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En el Valle de Juárez, zona de criminales, 116 personas han desaparecido desde 2010

martes, agosto 30th, 2022

Su último rastro se registró en esta zona conformada por los municipios de Praxedis G. Guerrero, Guadalupe y la zona rural de Ciudad Juárez; la mayoría de ellas llegaron con la intención de cruzar a Estados Unidos por esa región fronteriza que grupos del crimen organizado disputan por el control del tráfico de personas y de drogas.

Por Marco Antonio López

PARTE 1 DE 2

Ciudad Juárez, 30 de agosto (La Verdad).– Laura sueña recurrentemente con su hijo y con su hermano: los ve entrar a su casa, caminar a la cocina, sentarse en la mesa. Los oye pedir comida. Los ve hambrientos, sucios y cansados, volviendo de trabajar como un día cualquiera. Laura sueña recurrentemente que Israel y José Luis vuelven a casa.

Israel Chávez Lozano y José Luis Lozano Mendoza desaparecieron en el Valle ­—zona que conforma parte de Ciudad Juárez así como los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe— lugar en el que actualmente se busca a por lo menos 116 personas y en el que se han encontrado restos de más de 280 personas que no se han podido identificar y en el que se han descubierto al menos 62 fosas clandestinas, desde 2010.

La disputa por el control del tráfico de personas y de drogas por esta zona fronteriza de Chihuahua mantiene en un riesgo constante a aquellos que buscan cruzar hacia Estados Unidos, de acuerdo con integrantes de organizaciones que acompañan a las familias de personas desaparecidas.

“La mayoría de casos de desaparición en El Valle son perpetrados por grupos del crimen organizado. Se trata de personas que buscan llegar a Estados Unidos y de alguna manera no pagan a estos grupos del crimen organizado para que puedan acceder a través de esas vías a Estados Unidos y son desaparecidos”, dice Carla Palacios, coordinadora general en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Laura Lozano Mendoza busca a su hijo y su hermano desaparecidos en El Valle. Foto: Alicia
Fernández, La Verdad

Pese a la cantidad de reportes de desaparición en este territorio integrado por la zona rural de Juárez y por los municipios de Guadalupe  y Praxedis G. Guerrero, solo se encuentran dos carpetas de investigación abiertas, ambas en este último municipio, ubicado a unos 50 kilómetros al oriente de Ciudad Juárez.

Tanto el Fiscal General del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte, como el Fiscal Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, se negaron a dar una entrevista para esta investigación periodística.

Frente al panorama, el Presidente Municipal de Guadalupe, Fausto González Pérez, dice que no tiene conocimiento del tráfico de personas ni de drogas en su pueblo; mientras que el Alcalde de Praxedis, Celestino Estrada Villanueva, asegura que desconoce la cuestión de las desapariciones.

Ambos coinciden en que las dos comunidades son estigmatizadas por los medios de comunicación.

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Familiares de personas desaparecidas en el Valle de Juárez participan de un rastreo en la zona. Foto: Gerardo Hernández, La Verdad

El 13 de noviembre de 2019 era miércoles. Laura terminó puntual su recorrido como chofer de transporte escolar, a las 7:30 de la mañana. Entonces pasó por su hijo Israel todavía en el camión que aún maneja para el traslado de estudiantes.

Hacía frío. Las bajas temperaturas llevaron al Gobierno Municipal a habilitar albergues en diversos puntos de la ciudad a manera de refugio. Sin embargo, ese día se mantuvo un poco por encima del promedio de esos días, cinco grados por la mañana.

A pesar de eso, Israel se puso una pantalonera azul debajo de su pantalón de mezclilla negro, una playera tipo polo azul con dos líneas a la altura del pecho, una azul y una roja, encima tres sudaderas y sobre las sudaderas una chamarra azul tipo cazadora, con cuatro bolsas grandes al frente. Se calzó sus tenis grises de botín y salió de su casa para subir al camión con su mamá.

Llegaron a la casa del tío José Luis en la colonia Ampliación de San Isidro, hacia el extremo oriente de la ciudad, al filo de las 8:00 de la mañana.

Laura recuerda que Israel tuvo un presentimiento incómodo que lo hizo dudar. Ella le dijo que no tenía que irse. Pero él ya había tomado la decisión: dejar Ciudad Juárez para cruzar hacia Estados Unidos.

Israel tenía entonces 29 años y la conciencia plena de que debía abandonar Juárez para vivir en mejores condiciones, cierta intuición de que el lugar que habitaba no tenía algo bueno para él.

Ficha de búsqueda de José Luis. Foto: FGE

Dejó su último trabajo en un supermercado luego de que agentes estatales lo levantaron saliendo de su jornada, le quitaron su dinero, su celular y sus pertenencias, todas, para abandonarlo golpeado en un paraje alejado de su casa.

En las noticias de esa semana quedaban estelas de la masacre de nueve integrantes de la familia LeBarón, ocurrida el 4 de noviembre en los límites de Sonora y Chihuahua. También quedaban notas sobre el memorial que se hizo en Walmart de El Paso, Texas, donde tres meses antes un joven disparó contra la población civil matando a 23 personas.

Sobre el Valle de Juárez destacaba una noticia: el lunes 11 identificaron el cuerpo de una mujer de 20 años que murió estrangulada y cuyo cadáver dejaron en un parque de San Isidro, a un costado de la carretera Juárez-El Porvenir. A unos diez kilómetros de donde se encontraba Israel y por donde pasaría más tarde. Se trataba de Guadalupe Elvira Díaz López.

Laura acompañó a su hijo en la casa de José Luis hasta las 11:00 de la mañana en que debía dar su segundo recorrido en su camión escolar. Le dio un poco de dinero, le pidió que le marcara en cuanto estuviera en Estados Unidos, se despidió y se fue.

Ficha de búsqueda de Israel. Foto: FGE

A las 12:40 Maricela Chacón escuchó que le gritaban a su esposo José Luis Lozano para que saliera.

Juan de Dios Robles Martínez es amigo de José Luis desde hace alrededor de 15 años, a él le dicen “El Cholo” y para ese momento tenía un mes que lo deportaron de Estados Unidos.

Juan de Dios conocía las brechas y el recorrido que se tiene que hacer por el Valle para atravesar la frontera hacia Estados Unidos por el municipio de Praxedis G. Guerrero, había cruzado varias veces. Y planeaba hacerlo de nuevo para volver a trabajar de aquel lado.

Por eso le ofreció a José Luis llevarlo y conseguirle empleo sin cobrarle nada, solo por ser su amigo. Por eso éste le dijo a su sobrino Israel. Por eso estaba Juan de Dios gritando afuera de la casa de José Luis el 13 de noviembre a las 12:40.

Subieron a la Cherokee negra de un familiar de Juan de Dios en la que iban otras tres personas y tomaron rumbo a la plaza Zaragoza, donde esperarían el único camión de transporte público que va hacia el Valle y que pasa entre la 1:00 y la 1:30 de la tarde por esa zona de la ciudad.

Las otras tres personas que estaban en la camioneta y pagaron a Juan de Dios para que los cruzara, se desconoce su identidad. Se habla de una familia, un hombre, una mujer y su hija menor de edad. Pero por ellos nadie hizo una denuncia, a ellos nadie los busca.

Las desapariciones no paran. Foto: Alicia Hernández. La Verdad

Un grupo de seis personas toma el único camión de transporte público que entra al Valle, con la intención de cruzar hacia Estados Unidos. Toman la carretera federal 2, Juárez-El Porvenir, una ruta de alrededor de 70 kilómetros de largo. Y no vuelven a ser vistos.

“Ya no me contestó los mensajes mi hijo. Le hablaba a mi hermano y me mandaba a buzón, o sea que ya no tuvimos comunicación con ninguno. No sé qué pasaría, hasta dónde llegarían. Nos dijeron que los habían bajado del camión, pero no sabemos si fue hasta La Esperanza, en Praxedis, no sabemos exactamente en dónde los bajaron del camión”, dice Laura Irene Lozano, que busca a su hijo Israel Chávez Lozano y a su hermano José Luis Lozano Mendoza desde el 13 de noviembre de 2019.

Solo una carretera se interna al Valle. Solo un camión de transporte público sale a las 7:00 de la mañana del Porvenir con rumbo a Ciudad Juárez y regresa después del mediodía.

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DE CAMPOS DE CULTIVOS A TIERRAS DE DESAPARECIDOS

Muro que divide a México y Estados Unidos a la altura del Valle de Juárez. Foto: Alicia Fernández; La Verdad

El Valle no es propiamente valle, se compone de zonas desérticas que conectan con las dunas de Samalayuca, de sierras y faldas de sierra, de campos de cultivo, zonas verdes y zonas secas según se vea hacia uno u otro lado de la carretera.

Está conformado por tres municipios: primero por el extremo oriente de Ciudad Juárez, seguido de Guadalupe y, por último, Praxedis G. Guerrero, hasta El Porvenir. A su vez, estos municipios se conforman de diversos poblados que se enclavan, la mayoría, a un costado de la carretera Juárez-El Porvenir que corre paralela al río Bravo.

Destacan los poblados de Loma Blanca, San Agustín, El Millón, Juárez y Reforma, Doctor Porfirio Parra, Barreales, Guadalupe, Praxedis, La Esperanza y El Porvenir.

En total, de acuerdo con el Inegi, la población en esta zona es de 17 mil 361 habitantes. Guadalupe cuenta con cuatro mil 237 habitantes, mientras que Praxedis registra cinco mil 111 habitantes; el resto pertenecen a los poblados del Municipio de Juárez, desde Loma Blanca hasta El Millón.

El Valle fue una pujante zona agrícola en las décadas de los 60 y 70, por eso al margen de la organización política municipal y sus divisiones, mantiene todavía la tradición ejidal, personas que cultivan alfalfa, algodón, sorgo, y en pocos casos trigo, a pesar de lo difícil que se ha vuelto mantener los campos debido a la falta de agua, el precio del diesel y de la electricidad para sacar agua de los pozos.

Un retén. Una camioneta. Una carretera. Foto: La Verdad

Cada vez el Valle tiene menos agricultores, me cuenta un hombre de más de 60 años que recuerda una época en que las cosas eran más fáciles.

“Fíjate, el diesel costaba cinco pesos el litro hace 30 años y el algodón lo vendíamos en 70 dólares el quintal (46 kilos). Ahorita se vende en lo mismo, pero el diesel cuesta 20 pesos o más”.

No solo los precios terminaron con la agricultura, cuenta el hombre de manos morenas y anchas que sostiene un sombrero sobre sus piernas, sentado en la plaza de Praxedis. La industria maquiladora se convirtió en la principal fuente de empleo. Los pobladores del Valle se trasladan hasta dos horas a Ciudad Juárez para trabajar en las maquiladoras jornadas de entre ocho y diez horas para hacer otras dos horas de regreso de camino a casa.

Y la violencia, claro. Por eso el hombre pide que no mencione su nombre. No es bueno dar entrevistas en un pueblo tan pequeño, dice.

La localidad es tradicionalmente agrícola. Foto: La Verdad

Pero no solo es que el Valle tenga cada vez menos agricultores, es que, en general, el Valle tiene cada vez menos población. La disputa entre cárteles por el territorio y los efectos de la “guerra contra el narcotráfico” que emprendió entre el 2006 y 2012 el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, sumieron al Valle en una dinámica de violencia tal que se asesinaron familias enteras y dos terceras partes de la población tuvo que irse.

Por ejemplo, Guadalupe, que tiene ahora cuatro mil 237 habitantes, en 2006 contaba con más de 12 mil habitantes, recuerda el presidente municipal, Fausto González Pérez, que accede a dar una entrevista en su oficina.

“Yo lo que quisiera externar es una molestia de toda la comunidad, no solo mía como alcalde, de que se habla muy mal del Municipio de Guadalupe porque nos tienen estigmatizados como un pueblo o un municipio violento”, dice Fausto al inicio de la entrevista.

En cuanto al tráfico de drogas y de personas refiere: “Yo quiero comentar que no estoy informado del tráfico aquí en nuestra cabecera municipal”.

El paisaje en el Valle. Foto: La Verdad

Unos kilómetros adelante nos recibe el presidente municipal de Praxedis, Celestino Estrada Villanueva, que replica la idea de Fausto: lo del Valle es un tema de comunicación y de imagen, una cuestión meramente mediática.

“Desgraciadamente los medios de Ciudad Juárez han manchado nuestras comunidades cuando no es así. Es la mala información que se tiene de los medios de comunicación, el municipio de Praxedis no es como lo pintan los medios de comunicación. Las cosas malas no pasan ni en Praxedis ni en Guadalupe, todo pasa del Millón para allá, que le pertenece a Ciudad Juárez, ese es el problema que tienen ustedes los medios de comunicación”, explica.

“En cuestión de la desaparición tenemos un desconocimiento en sí. Y de migración no nos han comentado nada”, agrega detrás de la mesa de la sala de juntas de la Presidencia municipal.

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¿CUÁNTAS PERSONAS HAN DESAPARECIDO?

Gráfico: Adriana Faudoa, La Verdad

Al día de hoy la Fiscalía General del Estado mantiene una búsqueda de 71 personas desaparecidas solo en el Municipio de Praxedis, y de otras 45 personas en el Municipio de Guadalupe, de acuerdo con información entregada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. De estos casos solo siete son mujeres y 109 son hombres.

Es decir, se han interpuesto 116 reportes de personas que han desaparecido en estos municipios sin que a la fecha se les haya localizado, por lo que se mantiene su estatus de búsqueda “vigente”.  Sin embargo, a esas desapariciones hay que sumar las de los poblados del Valle de Juárez que pertenecen al Municipio de Juárez, como quedaron registrados José Luis Lozano Mendoza, Israel Chavéz Lozano y Juan de Dios Robles Martínez. Además de Erick Cuenca Mora y Ángel Eduardo de la Rosa Posada, en los poblados de San Agustín, San Ignacio, Loma Blanca o el Millón. El problema con esa información es que está mezclada con la de Ciudad Juárez y no con la del Valle.

A esto hay que sumarle los familiares que no denuncian por temor a represalias, los que no denuncian porque no están en el país y no conocen siquiera el punto de desaparición o por dónde buscaban cruzar la frontera sus familiares, de acuerdo con Carla Palacios, coordinadora general en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, organización civil desde donde acompañan casos de desaparición y tortura.

Actualmente el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte lleva cinco casos de desaparición en el Valle, el de José Luis Lozano Mendoza, Israel Chávez Lozano y Juan de Dios Robles Martínez; el de Érick Cuenca Mora; el de José Antonio Chaparro Ledezma; de Ángel Eduardo de la Rosa Posada y el de Esteban Miramontes Rodríguez.

Familiares de personas desaparecidas incansables en la búsqueda. Foto: Gerardo Hernández, La Verdad

Por esto es que la cifra de reportes es muy alejada de la realidad que se vive en el Valle, de acuerdo con Gabino Gómez, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, organización civil asentada en Chihuahua capital desde donde acompañan también a víctimas de violaciones a los derechos humanos en todo el estado. Y desde donde llevan la representación de alrededor de 30 casos de desaparición en la zona del Valle, hasta Ojinaga.

“Siempre hemos sabido de la desaparición de personas en esta región, particularmente migrantes. Pero desde un tiempo más reciente empezaron a buscarnos más familiares que desaparecieron personas rumbo a la frontera para cruzar hacia Estados Unidos. Yo no hablaría solo del Valle de Juárez, incluiría hasta Ojinaga (Municipio que colinda en el oriente con Guadalupe)”, dice Gabino Gómez, que puntualiza el incremento de denuncias por desaparición en esa zona recientemente.

Además, al problema de la desaparición hay que sumar el de la inhumación clandestina. Al margen de las 116 personas que se buscan en la zona, se han encontrado en el Valle restos de por lo menos 280 personas que no se han podido identificar. De 2010 a la fecha la Fiscalía General del Estado ha encontrado, solo en los municipios de Praxedis y Guadalupe, 62 fosas clandestinas con restos humanos, 21 en el primero y 41 en el segundo.

A esto hay que sumar que para investigar todos los crímenes cada Municipio cuenta con un solo agente del Ministerio Público. Uno para todos los delitos en Praxedis, desde un robo, asaltos, violencia familiar, hasta homicidios, secuestro, extorsión y desaparición. Y uno para Guadalupe.

“El pueblo está demasiado vacío, demasiado solo, no me imagino el dolor que debe tener la gente ahorita que nunca supo de sus familiares. Yo pienso que Guadalupe es un gran cementerio donde hay demasiada gente enterrada. Cuando la gente empezó a huir del pueblo se fueron adueñando de las casas y en cada casa dejaban cuerpos enterrados”, dice Elvira Archuleta desde Texas, estado norteamericano al que pidió exilio tras la persecución y homicidio de varios integrantes de su familia.

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¿POR QUÉ DESAPARECEN?

Gráfico: Adriana Faudoa, La Verdad

El 25 de septiembre de 2021 un grupo de 13 personas atravesaba por Coyame del Sotol con rumbo a la frontera cuando fueron detenidos por integrantes de una célula del crimen organizado, de acuerdo con el relato del único sobreviviente, que fue abandonado en el desierto. Desde entonces, a casi un año, no se sabe nada de ellos.

De los 13, 10 son de Chihuahua, uno de Durango, uno de Querétaro y uno del Estado de México. Se trata de uno de los grupos más grandes de los que se tenga registro de desaparición recientemente, de acuerdo con Gabino Gómez, y el móvil es el mismo que en gran parte de los casos: grupos del crimen organizado a los que se les tiene que pagar por cruzar su territorio.

“Se tiene la información que llegaron por esa zona de terracería hasta casi la frontera y hay una bifurcación de la brecha hacia mano derecha que se llega a Lomas de Arena, que es punto de paso para cruzar por el río Bravo, ese punto lo controla el cártel de Juárez y a mano izquierda se llega a Bosque Bonito y ese lo opera el cártel de Sinaloa, es otro punto de desapariciones.

“Para llegar a esos dos lugares hay tres rutas, la ruta que ya describí de Coyame y hay otra ruta que sale de Ojinaga, que bordea el río, y otra ruta que cruza todo el Valle de Juárez hasta El Porvenir y sigue más para allá. Toda esta ruta que cruza el Valle de Juárez es punto de desapariciones”.

De acuerdo con Gabino Gómez detrás de esta migración hay personas que cobran por cruzar personas, el problema de la desaparición se da cuando estas personas burlan el cobro de los cárteles o simplemente no cuentan con su aval o protección.

A pesar de esto, hay personas del Valle u otras áreas cercanas que conocen las rutas y que por mucho tiempo se han dedicado a cruzar personas, pero que no pertenecen al grupo que controla el narcotráfico en la zona, por lo tanto no cuentan con su permiso, de acuerdo con pobladores del Valle que piden anonimato para dar su testimonio.

Por ejemplo, apenas el 12 de agosto de este año se publicó una nota en diversos medios en la que daban cuenta del rescate de un hombre de 60 años que se encontraba retenido y que fue torturado en un rancho de Loma Blanca, se mencionó que su hijastro fue asesinado en el lugar. Tenían al menos tres días desaparecidos cuando los encontraron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que detuvieron a un hombre que los cuidaba.

De acuerdo con pobladores del Valle, el hombre que sobrevivió se llama Arturo, es de San Agustín y se dedicaba a reparar electrodomésticos y también cruzaba migrantes de manera esporádica.

A Lorenzo Rodríguez le decían “El Topo”, vivía en Doctor Porfirio Parra. Lo asesinaron el 9 de abril de 2020. De acuerdo con pobladores del Valle, Lorenzo cruzaba migrantes a Estados Unidos, conocía bien los caminos. Para que llegaran al Valle les pedía que tomaran un servicio de transporte privado de alguna plataforma digital. Dicen los pobladores que a Lorenzo lo detuvieron policías ministeriales cerca del río, en El Porvenir, dicen que lo tuvieron detenido y que fueron ellos quienes lo entregaron al cártel para que lo mataran.

El 10 de abril, apenas un día después de que mataran a Lorenzo, se dio el hallazgo del cuerpo de Cristian Quintana, un conductor de DiDi que realizó un viaje a El Porvenir y desapareció. Su cadáver fue abandonado en Los Arenales, cuya entrada, en el sentido de oriente a poniente, queda unos metros antes del retén militar que se mantiene de manera permanente.

“Hablamos de un delito que no se está investigando, la desaparición por particulares o la privación ilegal de la libertad no se está investigando y mucho menos condenando”dice la abogada Carla Palacios.

“No hay interés en atender al Valle, el Valle está cooptado no solo por el crimen organizado incluso también hasta por las propias autoridades”, dice Maricela Vázquez, una de las abogadas que acompaña casos de desaparición en el Valle desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Ni la Fiscalía General del Estado, ni la Fiscalía General de la República, a través de la Comisión Local de Búsqueda y de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuentan con un análisis de contexto sobre lo que sucede en el Valle. Es decir, analizan los casos de manera aislada y hacen las búsquedas por particulares. Lo que implica un problema para entender el problema como parte de un modelo sistemático y con las mismas características en la mayoría de los casos, de acuerdo con Gabino Gómez.

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EL INICIO DE UNA GUERRA

La desaparición es incluso por docenas a la vez en esta zona del país. Foto: La Verdad

Los pobladores del Valle recuerdan el inicio de un conflicto que trajo consigo decenas de homicidios, secuestros, desapariciones, tortura, el éxodo de por lo menos dos terceras partes de la población, casas como ruinas, y sobre todo mucho dolor.

Recuerdan el inicio porque fue muy claro. En él se mezcla una disputa entre el poder del narcotráfico, el poder político y el poder militar.

De José Rodolfo Escajeda no se tenía ni una sola mención en medios de comunicación ni en listas de búsqueda por parte de ninguna autoridad hasta que el 3 de febrero de 2006, el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, en una conferencia de prensa desde lo que era el Distrito Federal, se refirió a él como el narcotraficante más importante del Valle de Juárez, junto con su hermano Óscar Alonso Candelaria Escajeda y César Alonso Gándara Reyes.

Entonces Escajeda existió públicamente y pasó del anonimato a ser uno de los blancos más importantes para la Secretaría de la Defensa Nacional.

En enero de ese año el Sheriff del condado de Hudspeth, que colinda en México con el poblado de El Faro en el Valle de Juárez, denunció la incursión de un grupo de militares al lado estadounidense para rescatar una camioneta que quedó varada en el río Bravo y que estaba cargada con droga.

Las autoridades estadounidenses mostraron videos y fotografías de los hombres uniformados y armados así como de los vehículos Hummer que utilizaron para remolcar la camioneta atascada. Desde Estados Unidos se exigió una respuesta al Estado mexicano.

Por esa razón, la mañana del 3 de febrero el Secretario de la Defensa Nacional dijo en conferencia de prensa que la investigación arrojó que no se trataba de elementos del Ejército sino de José Rodolfo Escajeda, alias “El Rikín” o “El Z1”; Óscar Alonso Candelaria Escajeda, alias “La Lala” y César Alonso Gándara Reyes, lugartenientes de los Carrillo Fuentes en el Valle, junto con sus colaboradores.

Dicen los pobladores del Valle, que el exalcalde de Guadalupe, Omar Amaya Núñez, denunció a los Escajeda y dio su ubicación al Ejército, debido al abuso y violencia que Rodolfo Escajeda ejerció sobre una de sus sobrinas, de apellido Amaya, con quien mantuvo una relación. Y que esto desató una venganza personal de Escajeda con la familia de Omar Amaya.

El 14 de junio de 2006 se montó un megaoperativo en el que participaron más de 300 agentes entre militares de la Sedena, agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la DEA de Estados Unidos para dar con los hermanos Escajeda en sus viviendas del Valle. Sin embargo, las autoridades llegaron tarde ya que alguien habría avisado a los Escajeda a tiempo para que lograran escapar.

Tres meses después, el domingo 24 de septiembre de 2006, el exalcalde de Guadalupe, Omar Amaya Núñez, de entonces 35 años, fue asesinado al interior de un restaurante de su propiedad  llamado La Herencia. Dos hombres entraron al lugar y le dieron nueve tiros con dos armas distintas. No había seguridad en el pueblo porque minutos antes se denunció el hallazgo de dos cuerpos en el río, a donde se trasladaron los agentes que estaban en el pueblo, lo que resultó falso. La versión oficial fue que asesinaron al exalcalde por resistirse a un asalto, aunque no hubo faltante en el dinero de la caja registradora.

Cinco meses después fue asesinado a tiros su padre, Apolonio Amaya Fierro, que también fue Alcalde de Guadalupe, entre 1983 y 1986. Apolonio fue sorprendido a tiros en Ciudad Juárez cuando llegaba a una plaza comercial y un auto se detuvo junto a su camioneta, del que bajó un hombre que le disparó en al menos cinco ocasiones, se mencionó que pudo tratarse de un asalto.

El 20 de abril de 2008 asesinaron a su hermana, Agle Amaya, de 29 años, le dispararon en al menos cinco ocasiones y atinaron en dos, una en su espalda y otra en su abdomen cuando se trasladaba en su auto por la carretera Juárez-El Porvenir a la altura de Doctor Porfirio Parra, conocido como Caseta. Viajaba con su hija de siete meses que resultó ilesa.

El 18 de agosto de ese mismo año dos sujetos entraron a la tienda de abarrotes de María del Carmen Núñez Alvarado, madre de Omar Amaya, y la asesinaron junto con un empleado de nombre Rodrigo Escajeda. A ambos les dieron un tiro en la nuca. Se mencionó que pudo tratarse de un asalto.

La madrugada del miércoles 15 de septiembre de 2010 un comando armado incendió ocho viviendas en Guadalupe. Entre ellas la casa que perteneció a la familia de los ex alcaldes Amaya, que para ese punto habitaba nadie.

“No los agarraron, por eso vino el contraataque de ‘Rikín’ a la familia de Omar Amaya. Su mamá tenía una tienda muy cerca del Bachilleres, ahorita ya hasta la demolieron pero en aquellos tiempos ‘Rikín’ se vengó de toda la familia”, dice uno de los pobladores del Valle mientras otro, a su lado, asiente, en algún lugar de Ciudad Juárez, porque hablar de esto en el Valle, cuenta, sería sumamente riesgoso.

“Ahí empezó todo”.

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ÉRICK NO LLEGÓ A CASA

Ficha de búsqueda de Érick. Foto: FGE

De los cinco casos de desaparición en el Valle que lleva el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte el de Érick Cuenca Mora es el único que no se relaciona con migración.

Érick tenía 18 años el 19 de octubre de 2017. Ese jueves estaba en su casa en San Agustín y no en su trabajo, en una agencia de autos en Ciudad Juárez, porque el día anterior fue con el médico para que le sacaran una uña enterrada en el pie que le causaba mucha molestia.

Sin embargo, cuando le llamaron alrededor de las 11:00 horas para decirle que su novia, Guadalupe, estaba enferma, no se lo pensó mucho para salir de su casa, subir a su Ford F-150, modelo 94, rosa con blanco y placas nacionales EB75924, que tanto le gustaba, para tomar rumbo hacia Doctor Porfirio Parra, mejor conocido como Caseta.

Desde entonces no se ha visto ni a Érick, ni a su camioneta.

Guadalupe fue entrevistada en por lo menos cuatro ocasiones por agentes del Ministerio Público. Ella mencionó que Érick no llegó a su casa, y que para ese punto ya habían terminado su relación dos semanas antes y desde entonces no lo veía.

El 9 de noviembre de 2019, la exnovia de Érick, Guadalupe Elvira Díaz López, fue encontrada muerta en un parque de San Isidro, fue estrangulada y su cuerpo abandonado enredado en una cobija en el cruce de Constitución y la carretera Juárez-El Porvenir.

Se dijo que fue levantada por un grupo armado dos días antes en Caseta.

Aún no se da con los responsables de la desaparición de Érick, ni del feminicidio de Guadalupe.

Laura camina despacio por la Sierra del Valle, detrás del poblado de Juárez y Reforma hacia el sur, por una brecha larga que pasa el panteón, hay una casa, o lo que queda de una casa. El puro pie sin puertas ni ventanas, adentro quedan las marcas de disparos en la pared. Y a un lado lo que fue una alberca. Una ruina al pie de la sierra. El  rancho La Campana, uno de los puntos que dio Mauricio Luna, alias El Papacho, como una de las fosas clandestinas más grandes del Valle.

A ratos Laura se recarga sobre una varilla con la que pica el suelo, porque le duele la rodilla, recientemente operada. Lleva un sombrero de ala larga que la protege del sol, la playera blanca con la imagen del rostro de su hijo y de su hermano. Va rasgando el suelo, cansada y decepcionada. Son horas de esfuerzo bajo un sol abrasante y nada.

Parece que no pasa nada, en general.

Solo en la mente de Laura sucede la imagen de su hijo y su hermano todo el tiempo, incluso cuando duerme y los ve llegar a su casa, cansados y hambrientos.

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Centro Nacional de Identificación: una nueva institución frente a un mismo problema

lunes, agosto 29th, 2022

Aunque en su decreto de creación la única facultad clara del Centro Nacional es el resguardo de información con fines de identificación que sería entregada a las autoridades competentes, tanto el Subsecretario federal de derechos humanos, Alejandro Encinas, como la Comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, han asegurado que esta nueva institución liderará las labores de identificación masiva.

Ciudad de México, 29 de agosto (A Dónde van los Desaparecidos).- Este agosto debió empezar a operar el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), una institución que tendrá la tarea de resguardar la información para la identificación de personas fallecidas en calidad de desconocidas. Sin embargo, preocupa a familiares de personas desaparecidas y especialistas cómo se coordinará con el resto de instituciones forenses y si contará con presupuesto suficiente.

Con el fin de abatir la crisis forense, estimada en más de 52 mil cuerpos desconocidos, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación del CNIH, adscrito a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras legislativas en mayo de este año y celebrada por colectivos de búsqueda de personas, organizaciones civiles y organismos internacionales.

“Esperamos que el Centro funcione, que realmente se tome en cuenta y no vaya a ser un elefante blanco”, dice en entrevista Virginia Garay del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoro de Nayarit e integrante del Consejo Nacional Ciudadano, un órgano independiente integrado por expertos y familias de personas desaparecidas.

Aunque en su decreto de creación la única facultad clara del Centro Nacional es el resguardo de información con fines de identificación que sería entregada a las autoridades competentes, tanto el Subsecretario federal de derechos humanos, Alejandro Encinas, como la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, han asegurado que esta nueva institución liderará las labores de identificación masiva, es decir, la que se realizaría a partir de la comparación sistemática y periódica de la mayor cantidad de datos de las personas fallecidas sin identidad con la que entregan familiares de personas desaparecidas, e, incluso, realizaría tomas de muestras para obtener perfiles genéticos.

Con esa encomienda, el Centro Nacional se suma a otras instituciones que tienen el mismo fin de identificar cuerpos anónimos, aunque varíen en jurisdicción, métodos y alcances, como las 33 fiscalías del país, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y hasta la Guardia Nacional.

Los detalles sobre cómo operaría el Centro Nacional y cómo se coordinará con estas instituciones “quedaron en el aire”, dice Humberto Guerrero, director del programa de derechos humanos en la organización civil Fundar.

El subsecretario federal de derechos humanos, Alejandro Encinas. Foto: Gobierno de México

Según el especialista, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda aseguró que esas cuestiones se resolverían en la reglamentación del CNIH, pero la CNB –de la que depende el Centro Nacional– lleva cuatro años y medio operando sin su propio reglamento.

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL EN EL AIRE

La preocupación por la crisis forense no es nueva para las familias que buscan a sus desaparecidos y desaparecidas: desde que impulsaron la Ley General en Materia de Desapariciones –aprobada en noviembre de 2017– lograron incluir herramientas que servirían para atender esta crisis, todas ellas a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución dirigida por Alejandro Gertz Manero ha retrasado por más de tres años la creación estas herramientas clave, como el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), que tendría la función de comparar periódicamente y de forma masiva los datos genéticos de los cuerpos sin identidad del país con los de familiares que buscan a personas desaparecidas para encontrar posibles coicidencias y así agilizar las identificaciones, justo como ahora se pretende que haga el Centro Nacional de Identificación Humana.

El Ministerio Público de la Federación, incluso, enfrenta una demanda de amparo por la falta del Banco que estaría próxima a resolverse.

La FGR también tiene pendiente el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense. Además, en peticiones de información la FGR ha respondido que se encuentra trabajando en una Base Nacional de Información Genética (BaNIG) que estaría operando hasta el próximo año.

Este podría no ser el único banco genético nacional con el que tendría que trabajar el CNIH: el año pasado la Guardia Nacional licitó un servicio de arrendamiento de perfiles genéticos de personas desaparecidas sin que a la fecha se conozca el número de perfiles con los que cuenta y la finalidad de su resguardo.

Un esfuerzo más para combatir esta emergencia es el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un órgano multidisciplinario y con autonomía técnico-científica creado a finales de 2019 con la encomienda de realizar peritajes a cuerpos y restos humanos en calidad de desconocidos ingresados a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) del país antes de su creación. A diferencia del CNIH, aunque el MEIF inicialmente se iba a crear a partir de una Ley, las instituciones federales solo accedieron a que se creara vía Acuerdo, lo que implicó un menor peso legal.

En lo que sí coinciden ambas instituciones es en que tendrán que trabajar con la información que resguardan las fiscalías del país para identificar a las personas fallecidas en calidad de desconocidas.

El Grupo que coordina el MEIF fue seleccionado hace un año y, para realizar su labor, deben firmar convenios de colaboración con las fiscalías del país, quienes tenían la facultad exclusiva del resguardo de los cuerpos.

Parientes de desaparecidos participan en una protesta en Ciudad de México, el sábado 6 de agosto de 2022. Foto: AP Foto/Fernando Llano

“Todavía no funciona bien el MEIF y ya se está abriendo una nueva institución. ¿Cómo vamos a empujar esto si nos faltan los bancos (de datos) que son parte fundamental para que realmente pueda existir las identificaciones?”, cuestiona la consejera Virginia Garay.

El Grupo que coordina el Mecanismo asegura que confían en que la metodología que están implementando sirva para sentar las bases de lo que llaman “un ecosistema interinstitucional en identificación humana”, que incluye al nuevo CNIH.

Grace Fernández, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México considera que el Centro Nacional debe ser una herramienta adicional para dar respuesta a las familias de personas desaparecidas.

“Todos los días y en todos los estados hay hallazgos de fosas clandestinas. Se van incrementando la cantidad de personas que hay que identificar y entonces tienes un sistema colapsado que no tiene ni recursos ni personal ni tecnología, por eso es necesario crear nuevas instancias”, asegura Fernández.

El riesgo, advierte Humbero Guerrero de Fundar, es que no se genere una verdadera política nacional de identificación forense y solo proliferen iniciativas aisladas que generen información que no se comparta, que no sea uniforme y que no ayude a la tarea de identificar con agilidad.

LAS FISCALÍAS… DE NUEVO

El cuello de botella apunta a las fiscalías: con la facultad exclusiva de investigar delitos y resguardar cuerpos –y los datos obtenidos de las necropsias– que perdieron la vida en situaciones violentas o a los que no se les restituyó la identidad, las instituciones ministeriales se han convertido en maquinarias para enterrar cuerpos. Pese a ello, en su mayoría, no han estado dispuestas a abrir los archivos forenses para que otros devuelvan el nombre a quienes las fiscalías enterraron sin él.

“El Centro Nacional de Identificación Humana, por más que tenga facultades establecidas en la legislación, va a requerir necesariamente que existan fiscalías dispuesta a colaborar”, menciona César Contreras, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh).

Soberbia, egocentrismo, cinismos, pereza o celos institucionales y hasta posibles complicidades criminales son calificativos vertidos hacia las fiscalías como explicación de su falta de colaboración para el rezago en materia de identificación que ellas mismas han generado.

Ante la crisis forense y de desapariciones en México, las familias de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda de distintos Estados de la República, integrantes de la Red de Enlaces Nacionales y organizaciones civiles acompañantes, realizaron la clausura simbólica en la Fiscalía General de la República para exigir la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF). Foto: Graciela López, Cuartscuro

La falta de voluntad política de las fiscalías para compartir la información forense ha hecho que las familias de personas desaparecidas sientan que los esfuerzos de los últimos años para combatir la crisis forense están “en la cuerda floja”, según Garay, vocera del Consejo Nacional Ciudadano.

De acuerdo con Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, el MEIF también se ha enfrentado a la poca voluntad para compartir información de las instituciones ministeriales. Al haber sido creado mediante un acuerdo –y no como parte de una ley, como el CNIH– se ha encontrado con un obstáculo previo incluso a su operación: las fiscalías no consideran obligatorio colaborar con el órgano independiente.

A la fecha, el Grupo Coordinador del MEIF solo ha logrado firmar convenios con las fiscalías de San Luis Potosí y Tamaulipas.

Para el subsecretario Encinas la solución es trabajar con quien se pueda trabajar. “Se requiere de coordinación institucional. Donde no haya voluntad no vamos a perder el tiempo”, asegura en entrevista.

GARANTIZAR PRESUPUESTO

En épocas de austeridad el presupuesto del Centro Nacional es una preocupación para familiares de personas desaparecidas y especialistas.

El subsecretario Encinas aseguró el pasado 9 de agosto que el CNIH contará con recursos. Sin embargo, para Grace Fernández la solvencia presupuestal continúa siendo una preocupación.

“Compromisos de palabra tenemos muchos por parte de diputados y senadores. Estaremos cobrándolos en este periodo legislativo para que le asignen los recursos necesarios al tanto al mecanismo como a los centros de identificación”, advierte Fernández.

El abogado Contreras coincide en la exigencia de Fernández: la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de garantizar los recursos suficientes para operar en tanto fue el mismo Legislativo federal quien aprobó su creación.

“Aún no existe una partida de recurso para tener la seguridad de que va a ser un centro que va a estar trabajando desde el principio”, advierte Virginia Garay.

A una petición de información realizada por Animal Político, la CNB respondió que los recursos para el CNIH se tomarían de dos programas presupuestarios originalmente destinados a realizar acciones de búsqueda, lo que implicaría una disminución en los esfuerzos de la Comisión para localizar a las personas desaparecidas.

Normalistas protestan por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: Obturador Mx.

Aunque las autoridades federales se ahorraron en la construcción de un edificio nuevo, lo cierto es que este aún requiere ser acondicionado, explica la señora Garay, que fue parte de la comitiva que conoció las instalaciones recién cedidas por el gobierno de Morelos.

En palabras de la comisionada Quintana, el Centro Nacional estará inaugurado cuando realice su primera identificación. Es la misma frase que, hace un año, utilizó para referirse al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense que todavía aguarda a ese simbólico comienzo. Mientras tanto, la crisis de desaparición no se detiene y los cuerpos sin nombre siguen llegando a las morgues del país a la espera de ser devueltos a sus familias.

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FOTOS: Familiares de desaparecidos “clausuran” la FGR; exigen banco de datos forenses

sábado, agosto 6th, 2022

Al grito de “identificación ya”, los familiares de desaparecidos exigieron la creación del Banco Nacional de Datos Forenses.

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de agosto (AP) — Familiares de desaparecidos en México bloquearon el sábado por la tarde la sede central de la Fiscalía General de la República y colocaron carteles con el lema de “Clausurado” para exigir la creación del Banco Nacional de Datos Forenses que ayudaría a poner nombre a los miles de restos de desconocidos repartidos en fosas y morgues del país.

Al grito de “Identificación Ya”, decenas de familiares recordaban a las autoridades que, según se estableció por ley, tal base de datos ya debía estar funcionando y sin embargo ni siquiera existe.

Según cifras del Gobierno federal, México tiene más de 100 mil desparecidos, el 98 por ciento de ellos desde 2006, cuando empezó la guerra frontal contra los cárteles. Además, con 52 mil fallecidos no identificados distribuidos por todo el país, vive una urgente crisis forense cuya solución sigue pendiente.

Las familias de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda de distintos estados de la República, integrantes de la Red de Enlaces Nacionales y organizaciones civiles acompañantes, realizaron la clausura simbólica en la FGR para exigir la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF). Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Las familias y colectivos se reunieron en la Glorieta de las y los Desaparecidos de México, ubicada en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, desde donde partió una marcha pacífica hacia la FGR bajo la consigna #IdentificaciónYa. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Al grito de “Identificación Ya”, decenas de familiares recordaban a las autoridades que, según se estableció por ley, tal base de datos ya debía estar funcionando y sin embargo ni siquiera existe. Foto: Fernando Llano, AP

Según el comunicado que leyeron los familiares el sábado, la Fiscalía federal está “incumpliendo su obligación de concentrar la información forense del país, ya que sólo cuenta con la información genética de 15 mil cuerpos”. Del resto, o no hay información o está dispersa por las procuradurías de los 32 estados.

Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se puso en marcha la Comisión Nacional de Búsqueda y se creó un ente temporal e independiente con apoyo de Naciones Unidas con el que se espera agilizar el trabajo pericial pendiente desde hace años.

Pero el cruce de información es básico y para ello hace falta una cooperación entre estados que no existe, según ha reconocido el propio Gobierno federal.

No obstante, Naciones Unidas denunció este año que uno de los principales problemas del país es que las desapariciones continúan ocurriendo porque hay una impunidad generalizada.

Según el comunicado que leyeron los familiares el sábado, la Fiscalía federal está “incumpliendo su obligación de concentrar la información forense del país, ya que sólo cuenta con la información genética de 15 mil cuerpos”. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Naciones Unidas denunció este año que uno de los principales problemas del país es que las desapariciones continúan ocurriendo porque hay una impunidad generalizada. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Una familiar de una persona desaparecida cuelga una fotografía en una instalación durante la protesta el sábado 6 de agosto de 2022. Foto: Fernando Llano, AP

“Mi vida corre peligro”: Ceci, líder buscadora en Sonora, es amenazada y pide apoyo

sábado, mayo 28th, 2022

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora recibió una llamada el día de ayer de quien presuntamente es el padre de la persona que se llevó a su hijo Alejandro en 2015.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo). – Una llamada telefónica alertó a Cecilia Patricia Flores Armenta, líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora, del presunto lugar donde se encuentra el cuerpo de su hijo Alejandro, desaparecido en 2015 en Sinaloa, estado que visitó hace apenas unas horas el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ceci, como la conocen en el colectivo, hoy se encuentra en Ahome, uno de los 18 municipios de Sinaloa, buscando a su hijo sin ayuda de las autoridades, a pesar de que hoy fue amenazada por un hombre que la interceptó en su segundo día de búsqueda dentro de de una huerta enorme y la amenazó por estar “calentando el terreno”, como si estas palabras bastaran para persuadir a una madre que lleva siete años buscando a su hijo.

“El día de hoy cuando ya veníamos al lugar me intercepta una moto con un joven y me dice que ya no busque, que estoy calentando el terreno y que estoy molestando a la gente”, contó en entrevista la señora Ceci. “Yo le dije que sólo estaba buscando a mi hijo, que estaba sola”.

Al recibir esta amenaza, Flores Armenta acudió a las autoridades de Sinaloa para pedir seguridad en su búsqueda, pues ella no piensa moverse del lugar sino es con el cuerpo de su hijo. Sin embargo, la respuesta de la Fiscalía estatal fue que esperara 72 horas para recibir apoyo.

“Dicen que tiene que ser con oficio, la Comisión me dice que me puede apoyar hasta el miércoles 1 de junio, pero yo tengo siete años esperando este mensaje, esta llamada y no me puedo esperar más días, necesito encontrar a mi hijo ya”, exigió Ceci.

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora recibió una llamada el día de ayer de quien presuntamente es el padre de la persona que se llevó a su hijo Alejandro en 2015.

“El día de ayer me llamó y me dijo dónde estaba mi hijo, es una huerta grande que no hallo por dónde empezar, empezamos a hacer una excavación ayer, pero no fue suficiente”, explicó Ceci, quien se encuentra en esa huerta de Ahome acompañada por su hija y dos personas más.

Los colectivos Madres Buscadoras de Sonora han extendido su búsqueda más allá de la entidad. Foto: Twitter @BuscadoresSon

“A pesar de que le pedí el apoyo a la Fiscalía de Sinaloa se me negó y ahorita estoy aquí sola con mi hija y otras dos personas que me están ayudando en la investigación”, detalló Ceci reclamando a las autoridades su indiferencia. “No puede ser posible que yo esté haciendo el trabajo de las autoridades; no es posible que me nieguen el apoyo de seguridad para buscar a mis hijos; no es posible que me tenga que esperar 72 horas cuando la búsqueda es inmediata y más cuando yo estoy haciendo las excavaciones, sólo pido seguridad”.

Flores Armenta mencionó que ella no busca culpables, sólo quiere encontrar el cuerpo de su hijo para llevarlo a Sonora, donde está su casa.

El colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora fue fundado por Cecilia cuando desaparecieron sus hijos Alejandro Guadalupe (30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa) y Marco Antonio (4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora). Desde entonces se han sumado más personas con la misma exigencia: encontrar a sus familiares.

“No son cifras, son personas”: Titular de CNB; reconoce subregistro de desaparecidos

sábado, mayo 21st, 2022

Karla Quintana puntualizó que el conteo ha permitido saber que hoy en día se está desapareciendo a la juventud y que hay más de 16 mil 537 desaparecidos que eran niñas, niños y adolescentes al momento de la desaparición.

Ciudad de México, 21 may (EFE).- México tiene todavía un subregistro muy importante en cuanto a sus desaparecidos, con más de 100 mil personas desde que existe registro en 1964, pese a los avances que ha tenido en el tema, consideró este sábado Karla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

La funcionaria utilizó su cuenta de Twitter para recordar que esta semana el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no localizadas y localizadas (Rnpdno) llegó a más de 100 mil reportes de personas desaparecidas y no localizadas.

“No son cifras, son personas, familias, grupos de amigos y un tejido social que ha sido profundamente lastimado; un tejido del que somos parte toda la sociedad”, refirió.

Destacó la importancia de hablar de cifras y estadísticas como una herramienta de política pública y rendición de cuentas, para tener un acercamiento a la dimensión de la crisis de desaparición, la cual ha sido reconocida, y para tomar medidas en consecuencia.

Recordó que antes de 2019 existía un registro de menos de 40 mil desaparecidos y no había una herramienta que sistematizara la información recibida ni que hiciera posible la transmisión de la información sobre las personas desaparecidas.

Ya en junio de 2020, dijo, gracias a que varias instituciones comenzaron a compartir información y ésta se hizo pública, la cifra aumentó a más de 61 mil, la mayoría de ellas desde 2007.

“Para el 13 de julio de 2020, que se presenta la versión pública que hoy observamos (…) la cifra ascendía a 73 mil personas reportadas como desaparecidas”, precisó y detalló que el registro se alimenta de información de fiscalía, comisiones y otras autoridades.

Además, destacó que tras varias actualizaciones, actualmente se sabe que en el Rnpdno hay más de 100 mil individuos, de los cuales 24 mil 824 son niñas, adolescentes o mujeres.

Marcha Madres de Desaparecidos 10 de Mayo en la Ciudad de México.

México llegó a 100 mil desaparecidos sin ser localizados la semana pasada. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Puntualizó que la contabilización ha permitido saber que hoy en día se está desapareciendo a la juventud y que hay más de 16 mil 537 desaparecidos que eran niñas, niños y adolescentes al momento de la desaparición.

“Sabemos los estados y los municipios con mayores reportes de desaparición y los años en que las personas fueron desaparecidas; sabemos que más de 145 mil personas fueron localizadas luego de haber estado desaparecidas o no localizadas”, dijo.

Pero acotó que 93.19 por ciento de ellas fueron encontradas con vida y 7.31 por ciento sin vida.

Destacó que todavía hay muchos datos sobre las víctimas que se desconocen, como lo demuestra el hecho de que en 85 por ciento de los casos “no hay información alguna” sobre por qué delito se está investigando la desaparición.

Señaló también que sería importante saber de las personas localizadas (con y sin vida) si fueron víctimas de un delito, “pero no se tiene información en 77.87 por ciento de los casos. Sería importante saber cuánto tiempo estuvieron desaparecidas antes de ser localizadas, pero en 81.41 por ciento no se sabe”, reconoció.

Madres se manifestaron en las afueras de la Fiscalía General de Justicia en el Día de las Madres, exigiendo avances en casos sus hijos desaparecidos en Nuevo León. Foto: Gabriela Pérez, Cuartoscuro.

Otro de los problemas, dijo, es el nivel de subregistro, pues se sabe que mucha gente no denuncia una desaparición por miedo o desconfianza en las autoridades como, por ejemplo, en los casos de migrantes centroamericanos “por mucho, el mayor grupo afectado por desaparición”, resaltó.

Ante este panorama, Quintana dijo que se debe insistir en que todas las autoridades compartan toda la información necesaria para la búsqueda.

“De eso depende, en gran parte, tener una herramienta para encontrar a las personas, y entender de mejor manera los contextos”.

Precisó la importancia de generar una campaña nacional y centroamericana para recopilar la información de personas desaparecidas que no es recibida por las autoridades o incluso para revisar si todas las personas están incluidas”, como parte de lo cual inició la toma de muestras de sangre hace una semana.

“El registro, con todos los espacios de oportunidad y mejora requeridos y sin autocomplacencias, nos permite tener hoy un acercamiento a la realidad. Hay que seguir construyendo de la mano de las familias”, enfatizó.

Familias de desaparecidos rebaten registro y cifra oficial: hay el doble de víctimas

jueves, mayo 19th, 2022

Desde hace una década, el registro de las personas desaparecidas en México ha sido una herramienta que no sirve para identificar y localizar personas extraviadas como era su objetivo. Durante los tres sexenios en los que ha funcionado, ha mantenido quizás una única función: servir como un marcador opaco, incompleto y burocrático —no ajeno a oportunismo político, rasuramientos y ambigüedad de criterios— que oficializa la cifra de personas desaparecidas, la cual acaba de rebasar las 100 mil víctimas.

Por Efraín Tzuc

Ciudad de México, 19 de mayo (A dónde van los desaparecidos).- Año y medio antes de concluir su mandato, el Presidente Felipe Calderón escuchó por primera vez el reclamo de las madres de personas desaparecidas. María Herrera, una madre con cuatro hijos desaparecidos, le dijo: “Mis hijos son personas honestas y trabajadoras y fueron víctimas de esta guerra. Como ellas, existen miles, algunas organizaciones no gubernamentales han documentado hasta tres mil. Yo siento que son más”.

La madre, que perdió a dos hijos en Guerrero en 2008 y dos en Veracruz en 2010, tenía un presentimiento que resultó ser una realidad: había más personas desaparecidas de las que se registraban.

Y eso ocurre aún hoy.

En junio de 2011, cuando María Herrera reclamó a Calderón, durante los llamados Diálogos de Chapultepec, el número ya superaba las 12 mil 600 personas no localizadas en México. Pero eso se sabría hasta después porque para ese entonces no había un registro nacional, sólo intuiciones.

En mayo de 2022, el conteo oficial rebasó la cifra de 100 mil personas desaparecidas.

Dos días después de que el país llegara a este vergonzoso número, el Presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el alza en las cifras en las personas desaparecidas en lo que va de su sexenio a que ahora “ los buscamos y antes no”.

Para las familias de las personas desaparecidas, los números oficiales siguen siendo poco confiables. “Me atrevo a asegurar que pueden ser más del doble, porque son muchos más los que no denuncian”, sostiene todavía María Herrera, quien sigue buscando a sus hijos.

El expresidente de México Felipe Calderón abraza a María Herrera durante los Diálogos de Chapultepec, en junio de 2011, en el Castillo de Chapultepec. Sus hijos, y los de la mayoría de víctimas presentes, no han aparecido. Foto: Alejandro Meléndez

Desde antes de ese encuentro con Calderón, la necesidad de contar a quienes faltaban ya era urgente. A partir de diciembre de 2006, al inicio del sexenio calderonista, la desaparición de personas comenzó a ocurrir masiva y sistemáticamente como consecuencia de la estrategia de seguridad llamada “guerra contra las drogas”.

Para 2009 tuvo manifestaciones más claras en el norte del país. Una docena de personas con familiares desaparecidos —convocadas por la diócesis de Saltillo— fundó el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), al descubrir que lo que les pasó no era extraordinario y tenía denominadores comunes: profesión de las víctimas, ubicaciones, edades, sexo, temporalidades, que muchas veces los perpetradores eran agentes del estado —policías, militares—, y que las procuradurías no siempre querían levantar registros y nunca investigaban.

El año 2009 fue el preámbulo de la ola de desapariciones que arrasaría durante más de una década al país. En Tijuana, el Ejército presentó a Santiago Meza López, alias “El Pozolero”, a quien acusó de disolver a 300 personas en ácido. En Nuevo León, a la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) llegaron casos de hombres entre los 26 y 33 años desaparecidos por agentes del Estado. En Chihuahua, una organización dedicada a atender casos de feminicidios, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), recibió la primera denuncia atribuible a las Fuerzas Armadas. En Tamaulipas, las desapariciones comenzaban a ser una epidemia que, por miedo, pocos se atrevían a denunciar.

Fue hasta junio de 2011, tras las caravanas, plantones, protestas y huelgas de hambre de familias de personas desaparecidas de todo el país, que las procuradurías estatales y la Procuraduría General de la República (PGR) admitieron la obviedad más postergada: que se necesitaba un registro de desapariciones en México.

Javier Sicilia habla al inicio de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad en la ciudad de Morelia, Michoacán, en 2011; la caravana de víctimas que recorrió el país. Foto: Mónica González

El registro debía servir para intercambiar información entre procuradurías estatales y la federal; datos que llevara a encontrar a las personas extraviadas. Además, contaría con información con la que se podría perfilar los lugares de riesgo y los sectores de la población que más peligran; analizar las temporadas de violencia y los modus operandi de la desaparición.

El día de hoy, al contador de las ausencias, actualmente llamado Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se suman —en promedio— 15 personas por día. Ese número se mueve a distintos ritmos según las temporadas e intensidad de la violencia en las regiones del país.

La historia de las cifras de la desaparición en México puede ser contada en cuatro distintos momentos.

A partir de que el registro nacional fue creado, ha sufrido filtraciones a la prensa, ocultamiento, mutilaciones, rebatinga política, transferencia entre instituciones e, incluso, se le han cambiado los criterios sobre qué casos incluir y cuáles dejar fuera. Hasta llegar a lo que es hoy: un listado de 100 mil personas al que sólo se puede acceder parcialmente en un sitio web y que, más que revelar, oculta. Que no muestra nombres ni fotografías, y tampoco permite el análisis para la búsqueda, para entender la catástrofe o prevenir nuevos casos.

Registro de cuerpos no identificados en un panteón en Sinaloa. Foto: Marcos Vizcarra

Momento #1 – El registro en construcción junio de 2011 – 2012

10 de Junio de 2011: El acuerdo y las definiciones

En junio de 2011, los procuradores del país agrupados en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) acordaron atender la ya preocupante crisis humanitaria con una Base de Datos de Personas Desaparecidas. Así comenzó el armado del primer registro que contaría a las personas ausentes.

Para ello, se adaptó un apartado sobre las personas desaparecidas al Sistema Único de Intercambio de Información entre Procuradurías (SUIIEP), un sistema de la Procuraduría General de la República (PGR) desarrollado para intercambiar información criminal a nivel nacional.

En agosto de ese año, los creadores de la base nacional tomaron una decisión por la que se “fugarían” varios casos de personas desaparecidas: sustituyeron el término personas “desaparecidas” por “no localizadas”. Esa ambigüedad dejaba abierta a la interpretación de cada estado cómo clasificar los casos porque no existía norma o delito que definiera a quiénes se les consideraba como tal.

El 22 de septiembre de 2011: El nacimiento

La Base Nacional de Personas No Localizadas nació oficialmente en septiembre de 2011. El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR quedó como administrador de esta herramienta que concentraría la información mediante la que se pretendía “identificar o localizar a las personas”.

Se empezó por fijar criterios. “Se conformaron diversas mesas técnicas en donde se advertía, por parte de todas las fiscalías del país, cuáles eran los elementos con los que se contaban en este momento relacionado con los datos de las personas no localizadas, esa era el concepto que se manejaba, no como personas desaparecidas”, recuerda una persona que trabajó en una Procuraduría estatal como enlace entre ésta y el Cenapi, y que pidió mantener en anonimato su identidad.

La ruta para alimentar el contador de ausencias empezaba con los ministerios públicos o fiscales especiales que recibían las denuncias, éstos entregaban la información al funcionario que cada procuraduría había asignado como enlace con el Cenapi; éste verifica los datos y se aseguraba de que las personas denunciadas no estuvieran previamente reportadas en el SUIIEP, para no duplicarlas. Enviaban por correo electrónico o en discos compactos los casos positivos, y el Cenapi, tras una revisión, los sumaba; si encontraba errores pedía a las procuradurías corregirlos.

Los cambios, al menos durante los primeros dos años, los hacía el Cenapi. Diversos oficios entre la procuraduría michoacana y el Cenapi, a los que se tuvo acceso, muestran solicitudes de baja de algunos registros por ser previos a diciembre de 2006, por estar duplicados, o por tratarse de privaciones de la libertad o incompetencias. También solicitaban o rectificaban el estatus de algunas personas que, de acuerdo con la procuraduría estatal, ya habían sido localizadas.

Abril de 2012: la primera ley para crear un registro: el RNPED

A la par, en febrero de 2012, cuando en el país ya habían comenzado a surgir las primeras fosas clandestinas masivas, el Congreso aprobó la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, registro que estaría a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Pero al cierre del año, el RNPED, no fue publicado por el SESNSP, como indicaba la ley que le daría origen, y la Base de Datos de Personas No Localizadas del Cenapi-PGR permaneció oculta. Ni las familias que buscaban a sus seres queridos ni las organizaciones civiles que las acompañaban sabían que existía y, en consecuencias, no se conocía el tamaño de la crisis de desapariciones en el país.

Momento #2 – La rebatinga política y la montaña rusa de las cifras 2012 – 2013

29 de noviembre de 2012: 25 mil casos, la punta del iceberg

A dos días de que Calderón terminara su sexenio, el diario estadounidense The Washington Post publicó una nota en la que aseguró contar con una base de datos filtrada desde la PGR —que no hizo pública— con más de 25 mil personas sin localizar. Ese fue un primer y rápido esbozo de la dimensión de la tragedia ocasionada por la “guerra contra las drogas”.

Calderón se rehusó a confirmar si la cifra era cierta y negó responder al Post por qué su Gobierno, a días de finalizar, no hizo público el dato.

La organización civil Propuesta Cívica también recibió una base de datos filtrada, ésta con menos casos: 21 mil 851 casos registrados del 2 de agosto de 2006 al 29 de febrero de 2012. La organización sí hizo pública la base de datos. Eso sucedió el 20 de diciembre de 2012.

Eran notorias las grietas: la base de Propuesta Cívica no tenía todos los casos. Por ejemplo, los cuatro hijos de María Herrera no figuraban en ella.

En diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto, del Partido de la Revolución Institucional (PRI), empezó su mandato con esa herencia de miles de ausencias.

Los colectivos presionaron a las nuevas autoridades federales para que informaran la cifra real de personas desaparecidas. “Lo que estuvimos cuestionando cuando se empieza a oficializar o dar cierto reconocimiento (de las desapariciones), era saber quiénes son, de dónde son. Ahí se va construyendo la demanda en torno a una visión de registro o de documentación de los casos, ya no sólo como la mera cifra”, recuerda Jorge Verástegui, que busca a su hermano y sobrino desaparecidos desde 2009 en Coahuila y es integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec).

Febrero de 2013: del escándalo al desinflamiento de los números

El 20 febrero de 2013, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que documentó 249 desapariciones ocurridas en el sexenio de Calderón; al menos 149 podrían ser desapariciones forzadas, es decir, con participación de funcionarios públicos. Ese mismo día, tras una reunión con la organización, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, dijo que “contaban con información” de 27 mil personas desaparecidas.

En una entrevista, al día siguiente, Limón precisó el dato: eran 27 mil 523 personas “no localizadas” contenidas en la base en manos del Cenapi.

Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) se presenta en el Foro Internacional sobre Desapariciones, en Saltillo Coahuila Foto: Mónica González

La cifra causó revuelo dentro del mismo Gobierno federal. Mientras que José Óscar Vega Marín, que días antes había dejado el cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, decía que no existía tal base, el Secretario de Gobernación —y jefe de Limón— Miguel Ángel Osorio Chong, aseguraban que no había una lista oficial pero que encontraron “en áreas oficiales” una base con 27 mil personas sin localizar.

La polémica quedó zanjada el 26 de febrero, cuando Lía Limón, junto con la encargada de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez, en conferencia de prensa, soltaron el primer dato oficial sobre el tamaño de la catástrofe humanitaria: había 26 mil 121 personas desaparecidas.

Con el lanzamiento también se publicó un sitio web para consultar información de la base de datos que, aseguró Limón, provenía del Cenapi y contaba con la información de las procuradurías estatales. Se trataba de la Base de Datos de Personas No Localizadas que existía desde 2011.

Quinto Elemento Lab buscó a Limón y Benítez —la primera, Alcaldesa capitalina; la segunda, congresista en Oaxaca— para conocer cómo se llegó a la primera cifra nacional, pero no respondieron a las solicitudes de entrevista.

Una mujer sostiene una ficha de búsqueda durante una manifestación en la CDMX por la desaparición de dos jóvenes. Foto: Haarón Álvarez/Obturador MX

Mayo – junio de 2014: Las “depuraciones”

No hubo nuevos datos sino hasta un año después. En una reunión el 21 de mayo de 2014, el Procurador General Murillo Karam dijo a familiares de personas desaparecidas que durante el sexenio calderonista el número no había subido, sino bajado a 13 mil 195 “no localizaciones”.

Ese mismo día, en una reunión en el Senado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, aseguró que tenían un conteo de 24 mil 800 personas “cuyo paradero se desconoce”. En seguida, dijo que había “otros dos mil 610 casos”, de los cuales 612 podrían ser desapariciones forzadas, 267 podrían atribuirse al crimen organizado y en mil 425 no tenían información sobre los posibles perpetradores. Además, había 308 migrantes desaparecidos. Plascencia no explicó por qué las sumas no daban y cuál era la diferencia entre ambos “tipos de casos”: los 24 mil 800 y los 2 mil 610.

Al día siguiente, Osorio Chong, desde Segob, enterró oficialmente la mitad de las desapariciones del registro dado a conocer por Benítez y Limón –de 26 mil 121–, cuando afirmó ante el Senado que había 14 mil 688 personas localizadas con vida, 748 fallecidas y 13 mil reportes de personas “no localizadas” durante el periodo de Felipe Calderón. Además, el secretario informó de una “nueva lista” en la misma base de datos con 8 mil “no localizaciones” durante la administración de Peña Nieto. La suma de ambos periodos sería de alrededor de 21 mil víctimas.

De inmediato, organizaciones civiles y colectivos de familiares cuestionaron el rasuramiento de las cifras. “Podemos afirmar que el Estado mexicano sigue sin tener claridad de cuántas personas están desaparecidas; cuántas ausentes, o extraviadas. No sabemos la lógica estadística para deducir cada dato y evidentemente seguimos sin contar con la estructura suficiente para esclarecer cada evento”, indicó Fuundec en un comunicado.

El descalibrado contador no paró ahí: un mes después, en junio de 2014, el mismo Osorio Chong se contradijo al afirmar en una conferencia que “es una sola lista que hoy tenemos en alrededor de 16 mil”. Quinto Elemento Lab solicitó entrevista al ahora senador por el PRI, Osorio Chong, pero no obtuvo respuesta.

Dicen que la primera víctima en una guerra es la verdad. En México ocurrió lo mismo con la cifra de desapariciones de personas que fue sometida a un inexplicable sube y baja. Las autoridades del gobierno peñista explicaron posteriormente que la contradicción en las cifras era por causa de “depuraciones”.

Octubre de 2014: la primera base de datos pública, el RNPED

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que debía funcionar desde 2012, se publicó por primera vez en agosto de 2014 con 22 mil 322 personas no localizadas. Aunque debía existir una base de datos, la primera versión del registro era un sistema que sólo permitía buscar casos específicos, usando datos como el nombre completo. Ocultaba un panorama global.

Nuevamente, organizaciones civiles y familiares cuestionaron cómo se llegó a esa cifra y a quiénes se estaba contando. “No existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y el porqué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo”, denunció Amnistía Internacional en un comunicado, mientras que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) cuestionó la falta de metodología y las variables —información por cada caso— que contenía el registro nacional.

La ley que le dio vida determinaba que el RNPED quedaría a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En la práctica, el registro era un recorte de la Base de Datos de Personas No Localizadas que desde 2011 administraba el Cenapi-PGR: excluía a las personas encontradas con vida y sin vida y sólo conservaba 15 columnas de las cerca de 80 de la base original (por ejemplo, no incluía el nombre y ocupación de la víctima, posible causa de desaparición, descripción de los hechos, número de averiguación y el estatus actual de expediente, entre otras).

Cada registro es una persona que es buscada. Al eliminar los detalles reducía también las posibilidades de encontrarlas. A pesar de ésto, el SESNSP nunca explicó por qué no publicaba más información que ayudara a la localización de las personas.

El RNPED se publicaba cada tres meses con la información de las procuradurías estatales, y cada dos, la sumatoria de los casos investigados por la PGR. Cada vez que se montaban nuevos datos, retiraban los anteriores. Esto impedía analizar los datos históricos o compararlos para saber en qué municipios o estados se incrementaban las desapariciones de un trimestre a otro.

Además, los criterios para saber qué casos debían sumarse a la base de datos no eran claros. A pesar de que la Ley del RNPED diferenciaba a las personas “extraviadas” (aquellas que no recordaban datos como identidad o domicilio), de las “desaparecidas” (aquellas de las que se dejaba de saber por causas tan complejas como situaciones de violencia, disturbios o catástrofes naturales), la base del Cenapi-PGR —de la que provenía el RNPED— era de personas “no localizadas”, término que no existía en ninguna ley o norma.

“No había claridad sobre qué tipo de desapariciones eran (las registradas), porque solo se hablaba de ‘desaparecidos’ y ‘extraviados’, pero ‘desaparecidos’ en términos penales no existía, a pesar de que en el Código Penal Federal existía el delito ‘desaparición forzada’. Ahí empezamos a preguntarnos a quién y cómo estaban registrando”, dice Verástegui.

El problema era que cada agencia ministerial anotaba de manera distinta las desapariciones, dice una fuente que trabajó en el Cenapi y pidió mantener su identidad en reserva: “A lo mejor era un mismo hecho, pero con una categoría, con una descripción diferente”. Según esta fuente, lo que era común en todos los casos era que las personas no estaban localizadas.

Bajo el ambiguo paraguas de personas “no localizadas”, las denuncias de las víctimas de desaparición podían estar dispersas entre los crímenes de “desaparición forzada” –cometida o apoyada por servidores públicos– o “privación ilegal de la libertad,” o mezcladas con casos de personas adultas mayores o con enfermedades mentales que no recordaron cómo regresar a casa, infantes sustraídos por sus padres en pleito conyugal o personas que migraron sin avisar o huyeron de sus hogares.

Al final, las procuradurías decidían qué tipo de no localizaciones informaban al Cenapi y terminaba dentro del RNPED.

“Muchos de los (desaparecidos) de larga data los tenemos [registrados] como de secuestro porque no había tipos penales en muchos estados o los tipos penales que se tenían antes de la ley general eran muy difíciles de probar”, explica Volga de Pina, litigante e investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad (Odim).

En Baja California, por ejemplo, como no existía el delito de desaparición; estos casos se iniciaban como secuestro y luego se reclasificaban a privaciones ilegales de la libertad, reconoció Miguel Ángel Guerrero Castro, excoordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia estatal, en una entrevista realizada en 2019.

2014: la base que excluye los delitos de la desaparición

Hasta 2014, a partir de que se actualizó el protocolo creado dos años antes para que las procuradurías ingresaran la información a la Base de Datos de Personas No Localizadas del Cenapi-PGR, la instrucción quedó clara: las víctimas de cualquier delito, como secuestro y trata de personas, no podían ser incluidas en la base y, en consecuencia, quedaban fuera del RNPED.

En Estado de México, por ejemplo, las víctimas de secuestro o sustracción de menores —delitos en donde se desconoce el paradero de las víctimas— no eran contados en la Base Nacional de Personas No Localizadas, recuerda Sol Salgado, quien fue fiscal especializada en desaparición de personas en ese estado entre 2014 y 2018.

2015-2019: Las grietas en el RNPED

Los errores de la base del Cenapi-PGR comenzaron a salir a la luz cuando su versión cortada, el RNPED, empezó a publicarse en formato de datos abiertos, en octubre de 2014.

En Jalisco, a inicios de 2015, el periodista Darwin Franco identificó que la fiscalía no reportó 914 desapariciones que sí tenía registradas.

En 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de la diócesis de Saltillo, en Coahuila, cotejó los casos que tenía documentados con la información del RNPED (que permitía buscar las desapariciones por nombre y apellido) y encontró que, de casi 500 casos que el Centro había documentado y cuyos familiares sí habían tramitado denuncias ante la fiscalía del estado, apenas 20 por ciento estaban incluidos en el registro.

Aída Novelo, bibliotecaria a cargo de la documentación de las denuncias que llegaban al Fray Juan de Larios, concluye que la base del RNPED no era de personas desaparecidas o sin localizar, sino de actas circunstanciadas y averiguaciones previas. Y, contadas así, podrían ocultar a muchas personas.

“Había situaciones donde en la averiguación previa se había denunciado la desaparición de más de una persona —nosotros teníamos de dos hasta creo que un caso de 24­­—, y en el RNPED aparecía el 75 por ciento el 50 por ciento de ellas, o sólo una”, explica Novel. Con su equipo notó también que las víctimas en una misma averiguación previa aparecían registradas en dos estados distintos, usualmente Coahuila y Tamaulipas.

Ese mismo año, el Centro publicó un informe de las fallas del RNPED. Además de la rutina del SESNSP de eliminar cada trimestre la información, identificó más errores: casos duplicados o triplicados, falta de información para distinguir entre personas “extraviadas” o “desaparecidas”. Identificó casos de personas no incluidas en el registro.

La organización civil, Data Cívica, especializada en análisis de datos de derechos humanos, ideó un mecanismo para hacer millones de consultas automatizadas en el sitio de consulta del RNPED. Con esa información, en 2017, lanzó su “propio” RNPED pero sin ocultar los nombres de más de 31 mil personas desaparecidas. Gracias a este esfuerzo, colectivos de Jalisco, Coahuila y Nuevo León encontraron que varios familiares no estaban incluidos en el registro oficial o habían sido registrados con errores.

Más inconsistencias fueron descubiertas en 2018: un informe de la Red Nacional “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) reveló que las fiscalías en su conjunto reportaban un 82 por ciento más desapariciones de mujeres cuando se les preguntaba por las cifras directamente, a través de peticiones de información, que las reflejadas en el RNPED.

Mirna Medina, fundadora de las Rastreadoras de El Fuerte, se asoma de atrás de uno de los aparadores de las oficinas de la organización que encabeza y que aglutina más de 500 familias en búsqueda de personas desaparecidas | Foto: Luis Brito

Abril, 2018: La última versión del RNPED

Por presión de las familias de víctimas, a finales del 2017, se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMD). La nueva ley también ordenó un nuevo registro que sustituiría al RNPED; su nombre: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el cual estaría a cargo de una nueva institución: la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

En abril de 2018, por ello, el RNPED fue descontinuado. Cerró con 36 mil 265 personas desaparecidas para el fuero común y 1 mil 170 investigados por la PGR en el fuero federal. En total: 37 mil 435. Esto mostraba que desde la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón desaparecieron, en promedio, 11 personas al día.

Todavía en 2019, un último reporte de Data Cívica confirmó las fallas que arrastraba la Base de Datos de Personas No Localizadas del Cenapi-PGR, de la que se obtenía el RNPED: identificó duplicación de casos, errores en la captura de información, que algunas desapariciones denunciadas nunca llegaron al RNPED y casos de personas que localizadas, no fueron dadas de baja del registro.

En la base de datos del RNPED sí estaban incluidos los cuatro hermanos Trujillo Herrera, hijos de la señora María Herrera. Sus nombres completos aparecían en la lista del fuero federal. En la versión del fuero común, también se podía identificar a Antonio Verástegui González, hermano de Jorge Verástegui, y su hijo Antonio de Jesús, pero los apellidos de Antonio padre estaban invertidos.

La vida útil del Registro Nacional fue de cuatro años. Desde que nació en 2014, hasta su última actualización, en 2018, el RNPED operó sin el reglamento que daría claridad a su funcionamiento.

Momento #4 – Nueva base, mismos errores

2020 – actualidad

El nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) se concibió, a diferencia de su antecesor, como una herramienta de búsqueda que debería actualizarse en tiempo real e incluir todos los hechos en los que se desconociera el paradero de una persona—sin importar el delito y si existía una denuncia—. No solo las fiscalías podrían ingresar información, también las comisiones estatales de búsqueda.

Pero no se publicó a tiempo. Horas antes de presentar su renuncia, en enero de 2019, el primer comisionado nacional de búsqueda de personas, Roberto Cabrera, elegido apenas 10 meses antes y herencia del Gobierno peñista al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dio un mensaje que cimbraría el panorama.

Afirmó que había 40 mil 180 personas desaparecidas en México, 7.3 por ciento más casos que la última actualización del RNPED. Esto significaba que en ocho meses habían sumado tres mil 915 desapariciones. Pero no hubo forma de verificar el dato: la lista no se publicó.

Al año siguiente, el 6 de enero de 2020, la comisionada que sustituyó a Cabrera y continúa en el cargo, Karla Quintana, dio una nueva cifra en conferencia de prensa: 61 mil 637 personas ausentes. Pero, otra vez, no hubo evidencia que respaldara el dato. No había forma de consultar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que supuestamente ya existía. De hecho, algunos estados reportaron más desapariciones de las expuestas por la comisionada.

Karla Quintana Osuna, Comisionada Nacional de Búsqueda, durante la conferencia de prensa matutina el 29 de enero del 2021 en la que habla de la crisis forense. Foto: Cortesía

13 de julio, 2020: El estreno más esperado que llegó sin datos abiertos

Con dos años de retraso de la fecha que marcaba la ley, en julio de 2020, se lanzó el nuevo RNPDNO en una plataforma web de consulta que reportaba 73 mil 233 ausencias. Pero a diferencia del registro que suplió a éste, no tiene base de datos pública.

Esto ha impedido que sea una verdadera herramienta de búsqueda. La exfiscal y ahora comisionada de búsqueda de Estado de México, Sol Salgado Ambros, lo explica: “En nuestro registro interno podemos hacer la búsqueda de ciertas variables, por ejemplo, si yo dijera ‘quiero que el sistema verifique cuántas mujeres de 18 años han desaparecido en este último mes en Toluca’, lo arroja. Pero si yo nada más contara con el Registro Nacional no podría tener ese corte, tendría que pedirlo a la CNB (Comisión Nacional de Búsqueda) para que me diera el resultado”.

Andrés Ricón, quien hasta mayo de 2021 estuvo al frente de la Dirección de Análisis de Contexto de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, considera que el RNPDNO es limitante. “No se tiene acceso al (archivo) histórico de la fiscalía o la información de otra entidad federativa. Solamente puedes hacer un rastreo nominal específico”. Es decir, sólo es posible buscar por nombre a cada individuo para verificar si alguna otra autoridad ya había hecho el mismo reporte.

El registro tampoco permite descargar datos para hacer análisis de contexto y entender las dinámicas de desaparición en un territorio determinado.

“El registro sirve para registrar, no sirve para buscar”, lamenta Rincón.

Álvaro Martos, investigador del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad (Odim) e integrante del actual Consejo Nacional Ciudadano, dice: “(Las comisiones estatales de búsqueda) difícilmente pueden hacer confronta masiva y los análisis de patrones que pueden hacer son muy limitados. Ellas tienen un registro paralelo que muchas veces alimentan sus propias políticas de búsqueda”.

El Registro Nacional no permite comparar de manera automática los miles de datos de personas desaparecidas con otros registros administrativos como los de detenciones, ingresos hospitalarios o registros de desaparición y localización entre entidades federativas.

Está centralizado, por lo que solo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas —como antes el Cenapi— ha podido sacar un provecho limitado de esta herramienta. Por ejemplo, realizó un cotejo de la información del RNPDNO con una base de datos de 15 mil cuerpos que fueron enterrados en nueve fosas comunes de la Ciudad de México, Puebla, Sonora y Veracruz. Así, lograron coincidencias de 72 personas que eran buscadas pero estaban enterradas.

Aunque uno de los cambios significativos del nuevo registro era la incorporación del nombre del delito que es investigado por cada desaparición, las fiscalías estatales no están cumpliendo con esta obligación; sólo en 23 por ciento de los casos registrados por las fiscalías estatales contaba con el delito que estaba siendo investigado, de acuerdo con una respuesta entregada por la CNB en septiembre de 2021.

Para este reportaje se buscó a la comisionada Quintana para saber si planea solventar las deficiencias del RNPDNO y abrir los datos, pero no se obtuvo respuesta.

En menos de dos años de vida, el registro nacional de las desapariciones colecciona sus propios mecanismos de ocultamiento. Por ejemplo, de acuerdo con una investigación de la organización civil Elementa DDHH, siguen desfasados los datos entregados por la Fiscalía de Baja California. En peticiones de información reporta más de 12 mil; en el actual registro, alrededor de 1 mil 100.

Quinto Elemento Lab buscó a un representante de dicha fiscalía, pero no obtuvo respuesta. A una petición de información, sobre el tema, contestó: “se encuentra en proceso de actualización”.

Mayo 2022: Desaparecidas y desconocidas

Además de desaparecidas, las personas permanecen en el anonimato.

“(En la comisión) dicen ‘es que están poniendo en riesgo a la víctima’. Pero el riesgo es que no sepamos en dónde está. Yo creo que el listado público no es malo, salvo que una situación expresa de la investigación nos lo impida”, opina la comisionada estatal Salgado Ambros, “que fuera, y así lo veo solamente, en los casos de secuestro o de privación, donde sabemos que ya hubo amenaza de la persona que lo tiene de que si denuncia pues le van a quitar la vida”.

“Desde un enfoque y perspectiva de derechos humanos y desde el derecho de cada persona a ser buscada, la versión pública es una necesidad. Aunque el RNPED estuviera desactualizado y a veces muy mal hecho, podías acceder medianamente a esa versión pública. Fue lo que le permitió después a otras ONG reconstruir los datos y analizar todo el tema de la doble desaparición”, explica el exfuncionario Rincón.

Jorge Verástegui menciona que el derecho a ser buscado también pasa por la difusión de los datos de las personas que siguen desaparecidas: “A los desaparecidos no hay que desaparecerlos otra vez, hay que nombrarlos”.

María Herrera muestra las fotografías de sus hijos que siguen desaparecidos, a pesar de las promesas que recibió en los distintos sexenios. Con su familia fundó su propia organización de apoyo a familiares y realiza caravanas nacionales de búsqueda. Foto: Mónica González

La primera “guerra” que las familias enfrentan contra las fiscalías es por la opacidad de las cifras que reportan sobre la crisis de desapariciones, dice Juan Carlos Trujillo, hijo de María Herrera, aquella madre con cuatro hijos desaparecidos que encaró a Calderón en 2011.

“Las instituciones han estado luchando para que los números (de desapariciones) no reflejen la realidad, y no se reflejan porque no quieren reconocer este problema”, dice el ahora activista. Esto, remarca, tiene una consecuencia clara: “Un problema que no se reconoce, no puede ser atendido”.

***

Fragmentos de la Desaparición es una investigación periodística que permite explorar la información sobre cómo México llegó a las 100 mil personas desaparecidas, quiénes faltan, desde cuándo y en qué territorios se resiente su ausencia. Esta es una serie de Quinto Elemento Lab y del proyecto A dónde van los desaparecidos.

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Cifra de desaparecidos pudo aumentar porque ahora “se buscan y antes no”, afirma AMLO

miércoles, mayo 18th, 2022

Pese a que México superara esta semana la cifra histórica personas no localizadas, el Presidente López Obrador defendió la labor de su Gobierno y culpó a las administraciones anteriores de la crisis de violencia.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo/EFE).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que el Gobierno federal “está haciendo un trabajo de búsqueda como nunca” antes, luego de que el 16 de mayo México llegara a la cifra de 100 mil desaparecidos, en una crisis que se intensificó a partir de 2006, pero que no ha cedido con el cambio de gobiernos ni de colores, asediado sobre todo por el narcotráfico.

“Se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda, ningún Gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso, a buscar fosas clandestinas porque no se debe de olvidar que hubo una guerra contra el narcotráfico”, dijo en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Durante esa guerra, añadió, “murieron muchos y los desaparecían. Entonces nosotros cuando llegamos asumimos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares y es lo que estamos haciendo, sin ocultar nada”, mencionó.

Aunque el mandatario culpó a los gobiernos anteriores de la crisis de violencia, los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) muestran que casi un tercio de las desapariciones vigentes han ocurrido desde que asumió el poder, en diciembre de 2018.

Al ser cuestionado sobre el incremento de desapariciones durante su administración, el mandatario federal señaló que podría deberse a que ahora “se buscan y antes no”. “Es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con esas características los asesinatos de mujeres, y a partir de que llegamos se empezó a clasificar”, justificó.

En semanas recientes, familias de desaparecidos se han manifestado para denunciar que López Obrador ha incumplido su promesa de reunirse con ellas y apoyarles. Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que “siempre” se ha reunido con ellos. “Sí (se mantiene ese compromiso) y es un asunto de convicciones. Nosotros no somos falsos”, respondió.

Las desapariciones son un reflejo de la violencia generalizada en México, que registró 33 mil 308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34 mil 690 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020.

Jalisco, Tamaulipas y Edomex lideran la pesadilla de la desaparición en años impunes

martes, mayo 17th, 2022

Hay estados y municipios del país que sobresalen por ser tierra de ausencias. Hay lugares en donde la desaparición ya forma parte del paisaje. En algunos es más abrumador: cinco estados concentran casi el 50 por ciento de las desapariciones.

Por Marcela Turati, Efraín Tzuc y Thelma Gómez Durán*

Ciudad de México, 17 de mayo (A Dónde Van Los Desaparecidos).- México acaba de rebasar la deshonrosa cifra de 100 mil personas desaparecidas.

Cien mil personas faltan en sus propias vidas, le faltan a sus familias, le faltan a su comunidad, le faltan a la sociedad.

Los números otorgan una dimensión a esta epidemia de violencia: de cada 100 personas que han sido desaparecidas, 75 son hombres y 25 son mujeres.

Los números le dan dimensión al desastre humano en que el país se ha sumido: de cada 100 personas desaparecidas, 17 son menores de edad; y de éstos, cuatro aún no han cumplido 12 años.

Toda desaparición es una catástrofe. Es una mamá que deja su propia vida para dedicarse a buscar a la hija o hijo ausentes. Es un maestro que no vuelve a dar clases. Son varios hermanos que abandonan los estudios porque les arrebataron al papá. Es una casa con un cuarto vacío, intacto, transformado en memorial. Es una milpa sin arar. Es una familia condenada a la tortura de buscar, y acosada por las enfermedades que se alimentan de la incertidumbre y la impunidad.

Las desapariciones son el miedo que se cuela como niebla y carcome el tejido social.

Habitación de Milynali Piña Pérez, desaparecida a los 13 años de edad, el 14 de agosto del 2012, en Tamaulipas. Su madre, Graciela Pérez, se ha dedicado a buscarla desde entonces.

Habitación de Milynali Piña Pérez, desaparecida a los 13 años de edad, el 14 de agosto del 2012, en Tamaulipas. Su madre, Graciela Pérez, se ha dedicado a buscarla desde entonces. Foto: Mónica González.

En México, el crimen de la desaparición no es nuevo, pero se aceleró y se convirtió en una crisis humanitaria a partir de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa lanzó su “guerra contra las drogas”. Desde ese año y hasta mayo de 2022, las cifras de personas desaparecidas tuvieron un incremento de cuatro mil 086 por ciento.

Estos casos son sólo de los que se tienen registro. Hay un número incalculable de personas desaparecidas que nunca llegaron a las estadísticas.

Las cifras han cambiado y el ritmo en que se producen también. Cada uno de los días en que Felipe Calderón gobernó al país, un promedio diario de ocho personas fueron desaparecidas. Con Enrique Peña Nieto, el número se duplicó y saltó a 16. La vorágine no ha parado. En los tres años y medio de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra escaló a 25.

Y no se detiene.

La maquinaria de las desapariciones mantiene un ritmo imparable: cada día entre el 1 de diciembre de 2006 y el 3 de mayo de 2022, cada uno de esos días, un promedio de 15 personas han desaparecido de manera inevitable.

La huella de las ausencias se ha extendido por todas partes. En la lista total de 100 mil personas desaparecidas, el 63 por ciento de los municipios del país han sido alcanzados por la mancha de la desaparición: en mil 574 municipios, al menos una persona fue reportada como desaparecida y sigue sin ser localizada.

Cinco son los municipios más golpeados al tener más de dos mil registros: Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, así como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

DE LA “GUERRA SUCIA” A LA LLAMADA “GUERRA CONTRA LAS DROGAS”

En México, la acción violenta de desaparecer gente tiene una larga historia.

Si miramos al pasado, el registro oficial arrancó con el caso de un joven, de entre 15 y 19 años, desaparecido en marzo de 1964, en el municipio de General Bravo, en Nuevo León.

Desde entonces y hasta 1990, Guerrero fue el epicentro de las desapariciones. De esa entidad era la mitad de las 920 víctimas que están registradas en ese periodo conocido como “guerra sucia”, cuando el Estado mexicano usó la desaparición como método represivo para combatir a quienes consideraba opositores y “corregir” a la población.

Contingente que el 30 de agosto de 1978 acompañó al Comité ¡Eureka! a la Cámara de Diputados, para entregar el proyecto de Ley de Amnistía para los presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos.

Contingente que el 30 de agosto de 1978 acompañó al Comité ¡Eureka! a la Cámara de Diputados, para entregar el proyecto de Ley de Amnistía para los presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos. Foto: Archivo General de la Nación.

En el país nunca han dejado de desaparecer personas. En la década de los 90 se reportó la ausencia de 250. La transición política vivida en el año 2000 no llevó a que cesara esta práctica y tampoco terminó con la impunidad de la que goza este delito. En el sexenio de Vicente Fox se sumaron 819 más.

Así que antes del 2006 se acumularon, al menos, mil 989 personas de las que, hasta ahora, no se sabe dónde están.

La desaparición se instaló como una práctica cotidiana, masiva y sistemática de violencia a partir de la militarización de la seguridad pública. Durante los 15 años que lleva instalada la llamada “guerra contra las drogas”, México se convirtió en un hoyo negro. Un mapa marcado por ausencias. Una vergüenza que lesiona a toda la humanidad.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE LAS PERSONAS AUSENTES Y LOS TERRITORIOS QUE HABITABAN?

En Quinto Elemento Lab nos propusimos buscar las pocas pistas que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). 

Con apoyo de la iniciativa MORLAN, se realizaron miles de descargas automatizadas de la plataforma de consulta de ese registro para intentar reconstruir con diversos fragmentos una parte de la base de datos, ya que ésta no es pública. Así pudimos descubrir los días y semanas en que ocurrieron más desapariciones y cómo esta crisis se ha extendido en cada municipio a lo largo del tiempo.

También exploramos la última base de datos disponible que realizó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que integra registros de personas desaparecidas que van de 1964 a junio de 2018 e incluye información sobre personas localizadas con vida o fallecidas.

La información compilada es un caleidoscopio que muestra distintos fragmentos de la desaparición en México. Para este análisis, decidimos enfocarnos en el periodo de enero del 2006 a mayo de 2022. En ese lapso de poco más de 15 años ocurrieron ocho de cada 10 desapariciones que ha registrado México.

Madres con hijos desaparecidos protestan en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México en Saltillo, Coahuila, en junio del 2013. En 2009 comenzó la “epidemia” de las desapariciones en esa entidad.

Madres con hijos desaparecidos protestan en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México en Saltillo, Coahuila, en junio del 2013. En 2009 comenzó la “epidemia” de las desapariciones en esa entidad. Foto: Mónica González.

GEOGRAFÍA DE LA DESAPARICIÓN

Hay estados y municipios del país que sobresalen por ser tierra de ausencias.

Hay lugares en donde la desaparición ya forma parte del paisaje.

En algunos es más abrumador: cinco estados concentran casi el 50 por ciento de las desapariciones.

En el 2006 sólo un municipio, Guadalajara, registró 20 personas desaparecidas, el número más alto en todo el país en ese momento. A partir de ese año, este crimen comenzó a propagarse en el norte, en especial en Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.

Para 2007, en Ciudad Juárez el número de personas desaparecidas saltó de 13 a 68 casos. Lo ocurrido en esa frontera se replicó en otras regiones. Ese año, Culiacán y Torreón se asomaron en el mapa de personas desaparecidas con 41 y 34 registros, respectivamente.

A partir de ese momento, Torreón se instaló como lugar de peligro. Durante cinco años, ese municipio de La Laguna permaneció entre los diez con más casos. Para 2009, con sus 182 registros alcanzó niveles alarmantes.

En ese 2009, el noreste del país —Nuevo Laredo, Monterrey, Matamoros, Reynosa y Piedras Negras— comenzó a concentrar los números más altos de desapariciones. Ciudad Juárez, entonces la ciudad más mortífera del continente, mantuvo también esa tendencia.

En otras geografías, ese mismo año, Guadalajara —metrópoli que entonces tenía poco más de millón y medio de habitantes— sumó 60 personas desaparecidas, sólo un caso más que los contabilizados en Matamoros, ciudad fronteriza con la tercera parte de la población que tenía la capital de Jalisco.

En el mapa del 2009, también destacó el poco habitado municipio de Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, con 39 registros, el mismo número que presentó el municipio de Puebla, en el centro del país.

EL AÑO DE LA PESADILLA: 2010

El 2010 marcó el parteaguas de la violencia en México. Ese año se rompieron los límites de lo imaginable. Su estela de muerte y destrucción dejó una herida difícil de remontar.

La ruptura entre antiguos aliados, los cárteles de los Zetas y del Golfo, y la disputa por territorio, rutas y control de la población, tuvo un alto costo social: poblaciones enteras pagaron por ello.

Si un año antes ningún municipio registró más de 200 desapariciones, para 2010 hubo lugares en los que se documentaron cifras récord: esa saña se notó en Matamoros (con 397 personas que faltan) o Monterrey (con 372).

En el fragmento de 2010, entre los diez municipios con más casos apareció, por primera vez, el municipio de Durango, que registró 145.

Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha. En 2009, los diez municipios con más personas desaparecidas fueron: Torreón (182), Piedras Negras (39), Culiacán (32), Coahuila; Nuevo Laredo (75), Matamoros (59), Reynosa (50), Tamaulipas; Monterrey (69), Nuevo León; Guadalajara, Jalisco (60); Juárez (57), Cuauhtémoc (39), Chihuahua; y Puebla (39), Puebla. En 2010, los municipios que sufrieron más este crimen fueron: Matamoros (397), Reynosa (164), Nuevo Laredo (135), Tamaulipas; Monterrey (372), Guadalupe (61), Nuevo León; Torreón (182), Saltillo (108), Piedras Negras (76), Coahuila; Durango (145), Durango; Culiacán (92) y Mazatlán (65), Sinaloa.

Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha. En 2009, los diez municipios con más personas desaparecidas fueron: Torreón (182), Piedras Negras (39), Culiacán (32), Coahuila; Nuevo Laredo (75), Matamoros (59), Reynosa (50), Tamaulipas; Monterrey (69), Nuevo León; Guadalajara, Jalisco (60); Juárez (57), Cuauhtémoc (39), Chihuahua; y Puebla (39), Puebla. En 2010, los municipios que sufrieron más este crimen fueron: Matamoros (397), Reynosa (164), Nuevo Laredo (135), Tamaulipas; Monterrey (372), Guadalupe (61), Nuevo León; Torreón (182), Saltillo (108), Piedras Negras (76), Coahuila; Durango (145), Durango; Culiacán (92) y Mazatlán (65), Sinaloa.

La dinámica de la desaparición no observa siempre patrones predecibles. Los años siguientes el número de personas desaparecidas se estacionó, especialmente en el noreste del país. En otras regiones se empezaron a prender las alertas poco a poco. Así, se desplazó desde el norte, cruzó por el centro y se dirigió al occidente del país.

Hoy sabemos que no sólo había disputas territoriales entre organizaciones criminales; la estrategia de militarización de la seguridad pública fragmentó a los grupos armados, pulverizó equilibrios estatales y municipales, y, muchas veces, abrió camino y empoderó a nuevos grupos. Hoy se siguen pagando esas consecuencias.

La espiral de violencia adquiriría nuevas formas en 2011: las fosas clandestinas comenzaron a plagar todo el país, de manera explosiva y violenta se libró una de las disputas más sangrientas entre grupos armados en Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, en Tamaulipas; además de Monterrey, Nuevo León; Saltillo, Torreón y Piedras Negras, Coahuila. El efecto se resintió casi de inmediato en esas ciudades: las atrocidades se reflejaron también en los números de desapariciones, con niveles que no se habían visto antes.

La lista de diez municipios con más ausencias incluyó también a Guadalajara (113 casos) y Ciudad Cuauhtémoc (con 89).

El cierre del sexenio de Felipe Calderón mostraba las consecuencias de la política de seguridad a cargo de militares: 16 mil personas desaparecidas al concluir 2012. Ese año un municipio ocupó el primer lugar con 214 víctimas: Nuevo Laredo. Anclado en uno de los epicentros de la violencia, el calderonismo significó para este municipio una tragedia: 989 personas que, hasta ahora, no han vuelto a casa.

LA CRISIS DE DESAPARICIONES YA NO SE PUEDE OCULTAR

Enrique Peña Nieto llegó al poder, pero la desaparición no se alejó del noreste, y si bien se mantuvo en altas cuotas, ya no lo hizo con la misma fuerza que en años previos.

En cambio, este crimen de arrebatar personas de sus propias vidas se comenzó a generalizar en el centro y sur del país. En el Estado de México, por ejemplo, se contabilizaron un total de 332 desapariciones en 2013, aunque en 253 los datos no permiten conocer en qué municipios ocurrieron. Ese estado sobresalió a nivel nacional por su opacidad: del total de sus reportes, el 42 por ciento no especifica siquiera la fecha de los hechos.

Como si fuera un anuncio de lo que sucedió un año después, en 2013, el municipio de Iguala, en Guerrero, apareció entre los 10 con más casos reconocidos, se registraron 79 personas ausentes. Ese año también destacó Chilpancingo, con 61. Así como lo fue en las décadas de los 60 y 70.

Guerrero revivió con dolor su historia, la de las décadas de la “guerra sucia” de los años 60 y 70, cuando se convirtió en un territorio marcado por las vidas arrebatadas.

Protesta encabezada por los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por la desaparición en Guerrero de sus 43 compañeros.

Protesta encabezada por los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por la desaparición en Guerrero de sus 43 compañeros. Foto: Mayolo López Gutiérrez/Obturador MX.

En 2014, la tormenta de ausencias ya fue imposible de contener y ocultar. La noche del 26 de septiembre de ese año 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa les fueron arrebatados al país, cuando un grupo de criminales y miembros de todas las corporaciones y fuerzas armadas se los llevaron y aún no regresan a casa.

A los estudiantes se sumaron mujeres y hombres que se sumieron en la oscuridad de Iguala: el año concluyó con 124 víctimas de desaparición en ese municipio. Pero no fue el único que resintió la ola de violencia. En Acapulco se registraron 107 desapariciones, una señal de que la disputa territorial entre diferentes grupos armados, entre ellos el Ejército, se trasladó a ese estado del Pacífico.

La violencia encuentra una lógica siniestra: cuando la desaparición de personas toca a un sitio, no lo suelta. Las pérdidas se repiten.

Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha. En 2014, entre los municipios con más desapariciones fueron: Reynosa (139), Matamoros (110), Tampico (107), Nuevo Laredo (99), Victoria (99), Tamaulipas; Iguala (124), Acapulco (107), Guerrero; Guadalajara (112), Jalisco; Culiacán, Sinaloa (76), Juárez, Chihuahua (76) y Xalapa (74), Veracruz. En 2015, los municipios con más personas desaparecidas fueron: Culiacán (124), Mazatlán (92), Sinaloa; Nuevo Laredo (101), Matamoros (64), Reynosa (60), Tamaulipas; Zapopan (96), Guadalajara (83), Lagos de Moreno (69), Jalisco; Hermosillo (93), Sonora; Juárez (75), Chihuahua y Acapulco (68), Guerrero.

Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha. En 2014, entre los municipios con más desapariciones fueron: Reynosa (139), Matamoros (110), Tampico (107), Nuevo Laredo (99), Victoria (99), Tamaulipas; Iguala (124), Acapulco (107), Guerrero; Guadalajara (112), Jalisco; Culiacán, Sinaloa (76), Juárez, Chihuahua (76) y Xalapa (74), Veracruz. En 2015, los municipios con más personas desaparecidas fueron: Culiacán (124), Mazatlán (92), Sinaloa; Nuevo Laredo (101), Matamoros (64), Reynosa (60), Tamaulipas; Zapopan (96), Guadalajara (83), Lagos de Moreno (69), Jalisco; Hermosillo (93), Sonora; Juárez (75), Chihuahua y Acapulco (68), Guerrero.

Las instantáneas de las desapariciones permanecieron casi intactas de 2015 a 2016: las tres ciudades fronterizas de Tamaulipas mantuvieron números altos. Y la metástasis en Jalisco era evidente: Guadalajara, Lagos de Moreno, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga registraron anualmente entre 69 y 108 nuevos casos. Además, lugares como el municipio de Puebla; Ahome, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Hermosillo, Sonora, registraron más de 90.

2017. DEL NORESTE AL CENTRO

El país registró 23 mil 79 homicidios en 2017. Una cifra que rebasó en 31 por ciento a los que se contabilizaron un año antes. Ese incremento en la violencia también se notó en las desapariciones. Ese año terminó al menos con siete mil 900 personas ausentes, casi dos mil más que las contabilizadas en 2016.

El 2017 se vivió un pico de violencia. Municipios tamaulipecos —como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros— registraron entre 152 y 362 desapariciones. También destacó Hermosillo con 263; y la capital de Puebla con 242.

Y aunque este crimen siguió arrebatando a personas en el norte del país, en lugares como el puerto de Veracruz, donde la dinámica también se hizo inocultable: ahí 143 personas fueron desaparecidas en 2018.

Veracruz es uno de los casos que resulta complejo abordar. Sus dinámicas violentas aparecen poco en este análisis porque uno de cada tres de los registros de desapariciones carecen de la fecha en que sucedieron. De ese tamaño era el desdén oficial.

La crisis en Jalisco se potencializó. La entidad vivió los efectos ya conocidos en el noreste. La disputa de grupos criminales por el territorio se intensificó y durante 2019 y 2020 los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se ubicaron entre los diez con más desapariciones en todo el país. Las más de 280 personas desaparecidas cada año en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco —este último con menos de 200 mil habitantes— lo entronizaron como un estado-problema.

NUEVOS SITIOS GOLPEADOS POR LA DESAPARICIÓN

Terminó el 2018 y el acumulado histórico de personas desaparecidas en el país era de 54 mil 500; esta cifra no incluye aquellas denuncias en las que las autoridades no registraron las fechas de la desaparición.

A finales de ese 2018, la Presidencia del país cambió de partido con Andrés Manuel López Obrador. Las desapariciones continuaron: en el 2019 se sumaron, por lo menos, nueve mil 200 personas más.

En 2020, la lista de 10 municipios con más desapariciones incluyó otra vez lugares del Área Metropolitana de Guadalajara, pero también tocó a municipios con ciudades capitales: Hermosillo, Culiacán, y Monterrey. Cada uno aportó más de 120 personas. En esa estadística de terror aparecieron dos alcaldías de la Ciudad de México: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, cada una con poco más de un centenar de registros de desapariciones recién perpetradas.

En el caleidoscopio de fragmentos se observa que hubo lugares en los que, de un año a otro, la desaparición dejó de ser un delito aislado para transformarse en un terremoto con distintos epicentros. Eso sucedió en el estado de Zacatecas durante 2021. Ese año, Fresnillo registró 163 casos; y eso que desde un año antes, con 46 personas ausentes, las cifras ya eran preocupantes.

Zacatecas es hoy la nueva meca de la desgracia.

Imagen del rostro de Sergio Orlando Beltrán Martínez, desaparecido el 7 de junio del 2017 en el centro histórico de Zacatecas a los 19 años.

Imagen del rostro de Sergio Orlando Beltrán Martínez, desaparecido el 7 de junio del 2017 en el centro histórico de Zacatecas a los 19 años. Foto: Adolfo V. Valtierra.

Entre los municipios que han tenido ese tipo de repuntes en casos de personas sin localizar destaca Ecatepec, en el Estado de México. En 2019 tuvo seis desapariciones. En 2020 el número se elevó a 69 y en 2021 alcanzó las 137; de éstas 51 son mujeres.

El fragmento de los dos primeros meses de 2022 recuerda, una vez más, que la Ciudad de México no es territorio aislado de lo que pasa en el resto del país: Iztapalapa y la Gustavo A. Madero son las alcaldías que más casos registraron en ese lapso, con 29 y 27 casos, respectivamente.

Otras geografías destacan en lo que va de 2022. Cuernavaca, Morelos, en donde este delito ya era un problema (como se reflejó en 2016 con el descubrimiento de las fosas de Tetelcingo, cavadas por el propio gobierno), otra vez comenzó a tomar vuelo: hasta el corte acumuló 29 desapariciones.

Lo mismo sucede con el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, en los dos primeros meses del 2022, al menos 33 personas ingresaron a las listas de la vergüenza nacional.

UN DELITO QUE TOMA FUERZA

El caleidoscopio del registro oficial permite conocer otros municipios donde, de un año a otro, las denuncias llegaban como por goteo hasta convertirse en un tsunami. Entre esos casos están Mazatlán (2009-2010); Tijuana (2015-2016); Lagos de Moreno (2014-2015); y las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo e Iztapalapa (2018–2019).

Tepic es un caso que muestra el oscuro panorama que deja la unión entre las estructuras políticas y criminales. De seis desapariciones que ese municipio registró en 2016 aumentó casi a 100 en 2017, lo que representa casi mil 533 por ciento en un año.

El repunte en la capital de Nayarit ocurrió en este contexto: en febrero de 2017, Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2 y vinculado al Cártel de Los Beltrán Leyva, fue asesinado durante un enfrentamiento con la Marina. Un mes después, el Fiscal del Estado, Édgar Veytia fue detenido en San Diego, Estados Unidos, acusado de pertenecer a una red de tráfico de drogas. Y en junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía el Gobernador Roberto Sandoval —detenido en julio de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita—, perdió las elecciones a la gubernatura del estado.

¿DÓNDE SE CONCENTRÓ LA DESOLACIÓN?

Pobladores de lugares como Matamoros están entre los que han padecido por más largas e intensas temporadas las desapariciones: durante 13 años consecutivos el municipio que habitan se ubicó dentro los diez primeros con más víctimas. En 2010, por ejemplo, 70 personas desaparecieron por cada 100 mil personas. Y cada año llegó con su propia intensidad.

Fue justo en ese 2010 cuando este crimen se ensañó con la población de varias regiones tamaulipecas que no figuran en el gran mapa nacional porque tienen menor población, pero que sobresalen cuando se hace un acercamiento. Ciudad Mier, por ejemplo, rompió un récord hasta ahora no superado de 413 habitantes desaparecidos por cada 100 mil. De igual manera otros rincones de México han quedado invisibilizados en la estadística nacional aunque padecieron mucho.

AUMENTA LA DESAPARICIÓN DE MUJERES

Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.

Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.

La primera desaparición registrada de una mujer ocurrió en agosto de 1968, en el municipio de Texcalyacac, Estado de México. Tenía 60 años. En las cinco décadas transcurridas desde entonces, 24 mil 750 mujeres más engrosaron la lista de desaparecidas.

Desde los años 70 hasta la actualidad, el panorama para las mujeres ha empeorado y se ha acentuado en las jóvenes: una cuarta parte de las desaparecidas entre 2006 y 2022 tienen entre 15 y 19 años.

El Estado de México es la entidad más peligrosa para las mujeres; con sus más de dos mil 600 casos concentra el 14 por ciento del total de las que son buscadas a nivel nacional. A diferencia del resto del país, las desapariciones de mujeres ahí casi se equiparan a las de los hombres: de cada 10 víctimas, cuatro son mujeres.

En Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco, respectivamente, hay más de mil 500 mujeres reportadas con paradero desconocido.

Los datos y el mapa muestran que son más los hombres desaparecidos, pero si se mira cómo ha evolucionado el fenómeno criminal es evidente que para ellas se ha incrementado el peligro: en 2006 la lista de víctimas contaba con 71, para febrero de 2022 llegó a 19 mil 813.

El 2017 destacó por su violencia con dos mil mujeres desaparecidas.

A partir del año de la pandemia, 2020, la desaparición de mujeres no ha dado tregua.

En 2021, en promedio, siete mujeres desaparecieron por día.

En la geografía de la desaparición femenina destacan municipios como Puebla, Hermosillo y Zapopan.

Algunos de los lugares donde la cifra de víctimas tuvo un abrupto incremento de un año a otro —lo cual tendría que prender todas las alarmas— son: el municipio de Puebla (se reflejó en 2016); Ecatepec (en 2017); Hermosillo (en 2017); Iztapalapa (en 2020) Zacatecas y Tepic (en 2021).

¿CUÁNTAS PROBABILIDADES HAY DE QUE UNA PERSONA SEA LOCALIZADA?

No toda persona reportada como desaparecida está condenada a nunca volver a casa: por cada 100 reportes, 60 personas son localizadas y 40 siguen sin ser localizadas. Con los fragmentos del registro nacional que hasta hoy están disponibles no es posible conocer si las autoridades las buscaron, las rescataron o las personas regresaron solas, o bajo qué circunstancias se dieron las localizaciones.

Lo que sí podemos conocer es que de esas 59 personas localizadas, a 55 se les encuentra vivas y a cuatro sin vida.

En cuanto a las probabilidades de que una persona sea localizada cuenta mucho la edad, el género, la región y los años en los que ocurre la desaparición.

Los datos obtenidos para esta investigación permiten sacar algunas conclusiones:

En la pintura más general, Campeche, Aguascalientes, Yucatán y Oaxaca se distinguen porque el 90 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas son localizadas. En el extremo contrario está Coahuila, donde sólo aparecen 17 de cada 100.

Tlaxcala se destaca por ser el estado con menos reportes: sólo tiene 227 desde 2006; pero tiene el porcentaje más alto de localizaciones sin vida: 11 por ciento (25 personas). Le sigue Sinaloa, donde mil 132 personas que estaban como desaparecidas fueron encontradas sin vida, esto es el 10.5 por ciento de todos sus reportes.

Las mujeres tienen más probabilidad de regresar que los hombres, pero esto también cambia según el estado: en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Zacatecas más de la mitad de las mujeres sigue sin aparecer.

TERRITORIOS PELIGROSOS PARA HOMBRES

En el caso de los hombres, la desaparición afecta de manera más implacable a quienes tienen entre 25 a 29 años. Ese grupo representa el 14 por ciento del total de 74 mil 478 hombres que nunca volvieron.

En la geografía nacional, en algunos territorios sólo hay hombres desaparecidos; lugares en los que, hasta ahora, no se reportaron a mujeres, o bien, ellas ya fueron localizadas y salieron de las estadísticas.

Hasta febrero de 2022, los municipios donde sólo hay hombres desaparecidos son:

UN DELITO QUE TAMBIÉN TOCA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

A partir de 2006, cada año en promedio 194 niñas y niños menores de 12 años desaparecieron en el país.

Brandon Esteban Acosta Herrera tenía ocho años cuando, en la carretera Saltillo-Monterrey, un comando armado lo desapareció a él, a su papá y a dos de sus tíos. Eso sucedió en agosto de 2009, desde entonces su madre no ha dejado de buscarlo. Ese año, por lo menos 63 niños y niñas en el país se sumaron a la lista de desaparecidos.

Y vendrían tiempos peores. A partir de 2020, en las gráficas comenzó a dibujarse un marcado aumento en la desaparición de niñas y niños con menos de 12 años: si el 2019 cerró con alrededor de 284 casos, un año después el número llegó a poco más de 448.

La cifra anual más alta corresponde al 2021. Poco más de 550 infantes desaparecieron ese año y continúan sin ser localizados.

No se sabe cuántas son sustracciones parentales o cuántos fueron arrebatados de sus hogares por personas desconocidas. El registro no permite saberlo y tampoco las causas de estos hechos.

Aunque las víctimas pueden ser desde recién nacidas, uno de los grupos de edad con más riesgo son los de entre 13 y 17 años. Poco más de 10 mil 400 adolescentes de ese rango de edad desaparecieron, lo que representa el 12.5 por ciento de todas las personas desaparecidas en México a partir del 2006.

En la adolescencia, el género marca diferencias notables:

Mientras que a la edad de 11 años, las niñas y los niños desaparecen casi por igual; entre los 13 y hasta los 16 años a hombres y a mujeres los separa un abismo. Las adolescentes superan en desapariciones a sus pares masculinos, en algunos casos incluso la cifra es casi dos veces mayor.

En el Estado de México, por ejemplo, mientras hay poco más de 377 hombres de entre 12 y 17 años desaparecidos, el número de mujeres de la misma edad rebasa los 985.

Después de los 17 años esa tendencia se interrumpe, la lógica se invierte de manera marcada y se comienza a dibujar el paisaje de un país en el que una mayoría de hombres, principalmente jóvenes entre 25 y 29 años, son desaparecidos.

¿Por qué desaparecen más hombres en estas edades? No hay respuestas claras. La impunidad que prevalece y la falta de investigaciones no ayuda a tenerlas. Algunas de esas explicaciones podrían encontrarse en los reclutamientos forzados o voluntarios con distintos fines, o el exterminio a los considerados potenciales enemigos, el control de territorios o el instalar el miedo entre la población. También habrá algunos que se vayan de casa y desean no ser localizados.

CIRCUNSTANCIAS DE LA DESAPARICIÓN

¿Cómo desaparece la gente en México? ¿Qué se explica en el registro oficial sobre el contexto de su desaparición? ¿Cómo se clasifican las ausencias de las personas que faltan en los hogares en este país? ¿Cómo llenan los registros los funcionarios que atienden las denuncias?

En los datos que analizamos para esta investigación hay un fragmento de 17 mil 95 registros de personas desaparecidas —de enero de 2006 a febrero de 2022— en los que se escribieron algunas pistas de las circunstancias en las que se dan estos delitos. Las narrativas mencionan los últimos lugares en donde se miró a la persona, son escuetos contextos que enmarcan esas ausencias.

Por ejemplo, se mencionan frases como: “se trasladaba” a su domicilio, a su trabajo o estaba en el trayecto entre una comunidad y otra, o viajaba por carretera o rumbo a Estados Unidos. A esa circunstancia corresponden el 15 por ciento de los casos.

La mayoría de estos sucesos quedan envueltos en una nebulosa y las referencias de cómo ocurrió son escuetas: “Se le vio en su domicilio”, “salió de casa y ya no regresó” o, simplemente, “último contacto vía telefónica o mensaje de texto”. Estos casos suman 10 mil 567, que representan el 62 por ciento de las endebles explicaciones.

Hubo quienes antes de perder contacto mencionaron que tenían problemas familiares y, de pronto, sin más, no volvieron a ser vistos. Es la situación del 3.2 por ciento.

En la minoría de los registros (dos mil 546), los datos son más precisos. En esos hubo testigos que vieron la acción directa en la que, por la fuerza, se privó a la gente de su libertad. En ese grupo están aquellos sobre quienes se señala que personas armadas las sacaron de su casa o interceptaron en la calle, fueron secuestrados, llevados por una corporación policiaca o militar, o que nunca salieron de una agencia del Ministerio Público.

Las últimas dos circunstancias, en las que se menciona la participación de funcionarios públicos, enmarcan desapariciones forzadas: el estado convertido en criminal. Esos 295 registros representan el 1.7 por ciento.

Estos relatos fragmentados de las circunstancias en las que desaparecen las personas en México son también zonas grises en donde se diluyen responsabilidades. El territorio común es la incertidumbre que impide saber por dónde comenzar a buscar.

Y las autoridades tampoco ayudan.

María del Tránsito Martínez Mosqueda muestra una foto de su hijo Gerardo, quien desapareció cuando viajaba en un autobús por Tamaulipas, en abril del 2011.

María del Tránsito Martínez Mosqueda muestra una foto de su hijo Gerardo, quien desapareció cuando viajaba en un autobús por Tamaulipas, en abril del 2011. Cortesía.

DESAPARICIONES MASIVAS

México es un país en donde no es extraordinario que grupos completos de diez o más personas sean capturadas. Desde 2006, se han registrado 26 eventos masivos: el último fue el 2 de diciembre de 2021 en Tepic. Ese día desaparecieron 14 personas que siguen sin ser encontradas.

De lo que sabemos sobre estas desapariciones masivas —gracias a información de los colectivos de familias buscadoras— es que muchas veces las víctimas son personas que estaban en tránsito por el país o pasaban por regiones controladas por grupos armados, sino es que habitaban lugares en disputa. También se dan casos en los que eran profesionistas que dominaban una actividad —ingenieros en telecomunicaciones, por ejemplo— que muchas veces es mano de obra codiciable en la disputa por el control del territorio. O simplemente eran hombres, jóvenes, en edad de ser reclutables.

Estos han sido hasta ahora los cinco eventos con la mayor cantidad de personas desaparecidas:

  • Iguala, Guerrero 26 de septiembre de 2014

Los registros oficiales dan cuenta de 47 personas de las que no se sabe nada desde ese día, incluidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en un suceso que aún sigue siendo investigado por las autoridades federales.

  • Reynosa, Tamaulipas 7 de marzo de 2019

31 personas desaparecieron en esa jornada, según la contabilidad oficial. Ese día comandos secuestraron a decenas de migrantes que viajaban en un autobús que había partido de Tampico.

  • Zacatecas capital 26 de febrero de 2021

Un total de 28 personas desaparecidas fueron registradas ese día; la prensa local no registró un evento particular ese día, pero en las jornadas previas desapareció gente en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Monte Escobedo.

  • San Luis Potosí capital 17 de marzo de 2010

20 personas desaparecidas ese día de acuerdo a cifras oficiales; un autobús de la empresa Pirasol salió del municipio Xilitla con más de 30 personas que presuntamente fueron interceptadas por policías en Valadeces, Tamaulipas.

  • Sabinas, Coahuila 13 de marzo de 2011

Desaparecieron 16 personas ese día según el reporte oficial aunque no hay registros de sucesos en la prensa local. Cinco días después, en la cercana población de Allende sicarios de Los Zetas masacraron a cientos de personas.

LAS SEMANAS DEL TERROR

La desaparición de personas no siempre es a cuentagotas. 

Los datos del registro oficial muestran que en México hay lapsos en los que la desaparición pareció ser una epidemia que se presentó en forma repentina y generalizada en ciertas regiones; semanas en este delito se desató como tormenta y tuvo varios polos al mismo tiempo.

La información oficial permite identificar “temporadas de terror” en las que pudieron haber ocurrido prácticas criminales de leva o venganzas masivas contra personas de grupos “enemigos”. Las semanas con oleadas de desapariciones se localizaron en corredores de violencia que abarcan varios municipios o tuvieron reflejos en diversos estados. En todo caso, las víctimas siguen sin ser encontradas.

TERRITORIOS SILENCIADOS

Así como sucedieron semanas de terror, también ocurrieron lapsos de silencio, periodos en los que no se pudo denunciar (y quizás aún no se puede) ante las autoridades los hechos recién ocurridos. En ciertas zonas dominadas por el silencio la gente tuvo que callar el dolor de que le arrebataran a algún ser querido, y esperar meses, incluso años, para poder reportarlo.

El registro oficial de desapariciones actual no permite identificar cuándo y dónde se produjeron esos silencios, pero sí es posible hacerlo si se analiza la base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuyos registros llegaron hasta junio de 2018.

De ahí se desprende que de 2010 a 2012 el silencio fue la regla en sitios del noreste del país, especialmente en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.

El temor marcó a 447 municipios azotados por la violencia, en donde las familias denunciaron la desaparición sólo hasta que transcurrieron uno, dos o tres años.

No es posible saber en cuáles y cuántos casos las autoridades impidieron que se hicieran las denuncias, no las registraron o las víctimas no las realizaron pues desconfiaban de las propias autoridades; sabían que eran partícipes o perpetradores directos de la desaparición.

Las leyes del silencio no son estáticas, cambian según el tiempo, o de las estrategias de control poblacional de los distintos perpetradores de la violencia. La censura opera todavía. Las autoridades no han hecho nada para proteger a quienes denuncian y garantizar su derecho a notificar la ausencia de sus seres queridos y a pedir que sean buscados. Al menos 16 familiares han sido asesinados por buscar.

EN ESTE MOMENTO ALGUIEN ESTÁ SIENDO DESAPARECIDO

México lleva más de medio siglo sumando a sus estadísticas personas desaparecidas.

Mientras un joven, de entre 15 y 19 años, desaparecido en Nuevo León, en 1964, fue el primero en ese infame registro; esta vergonzosa lista no ha dejado de crecer, de acumular nombres e historias de ausencias que no son normales, que no deberían de serlo.

El lunes 16 de mayo de 2022 México rebasó las 100 mil personas desaparecidas.

Estos no son sólo números, son historias de vidas humanas cuyas ausencias generan un dolor que no puede ser sanado con el tiempo. Que afectarán no sólo a ésta, también a las siguientes generaciones.

Llegamos a las 100 mil desapariciones cuando fueron sumadas al registro tres personas: dos hombres y una mujer. Un adolescente de 17 años a quien se le dejó de ver en Saltillo, Coahuila; otro muchacho de 22 años que estaba en Ayapango, Estado de México; una joven de 29 años a quien no localizan en la Ciudad de México, la buscan en la Alcaldía Venustiano Carranza. Sus familias seguramente recorren ahora mismo los laberintos de la burocracia creados para cansar o enloquecer a quien busca, esos sinuosos caminos llenos de puertas falsas y engañosas promesas que otras ya transitaron

Las tragedias agregadas a ese doloroso recuento de ausencias no cesarán hasta que termine la impunidad que cobija a estos crímenes. Hasta que en México se respete el derecho a nunca ser desaparecido. Y quienes faltan regresen a casa.

Madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos a punto de comenzar una búsqueda en Morelos.

Madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos a punto de comenzar una búsqueda en Morelos. Foto: Lucía Flores.

VER INTERACTIVOS

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“Fragmentos de la Desaparición” es una investigación periodística que permite explorar la información sobre cómo México llegó a las 100 mil personas desaparecidas, quiénes faltan, desde cuándo y en qué territorios se resiente su ausencia. Esta es una serie de Quinto Elemento Lab y del proyecto A dónde van los desaparecidos que puedes ver en: http://quintoelab.org/fragmentos/cien-mil-despariciones-mexico

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*Créditos: equipo coordinador: Mago Torres, Marcela Turati, Efraín Tzuc, Thelma Gómez. Desarrollo y datos (cuadernos Observable): David Eads. Equipo datos: Irving Morlán, Aldo Dector Oliver y Efraín Tzuc. Diseño y programación: Ale Saavedra, Cynthia Monterrosa y Gustavo Solís. Coordinación de fotografía: Lucía Flores. Asesoría en imagen: Mónica González Islas. Edición General: Marcela Turati, Thelma Gómez, Armando Talamantes.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Mamás buscadoras lidian con todo en contra para buscar a sus hijos desaparecidos

martes, mayo 10th, 2022

Madres de personas desaparecidas se congregaron este 10 de mayo en diversos puntos de México para exigir a las autoridades resultados en la búsqueda y localización de sus hijos. Alrededor de 60 colectivos participan en estas protestas, que son el recordatorio de la gravedad del fenómeno de desaparición de personas por el que atraviesa el país.

Ciudad de México, 10 de mayo de 2022 (SinEmbargo).- Aunque en México hay aproximadamente 35.2 de millones de mujeres que son madres, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), no todas podrán celebrar esta fecha en la que se conmemora el Día de las Madres, ya que cientos de ellas, por el contrario, pasarán con tristeza este día y luchando por encontrar a sus hijos.

Se trata de madres que de tiempo atrás han abandonado todo y —con todo en contra— han emprendido la misión de buscar a sus hijos por todo el país. Esta búsqueda en el caso de muchas de ellas —como Cecilia Patricia Flores Armenta, Delia Quiroga, Leticia Álvarez, Gladys Aranza Ramos Gurrola, entre muchas otras— han enfrentado al propio crimen organizado —algunas como Gladys lo han pagado con su vida y otras han recibido amenazas y han sido el blanco de ataques—, el lento actuar de las autoridades y sobre todo la incertidumbre diaria de saber dónde están sus hijos.

Con este contexto de fondo, alrededor de 60 colectivos de madres buscadoras han convocado a protestar en todo el país, algunos en la onceava Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijas e hijos, verdad y justicia, la cual dará inicio en el Monumento a la Madre, al sur de la Ciudad de México y culminará en el Ángel de la Independencia, ubicado en avenida Paseo de la Reforma.

Desde la mañana de este martes 10 de mayo, colectivos de madres de personas desaparecidas llevaron a cabo diversas marchas y manifestaciones con el propósito de exigir al Gobierno de México avances en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en el país.

Otros grupos acudieron a las afueras de Palacio Nacional, en la capital mexicana, en donde solicitaron un diálogo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigirle que se implementen las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas (CED), con el propósito de que cumpla con el compromiso que adquirió al asegurar que la crisis de desapariciones en México sería un tema prioritario en su Administración.

Como en la Ciudad de México, en el resto de las entidades del territorio nacional se llamaron a marchas. Por ejemplo, en Jalisco la marcha de madres con hijos desaparecidos partirá de la Glorieta de los desaparecidos, en Guadalajara, y culminará en el Palacio de Gobierno. Mientras que en Sinaloa, el Colectivo de Búsqueda local realizará un plantón en el kiosko de la Catedral de su capital, Culiacán.

En Oaxaca, a las 10 de la mañana de este martes, los colectivos de búsqueda se concentraron en el Parque El Llano para marchar hasta el Zócalo de la capital; en Puebla, el Colectivo Voz de los Desaparecidos convocó a una marcha pacífica, denominada “Buscando a nuestros tesoros”, que iniciará en el Zócalo de la capital poblana y arribará a las instalaciones de la Comisión de Búsqueda y a la Fiscalía del estado.

Aunque el Gobierno mexicano se comprometió a “implementar” las recomendaciones del Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas (CED), mismas que presentó en su informe que presentó en Ginebra, Suiza, luego de su visita a México a finales del pasado año, activista y familiares de personas desaparecidas ven poco interés por parte de las autoridades para avanzar con las investigaciones de sus casos.

“El Estado mexicano agradece el trabajo del comité y recibe sus recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe”, respondió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México el pasado 13 de abril, mediante un boletín en el que se refirió a las recomendaciones emitidas por el CED.

Asimismo, detalló que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, se encargará de implementar las estrategias necesarias para atender las recomendaciones, las cuales sumaron 85, luego de la visita de la delegación del CED, entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021, durante la cual se reunió con 88 autoridades y visitó Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Entre las recomendaciones, se señala la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, así como las prioridades para atender dicha política y las condiciones mínimas para que esta sea “eficaz y efectiva”. También se instó a fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación; de garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones y de remover obstáculos en la judicialización y crisis forense, entre otras.

SER MAMÁ BUSCADORA

Pero activistas en busca de personas desaparecidas han denunciado en diversas ocasiones la falta de apoyo del Gobierno de México para atender esta problemática.

“Yo estoy cansada de esa situación y de que las autoridades no hacen su trabajo. La verdad me cansé de las autoridades y decidí pedirle a los cárteles que me ayudaran encontrar a mis hijos, dejándome buscarlos, que yo no buscaba justicia, yo no buscaba culpables, yo lo que quería era encontrarlos”, dijo la señora Cecilia Patricia Flores Armenta pero aclaró que a eso las ha orillado la impunidad, corrupción y completa falta de estado de derecho en Tamaulipas el 15 de abril durante el programa Los Periodistas, conducido por Alejandro Páez Varela para el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

El 2 de enero del presente año, la señora Flores, quien busca a su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores desde el 2015, se viralizó en redes sociales luego de que por medio de estas plataformas publicó un video en el que solicitó permiso al crimen organizado para continuar la búsqueda de su hijo, acción que realizó ante la desesperación por no tener una respuesta y vivir en un país con alta impunidad, y que no es la primera vez que se realiza en México.

“Frente a la indolencia y la falta de apoyo no nos queda más que recurrir a eso. No nos queda opción porque la verdad hay mucha impunidad por parte de las autoridades estatales y nacionales”, comentó la buscadora de Sonora en entrevista con la periodista Sugeyry Romina Gándara para un reportaje de SinEmbargo, que se publicó el 9 de enero.

“Tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual, me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad de traerlos porque buenos o malos, culpables o inocentes, para nosotros es toda nuestra vida”, expuso Cecilia en el videoclip compartido en la cuenta de Twitter de Madres Buscadoras de Sonora.

Cecilia platicó a SinEmbargo que el mismo día en que publicó su petición, las autoridades federales enviaron una comitiva de funcionarios del Mecanismo de Protección, pero que no estuvo presente Alejandro Encinas, quien le llamó hasta el viernes 7 de enero, sin embargo, hasta el momento, aseguró que no ha logrado audiencia con el Presidente ni con el Subsecretario de Derechos Humanos.

“El Presidente mandó rápido algunas personas para que nos atendieran y nos mandaron a una reunión al parecer con el Subsecretario Encinas, pero él nunca apareció. Nos atendieron otras personas de mecanismo federal”, comentó la buscadora.

Flores Armenta detalló que los funcionarios que la atendieron escucharon las peticiones que ella ha hecho desde hace tiempo, sin embargo, dijo que está igual que como llegó porque “los funcionarios me dijeron que no me pueden resolver las peticiones hasta que las resuelva Encinas”.

Meses antes, agosto de 2021, Delia Quiroga, representante del colectivo 10 de marzo, también solicitó permiso al crimen organizado, específicamente al Cártel del Golfo para que les permitiera realizar trabajos de búsqueda en La Bartolina, un predio ubicado en Matamoros, Tamauliapas, que habría servido como campo de exterminio para este grupo criminal por varios años.

“Le pido, le ruego y suplico tengamos una tregua de paz. Esto con la finalidad de un día, si encontramos a nuestros desaparecidos, poder morir en paz”, dijo Delia en el video donde da lectura al escrito respaldado por más de 200 familias, y que en sus propias palabras, resultó “humillante” para ella, pero aclaró que a eso las ha orillado la impunidad, corrupción y completa falta de estado de derecho en Tamaulipas, expresó en entrevista el 10 de octubre de 2021, con la periodista Sugeyry Romina Gándara para SinEmbargo.

“Imagínese que uno tenga que llegar a humillarse y sobajarse para poder encontrar lo que estamos buscando. Es lamentable que uno tenga que llegar a ese grado, pero ¿sabe qué? aquí en Tamaulipas los que mandan son los cárteles. Son ellos los que mandan, los que hacen, deshacen; los que deciden, porque la autoridad está ausente totalmente. No hay un estado de derecho”, dijo.

Hacer el trabajo que le corresponde a las autoridades o pedir permiso al crimen organizado para continuar sus búsqueda es sólo una parte de las acciones que las activistas han llevado a cabo ante la falta de apoyo de las autoridades mexicanas, situación que ha sido denunciada en varias ocasiones.

“La verdad los ministeriales no han hecho nada. Las investigaciones y datos que hay en la carpeta de investigación las he llevado yo, todo, todo”, afirmó Patricia López Rodríguez, una madre que desde el 2013 busca a su hijo Pablo Sánchez López, quien desapareció el 16 de marzo de ese año, luego de que acudió a un bar en Morelia, Michoacán, por lo que la mujer se volvió activista, e incluso estudió la licenciatura en Derecho para darle ella misma seguimiento a su caso.

A estos señalamientos se suman las agresiones en contra de quienes conforman estos colectivos para localizar a sus familiares. Desapariciones forzadas, amenazas y asesinatos por parte del crimen organizado son los peligros que corren las madres que están en busca de sus hijos.

Colectivos de familiares de personas desaparecidas se “apropiaron” de la Glorieta de La Palma y la renombraron como La Glorieta de los Desaparecidos, y llamaron al gobierno capitalino respetar su protesta. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Entre los casos más recientes se encuentra el de Leticia Álvarez, quien el 30 de octubre de 2021, fue reportada como desaparecida por el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que después confirmó que la activista fue privada de la libertad por presuntos hombres armados, por lo cual hicieron un llamado a las autoridades para localizar a la víctima.

“Gobernador Alfonso Durazo hace una hora hombres armados privaron de su libertad a Leticia Álvares integrante del colectivo, en Hermosillo, exigimos su aparición con vida”, indicó el Colectivo mediante una publicación en su perfil de Facebook, en el que explicaron que la mujer “busca a su esposo e hijo desaparecidos desde hace un año”.

Al día siguiente y luego de varias horas de búsqueda, el Colectivo confirmó que Leticia Álvarez fue localizada, alrededor de las 9:00 horas del domingo 31 de octubre. Las miembros del grupo de búsqueda detallaron que se les informó de la liberación de su compañera por medio de una llamada.

Asimismo, destacaron que la mujer se encontraba con vida, pese a presentar múltiples golpes en todo el cuerpo, por lo que fue trasladada a un hospital para su inmediata atención, y aprovecharon para agradecer a todas las personas que las apoyaron en la búsqueda de su compañera.

Otro caso es el de Gladys Aranza Ramos Gurrola, también perteneciente al colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, quien no correría con la misma suerte, cuando el 15 de julio de 2021, también fue privada de la libertad y posteriormente asesinada a balazos en su propio domicilio. Previo a su asesinato la mujer, de 28 años de edad y quien buscaba a su esposo desde diciembre de 2020, está había participado en una jornada de búsqueda en la que localizaron un sitio de exterminio activo.

Gladys se unió a colectivos de búsqueda luego de que su esposo Brayan Omar Celaya, de 26 años de edad, desapareció en el Ejido Ortiz, el 6 de diciembre de 2020. Además, colaboró con las agrupaciones Buscadoras por la Paz y Madres Buscadoras de Sonora, quienes se solidarizaron con su familia, pues participaba activamente en todas las búsquedas y rastreos de fosas clandestinas que se realizaban en Guaymas.

El 21 de abril, a través de su cuenta de Twitter, Cecilia Patricia Flores Armenta denunció que personas desconocidas intentaron ingresar a su refugio de seguridad al que fue asignada luego de que recibió amenazas de muerte, el 20 de julio de 2021, mediante llamadas telefónicas. En el lugar, habilitado por el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, de la Secretaría de Gobernación (Segob), activó el botón de pánico, pero las autoridades tardaron en responder.

Tan solo en el 2021, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México documentó 34 agresiones a defensoras en Sonora, entre los que se destacan los asesinatos de tres defensoras de derechos humanos, entre ellas, Aranza Ramos, familiar de una persona desaparecida, e integrante de otra colectiva.

LA CRISIS DE DESAPARICIONES

El pasado 16 de enero, justo cuando se cumplieron cuatro años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) denunció que pese a los esfuerzos de algunos actores institucionales, la gravedad del fenómeno de desaparición de personas es persiste y continúa atormentando a miles de familias en México.

En un comunicado, recordó que la Ley General fue impulsada por familiares y colectivos de víctimas con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, por lo que se adoptó con el objetivo de articular una respuesta gubernamental integral y coordinada en las acciones de investigación, búsqueda y reparación a las víctimas.

Sin embargo, aseguró el organismo, cuatro años después, los retos siguen siendo enormes para atender los más de 96 mil casos de personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, así como las más de 52 mil personas cuyos restos permanecen sin identificar en los servicios forenses y panteones públicos.

En México hay un acumulado de 99 mil 823 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 15 de marzo de 1964, cuando inició el registro, al 10 de mayo de 2022, de los cuales 73 mil 800 son hombres y alrededor de 25 mil son mujeres.

Aunque las desapariciones han sido una constante en el país, la crisis se agudizó en los años de la denominada Guerra Sucia, entre 1964 y 2005, cuando hubo mil 633 desapariciones, según cifras oficiales de la Segob; y en los años de la Guerra Contra el narco, entre 2006 y junio de 2021, cuando se registraron 87 mil 855 desapariciones. Además, en el actual sexenio han ocurrido aproximadamente 21 mil desapariciones.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación de México (Segob), Jalisco es la entidad con mayor número de personas desaparecidas y sin localizar con 14 mil 915 casos, seguido de Tamaulipas con 11 mil 916 casos, el Estado de México con 10 mil 720 y Nuevo León con seis mil 148.

Pero no son los únicos, a la crisis interna se suman al menos dos mil migrantes están desaparecidos en territorio mexicano, según un reporte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) publicado el 24 de abril de 2021. “La gravedad de las violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante es contundente”, advirtió la FMOPDH, formada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el máximo organismo autónomo en la materia, y las comisiones estatales de los 32 estados del país.

Por ello, unos días después, el 1 de mayo de este 2022, La XVI caravana de madres centroamericanas, llamada “Nunca nos hemos ido”, ingresó este domingo por la frontera sur de México, que colinda con Guatemala, con el objetivo de retomar la búsqueda de sus hijos que se han perdido o desaparecido en el país latinoamericano por ir en busca del “sueño americano” en Estados Unidos. El grupo, integrado por 37 mujeres y ocho hombres, lleva consigo las fotografías de sus hijos colgadas al cuello, con la esperanza de encontrar a sus familiares.

– Con información de EFE

“No hay nada qué festejar”: Madres de personas desaparecidas exigen justicia en CdMx

martes, mayo 10th, 2022

La movilización en la capital mexicana partió del Monumento de la Madre rumbo al Ángel de la Independencia, donde manifestantes portaron carteles y fotografías de sus desaparecidos.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- Madres y familiares de desaparecidos marcharon este martes, Día de las Madres, por las principales calles de la Ciudad de México para protestar y exigir a las autoridades resultados en la búsqueda de sus seres queridos.

Como parte de la XI Marcha por la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia, la movilización en la capital mexicana partió del Monumento de la Madre rumbo al Ángel de la Independencia.

Con las consignas, “Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están” y “No hay nada qué festejar” los familiares y colectivos marcharon portando carteles y fotografías de sus desaparecidos.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dio a conocer que acompañó en la movilización a madres y familiares.

Previo a la marcha, el colectivo Movimiento por nuestros Desaparecidos en México protestó frente al Palacio Nacional, donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a todas las madres del país en su día y les dedicó su conferencia de prensa matutina.

“Nuestras más sinceras y afectuosas, cariñosas felicitaciones a las mamás; a las que están en nuestro país; a las que están en el extranjero; a las que todavía nos acompañan; a las que ya se fueron, se nos adelantaron; pero las recordamos siempre con mucho cariño”, dijo el Presidente.

“Muchas felicidades a todas; a las que están sufriendo por sus hijos, por sus desaparecidos; a las que están enfermas o están preocupadas por sus familiares enfermos; a las mujeres humildes, pobres de todas las comunidades, de todos los pueblos; a las mujeres trabajadoras; a todas las mujeres; a todas las mamás”, añadió.

Una vez concluida la rueda de prensa diaria, un grupo musical de Veracruz tocó desde el Salón de la Tesorería para festejar el Día de la Madre.

El pasado 12 de abril, familiares de personas desaparecidas del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pidieron que el Estado mexicano atienda el informe del Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas (CED) y aplique las recomendaciones de manera rápida y convincente.

Ese mismo día, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) publicó desde Ginebra (Suiza) su informe sobre la visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021 -una decena de días en los cuales ocurrieron 112 desapariciones-, la primera vez que este organismo acudió a investigar sobre el terreno.

El comité hizo un análisis de la situación en México, donde existe un registro oficial que contabiliza 98 mil 877 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 -cuando comenzaron los registros- a la fecha.

Precisaron que de finales de noviembre de 2021 hasta hoy desaparecieron tres mil 804 personas, “un promedio de 28 personas diarias”.

En el documento, entre otras cosas, el comité aseguró que, aunque el crimen organizado es el principal autor de miles de desapariciones forzadas que se registran casa año en el país, el Estado mexicano también es responsable de este crimen cuando es perpetrado por sus funcionarios federales, estatales o municipales y se permite la impunidad.

-Con información de EFE

AMLO recuerda a Rosario Ibarra de Piedra como una “mujer excepcional y una heroína”

lunes, abril 18th, 2022

El Presidente López Obrador calificó a la activista Ibarra de Piedra como una “mujer excepcional y extraordinaria”. Además, el mandatario recordó que Ibarra le pidió que “hiciera todo lo que estaba de su parte para encontrar a desaparecidos y luchar junto con los familiares de las víctimas de la violencia”.

Ciudad de México, 18 de abril (EFE).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este lunes el fallecimiento de la activista Rosario Ibarra de Piedra, considerada un referente de la búsqueda de hijos desaparecidos en México.

“Doña Rosario, todo nuestro cariño a doña Rosario. Una mujer extraordinaria. Una heroína aunque a ella no le gustaría que se le llamara de esa manera, pero como ella era respetuosa de la libertad, yo lo puedo decir”, dijo el mandatario desde el Palacio Nacional.

El Presidente de México lamentó así la muerte de la activista Rosario Ibarra, fallecida este fin de semana a los 95 años.

Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del comité Eureka, falleció este fin de semana a los 95 años de edad en Monterrey, Nuevo León. Foto: Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro, archivo.

“Es una pérdida, es una de las mujeres más consecuentes de los últimos tiempos en la historia de nuestro país. Una mujer excepcional porque sale de su casa en busca de su hijo y no deja de hacerlo hasta su muerte”, subrayó el mandatario mexicano, quien el sábado ya envió sus condolencias por Twitter.

Rememoró que al recibir la Medalla Belisario Domínguez por parte del Senado en 2019 ya no pudo asistir, pero envió una carta “muy acorde con sus convicciones”.

“Me pidió que yo hiciera todo lo que estaba de mi parte para encontrar a desaparecidos y luchar junto con los familiares de las víctimas de la violencia”, agregó el mandatario.

Y de ahí surgió la “propuesta respetuosa” para que su hija (Rosario Piedra Ibarra) fuera hoy la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aunque lograr este nombramiento “les costó”.

“Se habló hasta de que se había cometido un fraude”, remarcó. Y habló de un “profundo odio” de la oposición hacia doña Rosario y sus convicciones.

UN REFERENTE

Nacida en 1927 en Saltillo, capital del norteño estado de Coahuila, María del Rosario Ibarra fue durante décadas la activista social más reconocida del país, se convirtió en la primera mujer candidata a la Presidencia de México y estuvo nominada al Premio Nobel de la Paz.

Su incursión en la política fue en buena medida forzado tras el secuestro de su hijo Jesús Piedra, acusado de pertenecer a la guerrilla Liga Comunista 23 de Septiembre y desaparecido durante la llamada “Guerra Sucia” contra la disidencia emprendida por el Gobierno autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En 1977, ante la falta de esclarecimiento del paradero de Jesús, Ibarra fundó el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, conocido como Comité ¡Eureka!, que contabilizó al menos 564 desaparecidos por la represión del Estado mexicano durante la década de 1970.

Conocidas como “doñas”, unas 80 madres de desaparecidos lideradas por Ibarra se enfrentaron al Estado con diferentes movilizaciones, algunas destacadas como la huelga de hambre de agosto de 1978 frente a la Catedral de la Ciudad de México, un espacio que estaba vetado a las manifestaciones.

La activista y fundadora del comité Eureka para la búsqueda de personas desaparecidas, Rosario Ibarra de Piedra, falleció este fin de semana. Foto: Ricardo Castelán, Cuartoscuro.

Estas protestas, junto a las condenas de Naciones Unidas, llevaron a México a promulgar una ley de amnistía en 1978 que liberó a algunos disidentes y permitió el regreso de exiliados, pero nunca se supo el paradero de muchos de los desaparecidos, como Jesús.

Por ello, Ibarra optó por la vía institucional y en 1982 hizo historia al convertirse en la primera mujer candidata presidencial de la historia de México, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Crimen organizado y agentes de Estado generan la desaparición en México: Comité ONU

martes, abril 12th, 2022

El Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Gobierno mexicano abandonar su estrategia de militarización de la seguridad pública, por ser inadecuada para proteger los derechos humanos.

Ginebra, 12 abr (EFE).– El crimen organizado es el principal autor de miles de desapariciones forzadas que se registran cada año en México, pero el Estado mexicano también es responsable de este crimen cuando es perpetrado por sus funcionarios federales, estatales o municipales y se permite la impunidad, dijo hoy un grupo de expertos de la ONU.

Agentes públicos y el crimen organizado son responsables del fuerte aumento de desapariciones forzadas“, según un informe publicado por el Comité que hace un seguimiento de esta problemática en el mundo.

“Se trata de una situación generalizada”, comentó la presidenta del grupo, Carmen Villa Quintana, quien dirigió una visita de trabajo que realizaron a México miembros de esta instancia entre el 15 y el 26 de noviembre pasado, una decena de días en los cuales ocurrieron 112 desapariciones.

El Estado “también es responsable cuando las organizaciones o grupos armados están de facto bajo el control de las autoridades estatales y reciben alguna forma de apoyo por parte de agentes estatales o existe un patrón conocido de desapariciones y no se toman medidas”, explicó la jurista en una rueda de prensa en Ginebra.

Desde 2017 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas ha incorporado cada año a ocho mil nuevas víctimas y ahora el total de casos documentados y sin resolver se eleva a unos 98 mil.

Las desapariciones forzadas empezaron a aumentar de forma “exponencial” desde 2006 y el 98 por ciento de casos que figuran en el Registro Nacional ocurrieron a partir de ese año, detalló Villa Quintana.

“La impunidad es casi total”, denunció la presidenta del Comité, tras señalar que sólo entre el dos y el seis por ciento de casos de desapariciones han dado lugar a la apertura de un proceso judicial y a nivel nacional se han dictado sólo 36 condenas.

Las víctimas de las desapariciones han sido habitualmente hombres entre los 15 y 40, pero las cifras oficiales indican un aumento considerable de caso entre menores a partir de los doce años, así como de mujeres.

Su propósito sería “ocultar las violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual”, explicó Villa Quintana, una destacada especialista en derechos humanos de la ONU que formó parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Otro de los aspectos que el Comité destaca en su informe como una grave preocupación es la desaparición de defensores de los derechos humanos dedicados a la lucha contra este mismo delito, así como de una treintena de periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado ni los autores sancionados.

Otros colectivos afectados por las desapariciones han sido las comunidades indígenas, en el contexto de conflictos sociales y territoriales, y personas LGTB, “con fines de limpieza social y explotación sexual, tras internamientos en los llamados centros de terapia de reconversión”.

La presidenta del Comité también relató episodios de desapariciones de conductores de camiones y de sus acompañantes en la carretera 85 de Monterrey a Nuevo Laredo, “que estarían relacionadas con el tráfico de combustible, para apropiarse de los bienes en los que estarían involucradas las autoridades municipales de Nayarit y desapariciones en los centros de internamiento de adicciones”.

Jalisco, Tamaulipas, Edomex y NL encabezan la lista fatal de personas no halladas

jueves, marzo 31st, 2022

Apenas el pasado 17 de marzo, la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, y el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, denunciaron que la crisis en materia de identificación forense en México no se resuelve, en parte porque uno de los principales problemas es que en los estados hay falta de voluntad, negligencia y obstrucción.

Por Mariana González-Márquez

Guadalajara (México), 31 mar (EFE).– México se acerca a las 100 mil personas desaparecidas y no localizadas registradas oficialmente en medio del gran esfuerzo de las autoridades para frenar esta tragedia y casos tristemente insignes, como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, todavía por resolver.

Desde hace casi ocho años, Gerardo Preciado Torres, que ahora tendría 47 años, es buscado por su familia luego de que cuatro hombres identificados como agentes de la Fiscalía de Jalisco (oeste de México) lo golpearon y lo privaron de la libertad sin una orden de arresto ni una explicación de por medio.

Ese 22 mayo de 2014 cambió la vida de su madre, María Refugio Torres, quien tuvo que aprender de leyes, criminalística, ciencias forenses y acompañamiento psicológico para dar seguimiento al caso de su hijo y el de cientos más que colocan a Jalisco como el estado con mayor número de personas desaparecidas y no identificadas.

“Uno es el que debe de buscar, investigar y llevarles información porque ellos no hacen nada. Cuando mi hijo desapareció yo sí confiaba en la autoridad y yo decía que me lo iban a regresar. Tenía tanta confianza que cada tercer día iba a la Fiscalía, pero siempre me recibían con lo mismo: está en trámite la investigación”, dijo Torres a EFE.

Junto al altar que hizo con fotografías y la ficha de búsqueda de su hijo, Torres narró que tuvo que aprender a defenderse de las omisiones y humillaciones de las autoridades y a buscar en las fosas clandestinas que abundan en este registro.

Solamente el colectivo al que pertenece, llamado Por Amor a Ellos, ha encontrado a unas 100 personas enterradas.

“Que (su caso) sirva de experiencia para la gente que viene, porque esto nunca se va a acabar, que no pasen lo que hemos pasado nosotros porque ha sido batallar con policías y con todo lo que se llama autoridad”, expresó.

CIFRAS ALARMANTES

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, que actualiza las cifras a diario, hasta el 30 de marzo el país acumula 98 mil 423 personas en estas circunstancias.

La señora María del Refugio Torres, posa con un cartel de búsqueda de su hijo José Preciado, desaparecido hace 8 años, durante una entrevista con Efe el 18 de marzo de 2022 en Guadalajara, Jalisco (México).

La señora María del Refugio Torres, posa con un cartel de búsqueda de su hijo José Preciado, desaparecido hace 8 años, durante una entrevista con Efe el 18 de marzo de 2022 en Guadalajara, Jalisco (México). Foto: Francisco Guasco, EFE

Además, hay 143 mil 618 personas desaparecidas y posteriormente localizadas. Por lo que, desde 1964 a la fecha, el país acumuló 242 mil 041 personas desaparecidas, localizadas y no localizadas.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación de México (Segob), Jalisco es la entidad con mayor número de personas desaparecidas y sin localizar con 14 mil 915 casos, seguido de Tamaulipas con 11 mil 916 casos, el Estado de México con 10 mil 720 y Nuevo León con seis mil 148.

Adriana Carranza, de 29 años, busca desde octubre de 2021 a su esposo Rubén Arreola Marroquín, de 32 años, empleado de la Universidad de Guadalajara.

La mujer contó a EFE que lo vio por última vez cuando salió de su casa a discutir con un vecino del fraccionamiento que había chocado con su vehículo.

El vecino fue detenido unas semanas después, pero en su única declaración no da información del paradero de Arreola Marroquín, pese a que la familia ha comprobado con documentos que ambos teléfonos móviles hicieron el mismo recorrido desde su colonia (barrio) hasta un predio abandonado en el municipio de Tlajomulco, a 34 kilómetros de distancia.

Vista de un cartel con el retrato y datos de un hombre desaparecido, el 18 de marzo de 2022 en Guadalajara, Jalisco.

Vista de un cartel con el retrato y datos de un hombre desaparecido, el 18 de marzo de 2022 en Guadalajara, Jalisco. Foto: Francisco Guasco, EFE

“Lo más difícil es no saber cómo está, si le están haciendo algo, si está bien, si come, si ya le hicieron algo. (…) Tú misma te vas haciendo mil escenarios y cada día se te derrumban”, dice la joven.

CRISIS FORENSE

Los casi 100 mil desaparecidos en México es una cifra mucho mayor a los mil 192 desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) o a llenar el estadio del Camp Nou, sede del equipo FC Barcelona, en España.

Según datos de la CNB, la crisis de desaparecidos se incrementó a partir de 2006, año en que el entonces presidente Felipe Calderón declaró la llamada guerra contra el narcotráfico.

Y tuvo su punto más álgido en 2019, trayendo consigo problemas no sólo con la localización de las personas sino con la identificación forense de los cuerpos hallados.

[pdf-embedder url=”https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2022/03/Crisis-forense-y-propuesta-17mar22.-Alejandro-Encinas.pdf” title=”Crisis-forense-y-propuesta-17mar22. Alejandro Encinas”]

El país ha sido testigo de casos tristemente emblemáticos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que después de siete años tiene pocos avances con los restos de sólo tres estudiantes identificados y un alto funcionario prófugo, pese a que hace tres años se reanudó la búsqueda.

De hecho, esta semana, un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció simulación en la investigación inicial del caso y ocultación de datos, y puso en el punto de mira a las Fuerzas Armadas tras la revelación de unos videos que involucran a marinos.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, dijo el pasado 17 de marzo que los mil 700 millones de pesos (unos 85 millones de dólares) para la búsqueda y el avance en materia forense no han disminuido el rezago de 37 mil cuerpos que hay en institutos forenses y fosas clandestinas y que siguen sin ser identificados.

La cifra podría ser mayor, pues según un registro del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México a partir de solicitudes de información y trabajo de campo, habría poco más de 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes.

Denisse Ayala, miembro del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, dijo a EFE que México vive un “régimen subnacional” en el que aparentemente las instituciones, las instancias de seguridad y las leyes funcionan, pero el crimen organizado logra penetrar en las autoridades.

“Hay una zona gris en la que convergen el crimen organizado, las instancias y el aparato estatal, y no son esferas separadas. Hay un cáncer llamado impunidad. Cuando tienes capacidad en la violencia que despliegas lo haces porque puedes y porque el entorno de la seguridad pública no funciona o lo hace al arbitrio de tus operaciones”, señaló.

Tanto Ayala como el coordinador del comité, Jorge Ramírez, recordaron que la cifra de personas sin localizar podría ser superior pues hay un subregistro de casos debido a que tanto las familias como la sociedad en general viven con miedo a denunciar.

“Es una sociedad amenazada, se sabe que hay aparatos de seguridad tomados y ministerios públicos donde el hecho de denunciar te pone en riesgo. Lo que hay es un gran miedo de la sociedad a movilizarse”, concluyó Ramírez.

Crisis forense no se resuelve por falta de voluntad, negligencia y obstrucción: Segob

jueves, marzo 17th, 2022

Alejandro Encinas Rodríguez denunció que en México no existe un censo de los cuerpos no identificados, ni tampoco sobre los cuerpos identificados y no reclamados en las fosas comunes; además, que no hay una base de datos genética nacional que permita la confrontación de los datos.

Ciudad de México (SinEmbargo).– La Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, y el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, denunciaron la mañana de este jueves que la crisis en materia de identificación forense en México no se resuelve, en parte porque uno de los principales problemas es que en los estados hay falta de voluntad, negligencia y obstrucción.

La crisis en materia forense en el país también se debe a la falta de información y bases de datos, así como a la negligencia y obstrucción por parte de las instituciones, la mayoría, para trabajar de manera coordinada con las comisiones locales y nacional en la búsqueda de personas desaparecidas, acusó la titular de la CNB, Karla Quintana.

Por su parte, el Subsecretario de Derechos Humanos denunció y expuso que uno de los principales problemas que hay es que falta voluntad política de los estados y gobiernos estatales para encarar la crisis forense que se vive en México.

Lo anterior lo señalaron hoy en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que junto con el Subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, anunciaron la iniciativa para conformar el Centro Nacional de Identificación Humana Forense.

Karla Quintana indicó que al mismo tiempo buscan impulsar que la Conferencia Nacional de Secretarios y Secretarias de Seguridad Pública realice acciones pertinentes para compartir con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la CNB la información de todas las bases de datos, a fin de que exista un repositorio para todas las bases de datos genéticos de fiscalías, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

A su vez, agregó, tratarán de impulsar una norma mexicana para regular los centros de resguardo de cuerpos.

Quintana Osuna destacó que es necesaria la creación de dicho Centro Nacional de Identificación Forense porque el sistema tradicional no se da abasto y no va a resolver el problema de crisis forense, y porque las dinámicas de desaparición no respetan fronteras.

Karla Quintana Osuna es la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Foto: Gobierno de México

Al respecto, el Subsecretario de Derechos Humanos señaló que la cifra de personas y restos sin identificar es la que ha dado a conocer el Movimiento Nacional de Desaparecidos, quien reporta más de 52 mil cuerpos sin identificar.

Además, Encinas Rodríguez denunció que en México no existe un censo de los cuerpos no identificados, ni tampoco sobre los cuerpos identificados y no reclamados en las fosas comunes, lo cual, consideró, es una omisión legal muy grave que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde fiscalías, servicios de salud, tribunales y hasta municipios por el manejo de fosas comunes en cementerios.

También subrayó que no hay una base de datos genética nacional que permita la confrontación de los datos que se obtienen tanto de las muestras genéticas tomadas por los familiares como las que se levantan de los cuerpos encontrados.

Más que las instituciones gubernamentales, los familiares son el motor de la búsqueda de desaparecidos en el país. Foto: Fabricio Atilano, EFE.

Dicha información genética, dijo, no se comparte, no se contrasta y no existen capacidades. No obstante, el Subsecretario destacó que lo más grave y el principal problema es la falta de voluntad y que la información forense se mantiene fragmentada.

“Eso habla de que no existen no solamente capacidades institucionales, humanas, sino que también falta voluntad política a nivel estatal para encarar la crisis”, sostuvo.

Finalmente, Encinas anunció que firmarán un convenio con la Universidad a Innsbruck para que en México se pueda realizar la identificación de restos complicada. El funcionario aclaró que es el primer convenio que dicha Universidad en Austria firma con otro país.

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Buscadoras localizan cadáveres en los patios de viviendas abandonadas en Cajeme

lunes, marzo 14th, 2022

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora dio a conocer que los cuerpos y restos óseos recuperados serán trasladados al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) para llevar a cabo las pruebas científicas de comparativa genética que permitan su identificación.

Ciudad de México (AP/SinEmbargo).— Las autoridades del norte de México y grupos de familiares de desaparecidos localizaron durante el fin de semana 17 cuerpos en viviendas no habitadas de Sonora, un estado fronterizo con Estados Unidos.

“En total se recuperaron 17 cuerpos, así como restos óseos, con un tiempo promedio de muerte de seis meses a un año. Todos serán sometidos a pruebas científicas de comparativas genéticas para determinar la identidad de cada una de las personas fallecidas”, detalló la Fiscalía estatal el domingo por la noche.

En un comunicado, precisó que la ubicación de los cadáveres se realizó después de que durante los días sábado y domingo, de este fin de semana, personal de la dependencia brindara acompañamiento y apoyo a los colectivos “Guerreras Buscadoras de Ciudad Obregón” y “Rastreadoras de Ciudad Obregón”, que realizaron acciones de búsqueda en la ciudad.

“Las diligencias se llevaron a cabo en las colonias Urbi Villa del Rey y Urbi Villa del Real, donde ambos colectivos tuvieron hallazgos positivos en los patios de varios domicilios que se encuentran en estado de abandono. Ahí encontraron cuatro fosas con cuerpos y restos humanos”, informó.

Asimismo, la Fiscalía de Sonora explicó que en los trabajos para recuperar los cuerpos y los restos óseos participaron sus elementos de Servicios Periciales, “quienes con sumo cuidado recuperaron las piezas y los cuerpos con el propósito de trasladarlos al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) para que se lleven a cabo las pruebas científicas que permitan su identificación”.

“Adicionalmente, en estas acciones participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Los trabajos de recuperación y búsqueda en otros domicilios continuarán este lunes 14 de marzo”, finalizó.

El nuevo hallazgo se produjo en el municipio de Cajeme, donde hay una intensa actividad de distintos grupos del crimen organizado y, a diferencia de otras ocasiones, los cadáveres fueron hallados en los patios de varios domicilios que se encontraban en estado de abandono y donde se habían cavado fosas.

Hace menos de una semana, en el mismo estado, se hallaron 11 cuerpos en fosas clandestinas a unas pocas millas de la frontera con Estados Unidos.

En un comunicado emitido el lunes 7 de marzo por la noche, la Fiscalía del estado indicó que los restos corresponden a nueve hombres y dos mujeres, y que fueron localizados durante los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas que realizaba un grupo de familiares con apoyo de las autoridades en la localidad de San Luis Río Colorado, fronteriza con Yuma, Arizona.

Ocho de los cuerpos estaban “en avanzado estado de descomposición” por lo que serán sometidos a pruebas genéticas para su identificación, explicó la Fiscalía que también pidió a todas aquellas personas de la zona que tengan familiares desaparecidos que acudan a hacerse pruebas de ADN.

El colectivo civil “Buscando” llevó a las autoridades a un área desértica ubicada en un camino de terracería en las afueras de San Luis Río Colorado y cerca del basurero municipal -donde se trabajó con maquinaria pesada- se encontraron los cuerpos.

Los familiares de los desaparecidos tienen que realizar sus propias búsquedas en muchas partes de México porque las autoridades muchas veces no quieren hacerlo o no tienen los medios suficientes para llevar a cabo estos trabajos. En otras ocasiones, sí los acompañan y colaboran en los trabajos periciales.

México tiene casi 100 mil desaparecidos, según datos del Gobierno federal, la gran mayoría de ellos desde 2006 cuando inició la guerra frontal contra los cárteles y la violencia se multiplicó. Además, hay más de 52 mil personas fallecidas no identificadas que se acumulan en morgues o fosas comunes de cementerios.

Madres quieren ir a Europa para contar “el horror” de las desapariciones en México

sábado, marzo 12th, 2022

El grupo también cuestionó a AMLO al señalar que México sí es tierra de conquista que se disputan  los cárteles, en busca de territorios y plazas, mientras el Gobierno “protege y observa las masacres y desapariciones de personas sin hacer nada”.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– El colectivo Madres Buscadoras de Sonora solicitó al Parlamento Europeo una invitación para informar sobre “el horror” de las desapariciones en México y criticó a los que condenaron la resolución del organismo.

“Así como se unen para condenar una ‘resolución’, se unieran para condenar la violencia y la corrupción imparable de este país sin esperanza y se unieran a nuestras búsquedas de los desaparecidos, este país sería otro. ¿Quiénes son los hipócritas?”, escribió este día el colectivo en sus redes sociales en referencia a los gobernadores y políticos de Morena que se han unido al Presidente Andrés Manuel López Obrador condenando el “intervencionismo” del Parlamento.

En otro mensaje las Madres Buscadoras de Sonora cuestionaron la defensa del Presidente al Parlamento sobre que “México no es tierra de conquista”. El colectivo refutó al mandatario asegurando que los cárteles de la droga son los que se disputan el territorio nacional.

“¿Que México no es tierra de conquista, Presidente? ¿Entonces qué pelean los cárteles, sino la conquista de territorios y plazas mientras el gobierno protege y observa las masacres y desapariciones de personas sin hacer nada?”, cuestionaron las madres de desaparecidos.

En un mensaje previo, publicado el pasado 10 de marzo, el colectivo solicitó al Parlamento Europeo la invitación: “ Queremos contarle al mundo del horror que prevalece en este país sin esperanza ni rumbo, de los males que nos amenazan y terminan con nuestras vidas”.

Las Madres Buscadoras de Sonora es uno de los cientos de colectivos de familias de personas desaparecidas que desde hace años realiza labores en campo para encontrar a sus familiares.

Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo, se hizo visible en enero pasado luego de que envió un mensaje a los cárteles de crimen organizado de Sonora para que les permitan buscar a sus hijos desaparecidos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Cecilia Flores -quien busca a sus hijos Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, desaparecidos en 2015 y 2019, respectivamente- aseguró que ya no buscan justicia, sólo llevar a sus hijos a casa.

“Me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes de cárteles, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos”, dijo Cecilia en aquella ocasión.

Por eso, la respuesta del colectivo hoy al Presidente sobre que México sí es tierra de conquista por parte de los cárteles de la droga.

México atraviesa una crisis de desapariciones que se extiende varios años atrás. Foto: FGE Sonora.

México tiene más de 95 mil desaparecidos, según datos gubernamentales. Más de 93 mil de esas desapariciones ocurrieron desde 2006, cuando el Gobierno inició su guerra contra el crimen organizado. Se cree que la mayoría han sido asesinados por cárteles del narcotráfico, y que sus cuerpos han sido arrojados en tumbas poco profundas, quemados o disueltos en ácido.

El Gobierno ha tenido problemas hasta para identificar los cuerpos que se han hallado. Alrededor de 52 mil esperan identificación.

El comunicado enviado por el Gobierno de México al Parlamento Europeo, el cual fue escrito por el Presidente López Obrador, desató una serie de reacciones debido a la forma del lenguaje utilizado por el mandatario mexicano, quien ayer defendió en su conferencia matutina carta en la que denuncia la “corrupción, hipocresía e injerencismo” del organismo.

“Estos señores, legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al Gobierno de México. Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados y cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas”, comentó.