Redondo Arámburo. Por parte del CISEN, José Miguel Espinoza Pérez, delegado en Guerrero; por la Policía Federal el comisionado Omar García Harfuch; el comandante de la zona militar en Chilpancingo, Alejandro Saavedra; el policía ministerial Carlos Gómez Arrieta”.
Indígenas tzotziles participaron en una misa en memoria del 24 aniversario de la masacre de Acteal este miércoles en el municipio de Chenalhó, Chiapas.
Chenalhó (México), 22 dic (EFE) .- A 24 años de la matanza de 45 indígenastzotziles en el paraje de Acteal, en Chenalhó, Chiapas, familiares y sobrevivientes de la masacre perpetrada por un grupoparamilitar, marcharon para exigir cárcel para los autores intelectuales y materiales de los hechos.
Con cantos, rezos, cruces, incienso y velas los miembros de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, recordaron a sus muertos en la tumbacolectiva donde descansan los cuerpos de las víctimas del crimen de Estado, entre los que se encontraban 15 niñas y niños, nueve hombres y 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas. La agrupación Las Abejas es un grupo indígena, cristiano, pacifista y antineoliberal.
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas de esta organización oraba en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, cuando fue atacado por un centenar de presuntos paramilitares, también indígenas.
“Es un dolor que no se supera, que no se olvida a más a 24 años porque no hay justicia. El gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no han avanzado y tampoco hay informes de fondo del caso”, indicó Guadalupe Vázquez, una de las sobrevivientes.
Entre cantos, rezos, cruces, incienso y velas Las Abejas de Acteal recordaron a sus muertos en la tumba colectiva donde descansan los cuerpos de las víctimas de la masacre. Foto: EFE
El obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, ofició la misa en memoria de las víctimas y los sobrevivientes, exhortando a los presentes a no “engancharse en el dolor y la ira”.
“Estamos acompañando a quienes tienen un gran dolor por el acontecimiento, pero también por la ofrenda que Dios nos hable de este acontecimiento, que estemos dispuesto a defender la vida pero siempre con criterios de paz y legalidad”, dijo el obispo.
Durante la peregrinación recordaron a todos los asesinados y a los que les han ayudado a sobrellevar esta tragedia como lo fue el obispo Samuel Ruiz García, quien, dijeron, los apoyó en los momentos más difíciles donde fueron perseguidos y criminalizados por buscar justicia.
Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes siguen labrando la paz y tratando de dar a conocer la verdad de lo que pasó ese día, como lo hacen el 22 de cada mes, impulsando una lucha pacífica y redignificando a las víctimas y sobrevivientes de la masacre.
Este crimen de Estado dejó 45 víctimas: 15 niñas y niños, nueve hombres y 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas. Foto: EFE
Habrá justicia por el asesinato del activista “sea quien sea” el responsable y se llegará a la verdad en el caso de los normalistas, se compromete el presidente en Tlapa.
Por Carmen Gonzáles Benicio
Tlapa, Guerrero, 25 de noviembre (El Sur).-El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en la actividad Diálogos con los Pueblos Mixteco (na savi), Tlapaneco (me´phaa), Amuzgo (ñomda) y Nahua en Tlapa, ofreció que habrá justicia en el asesinato de Arnulfo Cerón Soriano, y afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapanosepuedeconsiderar que es un crimen de Estado.
“Tengo la información que ya están detenidos autores materiales y que se tiene que saber sobre los autores intelectuales. Y que les quede claro, es un Gobierno nuevo, no se protege a nadie”, enfatizó.
Se preguntó qué era la impunidad, respondiéndose que eso significaba protección a los delincuentes, pero que ya no había impunidad en el país, por lo que “el que resulte responsable, sea quien sea, va a ser castigado. Eso que quede claro”.
Agregó que no se ha dejado de buscar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque tenía el compromiso de conocer y dar a conocer toda la verdad sobre su desaparición, que su gobierno no escatimaría en recursos para encontrarlos.
AMLO agregó que se formarán comités de padres de familia en las escuelas, para que reciban los recursos anuales que les harán llegar directamente, para el mantenimiento, sin que pasen por las dependencias federales o estatales y que la tesorera será mujer, porque son más honradas. Foto: Presidencia, Cuartoscuro
Pidió a quienes tienen información o que participaron en hechos delictivos, que si querían ayudar a que se sepan las cosas, el Gobierno los va a proteger, porque siempre se necesita conocer la verdad.
Enfatizó que cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad, si hay voluntad política de la autoridad. Pero cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saberla.
“Cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad, si hay voluntad política de la autoridad; cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Pero en el caso de Arnulfo (Cerón), en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos, no se puede hablar de crímenes de Estado, porque ahora el representante del Estado mexicano, Comandante supremo de las fuerzas armadas, el Presidente de la República, el que les habla, no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún acto autoritario”, dijo a los asistentes, en su mayoría indígenas.
Lo anterior lo mencionó al cierre de su participación, de una hora, y teniendo delante de él a integrantes del Frente Popular de la Montaña y a Gabriela Pablo Bello, esposa del defensor de derechos humanos, Arnulfo Cerón, desaparecido el 11 de octubre y encontrado el 20 de noviembre asesinado, sepultado en una fosa en la periferia de Tlapa.
Los del Frente colocaron la lona que decía: “Arnulfo Cerón Soriano. Justicia. Castigo a los autores intelectuales y materiales”, y otro grupo, más alejado, tenía pancartas con fotos y textos, desde donde se escucharon gritos de “asesino” cuando se mencionaba al Alcalde, emanado de su partido Morena, Dionicio Merced Pichardo García y Marco Antonio García Morales, jefe de gabinete.
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Ambos asistieron a la actividad, el primero fue enviado a la última silla del presídium, tampoco habló y López Obrador le negó el saludo; el segundo estuvo entre la multitud.
SUS PROGRAMAS
López Obrador se comprometió a que en la Montaña y en Guerrero, por solicitud del Gobernador Héctor Astudillo Flores, va a aplicarse al programa Sembrando Vida, que ya se desarrolla en otros estados, y va iniciar con 50 mil hectáreas que se van a sembrar, para generar 20 mil empleos permanentes, con un jornal mensual al dueño de la parcela de 5 mil pesos y lo tendrían hasta que finalice su sexenio.
Dijo que le tomaba la palabra al Gobernador, que van a haber presupuesto para caminos y se va a entregar el recurso de manera directa a los gobiernos municipales de la Montaña, por lo que pidió a todos que cuiden y vigilen para que se aplique bien ese recurso.
López Obrador recordó que ofreció aumentar la pensión a los adultos mayores y estaba cumpliendo, pues de mil 160 pesos ahora eran 2 mil 550 pesos y el próximo año aumentaría de acuerdo con la inflación. Reiteró que los indígenas accedían con 65 años, porque se desgasta y sufre más la gente pobre; el campesino, el indígena, quien trabaja y sufre más, y por eso envejecen de manera temprana.
Así como la pensión a personas con discapacidad, con un millón de beneficiarios, con preferencia a niñas y niños indígenas pobres.
Dijo que a un año podía probar que de cada 100 hogares en México, a la mitad de todas las casas del país llegaba al menos un programa de bienestar y a los indígenas en un 90 por ciento.
Sobre las becas universitarias, dijo que las reciben 300 mil jóvenes pobres en el país, con 2 mil 400 pesos mensuales, por un monto de 11 millones, “nunca en la historia de México se había ayudado tanto al pueblo en este asunto educativo”.
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Mencionó que el programa Procampo cambió a Producción para el Bienestar, pero “no todos recibían ese apoyo, había mucha discriminación en todo el manejo de la política del sector agropecuario. Los subsidios eran para los grandes productores, y lo que se entregaba a los estados se hacía a través de organizaciones que no manejaban con honestidad los beneficios”, por lo que ahora todo sería a través de tarjetas bancarias.
Habló de los jornaleros agrícolas que salen al norte del país a trabajar, por seis meses, y regresan a sembrar su tierra, donde les pagan muy poco y si hay trabajo aquí les tendrán que pagar más, para que vayan a recoger sus cosechas.
Dijo que en Oaxaca, los gobiernos de usos y costumbres son gobiernos ejemplares, porque la asamblea los elige y estén donde estén, tiene que ir a dar servicio a su comunidad, donde la mayoría de los residentes municipales no cobran y empiezan desde topiles, hasta ser tata, mandones del consejo de ancianos, incapaces de robarse dinero.
Por ello, explicó, se comprometió a pavimentarles los caminos, que harán de manera directa, de concreto, generando empleos y el dinero se quede en la comunidad, sin que contraten empresas que quedan mal y se llevan el dinero haciendo malas obras, que no duran ni un año.
Reconoció que el programa de fertilizante gratuito no funcionó adecuadamente, que hubo fallas en la entrega y que fue por los bloqueos. Lamentó que fuera en la Montaña donde menos llegó, porque les tomaban los camiones. Y que ahora él vigilará que llegue de manera gratuita y si toman los camiones, vendrá a preguntarles porqué lo hacen.
“Imagínense, llegar a la Presidencia después de tantos años de lucha, para hacer lo mismo, no tendría sentido. Nada más para presumir que uno es Presidente y que le digan: ‘Señor Presidente’, y uno diga: ‘¿Qué horas son?’, y que contesten los lambiscones: ‘Las que usted quiera que sean, señor’”. Foto: Presidencia, Cuartoscuro
Agregó que se formarán comités de padres de familia en las escuelas, para que reciban los recursos anuales que les harán llegar directamente, para el mantenimiento, sin que pasen por las dependencias federales o estatales y que la tesorera será mujer, porque son más honradas.
El del INPI, Adelfo Regino Montes, dijo que se estaba cumpliendo con el programa de viviendas en la Montaña, dentro del esquema de la autoconstrucción, con 403 casas, ante las afectaciones de 2013 con la tormenta Manuel.
LOS CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN
López Obrador dijo que él encabezaba la transformación, que no le fallaría a la gente humilde y pobre, que este Gobierno no era más de lo mismo, porque se arrancarán los privilegios, las injusticias y la corrupción, principal problema de México. “Imagínense, llegar a la Presidencia después de tantos años de lucha, para hacer lo mismo, no tendría sentido. Nada más para presumir que uno es Presidente y que le digan: ‘Señor Presidente’, y uno diga: ‘¿Qué horas son?’, y que contesten los lambiscones: ‘Las que usted quiera que sean, señor’”.
Mencionó que pensaba cambiar la Constitución, pero no se hizo para evitar revuelo, pero con las reformas que se han impulsado en un año “puedo decirles, aquí en Tlapa, que ya hay una nueva Constitución”.
Recapituló que una reforma fue sobre la corrupción, que no era considera como delito grave, pero ahora ya “el corrupto va para dentro, sin derecho a fianza”. También la condonación de impuestos, que los de arriba no pagaban y ahora está prohibida a los grandes contribuyentes.
El que se considere delito grave el fraude electoral, como cuando padeció la compra del voto, del reparto de migajas, despensas de frijol con gorgojo, para obtener los votos o cuando se utilizaba el presupuesto para favorecer a candidatos y partidos.
Entre el público se escucharon gritos de “fuera las despensas, Doña Petra”, que son parte de un programa que entrega el Ayuntamiento de Tlapa, y pedidos de que se le hiciera auditoría al municipio.
En la actividad estuvieron diputados locales de Morena; presidentes municipales priistas, como Rosendo Larios Rosas, de Xalpatláhuac, que llegó con un contingente amplió; el ex presidente de Acapulco, Luis Walton Aburto; y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández. Foto: Presidencia, Cuartoscuro
Del mismo modo, la cancelación de la Reforma Educativa, con la que se quería privatizar la educación, convirtiéndola en privilegio, cuando es un derecho. El tema de la salud, con el cual tiene el compromiso el mejorar el sistema de salud pública, ante la falta de médicos y medicamentos.
Señaló que los nuevos agregados a la Constitución, para que se eleve a rango constitucional la pensión a adultos mayores, las personas con discapacidad y los estudiantes, que reciban una beca para estudiar en todos los niveles escolares.
También las consultas ciudadanas si no se está de acuerdo con alguna decisión del Gobierno. La revocación del mandato y que ahora se puede juzgar al Presidente, por cualquier delito, como ciudadano normal, al quitar el privilegio del fuero.
De la misma forma, se oyeron gritos para el caso de Tlapa, en el tema de las consultas ciudadanas.
Agregó que esas acciones fueron por convicción, para que no se use la fuerza para destituir a una autoridad legal y legítimamente constituida. “No queremos aquí en México golpes de Estado, no queremos la imposición mediante la fuerza”, y aprovechó para decir que siguió la tradición histórica, ejemplar, de la política exterior de México, por lo que se le dio asilo humanitario y político al Presidente de Bolivia, Evo Morales.
En la actividad estuvieron diputados locales de Morena; presidentes municipales priistas, como Rosendo Larios Rosas, de Xalpatláhuac, que llegó con un contingente amplió; el ex presidente de Acapulco, Luis Walton Aburto; y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
No se notó aglomeración de personas, como en la primera visita de AMLO.
SOBRE LOS POLÍTICOS
Agregó que en los gobiernos de Oaxaca no hay politiquería, que quien quiere ser y empieza a abrazar a la gente, para que voten por él, está descalificado. Después se siguió “hablando en plata, sobre Guerrero”, dijo que ya andan en campañas a ver quién llega o se va a colar, para que lleguen al cargo a robar, con honrosas excepciones, y que eso era el cáncer que empezó a afectar la vida pública.
México, 6 de mayo (EFE).- La Fiscalía mexicana anunció este lunes que investigará como un crimen de Estado la llamada Estafa Maestra, que involucra desvíos por 5 mil 875 millones de pesos (310.8 millones de dólares) con la posible colusión de ex funcionarios de secretarías y universidades públicas.
La premisa para reestructurar esta investigación es que el daño patrimonial cuantificado “no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros”, aseguró el fiscal general, Alejandro Gertz, en rueda de prensa.
Gertz calificó a la Estafa Maestra, un caso denunciado públicamente desde 2015, como una “maquinación de gran envergadura”.
En este caso se debió investigar desde el principio “la obvia premisa de colusión” y el “interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público”, señaló el fiscal.
Explicó que dado que los elementos así lo indican “es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada”.
Lo calificó como un posible delito de Estado que fue encubierto posiblemente por diversas instancias públicas en las secretarías de Hacienda, Función Pública, Educación y otras, además de que involucra a varias instituciones de educación superior.
La desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) abrió en octubre de 2015 con base en dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación 21 procedimientos en contra de funcionarios de varias dependencias del Ejecutivo.
Se involucraba en esta Estafa Maestra a funcionarios de la antigua Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a funcionarios de universidades públicas del país, explicó.
De estas investigaciones, se judicializaron casos contra cinco ex funcioanrios y se obtuvo una sentencia condenatoria contra un involucrado, explicó la Fiscalía.
Según denuncias periodísticas, los ministerios firmaban convenios con universidades públicas, las cuales hacían subcontrataciones de empresas privadas, algunas catalogadas como fantasma, para desviar los recursos.
En 2017, el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publicaron que el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) había usado “empresas fantasma” para desviar recursos mediante convenios fraudulentos por el valor de 7 mil 670 millones de pesos (403 millones de dólares).
Félix Hernández Gamundi era estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se había desempeñado como uno de los líderes del Consejo Nacional de Huelga, un organismo estudiantil que paralizó las universidades mexicanas para exigir la democratización de México y el fin de la represión contra movimientos sociales.
Por Eduard Ribas i Admetlla
México, 1 de octubre (EFE).- Cuando Félix Hernández Gamundi llegó a Ciudad de México, su sueño era graduarse en ingeniería y regresar a su pueblo natal. Pero participar en el movimiento estudiantil de 1968 le cambió la vida: presenció la matanza de Tlatelolco, fue torturado y se convirtió en preso político más de dos años.
“El 68 es un tremendo crimen de Estado que sigue impune. Estamos reclamando que se abran procesos penales contra los autores intelectuales y materiales de la represión”, explica Hernández en entrevista con Efe, tras sostener que “el Estado debe pedir perdón y hacer justicia”.
Durante el verano de 1968, este estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se había desempeñado como uno de los líderes del Consejo Nacional de Huelga, un organismo estudiantil que paralizó las universidades mexicanas para exigir la democratización de México y el fin de la represión contra movimientos sociales.
“Estábamos seis o siete asomados por la ventana cuando vimos luces de bengala y escuchamos disparos”, recuerda con los ojos humedecidos. Foto: EFE, Eduard Ribas.
Pero durante la fatídica tarde del 2 de octubre de 1968, hace medio siglo, las balas del Ejército acabaron con esa movilización.
Decenas de estudiantes, según el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y centenares, según algunos testigos, fallecieron por la represión de un mitin en la plaza de las Tres Culturas del popular barrio de Tlatelolco.
Ese día, los miembros del Consejo tenían la consigna de no estar en la plaza. Por eso, Hernández subió a un departamento para escuchar el mitin, sin saber lo que se avecinaba.
“Estábamos seis o siete asomados por la ventana cuando vimos luces de bengala y escuchamos disparos”, recuerda con los ojos humedecidos.
Un grupo paramilitar del Gobierno, llamado Batallón Olimpia, comenzó a disparar contra la multitud desde el edificio donde estaba Hernández. Acto seguido, el Ejército “tomó la plaza” disparando con “armas de repetición”, recuerda.
“El Gobierno había preparado una operación que no podía fallar. Tres cercos del Ejército rodeaban la plaza. De allí no podía escapar nadie sin permiso de las Fuerzas Armadas”, subraya Hernández.
Florencio López Osuna (der), ex dirigente del movimiento estudiantil de 1968. Foto: Reproducción, Cuartoscuro.
Fueron 40 minutos de angustia en los que se escuchaban “ráfagas y gritos” en la plaza. Los disparos llegaron a alcanzar la ventana del departamento donde él estaba, lo que obligó a los estudiantes a permanecer en el suelo durante horas.
“En Tlatelolco ocurre ciertamente una masacre. El Gobierno nos aplasta con las armas y de los 4 mil 500 detenidos no hay uno solo que lleve una arma. Eso demuestra que somos un movimiento pacífico reprimido con violencia”, sostiene.
A medianoche, el Ejército irrumpió en la vivienda. Todos ellos fueron detenidos.
“Fuimos encarcelados de manera totalmente ilegal. Aprehendidos por un cuerpo militar que no está facultado para eso”, denuncia el represaliado, quien recuerda que la movilización era pacífica.
Hernández fue interrogado, presionado y torturado durante días. Le llegaron a decir que su madre y su hermana de seis años eran violadas en una sala contigua.
“El movimiento aconsejaba, en caso de ser detenidos, aguantar durante unos días los golpes y luego hablar y decir la verdad. Ese fue mi caso”, rememora con la voz quebrada.
Hernández fue acusado de una veintena de delitos, muchos de ellos políticos, y condenado a 17 años de cárcel, la mayor pena para los líderes estudiantiles.
Pero la presión por “el desprestigio internacional” del Gobierno mexicano llevó a la Fiscalía a liberarlos tras dos años y medio, aunque su sentencia “seguía viva”.
Como otros compañeros, nunca se acogió a amnistías que el Gobierno les ofreció porque “no éramos delincuentes”.
“Obviamente los 17 años ya pasaron, con lo cual yo supongo que ya estamos libres, ahora sí”, añade entre risas.
Desde la plataforma Comité 68, Hernández y otros compañeros llevan décadas luchando para la reparación del daño, la justicia y las disculpas del poder y así “romper el estado de impunidad”.
Señala que muchos de los militares que ejecutaron la matanza siguen vivos y exige que se reconozca que “hubo una práctica sistemática para obstaculizar el desarrollo de vida de todos nosotros”. Muchos jamás encontraron trabajo en sus sectores.
Varios académicos del COLMEX ofrecieron una conferencia de prensa donde mencionaron la importancia de la preservación y divulgación de los archivos alusivos al movimiento. Foto: Jacob Albino, Cuarotsucro.
Hernández no pudo cumplir su plan de vida de regresar al oriental estado de Veracruz y trabajar en la industria petrolera. Pero con los años se abrió un hueco en el sector hídrico y siempre defendió el movimiento de 1968.
A los que consideran Tlatelolco como “la gran derrota del movimiento”, Hernández responde que el 2 de octubre fue “una derrota política del régimen que quedó desenmascarado como un régimen demagógico, autoritario y represivo”.
“Con el paso del tiempo se convirtió en una victoria política y el movimiento se convirtió en un referente ideológico y moral”, sostiene.
A Hernández se le escapa una cálida sonrisa cuando ve que las actuales manifestaciones estudiantiles mexicanas se reivindican como “nietos del 68”. “Eso es muy fuerte”, concluye orgulloso.
A unos días de cumplirse 50 años de la masacre, la comisión gubernamental de Atención a Víctimas calificó los sucesos de Tlatelolco como un “crimen de Estado” a pesar de los años, el Estado sigo cometiendo crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hoy se lucha por crear una comisión de la verdad que investigue de nuevo este crimen.
Por María Verza y Mark Stevenson
Ciudad de México, 1 de octubre (AP).- El helicóptero lanzó la luz de bengala y las balas empezaron a caer sobre los miles de estudiantes reunidos el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Quienes disparaban formaban parte de las fuerzas del Estado.
Hoy, 50 años después, los estudiantes de México aún son blanco de ataques, pero por una extraña mezcla de grupos de choque a sueldo del mejor postor, narcotraficantes, paramilitares o incluso violadores.
Aunque permanecen ciertas formas de control social, ahora los jóvenes pueden organizar protestas y expresarse con más libertad, dos logros de la generación del 68. Sin embargo, algo no ha cambiado: la impunidad.
Por eso México conmemora los 50 años de la matanza de Tlatelolco con la herida abierta.
En esta imagen del 3 de octubre de 1968, se observan tanques alineados en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, después de un enfrentamiento la noche previa entre las fuerzas del ejército mexicano y estudiantes. Foto: AP, archivo.
Todavía no se sabe el número total de muertos y desaparecidos. Oficialmente sólo se reconocen 25, pero podrían superar los 350. Testigos han asegurado que esa noche los soldados cargaban los cadáveres en camiones antes de que los bomberos limpiaran la plaza de sangre, pero no hay ninguna prueba gráfica hasta ahora. Nadie ha sido condenado por esos crímenes y no fue sino hasta hace unos días que por primera vez una entidad de gobierno calificó esos sucesos como “crimen de Estado”.
El país, coinciden los luchadores del 68 y las generaciones que los relevaron, tampoco ha aprendido las lecciones del pasado y la gran mayoría de los delitos, cometidos por actores gubernamentales o no, se quedan sin castigo.
Hace cuatro años desaparecieron 43 estudiantes de magisterio de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el sur de México, luego de ser secuestrados por policías y entregados al crimen organizado con la complicidad de autoridades justo cuando se preparaban para conmemorar la matanza de Tlatelolco. Y lo único que hasta hoy ha ofrecido el Estado a las familias de las víctimas es un puñado de huesos calcinados y cientos de preguntas sin respuesta.
“Hoy estamos posiblemente peor: los desaparecidos, cómo son agredidos los jóvenes y las jovencitas, la economía, la desigualdad, las oportunidades son menos…”, lamenta Enrique Espinosa, de barba canosa y lentes, que a sus 69 años sigue alto y flaco como en la famosa foto de 1968, en la que se le ve contra la pared, en calzones y con los brazos en alto junto a otros compañeros, vigilados por soldados en la planta baja del bloque de departamentos del edificio Chihuahua.
Salvo algunos fragmentos óseos incinderados, nadie ha encontrado los cuerpos de los 43 estudiantes de una universidad normalista rural que fueron secuestrados por la policía y entregados a un cártel del narcotráfico en septiembre de 2014. Foto: AP, Marco Ugarte, Archivo.
Tres pisos más arriba, a la señal de las bengalas, un grupo de hombres de civil se pusieron un guante blanco en la mano izquierda y comenzaron a disparar a la multitud desde el balcón donde hablaban los líderes estudiantiles. En la plaza, soldados hicieron lo mismo. Cundía el pánico, las balas llegaban de los cuatro costados. Las tanquetas cercando el lugar. Dentro del bloque Chihuahua, sometieron y golpearon a los jóvenes y a quienes estaban con ellos. Reportes periodísticos de distintas épocas demostraron que los del guante blanco eran miembros de un grupo de operaciones especiales, el Batallón Olimpia, aunque el gobierno siempre lo negó.
Cientos de jóvenes fueron detenidos ese día. De algunos, nunca más se supo.
Enrique Espinosa demuestra la pose que adoptó en el lugar en el que él y otros manifestantes fueron detenidos por hombres armados durante la masacre de Tlatelolco, en la Ciudad de México, hace 50 años. Foto: AP, Marco Ugarte.
Espinosa todavía no ha superado lo que vivió aquel otoño en el que estudiaba medicina y luchaba por un mundo mejor. Observó, dice, cómo un soldado disparaba a bocajarro a dos menores delante de él y cómo otro golpeaba a su madre. Cuenta que estuvo semanas encarcelado en una base militar, desnudo y con frío, presa del pánico cuando mencionaban un nombre, sacaban de la celda al elegido y luego sólo se escuchaban disparos.
El ejército nunca ha admitido que jóvenes fuesen detenidos en bases militares, pese a testimonios que se han dado al paso del tiempo.
A unos días de cumplirse 50 años de la masacre, la comisión gubernamental de Atención a Víctimas calificó los sucesos de Tlatelolco como un “crimen de Estado que continuó más allá del 2 de octubre con detenciones arbitrarias y torturas” y ha presentado una propuesta de reparación colectiva. Pero la justicia es huidiza cuando se trata de pasar del discurso a la acción. El actual gobierno, por ejemplo, ha desplegado una batería enorme de recursos legales para luchar contra una sentencia judicial que le obliga a crear una comisión de la verdad que investigue de nuevo la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.
“Tlatelolco es un crimen del Estado que permanece impune y hoy la gran lucha es por romper esa impunidad”, afirma Félix Hernández, exlíder estudiantil en el 68.
Enrique Espinosa muestra su vieja credencial de estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Foto: AP, Marco Ugarte.
En la primera década de este siglo la justicia federal estimó que el 2 de octubre de aquel año hubo un “genocidio”, pero no quiénes lo cometieron. Y aunque el ex Presidente Luis Echeverría fue procesado por este delito, fue absuelto por falta de pruebas. Ahora los antiguos líderes del 68 quieren reabrir el proceso.
“Sólo resolviendo el 68 en los tribunales, vamos a ser capaces de ponerle freno a la impunidad”, dice Hernández.
El ex Presidente de México Luis Echeverría sale de la procuraduría rodeado por guardaespaldas en la Ciudad de México, donde enfrentó cargos de genocidio por la masacre del gobierno en 1968. Foto: AP, Marco Ugarte, archivo.
Pasado y presente se entrecruzan en México estos días aunque los tiempos hayan cambiado.
En 1968, los estudiantes luchaban contra un gobierno monolítico y hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que disfrutaba de un auge económico y que no podía correr el riesgo de que sus problemas internos enturbiaran el inicio de los Juegos Olímpicos en Ciudad de México, que también quedaron marcados por la lucha por los derechos civiles, simbolizada con los puños negros en alto de atletas estadounidenses que subieron al pódium. Días después de la masacre, se inauguraron las olimpiadas como si nada hubiera pasado.
Levantando las manos con guantes hacia el cielo en un saludo del “Poder Negro” como forma de protesta racial, los atletas estadounidenses Tommie Smith, al centro, y John Carlos, bajan la mirada durante el himno nacional después de que Smith obtuvo la medalla de oro y Carlos la de bronce en la prueba de los 200 metros lisos en los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Foto: AP, Archivo.
“En el 68 la represión venía de los granaderos (antidisturbios), la policía y el ejército”, dice Víctor Guerra, otro líder estudiantil del 68. “Ahora las agresiones se llevan a cabo por los “porros” (grupos de choque), financiados por los partidos políticos y protegidos por las autoridades escolares”. Según Guerra, estos actores llevan a cabo un “control enmascarado del Estado hacia los movimientos estudiantiles”.
Los que provocaron que los estudiantes de ahora volvieran a las calles fueron precisamente los “porros”, herederos de aquellos jóvenes armados con barras de acero que el 10 de junio de 1971 golpearon y mataron al menos a una docena de estudiantes durante otra manifestación pacífica en la capital.
Justo semanas antes de la conmemoración del 2 de octubre, atacaron una protesta pacífica en una sede de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que acabó con dos estudiantes seriamente heridos, uno de ellos acuchillado, y una joven fuertemente golpeada en la cara cuando trataba de proteger a su novio.
Estudiantes gritan consignas bajo una pancarta con la leyenda “Fuera Porros de la UNAM” a las afueras de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en exigencia al fin de la violencia por parte de grupos de choque. Foto: AP, Rebecca Blackwell, Archivo.
“En el 68 fue más una represión directa, por las armas”, afirma Josué González, de 20 años, durante una de las últimas protestas contra esos ataques. Este estudiante de Ciencias Políticas cree que si el gobierno intentara ese tipo de represión hoy en día, la sociedad se alzaría contra él. “Ya no se puede, sería algo muy tonto”. Por eso, continúa González, ahora lo que hacen es “contratar a terceros para hacer el trabajo sucio”.
Los estudiantes siempre han sido una piedra en el zapato de las autoridades y, de hecho, ciertos sectores acusan al gobierno de estar detrás de crímenes como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. De hecho, junto a más de un centenar de policías y presuntos miembros del crimen organizado detenidos, también está bajo proceso el alcalde de la ciudad donde sucedió todo y existen muchas dudas, pendientes de investigar, sobre el papel de las fuerzas federales el día de los ataques.
“Las mismas autoridades te reprimen”, asegura Itzel Espinosa, la hija menor de Enrique, una diseñadora de 23 años que cree que los hijos de los estudiantes del 68 son los que tienen que mantener viva esa memoria y la exigencia de justicia. “Lo de los 43 es otro 2 de octubre en la actualidad”, sentencia.
Sin embargo, la brutalidad actual tiene tintes distintos. En marzo, tres universitarios de la ciudad de Guadalajara, en el oeste del país, fueron secuestrados por criminales que los confundieron con miembros del cártel rival, les torturaron, interrogaron, los mataron y disolvieron sus cuerpos en ácido.
“Los estudiantes de cine estaban haciendo una tarea, es inconcebible”, enfatiza la joven Espinosa. “Ahí sí fue el narco, pero si las instituciones funcionaran no habría esa delincuencia y los jóvenes no tendríamos que estar preocupados. El gran problema es la falta de confianza en las autoridades”, añade.
En 1968, los estudiantes tenían problemas para imprimir y distribuir volantes y luchaban contra la indiferencia o las mentiras de los medios de comunicación aliados del gobierno; el día después de la masacre de 1968, los periódicos describieron los hechos como un ataque a los soldados, con encabezados como “Terroristas y soldados protagonizan dura batalla”. Foto: AP, Archivo.
Muchos coinciden. Un día reciente, Andrea Negrete, una estudiante de Economía de la UNAM de 21 años, visita Tlatelolco como parte de un trabajo sobre el 50 aniversario y pasea entre vecinos, turistas y curiosos. “Estamos cansados de pedir seguridad, que se controle la violencia de género, que no tengas miedo de salir de clase porque te van a secuestrar”, se queja.
Más allá de los ataques de “porros”, hace tiempo que se multiplicaron los delitos en los planteles. Uno de los crímenes más sonados fue el asesinato en 2017 de la joven Lesvy Berlín en la UNAM. En un primer momento se calificó de suicidio, aunque luego las autoridades reconocieron que fue un feminicidio, lo que motivó también airadas críticas y múltiples protestas.
Enrique Espinosa muestra el lugar en el que estaba al momento que los soldados comenzaron a disparar en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Foto: AP, Marco Ugarte.
Hay algo, sin embargo, que sí ha mejorado.
En 1968, los estudiantes luchaban contra los grandes medios de comunicación repartiendo panfletos y era difícil poner en entredicho las versiones oficiales. Por ejemplo, el día siguiente de la masacre los titulares de la prensa fueron del tipo “Terroristas y soldados protagonizan dura batalla” o “Provocación criminal causa un enfrentamiento que acaba en baño de sangre”. De hecho, las fotografías más duras de la matanza, como la que muestra a Enrique Espinosa y sus compañeros sometidos, no se publicaron en México hasta más de 30 años después.
En cambio, ahora, en la era digital, los estudiantes tienen al alcance de su mano el poder de informar al mundo entero y en tiempo real.
“La gran diferencia son las redes sociales”, aseguró Itzel Espinosa. “Los jóvenes podemos decir lo que realmente pasó, hay más maneras de demostrar lo que sucede, no como antes que no tenías una cámara en la mano”.
55La entrega de agua en vez de medicamento a niños con cáncer en Veracruz fue propiciada por una red de corrupción que ocupaba altos cargos de Gobierno, apuntaron organizaciones de la sociedad civil y legisladores de oposición. A la fuga de Javier Duarte de Ochoa le siguen nuevos escándalos que han sido difundidos por el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Y el caso más reciente, refirió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), puede llegar a ser calificado como un crimen de Estado.
El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares denunció la realización de falsas quimioterapias hechas por el estado. Foto: Alberto Roa, Cuartoscuro
Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Organizaciones civiles, políticos y activistas coincidieron en que una serie de altos cargos de la Secretaría de Salud de Veracruz deben recibir sanciones penales, luego de que se supo que niños con cáncer recibieron falsos medicamentos. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha solicitado que se haga una investigación independiente sobre lo sucedido.
El 16 de enero, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares volvió a denunciar anomalías encontradas durante el gobierno de su antecesor, Javier Duarte de Ochoa. Esta vez exhibió que en el Centro Estatal de Cancerología fueron realizadas “quimioterapias falsas” a niños con cáncer.
No era medicamento, aseveró Yunes, sino “agua destilada”. La Secretaría de Salud informó que ya investiga la denuncia hecha por el panista.
El titular de la dependencia, José Narro Robles,dijo que se hará “una investigación a fondo y llegaremos, primero, a tratar de documentar los hechos ocurridos y, en su caso, actuar sobre los involucrados o las empresas que pudieran haber intervenido”, dijo este día tras participar en la presentación de la Fundación Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) acusó hoy que el perjuicio de niños en este estado de salud por parte de las autoridades podría conllevar un crimen de Estado.
“Los criterios que usamos [para el concepto crimen de Estado] y que generalmente están expuestos en varios casos consisten en un acto sistemático de las autoridades, en el que hay implicación de presupuesto, donde la institución se enfoca en poblaciones específicas, y hay una intencionalidad de hacer daño”, dijo Juan Martín Pérez García, director de Redim.
La Red señaló que, además de la atracción del caso por la Procuraduría General de la República (PGR), se debe realizar una investigación por institutos de mayor independencia como el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Pediatría (INP).
El Gobernador Yunes Linares informó esta tarde que una empresa con la que el Gobierno del Estado mantuvo una relación comercial vendió 109 millones de pesos en medicamentos falsos para el tratamiento de cáncer para niños.
“Las autoridades son las responsables de lo sucedido porque hay una autorización para adquirir las medicinas [otorgada] por ellos”, dijo Cuitláhuac García Jiménez, Diputado federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Por otra parte, hay expertos que indican que la responsabilidad es compartida por los médicos que habrían suministrado estos medicamentos.
“Sabemos que la administración de Duarte es una vergüenza. ¿[Pero] quién te pone una quimioterapia? Una enfermera. ¿Quién suministra y dota estos hospitales?”, cuestionó Yareli Escudero Guadalupe, presidenta de la Asociación Civil Pacientes en Acción.
La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer IAP (AMANC) señaló que la aplicación de agua destilada “es un acto gravísimo, porque se atenta contra la vida, la salud y la recuperación de niños que padecen cáncer”.
Detalló que de ser ciertos los señalamientos se habrían violado los derechos de niñas, niños y adolescentes: “Provocando fallecimientos, que de evidenciarse una acción sistemática, habrá de atenderse como un acto de lesa humanidad”, aunque no ha sido determinado el número de niños que recibieron este mal tratamiento.
El caso podría ser llevado más adelante a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño.
Sin embargo, primero debe haber una denuncia penal ante las instancias de procuración de justicia que no ha sido presentada por el Gobernador Yunes. Una inacción que le ha conllevado críticas.
“Yo creo que Miguel Ángel Yunes es uno de los políticos más perversos en el país, y más corruptos. Lo que vamos a ver de Miguel Ángel Yunes los próximos 18 meses es un show para los medios de comunicación y para la sed de morbo en las redes sociales”, dijo Jorge Álvarez Máynez, Diputado del Partido Movimiento Ciudadano.
Tanto el Diputado de MC, como el de Morena, acusaron a Yunes de utilizar el escándalo para pactar con sus adversarios políticos que han sido acusados de actos de corrupción en Veracruz, como el ex Gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Herrera Beltrán es Cónsul de México en Barcelona, España, y Duarte de Ochoa está prófugo de la justicia desde el pasado mes de octubre, cuando pidió permiso para dejar el cargo.
Para Yunes Lines, los escándalos podrían beneficiar a su familia consideró Álvarez: “Miguel Yunes [Márquez] o Fernando Yunes van a ser, después de un año y medio, los candidatos del PAN al Gobierno de Veracruz, para suceder a su padre. Yunes quiere establecer ahí una dinastía. Pero no sabe dar resultados, de hecho, él saqueó al ISSSTE y también dejó a muchos mexicanos sin tratamientos médicos”.
No es el único caso de falsos tratamientos médicos en Veracruz. En el 2014 la Secretaría de Salud compró 70 mil pruebas de VIH-Sida que resultaron inservibles.
El ex Secretario de Salud de Veracruz, Antonio Nemi Dib, denunció ante diversos medios de comunicación que la responsabilidad de compra de productos caducos recaía sobre Ricardo Sandoval, entonces titular de Administración de los Servicios de Salud del estado. Pese a que Nemi había cesado a Sandoval, éste fue recontratado.
El Diputado federal por Veracruz Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social (PES), señaló que el Gobierno de Duarte estuvo marcado por la corrupción.
“El tema es que haya justicia porque los ciudadanos se escuchan molestos. Y nos provoca encono y la gente sigue libre. Aquí lo que toca ya es que estén en la cárcel los secretarios de salud que correspondan, los directores administrativos, los médicos que se prestaron, ese es el paso a seguir”, dijo.
Los hechos de negligencia médica, sumados a la ola de delincuencia que azotó al Estado, dan muestras de poco respeto por la vida, apuntó Lucía de los Ángeles García Henao, directora del Colectivo Solecito Veracruz. “Eso es lo más escandaloso de todo. Ahí fue dónde él más incurrió en delitos”, dijo.
Entre enero y octubre del año pasado, tiempo en el que Javier Duarte gobernó antes de darse a la fuga, Veracruz registró 993 carpetas de investigación por homicidio doloso, cuando durante su primer año de gobierno, en el 2011, los meses entre enero y octubre registraron 720.
El 17 de octubre un Juez giró una orden de aprehensión en contra del ex Gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Javier Duarte de Ochoa. Pese a la serie de cateos que se llevaron a cabo desde entonces, la PGR no ha dado con el paradero del ex Gobernador.
De acuerdo con el ex candidato a Gobernador Cuitláhuac García la incapacidad para encontrar a Duarte es muestra de un acuerdo entre autoridades. “Es un show ya acordado entre Osorio Chong y el mismo Miguel Ángel Yunes Linares”, dijo.
La corrupción de Veracruz no es única en el país, consideró Álvarez, pero sí parte de una red que se extiende a otros gobiernos y que se protege mutuamente.
“Es una red de protección. ¿Cómo vamos a esperar algo de Peña si su jefe político anda de Consúl en Barcelona, y su financiador de campaña sigue siendo un actor político en Coahuila. Es una red de corrupción la que protege a Duarte”, dijo Álvarez.
El 2015 fue un año en el que el ejército mexicano estuvo involucrado en diversas matanzas. En este video recordamos los casos y las declaraciones de su titular, Cienfuegos.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
