El Centro Prodh señaló que las mujeres sobrevivientes continúan luchando para que haya una investigación seria y diligente sobre la tortura sexual. El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de México en materia de violación de derechos humanos e impunidad.
Ciudad de México, 3 de mayo (EFE).- Las mujeres supervivientes de tortura sexualpor parte de policías en el caso de San Salvador Atenco, en el centro de México, pidieron este martes, cuando se cumplen 16 años del suceso, que se erradique esta práctica y se termine la impunidad.
“A 16 años de los actos que desembocaron en la tortura sexual de varias mujeres en San Salvador Atenco son las sobrevivientes las que continúan exigiendo que se revierta la impunidad y que se erradique esta práctica, para que no haya más mujeres en el país que vivan violaciones a sus derechos humanos por parte de elementos de seguridad”, señaló en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El boletín denunció que las medidas de “justicia” y de “no repetición” para las mujeres sobrevivientes sigue estando vigente, frente a un contexto “en donde la tortura sexual es una práctica que persiste”.
Así lo reflejan datos de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad (ENPOL) 2021, que revela que el 64.4 por ciento de las mujeres privadas de libertad menciona haber sufrido algún acto de violencia después de la detención y antes de llegar ante el Ministerio Público.
“Por ello, es indispensable cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México”, remarcó el texto.
Es una resolución en la que entre otras medidas ordenó la investigación y sanción a todos los elementos estatales y federales, incluida la cadena de mando, crear un observatorio independiente sobre uso de la fuerza las instituciones policiales a nivel federal (hoy Guardia Nacional) y fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a casos de Tortura Sexual.
“A tres años del dictado de fallo, las más sustantivas de estas medidas permanecen incumplidas”, lamentó el Centro Prodh.
Por otro lado, dado que las instituciones de seguridad “hacen un uso arbitrario y excesivo de la fuerza”, incluso de la fuerza letal, también sigue vigente la necesidad de establecer un Observatorio Independiente sobre el Uso de la Fuerza, como lo ordenó en su sentencia la CorteIDH, agregó.
Las mujeres de Atenco en la CIDH. Foto: Centro Prodh
“Las mujeres sobrevivientes continúan luchando para que haya una investigación seria y diligente sobre la tortura sexual, que considere todas las responsabilidades por las violaciones a derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo”, subrayó.
No obstante, la Fiscalía del Estado de México “continúa prodigando la impunidad, sin que la Fiscalía General de la República impulse decididamente el acceso a la justicia”, concluyó.
Las mujeres sufrieron el 3 y 4 de mayo de 2006 la detención ilegal y arbitraria por parte de policías en el municipio de San Salvador Atenco y en Texcoco, ambos en el central Estado de México.
#CasoCEJL. Hace 16 años, más de 30 mujeres fueron víctimas de tortura física, psicológica y sexual perpetrada por miembros de las fuerzas policiales en San Salvador de Atenco ??. Te invitamos a sumar tu voz con las #MujeresdeAtenco y exigir #NoMasTorturaSexualpic.twitter.com/W3xHozX1VT
Familiares de July Raquel Flores Garfias pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigar la tortura sexual por parte de agentes mexicanos en contra de la joven.
Ciudad de México, 3 de noviembre (EFE).- Familiares y organizaciones sociales exigieron este miércoles a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar el caso de tortura sexual de las autoridades contra July Raquel Flores Garfias, una joven mexicana acusada de homicidio en 2020 y quien se encuentra en prisión preventiva.
“En el contexto del primer año en prisión preventiva de July Raquel Flores Garfias, mujer sobreviviente de tortura sexual, sus familiares llamaron a la CNDH a investigar la denuncia conforme a los más altos estándares de derechos humanos”, indicó en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La organización denunció que Flores Garfias, de 30 años de edad, fue detenida el 6 de noviembre de 2020 por policías ministeriales de la Ciudad de México y trasladada al oriental estado Veracruz para ser presentada ante un Juez.
Detalló que durante el trayecto entre ambas ciudades, la joven fue víctima de actos de tortura y tortura sexual mientras se le acusaba de estar relacionada con el homicidio de la rectora del Colegio Valladolid, ocurrido el 29 de junio de 2020 en Xalapa, capital veracruzana.
Sin embargo, ese día, July estaba trabajando a 500 kilómetros de distancia de Xalapa, según lo declarado por testigos. A pesar de esto, la mujer lleva un año privada de su libertad en un penal de Veracruz, según denuncian los activistas.
“Al ser esta una grave violación de derechos humanos, la investigación debe sin duda concluir en una recomendación que debe ser emitida con celeridad y conforme a los más altos estándares”, indicó el Centro Prodh.
Señaló que el caso de la joven “demuestra que la tortura en México sigue siendo una práctica generalizada”.
Esto, pese a que en reiteradas ocasiones el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que en su Gobierno, bajo ninguna circunstancia, se permite la tortura.
En este contexto, el Centro Prodh llamó a la CNDH a conducir una “investigación diligente” en la que se tome en cuenta el Protocolo de Estambul, entre otras pruebas.
“Además, la investigación debe realizarse con perspectiva de género, considerando los impactos diferenciados de la tortura sexual en las mujeres”, precisó.
Y dijo que el caso de July se suma a la campaña “Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la Tortura Sexual”, que inició con los testimonios de las mujeres de Atenco, para visibilizar esta violación a los derechos humanos y la falta de compromiso de las autoridades.
A Verónica Razo Casales la detuvieron sin pruebas en 2011. La condujeron hasta un almacén de la Policía Federal y la torturaron. Descargas eléctricas, golpes, asfixia y abuso sexual durante 24 horas, pero en un mundo distorsionado, a seis años de distancia, ella es la que cumple una condena.
“Creemos que en el caso de Verónica Razo los hechos hablan. La PGR tiene la oportunidad para corregir los errores -incluso del sexenio pasado- y retirar los cargos infundados en contra de esta mujer. Buscamos instituciones que busquen la verdad, y las víctimas de delitos merecen la verdad, merecen justicia”, dijo Madeleine Penman, investigadora Amnistía Internacional (AI), en entrevista con SinEmbargo.
Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- Seis años y seis meses pasaron desde que policías federales torturaron sexualmente a Verónica Razo Casales. Se presentaron pruebas, hubo protestas, actos simbólicos y documentación de irregularidades hasta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero en el mundo al revés, ella está detenida y sus agresores disfrutan de libertad.
El 8 de junio del 2011, a las 13:30 horas, siete sujetos vestidos de civil y armados aprehendieron a Razo en la Ciudad de México, la obligaron a abordar un vehículo sin placas oficiales y la condujeron a un almacén de la Policía Federal. Las siguientes 24 horas vinieron acompañadas de descargas eléctricas, golpes, asfixia y abuso sexual.
Víctima de tortura y en medio de una crisis de salud por las lesiones, la mujer se vio obligada a firmar una confesión. Se “declaró culpable” de un secuestro y terminó tras las rejas.
Amnistía Internacional (AI) estudió el expediente de Razo y “no encontró ninguna evidencia material que probara su responsabilidad por los delitos de los cuales se le acusa. Las únicas pruebas que existen fueron obtenidas bajo tortura y graves violaciones del debido proceso”.
El caso, que destrozó a una familia, está enmarcado en “un contrato de impunidad”, “en una cultura de encubrimiento en la que pesa más el querer detener a personas y acusarlas que observar el debido proceso”, en el cual se encuentran las autoridades encargadas en construir la acusación contra Verónica, dijo Madeleine Penman, investigadora AI (AI), en entrevista con SinEmbargo.
De acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR), la detención se llevó a cabo hasta las 08:25 horas del 9 de junio. Es decir, cuando ya habían ocurrido los crímenes sexuales y las violaciones de los derechos humanos de Verónica. Sin embargo, tal punto -y otros- no se sostienen. Para cuando el reloj marcó esa hora, las 08:25, la madre de Razo ya había levantado un reporte de persona extraviada.
La detención ficticia, la del 9 de junio, supuestamente ocurrió en una gasolinera en la capital del país, pero los testimonios de empleados de la estación negaron que se haya llevado a cabo algún operativo en el sitio en la fecha referida y derribaron también ese segundo punto. En realidad, la mujer fue aprehendida “a la vista de todos”, cerca de su domicilio en la colonia Obrera, de la delegación Cuauhtémoc.
El debido proceso no se respetó. Los policías no contaban con orden de aprehensión contra la que ha pasado más de dos mil días en prisión. Tampoco se comprobó que en el momento en que los agentes actuaran la mujer se encontrara realizando un acto ilícito.
En marzo del 2016, la CNDH, a partir de notas médicas, informes y un peritaje hecho conforme el “Protocolo de Estambul”, confirmó lo que ya había hecho un perito de la PGR: a Verónica la torturaron.
“Creemos que en el caso de Verónica Razo los hechos hablan. La PGR tiene la oportunidad para corregir los errores -incluso del sexenio pasado- y retirar los cargos infundados en contra de esta mujer. Buscamos instituciones que busquen la verdad, y las víctimas de delitos merecen la verdad, merecen justicia”, declaró Penman, quien ha estado cerca del caso.
Verónica Razo Casales. Foto: Especial.
LOS CULPABLES, LIBRES
“A la familia de Verónica estos hechos le han destruido la vida. Verónica tiene dos hijos. Su hija tenía 6 años cuando la detuvieron y ha crecido sin su mamá; ahora tiene 13 años. Su hijo tenía 12 años, y ahora tiene 19. La carga económica y emocional a la que han estado expuestos es muy fuerte, pues se quedaron con otros integrantes de la familia”, relató Madeleine Penman.
El círculo cercano de la mujer ha acompañado el caso todo el tiempo. Se mantienen en pie de lucha. Junto a organizaciones no han dejado de exigir justicia. El 31 de noviembre pasado, Austreberta Casales, la madre, y Byron Ariano, su hijo mayor, levantaron fotografías y llevaron más de 135 mil firmas -con las cuales piden su liberación- a la PGR.
Autoridades sí abrieron un proceso contra uno de los presuntos torturadores, sin embargo, la acusación no se ha formalizado. Hasta el día de hoy ninguno de los perpetradores ha pisado la cárcel.
“En lugar de tener los secuestradores reales en la cárcel, tenemos a alguien que fue torturada, con acusaciones fabricadas”, lamentó la investigadora de AI.
“La PGR misma ha encontrado y ha confirmado la tortura de Verónica, el arresto ilegal. La acusación se tendría que caer por completo. La PGR en lugar de busca la verdad se mantiene con una contradicción enorme”, agregó.
SI CONTINÚA LA IMPUNIDAD, CASOS NO SE DETENDRÁN
El proceso de Razo, dijo Penman a este diario digital, está en su última etapa. La investigación ya se cerró y ahora se espera que un juez emita la sentencia final para una persona que lleva tanto tiempo en la cárcel con pruebas infundadas en su contra.
En el informe “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, la misma organización documento, a través de entrevistas con 100 víctimas, la violencia sexual a la que están expuestas las mujeres que son detenidas en este país.
“No podemos permitir que estas cosas se den y se queden en la impunidad porque sería un mensaje de que está bien hacerlo, de que se permite hacerlo porque no hay un castigo”, recriminó Direri Pérez, también integrante de AI.
Apenas el 16 de noviembre, cuatro mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco llevaron sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José, Costa Rica. Esos hechos sólo pueden detenerse atacando la impunidad, de acuerdo con AI.
Durante los alegatos finales ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica, las once mujeres de Atenco que acusaron tortura sexual portaron una playera morada con la leyenda “Rompiendo el silencio”. Sus representantes pidieron que la sentencia les ofrezca verdad, justicia y garantía de no repetición al tratarse de un caso no aislado que refleja los problemas estructurales del país: uso excesivo de la fuerza pública, tortura e impunidad.
Sin embargo, los representantes del Estado aseguraron que han consignado a 52 funcionarios públicos (sin sentencia condenatoria) y ofrecieron medidas de reparación rechazadas por las víctimas. Justificaron que la falta de cooperación de los testigos ha abonado al lento avance, además de que las víctimas fueron cubiertas de los ojos durante los ataques.
Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- El caso Atenco ejemplifica los problemas estructurales de México: la tortura, el uso excesivo de la fuerza pública, la discriminación de género y la impunidad, sostuvieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) las representantes de las 11 mujeres que acusaron tortura sexual durante el operativo policiaco de mayo de 2006.
Once años después, no hay ninguna persona condenada por las acusaciones declaradas por las víctimas, dijeron. La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también refirió en su turno que aunque las autoridades mexicanas han tenido más de una década para actuar, en el caso Atenco la impunidad “es total” ante la falta de sentencias debido a los “mínimos esfuerzos” para que las investigaciones avancen.
Los representantes del Estado mexicano, aunque reconocieron la ineficiencia al inicio de sus investigaciones, afirmaron que las diligencias posteriores permitieron la consignación de 52 funcionarios públicos imputados por el delito de tortura e incubrimiento de tortura. Pero ninguno ha sido condenado, lo cual fue calificado como grave por parte del Juez de la Corte, Humberto Antonio Sierra Porto.
Al término de la audiencia que duró dos días, la CoIDH pidió información adicional a los representantes del Estado mexicano para posteriormente emitir una sentencia.
Ayer las víctimas exigieron investigar la cadena de mando del operativo. El Estado aseguró que ya lo hizo al presentar acusaciones contra un subdirector regional de la entonces Agencia de Seguridad Estatal, pero descartó identificar a los mandos individualmente ya que se violarían los derechos humanos de los policías.
El Estado argumentó que dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no identificó a los más altos responsables políticos y policías de la cadena de mando, la Corte Interamericana no puede hacerlo en su sentencia.
El Centro Prodh alegó que aunque la Corte no tiene las facultades para determinar responsabilidades penales individuales, puede identificar las omisiones de la cadena de mando policial y política para pedir que se investigue.
Las mujeres de Atenco en la CIDH. Foto: Centro Prodh
Aracely Olivos, del Centro Prodh, dijo que “las mujeres le han dicho a la Corte que su sentencia será un gran paso hacia la justicia y la verdad”.
“Ellas se reconstruyeron solas, pero no olvidan que la responsabilidad es del Estado. No piden nada extraordinario: sólo justicia y verdad”, reiteró.
Durante los alegatos finales ante la Corte en Costa Rica, las once mujeres portaron una playera morada con la leyenda “Rompiendo el silencio”.
Marcela Martino, de CEJIL, destacó que la tortura sexual de la que fueron blanco reflejan realidades persistentes en la policía mexicana y representan a miles de víctimas más.
“Contar su historia una y otra vez tiene consecuencias para ellas y sus familias, pero el Estado no les ha dejado otra opción”, declaró.
Aracely Olivos, del Centro Prodh, subrayó que el Estado mexicano ha rechazado todas las medidas de reparación demandadas por las sobrevivientes de tortura sexual: verdad, justicia y no repetición, lo cual permite más impunidad.
“Este caso ejemplifica que el Estado mexicano frecuentemente reconoce violaciones a derechos humanos en sedes internacionales, pero ante el país muestra otra cara al minimizarlas”, expuso.
El Estado mexicano pidió a través de sus representantes en la Corte que no se ordenen nuevas reparaciones, incluyendo las garantías de no repetición, porque afirma ya haber realizado medidas al respecto.
Florencia Rihiano, también de CEJIL, documentó que luego de que el entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, mandó desplegar un operativo policiaco en Atenco para “restablecer el orden”, más de 200 personas fueron ilegalmente privadas de su libertad, dos jóvenes fueron ejecutados y más del 90 por ciento de los detenidos presentaron lesiones.
“La tortura sexual parece reflejar conductas aceptadas por el modelo policiaco en México”, determinó.
Bajo custodia de la policía, recordó basada en las declaraciones de ayer de las víctimas, las mujeres sufrieron golpes, manoseos y penetración con los dedos mientras eran insultadas.
Los agentes estatales, acusó, actuaron de forma intencional y las humillaron por salirse de los roles asignados a las mujeres con el fin del sometimiento.
También enfatizó que no solo el cuerpo policiaco pisoteó sus derechos humanos, pues personal médico y de los ministerios públicos no les dieron atención ni les aclararon su situación legal.
Por parte de los representantes del Estado, se expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya han reconocido las violaciones a las once mujeres respecto a su privación de libertad, tortura sexual, tratos denigrantes y falta de atención médica adecuada durante el operativo en San Salvador Atenco ocurrido hace once años.
“El operativo tenía como fin el desbloqueo de una autopista y liberar a policías detenidos”, leyó un representante estatal.
Los responsables de esta grave violación de garantías son funcionarios públicos cuyos nombres han sido identificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dijo. Pero se alegó que dado que las víctimas fueron tapadas de los ojos con sus prendas ha sido complicado identificar a los culpables.
Sin embargo, rechazaron que haya pruebas de que el operativo con uso excesivo de la fuerza se debió a una estrategia estatal con planeación previa ni estuvo dirigido con la intención de violar los derechos humanos. Justificaron que influyó la psicología y la subjetividad de los policías estatales y federales.
Finalmente aseguró que es falso que no se hayan ofrecido medidas de reparación basadas en recomendaciones internacionales, pero las víctimas decidieron no aceptarlas.
En contraste, las representantes de las mujeres de Atenco determinaron que el reconocimiento del Estado es “limitado” y enfatizó que ha aceptado que no hubo una preparación de prevención de los policías para el despliegue masivo.
Asimismo añadieron que pese a los funcionarios consignados, diez médicos han sido absueltos y diez órdenes de aprehensión contra policías estatales están en riesgo.
Peritos independientes declararon ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la policía en México -carente de profesionalización-considera que el uso de la fuerza pública resuelve los problemas, por lo que es urgente controlarla mediante una supervisión externa y con un enfoque de género, ya que el marco normativo existente no es suficiente.
Este jueves cinco mujeres acusaron ante la Corte internacional -por alrededor de 10 horas- al cuerpo policiaco mexicano de detención arbitraria y tortura sexual hace once años en San Salvador Atenco, Estado de México, sin que se haya castigado a la cadena de mando responsable.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- En la segunda parte de la sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual cinco mujeres acusaron tortura sexual en mayo de 2006 durante el operativo policiaco en Atenco, Estado de México, peritos independientes reconocieron que ante el pacto político de impunidad en México urge el control al uso de la fuerza pública con un enfoque de género.
En el caso del operativo en Atenco, coincidieron con las víctimas respecto a que hubo una planeación previa.
Ernesto López Portillo, perito independiente y fundador de Insyde, aseguró -basado en diversos estudios citados- que en el país no se han alcanzado los controles y capacitaciones necesarias en las instituciones de seguridad para evitar violaciones a derechos humanos, por lo que la supervisión externa profesionalizada es urgente ya que el marco normativo no es suficiente.
“No se ha tenido la voluntad política de profesionalizar a la policía mexicana ni de dignificarla (gana alrededor de 4 mil 800 pesos al mes)”, declaró durante el juicio celebrado en Costa Rica. “Hay un pacto de lealtad política que favorece la impunidad ante la falta de rendición de cuentas” y consideran que el uso de la fuerza pública es la que resuelve los problemas.
Además subrayó que en México no existen instrumentos de uso de la fuerza con enfoque de género.
“Las instituciones policiacas alojan conductas machistas que reproducen el dominio masculino y son reproducidas por las mismas mujeres policías”, dijo citando estudios de antropología policial. “El uso de la fuerza se asocia a patrones de conducta masculino dominantes.”
Las recomendaciones internacionales a la policía mexicana, expuso, incluyen la presencia de maltrato que escala en múltiples proporciones sobre todo en la tortura, la cual se ha vuelto “una cultura y modo de trabajo”. No obstante, el Estado mexicano no ha aprendido a documentar y controlar el uso de la fuerza policiaca, consideró el abogado.
En el caso de la Policía Federal, aunque el país creó instituciones y reformas del uso de la fuerza, hay un problema de repetición: en Atenco, Oaxaca, Guerrero, Ayotzinapa, Nochixtlán… aplicaron tortura y manipulación de pruebas, demostró mediante una línea del tiempo.
“La policía repite las conductas abusivas a pesar de que cambien las normas. Se requiere de una gestión democrática de las fuerzas de seguridad para que eso cambie efectivamente”, afirmó López Portillo.
Más de 10 horas duro la primera audiencia en a CoIDH sobre el caso Mariana Selva Gómez y otras. Foto: Cuartoscuro
La perita peruana Julissa Mantilla expuso que la violencia contra la mujer (física, psicológica y sexual) es un problema social enmarcado en la desigualdad y la la violencia social que impacta a otros derechos humanos, lo cual se suma a la revictimización al culpar a la persona. Eso, sentenció, alimenta la impunidad.
“La violación sexual es de tanta naturaleza que la investigación no puede detenerse por falta de pruebas”, declaró sobre la debida diligencia con perspectiva de género. “Una diferencia en el inicio de investigar es determinante y grave porque son en esos días cuando se pueden recapitular las pruebas”.
En el caso de Atenco, la propia CNDH expuso que las autoridades no contaban con las herramientas necesarias para evaluar las posibles violaciones. Además, la violencia sexual no solo implica la penetración.
“Todas fueron insultadas. Se les dijo ‘putas’ y ‘perras’. Además se les acusó que ‘deberían estar cuidando a tus hijos’ o ‘haciendo tortillas'”, recordó la perita basada en las declaraciones de las mujeres de Atenco.
Por ello enfatizó que una de las principales propuestas de reparación es no culpabilizar a las víctimas por haber sufrido una violación a los derechos humanos.
El caso Atenco exhibe a los cuerpos policiacos de México. Foto: Cuartoscuro
“UNA SOCIEDAD CON MIEDO NO CRECE”: SUHELEN
Durante la mañana de este jueves, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Italia Méndez y Patricia Torres declararon ante la Corte que hace once años fueron detenidas arbitrariamente y torturadas sexualmente por policías que realizaron un operativo en San Salvador Atenco, por lo que exigieron castigo a la cadena de mando responsable.
Por la tarde fue el turno de Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, madre de dos hijos, quien estudiaba periodismo cuando fue al poblado mexiquense para documentar el enfrentamiento de un día anterior para su periódico universitario. Sin embargo, durante el operativo de mayo de 2006 no hubo oportunidad de diálogo y acusó que hubo uso de la fuerza pública desde el primer momento.
“Todo estaba planeado, venía de personas que estuvieron planeando cómo deshacerse de mujeres o de periodistas”, declaró ante la Corte.
“Una madre es la base de la sociedad, ¿qué le puede ofrecer para beber de su pecho a sus hijos? Miedo. Una sociedad que bebe miedo no puede crecer”, dijo.
Ahora trabaja en una tienda de deportes para mantener a su hijo e hija, ya que no pudo terminar la carrera en la Universidad Del Valle.
Durante el operativo corrió al ver que hasta a los ancianos y perros les pegaban. Al detenerla, los policías la golpearon, la encimaron sobre unas seis personas más y perdió la capacidad de respiración. Fue víctima de tortura sexual y la encarcelaron por un supuesto cargo de secuestro.
“Mi familia se rompió por completo. Vivo en estado de indefensión”, dijo la mujer.
Suhelen Cuevas pidió a la Corte que se le vigile al Estado mexicano por sus acciones hacia la población y en especial a las mujeres.
María del Sol Vázquez fue víctima de incomunicación y actos de tortura y tortura sexual a manos de uniformados de la extinta Agencia Veracruzana de Investigación, después de ser detenida el 26 de octubre de 2012. Durante las 14 horas de incomunicación, la joven abogada fue torturada para que aceptara autoincriminarse.
México, 22 ago (EFE).- Un juez mexicano declaró inocente y ordenó liberar a María del Sol Vázquez, una joven víctima de tortura sexual que pasó casi cinco años encarcelada, informó hoy el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
“Después de casi cinco años de prisión injustificada, la veracruzana sobreviviente de tortura sexual María del Sol Vázquez Reyes fue liberada anoche”, indicó el organismo, que acompañó a la acusada en el caso e impulsó la campaña “Rompiendo el silencio”.
La Tercera Sala Penal del Estado de Veracruz dictó resolución absolutoria “reconociendo su inocencia de los delitos que se le imputaban y ordenando su libertad inmediata y absoluta”, indicó la institución en un boletín.
“A nosotras como mujeres víctimas de tortura nos denigraron mucho, nos hicieron sentir que no valemos nada, pero tenemos más valor que antes porque sobrevivimos a algo tan feo”, expresó la joven al salir del penal.
María del Sol Vázquez fue víctima de incomunicación y actos de tortura y tortura sexual a manos de uniformados de la extinta Agencia Veracruzana de Investigación, después de ser detenida el 26 de octubre de 2012.
Durante las 14 horas de incomunicación, la joven abogada fue torturada para que aceptara autoincriminarse.
Posteriormente y con base en las pruebas fabricadas, continuó el Centro Prodh, María del Sol fue recluida en el penal La Toma, en Amatlán de los Reyes, desde donde se unió a la campaña.
La joven madre fue condenada a 24 años de prisión, y en junio de 2015 le fue confirmada esta sentencia después de una apelación, por lo que en octubre de 2016 interpuso un amparo.
El 12 de mayo de 2017, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz denunció una “retención injustificada y actos de tortura y violencia sexual cometidos en su contra y por la omisión de investigarlos por parte de la autoridad judicial del estado”.
Unos días después, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, ubicado en Boca del Río, Veracruz, resolvió que se debía modificar la sentencia de apelación, excluyendo al menos dos pruebas -entre ellas su declaración-, debido a que fueron obtenidas violando el derecho a una defensa adecuada.
La defensa de María del Sol, con el apoyo del Centro Prodh, ofreció a la Tercera Sala Penal de Veracruz un dictamen positivo por tortura y una recomendación para que se reconociera la ilicitud del resto de pruebas en su contra.
En uso de sus facultades y considerando las graves violaciones a los derechos humanos de esta mujer, la Tercera Sala Penal finalmente reconoció la inocencia de la joven.
De acuerdo con el Centro Prodh, la tortura sexual sigue siendo un grave problema en México.
En el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, Amnistía Internacional documentó 100 mujeres mexicanas víctimas de tortura sexual y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad.
De ellas, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas, recordó el Centro Prodh.
Hace diez años, cuando el ahora Presidente Enrique Peña Nieto era Gobernador del Estado de México, más de una veintena de mujeres de Atenco fueron torturadas sexualmente por fuerzas de seguridad pública civil. La búsqueda de la justicia en el ámbito nacional no ha sido fácil para las víctimas. 11 de ellas acudieron a la CIDH para denunciar los actos cometidos por la policía el 3 y 4 de mayo del 2006, días en que la población local se levantó en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona. La impunidad que hasta ahora ha imperado ante los abusos a estas mujeres puede tornarse en contra de altos funcionarios, e incluso de quien hoy es el Presidente de la República, aseguraron los abogados que llevarán el caso en una corte internacional. ¿Habrá castigos?
Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- El caso de 11 mujeres de Atenco que sufrieron tortura sexual por parte del Estado hace diez años se resolverá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Abogados de los centros de derechos humanos que acompañan legalmente a las víctimas han dicho que altos funcionarios, como el otrora Gobernador Enrique Peña Nieto, aún no están libres de ser investigados por crímenes de lesa humanidad.
La búsqueda por la justicia no fue encontrada dentro de las fronteras. Hace ocho años el caso de tortura sexual de las mujeres de Atenco fue recibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien emitió una serie de recomendaciones para reparar a las víctimas que no fueron atendidas por el Gobierno.
Ahora el caso toma nuevos vuelos. Las víctimas llevaron a la CorteIDH una denuncia por abusos cometidos contra la libertad e integridad personal, lo que incluye tortura sexual, y la necesidad de perseguir a quienes ordenaron al despliegue de más de 2 mil 524 efectivos, de los cuales 700 eran de la Policía Federal preventiva, y mil 815 de la extinta Agencia de Seguridad Estatal y nueve policías municipales, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
¿Puede el Presidente Enrique Peña Nieto ser investigado por lo ocurrido hace diez años? Abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) creen que sí, si la CorteIDH emite una sentencia apegada lo que ya fueron las recomendaciones de la CIDH.
“La Comisión [CIDH] el informe que emite señala que no se han deslindado las responsabilidades en razón de la cadena de mando. No sólo a mandos medios, sino superiores”, dijo Araceli Olivos Portugal, encargada del área de defensa del Centro ProDH, ante la pregunta directa.
Si bien hasta ahora las denuncias de tortura sexual no mencionan el nombre del ex Gobernador Enrique Peña Nieto, en caso de que la CorteIDH mande al Estado a investigar la cadena de mando de los hechos ocurridos en Atenco, las autoridades deberán cumplir con las averiguaciones. “No es potestativo”, dijo Olivos.
El subdirector del Centro ProDH Santiago Aguirre Espinosa explicó que los funcionarios que podrían ser los autores intelectuales de los no pueden ser directamente sentenciados por la CorteIDH, porque no condena a personas individuales, sino al Estado. Mas, los nombres de funcionarios saldrían en los informes en los que se base la instancia internacional para emitir su veredicto, refirió, y puede haber una sentencia que exija a las autoridades de justicia que les investigue.
Aquel 3 y 4 de mayo la protesta de pobladores en contra de un aeropuerto internacional derivó en dos asesinatos, más de 200 detenciones y una serie de violaciones a los derechos humanos.
MUJERES DE ATENCO
Las mujeres de Atenco pasaron detenidas desde una semana hasta dos años y ocho meses. Foto: Cuartoscuro
Norma Jiménez es una de las 11 denunciantes en contra del Estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad y tortura sexual, que engloba una serie de agresiones verbales y físicas a las mujeres por el simple hecho de serlo; así como abusos sexuales, por parte de los policías.
Jiménez fue detenida por llegar a documentar lo sucedido aquel mayo del 2006, cuando era una estudiante de 23 años. Diez años después acusa a las Policías Federales preventivas de haberla detenido de forma arbitraria. Acusaron personas directas es difícil, puesto que se violaron los procedimientos de ley, quienes la retuvieron de inmediato hicieron por taparle los ojos, recuerda.
A partir de ahí las complicaciones se enraizaron en el proceso judicial y la obligaron a pasar un año en prisión. “Pese a que me habían dicho que tenía derecho a fianza, después dictaron un auto de formal prisión. Inventaron que tenía un camión de polvora conmigo”.
Las autoridades la interpelaron por su presencia en San Salvador Atenco. “Nos preguntaban las mismas cosas todo el tiempo, tratando de que nos equivocáramos. Pero en realidad era un absurdo, porque todos los policías por los que habíamos pasado si no nos habían agredido sexualmente, sí nos habían golpeado, insultado, y todos habían presenciado lo que nos ocurrió”, dijo a este medio.
Las autoridades minimizaron públicamente las acusaciones de las mujeres de Atenco. Durante una conferencia de prensa, Claudia Hernández, una de las víctimas, señaló al ex Comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública, Wilfrido Robledo Madrid, de haberles llamado “mentirosas”.
En octubre del 2014 las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México pusieron a disposición de un Juez en Toluca a 20 servidores públicos por los hechos ocurridos en Atenco.
Las mujeres de Atenco esperan que se investigue la cadena de mando. Foto: Cuartoscuro
Se trató de 11 médicos que revisaron a las mujeres en el momento que estaban detenidas; ocho policías de la extinta Agencia de Seguridad Estatal, ninguno estatal; y un agente del Ministerio Público que omitió investigar la tortura.
La mayor parte de autores materiales e intelectuales sigue en la impunidad. A la fecha no hay ni un solo mando medio o superior en la averiguación previa por el caso.
“En el informe se está pidiendo que se investigue la cadena de mando. A todos. Porque estamos hablando de policía municipal, Policía Federa y la Agencia de Seguridad Estatal. Hasta donde pudimos ver y sabemos que no se mandan solos”, dijo Jiménez.
Aguirre Espinosa resaltó que de ahora en adelante el caso recorrerá una fase litigiosa que tomará todo el 2017, y se prevé que una sentencia pueda obtenerse en el 2018.
La violencia sexual está en el caso Atenco. Pero también en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que llegaron a la CIDH, ejemplificó Aguirre. Tres de siete procesos que la CorteIDH ha recibido en contra de México han sido relacionados con abusos sexuales o contra la mujer.
“El uso de la violencia sexual sigue siendo común en México, y la práctica de tortura sexual no ha sido erradicada dentro de las prácticas que realizan las corporaciones de seguridad en México”, dijo el subdirector del Centro ProDH.
¿Qué hace una mujer que fue violada y torturada por policías para obligarla a firmar una confesión, al salir de prisión? Yecenia Armenta Graciano, la sinaloense encarcelada por casi cuatro años tras firmar una confesión basada en tortura, dice en entrevista con SinEmbargo que hoy sólo tiene miedo y no encuentra su lugar ni su espacio. No hay un lugar en el mundo que la haga sentir segura, afirma.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).– Los ojos de Yecenia Armenta Graciano son negros, grandes y profundos. Su mirada es honda y sus pestañas caen sobre una expresión entristecida y oscurecida. Son los ojos de una mujer violada y torturada por policías para obligarla a confesar que fue la autora intelectual del asesinato de su esposo.
Ahora, después de 20 días de libertad tras la decisión dictada por un Juez y luego de casi cuatro años de prisión, Yecenia está sentada en uno de los pequeños salones de la organizaciónAmnistía Internacional (AI) en la Ciudad de México hablando de su nueva vida después de la cárcel y lo que dejó en el pasado.
Trae un sencillo saco sastre y el cabello negro y lacio recogido en una coleta. Con escaso maquillaje y un ligero brillo labial, el rostro despejado hace resaltar aún más sus ojos grandes.
Yecenia sostiene una mirada húmeda y en ocasiones la barbilla le tiembla al hablar:
“Ha sido difícil. Fueron casi cuatro los que estuve presa. Ha sido difícil. Me siento insegura, no encuentro mi lugar, me ha costado trabajo sentirme estable”, dice con voz quebradiza y débil.
El 10 de julio de 2012 la mujer fue detenida por policías vestidos de civil y obligada a salir de su automóvil. Ella creyó que había sido secuestrada: le vendaron los ojos, la esposaron, la llevaron a una bodega yla colgaron boca abajo atada de los tobillos. Ese día, Yecenia fue golpeada, asfixiada y violada. Así firmó la confesión que la inculpaba de haber contratado unos sicarios para asesinar a su marido y luego trasladada al penal de Aguaruto, Culiacán, en Sinaloa.
Muy cerca de su natal Guasave, la mujer madre de dos niños, fue privada de su libertad yde lo que alguna vez fue su familia y su vida durante varios años.
Una joven como ella, recuerda, acostumbrada a ser una ama de casa en un pequeño pueblo norteño, se vio de pronto envuelta en la pesadilla que la trasformaría para siempre.
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El 10 de julio del 2012, Armenta Graciano fue detenida por agentes del Grupo Águila 1 de la Unidad Modelo de Investigación de Investigación Policial de Sinaloa. Foto: Noroeste
La organización Amnistía Internacional dice en su informe “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por fuerzas armadas y policías en México”, presentado ayer, que las consecuencias de la tortura sexual son varias. Las mujeres que fueron violadas afirman que cuando ocurrió el ataque se sintieron “al borde de la muerte”.
“Yecenia Armenta Graciano, que en 2012 sobrevivió a la violación a manos de policías estatales en Sinaloa, dijo que aquella experiencia era como morir”, dice el documento.
Una semana antes de la detención de Yecenia,su esposo Jesús Alfredo Cuen Ojeda fue asesinado a tiros a las afueras de un restaurante en Sinaloa.
“Jamás pensé que viviría algo así. Era algo que ni siquiera por mis pensamientos podía pesar. Nunca me imaginé vivir lo que viví”. “Mi vida cambió completamente, mi familia, es una situación que aún no logro tener control sobre ella”, dice.
Yecenia, antes de la brutal violación y tortura, cuidada de sus dos hijos en Guasave, Sinaloa. Al recordar un día normal de esa época, es la única ocasión durante la entrevista que la mujer esboza una ligera sonrisa labial.
Recuerda: se levantaba muy temprano y se ejercitaba durante una hora. Luego despertaba a sus hijos para llevarlos al colegio.
“Luego le hablaba a mi esposo para que se levantara y se fuera a susactividades. Esto era a las siente de la mañana. Después me ponía a hacer los quehaceres del hogar y prepararme con los alimentos para recibir a mi familia de regreso a la hora de la comida. Comíamos y llevaba a mis hijos a sus actividades que realizaban. Después al regresar, era hacer las tareas, sobre todo con el más pequeño. Ya en la noche, era prepararnos para dormir”, narra.
Pero el rostro de la mujer se vuelve a entristecer al hablar de un día normal en su vida actual:
“Hoy mi día normal es estar inestable. Hoy un día normal es sentir miedo donde estoy. Es no encontrar un lugar en el cual sentirme bien. Me siento muy vulnerable, no encuentro mi espacio, ese es un día normal para mí”, dice.
Aunque Guasave fue un buen lugar para vivir, hoy la mujer sobreviviente de tortura sexual tiene miedo de ese lugar en donde creció, pero no tiene planes de mudarse: sería cambiarles de tajo la vida a sus hijos.
“Tengo dos hijos, uno estudia en Culiacán y otro en Guasave, sería cambiarles la vida a ellos. Espero irme adaptando a la nueva forma de vida”.
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Yecenia Armenta fue obligada a firmar una confesión bajo tortura y encarcelada. Foto: Noroeste
En la cárcel Yecenia conoció a más mujeres en su misma situación. Todas torturada psicológica y verbalmente, algunas violadas y otras tocadas sin llegar a la penetración.
“Sobre todo donde estuve me comentaban a menudo que habían sido abusadas sexualmente. En algunos casos con penetración, en otros tocamiento. Para mi la violencia sexual empieza desde que te empiezan a tocar. En la mayoría eran tocamientos, pero en todos abuso verbal y psicológico. No había un sólo caso donde no se hubiera violado un derecho humano”, narra.
Armenta Graciano dice que cuando una mujer es torturada sexualmente, es complicado hablar de ello, sin embargo esa es precisamente la apuesta de los torturadores: el silencio.
“Yo les enviaría un mensaje a muchas mujeres que han pasado por un problema como el mío, por una situación así, les haría un llamado a que no se queden calladas, que hablen, porque si no lo hacen se ayuda a que las autoridades sigan cometiendo estos abusos, debido a que ellos le apuestan al silencio de las mujeres”, afirma.
Sobre su caso, Yecenia opina que el juez hizo justicia, pues su sentencia fue absolutoria al no encontrar pruebas del delito que se le imputaba.
El 7 de junio fue liberada gracias a que el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Penal dictó la sentencia absolutoria en su favor, pues se comprobó que la confesión de Armenta Graciano fue obtenida bajo tortura, además de encontrar irregularidades en la investigación e integración de la Averiguación Previa.
Armenta Graciano, ahora de 40 años, intenta reconstruir su vida consiente de que la tortura sexual en México para arrancar confesiones, es un método extendido en el país de acuerdo con organizaciones como Amnistía Internacional.
La organización presentó hoy su informe sobre violencia sexual en contra de mujeres durante sus arrestos y afirmó que el documento ya fue entregado a diversas autoridades mexicanas, entre ellas, a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González; también se le hizo llegar a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y a la Secretaría de Gobernación (Segob). La respuesta por parte de algunas corporaciones fue que los agentes que cometen este tipo de actos son sólo “unas cuantas manzanas podridas”.
Amnistía Internacional denunció el abuso sexual a mujeres durante su detención en México. Foto: Valentina López, SinEmbargo.
Ciudad de México, 28 de junio(SinEmbargo).– La organización Amnistía Internacional (AI) informó que hizo entrega del informe “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por fuerzas armadas y policías en México” a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y a la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que está a la espera de una respuesta contundente para detener las violaciones durante los arrestos a las mujeres a lo largo del país.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), indicó que algunas de las respuestas de las autoridades fueron que “sólo se trata de unas cuantas manzanas podridas” y que México hace esfuerzos para proteger los derechos humanos de los ciudadanos.
Sin embargo, indicó, el informe que documentó en una investigación de ocho meses, y luego de entrevistar a 100 mujeres encarceladas en 11 prisiones federales en México, que 33 fueron violadas y todas torturadas psicológica y verbalmente, 97 fueron víctimas de violencia física y 72 de agresión sexual, dice todo lo contrario.
De acuerdo con Amnistía Internacional, en México hay una práctica generalizada de la tortura sexual y no son sólo unos “cuantos” policías, marinos y soldados son los que violan mujeres por todo el país.
“No se puede seguir sosteniendo la hipótesis de que son sólo unas ‘manzanas podridas’ en la Policía. Nos habla de una realidad rutinaria”, dijo Madeleine Penman, investigadora de tortura para México de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional, durante la presentación del informe.
De acuerdo con el estudio de AI, un 80 por ciento de los arrestos de la Marina fueron con violencia sexual; 60 por ciento de las aprehensiones de la Policía Municipal; 50 por ciento de los efectuados por la Policía Estatal; 50 por ciento de los del Ejército y 19 por ciento de la Policía Federal.
Amnistía Internacional indica en su informe que el compromiso de México por prevenir y castigar la tortura, sólo está en papel, pues en la práctica no hay ni siquiera castigos en contra de los torturadores sexuales.
“El número de cargos formulados por tortura en México –en contra de agentes del Estado– es alarmantemente bajo. A pesar de que la PGR registró en 2014 la recepción de 2 mil 403 denuncias penales por torturas, no pudo informar a Amnistía Internacional de ni un solo cargo criminal que se hubiera presentado en estos casos. En los años anteriores a 2014, según la información del gobierno, se había acusado a menos de cinco personas al año, como media, y algunos años no se acusó a nadie. En febrero de 2016, la PGR seguía sin poder informar a Amnistía Internacional de los cargos presentados el año anterior. Sólo tras un escándalo público sin precedentes que impulsó una respuesta del Gobierno, en abril de 2016 la PGR anunció cargos, al parecer por primera vez en dos años, contra cinco agentes federales, en respuesta a la filtración de un video que mostraba a militares y soldados torturando a una mujer. Pese a esta novedad, el alcance de la impunidad por tortura y otros malos tratos queda de manifiesto por el hecho de que las cifras más recientes muestran que desde 1991 sólo 15 casos han desembocado en sentencias condenatorias penales federales”, dice.
Porcentaje de violaciones contra mujeres detenidas cometidas por corporaciones de seguridad. Elaboración: Omar Vargas con datos de Aministía Internacional
La organización recibió información alarmante del Ejército, pues declaró que entre 2012 y 2013 hubo cuatro juicios en contra de soldados por abuso sexual, pero algunos de ellos dentro de la jurisdicción militar. Ninguno de los soldados fue suspendido durante la investigación.
La Marina informó que en los últimos años cuatro marinos fueron suspendidos por abuso sexual, pero “a Amnistía Internacional le preocupa que la respuesta de la Marina indica que un miembro del cuerpo declarado culpable de abusar sexualmente de una mujer, podría reincorporarse al servicio tras cumplir su condena en prisión”.
“La tortura no puede ser aceptada de ninguna forma. Hemos trabajado durante décadas para hacer que los estados cumplan con su obligación de protección a la ciudadanía. Lamentablemente se sabe que en México la tortura es una práctica generalizada”, dijo Guevara Rosas.
La violencia sexual en contra de las mujeres por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, no es una situación aislada: “es una violencia atroz que refleja el secreto más oscuro del Estado mexicano: la tortura sexual”, indicó Erika.
AI acusó además que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hace poco por defender a las mujeres y en general a las personas que sufren de tortura en el país.
“La CNDH no ataca las causas y raíces de la tortura, como investigar a los mandos superiores, de miles de denuncias, sólo ha emitido 70 recomendaciones”, indicó.
“NO ES GRATO SABER QUE MI MAMÁ FUE VIOLADA POR POLICÍAS FEDERALES”
Byron asegura que su vida cambió luego de que su madre fuera violada por policías federales y encarcelada. Foto: Valentina López, SinEmbargo.
Byron Arellano es hijo de Verónica Razo, una mujer de 37 años, que desde hace cinco fue encarcelada y separada de sus dos hijos.
“Tiene cinco años presa y sin justicia. Yo tenía 12 años, ahora tengo 18 y no es grato saber que mi mamá fue violada por policías federales. No es gratificante saber que durante 24 horas fue violada y torturada y obligada a firmar una confesión”, dijo el joven.
El 8 de junio de 2011 Verónica caminaba por una calle del centro de la Ciudad de México, cuando hombres armados y sin uniforme que viajaban en un automóvil la agarraron y la secuestraron.
“La llevaron a un galpón de la Policía Federal, donde la retuvieron durante 24 horas y la torturaron. La golpearon, la sometieron a semiasfixia y a descargas eléctricas, y varios policías la violaron repetidamente. La amenazaron y la obligaron a firmar una ‘confesión’. Tras ser interrogada por policías y agentes del ministerio público se desmayó y tuvo que ser llevada a toda prisa al hospital, donde recibió tratamiento por palpitaciones cardíacas graves. Los policías dijeron que la habían detenido al día siguiente y la acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores. Sin embargo, la noche de su detención su madre ya había presentado ante las autoridades locales una denuncia de persona desaparecida”, narra el informe.
Según Amnistía Internacional, los hijos de Verónica están a cargo de su abuela. Su hijo, que ahora tiene 18 años, no pudo continuar sus estudios universitarios por la carga económica que significa que su madre esté presa.
Madeleine Penman dijo a SinEmbargo que el Gobierno tiene la oportunidad en sus manos de hacer algo en el caso de Verónica.
“Hace unos meses, en septiembre de 2015, el Gobierno estableció el Mecanismo para Casos de Tortura Sexual dentro de la Secretaría de Gobernación, desde entonces el caso de Verónica es el primer caso que este mecanismo tenía que haber revisado. Entonces vemos que México tiene todas las oportunidades necesarias para combatir este flagelo, hay que atacar la impunidad y llevar a los responsables ante la justicia”, indicó.
El hijo de Verónica afirmó que su vida cambió por completo y que no le gustarían “que otra mujer y otra familia sean destruidas como nosotros. Pido que los torturadores sean castigados, porque las mujeres que no han hecho nada están en la cárcel y los torturadores afuera”.
La organización Amnistía Internacional documentó en una investigación de ocho meses, y luego entrevistar a 100 mujeres encarceladas en 11 prisiones federales en México, que 33 fueron violadas y todas torturadas psicológica y verbalmente, 97 recibieron violencia física y 72 sexual. En el informe de AI hay de todo: violaciones tumultuarias de policías y soldados, descargas eléctricas en los genitales y una impunidad que arropa a los agresores y los mantiene en la calle.
La mayoría de las mujeres en México son víctimas de violencia sexual en su arresto, denuncia Informe de AI. Foto: EFE
Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– Mónica Esparza Castro fue violada por un grupo de policías ante la mirada de soldados el 12 de febrero de 2013: la asfixiaron con una bolsa de plástico, la arrastraron por el suelo sujetándola del cabello, le golpearon las nalgas con un tablón y siete policías, entre ellos un representante de Seguridad Pública de Torreón, Coahuila, la violaron frente a su esposo y su hermano, además la obligaron a realizarles sexo oral.
Mónica es una de las 33 mujeres, de un grupo de 100, que declararon a Amnistía Internacional (AI) que fueron violadas durante su detención. El día del brutal ataque contra Esparza Castro, la mujer de entonces 26 años viajaba en un automóvil con su esposo y su hermano cuando la Policía Municipal de Torreón los detuvo.
“Los agentes no mostraron orden de aprehensión alguna, pero se los llevaron a los tres a un galpón detrás de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. Mónica al principio se quedó fuera, en una camioneta policial. Un oficial llegó y, cuando vio a Mónica allí, se puso furioso con la agente que la había llevado, y le dijo: “¡Eres una pendeja! ¿Por qué la tienes detenida ahí?”. Unos minutos después regresó y metió a Mónica en el galpón, amenazándola con cortarla en pedacitos. Según el relato de Mónica, al entrar en el galpón el oficial le dijo, “bienvenida a la fiesta”, y ella vio a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados”, dice el informe de la organización titulado “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por fuerzas armadas y policías en México”.
“La fiesta” a la que se referían los policías era una brutal violación tumultuaria, en donde Mónica fue ultrajada mientras le hacían preguntas que no podía contestar y veía como a su esposo le levantaban la piel de la pierna con un cuchillo y daban latigazos con espuelas de metal que le desprendían la carne.
“Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública de Torreón la agarró y empezó a besarla bruscamente y a morderla en la cara y el cuello, y luego la violó delante de su esposo y su hermano. Después, seis policías la violaron uno detrás de otro, y a continuación se masturbaron en su cara y la obligaron a practicarles sexo oral y tragarse el esperma. Durante esa brutal violación, unos miembros uniformados del Ejército estuvieron allí mirando. Luego la policía llevó a los tres detenidos a las oficinas de la PGR [Procuraduría General de la República] en Torreón. En el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos, a consecuencia de la tortura”, narra el informe.
Mónica está presa, pues fue obligada a firmar una confesión. En agosto de 2014 expertos forenses de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron que Mónica había sido violada y que su esposo había sido ejecutado arbitrariamente a consecuencia de su tortura.
“En abril de 2016 la CNDH emitió una recomendación en la que pedía una investigación criminal sobre el caso. Mónica está en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en delincuencia organizada. Dos de sus cuatro hijos, de corta edad, están al cuidado de un albergue, ya que su familia no puede asumir el costo de su manutención”, indica Amnistía Internacional.
Sobre los violadores de Mónica: todos libres, ninguno procesado. De hecho, no existe en México ningún policía preso por tortura sexual, dijo a SinEmbargo Madeleine Penman, investigadora de tortura para México de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional.
A todos ellos los cobija ese manto que se llama impunidad, indicó la investigadora en tortura.
De acuerdo con el informe, pese al alto número de denuncias, las autoridades han afirmado que en los últimos cinco años sólo se han presentado seis cargos de violación contra funcionarios públicos en la justicia federal.
Siete soldados fueron juzgados por violación en 2012 y 2013 por tribunales castrenses. No obstante, entre 2010 y 2015 ningún miembro del Ejército fue suspendido por delitos sexuales. Tres marinos fueron suspendidos por abuso y uno fue condenado, pero inhabilitado sólo hasta salir de prisión.
LA IMPUNIDAD Y LAS CIFRAS DE VIOLACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL
El estudio de Amnistía reveló que de 100 mujeres entrevistadas, 33 fueron violadas y todas torturadas psicológica y verbalmente, 97 recibieron violencia física y 72 sexual durante su detención. Los agresores fueron elementos de la Marina, Policía Municipal, Estatal, Federal y Ejército.
“Es realmente alarmante el informe, porque estamos hablando que la tortura sexual se vuelve el método preferido de las fuerzas armadas y de seguridad de este país. Estamos hablando que de 100 mujeres, todas alegaron haber recibido algún tipo de violencia psicológica o verbal. Realmente son cifras escalofriantes y lo peor es que el gobierno sigue sin castigar prácticamente a casi ningún soldado o policía por estos hechos”, dijo Madeleine Penman.
La investigadora reveló que Amnistía no conoce que exista una sola persona encarcelada por los delitos que denunciaron las 100 mujeres.
“Estamos hablando de una impunidad escalofriante. Cuando hablamos con las mujeres vimos que a pesar de haber denunciado, no habían tenido justicia. Peor aún, pedimos datos de las fuerzas armadas y su respuesta fue alarmante, estamos hablando de que en cinco años el Ejército no nos pudo dar un ejemplo de un solo soldado suspendido por abuso sexual o por violación. Entre 2010 y 2015 no suspendieron ningún agente suyo por este tipo de abusos de violencia sexual. Esto realmente nos demuestra que es un método tolerado”, dijo.
De acuerdo con el estudio de AI, un 80 por ciento de los arrestos de la Marina fueron con violación sexual; 60 por ciento de las aprehensiones de la policía municipal; 50 por ciento de los efectuados por la Policía Estatal; 50 por ciento de los del Ejército y 19 por ciento de la Policía Federal.
“La violación ha sido utilizada por la policía de todos los niveles –municipal, estatal y federal–, así como por el Ejército y la Marina. Dependiendo de los perpetradores, hay diferencias en la frecuencia con que se denuncia esta práctica. Las mujeres denunciaron los índices de violación más altos a manos de la Marina. Aunque, en su conjunto, la Marina lleva a cabo menos arrestos que la Policía Federal, resulta sumamente preocupante señalar que, de los diez arrestos practicados por la Marina que constaban en los datos recopilados por Amnistía Internacional, ocho habrían incluido violación. De todos los demás cuerpos, excluida la Policía Federal, se habría utilizado la violación en al menos la mitad de los arrestos realizados. La sofisticación de los métodos utilizados para infligir violencia difería de unos casos a otros. Por ejemplo, algunas mujeres que reportaron haber sido violadas por personal de la Marina contaron a Amnistía Internacional que, en ocasiones, los violadores utilizaban los dedos enguantados para no dejar rastros biológicos, mientras que otras denunciaron haber recibido descargas eléctricas en los genitales. En algunos casos se denunció el uso del pene, pero no en la mayoría. Veintisiete mujeres fueron sometidas a violación vaginal durante su detención”, dice el informe.
Entre las mujeres entrevistadas por la organización, hay testimonios que afirman que fueron torturadas en estado de embarazo. De las entrevistadas 10 afirmaron estar embarazadas durante su detención y ocho abortaron a consecuencia de la tortura.Los torturadores golpearon el estómago de todas ellas.
La investigación de AI encontró que las mujeres que no se adaptan a los estereotipos de género fueron torturadas por su orientación sexual.
Amnistía Internacional indica en su informe que el compromiso de México por prevenir y castigar la tortura, sólo está en papel, pues en la práctica no hay ni siquiera castigos en contra de los torturadores sexuales.
“El número de cargos formulados por tortura en México es alarmantemente bajo. A pesar de que la PGR registró en 2014 la recepción de 2, 403 denuncias penales por torturas, no pudo informar a Amnistía Internacional de ni un solo cargo criminal que se hubiera presentado en estos casos. En los años anteriores a 2014, según la información del gobierno, se había acusado a menos de cinco personas al año, como media, y algunos años no se acusó a nadie. En febrero de 2016, la PGR seguía sin poder informar a Amnistía Internacional de los cargos presentados el año anterior. Sólo tras un escándalo público sin precedentes que impulsó una respuesta del gobierno, en abril de 2016 la PGR anunció cargos, al parecer por primera vez en dos años, contra cinco agentes federales, en respuesta a la filtración de un vídeo que mostraba a militares y soldados torturando a una mujer. Pese a esta novedad, el alcance de la impunidad por tortura y otros malos tratos queda de manifiesto por el hecho de que las cifras más recientes muestran que desde 1991 sólo 15 casos han desembocado en sentencias condenatorias penales federales”, dice.
La organización recibió información alarmante del Ejército, pues declaró que entre 2012 y 2013 hubo cuatro juicios en contra de soldados por abuso sexual, pero dentro de la jurisdicción militar. Ninguno de los soldados fue suspendido durante la investigación.
La Marina informó que en los últimos años cuatro marinos fueron suspendidos por abuso sexual, pero “a Amnistía Internacional le preocupa que la respuesta de la Marina indica que un miembro del cuerpo declarado culpable de abusar sexualmente de una mujer, podría reincorporarse al servicio tras cumplir su condena en prisión”.
Madeleine Penman afirmó que la organización enfrentó varios obstáculos para realizar la investigación de parte del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Una obstaculización desde la Secretaría de Gobernación que durante cuatro meses intentamos acudir con un número mayor de mujeres y pasamos de tener un sí en diciembre de 2015, a tener una respuesta que nos ignoraba totalmente y nos pasamos entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Secretario de Gobernación, por eso fue lamentable ver la poca disposición del Secretario de Gobernación, ni de dignarse a respondernos”, acusó la investigadora.
CONSECUENCIAS DE LA TORTURA SEXUAL
Amnistía Internacional dice en su informe que las consecuencias de la tortura sexual son varias. Las mujeres que fueron violadas afirman que cuando ocurrió el ataque se sintieron “al borde de la muerte”.
“Yecenia Armenta Graciano, que en 2012 sobrevivió a la violación a manos de policías estatales en Sinaloa, dijo que aquella experiencia era como morir. Otras sobrevivientes han descrito que se sienten como ‘muertas vivientes’, o que vivir con el trauma de la violación era como estar ‘viva pero muerta’. Tal como dijo Verónica Razo a Amnistía Internacional: ‘Lo que queda en tu mente, ¿quién lo puede remediar? ¿Quién me lo puede quitar? Evito cerrar los ojos, no me gusta cerrar los ojos porque repaso todo en mi mente’. El trauma psicológico a menudo se hace extensivo a los familiares que han presenciado la violenta detención de su ser querido o que sufren el dolor de la separación”, dice el documento.
La organización recogió el testimonio de Verónica Razo, de 37 años y desde hace cinco encarcelada y separada de sus dos hijos.
El 8 de junio de 2011 Verónica caminaba por una calle del centro de la Ciudad de México, cuando hombres armados y sin uniforme que viajaban en un automóvil la agarraron y la secuestraron.
“La llevaron a un galpón de la Policía Federal, donde la retuvieron durante 24 horas y la torturaron. La golpearon, la sometieron a semiasfixia y a descargas eléctricas, y varios policías la violaron repetidamente. La amenazaron y la obligaron a firmar una ‘confesión’. Tras ser interrogada por policías y agentes del ministerio público se desmayó y tuvo que ser llevada a toda prisa al hospital, donde recibió tratamiento por palpitaciones cardíacas graves. Los policías dijeron que la habían detenido al día siguiente y la acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores. Sin embargo, la noche de su detención su madre ya había presentado ante las autoridades locales una denuncia de persona desaparecida”, narra el informe.
Según Amnistía Internacional los hijos de Verónica están a cargo de su abuela. Su hijo, que ahora tiene 18 años, no pudo continuar sus estudios universitarios por la carga económica que significa que su madre esté presa.
Madeleine Penman dijo a SinEmbargo que el Gobierno tiene la oportunidad en sus manos de hacer algo en el caso de Verónica.
“Hace unos meses, en septiembre de 2015, el Gobierno estableció el Mecanismo para Casos de Tortura Sexual dentro de la Secretaría de Gobernación, desde entonces el caso de Verónica es el primer caso que este mecanismo tenía que haber revisado. Entonces vemos que México tiene todas las oportunidades necesarias para combatir este flagelo, hay que atacar la impunidad y llevar a los responsables ante la justicia”, indicó.
La investigadora explicó que el mayor reto del nuevo sistema acusatorio será que cualquier prueba obtenida bajo tortura o malos tratos, deberá excluirse de los juicios penales.
“En México el Gobierno tiene todas las herramientas necesarias para combatir este flagelo y esperamos que el Congreso tome cartas en el asunto, estemos esperando una Ley General de la Tortura largamente demorada. Quisiéramos ver el compromiso de la Secretaría de Gobernación en este nuevo mecanismo de casos de tortura sexual, que todas las instituciones del Estado cooperen con este mecanismo: la PGR, la CNDH, la Segob y la Comisión Nacional de Seguridad pueden hacer mucho. Hay que tener la voluntad para acabar con la cultura de encubrimiento”, finalizó.
RETIRAR AL EJÉRCITO DE LAS CALLES
Amnistía Internacional recomienda al Presidente Enrique Peña Nieto retirar al Ejército de las calles. Foto: Cuartoscuro.
Entre las principales recomendaciones de Amnistía Internacional al Presidente de la República Enrique Peña Nieto está el retirar de inmediato a las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública, para las que no han recibido formación y “por las que no rinde cuentas”.
“Reconocer públicamente la magnitud del problema de la tortura y los malos tratos en México, en particular el uso de la violencia sexual contra las mujeres, y transmitir un mensaje que indique claramente que estos actos ya no se tolerarán”, dice el informe.
La organización también recomienda asegurar que los expertos “médicos forenses oficiales son independientes de las procuradurías de justicia a nivel federal y estatal” y pide a la Segob “reforzar el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres”, asignándole los recursos necesarios y garantizando que todas las instituciones pertinentes colaboran con él.
A la PGR el organismo recomienda “acelerar el trabajo de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura y publicar urgentemente un registro de denuncias de tortura, desglosadas por género, edad y nacionalidad”.
En cuanto al Congreso de la Unión, AI pide adoptar la Ley General contra la Tortura, con los siguientes elementos: penalizar la tortura y otros malos tratos con arreglo a los estándares internacionales, en concreto a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y todas “las declaraciones y pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos quedan excluidas de las actuaciones judiciales, excepto en contra de un posible perpetrador como evidencia de que la tortura ocurrió”.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
